Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

Para la presentación y defensa de esta Proposición, el representante, señor Burriel, del Grupo Parlamentario Convergencia Alternativa de Aragón-Izquierda Unida, tiene la palabra durante quince minutos.

El señor DIPUTADO (BURRIEL BORQUE): Señor Presidente. Señoras Diputadas y Señores Diputados.
Posiblemente, la primera virtud que debe tener una ley es la de responder a una necesidad social, ser reflejo y servir de soporte y regulación a una situación que se da entre nosotros. Creemos, sinceramente, que la Proposición de Ley que presentamos tiene precisamente esta virtud. Nace, justo es no olvidarlo, como consecuencia de una promesa electoral de Convergencia Alternativa de Aragón-Izquierda Unida. La promesa y la Proposición nacen, esto es lo auténtico, como respuesta a un problema evidente, a un problema que en determinados momentos adquiere tintes dramáticos; sinceramente, sorprende, sin embargo, que hasta ahora no haya sido abordado por ninguna política de carácter global, ni haya sido tenido en cuenta desde ninguna acción de gobierno. Los inmigrantes: éste es el problema.
Hace escasas fechas, en Aragón, en la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos, comparecía la Comisión de Inmigrantes de Aragón y los representantes de los sindicatos. Comparecían y nos recordaban que en Aragón hay cuatro mil inmigrantes; pero si sumamos a ellos los inmigrantes nacionales, no quepa ninguna duda a nadie de que estaremos ante una cifra sensiblemente superior. Inmigrantes que padecen, en muchos casos, los grandes problemas que a los marginados reservan las sociedades desarrolladas; inmigrantes que tienen, por sus particulares situaciones, necesidades específicas que debieran ser abordadas con medidas y con políticas específicas; inmigrantes que en momentos claves se ven, y a veces no los vemos, desamparados por la ausencia de una normativa, de una política, de unos instrumentos a través de los cuales poder prestarles de verdad atención, porque ésa es también la razón de la política.
Tengo aquí, Señorías, y todos ustedes lo conocen, un pequeño y precipitado dossier de prensa que hace referencia a la última campaña de temporeros en Aragón. En aquella ocasión, y el señor Labena dará fe -podrían darla, si no se hubiesen ausentado, el señor Alcalde de Zaragoza e incluso el señor Marco; todos ustedes, en definitiva- de que aquí, en Aragón, el vacío con que nos encontramos y se encontraron determinadas personas que llegaron a aportar su esfuerzo a este territorio, fue un vacío dramático; en aquella ocasión -como digo- empezaron a arbitrarse medidas precipitadas, reuniones en las que participaban desde el Jefe Superior de Policía hasta los sindicatos; empezó a prestarse asistencia y a arbitrarse asistencias, que venían otorgadas desde ayuntamientos hasta instituciones regionales, la Cruz Roja, Cáritas, instituciones no gubernamentales; es decir, se improvisaba, se improvisó una política ante la ausencia y la falta de medios para poder prever las situaciones que se daban. En definitiva, lo que se estaba evidenciando es que, en relación con estos problemas en esta Comunidad, desde la acción pública hay descoordinación, y, si se me permite decirlo, lo que hay es desastre.
No hay aquí medios para la coordinación de tareas y de prestaciones; no hay posibilidades para establecer una política de previsión de problemas; no existe una política de atención a estas necesidades: las necesidades de los inmigrantes extranjeros y nacionales.
Todo esto, señoras Diputadas, señores Diputados, todo esto viene a atender la Proposición de Ley que hoy presentamos en esta Cámara, con la esperanza de que sea tomada en consideración. Es una Proposición de Ley, Señorías, que no entra en materias competenciales que no estén dentro de nuestro Estatuto, en absoluto. No crea tampoco medidas para una simple política informativa. No tratamos de crear una oficina de información, una dependencia adonde, con un cartel arriba y una "i" más o menos grande, puedan acudir personas con determinados problemas para recibir la información, el papelito, etcétera, que en ocasiones se dan, no digo que mal, desde oficinas de información de otros sectores; no se trata de eso. Se trata de preparar, desde un instrumento, desde un organismo autónomo, una acción comunicativa hacia sectores, hacia zonas y hacia colectivos que -la experiencia nos lo enseña permanentemente- están necesitados de esto. Se crean medios para coordinar actividades, se facilita la elaboración de planes y programas, sirve también para poner decididamente, y déjenme que lo enfatice, para poner encima de la mesa, de una vez, una cuestión que, a no tardar mucho, va a ser cuestión que distinguirá los caminos que en nuestra sociedad conducen hacia la solidaridad, la tolerancia, de aquellos otros caminos que conducen a la xenofobia, la intransigencia y la falta de respeto.
Estamos ante un problema que debe ser abordado con medidas inmediatas en función de nuestras posibilidades, y esas posibilidades, no les quepa ninguna duda, existen.
La Proposición de Ley cuya toma en consideración les pedimos, pretende, en efecto, crear una oficina de información de asistencia a inmigrantes, no un servicio administrativo. Por eso hablamos de organismo autónomo, porque queremos que sea y que tenga capacidad para elaborar esa política de información y para coordinar la asistencia; por eso lo hacemos así: porque no queremos que sea un solo y simple servicio de la Administración; va más allá de las experiencias formales, de los contenidos formales con que, en ocasiones, desde otras instituciones, y no digo que no haya que hacerlo, se abordan estos problemas. No es, como decía antes, el lugar al que se pueda acudir a recibir la información; es un auténtico organismo, con autonomía indispensable, que se adelante a los hechos, que prevea problemas, que planifique soluciones, que arbitre medidas, que busque también a los destinatarios. Un auténtico organismo con autonomía en el que participen aquellas entidades sociales e instituciones que tienen algo que aportar, que ver con el problema, y que cuando los problemas surgen de manera improvisada, acuden corriendo para ver cómo lo resuelven. Un organismo autónomo vinculado, por tanto, al Gobierno regional, presidido por un Consejero de esta Comunidad; un organismo autónomo que quiere tener en su propio seno a representantes de empresarios, porque el problema del trabajo de los inmigrantes es clave; que quiere tener en su seno representantes de los sindicatos por la misma razón; que quiere tener presentes a organizaciones no gubernamentales que están dando permanentemente prueba, en muchos casos, de cómo se presta una asistencia ante la ausencia de medidas legales de las instituciones públicas; los quiere tener presentes porque esa política de comunicación, de relación, de consenso, esa política de participación de la que hablaba el señor Presidente de la Comunidad en su discurso de investidura, se hace al andar, se hace teniendo muy presentes en las instituciones a aquellos que están afectados por esa política. Por eso pedimos, también, la presencia de la Comisión de Inmigración dentro de este organismo autónomo que, en este momento, pretendemos.
No les quepa duda: queremos que se tome en consideración la Proposición de Ley, y queremos que se tome en consideración con las modificaciones, con el consenso que antes decían y que nadie rechazaba. Yo, desde aquí, oferto el consenso, porque nos importa más tener posibilidades de avanzar, que hacer retórica parlamentaria. No estamos aquí para demostrar públicamente que el tema nos interesa y que tenemos una medida; no estamos para eso. Estamos para, con nuestro impulso, conseguir algún objetivo: el posible -todo, si es necesario; pero algún objetivo-, y, en aras de ese objetivo, todo el consenso que sea preciso, cualquier acuerdo, cualquier discusión, pero, por favor, en marcha ya las medidas, porque está en manos de todos ustedes, de todos nosotros, que estas medidas se pongan en funcionamiento.
Ustedes saben que los pasillos siempre funcionan, y mucho más en las Cámaras legislativas, y, en los pasillos anteriores a este debate, a mí me ha llegado la noticia de que la mayoría que sustenta al Gobierno puede votar, o va a votar, en contra la toma en consideración de esta Proposición de Ley. Díganme qué tengo que ofrecerles para que no lo hagan, díganmelo, que yo, desde aquí, lo hago, si es que ese es un medio. Sinceramente, déjenme que no comparta las razones que se me han dado y las razones que se me han dicho. No es verdad que estemos pretendiendo crear un instrumento cuyas competencias están adscritas al Gobierno de la Nación y que no tengamos competencias aquí; no es verdad. No busquemos excusas. Nos hemos cuidado mucho, en esta oficina, en esta organización, en este organismo autónomo, de no pisar, ni tangencialmente, competencias que no nos corresponden en relación con lo que es la situación de los extranjeros: de contenido informativo, de coordinación institucional, de tipo asistencial, todas en esta Comunidad. Que no se nos diga que esas competencias no existen. Que no se nos busquen razones que no son razones. Vamos a ver si somos capaces de verdad de hablar en serio de las cosas, poniendo encima de la mesa las diferencias que tengamos, que para eso estamos. Que los modelos son distintos, claro que lo son; pero encima de la mesa, con honestidad parlamentaria. Pongamos las razones encima de la mesa, porque no es verdad eso que dicen, si es que ésa es la razón que se va a expresar.
En la Comunidad de Madrid, sin ir más lejos, con la participación de todos los Grupos Parlamentarios, evidentemente no del PAR pero sí del Partido Popular, allí presente, con participación del Partido Socialista y de Izquierda Unida, se están tomando y se han tomado medidas similares a las que aquí estamos proponiendo, y es una Comunidad donde, además, reside el Gobierno central.
Desde la autonomía municipal, a ustedes les consta, yo creo que de manera insuficiente pero, desde luego, plausible, a ustedes les consta que en muchos de los ayuntamientos se están tomando medidas para paliar, resolver, poner encima de la mesa soluciones a los problemas de los inmigrantes; se están tomando medidas que no vulneran ninguna capacidad competencial de otra instancia política. Hace unos días, lo decía al principio, en la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos, cuando comparecía la comisión de inmigrantes y algunos sindicatos, todos los Grupos aquí presentes les expresamos nuestro apoyo, comprometimos la posibilidad de poner en marcha medidas. Dijimos no solamente buenas palabras, sino que expresamos compromisos, y, oigan, de una vez por todas, se hace camino al andar, y obras son amores y no buenas razones.
Esta es la historia, y déjenme que continúe con la santa indignación parlamentaria, porque lo que pedimos y planteamos nos lo creemos, y nos lo creemos con todas sus consecuencias; por eso nos tememos que el resultado no sea el que esperamos. Díganme si es así, que no estoy equivocado; díganme, señores de la mayoría, qué es necesario para que estas medidas se pongan en marcha, y cuenten con nuestra disposición para aceptarlas, porque lo que nos importa, como decía antes, es el objetivo.
Yo espero un voto favorable; sinceramente, así lo espero. Y yo espero que con ese voto favorable de verdad podamos sentar bases pequeñitas, aunque no resolvamos muchas cuestiones. Abramos caminos de esperanza, abramos vías; ustedes saben, cuando hay poco, cuánto significa abrir una pequeña vía.
Eso es lo que estamos pidiendo. Esa es la razón de esta proposición y ésas son las razones que nos llevan a solicitar de todos ustedes el voto afirmativo.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señoras y señores Diputados.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Burriel.
Para el turno en contra, el representante del Partido Aragonés tiene la palabra.

El señor DIPUTADO (LAPETRA LOPEZ): Señor Presidente. Señorías.
Sin duda, todos estamos de acuerdo en que la emigración plantea una serie de graves problemas para las personas que deciden abandonar su lugar de vivienda o de nacimiento, para ir a buscar su medio de vida en zonas alejadas de su entorno habitual. En la gran mayoría de los casos, emigrar no depende
de una decisión libremente adoptada; personas de cualquier lugar del mundo se convierten en emigrantes, obligadas por la necesidad imperiosa de sobrevivir, porque las condiciones en su lugar de origen no permiten simplemente la vida o porque corren peligro a causa de sus ideas. Además de otras.
La búsqueda de la supervivencia, por un lado, y los problemas al llegar al punto de destino, por otro, son una constante en todas las migraciones, y han estado presentes a lo largo de la historia.
Esto lo sabemos bien en Aragón. Aragón ha sido durante décadas lugar de emigración: miles de aragoneses pueden suscribir estas palabras sobre la supervivencia y los problemas al llegar a Barcelona o a Munich.
En la actualidad, las coordenadas han variado, si bien, amplias zonas de nuestra Comunidad se han convertido en punto de atracción: no sólo las cosechas agrícolas en el bajo Cinca, Cariñena o los Monegros producen la llegada de inmigrantes, también el boom de la construcción en áreas turísticas ha atraído
a trabajadores. La propia situación económica y política de España y de Aragón provoca la venida de gentes de otras tierras que, por supuesto, también sufren problemas para establecerse o trabajar aquí.
Frente a esos problemas, el respeto a los derechos humanos, a la dignidad de las personas y el deber de la solidaridad, exigen que las instituciones públicas intervengan. A la vista de estos motivos, debemos alabar la intención del Grupo Parlamentario de Convergencia Alternativa de Aragón-Izquierda Unida, que ha trabajado en una Proposición con voluntad de responder a esa exigencia de solidaridad.
Sin embargo, debemos dudar razonablemente del carácter absoluto, para trabajar en todos los frentes del problema, que en esta Proposición de Ley se otorga a la intervención de la Diputación General de Aragón, y sobre todo no podemos estar de acuerdo con la responsabilidad que corresponde a cada institución,
a cada Administración Pública. Me refiero a las reservas que se hacen, y que nos parecen bien: la Diputación General de Aragón no debe abordar la totalidad del problema.
Respecto a esta responsabilidad, y a la luz de la diversa normativa legal, hay que hacer claras distinciones sobre el papel que la Ley otorga a cada Administración a la hora de intervenir frente a los problemas que sufren los emigrantes.
Como he dicho, por parte de Izquierda Unida se nos propone que la Diputación General de Aragón, a través de una oficina dependiente del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, asuma las competencias necesarias para abordar este problema de la inmigración. Pues bien, nosotros entendemos, en lo que se nos plantea, que en el artículo 149 de la Constitución, entre las competencias del Estado, están las de nacionalidad, inmigración, emigración y extranjería. En la Ley de Extranjería, igualmente, se reserva al Estado todo lo relativo a trabajos, situaciones, etcétera. Más recientemente, el Real Decreto 1.458, de 11 de octubre de 1991, supone la reconversión del Instituto Español de Migración, que pasa a ser la Dirección General de Migraciones, dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Esta Dirección General de Migraciones está estructurada en tres Subdirecciones Generales: Movimientos Migratorios, Inmigración y Promoción e Integración Social. Cada Subdirección General tiene sus funciones diferenciadas, que engloban un amplio grupo de actividades relativas tanto a los inmigrantes extranjeros como españoles.
Todavía hay más referencias legales de aplicación directa para el asunto que estamos debatiendo. En esa misma fecha, el 11 de octubre del año pasado, fue promulgado un Real Decreto sobre creación, competencias y funcionamiento de las oficinas de extranjeros. Según esta norma, la nueva política de extranjería se desarrolla a través de una estructura administrativa que supone la creación, entre otros organos, de oficinas únicas de extranjeros dependientes de los Delegados de Gobierno y Gobernadores Civiles, con el objeto de asegurar la aplicación coherente y coordinada de la política de extranjería y de facilitar las gestiones administrativas de los extranjeros en España. En ese mismo Real Decreto se señala que las nuevas oficinas de extranjeros dependerán orgánicamente de los Gobernadores Civiles y funcionalmente de los Ministerios del Interior y de Trabajo y Seguridad Social. Y se dice que las oficinas deben ser órganos de gestión de carácter interministerial que integren servicios, funciones y personal en el ámbito provincial; además, se contemplan acciones no sólo de carácter burocrático, sino también de información a los interesados.
Llegados a este punto, se nos puede decir que esas oficinas van a aplicar una política de extranjería del Gobierno central, pero no es mi intención defender aquí esa política, porque, además, no es el asunto concreto que se nos plantea.Pero lo que está claro es que la Administración central ha dispuesto los medios para aplicar su política sobre los extranjeros en España y, al menos sobre el papel, ha creado unas oficinas de gestión y de información que están llamadas a cumplir las funciones del organismo autónomo que se plantea en la Proposición de Ley. Junto a ello, la nueva Dirección General de Migraciones asume las funciones en todo el ámbito de actuación que tendría la nueva oficina de la Diputación General de Aragón. Por estos motivos, no podemos apoyar un organismo que entraría en colisión y duplicidad con otras oficinas similares.
También habría que debatir si la inmigración tiene un carácter regional o hay que adoptar soluciones y medidas interautonómicas. Parece que el Gobierno central ha entendido que es necesario tratar el problema en conjunto; de ahí el sentido de los Reales Decretos. Sin embargo, hay que dejar bien claro que no estamos utilizando las leyes como excusas para eludir el deber de solidaridad y asistencia social; hay abundantes pruebas de ello. El artículo segundo de la Proposición de Ley mencionada expresa ayudas y prestaciones a los inmigrantes, si bien en la actualidad están cubiertas en parte por la Diputación General de Aragón a través de subvenciones que se conceden a diferentes entidades sin ánimo de lucro, como son la Cruz Roja Española y Cáritas, en concreto.
Cruz Roja da ayudas puntuales y Cáritas recibe subvenciones de la Diputación General de Aragón para cumplir funciones de asesoría, información, así como para prestar la asistencia primaria al inmigrante.
Además, la Diputación General de Aragón colabora con los ayuntamientos por medio de convenios que costean los servicios sociales de base; igualmente, ayuda en la financiación de los alberges de transeúntes y, por ejemplo, el pasado ejercicio se consiguieron ayudas para diferentes ayuntamientos, entre ellos el de Zaragoza, el municipio que potencialmente mayor inmigración puede atraer. Esta cuantía ascendió a treinta y cuatro millones de pesetas. Como ustedes conocen bien, también existe una Comisión de Defensa de los Inmigrantes que cumple similares misiones que Cáritas en cuanto a información y asistencia. Los sindicatos intervienen en este problema, asesorando, informando y, en resumen, tratando de ayudar al inmigrante.
Para completar esta información hay que recordar que, el pasado año, la Diputación General de Aragón intervino activamente. Usted ha mencionado el mayor problema de inmigración que hemos tenido en nuestra Comunidad. En la zona de Cariñena fue la Diputación General quien finalmente aportó el coste de los vales de comida: una ayuda de urgencia, como usted decía, que se concedió ante la afluencia masiva de inmigrantes al municipio.
La Diputación General de Aragón no elude la asistencia social y la información; colabora con otras instituciones privadas y públicas y participa activamente. Se nos puede decir que esas ayudas a entidades como Cáritas y Cruz Roja no están destinadas directamente a la atención del inmigrante, sino que se dirigen a la asistencia social en general. Lo cierto es que no existe discriminación ni positiva ni negativa respecto a la persona que en determinado momento necesita esa atención. Por supuesto, estas instituciones no son racistas y prestan ayuda e información a los inmigrantes extranjeros o españoles y a otros colectivos necesitados. Por ello, crear ahora la oficina que se propone supondría duplicar la labor de asistencia que realizan estas entidades privadas, los servicios sociales de base y los ayuntamientos, con subvención o no y con los convenios firmados con la Diputación General de Aragón.
En resumen, no podemos crear una oficina de información y asistencia al inmigrante porque ello supondría contradecirnos e inmiscuirnos en la actual normativa, según la cual la Administración autonómica tiene una función exclusivamente coordinadora en materia de acción social en general. Además, creando una nueva oficina duplicaríamos, por una parte, la labor de información y asistencia que ha decidido ejercer la Administración central, y, por otra parte, la labor de información y asistencia que otras entidades están realizando en este momento, a las que la Diputación General de Aragón subvenciona. Las normas dicen que otros deben hacer; sin embargo, desde la Diputación General de Aragón ya se está haciendo y se va a hacer más. No nos vamos a quedar de brazos cruzados ante la inmigración, un problema social que se incrementa. En la actualidad estamos asistiendo en otros países a los conflictos derivados de la propia marginación, de la falta de integración del inmigrante y de las posturas extremistas de algunos, que derivan hacia el racismo exacerbado y la violencia. No estamos tan lejos de que en España comience a suceder algo parecido. En Aragón, que hasta ahora no sufre la misma presión migratoria de otras Comunidades, también debemos estar atentos; debemos estar vigilantes para poner los medios que hagan más eficaces los esfuerzos de diferentes entidades que participan en un mismo ámbito. En este caso, en la asistencia e información al inmigrante, podemos afrontar y prevenir futuros conflictos, y podemos colaborar a la eficacia de la acción social.
En este punto, sí estamos de acuerdo con la Proposición de Ley, porque señala que es necesaria una actuación en varios frentes y, sobre todo, la coordinación de las acciones; pero insisto en que la materia está reservada al Estado y consideramos que, a instancias de la Delegación del Gobierno en Aragón, debería crearse una comisión coordinadora permanente de inmigrantes, en la que la Diputación General de Aragón participaría con las entidades ya señaladas con anterioridad, es decir: Cruz Roja, Cáritas, Comisión de Inmigrantes, colegios profesionales y, por supuesto, los sindicatos y los empresarios.
Planteamos que la Delegación del Gobierno reúna a todas las entidades y colectivos citados, para adoptar medidas conjuntas, colaborar en los ámbitos de actuación, preparar acciones concretas como la asesoría jurídica, laboral y social, o los servicios de traducción e intérpretes, o, con respuestas claras y rápidas, poder prever iniciativas especiales en zonas afectadas por la afluencia masiva de inmigrantes en épocas concretas. Se trata de coordinarse con la Delegación del Gobierno y de mejorar lo que se está haciendo; el éxito de esto dependerá del interés que todos pongamos en este empeño.
Para concluir, la Proposición de Ley nos parece loable por la preocupación del Grupo de Convergencia Alternativa de Aragón-Izquierda Unida por un problema histórico y actual que afecta a miles de personas; sin embargo, no creemos que por el momento la Diputación General de Aragón deba asumir la creación de esta oficina como organismo autónomo que usted nos ha indicado, para evitar -insisto- la duplicidad respecto al papel que tiene la Administración central en este asunto y respecto a la actividad que ya desarrolla en Aragón en cuanto a asistencia e información. Reiteramos nuestra propuesta de crear una comisión permanente coordinadora de instituciones y entidades, nuestra voluntad de profundizar en las soluciones de problemas actuales y futuros de los inmigrantes, y anunciamos nuestro voto negativo a la toma en consideración de la Proposición de Ley que se nos plantea.
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lapetra. Aunque no está expresamente especificado, es obvio que cabe la posibilidad reglamentaria de que si el Grupo presentante pide réplica, tiene derecho a ella. El señor Burriel tiene la palabra. Cinco minutos, señor Burriel.

El señor DIPUTADO (BURRIEL BORQUE): Muchas çgracias, señor Presidente. No superaré los cinco minutos.
Yo creo, señor Lapetra; yo creo, señores de la mayoría parlamentaria, que no han entendido la cuestión. No estamos hablando de extranjeros: estamos hablando de inmigrantes, pero dentro de los inmigrantes hay extranjeros y hay nacionales, y los problemas relativos a la condición de extranjeros -no de inmigrantes- son los problemas que son competencia del Gobierno central; pero no me digan ustedes ahora que la competencia en materia de asistencia, en materia de coordinación de funciones, en materia de vivienda, en materia de prestaciones, es una competencia que corresponda al Delegado del Gobierno o al Gobernador Civil de Zaragoza. ¡Hombre!, por favor, vamos a ver si hacemos las cosas con seriedad, vamos a ver si sabemos de qué estamos hablando, porque estamos hablando de cosas distintas; no hablamos -insisto- de extranjeros, hablamos de inmigrantes, y es una cosa distinta, y claro que la legislación sobre extranjerías es competencia del Gobierno central, claro, pero aquí hemos tenido el suficiente cuidado -no solamente cuidado, yo creo que la suficiente responsabilidad- para proponer un organismo dedicado, en exclusiva, a cuestiones cuya competencia no se nos escapa, y son graves y necesitadas de corrección.
Esa es la cuestión; yo les hago una oferta final: solicitemos, solicite el Gobierno un informe jurídico donde proceda, a sus propios servicios jurídicos... Pues si están vacantes, que los cubran; solicite un informe jurídico y si se nos dice que esta Proposición de Ley contempla materias cuya competencia no nos es dada, nosotros retiramos la Proposición de Ley; ustedes la toman en consideración; ponemos en marcha los mecanismos y, en el caso de que nos digan que no, seguimos con ella. ¿Qué quieren que les oferte? ¿Qué quieren que les ofrezca? Díganmelo ustedes, ¡que es que estamos ante un problema que es necesario resolver!; díganmelo. ¡Hombre!, usted me dice: las organizaciones sociales. ¡Hombre!, mire usted: nosotros, con todas las organizaciones sociales que ustedes han mencionado, hemos tenido contactos para preparar esta Proposición de Ley, con todas. ¿Quiere que tengamos usted y yo una reunión con ellos y, en todo caso, aceptemos la posición mayoritaria que ellos nos expresen? ¿Quiere que lo hagamos así? Es una oferta concreta para considerar: si ellos están en desacuerdo, nosotros la retiramos; si están de acuerdo, continuamos adelante con ella. ¿Vale esa otra?
Me pasan notas -si, es que me pasan notas personas que están afectadas por estos problemas, que están en la tribuna viendo cómo este Parlamento trata las cuestiones-, me pasan notas y me dicen: ¿qué pasa con los problemas de vivienda?, ¿con la integración cultural?, ¿qué pasa con la asistencia social? ¿Esto se hace desde la Dirección General de Migraciones? ¿Se hace esto? ¡Qué se va a hacer, hombre! ¡Qué se va a hacer, por favor!
Decía antes que no utilicemos argucias dialécticas parlamentarias. ¿Que hay posiciones distintas? Evidentemente, claro que las hay; pero no utilicemos argumentos que escapan incluso a la realidad de las cosas de las que hablamos. ¿No le parece, señor Acín -que me mira ahora de esta manera-, no le parece que tengo razón? ¡Claro que tengo razón!, y, además, usted lo sabe.

El señor PRESIDENTE: Señor Burriel, evitemos el diálogo.

El señor DIPUTADO (BURRIEL BORQUE): Señor Presidente, insisto en la santa indignación. ¿Hay alguna posibilidad? Todavía no hemos votado, vamos a ver esa posibilidad, con los medios que quieran, díganme qué, dígannos qué y adelante con la historia. ¡Si va a ser bueno para esta Comunidad!, ¡si va a ser bueno para el señor Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, para las funciones que realiza!, ¡si va a ser bueno para tantos!, ¡si es tan poco, además, lo que estamos pidiendo, lo que estamos solicitando que se ponga en funcionamiento! En fín, podría seguir hablando.
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Burriel. Que le dure la indignación, no nos debe faltar.

El señor DIPUTADO (BURRIEL BORQUE): Yo preferiría que, en este caso, la indignación se me pasara porque la medida se tomase en consideración y continuase el resto de indignaciones hasta que cambiemos muchas cosas, que muchas hay que cambiar. La revolución espera.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Dúplica, señor Lapetra? Renuncia a ella. Fijación de posiciones por los restantes Grupos Parlamentarios. ¿Grupo Parlamentario Popular?, el señor Contín tiene la palabra, por diez minutos.

El señor DIPUTADO (CONTIN PELLICER): Muchas gracias.
Señor Presidente, Señorías. Lo siento, señor Burriel, pero va a seguir sufriendo, porque voy a remachar en todo o en parte lo que el señor Lapetra acaba de manifestar. Hace muy pocos días, tuvimos en la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos, de la que los dos formamos parte, la comparecencia de los representantes de Cáritas, Comisiones Obreras, UGT y de la Presidenta del Comité de Defensa de Emigrantes. El planteamiento de hoy es muy similar al de la macrocárcel, pero justamente al revés, en el primer caso primero se trataba este tema en el Pleno y luego venía a la Comisión, en este otro asunto primero se trata en la Comisión y después llega al Pleno. No tiene más transcendencia, pero quizá sea cuestión de procedimiento para mejorar el de estas Cortes. En cualquiera de los casos, la importancia de ambos temas justifica que se debatan no dos, sino doscientas veces si fuera preciso, esto dará idea a la sociedad de la vitalidad de una institución como estas Cortes que precisa, para bien de los aragoneses, ser conocida y valorar su papel, tanto legislador como de órgano de resonancia de los problemas de nuestra tierra.
Tanto los comparecientes en su día -que ya hemos nombrado- como los diversos Diputados y Diputadas que intervinieron en la Comisión -recuerdo en este momento a Pilar de la Vega, Begoña Sancho, Eugenio Calleja, Pilar Fierro y Adolfo Burriel, entre otros- fueron receptores de aquello que los comparecientes aducían. El espíritu de todos fue receptor de las inquietudes de gentes que venían a transmitirnos sus temores e incluso sus zozobras sobre la cuestión candente de la inmigración, sobre los problemas personales de una serie de convecinos nuestros a los que no dudaré en llamar aragoneses, puesto que entre todos nosotros están y con nosotros sufren una situación que es todavía peor de la común de los aragoneses; pero, en fin, como convecinos y como paisanos debemos considerarles. ¿Quién de entre nosotros no ha tenido un familiar emigrante que haya tenido que marchar a América, endeudándose incluso para pagarse el pasaje?, que haya progresado o no allí, pero que se ha encontrado con problemas similares a los que los actuales inmigrantes se encuentran en España, sean nacionales o sean extranjeros. Perdóneseme la ironía, pero también aquéllos que vienen a España vaya "dorado" que eligen. Pero la cuestión está allí y la propuesta de Izquierda Unida contempla aspectos que no se pueden, de ninguna forma, soslayar: primero, las diferencias económicas y sociales entre distintos territorios y diferentes pueblos; segundo, cuestiones políticas que obligan también a la inmigración; en último lugar, la inmigración interna por el diferente desarrollo de las Comunidades. Entonces, ya ve el señor Burriel que no consideramos únicamente el tema de la extranjería.
Nadie, ante estos hechos, puede ser desconocedor de los problemas que esta cuestión origina, y lo señala Izquierda Unida, y en Aragón éstos han ido incrementándose en estos últimos años: inseguridad económica, deficiencias asistenciales, dificultades jurídicas y marginación cultural y social. Son problemas graves que señala esta Proposición de Ley y en los cuales estamos totalmente de acuerdo, quizá más que de acuerdo, pues aún añadiríamos que la situación, más que desde el punto de vista político, debe contemplarse desde un punto de vista humanitario. ¿Quién es insensible, por ejemplo, ante la situación de los sudafricanos de las viñas del Priorato o ante los cuarenta y cinco muertos recientes norteafricanos que no llegan a este paraíso europeo? ¿Quién no sufre en sus carnes la retirada de visados a los hispanoamericanos, hijos o nietos de españoles?, que, quizá pueden renegar del V Centenario, pero que los consideramos tan paisanos en Aragón como a un andaluz, como a un extremeño, como a un vasco. A mí el tema de los hispanoamericanos, sobre todo, me estremece de forma particular, y pienso que igual a todas Sus Señorías.
¿Pero qué es lo que pueden hacer en este tema las Cortes de Aragón? Por lo menos, no permanecer insensibles, en eso estamos totalmente de acuerdo.
Existe el Real Decreto, 11 de octubre de 1991, sobre creación, competencia y funcionamiento de las oficinas de extranjeros. Volvemos a los extranjeros y sé perfectamente que el tema de la inmigración interna no está contemplado en ese aspecto, pero esto es una aprobación del Pleno del Congreso de los Diputados creando las únicas oficinas dependientes de los delegados del gobierno, de los gobernadores civiles, al objeto de coordinar la política de extranjería, ¿por qué no también la política de inmigración interna para facilitar cualquier tipo de gestiones administrativas de los inmigrantes en España? Por ella se insta la creación y regulación de competencias y funcionamiento de las oficinas de extranjeros como órganos de gestión a nivel provincial, dependientes de Gobiernos Civiles y de los Ministerios del Interior, Sanidad y Trabajo.
Por ello, tanto en el aspecto de la inmigración, como en el de la emigración, este último no lo tocamos, el papel del Estado hasta la fecha es por ley el más importante y casi el único. Fuera de la competencia estatal no habrá que referirse, porque Sus Señorías lo conocen, al papel que han tenido y siguen teniendo la Diputación General de Aragón, las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos como subsidiarios de lo que hace o de lo que deja de hacer, mejor dicho, el Estado.
En una sociedad como la nuestra, valoren Sus Señorías el papel que están cumpliendo organizaciones no estatales, y en la comparecencia última, que antes citaba, estaban UGT, Comisiones Obreras y Cáritas. El nuevo Presidente de Cáritas declaraba el pasado domingo recibir del Estado diecisiete millones de pesetas aproximadamente. Confrontando esta cifra con su actuación desearíamos o deberíamos llorar. Dezconozco la cifra que ha recibido la Cruz Roja, pero viendo sus actuaciones, y no me refiero solamente a la venta de casas o de solares, no debemos dejar de señalar que Cruz Roja es hoy el hogar de un grupo político que es el de ustedes, y que sus cargos, hoy por hoy, forman ya parte de su particular escalafón político. O sea que, en este momento, Cruz Roja es más o menos el Gobierno.
Por todo ello, aun apoyando en el fondo la Proposición de Ley de Izquierda Unida, consideramos que las obligaciones del Estado están candentes y pendientes, y esto nos fuerza a oponernos. El papel de nuestra Autonomía, siendo importante por humanitarismo, es solamente solidario y todo lo solidario que pueda ser, en especial, a través de instituciones de garantía como lo es Cáritas y, quizá lo sea también, la Cruz Roja.
No podemos aceptar, a pesar de aplaudirla en el fondo, la Proposición de Ley para la creación de la oficina de información y asistencia a inmigrantes presentada por Izquierda Unida, por considerar que está fuera de las competencias de esta Comunidad, competencias que, por otra parte, como Partido Popular, exigimos rotundamente y pedimos que Diputación General de Aragón, Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos potencien aquellas instituciones que por justicia, humanitarismo y solidaridad, están haciendo lo que el Estado no hace por unos seres humanos que no han nacido aquí, pero que el Partido Popular, como todos ustedes también, considera tan aragoneses como nosotros.
La Comisión de Peticiones y Derechos Humanos pidió en su día solicitar del Justicia de Aragón la elaboración de un informe sobre la situación actual de los inmigrantes en Aragón, así como a la Diputación General de Aragón que pusiera todos los medios para prestar asistencia social, fundamentalmente de tipo sanitario, a todos los que lo precisaran.
Desde aquí veo al señor Burriel en el lado de la izquierda, si me vuelvo de espaldas mirando al Presidente estará usted en la derecha, pero por el lugar de su escaño no es más progresista que yo, ni ante la justicia social tendrá jamás una posición más avanzada que la que podemos tener los de este lado, según donde me ponga, pues ya sabe que la posición cambia según se está en un sitio u otro. Frente a ciertas acciones tiene que haber reacciones, lo que no quiere decir que se sea lo que usted antes denominaba reaccionario, frente a una acción como la derivación de la ayuda social a los kurdos que termina vendiéndose en los rastros de Angola, frente a esa acción, por supuesto que seguiré siendo reaccionario.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Contín.
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra. La señora Sancho, tiene la palabra por diez minutos.

La señora DIPUTADA (SANCHO ANTONIO): Gracias.
Señor Presidente, señoras Diputadas, señores Diputados.
Inicio mi intervención anunciando que, aunque consideramos la Proposición manifiestamente mejorable también, el Grupo Parlamentario Socialista va a votar a favor de la toma en consideración de esta Proposición de Ley, sobre la creación de una oficina de información y asistencia a inmigrantes, y por varias razones. Razones que compartimos desde una ideología de izquierdas, y que suponen una filosofía que se encuentra inmersa también en nuestros planteamientos y en nuestro propio discurso.
Hemos sido testigos esta mañana de cómo lo ideológico, lo que verdaderamente sustenta nuestras diferentes formaciones políticas, lo que nos diferencia, es lo que genera el debate. Los temas ideológicos despiertan pasiones, evidentemente.
Decía que lo íbamos a apoyar por varias razones, como son la creación de instrumentos adecuados, de vías útiles que impulsen los mecanismos de participación, que propicien y profundicen la participación ciudadada, la participación directa de todos los ciudadanos en los cauces por los que los colectivos deben manifestar sus inquietudes y colaborar en las decisiones para la resolución de los problemas comunes. El consejo de dirección que esta Proposición de Ley refleja lo entendemos como un cauce de participación que trata de implicar a los diferentes sectores, en que se encuentran representados los interlocutores sociales, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, empresarios, movimientos asociacionistas, lo que supondrá, además de hacerles partícipes, canalizar y analizar sus propuestas de actuación. En definitiva, se trata de implicar, de dar participación a los diferentes sectores comprometidos en esta problemática común.
Una segunda razón que nos invita a apoyarla es el apoyo a la integración del inmigrante. Ante un problema como el de la inmigración que al igual que muchos otros conlleva una base social profunda, no debemos, no podemos ni perder el horizonte ni, por supuesto, caer en una demagogia populista y fácil, y quedarnos en un apoyo meramente sentimental, sino que hay que estudiarla con objetividad y afrontarla con realismo, porque la inmigración abre ante nosotros un desafío. El gran desafío ante el que nos encontramos tiene dos vertientes: la integración económica y la integración social, pero entendiendo que la una y la otra están entrelazadas entre sí y que son, además, difícilmente desligables. Hay que hacer, por lo tanto, un esfuerzo pedagógico que cale en el tejido social, estableciendo elementos de reflexión y de sensibilización social y provocando actitudes de generosidad, actitudes de comprensión hacia el fenómeno de la migración.
La integración es un reto que, en definitiva, se traduce en que aprendamos a vivir en solidaridad, que aprendamos a vivir en igualdad. El colectivo de inmigrantes es un colectivo en fase de asentamiento, integrado en su mayoría por sectores económicos y sociales de escasos niveles de renta y provenientes de países con hábitos sociales muy diferentes a los nuestros, por lo que nuestro máximo esfuerzo ha de ir encaminado a la integración del colectivo de residentes extranjeros que eligieron como lugar de vida y trabajo nuestra Comunidad Autónoma.
Una tercera razón sería que la creación de este servicio de asistencia supondría un mecanismo de acción positiva, lo que los socialistas, y sobre todo las socialistas, llamamos discriminación positiva, y que no paramos de defender, como habrán tenido Sus Señorías ocasión de comprobar hoy en esta Cámara.
Ante problemas de desigualdad no se pueden arbitrar medidas, no se pueden aportar soluciones iguales, porque las desigualdades aumentarían cada vez más. Por eso es necesario crear instrumentos que favorezcan esa igualdad, que favorezcan la igualdad y la solidaridad para cualquier colectivo que se sienta discriminado, para cualquiera, y este colectivo en su inmensa mayoría lo está, porque, evidentemente, dentro del movimiento migratorio también hay grados y diferentes condiciones y circunstancias, pero el contingente más numeroso es el que emigra por razones económicas, el emigrante económico, aquél que sale de su país a buscar mejores condiciones de vida, contingente que en su mayor parte lo forman gentes de otras razas, otras religiones, otras culturas y lenguas, con gran carencia de recursos, con un desconocimiento total de las condiciones de vida de nuestra país, y que nuestra propia sociedad tiende a rechazar.
A este colectivo creemos que es al que hay que favorecer, adoptando para ellos, como digo, medidas de acción positiva.
Otra de las razones por la que vamos a apoyar esta ley, aunque en su día presentaremos enmiendas parciales, si se aprueba, que parece ser que no, es que puede llevar desde el servicio administrativo que propone a optimizar los recursos existentes dando una coherencia de conjunto. Existen tanto en la Administración central, Gobierno Civil, Delegaciones Provinciales de Trabajo, Policía, etcétera, como en los organismos no gubernamentales como Cruz Roja, sindicatos y Cáritas, oficinas de información y asistencia a inmigrantes; se trata, pues, ante esta oferta tan amplia, de optimizar y rentabilizar los recursos existentes, posibilitando una mejor y más eficaz gestión.
El crecimiento de los flujos migratorios nos obliga a todos a contar con instrumentos administrativos ágiles y eficaces, pero esta oficina no debería de quedarse, no debería de limitarse a la mera información ni a ser exclusivamente un punto central de referencia a donde acudir. Creemos que debería de ir más allá, desarrollando el asociacionismo, informando hacia el exterior, de dentro afuera y de fuera adentro, hacer, en definitiva, de eco, de caja de resonancia, elaborar programas de afirmación cultural, de información cultural, en definitiva, que tenga como misión el diseño y la animación de programas de promoción e integración social dirigidos al colectivo de inmigrantes, siempre, evidentemente, en colaboración con los diferentes organismos que ya trabajan, que ya están trabajando en estos temas.
Finalmente, y como la razón que más nos convence, que nos parece absolutamente positiva, es que si defendemos la implicación de los diferentes sectores sociales, ¿cómo no vamos a defender el que se impliquen las distintas Administraciones? Es necesario que nuestra Comunidad Autónoma tenga voluntad política y se vea implicada en esta problemática, y desde aquí reto al Gobierno aragonés para que asuma dentro de sus planes competenciales de información y asistencia social, es decir, dentro del campo de actuación de la ley, lo que le corresponde, y creo que la creación de esta oficina y de otras muchas iniciativas le corresponde como Gobierno.
Y también desde aquí, animo al Gobierno aragonés a que lleve a cabo una política valiente, una política arriesgada e imaginativa, pero, sobre todo, una política integral, una política global, que no haya una solución parcial para cada problema planteado, sino que dentro de una política integral y con todas las premisas necesarias se articulen las soluciones eficaces.
Es un problema también de prioridades, señores del Gobierno, sobre todo de prioridades, y el campo social ha de ser prioritario dentro de esta política de fines generales.
En el campo exclusivo de nuestro marco competencial, ¿por qué no analizar, por ejemplo, la inmigración como fenómeno de equilibrio territorial, como un factor de equilibrio territorial en el diseño de Aragón? Estudiemos la pirámide de población aragonesa, analicemos nuestra situación demográfica y nuestra situación económica, diferenciando, evidentemente, la zonas de máxima presión demográfica.
¿Se han planteado ustedes que la migración puede llegar a ser un fenómeno de integración económica positivo para Aragón? No olvidemos, por ejemplo, determinados oficios en los que Aragón necesita mano de obra, en los que hoy existe demanda de mano de obra. Podría ser un fenómeno positivo, como digo, para la economía de Aragón, y que, además, supusiera la integración económica para los inmigrantes.
¿Qué ha hecho hasta ahora la Diputación General de Aragón? En contestación a una pregunta formulada por nuestro Grupo Parlamentario, el Gobierno autónomo reconoce que puede y debe desarrollar acciones encaminadas a lograr la integración -y cito textualmente- de aquellos extranjeros que tienen legalizada su situación en España, y, como responsable de la política asistencial y de bienestar social, prestar atención adecuada a los inmigrantes ilegales. Pues bien, si quieren Sus Señorías, limítense a contrarrestrar los datos que les pueden facilitar tanto los sindicatos como las organizaciones no gubernamentales y verán la voluntad política del Gobierno aragonés y la voluntad política del resto de las Administraciones.
Animo desde aquí al Gobierno autónomo a hacer algún esfuerzo en este sentido en el marco que antes les decribía, en el marco de una política valiente, imaginativa y coordinada.
Y por último, la razón que impulsa al Grupo Socialista a apoyar esta Proposición de Ley es la necesidad de iniciar un consenso entre las distintas fuerzas políticas en este tema. Porque el problema sería que la migración se convirtiera en objeto de confrontación electoral, como está pasando en países de nuestro entorno europeo; hay que impedir, con el desarrollo de una política coherente, el resurgimiento de corrientes racistas y xenófobas. Estamos a tiempo de evitar que el fenómeno migratorio se transforme en conflicto social y en problema político, y creo que todos los esfuerzos son pocos en este tema.
Acabaré diciendo e invitándoles a hacer nuestro el lema de la celebración del día contra el racismo y la xenofobia: "igualdad para vivir, diversidad para convivir". Las conclusiones, ustedes mismos.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sancho.
Va a procederse a la votación de la toma en consideración de la Proposición de Ley de creación de la oficina de información y asistencia a inmigrantes, presentada por el Grupo Parlamentario Convergencia Alternativa de Aragón-Izquierda Unida.
Señores Diputados que estén a favor de la toma en consideración, levanten el brazo, por favor. (Pausa.) Señores Diputados que estén en contra de la toma en consideración. (Pausa.) Por treinta y un votos a favor y treinta y cuatro en contra, queda rechazada la toma en consideración de la Proposición de Ley mencionada.
Explicación de voto de los Grupos Parlamentarios. El Portavoz del Grupo Parlamentario Convergencia Alternativa de Aragón-Izquierda Unida, tiene la palabra por cinco minutos. Renuncia a ello.
¿Portavoz del Grupo Parlamentario Popular? ¿Renuncia? ¿Portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés? ¿Renuncia? ¿Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista?

El señor DIPUTADO (AROLA BLANQUET) (Desde el escaño): Yo quiero resumir en nombre de Izquierda Unida, me atrevo a hacerlo, y de mi Grupo Parlamentario en una sola frase: "Nada de lo humano nos es ancho ni ajeno". Por eso hemos votado a favor, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: La frase es de Terencio: "Nada de lo humano me es ajeno".
Con esta última intervención, no la mía, es obvio, queda concluido el segundo punto del Orden del Día.
Tercer punto. Debate conjunto de las siguientes Proposiciones no de Ley. Saben ustedes que se han presentado tres Proposiciones no de Ley, relativas a la problemática de RENFE en las provincias de Huesca y Teruel, tres Proposiciones, dos del Partido Aragonés y Partido Popular conjuntas, y una tercera del Grupo Parlamentario Socialista. Como la materia es común, el debate va a ser común, por lo tanto, el debate es conjunto y comenzamos por la defensa y presentación de la Proposición no de Ley número 1/92, presentada por los Grupos Parlamentarios del Partido Aragonés y Popular, cuya defensa conjunta les corresponde. El señor Conejero tiene la palabra, cinco minutos, señor Conejero.