Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

El señor Presidente (USON EZQUERRA): Señorías, vamos a dar comienzo a la Comisión de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo [a las once horas y veinticinco minutos] en la cual hoy tenemos el placer de recibir a la asociación Molimo, representada por don José Luis Terol; asimismo, a doña Rosa Sánchez, representante de Cáritas Diocesana, y don Juan Manuel Fernández, representante de la federación Abanico.
Cada uno de ellos va a tener la palabra en torno a cinco minutos, y posteriormente suspenderemos la sesión con el fin de que cada grupo parlamentario pueda prepararse su intervención.
Dado que nos han traído unas carpetas para repartir a cada grupo parlamentario, tendrán información de lo que van a decir estos señores. Se procede a repartirlas, y ya, sin más, deseándoles a los señores comparecientes una feliz estancia entre nosotros, les vamos a dar la palabra. En este caso, al representante de la asociación Molimo, don José Luis Terol.
Tiene la palabra por tiempo aproximado de cinco minutos.

El señor TEROL LOZANO: Buenos días, señor Presidente y señoras y señores Diputados.
En primer lugar, insistir en que estamos aquí en representación de un número impresionante de voluntarios y voluntarias y de profesionales aglutinados en torno a la Asociación Aragonesa para la Defensa de los Derechos de la Infancia, en torno a Cáritas Diocesana, a la coordinadora ciudadana Infancia, a la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, a la Federación Abanico, la Federación de Asociaciones con Proyectos de Inserción y a la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Aragón.
Recordábamos antes de nuestra llegada aquí que hicimos una comparecencia hace alrededor de un año y medio o dos, en la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos. En este sentido y conectándolo con aquella comparecencia, nos gustaría volver a insistir en el objetivo de nuestra presencia aquí: sobre todo, pretendemos hacer una llamada de atención, queremos hacer una alerta porque tenemos la impresión de que, desde las instituciones y desde los grupos, no se conoce mínimamente la situación que están viviendo los menores y los adolescentes en Aragón. Y esto lo queremos hacer de manera muy clara, ojalá contundente y, desde luego, constructiva.
Nos parece que el tema de la infancia y la adolescencia, aunque pueda parecer tópico, no debe ser un tema de rifirrafe político, y en este sentido, normalmente, sí que encontramos en los grupos una receptividad y una disposición al consenso que nos parece importante, pero en la práctica política venimos percibiendo que el tema de los menores es un tema de octava o de novena fila por lo menos y que no interesa. Entonces, ojalá que, con nuestra presentación de la realidad desde nuestra experiencia humilde, y que no quiere ser la única, concienciemos al conjunto de los grupos sobre la necesidad de prestar atención de verdad y de no moverse sólo en el terreno de las promesas.
En este sentido, y sin nada más antes de empezar a leer la parte de la prevención, rápidamente, sobre todo, expresar el titular de nuestra comparecencia.
Desde nuestro punto de vista, la política de infancia y adolescencia que se está aplicando está absolutamente sin norte, sin ningún tipo de objetivos claros, y nos referimos a los ejemplos más concretos: nuestro Gobierno de Aragón está destinando un poco menos de dos mil millones de pesetas a la atención a los menores aragoneses, un poco menos de dos mil millones de pesetas, que, sin duda, es una cantidad insuficiente, pero ya es significativa. Ese dinero está destinado mayoritariamente a recursos de protección y de reforma. Dicho de manera lo más coloquial posible: estamos invirtiendo el dinero en el final del camino.
Estamos desbordados, el Gobierno de Aragón está desbordado porque cada vez hay más menores en situación de desprotección. Como verán ustedes, los datos de reforma son en progresión geométrica y, sin embargo, seguimos invirtiendo los recursos en el final de la pirámide, de manera que lo que tendría que ser la base más amplia de la pirámide, la intervención en el entorno cercano de los niños, en los barrios, en las escuelas, está siendo absolutamente insignificante: el Gobierno de Aragón no se está gastando en prevención ni siquiera quince millones de pesetas, frente al conjunto de dos mil millones de pesetas.
Otra cosa es que se puedan hacer camuflajes contables o que lo que se destina al ingreso aragonés de inserción se quiera presentar como que es de esto, pero eso son mentiras piadosas que, desde luego, los que estamos en contacto con los niños, y a veces con los niños en situación de mayor desprotección, estamos viendo que no está siendo así.
Con ese mensaje de la necesidad de darle la vuelta a la tortilla para hacer una atención digna de los chavales que están en situación de desprotección y reforma, pero con el mensaje clarísimo de que los niños que tenemos en el reformatorio, en los centros, no son niños patológicos irrecuperables, porque el 99% de esos niños responden a estrategias educativas cuando se les ofertan en su entorno, en el medio cercano, y, sin embargo, los tenemos ya en un callejón sin salida, por el cual sabemos que un niño que empieza en un centro de protección, y a pesar del trabajo digno y serio de los profesionales, ya sabemos que va a ir a un centro de reforma y luego va a ir a la cárcel, seguramente luego va a morir de sida, etcétera, y esto que puede parecer novelesco, para nuestra desgracia, sabemos que responde a la realidad.
Si les parece, paso a leer el ámbito de la prevención, y luego mis compañeros contemplarán y relatarán los otros ámbitos.
En referencia a la escuela, hacemos el siguiente análisis.
Siendo la escuela el espacio privilegiado para la socialización de los niños y niñas, hoy como nunca están repercutiendo en ella las tensiones y desencuentros del conjunto de la sociedad. Ya resulta casi tópico hablar del creciente fracaso escolar, pero la realidad nos muestra que detrás de las estadísticas hay muchos niños y niñas que comienzan su integración en la sociedad recibiendo un portazo en las narices y un repetido «tú no vales». Estamos muy lejos de una escuela como espacio educativo flexible en el que cada niño, desde sus condiciones y características peculiares, reciba un espaldarazo y un refuerzo permanente para desarrollar lo mejor de sí mismo y poder llegar a ser una persona responsable y armoniosa.
Los adultos nos hemos empeñado en proyectar sobre la escuela y sobre nuestra infancia la esclerosis de una competencia mal entendida y la frustración de otros status soñados. La implantación de la enseñanza secundaria obligatoria está siendo el ejemplo más fehaciente de todas las contradicciones apuntadas: se está realizando de manera convulsiva, a golpe de recortes, sin ser asumida por el profesorado y con las víctimas de siempre, los muchos niños y niñas que mantienen una relación y una vinculación más precaria con la escuela.
Siendo la educación uno de los derechos fundamentales que tenemos, y en el marco de una ley, la LOGSE, que consagra elementos de integración, de atención a la diversidad, de educación compensatoria de las desigualdades, la aplicación está resultando perversa en la mayor parte de los casos. Los refuerzos y apoyos están concebidos como un soporte en el proceso de convivencia y aprendizaje normalizada del grupo diverso, y, sin embargo, los niños y niñas que los requieren están siendo concentrados en la mayoría de los casos en aulas aparte, «la de los tontos» se viene a decir incluso, siendo totalmente etiquetados y desmotivados, y, por supuesto, bajo la sola responsabilidad de los profesores especiales, que para eso están. Las condiciones e inercia para la expulsión y descuelgue de muchos niños y niñas son, en muchos centros, latentes y patentes.
A menos de un año de las transferencias educativas y en medio de las convulsiones del medio escolar, la Diputación General de Aragón, su Gobierno, no puede seguir viendo los toros desde la barrera. La situación actual de la escolarización está perjudicando ya a los niños tutelados por la Diputación General de Aragón y haciendo más difícil su integración y su desinstitucionalización, a la vez que acelera y multiplica la situación de desprotección, de incumplimiento de uno de sus derechos básicos, de otros muchos menores aragoneses.
La falta de conciencia de la situación y de una elemental voluntad política se manifiesta en la ausencia total de contenido que el Gobierno de Aragón, así como el Ayuntamiento de Zaragoza y el Ministerio de Educación y Ciencia, están dando a un convenio potencialmente rico, como el de la prevención y erradicación del absentismo escolar. Si el Gobierno de Aragón ha de capitanear la política educativa de nuestra comunidad autónoma, es urgente una toma de conciencia y el establecimiento de unas líneas estratégicas que, desde nuestra experiencia, pasan por la cooperación constante y estrecha con los ayuntamientos, con la Dirección Provincial del MEC y con las organizaciones ciudadanas.
El tema, como se ve, tiene bastante más calado político que la realización de una campaña con carteles y trípticos. Urge una cooperación rigurosa entre Bienestar Social y Educación y Cultura para acolchar la marejada del presente y, sobre todo, para planificar y mejorar el potencial preventivo de la escuela aragonesa.
En cuanto al tiempo libre, es importante prestar una atención especial a la educación en el tiempo libre. El trabajo educativo que se lleva a cabo desde las ludotecas, los centros de tiempo libre, los grupos scouts, es un elemento imprescindible en el proceso de socialización de los niños y niñas de todas las edades y estratos sociales, además de ser un instrumento privilegiado en el proceso de integración y en la prevención de situaciones de riesgo.
Desde la Administración pública y como consta en el Plan integral del menor, se deberían contemplar los recursos de tiempo libre como un eslabón fundamental en la cadena preventiva, un eslabón que sirve de freno a los procesos de deterioro de muchos chavales y que debería constituir un bloque prioritario en la planificación global de las intervenciones con infancia a nivel autonómico, en coordinación con las instancias municipales.
La realidad es muy diferente, y, por poner un ejemplo, en el programa 3.1 del Plan integral del menor, «Apoyo a la iniciativa social para el mantenimiento de los centros de tiempo libre», se había presupuestado, para el período 1994-1997, ciento cincuenta y dos millones, de los que sólo se han ejecutado en estos tres años dieciocho millones doscientas mil pesetas. Este desfase se repite en el resto de programas preventivos.
En la actualidad, los niños y niñas de muchos barrios y pueblos no tienen ninguna alternativa educativa para su tiempo libre. Por otra parte, la mayoría de las existentes son posibles gracias a entidades sociales de distinto tipo (asociaciones de vecinos, parroquias, asociaciones juveniles, etcétera). Creemos que no se reconoce suficientemente el papel social que juegan estas iniciativas y que deberían recibir más apoyos, y éstos deberían ir en la línea de dotaciones económicas que permitan llevar a cabo los proyectos en comisiones adecuadas. En estos momentos, los grupos subsisten a duras penas, sin locales y echándole mucha imaginación (reconocimiento de la labor educativa que realizan). Esto pasa, necesariamente, por apoyar y reconocer modelos de intervención que surgen desde el trabajo comunitario y que revierten en él, coordinados con los otros ámbitos del trabajo con infancia, con participación social, que son diferentes según las necesidades y que se adaptan al medio.
Por otro lado, entendemos como muy grave el proceso de eliminación progresiva de los educadores de calle. La educación de calle es fundamental como un primer paso del proceso de integración de muchos niños y niñas que viven situaciones desfavorecidas. Desde la calle se trabaja por erradicar el absentismo escolar, se motiva la integración en centros de tiempo libre. La progresiva desaparición de los educadores de calle se está traduciendo de forma alarmante en un aumento de los chicos y chicas que pasan por los recursos de reforma y que se van quedando fuera del sistema.

El señor Presidente (USON EZQUERRA): Muchas gracias, don José Luis Terol
Le corresponde el turno a doña Rosa Sánchez, de Cáritas Diocesana. Tiene, aproximadamente, un tiempo de cinco minutos.
Tiene la palabra.

La señora SANCHEZ SANCHO: Buenos días, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados.
Yo pasaré a hablarles un poco del ámbito de la protección.
El artículo 19 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño dice: «Los Estados parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al menor contra toda forma de violencia, perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluso abusos sexuales, mientras el niño o la niña se encuentre bajo la custodia de los padres, de un tutor o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo».
Y concretamente, el artículo 12 de la Ley de protección jurídica del menor recoge textualmente que «la protección del menor por los poderes públicos se realizará mediante la prevención y reparación de situaciones de riesgo, por el establecimiento de los servicios adecuados para tal fin, el ejercicio de la guarda y los casos de desamparo y asunción de la tutela por el ministerio de la ley».
Han pasado casi diez años desde que nuestra comunidad autónoma asumió las competencias en protección de menores. A pesar de los esfuerzos invertidos, siguen enquistados graves problemas que afectan a muchos niños y niñas de nuestra comunidad y que revelan nuevamente las deficiencias en la planificación actual, además de contar con una coordinación interinstitucional imprescindible en este ámbito del que hablamos débil y poco efectiva.
Queda claro que no pretendemos poner aquí en duda el trabajo de los profesionales que, competentemente, realizan su tarea dentro del Servicio de Menores. Cuestionamos la filosofía de protección en Aragón y la insensibilidad que se manifiesta para prestar la adecuada atención inmediata a los niños, niñas y adolescentes que lo necesiten y favorecer así su desarrollo personal y autonomía como sujetos.
Es cierto que, indudablemente, se ha dotado de recursos el Servicio de Menores durante este tiempo, pero muchos de ellos han sido implantados desde la urgencia del momento, sin haber valorado posteriormente la eficacia y calidad de los mismos.
Estas son algunas de las situaciones más graves que actualmente se presentan: falta de adaptación de nuestra legislación autonómica sobre infancia y adolescencia a las modificaciones y conceptos establecidos en la Ley estatal 1/96, de protección jurídica del menor, en lo que a situaciones de riesgo y situaciones de desamparo se refiere; falta de criterios consensuados de actuación dentro del propio servicio; un programa de informatización de archivos y registros de expedientes que lleva tres años implantándose y que todavía no ha visto la luz, siendo un elemento fundamental para evaluar y analizar la demanda de situaciones, sus causas y la eficacia de las intervenciones; una sobresaturación de trabajo de los equipos de diagnóstico (hasta ochenta casos por equipo) y de los educadores familiares que impide atender con rigor e intensidad cada uno de los casos individualmente; escasez de plantilla en los centros propios de protección; retrasos considerables en los pagos a los centros concertados y colaboradores; no se garantiza una atención inmediata durante las veinticuatro horas del día, dada la estructura del servicio, etcétera.
Creemos que hay una realidad social que demanda una revisión crítica y rigurosa del sistema de protección actual en toda la comunidad autónoma. El aumento de adolescentes en los centros de protección y la dificultad actual de encontrar recursos adecuados a sus necesidades, así como el aumento importante durante los dos últimos años -según la memoria del equipo de Medio Abierto de la DGA- del número de niños y adolescentes que están empezando a cometer infracciones delictivas, resultan dos datos estremecedoramente significativos, que plantean importantes interrogantes acerca de lo que todos estamos haciendo en este ámbito de la protección integral de nuestra infancia y adolescencia.
Nada más, señorías.

El señor Presidente (USON EZQUERRA): Muchas gracias.
Tiene la palabra don Juan Manuel Fernández, de la Federación Abanico.

El señor FERNANDEZ ROMAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Buenos días, señores Diputados.
Recuerdo que hace tres años estuvimos también aquí, compareciendo en una Comisión, y recuerdo algunas de sus caras. Recuerdo que planteamos una serie de cuestiones y recuerdo que todavía esas cuestiones están sin solucionar, lo cual no me desanima para seguir trabajando.
Vamos a hablar un poco del ámbito de la reforma.
La Ley 4/92, sobre la reforma de la Ley reguladora de la competencia y procedimiento de los juzgados de menores, establece que serán las comunidades autónomas los entes responsables de poner los medios humanos y materiales necesarios para la aplicación de las medidas judiciales. Los menores de doce años que delinquen serán derivados a los servicios de protección de menores para su estudio y adecuada intervención.
La Ley de protección de menores aragonesa, de 1989, determina que los menores que hayan finalizado una medida judicial serán objeto de los servicios de protección.
Antes de entrar a valorar la situación actual, no se puede obviar la presente implantación de la futura ley de justicia juvenil que en estos momentos se está debatiendo en el Congreso de los Diputados. Ello va a significar todavía más problemas de los que tiene la comunidad autónoma (menores, chicos y chicas de dieciséis, diecisiete y dieciocho años), con lo cual, si no se está atendiendo a la población que actualmente tiene, difícilmente podrá asumir los de dieciséis, diecisiete y dieciocho. Este hecho obliga a la comunidad autónoma a prever las competencias que va a tener que asumir en un futuro inmediato, además de afrontar los múltiples problemas y deficiencias que el sistema tiene en estos momentos.
La memoria de la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Aragón refleja el fuerte incremento de los delitos cometidos por menores, e igualmente, la memoria del equipo de Medio Abierto, que es personal dependiente de la Diputación General de Aragón y que está en la fiscalía de menores, indica que se han triplicado los casos atendidos en los dos últimos años. El número de menores con medidas judiciales en intervención educativa por el EMA, en Zaragoza, ha pasado de treinta y cinco en el año 1993 a noventa y siete en el año 1994; en el año 1995, ciento cincuenta y un casos, y más de doscientos en el año 1996, y con incrementos proporcionales o similares en la provincia de Huesca y Teruel.
La desproporción existente entre el número de menores atendidos y la cifra de educadores está dando lugar a una constante y progresiva saturación de los profesionales y a una intervención educativa cada vez más precaria con los menores, lo que favorece acciones ineficaces. El mínimo incremento de la plantilla del EMA en Zaragoza apenas paliará el problema en esta provincia; en Huesca y en Teruel continúan en situación crítica.
Por otro lado, la medida judicial de internamiento sólo puede ser ejecutada en la residencia San Jorge, el centro cerrado de nuestra comunidad autónoma.
A lo inadecuado del espacio físico para mantener una relación educativa con los menores se suma el número de internamientos que se han producido durante este año, lo que ha supuesto la saturación en algunos momentos, provocando el traslado de muchos menores a otras comunidades autónomas. Además, la carencia de centros semiabiertos no permiten hacer más progresiva la aplicación de la Ley, adaptándose mejor a menores de determinadas características.
El año pasado, la Comunidad Autónoma de Aragón destinó treinta y ocho millones de pesetas a menores en centros de internamiento en otras comunidades, treinta y cinco mil pesetas diarias. Un menor en la residencia San Jorge cuesta cinco millones de pesetas al año (el Gobierno de Aragón se despacha con seis mil seiscientas pesetas al año), y un menor en un centro sociolaboral de Zaragoza, en un taller ocupacional, multiplicado, salen cuatro millones de pesetas al año para los setecientos menores que están en Zaragoza.
La literatura sobre la delincuencia juvenil e infantil y la propia memoria del EMA reflejan que los menores objeto de estas medidas son, simplemente, el emergente del fracaso social en primer lugar y del malogro del sistema de acción social en segundo lugar. Los factores de entorno del menor (familiares, escuela, amigos y barrio) son determinantes en la explicación de las conductas del menor. El incremento aritmético de menores infractores en los últimos años no se soluciona con multiplicar los servicios destinados al cumplimiento de medidas judiciales, sino potenciando las medidas sociales preventivas que evitan o disminuyen los factores que contribuyen a la aparición de la delincuencia juvenil. Planteamiento lógico es que, cuando un menor llega a un centro de internamiento o tiene una medida de libertad vigilada, la primera pregunta que se le ocurre a uno es decir: ¿dónde ha estado el fallo?, ¿qué ha pasado con la prevención?
En los datos obtenidos de la memoria de 1995 del EMA figuran indicadores muy significativos, tales como un alto índice de absentismo escolar, factores de riesgo, semiabandono o desatención manifiesta, desorganización familiar, drogodependencias y ludopatías. Todos estos datos son una llamada de atención tanto respecto a la débil implantación de redes de prevención como al fracaso de los servicios de protección. Todo esfuerzo en prevención revierte en una menor inversión en servicios de reforma, y un sistema de protección eficaz evita la existencia de grandes servicios de reforma de menores.
Señores Diputados, ustedes tienen una obligación inherente a su cargo, que es la política de menores, y no pueden seguir viendo el lamentable espectáculo de la política de menores en nuestra comunidad autónoma.
Muchas gracias.

El señor Presidente (USON EZQUERRA): Muchas gracias, don Juan Manuel Fernández.
Vamos a suspender la Comisión por un tiempo aproximado de diez minutos con el fin de que cada grupo parlamentario se pueda plantear su intervención.
Suspendemos la sesión.

El señor Presidente (USON EZQUERRA): Señorías, vamos a reanudar la Comisión de Sanidad con la intervención de los grupos parlamentarios por un tiempo aproximado de diez minutos, y, posteriormente, si no se les ha aclarado cualquier situación que hayan planteado, los Diputados podrán hacer preguntas concretas a lo planteado por los señores comparecientes.
En consecuencia, vamos a reanudarla, dándole la palabra, repito, por un tiempo de diez minutos, al representante del Grupo Mixto (Chunta Aragonesista).
Señor Yuste, tiene la palabra.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quería agradecer a los comparecientes su presencia aquí y, personalmente, agradecer también que os hayáis expresado como lo habéis hecho. Habéis expresado en esta Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales vuestro punto de vista, que, ciertamente, presenta una realidad muy diferente a la que suele presentar el Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo cuando habla en estas Cortes de estas cosas.
Nosotros, en anteriores oportunidades, planteábamos que desde el Gobierno se daba una óptica excesivamente positiva del funcionamiento de los servicios, y en concreto del Servicio de Menores. Sin embargo, yo creo que la comparecencia de hoy de la asociación Molimo nos ha devuelto a la realidad, a una realidad que, evidentemente, es difícil, es compleja, no estamos en el país de las maravillas; evidentemente, hay un sector importante de nuestra sociedad, el más débil de nuestra sociedad, que necesita la preocupación de los poderes públicos. En Chunta Aragonesista compartimos la preocupación que habéis expresado sobre la mala situación que atraviesa la política de menores, la situación de los menores en Aragón y, en concreto, la política de menores que está ejerciendo el Gobierno.
Desde el Gobierno, se echa toda la culpa a la falta de presupuestos, y, en nuestra opinión, el problema no son sólo los presupuestos, sino sobre todo y principalmente es un problema de dirección política, un problema de falta de directrices, un problema de falta de coordinación interinstitucional, un problema de falta de planificación, en el sentido de que aquel Plan integral del menor que se aprobó por unanimidad en su día, en estos momentos queda incumplido, queda aparcado con sus plazos y con sus presupuestos y con sus niveles de ejecución absolutamente obsoletos. Y, en esa circunstancia, nosotros entendemos que los educadores no pueden trabajar en las mejores condiciones.
Estas cuestiones y otras las pusimos en evidencia o las intentamos poner en evidencia a través de una interpelación que formulamos al Consejero correspondiente el 7 de noviembre del año pasado. Al día siguiente, varias preguntas -que no quedaron, en nuestra opinión, esclarecidas- motivaron que presentáramos dieciséis preguntas parlamentarias al Consejero para respuesta escrita. Ahí intentábamos hablar de un montón de temas concretos (convenios de prevención con corporaciones locales, campaña de familias acogedoras, la retirada de menores para su tutela, la política de cara a menores de doce años infractores o sobre menores fugados de centros de protección), varias preguntas que motivaron varias respuestas.
Desde luego, en algunos casos sí que se comenzó, en esos últimos meses de 1996, a hacer algo. No sé, incluso yo puedo llegar a temerme que algunos problemas se resolvieron o se parchearon en aquel momento, precisamente, a raíz de las iniciativas parlamentarias, igual que en otras ocasiones vemos que, precisamente a raíz de las denuncias sindicales, se resuelven o se parchean algunos aspectos de organización o de funciones, cuestiones meramente laborales (por ejemplo, la reducción de plantilla, que, cuando hay una queja sindical, en breve se intenta trasladar a un profesional de un servicio a otro buscando tapar ese agujero y, lamentablemente, dejando el agujero en el otro sitio, con lo cual, meses después, volveremos a encontrarnos con una nueva queja en ese mismo sentido).
Precisamente para evitar toda esa política de un paso adelante y dos pasos atrás, Chunta Aragonesista presentó una moción, que se debatió el 14 de noviembre, en la que instábamos al Gobierno a «presentar, antes del 1 de febrero -decíamos-, un plan de compromisos donde se expliciten, con dotaciones presupuestarias y plazos de ejecución, los programas contemplados en el Plan integral del menor que vayan a ser ejecutados durante lo que queda de legislatura». Nosotros entendíamos que el Gobierno, después de año y medio en el Pignatelli, tiene ya suficientes elementos de juicio como para poder saber qué programas del Plan integral del menor está dispuesto a cumplir hasta las próximas elecciones. Son tres presupuestos (1997, 1998 y 1999) en los que se pueden hacer muchas cosas y, sin embargo, lamentablemente, no pudimos encontrar apoyo de los Grupos del PP-PAR para sacar adelante esa propuesta constructiva, en nuestra opinión. Evidentemente, los cambios de Gobierno, las políticas erráticas del Consejero, la falta de presupuesto realmente existente, han dejado obsoletos esos plazos previstos en el Plan integral del menor y entendíamos que había que reactualizarlos.
Durante la comparecencia del Consejero en la Comisión en que presentó el proyecto de presupuestos para su departamento para 1997, que tuvo lugar el 21 de noviembre, el Consejero, creo que en respuesta a una pregunta mía sobre qué programas del Plan integral del menor iban a cumplirse en este ejercicio, leyó de corrido un listado y dijo que, bueno, que mejor lo hablaríamos más despacio más adelante. Ingenuamente, pensamos que eso quedaría para un debate constructivo durante la tramitación de los presupuestos... Evidentemente, no fue así, y el Gobierno ha asumido que cada año va a ver qué programas puede acometer, y quizá, como el año pasado, algunos programas los empiece a acometer en noviembre o en diciembre.
En ese sentido, nosotros intentamos trasladar el debate a los presupuestos, aunque sabemos que no todo es problema de pesetas. Entendemos que la voluntad política de los partidos y de los gobiernos se ve en los presupuestos, y presentamos cuarenta y una enmiendas para desarrollar otros tantos programas del Plan integral del menor. En conjunto, ascendían a seiscientos cuarenta millones, en su mayoría detraídos de gasto corriente de diversos departamentos, y nosotros, en esos programas, intentábamos primar sobre todo la prevención, dotar debidamente al equipo interdisciplinar que está trabajando en el Bajo Aragón -o que debe estar haciéndolo-, el equipo que trabaja en las comarcas orientales de Huesca; otro programa, para la formación del personal, que en estos momentos se encuentra en niveles muy pequeños; también, incrementar las partidas de atención al menor en su propia familia y de atención al menor en familias acogedoras, al igual que incrementar las partidas de apoyo a iniciativa social y, en su caso, a corporaciones locales para centros de tiempo libre, talleres ocupacionales y también actividades de tiempo libre en período estival; también planteábamos que se dotaran dos educadores más para el Carpi, que es un centro de internamiento para menores con características especiales de conducta, que en estos momentos se encuentra infradotado, y también planteábamos que se completara la política de educadores en los servicios sociales de base, que entendemos que es fundamental para la prevención, en este caso.
Tenemos que seguir insistiendo en que el Ayuntamiento de Alcañiz no cree necesario tener un educador que haga labor de prevención, al igual que en los municipios de Zaragoza, Huesca y Teruel, donde en estos momentos existen funcionando menos plazas de las que deberían existir, lo cual, evidentemente, supone un fallo en la política preventiva, y eso luego lo recogen los profesionales que trabajan en protección y posteriormente en reforma.
También, dentro de esas enmiendas, planteábamos las más caras, las de más dotación económica, que eran las del cemento, esto es, construir un nuevo centro de reforma que permita el cierre del centro del Buen Pastor o de San Jorge, crear la minirresidencia tercera que, a su vez, conlleve el cierre del Hogar San Francisco de Paula, y crear la minirresidencia del Bajo Aragón.
Bueno, todas estas enmiendas, como ya conoceréis, fueron rechazadas por la mayoría, y, de hecho, esta mayoría sólo aprobó una enmienda que habían presentado conjuntamente el PP y el PAR, en la que incrementaban la dotación prevista para el Plan integral del menor en diez millones (creo que eran cinco millones para corporaciones locales y cinco millones para ONG). Realmente, cuando estamos hablando de esto, cuando estamos hablando de las necesidades que hay, de la necesidad de planificar y replanificar sobre lo ya hecho, plantear un incremento de diez millones nos parecía, sinceramente, una cifra ridícula, una auténtica tomadura de pelo...

El señor Presidente (USON EZQUERRA): Señor Yuste, le agradecería que vaya concluyendo, y, en todo caso, decirle que no estamos en el debate de presupuestos, que estamos en la Comisión de Sanidad y Bienestar Social. Simplemente, como recomendación.
Siga usted. Le agradeceré que termine ya.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Le agradezco la recomendación, señor Presidente.
Comparto la preocupación de la asociación Molimo, ya lo he comentado anteriormente, y quería hacer algunas preguntas: ¿qué podemos hacer desde estas Cortes para convencer a los responsables de la política de menores del Gobierno de Aragón para que recuperen esa política de planificación?, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer también para delimitar la prevención primaria, la prevención secundaria? ¿Qué podemos hacer para delimitar lo que es competencia de los ayuntamientos, lo que es competencia del Gobierno de Aragón?
En algunas de las respuestas a las preguntas que realizamos al Gobierno en el último mes del año pasado encontrábamos el problema de que, claro, había algunas cosas que desde el Gobierno de Aragón se entiende que son responsabilidad de las corporaciones locales y que, por lo tanto, no podemos exigirles en ese sentido. Sin embargo, ¿dónde está el límite?
Seguramente habría que desarrollar la Ley de protección de menores, habría que aprobar un reglamento que realmente ciñera, delimitara claramente esas competencias y permitiera, por tanto, que ninguna institución, que ninguna administración se escaquee -valga la expresión- de la responsabilidad que tiene constitucionalmente de protección de menores.
El fracaso, en nuestra opinión, el fracaso de la prevención por falta de recursos...

El señor Presidente (USON EZQUERRA): Señor Yuste, hace un ratito que le he recomendado que vaya concluyendo. No sé si concluye o prosigue... Si quiere seguir prosiguiendo, le recuerdo que le retiraré la palabra.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Voy concluyendo.
Brevemente ya, sólo voy a hacer unas preguntas, porque en vuestra intervención habéis planteado un panorama que es coincidente con el que veníamos analizando desde Chunta Aragonesista, pero quizá ha faltado un capítulo de conclusiones, y me gustaría que pudierais, en la siguiente intervención, plantear por dónde deberían ir las decisiones políticas que se tomaran, qué es lo que tiene que cambiar para que empecemos a salir de ese túnel en que se encuentran actualmente los menores en Aragón: ¿habría que hacer cambios en la Dirección general de Bienestar Social?, ¿cambios políticos, de filosofía, de actuación? ¿Habría que destinar más dinero a los programas de prevención?, ¿habría que privatizar determinados programas dentro del PIM?, ¿volver a pactar una prioridad de esos programas? ¿Bastaría con la aprobación de una ley de infancia y adolescencia, que también es un compromiso para esta legislatura? ¿Por dónde debería ir el camino que tomáramos estas Cortes, en vuestra opinión, para ir resolviendo este complejo problema?
En todo caso, quería daros las gracias por el trabajo que estáis realizando como Molimo, por ser aldabonazo en las conciencias de la sociedad aragonesa, y, finamente, daros ánimos para seguir trabajando.
Muchas gracias.

El señor Presidente (USON EZQUERRA): Gracias, señor Yuste.
Corresponde el turno a la representante del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, señora Sánchez, también en torno a diez minutos.
Adelante.

La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO: Gracias, Presidente.
En primer lugar, dar la bienvenida a los representantes de las asociaciones y agradecerles sinceramente la comparecencia.
Decirles, en primer lugar, que compartimos básicamente todos los criterios y todos los análisis que se han expuesto, que evidencian claramente el grave deterioro que está sufriendo la atención de los menores en la comunidad autónoma.
Partimos, creemos, de una planificación que fue suficiente en su momento, el Plan integral del menor, pero no se ha desarrollado este plan en su mayor parte. Coincidimos en que hay insuficientes recursos en materia de prevención, que parece un eje fundamental y una situación de desbordamiento de los servicios de la Diputación General de Aragón, sobre todo aquellos de acogida de tutela de menores.
Tenían razón los trabajadores del Juan de Lanuza en denunciar la situación del centro. Hemos visto posteriormente la situación reflejada en los acontecimientos, en los que se han visto implicados varios menores, algunos de ellos en situación de desamparo. Nos parece que es un indicador de que esto, realmente, no funciona.
Creemos que está plenamente vigente el informe del Justicia presentado en agosto de 1996 que nos habla de la situación del año anterior, que incidía en algunos temas, sobre todo en la falta de recursos que han impedido desarrollar la mayor parte de programas del Plan integral del menor, como he dicho anteriormente, y sobre todo algunas cuestiones que quería remarcar: las necesidades de desarrollar programas de integración sociolaboral y, por otra parte, la necesidad de crear unas alternativas a los centros que existen, centros de protección y centros de reforma.
El insistía, y nosotros estamos de acuerdo, apostaba por el cierre del San Jorge. Nosotros lo valoramos en los presupuestos y presentamos una enmienda para ver si eso era posible (de momento parece que no lo es), y sobre todo el dar alternativas a esta situación de menores encerrados, menores en centros, con la necesidad de una red de pisos tutelados y de acogimiento. Se había avanzado un poco en este sentido, en el BOA habían salido cuantías para acogimientos temporales, pero en estos momentos es lamentable que no se puedan poner en marcha estos acogimientos por falta de presupuesto. Realmente, nos parece que algo que era la verdadera alternativa a lo que puede ser la protección del menor no se pueda desarrollar por falta de medios económicos.
Y quizá, en todo este campo, como decía anteriormente, el eje fundamental pasaría por tener recursos suficientes en materia de prevención, que me parece que es donde deberíamos echar la carne en el asador, que haya una buena red de recursos en los barrios, tanto preventivos como comunitarios, es decir, que los barrios puedan disponer de estas redes, que puedan paliar todas las deficiencias; en primer lugar, con presupuestos suficientes para garantizar la continuidad de estos proyectos (muchas veces hay proyectos muy válidos, que no pueden continuar porque los recursos se terminan), y, en segundo lugar, la coordinación que debería ser necesaria, que yo creo que no se está dando en estos momentos entre las entidades que tienen medios para desarrollar esto (como pueden ser los ayuntamientos, como es la Diputación General de Aragón y como son todas las asociaciones que están trabajando en este campo), una buena coordinación en ese sentido, que yo creo que en estos momentos tampoco se da.
Y un buen termómetro de que estos proyectos no se están adecuando a la realidad, a las necesidades, es el informe de la fiscalía -que se ha nombrado aquí- del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que nos habla de que la delincuencia juvenil se ha doblado en el año 1995 y sigue al alza, es decir, que esto, claramente, es un indicador de que la situación no está funcionando.
De acuerdo con que se destinan pocos recursos. Izquierda Unida recogió también aquellas propuestas de las asociaciones que trabajan en este campo y presentamos unas enmiendas a los presupuestos de 1997 (también las habíamos presentado en los presupuestos de 1996, es decir, que es una situación algo crónica), sobre todo en cuanto a iniciativas de educación de tiempo libre, educación de calle, inserción laboral juvenil y del adolescente, que no fueron consideradas por los partidos en el Gobierno, con lo cual, ya podemos ver el panorama para el año 1997, y si esto no se soluciona, pues veremos lo que pasa en el año 1998.
También creemos muy necesario el desarrollo de la Ley 1/96, de protección jurídica del menor. Siempre insistimos en nuestras intervenciones en que hay que poner medios cuanto antes para que se pueda desarrollar y aplicar esta ley, sobre todo en aquellos aspectos que van a requerir creación de nuevas infraestructuras para la aplicación, y sobre todo para el desarrollo, de programas de reinserción sociolaboral y otros programas que son también muy interesantes, como programas de reparación de daños, de forma que sea alternativa a aquellas soluciones de internamiento en centros de reforma (por ejemplo, en el Hogar San Jorge).
Y por último, también consideramos esencial, en el camino para salir de este túnel del que hablaba el representante de Chunta, el disponer en Aragón de la ley de la infancia y de la adolescencia, como un marco jurídico general de asistencia y protección de los derechos de los niños y de los adolescentes en general, ya que la vigente Ley de protección de menores del año 1989 va orientada exclusivamente a los menores desamparados, y creemos que necesitamos un marco mucho más amplio y que hay que regular otras materias, como pueden ser materias de salud, educación, cultura, ocio, tiempo libre, medio ambiente, consumo, etcétera, que afectan a los menores.
Entonces, ya anunciamos que en los próximos plenos -no sé si en éste o en el siguiente- va a haber una interpelación al Consejero sobre la necesidad de la elaboración y la presentación de esta ley. Esperamos que pronto podamos disponer de un borrador de ley en las Cortes, que lo podamos discutir y que pueda solucionar en parte algunos de los graves problemas que están afectando a los menores y a los adolescentes.
Y ya termino, diciéndoles que van a tener todo el apoyo de nuestro grupo para conseguir los objetivos que se han propuesto las asociaciones, que, en definitiva, va a ser mejorar la calidad de la atención de los menores en Aragón.
Muchas gracias.

El señor Presidente (USON EZQUERRA): Muchas gracias, señora Sánchez, por su intervención y, al mismo tiempo, por el fiel cumplimiento del Reglamento de la cámara.
Tiene la palabra el representante del Partido Aragonés, señor Lapetra, por un tiempo, también aproximado, de diez minutos.

El señor Diputado LAPETRA LOPEZ: Gracias, señor Presidente.
Bienvenidos, señores comparecientes.
Hemos escuchado con sumo interés su intervención en relación con la problemática de los menores de nuestra comunidad autónoma.
El tema sobre la protección de los menores, como ya han dicho los antecesores en el uso de la palabra, ha motivado varias iniciativas parlamentarias, tanto en esta Comisión como en el Pleno, y, por supuesto, todos los grupos parlamentarios hemos manifestado nuestro posicionamiento.
A este respecto, a alguno de los anteriores intervinientes le diré que, con respecto a la moción, ya se le dijo entonces que nos parecían muy bien los planteamientos hechos, pero que todo se tiene que financiar y que, entonces, se hiciera globalmente. ¿Qué financiación?, ¿cómo y de dónde se sacaría esa financiación?, porque, para poder atender con mayor precisión, no digo sólo a los menores, sino cualquier otra actividad de Bienestar Social o de cualquier otro departamento, tiene que sacarse de otro sitio.
Entiendo, por lo que ustedes han dicho, que el problema que ustedes han expresado radica fundamentalmente en que la atención es deficiente en cuanto a la prevención. No obstante, se reconoce que la Diputación General tiene un presupuesto de dos mil millones para dedicar a los menores. Puede ser que estos dos mil millones de pesetas sean escasos, pero no deja de ser una cifra importante dentro del contexto total de nuestro presupuesto, que todos sabemos que, globalmente, es insuficiente. Ahora bien, nuestros recursos son ésos.
Dicho esto, y aunque supongo que ustedes lo conocerán, pasaré a dar lectura, si bien someramente, porque me figuro que lo conocen y no es necesario pormenorizar, simplemente leeré los epígrafes de cada uno de los programas que se presentaron al comité de seguimiento del Plan integral del menor el 13 de diciembre de 1996, que están previstos para el ejercicio de 1997. Estos son: creación de una minirresidencia para menores con características especiales de conducta; incremento convenio Carpi sobre el noventa y seis -al que hacía referencia el señor portavoz del Grupo Mixto-; convenio con la asociación Azcara; ampliación del convenio con la asociación Educare; atención al menor en su propia familia; apoyo a las corporaciones locales para la creación y mantenimiento de centros de tiempo libre; apoyo a la iniciativa social para el mantenimiento de los centros de tiempo libre; apoyo a los entes locales y a la iniciativa social para la creación y mantenimiento de talleres ocupacionales; educador social en los servicios sociales de base; apoyo a la iniciativa social para actividades de tiempo libre en período estival, colonias urbanas, Cáritas, y acondicionamiento de centros de menores. Esperemos que, desde el Departamento de Sanidad, Bienestar Social, puedan dar cumplimiento a todos estos programas.
Terminado esto, hablaré del desarrollo normativo que ha tenido la consejería durante el período del año 1996, y es que el 27 de noviembre pasado se publicó la orden, del 13 del mismo mes, por la que se regulan las compensaciones económicas para acogimientos familiares. También durante 1996 se redactó el decreto por el que se regula la habilitación de entidades colaboradoras de adopción internacional y se presentó este decreto a la Comisión Jurídica Asesora de la Diputación General de Aragón.
Y, de acuerdo con la recomendación sobre ley de la infancia y la adolescencia en Aragón, remitida por el Justicia de Aragón al Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo en fecha 30 de diciembre de 1995, se iniciaron los contactos con profesionales e instituciones implicadas para la elaboración de dicha ley, que regulará de modo integral los derechos de la infancia y establecerá un marco de coordinación en las actuaciones de las administraciones públicas implicadas. Esta ley, como ha dicho la portavoz de Izquierda Unida, nos parece importante, que el proyecto sea finalizado, se lleve a Consejo de Gobierno y se traiga a estas Cortes para debatirlo.
Por último, diré que, no obstante, de todo lo que acabo de decir, nuestro grupo trasladará al Gobierno de Aragón, y más concretamente a la consejería de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, los problemas planteados por Molimo.
Muchas gracias.

El señor Presidente (USON EZQUERRA): Muchas gracias, señor Lapetra.
Siguiendo con el turno de intervenciones, le corresponde al representante del Partido Socialista, señor don Carlos Tomás.
Tiene la palabra, también por un tiempo aproximado de diez minutos. Adelante.

El señor Diputado TOMAS NAVARRO: Gracias, señor Presidente.
En nombre de nuestro grupo, también queremos darles la bienvenida a su asociación a esta Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales.
Comenzaré mi intervención haciendo una breve síntesis de cuáles han sido las distintas iniciativas parlamentarias que por parte de nuestro grupo se han elaborado, se han tomado en la presente legislatura, en esta cuarta legislatura.
En noviembre de 1995, casi recién comenzado este nuevo período, nuestro grupo ya presentó una interpelación relativa a la posición del Gobierno con respecto al Plan integral del menor, al grado de cumplimiento del plan y de sus proyectos y al del desarrollo futuro del propio plan. De esta interpelación dimanó una moción en la que, entre otras cuestiones, proponíamos que se adoptaran medidas para el cierre del San Francisco de Paula y la creación de las minirresidencias, de acuerdo con el programa -creo recordar que es el F12- contemplado en el Plan integral del menor.
Ya en noviembre de 1996, presentamos una enmienda de adición a la moción a la que el representante de Chunta Aragonesista ha hecho referencia, una moción de Chunta Aragonesista que también había dimanado de una interpelación que una semana antes había sido debatida sobre el propio desarrollo del Plan integral del menor. Con nuestra enmienda pretendimos complementar la moción de Chunta Aragonesista, una moción que pedía un plan de compromisos a la propia consejería de Sanidad, donde se explicitaran los programas contemplados en el PIM y que el Gobierno estuviera dispuesto a ejecutar a lo largo de la presente legislatura. Nuestra enmienda iba más lejos, puesto que pedíamos además que se incluyeran preferentemente los programas del Plan integral, que todavía no se han puesto en marcha y que aparecen en el apartado de «pendientes».
En las leyes de presupuestos de 1996 y de 1997, que es donde se manifiesta la voluntad de un Gobierno, nuestro grupo también presentó diversas enmiendas para que se contemplaran las partidas económicas necesarias que pudieran posibilitar la consecución de los distintos programas del Plan integral del menor.
Es obvio que ni una sola de estas iniciativas parlamentarias, ni una sola, ha sido respaldada por el Partido Popular ni por el Partido Aragonés, y, a la vista de todo ello, ¿saben ustedes cuál es la disposición de este Gobierno para ejecutar, en lo que queda de legislatura, los programas del Plan integral del menor?: a nuestro juicio, ninguna. ¿Saben ustedes cuál es nuestra impresión acerca de qué programas del Plan integral del menor se van a desarrollar a lo largo de estos próximos dos años?: a nuestro juicio, ninguno. ¿Saben ustedes cuál es la disposición de los partidos que sustentan a este Gobierno para prestar el apoyo necesario al desarrollo del plan?: a nuestro juicio, ninguna, puesto que hasta se ha llegado al punto de rechazar algo tan asumible como la propia moción de Chunta Aragonesista, que en nada contradecía al espíritu del Plan integral del menor y que no pretendía dificultar la tarea del Gobierno; nosotros creemos que pretendía todo lo contrario.
Estamos cansados de oír al Consejero declaraciones de apoyo al espíritu del Plan integral del menor, declaraciones de apoyo a sus líneas de actuación y de que el señor Labena se haya erigido como padre político, puesto que en multitud de ocasiones hemos tenido que oírle -seguramente que ustedes también- que las líneas de actuación del plan se elaboraron siguiendo las directrices políticas de la consejería que dirigía en los años 1991 a 1993 el señor Labena. Y debo decirles que, a nuestro juicio, estas declaraciones de apoyo al plan son uno de los mayores ejercicios de cinismo político que yo he podido tener ocasión de contemplar desde que tomé posesión de mi acta de Diputado. Se ha llegado hasta el extremo de garantizarnos que existen programas que se están desarrollando y ejecutando, aun teniendo conciencia plena de que esto no es cierto.
El Plan integral del menor es un plan de compromisos, unos compromisos que se adquirieron por la mayor parte de los grupos políticos que hoy están representados en estas Cortes y, por supuesto, grupos que están representados en esta Comisión, compromisos que se adquirieron al ser aprobado el plan (un plan que, como ustedes saben, se aprobó por unanimidad) y unos compromisos que no se han cumplido. Y lo que es peor: hemos asistido a la paralización de programas que se venían desarrollando con anterioridad a 1996 y que en estos momentos están paralizados.
No se está permitiendo que el plan siga sus propias pautas de desarrollo. Existe un servicio de planificación, pero nada se planifica, nada se coordina ni nadie coordina. Y esto no es responsabilidad de los profesionales, porque, como ejemplo, les diré que son los propios profesionales los que, además de tener que desarrollar la gestión, tienen a la vez que planificar su propio trabajo, siguiendo sus propias intuiciones; no tienen objetivos, no tienen criterios y tampoco disponen de los soportes presupuestarios correctos que permitan un cierto cumplimiento del plan.
Las consecuencias de las contradicciones de este Gobierno cuando nos referimos a la política de menores no las están pagando los más fuertes -ustedes, en su intervención, hacían referencia a ello-: las están sufriendo los más débiles, en este caso los menores, a quienes más se debería proteger.
Muchas gracias.

El señor Vicepresidente (GARCIA LLOP): Gracias, señor Tomás.
Tiene la palabra el señor Borraz, del Partido Popular.

El señor Diputado BORRAZ ARIÑO: Gracias, Presidente.
En primer lugar, faltaría más, el agradecimiento a la presencia de ustedes aquí. Y desde el Grupo Popular, decirles que compartimos con ustedes toda la preocupación que tienen por los menores, pero compartimos no solamente la preocupación por los menores, sino también por todos los colectivos más necesitados.
Yo no sé si empezar por las palabras, siguiendo un poco, del portavoz del Partido Socialista cuando hablaba de compromisos incumplidos y del tema de los profesionales. Yo creo que los demás grupos, los que no han tenido responsabilidad de Gobierno, pueden hablar de compromisos incumplidos, porque ellos no han gobernado, pero si hay alguna persona que no está capacitada para hablar de compromisos incumplidos pues yo pienso que es, en este caso, el Partido Socialista, así como de los profesionales, porque, si vamos a la hemeroteca, el tiempo que ustedes estuvieron en el Gobierno, ¡hombre!, también les acusaban, grupos como Izquierda Unida, de las restricciones en materia de personal, que han llegado a cubrir las bajas de excedencias de los educadores y a otras cosas... Que ya digo que no quiero entrar en detalle, pero el tema es así, y yo creo que, al hablar de compromisos incumplidos, hay que mirar mucho las palabras de lo que se dice.
Yo, cuando venía a esta comparecencia, he visto que en el orden del día ponía «la situación actual» de los programas de la infancia en Aragón, el grado de desarrollo del Plan integral del menor y la respuesta o la propuesta sobre planificación urgente de los programas de la infancia, y esto lo desarrollaba una asociación donde están asociaciones, Molimo, que se define como una «asociación aragonesa para la promoción y defensa de los derechos de la infancia y de la adolescencia».
A mí me hubiera gustado también, antes de nada, y permítame que se lo diga, conocerles un poquico más, saber la labor que están desarrollando en este campo de menores, un poco para saber qué grado de compromisos tienen. Pero, vamos, de todas formas, vaya mi reconocimiento a todos ustedes, que trabajan en estos campos, y también mi reconocimiento para todo el tema de voluntariado. Pero, vamos, les digo que me hubiera gustado saber qué grado de compromiso tenían con el tema de los menores.
Cuando estábamos fuera, yo he estado escuchando las declaraciones suyas en televisión, hablando que venían a hacer propuestas para colaborar y buscar soluciones todos conjuntamente, algo que me encanta, pero yo les tengo que decir que, desgraciadamente, yo personalmente no he escuchado propuestas concretas para buscar esas soluciones que ustedes decían, y me gustaría, pero ya digo que, de esto, yo personalmente no he escuchado nada. De todas formas, yo estudiaré detenidamente los papeles que ustedes nos han dado, y por supuesto que le haremos llegar al Departamento de Sanidad estas explicaciones y contrastaremos con todo lo que ustedes nos han dicho.
De todas formas, cuando he estado preparando todo esto, sobre todo con el orden del día, estaba preparando el Plan integral del menor, y también los informes sobre el desarrollo y ejecución del Plan integral del menor de este Gobierno y del Gobierno anterior, todo lo que se está haciendo, para poder analizarlo e ir después, tranquilamente, en ese análisis, a ver qué es lo que no funciona, qué es lo que se puede mejorar y, entre todos, conjuntamente, intentar buscar unas soluciones. Las denuncias han de venir cuando unas personas, unos grupos, se han sentado alrededor de una mesa buscando soluciones y no se han encontrado; entonces, habrá que decir alguna cosa, pero primero hay que dialogar y después decir «esto no funciona» y por qué.
Sabemos, desgraciadamente, y así lo han dicho ustedes, que el hecho de que la población infantil y juvenil de Aragón haya disminuido considerablemente en los últimos años no ha impedido -desgraciadamente, digo- que las situaciones de marginalidad y precariedad social se hayan visto incrementadas.
De todas formas, en esta intervención de ustedes hemos echado en falta algunos temas importantes. Quizá les hable como representante local, pero toda la culpa a la Administración... Pienso que hay que hablar también de los padres, no se ha dicho nada de los padres; se ha dicho algo de educadores en la escuela, pero a lo mejor habría que hablar de esa crisis de autoridad que hay en los padres, de esa crisis de autoridad en la educación. Con esto, lo que quiero decir es que no todo tiene que ser la Administración, que en la Administración hay personas que tenemos una responsabilidad, que hay que llevarnos a ese compromiso a todo el mundo y que habría que analizar punto por punto.
Ustedes se han quejado de que el servicio de prevención, prácticamente, en el Gobierno funciona muy poco, que se han dedicado quince millones -prácticamente, son tres niños- de los dos mil millones de pesetas que se dedican a otros temas de reformas. Y, ¡hombre!, las actuaciones relevantes en 1996..., pues el Gobierno también dice otras cosas. Por eso digo que hay que sentarse, contrastar y ver qué es lo que funciona y no funciona, porque en 1996 se han continuado desarrollando todas las tareas de prevención, protección y reforma que tiene encomendadas la Diputación General de Aragón a través del Departamento de Sanidad, sobre todo en materia de menores, como son recepción de las denuncias, desamparo y demandas de guarda de menores, estudio individualizado de cada caso para poder aplicar la alternativa más adecuada para cada menor, ejercicio de las guardas y tutelas en centros propios o concertados, apoyo educativo y económico a las familias en los casos en que la alternativa más adecuada sea la permanencia del menor en la familia, información de las familias solicitantes..., y bueno, muchas cosas más que, para que no me llame la atención el Presidente, sólo diré que se siguen trabajando.
Entonces, habría que contrastar lo que ustedes dicen con lo que dice el Gobierno, así como decir que se ha iniciado una serie de programas que el Consejero del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo se comprometió a realizar en su comparecencia ante las Cortes, como son los acogimientos familiares no preadoptivos con la captación, selección y formación de las familias acogedoras, la atención en los centros de internamiento... Si todas estas cosas -seguiría hablando- no se cumplen, pues lo lógico es sentarnos y decir: no, señor, esto no funciona, y nosotros, desde el Grupo Popular, seríamos los primeros que lamentaríamos todas estas cosas, porque somos sensibles a toda la problemática no sólo del menor, sino de todas las personas más desfavorecidas.
Los demás grupos lo han dicho, lo han dicho ustedes y, además, fue una de las resoluciones del Congreso que ustedes hicieron sobre adolescencia, sobre la necesidad de impulsar la ley integral de la infancia y de la juventud de Aragón, que fue uno de los resúmenes más importantes que se hizo en ese Congreso -lamentablemente, no asistí-. Entonces, no se ha dicho nada de la ley de la infancia, del menor.
Además, nosotros estamos convencidos de que existen lagunas, imprecisiones e interpretaciones aleatorias en el ordenamiento de menores, y es muy importante. Habría que pensar que es necesario aclarar y redefinir los derechos de que son titulares los niños y niñas y sus relativas obligaciones; habría que revisar el contenido de la patria potestad -yo pienso que esto no está solucionado-; habría que delimitar claramente el ámbito competencial que se otorga a las comunidades autónomas en esta materia y aquel que se reserva al poder judicial; habría que concretar y matizar el propio concepto de desamparo; también debe quedar perfectamente definido el contenido de la llamada «tutela»; habrá que abordar la equiparación de la mayoría de edad civil y penal, hoy seguramente diferenciadas -o, por lo menos, así me consta, y si no es así, que me corrijan-; habría que determinar el contenido de las medidas judiciales de reforma y la competencia para su ejecución, y fijar el importantísimo papel de la fiscalía para no caer en la posible contradicción de que debe actuar en defensa y tutela del menor y, a la vez, ejercitar o mantener la acusación contra el mismo; debe quedar garantizada la defensa de la intimidad de los menores y de su propia imagen...
Como ven, hay muchísimas cosas para tratar en el tema de menores, y desde el Grupo Popular estamos dispuestos y ofrecemos nuestra colaboración para estudiar el tema con ustedes, que a lo mejor conocen más que nosotros, yo no lo pongo en duda; si ustedes lo viven, lo lógico es que lo conozcan mejor que nosotros.
Desde el Grupo Popular nos ofrecemos a colaborar, a estudiar toda esta problemática del menor, incluso a estudiar cada caso y cada centro, y, por supuesto, a buscar las soluciones. Nosotros, desde aquí, lo único que podemos hacer es ofrecernos a colaborar en intentar solucionar en lo posible y en lo que quepa este tema de los menores. Por lo menos, luchar.
Gracias.

El señor Vicepresidente (GARCIA LLOP): Gracias, señor Borraz.

El señor Diputado TOMAS NAVARRO: Señor Presidente.
Creo que me pertenece un turno de alusiones, puesto que el señor Borraz, cuando ha comenzado su intervención, se ha dirigido a los representantes de este grupo.

El señor Diputado BORRAZ ARIÑO: Por favor, Presidente.
Yo me he dirigido al Grupo Socialista, nunca a una persona ni al portavoz. He dicho «al Grupo Socialista». Mi respeto y mi cariño.

El señor Diputado TOMAS NAVARRO: Solicito brevemente un turno de alusiones.

El señor Vicepresidente (GARCIA LLOP): De todas formas, cuando hablen estos señores, en la contestación puede usted manifestarse y contestarle al señor Borraz si en alguna cosa, por ejemplo, cree que le ha aludido.
En el grupo, ¿quienes son los que quieren intervenir? Cada uno, empezando por usted, por ejemplo.
Bueno, entonces tiene la palabra José Luis Terol.

El señor TEROL LOZANO: Vamos a ver.
En nuestra opinión, el hecho de que nos vengamos presentando aquí cada dos años o que vaya... Nosotros, desde luego, estamos en una cooperación constante y continua con la consejería, pero no me gustaría olvidar el objetivo de nuestra comparecencia aquí, porque tenemos la impresión de que a ustedes, que están ocupados en temas múltiples y plurales, sin duda les preocupa el tema de menores, pero de vez en cuando tienen que oírse estas cosas, estas quejas, o lo del puente o lo de una situación, y dicen: pero, vamos a ver, ¿pero no está funcionando?, ¿qué pasa?
Entonces, nosotros, sin ánimo de hacer demagogia y considerándonos partícipes de esa situación, insistimos en que la política de menores, actualmente, es un callejón sin salida y que podemos hablar de fracaso en cadena, fracaso en el que nos tenemos que incluir nosotros.
Lo que no nos convence en absoluto es que el Gobierno de Aragón, el Consejero Labena, con el que tenemos una relación estable y muy fluida, está permanentemente a la defensiva en este tema, y lo que queremos es ir al terreno de decir -«la pregunta del millón» iba a decir-: ¿qué hacemos con el incremento de la situación de casos de desprotección, con la situación de casos de reforma, con la ausencia total de recursos?
Entonces, el tema de la ley, por empezar a referir alguna cosa concreta, y el poder hablar en clave de propuestas, tenemos miedo de que pase con la ley de infancia y adolescencia como ha pasado con el Plan integral del menor: el Plan integral del menor, que se tardó dos años en elaborarlo, ha venido a ser -desde luego, en esos términos hablan con nosotros la Dirección General y el propio Consejero- un plan que está metido en el cajón y que no se utiliza, y no hay más que referirse al propio informe de la Dirección General sobre el plan
A nosotros nos parece que una ley, un plan, sin duda es importante, porque nos parece que las vías de lo que hay que hacer están clarísimas. Pero el asunto acaba remitiéndose a cómo se articula, si se pone en marcha y, aunque suene ya tópico, la voluntad política. Y, con un parlamento detrás apoyando unánimemente, se traduce -no sólo, desde luego, pero también- en recursos.
E insistimos en que la pirámide está absolutamente del revés y que estamos en un callejón sin salida, porque estamos haciendo esfuerzos, el Gobierno está haciendo esfuerzos que no conducen al avance en la protección de los derechos de la infancia, porque estamos en una situación absolutamente perversa y totalmente surrealista en algunos casos.
Desde este punto de vista, nos tememos que la elaboración de la ley, que sin duda es urgente, si va a tener el mismo grado de referente que ha tenido el Plan integral del menor, que se reconoce en la propia Dirección General, ahora agravado porque, claro, desde que existe el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, el tema de menores es casi el único contenido de la Dirección General, junto con el tema de la planificación y la coordinación, y, sin embargo, yo ayer tuve entrevista con el director general y con el responsable de planificación con quien tenemos entrevistas y, entonces, ellos reconocían que están totalmente de acuerdo con nosotros, pero que no tienen recursos, que están con las manos totalmente atadas y que sólo pueden decir «tenéis razón, tenéis razón», pero no tienen recursos.
Entonces, nosotros decimos: si hay un consenso de fondo, si el Plan integral del menor se ha aprobado por el conjunto de los grupos, entonces, ¿qué pasa? Porque, claro, no es por hacer demagogia, es verdad que hay una escasez de recursos, pero hay otras cosas, y otros de nosotros conocemos temas como el Plan de formación ocupacional de Aragón, importante, pero donde se está hablando de cientos de millones con incrementos importantes de un ejercicio a otro, y nos parece que a los grupos de tiempo libre, a los centros sociolaborales, el Gobierno de Aragón, en el conjunto de Aragón, no esté dedicando ni veinte millones de pesetas.
Me parece que nos tiene que causar un sonrojo colectivo, pero no porque lo convirtamos en rifirrafe político, sino porque eso nos está hipotecando el resto de las intervenciones. Y, sin duda, yo creo como usted, don Antonio Borraz, que el tema de los menores, el tema de los niños tiene que estar al margen: primero, porque es una responsabilidad colectiva, y nosotros somos de los que defendemos que la educación es una gran tarea colectiva, y uno de los problemas que estamos teniendo es que a veces los padres estamos delegando en la escuela una responsabilidad falsa, que la escuela está totalmente cerrada al entorno, que las administraciones están peleando por no poner el dinero y que estamos aquí, unos por otros, con la casa sin barrer. Desde luego, como no garanticemos el futuro de los aragoneses del año 2000 o del siglo XXI, me parece que mal futuro estamos preparando para todos.
Entonces, algunas propuestas, por insistir y por incidir, y retomando lo que proponíamos y a las propuestas que hacíamos en las jornadas del derecho de la infancia y la adolescencia, en nuestra opinión, el tema de la política de infancia y adolescencia necesita un nuevo encuadre y conviene que la saquemos de las dialécticas de marginación e integración para ubicarla en una perspectiva de promoción y de educación.
Les pediríamos que, a un año de las transferencias educativas, toda intervención que este Gobierno tenga con temas de infancia y adolescencia tendría que estar encuadrado, en lo legislativo y en lo administrativo, en el marco de la educación. No tiene nada que ver cuando se habla de bienestar social. Para nuestra desgracia, los ciudadanos entendemos...

El señor Presidente (USON EZQUERRA): Señores comparecientes, han tenido la oportunidad de expresar cualquier pensamiento cuando han intervenido en su explicación. Les corresponde en estos momentos el turno de responder a las preguntas concretas que les ha hecho cada Diputado.

El señor TEROL LOZANO: Sí, y estamos tratando de responder. Lo que pasa es que son preguntas bastante genéricas y políticas, pero vamos a tratar de centrarnos y agilizar.

El señor Presidente (USON EZQUERRA): De acuerdo.

El señor TEROL LOZANO: Entonces, cuando los ciudadanos oímos hablar de bienestar social, pensamos en el coche-escoba de los gitanos y de la gente que está fuera de la circulación, y nos parece importante que consideremos que aquí estamos hablando de un tema que afecta a todos los niños y niñas, y que el marco adecuado sería un marco educativo.
Más propuestas. Hablando de competencias, se nos preguntaba por la clarificación, y aquí podemos hablar del sentido de la urgencia de una ley. En nuestra opinión, las competencias están suficientemente claras en el marco legal actual, suficientemente claras. El hecho de que no se ejecuten muchas de ellas depende más de la ausencia de voluntad política y, sobre todo, de una interpretación restrictiva, exclusivista o patrimonializadora de las mismas que hace cada administración, pero nos parece que el marco está suficientemente claro.
Por otra parte, y remitiéndome a otra pregunta de las que hacían dos grupos, nuestra preocupación es que en este momento no hay en Aragón ninguna institución que esté garantizando el cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia. En nuestra opinión y desde el marco legal, este papel corresponde por ley a la fiscalía de menores, pero para cumplirlo debe sufrir una profunda reorganización, porque actualmente la fiscalía, cuyos fiscales no tienen ni dedicación exclusiva ni formación específica para el tema, están absolutamente desbordados para velar por el cumplimiento de los casos de las denuncias, están absolutamente... En nuestra opinión, la fiscalía debiera sufrir un replanteamiento para que hubiera un equipo de fiscales con dedicación exclusiva al tema de menores.
Por otra parte, el Justicia de Aragón puede cumplir una función complementaria, nos parece claro. La vocalía de menores tiene un papel motivador y moral que no deja de ser importante, pero, claro, sin duda no la ponemos en el nivel de la fiscalía.
Por último, en nuestra opinión es importante, siendo que estamos en el marco de la Diputación General de Aragón, que hablemos de un plan autonómico. El que tengamos una ley no obsta para que haya un plan autonómico de infancia y adolescencia, pudiendo servir el Plan integral del menor, pero lo que pasa es que en la Dirección General se nos dice que se da por muerto -ésos son los términos en los que se nos habla a nosotros- para justificar el por qué los enunciados no tienen detrás dotación económica. Entonces, creemos que ese plan y muchos enunciados siguen siendo válidos, pero para ponerlos en marcha, no para utilizarlos como una cantinela, que, cuando decimos algo, «mire usted, esto hay», pero luego eso no se traduce en nada.
Y por último, siendo que algunos de los están aquí son alcaldes, en nuestra opinión, el Gobierno de Aragón debe instar a los ayuntamientos aragoneses para que vayan dando pasos para elaborar planes municipales de infancia y adolescencia, porque o la política de infancia y adolescencia toma cuerpo en los municipios y en cooperación estrecha con los ayuntamientos y con las organizaciones o no estará con las pautas adecuadas.
Muchas gracias.

El señor Presidente (USON EZQUERRA): Muchas gracias.
Don Juan Manuel Fernández puede responder a las preguntas concretas.

El señor FERNANDEZ ROMAN: Voy a ser muy breve para no cansarnos más.
Quería matizar simplemente, porque a veces me ha dado la sensación de que en la sala se piensa que nosotros hemos venido aquí a meter caña, que también es verdad, pero no solamente. Queremos colaborar con ustedes, es un marco de colaboración, ustedes nos necesitan a nosotros y nosotros necesitamos de ustedes. Ustedes son personas que pasan muchas horas en los despachos, en muchas reuniones, pero no saben lo que se come en la calle; lo que se come en la calle somos nosotros, los que estamos trabajando con los menores. Muchas veces ustedes dicen «vamos a ir al pueblo»..., pues un parte del pueblo somos los que trabajamos con menores. Entonces, de vez en cuando es bueno sentarse aquí o sentarse en otra sala de reuniones y que escuchen lo que está pasando.
Cuando se ha comentado por parte del señor Borraz, alcalde de Calanda, que hay que sentarse a dialogar y luego hay que hacer una serie de propuestas, más o menos es lo que me está haciendo. Mire, ustedes aprobaron una comisión de seguimiento del Plan integral del menor; en esa comisión de seguimiento estamos la señorita Rosa y yo, que cada dos meses nos sentamos con los portavoces en política de menores que el Gobierno de Aragón ha propuesto; allí hacemos nuestras propuestas, allí nos sonrojamos, nos reímos... Entonces, cuando uno conoce la inoperancia de esta comisión es cuando dice: vamos a decir lo que está pasando en esta comisión. Yo les ruego a ustedes que cojan las actas de la comisión de seguimiento del Plan integral del menor, se van a sorprender, se van a sorprender; léanse las actas, simplemente.
Por otro lado, se ha hablado de caridad social. Nosotros no hablamos de caridad social -he oído esa palabra en algún momento-, estamos hablando de derechos de la infancia, no estamos hablando... He oído esa palabra en algún momento.
Y, luego, el tema de los acogimientos familiares. El otro día tuvimos una reunión con las familias que tienen problemáticas sociofamiliares, que tienen necesidades económicas. En estos momentos, el Gobierno de Aragón destina -normalmente, son familias numerosas- diecisiete mil pesetas por menor (son las ayudas a la integración a la infancia). El programa de acogimientos familiares está en cuarenta mil pesetas (normalmente, son familias que pueden acoger, son familias que tienen recursos económicos mejores). La lectura es: ¿la familia con cuarenta mil pesetas y algo más podría haberlo hecho mejor? Posiblemente, no solamente estamos hablando de dinero.
Hay otra cuestión. En el Plan integral del menor siempre se ha hablado de que, por parte de las consejerías, existe una voluntad política de llevar a cabo ese Plan integral del menor. La voluntad política se plasma en presupuestos, y en estos momentos esa voluntad política no existe.
Y por último, como han dicho ya mis compañeros, les recuerdo que no solamente estamos hablando de menores marginados que delinquen, que están abandonados; posiblemente estamos hablando de su vecino, del menor de Calanda, estamos hablando de menores en general, no solamente los que delinquen. Vamos a quitarnos esa imagen.
Muchas gracias.

El señor Presidente (USON EZQUERRA): ¿Tiene alguna pregunta concreta que responder o quiere hacer una valoración global? Si es para hacer una valoración global, les he advertido que han tenido la oportunidad de poderlo expresar. Si es para contestar alguna pregunta concreta, por supuesto que tiene usted la palabra.
Adelante, respóndala, por favor.

La señora SANCHEZ SANCHO: Es que él no lo ha comentado como pregunta, pero yo creo que ha hecho una descripción de una serie de programas del PIM...
En su intervención, señor Borraz, habla de una serie de programas del PIM (recepción, retiradas, ejercicio de la guarda, apoyo económico, informes de familias) que en parte se están cumpliendo, se están implantando, pero parte de la intervención que yo he hecho desde protección iba por el tema de qué evaluación se está haciendo de todo esto, si es que se está haciendo, cómo se está realizando, cuáles son los resultados que estamos viendo y, sobre todo, la gente que llevamos trabajando en protección de menores, como yo, que, personalmente, llevo trabajando en protección de menores, desde fuera, desde una ONG, y durante siete años ver a niños que entran en el circuito de protección de menores a los cuatro años, que han pasado por todos estos programas, han pasado por recepción, han sido valorados su caso, se les ha dado un apoyo educador familiar, a veces una ayuda económica, y que con catorce, con dieciséis años, acaban en un centro de reforma o acaban en la calle...
Cuando nosotros hablamos de que hay que replantearse el tema de protección, nos referimos a todas estas cosas. Está bien que se hagan estas cosas, pero hay que evaluarlas y hay que ver si funcionan o no funcionan, y si no funcionan, por qué. Yo creo que, desde nuestro ámbito, lo hemos intentado.
Mi compañero hablaba de la comisión de seguimiento del Plan integral del menor, y todos esos problemas se llevan allí, pero no hay respuesta, no encontramos respuesta, y desde aquí queremos decir que esto no funciona. A lo mejor, lo que no está funcionando es el sistema de protección de menores; a lo mejor nos estamos empeñando en poner una serie de programas, programas que se valoraron hace cuatro años, que a lo mejor no funcionan y hay que empezar a pensar en otros programas o en otra política. Entonces, nuestra visión va por ahí. Sí, es cierto, se están haciendo estas cosas, pero, ¿con qué resultados?

El señor Presidente (USON EZQUERRA): Muchas gracias, señora Rosa Sánchez.
Agotado el turno de los respectivos grupos y las preguntas concretas, únicamente nos queda ya el agradecerles la comparecencia de los señores de Molimo y ponernos a su disposición para cuantas veces nos necesiten.
Sin más...

El señor Diputado TOMAS NAVARRO: Señor Presidente, creo que tenía un turno de alusiones.

El señor Presidente (USON EZQUERRA): ¿Qué razón había para las alusiones?

El señor Diputado TOMAS NAVARRO: Se consideró una alusión directa por parte del señor Borraz el dirigirse a este grupo diciendo que este grupo o el Partido Socialista no estaba capacitado para hablar de compromisos incumplidos. Yo he solicitado un turno de alusiones y, por el Presidente en funciones, ante la ausencia de usted, se me ha concedido. Por tanto, lo solicito.

El señor Presidente (USON EZQUERRA): Bien, en razón de la explicación que usted ha dado, considero que no hay alusiones a lo que usted plantea, no hay ninguna alusión expresa, que, evidentemente, podrá ser interpretada, pero esta Presidencia no lo considera.

El señor Diputado TOMAS NAVARRO: Vamos a ver, señor Presidente.
Ante la ausencia de usted como Presidente, el Vicepresidente asume la responsabilidad de la Presidencia. Por tanto, considero que usted no puede ni debe menospreciar la labor del Presidente que en esos momentos ha concedido ese turno de alusiones.

El señor Presidente (USON EZQUERRA): Por supuesto que no está en mi ánimo, y usted lo sabe, el menospreciar la labor de un compañero.

El señor Diputado TOMAS NAVARRO: Me da la impresión de que lo está haciendo.

El señor Presidente (USON EZQUERRA): Repito que considero que no es motivo por el cual se haya sentido ofendido por lo expresado por el portavoz del Partido Popular. Usted mismo me lo ha aclarado.
Cerramos el tema. No tiene la palabra, señor Vicepresidente, no la tiene.
Le agradezco sinceramente la comparecencia de los señores de Molimo.