Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón
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Comparecencia de representantes de Cáritas Diocesana y de la Comisión de Defensa de Inmigrantes para informar sobre el centro de detención de extranjeros General Mayandía.
Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón n°: 057 de Serie B (III Legislatura)
Intervinienen: Ciria Cosculluela, Angel - Falco Bourdet, Teresa - Burriel Borque, Adolfo - Fierro Gasca, Maria Pilar - Lapetra Lopez, Gonzalo - Calleja Martinez, Eugenio - Calvo Lou, Valentin - Sancho Antonio, Begoña
El señor Presidente (CONTIN PELLICER): Se abre la sesión. [A las once horas y cincuenta minutos.]
Solicitó el presidente de Cáritas, y también la Comisión de Defensa de Inmigrantes, al Presidente de las Cortes la comparecencia ante esta Comisión de Peticiones y Derechos Humanos, para debatir los problemas del centro de detención de extranjeros General Mayandía. Para ello comparecen doña Teresa Falcó, por parte de Cáritas, y don José Carlos Ciria, por parte de la Comisión de Defensa de Inmigrantes.
Tiene la palabra cualquiera de los dos.
El señor CIRIA COSCULLUELA: Buenos días.
Para empezar y para definir un poco lo que es nuestra filosofía, nuestro planteamiento básico en el trabajo de inmigrantes, en el cual tenemos ya un par de años de experiencia, personalmente, decir que de entrada nos cuestionamos numerosos puntos de la Ley de Extranjería, desde el punto de vista de lo que es el espíritu de la declaración de los derechos humanos y de lo que nosotros entendemos que es una postura solidaria, tanto a nivel interno como internacional. Pero, bueno, aceptamos que lo que hay hoy en día es esa Ley de Extranjería, y que, de momento, es el marco legal al que tenemos que ceñirnos. En concreto, nos queremos centrar en el tema de los internamientos, el tema de la privación de libertad de inmigrantes, extranjeros, a los que, por una razón u otra, por cuestiones administrativas se les plantea la posibilidad de expulsión de España.
No sé si han leído todos el informe que hemos hecho; podemos hacer un resumen muy rápido. Cualquier licenciado en Derecho puede decir que sólo se aplica pena de privación de libertad a personas que tienen una causa penal pendiente. La Ley de Extranjería amplía esto en el sentido de que se puede privar de la libertad a gente que, sin tener causa penal, lo único que tiene es una causa meramente administrativa, como el hecho de no tener los papeles en regla o, bueno, haber entrado de forma ilegal en este país. Se cuestionó esto en su día ante el Tribunal Supremo, está escrito en el informe, y la respuesta del Tribunal Supremo fue que era lícita esta privación de libertad, pero teniendo en cuenta una serie de condiciones: que tenía que tener un carácter excepcional, por ejemplo, y, sobre todo, que tenía que tener un carácter no aflictivo. En este aspecto estamos realizando visitas desde junio del año pasado, y hemos detectado numerosas irregularidades en la forma de llevarse a cabo esta ley o este planteamiento.
De entrada, el Tribunal Constitucional especifica y dice claramente que esta privación de libertad supone una medida con un carácter excepcional. Quiere decir: detienes a un señor y, mientras tramitas su expulsión, si hay sospechas de que puede escaparse. Por decirlo claramente, se puede crear esta idea, pero siempre con carácter excepcional. Por nuestra experiencia, que es de julio a septiembre del año pasado, de todos los expulsados de Aragón, el 40% habían estado internos, ingresados en General Mayandía. Ya, de entrada, no se respeta el carácter excepcional.
Tampoco se están cumpliendo exactamente todas las garantías legales que tiene un internado. Dicho de otro modo: la postura o los deberes del juez que decreta un internamiento en el extranjero por estas condiciones, por esta causa, es un poco comparable al caso de un menor, a un tribunal de menores; el juez tiene una misión tutelar, así como el fiscal. Aquí, en ningún momento, ningún juez de los que han decretado el internamiento de un extranjero se ha preocupado lo más mínimamente por ver en qué estado están las instalaciones o por ver cómo se está llevando todo el proceso.
Hay también problemas con los abogados. Toda persona, sea de la nacionalidad que sea, que tiene una causa pendiente, tiene derecho a estar informado de su situación. Eso implica, por ejemplo, tener un traductor que le informe en todo momento. Repito: nos hemos encontrado con gente que estaba ingresada en el centro y que no tenía una idea clara y exacta de cuál era su situación, cuál su situación legal, sus posibilidades, que podía recurrir, etcétera. Una anécdota, por ejemplo. Se extiende el límite de los cuarenta días; detienes a un señor, inicias un trámite de expulsión, y puedes tenerlo internado un máximo de cuarenta días. Si al cabo de cuarenta días el trámite no ha llegado a fin, lo tienes que dejar en la calle, aunque el proceso de expulsión siga adelante, y cuando se decrete la expulsión a ese señor se le expulsa. Yo me he encontrado con numerosa gente que está convencida de que si aguantas los cuarenta días ahí, te echan a la calle y no vuelves a tener ningún problema. Otro ejemplo: se dice explícitamente que el período de internamiento máximo es de cuarenta días, que no sirve dejarlo luego siete días en la calle, volverlo a pillar otros cuarenta días, y así sucesivamente.
Por fin, queríamos centrarnos en las condiciones de lo que es el centro de internamiento de General Mayandía. La sentencia del Tribunal Constitucional establece que estas detenciones tendrán un carácter no aflictivo y en un centro que no sea una comisaría ni un centro penitenciario.
No entendemos cómo puede tener un carácter no aflictivo un internamiento de unos señores en unos sótanos de General Mayandía, que no sé cual sería su intención original, pero no cumple una serie de requisitos básicos de rehabilitación: no hay aireación; las únicas entradas de aire son un par de ventanas que están en el techo y que dan al patio interior de la comisaría; están internados en un sótano... En el Mayandía no hay sitio previsto para que puedan salir a tomar el aire fresco; lo único es eso: el patio interior lleno de furgonetas de vehículos de la Policía.
Hay un montón de situaciones, de derechos, que tiene un señor que está en la cárcel, con una causa penal -insisto-, y que estos inmigrantes no tienen. Por ejemplo, el tema de las visitas. En los primeros meses, para visitarlos, había que hacer el trámite vía al centro de extranjeros, que antes estaba en el paseo de María Agustín (luego se pasó a San José); hablar con el jefe de servicio; que te concediera permiso; ir a Mayandía y, por ahí, entrar. Nosotros, como institución, pues, bueno, nos ateníamos a estos permisos; pero los que eran amigos, o novias, o familiares, o sencillamente amigos, se encontraban con problemas de este tipo. Me explico: una institución tiene bastante tiempo y tiene bastante gente como para pulsar un montón de teclas, como para ir a hacer cola hoy a San José y repetir mañana y, pasado, pasarte por el Mayandía; pero un particular no tiene acceso a tanto, no tiene tanto tiempo disponible.
Por otro lado, se nota la falta de unas normas claras o de un reglamento (si lo quieren llamar as)í, en el sentido de que lo que antes nos valía para visitar a estas personas, si hoy nos vale, al día siguiente ya no. Un día podíamos entrar y al día siguiente, en función de algún requisito que nunca antes se nos había pedido, se nos negaba. En concreto, el 19 de septiembre, cuando ya llevábamos acudiendo al centro desde julio, se nos dijo que no valía la lista, no valían las personas que estaban autorizadas y que teníamos que volver a solicitar el permiso. Se tardó cuarenta días, en los cuales nadie tuvo acceso al centro de internamiento.
Cuando vamos nos toca que los extranjeros internados nos pidan cosas tan básicas como cubiertos, jabón o maquinillas de afeitar, cuando nosotros entendemos que si un juez decreta el internamiento de una persona, ese juez, o la policía, o alguien del Estado, es responsable de que esa persona tenga todo lo que necesita para sobrellevar dignamente todo ese internamiento.
La señora FALCO BOURDET: Bueno, repetir lo que se ha expuesto, incidir a lo mejor un poco en el tema de la salud también de los internos. Cuando hay algún caso de salud, los internos van a urgencias, al Hospital Provincial, pero en casos que hayan necesitado un especialista no se ha tenido porque no hay cobertura sanitaria para ellos; entonces, ha habido un caso de un drogadicto, en proceso de desintoxicación, que se ha paralizado ahí, o un menor que estaba ingresado en el Clínico, que traía problemas psiquiátricos, y, bueno, el intento de suicidio y todo eso. Bueno, la atención especializada o un seguimiento a las personas que puedan estar hasta cuarenta días ahí, con todo lo que lleva, que sean doce personas y no una sola la que está detenida...
El señor CIRIA COSCULLUELA: En numerosas ocasiones nos han solicitado que llevemos medicamentos, y, si tienes problemas de salud, el estar dependiendo de más o menos la buena voluntad o caridad de unas organizaciones que no siempre tienen acceso libre al centro, creemos que es bastante peligroso.
La señora FALCO BOURDET: Sí, entonces, contando con todo el procedimiento que conlleva, notamos muchas carencias y muchas limitaciones que afectan gravemente a la situación de las personas; pero en cuanto a la infraestructura del centro, a la dotación, al acompañamiento a estas personas, a nivel sanitario, de psicólogos, de asistencia..., entonces, pues solicitarles algún tipo de compromiso, algún tipo de toma de postura ante esto, en colaboración con el Ministerio del Interior, que es de quien depende el centro General Mayandía, en colaboración con el Gobierno Civil. Nos gustaría que pudieran visitar los Grupos Parlamentarios el centro de internamiento, hablar con los internos y constatar y presentar algún tipo de informe al Gobierno Civil. Nosotros hemos querido dialogar con el Gobierno Civil. Todavía no hemos obtenido respuestas; están informándose del tema desde hace varios meses sin dar respuesta. Entonces, pedir también colaboración en eso, es decir, en la toma de postura por parte de otras autoridades interesadas en el tema.
El señor CIRIA COSCULLUELA: Explicitar que ya hay por lo menos un par de denuncias relacionadas con la situación del centro: una, relativamente reciente, sobre la falta de calefacción (y estamos en lo más crudo del invierno), y otra, bastante anterior, por parte de una abogada, por problemas a la hora de asistir a su cliente.
La señora FALCO BOURDET: El problema de los intérpretes, a la hora de los derechos de los internados también es grave: ellos fácilmente desconocen su situación, pero por problemas de idioma.
El señor Presidente (CONTIN PELLICER): Muchas gracias a los comparecientes.
Suspendemos durante diez minutos la intervención, y la reanudaremos con la intervención de los distintos Grupos Parlamentarios.
El señor Presidente (CONTIN PELLICER): Se reanuda la Sesión.
Tiene la palabra el señor Burriel, de Izquierda Unida.
El señor Diputado BURRIEL BORQUE: Gracias, señor Presidente.
Yo supongo que todos sus señorías saben o, al menos, tienen noticia de que la Ley de Extranjería, la ley del año ochenta y cinco, es de las leyes similares europeas más restrictivas, y que esto ha sido dicho y repetido en foros jurídicos, en foros nacionales, en foros internacionales, en foros, fundamentalmente, a los que la aplicación de esta Ley afectan.
En último y casi en primer extremo esta Ley es la traducción legal de una actitud en relación con la política de inmigración, que es la actitud del Gobierno de España, o, dicho de otra manera, es la traducción de una función, que es la función que ha sido adjudicada a España en relación con la política sobre inmigrantes en el conjunto de Europa. El centro de atención General Mayandía es una de las formas concretas en las que casi por necesidad, aunque no por juridicidad, se viene expresando la Ley de Extranjería española, de 1985. Yo no sé si seré el único Diputado, de los aquí presentes, que conoce el centro de detención y que, por tanto, puede hablar con el conocimiento que da el haber tenido acceso al mismo, el tener conocimiento de todas las circunstancias y el tener y recibir información periódica de cómo las cosas ocurren allí; por eso me referiré exclusivamente a una cuestión y anunciaré el desarrollo, por parte del Grupo de Izquierda Unida, de una propuesta.
Una cuestión: la sentencia del Tribunal Constitucional, dictada como consecuencia del recurso interpuesto por el Defensor del Pueblo, en relación con los centros de detención. En esta sentencia (algunos de sus señorías con seguridad la conocen) se señala, con meridiana claridad, que no estamos ante centros de detención, es decir, que no estamos ante centros equivalentes, paralelos ni asimilables a lo que son los lugares de detención (o, dicho de otra manera, a lo que son las cárceles); que la única garantía, o que el único derecho del que se priva a las personas sometidas cautelarmente a detención, durante los cuarenta días, es el de la libertad, pero el de todas las demás condiciones debe de estar garantizado. El centro General Mayandía, desde luego, no garantiza, mínimamente, el desarrollo de estas condiciones. Se trata de un sótano, como aquí se ha señalado, con una deficiente ventilación, con unas dependencias reducidas; en algunos momentos ha sido ocupado por más de doce personas (en algunos momentos excepcionales, indudablemente) y, desde luego, con carácter esporádico ha sido ocupado por más de doce personas; la comida -también creo que se ha señalado- es transportada por voluntarios, normalmente fría, desde la estación de El Portillo; no existen lugares para el esparcimiento, incluso para poder caminar; hay dificultades para la recepción de visitas; hay dificultades, incluso, para los contactos profesionales de los propios retenidos, que, en algunos momentos, además, en algún proceso de tramitación de expedientes es fundamental. Y, desde luego, me consta que muchos de los presentes, conocidas las situaciones de cárceles, preferirían estar -y lo digo con toda la crudeza- en una cárcel antes que en este centro de detención, porque podrían pasear, podrían tener acceso a medios de información que nadie les puede impedir (como pueden ser libros y bibliotecas), podrían, además, recibir visitas de una manera efectivamente controlada, si bien en el centro este las visitas deberían ser absolutamente libres, y otros muchos de los medios deberían estar a disposición de los retenidos sin ningún tipo de cortapisa.
Por tanto, yo creo que es evidente que estamos ante una de las circunstancias, ante uno de los lugares donde no se garantizan no ya los derechos de las personas retenidas, sino que no se garantiza el mandato constitucional, en relación con la existencia de estos centros, con el origen, con las características, con las funciones, con las medidas que estos centros deben garantizar.
Yo quería reiterar estas cuestiones, que, por otro lado, han sido expuestas por los comparecientes, que figuran, parcialmente también, en un informe que hace pocos días recibimos y que creo que son conocidas y que han aparecido en distintos medios de comunicación, a lo largo y ancho de fechas pasadas. Ha habido que poner servicios desde fuera para las personas allí retenidas: servicios de traducción (que se han señalado), servicios de asistencia jurídica; se han tenido que colocar, después de varias denuncias, medios de calefacción suficientes; la humedad sigue sin retirarse, etcétera, etcétera. Esto sirva, en todo caso, también si se me permite, como información a sus señorías, sobre todo para los que no lo conocen, y, quizá, como aliciente o acicate, para que se den una vuelta por el propio centro y tengan acceso a estas cuestiones que son de verdad, desde nuestro punto de vista, trascendentes e importantes.
El anuncio al que me refería: nuestro Grupo presentará, en fechas próximas, una proposición no de ley para que se inste al Gobierno de la nación con el fin de que el centro de detención de General Mayandía desaparezca porque es imposible, además, su modificación para adecuarlo a sus funciones, y para que, en todo caso, el centro similar que se cree en esta Comunidad sea un centro que responda a los mandatos de la propia ley y, desde luego, a las orientaciones y a las expresas orientaciones que señala el Tribunal Constitucional en sentencia, que yo creo que es la referencia fundamental -hay alguna otra sentencia, incluso del Tribunal Supremo, también en relación con esta cuestión- para que eso se haga. Porque parece elemental, porque, en todo caso, si no se cumplen mínimamente las garantías de derechos en un centro como éste, si esto no se cumple, parece obvio que los derechos están por encima y que las personas allí sometidas a detención deberían ser puestas en libertad sin ningún tipo de excusa, independientemente de la existencia de un expediente.
Y creo que tampoco sirve la inspección hecha por la audiencia de Zaragoza, al principio de la puesta en funcionamiento de este centro, donde -si no me equivoco- se hicieron una serie de exigencias, en cuanto a modificaciones, que siguen sin estar cumplidas; al menos, no se han cubierto en su totalidad.
En todo caso, quería dejar constancia, por un lado, de las circunstancias que -insisto- conozco, y, por otro lado, además, de la iniciativa que nuestro Grupo presentará en fechas próximas. Espero que pueda ser apoyada por todos los Grupos y, espero, que con la eficacia que tienen las proposiciones no de ley, no siempre mucha, al menos, demos un paso en la corrección de una situación que no sólo no es la idónea, sino que, además, tiene deficiencias totales.
Gracias, señores Diputados. Gracias, señor Presidente.
El señor Presidente (CONTIN PELLICER): Muchas gracias.
La señora Fierro, por el Partido Popular.
La señora Diputada FIERRO GASCA: Gracias, Presidente. Buenos días.
Lo primero de todo, agradecer a los comparecientes su presencia aquí, el traernos esta problemática, que nos parece preocupante, porque el problema de la inmigración es un problema que nos preocupa en estas Cortes. En febrero del año pasado también tuvimos una representación de inmigrantes, con una problemática diferente, pero también un problema común: el inmigrante es una mano de obra barata, que llega a nuestro país, España, pensando que esto va a ser un paraíso y se encuentra con la triste y dura realidad de que no hay trabajo para los que están, ni tampoco para muchos de los que vienen.
Que la Ley de Extranjería nos guste o nos deje de gustar no es un problema que podamos solucionar en este momento. Sí puedo adelantarles que el Partido Popular, a nivel nacional, para las próximas elecciones, lleva en su programa resoluciones importantes para poder modificar la Ley de Extranjería, la ley de nacionalidad: el crear una comisión, una secretaría de estado única, en la que se puedan ver todos los problemas de los inmigrantes, en lugar de tener que ir de ministerio en ministerio.
Entendemos también que éste es un problema de índole nacional, que poco, desgraciadamente, muy poco, podemos hacer en estas Cortes; pero sí que les agradecería la posibilidad de facilitarnos el modo, la medida para que esta Comisión -y esto se lo rogaría al Presidente y a la Mesa de la Comisión- pueda visitar ese centro, que nosotros no conocemos; el señor Burriel ha dicho que lo conoce pero nosotros no lo conocemos, y entendemos importante conocer esa deficiencia, esa falta de condiciones, esa falta de habitabilidad que sufren allí estos inmigrantes.
Nada más; muchas gracias. Cualquier cosa que quieran de nosotros, aquí estamos. También instar al delegado del Gobierno para que ponga las medidas, porque creemos que es la persona responsable de esta cuestión. También como curiosidad he querido entender, por el informe, que no hay ninguna mujer que haya sufrido este tipo de detención, ¿no? Simplemente eso.
Gracias.
El señor Presidente (CONTIN PELLICER): Muchas gracias.
El señor Lapetra, por el Partido Aragonés.
El señor Diputado LAPETRA LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señores comparecientes.
El tema que nos reúne hoy en esta Comisión puede calificarse de inminente actualidad, tanto en el ámbito internacional, nacional y, por supuesto, en el de esta Comunidad Autónoma. Las conclusiones de este informe, que ustedes nos han presentado, hablan claramente de cómo se encuentran los inmigrantes llamados ilegales. Hay un punto claro, que es la Ley de Extranjería, la cual es de obligado cumplimiento en toda España. Son los jueces y fiscales y, por supuesto, la Policía, los órganos competentes y los que verdaderamente tienen la iniciativa al respecto. No nos parecen bien los hechos que nos dicen que ocurren: el carácter no excepcional en la detención, las condiciones malas de sus instalaciones, el carácter discrecional en las condiciones de visita, traductores, etcétera, al faltar un reglamento.
A nosotros -ya se dijo en un Pleno-, a la Comunidad Autónoma, al Gobierno aragonés no nos parecería mal colaborar con la Administración del Estado para poder paliar el estado actual de estos afectados. Hemos oído, por parte del representante de Izquierda Unida, una proposición que, si se ciñe a lo que sus palabras han manifestado, podría aprobarse, pero no le puedo garantizar el apoyo hasta que no la veamos redactada; si es exclusivamente como usted ha dicho, creo que nuestro Grupo no tendrá ningún inconveniente en apoyarla.
Igualmente, querría decirles que la Comisión, por parte de nuestro Grupo, sí que estaría de acuerdo en visitar este centro y ver in situ cómo se desarrolla lo que ustedes, tanto en el informe como verbalmente, nos han manifestado, porque, yo, al menos, no lo conozco, y sí que creo que sería conveniente que adoptara el acuerdo la Comisión, o la Mesa, de hacer una visita al mencionado centro.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor Presidente (CONTIN PELLICER): Muchas gracias.
Señor Calleja... Perdón, si le parece, interrumpimos, mientras el otro compareciente esté haciendo declaraciones de prensa, porque creo que es necesario.
La señora Diputada SANCHO ANTONIO: Esto no es serio: ¿cómo se va a interrumpir una Comisión de las Cortes? ¡Vamos!, me parece poco serio.
El señor Presidente (CONTIN PELLICER): No sé, no me he enterado... Señor letrado, ¿seguimos? [Pausa.]
Perdón, ha sido una opinión mía. Tiene la palabra el señor Calleja.
El señor Diputado CALLEJA MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Agradecer a la Comisión de Defensa de Inmigrantes y a Cáritas la comparecencia que hoy tienen aquí.
En primer lugar, decir que ésta es una Comisión en la que creemos que la Mesa de esta Comisión debería dinamizar más el trabajo, ser más operativa y recoger las quejas de los ciudadanos. Recordar que en la Legislatura pasada se hizo incluso un folleto -teníamos de Presidente nosotros al compañero señor Carlos Peruga-, se hizo un folleto explicativo en lo que consistía el funcionamiento de esta Comisión.
Trasladar, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, una moción de censura, entre otras razones porque este informe que nos ha sido repartido hoy es un informe que no conocíamos hasta hoy mismo; con lo cual, una Comisión como la del día de hoy va a tratar el tema que refleja el informe, y no es conocido, por lo menos, por nuestro Grupo Parlamentario Socialista.
Por otra parte, este informe está hecho por UGT, Comisiones, Cáritas y la Comisión de Defensa de Inmigrantes. Es decir, que aquí solamente tenemos a Cáritas y a la Comisión de Defensa de Inmigrantes. Me parece importante esta aclaración.
Por otra parte, al tema que se trata, el Grupo Parlamentario Convergencia Alternativa de Aragón-Izquierda Unida en su día formuló una proposición no de ley para el tema de las oficinas de información, proposición no de ley que fue rechazada por el PAR y el Partido Popular, que forman el Gobierno. Estamos, por tanto, quizás, ante impactos en los medios de comunicación, que luego, en la práctica, realmente, no funcionan. Esta oficina de información, a la par con el tema que salió en la prensa también, el tema de los abogados, es un tema que ahí está, salió en la prensa; pero por lo que se refleja, por el informe y por lo que se está diciendo aquí, parece evidente que no está funcionando, y ha sido impulsado por el Gobierno de la Comunidad Autónoma.
Quiero anunciar desde aquí que nuestro Grupo Parlamentario Socialista va a presentar una proposición no de ley para la creación de un plan directorio que se ponga en funcionamiento a través del Gobierno de la Comunidad. Me parece que esta Comisión tiene capacidad, la propia Comisión tiene capacidad para remitir el tema, concretamente en el artículo 61 (Comisión de Peticiones y Derechos Humanos), donde dice, en el punto 1: "La Comisión de Peticiones y Derechos Humanos examinará cada petición individual o colectiva que reciban las Cortes de Aragón, y podrá acordar su remisión, según proceda, por conducto del Presidente de la cámara: a) al Justicia de Aragón, b) al Defensor del Pueblo, c) a la comisión de las Cortes que estuviera tratando del asunto objeto de la petición, y d) a las Cortes Generales, al Gobierno de la nación, a la Diputación General de Aragón, a los tribunales, al Ministerio Fiscal, a las diputaciones provinciales, a los ayuntamientos aragoneses, o, en general, a la autoridad u órgano administrativo competente". Esto viene a colación de la posición o la propuesta formulada por el Portavoz de Convergencia Alternativa de Aragón-Izquierda Unida.
Nada más, y muchas gracias.
El señor Presidente (CONTIN PELLICER): Vamos a ver, la comparecencia, le explico... Muchas gracias, primero. La comparecencia la hace únicamente el señor Baringo, como presidente de Cáritas, primero. Segundo: el defecto de la llegada de la documentación no ha sido, precisamente, sólo a usted, y lo ha podido comprobar antes, ha ocurrido a otros; es lamentable, debe ser evitable, y le doy la razón. Le aseguro que esta Comisión, o esta Mesa, ha cumplido todas las solicitudes de comparecencia que ha tenido hasta la fecha, todas. Ocurre que muchas de las solicitudes de quejas siguen el camino normal del Justicia, y no llegan a esta Comisión, que hace muchas veces que reclamaciones, etcétera, que vayan llegando sigan el trámite normal y habitual a través del Justicia, sobre todo. Y eso es lo fundamental, yo creo que la moción de censura, pues, no sé el trámite cuál puede ser, si es a esta Comisión, o a la Mesa, al funcionamiento del Presidente... Soslayamos, pues, el tema de momento, ¿eh? Gracias.
Entonces, creo que es el momento... Perdón...
El señor Diputado CALLEJA MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Hombre, quiero manifestar que ha sido una censura verbal; pero yo me limito al informe, ¿no? En la última página, en la página 17, ¿verdad?, se habla aquí de la lista de organismos, ¿eh?, y en esa lista de organismos no veo yo en ningún punto..., porque los enumera desde el 1 al 14, y dice al final "otros". Pero entendemos que los Grupos de las Cortes, los Grupos Parlamentarios de las Cortes, y, sobre todo, cuando se viene aquí, deberíamos haber conocido previamente... En ese sentido iba la cuestión. Y para todos los Grupos ha quedado claro en los pasillos que no ha recibido nadie el informe.
Vale. Gracias.
El señor Presidente (CONTIN PELLICER): Tengo la petición del Presidente, de su jefe de gabinete -mejor dicho-, en la que explica que se recibe un escrito de don Pedro Baringo, y don Pedro Baringo deja su teléfono "al objeto de poder determinar con V.I. una posible entrevista". Consideramos que era un tema interesante para tratar en Comisión, y no una simple entrevista conmigo, de fecha 15 de febrero del noventa y tres. Fue difícil encontrar al señor Baringo, contactar con él; por eso hemos tardado un mes, aproximadamente, en hacerlo, pero se intentó nada más recibir la comunicación. Muchas gracias.
Agotado el turno de comparecencias de los portavoces, ¿hay algún Diputado que quiera intervenir?
El señor Diputado CALVO LOU: Gracias, señor Presidente.
Insisto, como ha dicho nuestro portavoz, una vez más, que es competencia del Gobierno central, y que, de la misma forma que se va a presentar una proposición no de ley aquí, anunciada por el Grupo Socialista, en los mismos términos nosotros trataremos de hacer esa misma propuesta en el Congreso de los Diputados y en el Senado, que es donde, verdaderamente, se puede resolver este problema.
Nada más, y muchas gracias.
El señor Presidente (CONTIN PELLICER): Muchas gracias. ¿Alguno más?
Señora Sancho.
La señora Diputada SANCHO ANTONIO: Yo quería, de alguna manera, clarificar, para las próximas comparecencias y para las próximas reuniones -como mi compañero ha leído muy bien el artículo 61- el objeto de estas comparecencias y el objeto de la reunión de la Comisión de Derechos Humanos. Es decir, somos una especie, entiendo yo, a la vista de este artículo 61, de "Justicia colegiado", porque estamos representados todos los partidos políticos del arco parlamentario. Y, entonces, en una comparecencia como la de hoy -y mi compañero lo ha explicado, creo, muy bien- lo único que podemos hacer es trasladar a la Administración correspondiente sus quejas, que nos han parecido lo suficientemente importantes como para hacerlo; pero nosotros no podemos hacer absolutamente nada más.
Entonces, la reflexión que yo pido a los señores Diputados, y, sobre todo, a la Mesa de esta Comisión, es la operatividad de esta Comisión, y me limitaré exclusivamente -creo que lo tengo por aquí apuntado- a decir, hasta ahora, las comparecencias y las reuniones que hemos tenido -las tenía por algún lado, creo-. La primera de ellas fue la de los trabajadores de la base americana; la segunda de ellas fue de los inmigrantes -en ninguna de las dos tiene competencias la Comunidad Autónoma-; la tercera, por supuesto, la del informe del Justicia sobre ancianos; la cuarta, nuevamente, los inmigrantes. Quiero decir que está muy bien que vengan todos los ciudadanos con todo tipo de problemas y con todo tipo de peticiones que quieran hacer a las Cortes, muy bien, pero yo apelo a la operatividad de esta Comisión. Creo que es el debate que se ha establecido, independientemente de la comparecencia -y perdonen los señores comparecientes- de hoy, que, evidentemente, hemos tomado nota, y ya les hemos dicho que vamos a presentar una proposición no de ley y que el Partido Socialista tomará medidas, en la administración que le corresponda, de las quejas planteadas aquí.
Nada más, y muchas gracias.
El señor Presidente (CONTIN PELLICER): Muchas gracias.
Pero, si les parece, seguimos la operatividad normal del turno de preguntas a los comparecientes, y, una vez que ellos hayan terminado con esto, podremos comentar todo lo que ustedes quieran sobre el funcionalismo y la operatividad de esta Comisión. Muchas gracias.
Bueno, pues, si no hay más preguntas, no hay respuestas, así que... Señorita Falcó.
La señora FALCO BOURDET: No, simplemente agradecer esta comparecencia. Aclarar un poco que la solicitud era de parte de Cáritas, a través de Pedro Baringo, pero también de la Comisión de Defensa de Inmigrantes. Cuando nosotros hablamos con la letrada de aquí, así lo entendimos, y que quedaba claro que la solicitud era también de Comisiones Obreras y UGT, que firmaban el informe, pero nos han comunicado que no han podido asistir. La solicitud, por lo menos por nuestra parte, era conjunta. A lo mejor, en la firma del escrito, si sólo firmó Pedro Baringo, ha motivado que quedara sólo Cáritas como solicitante...
Agradecer las intervenciones, y, bueno, explicar que, a nivel ciudadano, vamos a seguir en el asunto, que agradecemos lo que puedan hacer a nivel de Grupos Parlamentarios y de Diputados; nosotros vamos a seguir en el asunto. Esperamos que, entre todos, se pueda llegar a una mejor solución del tema. Insistimos en que el internamiento debiera ser excepcional, y que hay otras medidas también recogidas en la Ley y en el Reglamento de extranjería, medidas cautelares, como la fijación de domicilio o la presentación ante la autoridad judicial cada equis tiempo. Entonces, bueno, que se tengan en cuenta, que se revisen en las sentencias del Tribunal Constitucional, y que, en base a eso, se puedan hacer peticiones o la transmisión de nuestras demandas.
El señor Presidente (CONTIN PELLICER): Muchas gracias, señora Falcó. Don José Carlos Ciria.
El señor CIRIA COSCULLUELA: Por mi parte no tengo nada que añadir a lo que ha dicho mi compañera.
El señor Presidente (CONTIN PELLICER): Entonces, muchísimas gracias por su comparecencia, y nosotros continuamos. [Pausa.]