Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón
Interpelaciones
Interpelación núm. 13/20, relativa a los juzgados de paz.
Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón n°: 013 de Plenos (X Legislatura)
Intervinienen: Vaquero Periánez, María Del Mar - Pérez Esteban, María Teresa
El señor PRESIDENTE: Buenos días, vayan tomando asiento.
Vamos a retomar el Pleno [a las nueve horas treinta y un minutos] con la interpelación número 13/20, relativa a los juzgados de paz, formulada a la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales por la diputada señora Vaquero, para lo cual tiene la palabra.
Interpelación núm. 13/20, relativa a los juzgados de paz.
La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Gracias, señor presidente.
Y, señorías, abrimos esta sesión hablando de los juzgados de paz. Habitualmente hablamos de los juzgados de paz para reclamar mejoras en relación a los medios materiales, a los recursos de personal. Recientemente, mi grupo parlamentario hizo una pregunta por las deficiencias que existían en algunas de las agrupaciones de secretarías de juzgados de paz como Binéfar, Cella, Alcorisa, que incluso se mantuvieron días cerrados por la falta de personal que pudiera recibir a los aragoneses.
Pero hoy vamos a hablar también de los juzgados de paz en cuanto ese elemento de cohesión territorial que constituyen en Aragón. Una herramienta de vertebración que sirve para acercar, para garantizar un servicio público más ágil y más cercano a todos los aragoneses. Son el primer eslabón de la justicia, y por eso hablo de agilidad y de facilidad, porque, en este complejo entramado de la justicia, es obvio que los juzgados de paz, con las funciones que cumplen, tanto en el papel para diluir a veces desavenencias vecinales, juicios de faltas de menor rango, pero también una función muy importante como es la del Registro Civil.
Prácticamente, la única función en algunos de estos juzgados de paz es la del Registro Civil, y me gustaría, señora consejera, que nos explicara cómo va afectar, a partir del próximo día treinta de junio, la Ley de Registro Civil, que, salvo que haya una enésima moratoria, una nueva prórroga, ya que se mantiene esa permanente vacatio legis desde el año 2011, cómo va a afectar a los juzgados de paz y a los registros civiles aquí en Aragón. Si en Aragón estamos preparados para que se lleve a cabo la aplicación de esa ley, que, precisamente, desde 2011 no se ha aplicado por la complejidad que implica y por el cambio radical de los registros civiles. ¿Qué va a pasar con los funcionarios de Justicia que actualmente pues prestan este servicio en los registros civiles, en los juzgados de paz?, y, en definitiva, si estamos preparados en Aragón para la aplicación inminente de esta ley a partir del próximo treinta de junio. Y, también, ¿cómo va esa digitalización de los registros civiles, que es imprescindible para que esta ley pueda ser aplicada?
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vaquero.
Su turno, señora Pérez.
La señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales (PÉREZ ESTEBAN): Gracias, señor presidente.
Buenos días, señora Vaquero.
Me hacía usted una interpelación y concretamente lo que me pregunta es por la política del Gobierno de Aragón en relación con la organización, el funcionamiento y la distribución de los juzgados de paz, y creo que es conveniente hacer una distinción entre lo que es juzgados de paz y agrupaciones de secretarías de juzgados de paz. Creo que ese matiz es importante porque, como usted bien, conoce bien sabe, los juzgados de paz dependen directa y orgánicamente de la estructura del ministerio, del Gobierno central, y son las agrupaciones de secretarías de agrupaciones de paz, que permite precisamente la propia ley, las que dependen directamente de la comunidad autónoma, y no todo. Es decir, depende la dotación, precisamente, de personal para, como usted bien dice, hacer cercana la prestación del servicio de la justicia al ciudadano.
Por lo tanto, me parecía importante hacer una contextualización normativa, porque no es lo mismo juzgado de paz que agrupaciones de secretarías de juzgados de paz.
Aragón es una de las once comunidades autónomas que tenemos la justicia transferida en nuestro país, y yo creo que se ha hecho una excelente labor, en los últimos años, de modernización de infraestructuras judiciales, así como todo lo que tiene que ver con la modernización, todo lo que tiene que ver con la de Administración electrónica, también en materia de justicia y los importantes avances que ha dado el programa o el sistema Avantius, fundamentalmente puesto en marcha la pasada legislatura.
Sin embargo, a la hora de analizar estas competencias, yo creo que es importante insistir en que se asumen en el seno de una organización de carácter instrumental, que hablamos de colaborar con uno de los poderes del Estado y que, por tanto, el Gobierno de España mantiene determinadas competencias que las comunidades autónomas nunca podrán asumir, entre ellas, como le decía, la propia arquitectura judicial, que, por sentido común, ha de tener una única configuración en todo el Estado.
El principio de organización de la propia jerarquización de la justicia siempre, siempre quedará en manos del Ministerio de Justicia, pero sí que es verdad que tenemos distintas competencias.
En primer lugar, los funcionarios de Justicia dependen orgánicamente de la comunidad autónoma en la que prestan los servicios. Podemos determinar las necesidades que sobre este personal puede haber en el territorio y elevar una propuesta de aumento al Ministerio de Justicia. Insisto: proponer, en ningún caso adoptar la decisión final sobre esa dotación. Nombrar los funcionarios interinos en caso de necesidad, en caso de vacantes, y competencias en aspectos relacionados con la selección, la formación inicial y continuada y la jornada laboral.
Los juzgados de paz están regulados por ley orgánica, Ley 6/1985, del Poder Judicial y, en concreto, los artículos 99 a 103.
Y en esta propia ley dice que, en cada municipio donde no exista un juzgado de instrucción o de primera instancia y con jurisdicción en el término correspondiente, habrá un juzgado de paz.
Como bien conoce, ha habido numerosas normativas que han ido descargando precisamente —usted lo ha reconocido en su primera intervención, faltas en función de la cuantía económica—, se han ido limitando las funciones que tienen los juzgados de paz.
Por su parte, el Real Decreto 257/1993 de 19 febrero, regula las agrupaciones de secretarías de juzgados de paz y esas tareas las realizan los ayuntamientos, están ubicadas en los ayuntamientos.
En los juzgados de paz, normalmente, como usted decía —y le preocupaba, que eran las funciones de Registro Civil, entiendo que esta interpelación solo tiene esa única duda o preocupación por lo que he visto en su intervención inicial—, los juzgados de paz normalmente lo hacen los ayuntamientos, los funcionarios de los propios ayuntamientos, la mayoría de ellos los secretarios, y es en el caso de las agrupaciones de secretarías cuando el personal dependiente la comunidad autónoma, en total, estamos hablando de veintisiete agrupaciones en Aragón, seis en la provincia de Huesca, siete en Teruel y catorce en Zaragoza, con un total de sesenta funcionarios de Justicia que dependen directamente del Gobierno de Aragón, aunque recuerdo que el 68% de los municipios de Aragón no están integrados en ninguna agrupación.
En cuanto a la ley a que usted hace referencia, del 2011, por cierto, un cambio normativo —y concluyo con esto y sigo en la siguiente intervención— que todo el mundo valora positivamente, puesto que los registros de los juzgados de paz están regulados por leyes ya absolutamente anacrónicas, desde hace muchísimos años y que requieren una actualización..., fíjese, las propias agrupaciones de secretarías de juzgados de paz están realmente hechas hace treinta años, y usted es plenamente consciente de la dificultad que supone cambiar, cuando asumimos las trasferencias, cambiar el organigrama del personal ante el Ministerio de Justicia, y, bueno, pues hay realmente realidades que no están en este momento recogiendo la realidad. Hablo de municipios que usted puede conocer: María de Huerva, Cuarte de Huerva, por su población en el momento en el que se definieron y en el que se instalaron esas agrupaciones contaban con una población que ahora mismo..., es decir, es necesario hacer una revisión.
Y esta nueva ley del 2011, que, paulatinamente, se han ido pidiendo moratorias por la dificultad, porque, en primer lugar, lo que exige es una digitalización de la información de los registros civiles, creo que tiene muchísimas virtudes y alguna cuestión que, desde luego, podemos discrepar y que desde el Gobierno de Aragón vamos a hacer una defensa a ultranza, como es la autonomía local, y en los propios ayuntamientos sigan manteniéndose esos libros de registro, bien, pues es absolutamente imposible de poder poner en marcha, a treinta de junio, como la propia ley indica.
Nosotros ya le hemos pedido al ministerio que, desde luego, haga una moratoria, haga una prórroga porque es absolutamente imposible, y en realidad es imposible porque no está hecha ni la plataforma precisamente que tiene que soportar esa digitalización. Esa ficha de que, cuando un niño nazca, va a tener una hoja recogida en esa plataforma electrónica. Esa plataforma no está, o sea que es materialmente imposible. Pero seguro que surgirán nuevas dudas en su intervención y después haré la mía.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Señora Vaquero, su turno de réplica.
La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Pues, señora consejera, así es.
Existe preocupación en determinados sectores, fundamentalmente en los funcionarios de justicia que actualmente prestan sus funciones en estos juzgados de paz, en estas agrupaciones de secretarías juzgados de paz.
Efectivamente, usted ha dado esos datos de las veintiséis que existen en Aragón, los sesenta funcionarios, y le faltaba el dato de los ciento treinta y cinco municipios a los que prestan esos servicios, pero realmente lo que más nos preocupa es que no sabemos cuáles son las intenciones actuales del Ministerio de Justicia, porque el señor Sánchez es obvio que ha tenido otras prioridades y que ha tenido tres preocupaciones y aún no sabemos qué es lo que va a pasar.
Usted ha dicho que han trasladado al ministerio esa preocupación, me gustaría que nos dijera en qué forma la han trasladado, haciéndoles ver la dificultad que existe en una comunidad autónoma como Aragón, si se lleva a cabo la supresión de esas oficinas registrales, el vaciamiento y el desmantelamiento de la principal función que tienen los juzgados de paz, con ese papel vertebrador, como decía, que existe en el conjunto de España también, en esa España vaciada, que a nosotros a partir de ahora nos va a gustar más llamarla la España de las oportunidades, porque es una España de oportunidades.
Hay otra función también que tendremos que empezar a hondar en ella y es esa digitalización; le he preguntado cómo va el proceso de digitalización de los libros de los registros civiles. Fue uno de los retos que usted anunció en su primera comparecencia para esta legislatura, y, claro, el hecho de que todavía no se conozca con rotundidad si se va llevar a cabo esa reforma de la Ley 20/2011, de 21 de julio, sobre Registro Civil, nos hace pensar que usted tiene muy claro que no se va aplicar, pero, desde luego, desde este grupo parlamentario ya le decimos que tiene ya nuestro apoyo para dirigirse al Gobierno de España y lleve a cabo esta reforma.
De hecho, lógicamente, a raíz de esta interpelación, mi grupo parlamentario presentará una proposición no de ley para que se lleve a cabo precisamente el mantenimiento de los juzgados de paz, de esas oficinas registrales que garanticen la accesibilidad a un servicio público y gratuito, que es fundamental, que se lleve a cabo también el reconocimiento de los derechos de esos funcionarios de justicia y que, lógicamente, se mantenga esa red de oficinas para que no haya que desplazarse, tal y como prevé la ley, a tres de las oficinas de la Comunidad Autónoma de Aragón en las capitales de provincia, dos más de ellas, salvo que usted me diga lo contrario, que hubiera en Zaragoza, en la provincia de Zaragoza por población, y no sé si el Gobierno de Aragón prevé que sería posible el mantenimiento de alguna oficina registral más.
Que coste que al Grupo Parlamentario Popular no nos parece mal esa modernización que se lleva, que se quiere llevar a cabo de los registros civiles; es obvio que es posible aplicando las herramientas oportunas llevar a cabo la informatización y también el acceso electrónico, pero en Aragón, creemos que no se cumplen las condiciones por esa gran brecha digital que existe en el medio rural para garantizar que todos los aragoneses, cuando quieren obtener un documento, necesitan solicitar cualquier tipo de certificación, que es lo que fundamentalmente atienden los juzgados de paz, esto esté garantizado, porque nos imaginamos... ¿Cómo se va llevar a cabo?: ¿todos los libros de registro civil se van a llevar a esa oficina central, o se van a mantener en los diferentes ayuntamientos en los que están depositados? Cuando se vaya pedir una certificación, si ya no existen esas funciones de Registro Civil, ¿quién lo va hacer?, ¿el personal que está en el ayuntamiento en el juzgado de paz, que ya no tiene asignada esa función, y lo va a enviar a Zaragoza, Huesca o Teruel para que certifique?, ¿cómo se va hacer esto?, ¿se van a trasladar?, ¿no se van a trasladar?, ¿quién va a hacer esas funciones?, ¿quién va a firmar? Porque, claro, son funciones muy importantes y permanentes de ese servicio, como digo, público y gratuito, las inscripciones de nacimiento, de matrimonio, los expedientes de matrimonio, que parece ser que se van a atribuir a los alcaldes y a los secretarios, y no sé si están suficientemente informados; lógicamente, requerirán también una formación, pero este es el día a día de esos juzgados de Paz.
Incluso para cuestiones tan importantes como para las certificaciones o fes de vida de vida para el cobro de pensiones, en materia de jubilación, en materia de dependencia; es decir, en estos momentos creo que se puede producir una alarma si no se conoce qué es lo que se va a hacer nuevamente con la aplicación de esa ley, que, como digo, supondría el desmantelamiento y el vaciamiento, una vez más, de un servicio en el medio rural.
La Constitución del 78 ya se puso manos a la obra para llevar a cabo la descentralización de muchos de esos servicios públicos, con ese espíritu de cercanía para aquellos pueblos que no gozaban de los mismos servicios que gozan otros pueblos u otras ciudades.
Por eso, sobre todo, bueno, creo que en estos momentos no existe la suficiente información, le puedo asegurar que en conversaciones que hemos mantenido con muchos alcaldes, con muchos concejales, no tienen conocimiento de lo que va a suponer la entrada en vigor de esta ley el día 30 de junio.
Me gustaría que concretara aún más, que, tal y como ha dicho, que se han dirigido, que ya han hecho esa gestión, pues que me dijera cómo se han llevado a cabo, porque el ministro de justicia, lógicamente, ha sido recientemente nombrado, y sí que nos interesa también si ustedes han llevado a cabo alguna reunión con los secretarios, con la FAMP incluso, ustedes tienen una relación muy directa con la FAMP y la ponen en valor, sobre todo cuando quieren llegar a importantes acuerdos en estas Cortes, aunque no estén representados allí todos los grupos parlamentarios, pero queremos saber también si a través de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias han llevado alguna gestión, porque me consta que muchos de los alcaldes que están allí trabajando y que representan al conjunto de alcaldes de Aragón no tienen absolutamente ninguna información de cuáles van a ser las consecuencias de la aplicación o de la entrada en vigor de esta ley, de cuáles son las previsiones del Gobierno, de si va a reformar esta ley; yo les tengo que recordar que el Partido Popular ya en la anterior legislatura presentó una proposición de ley para llevar a cabo esta reforma.
Me gustaría saber si ustedes estarían dispuestos a apoyarla y, en su caso, como digo, llevar a cabo el apoyo para esta reforma, porque hoy ni en la mayoría de las comunidades autónomas ni las agrupaciones de secretarías de juzgados de paz ni en los juzgados de paz, me consta que en el conjunto de España, como digo, pero tampoco en Aragón, se reúnen las condiciones para asumir la aplicación de esta ley, y, obviamente, ello supondría dejar fuera de un servicio público, gratuito y lo que constituye el eslabón con la Administración de la justicia a muchos aragoneses.
Muchísimas gracias.
[Aplausos].
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vaquero.
Su turno de dúplica, señora consejera.
La señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales (PÉREZ ESTEBAN): Gracias, presidente.
Señora Vaquero, dice que hay dudas, que hay incertidumbre, entiendo que cada vez que se ha ido a poner en marcha esta ley, se ha pedido una moratoria; ocho años estuvo el Partido Popular, y no la puso en marcha, pero es verdad que yo sí que le he visto y agradezco además en suma una evolución de sus posiciones, porque en el momento en que se estuvo hablando de esto hubo una propuesta del Gobierno del señor Rajoy, que era privatizar precisamente los registros civiles y que fueran los registradores de la propiedad quienes llevara a cabo ese servicio, lo cual era un coste al ciudadano y que han desechado, entiendo, yo creo que eso lo saludamos y lo agradecemos todos.
Tenemos en Aragón doscientos trece registros civiles; me consta, y he estado hablando con alcaldes, con alcaldesas, con la federación, con las diputaciones provinciales, con sindicatos, desde el propio servicio en la Dirección General de Administración Local, y yo creo que lo que hay que pedir es tranquilidad, y aquí en este Parlamento, independientemente del Gobierno, es para informar y para entre todos generar un ambiente y un entorno de seguridad y de tranquilidad y de confianza.
Insisto: tenemos veintiséis agrupaciones en veintiséis ayuntamientos, bueno, son veinticuatro agrupaciones más dos de municipios mayores de siete mil habitantes, que es el caso de Andorra y el caso de Tauste, que están en esa misma condición de agrupación de secretarías. Y lo que está claro es que es, en esa propia ley que usted planteaba dudas de cómo hacerlo, regula precisamente el procedimiento, y es una ley compleja, yo tengo que decir, porque es un cambio cualitativo y cuantitativo de relacionarnos precisamente y conceptual también de lo que tiene que ser un Registro Civil al margen de lo que tiene que ver la justicia, ¿no?, hacer exactamente un trámite civil.
Y, efectivamente, todo lo que supone de ventajas y de beneficios, que yo creo que lo son, en esa digitalización, le tengo que decir que nosotros estamos iniciando dos procesos de digitalización en dos partidos judiciales, en el partido de Calatayud y en el de Huesca, como proyecto piloto, que suponen en torno a cuatrocientos mil euros de inversión, y que ese proceso digital de digitalización lo tenemos que hacer junto al Ministerio de Justicia, sin ningún tipo de duda, porque ellos son quienes tienen el operativo.
Esa digitalización permite que cualquier ciudadano pueda pedir un certificado de nacimiento, de defunción, de matrimonio en cualquier sitio, es decir, una persona de Calanda puede venir a Zaragoza a expedir un certificado o una persona de Zaragoza en Calanda podrá expedir un certificado. Eso, evidentemente, tiene que llevar un tiempo, por eso es absolutamente necesaria una moratoria, y estoy convencida de que el ministerio así lo va a autorizar, porque es consciente, él propio, de la gestión, y además no está la plataforma.
Y, en segundo lugar, le decía que no vamos a permitir y, desde luego, vamos a tener una iniciativa proactiva, junto a los ayuntamientos, que se saquen los libros de registro de los ayuntamientos, que es otra de las amenazas que tienen y es otra de las amenazas que se están alimentando también a los ayuntamientos para generar más sospecha, más incertidumbre y más ruido sobre esto.
Fíjese, nosotros hemos pedido también..., creemos que los libros de registro son documentos históricos —no creemos, es así—, y hay una Ley de patrimonio que te exige, precisamente, la conservación de esos libros. Hemos pedido presupuesto de cuánto cuesta, porque vamos a hacer un plan también de restauración y de recuperación de esos libros de registro que forman parte del patrimonio de los pueblos y que, desde luego, vamos a ayudar para que no salgan.
Nos dicen que cada libro cuesta en torno a ciento cincuenta euros. Son multitud, cientos de libros, en muy malas condiciones muchos de ellos, e, insisto, creo que esta ley permite [corte automático del sonido]... permite generar servicios, acceder a los servicios, independientemente de dónde vivas, pero, evidentemente, tiene una complejidad de desarrollo, que estoy convencida de que el propio Ministerio de Justicia es consciente y que va a atender la petición de las comunidades autónomas en pedir la prórroga necesaria para hacerlo con eficacia y, desde luego, para no equivocarnos.
Gracias. [Aplausos].
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora consejera.