Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

Tiene la palabra el Grupo Podemos Aragón.

Proposiciones no de ley núms. 231/16, sobre el voto rogado, y 235/16, sobre medidas para facilitar el derecho a voto en las próximas elecciones generales del mes de junio.

La señora diputada DÍAZ CALVO: Gracias, presidente.

La memoria siempre es condición sine qua non para una democracia. Si una democracia olvida a los que se van, se olvida de los que no la habitan y si, cual madre desesperada, no habita ese desasosiego por que vuelvan, no merece ser llamada democracia. Una democracia digna es aquella que une, aquella que repara, aquella que cuida a los que se van, que los recuerda y que no los olvida. Esa falta de apego hacia los que se van, hacia las que no están, y no estando sean siempre compatriotas, denota la pobreza, la juventud y la inmadurez de nuestra joven democracia española.

Muchos de nosotros, mi generación, sobre todo, hija de la transición y nieta de emigrantes, pensábamos que las imágenes de barcos zarpando en busca de nuevas tierras y de tierras en las que forjar un futuro, pues eran algo del pasado. Que marchar y salir de España o, en el caso concreto, marchar y salir de Aragón en búsqueda de un futuro, eran praxis propias de una guerra y que no pasaría en nuestro tiempo.

Mi generación habitábamos ese inconsciente colectivo de saber que éramos hijos y frutos de tierra de emigrantes. Y, sin embargo, nunca pensamos que fuéramos a ser realmente fieles seguidores de sus pasos. Y menos habiendo cumplido todas las pesquisas del contrato, del pacto social que nos exigió la transición. Nosotros cumplimos nuestra parte y hubo otros que no cumplieron la parte del contrato.

El efecto material de la ruptura de este pacto social, como todos ya sabrán, ha sido el exilio forzado de muchas jóvenes y de muchos de los españoles y aragoneses que hoy no se encuentran en nuestra tierra. Un 56% más de los españoles viven en el extranjero en los últimos cuatro años, 2,3 millones de expulsados de nuestra tierra por culpa de la crisis. En Aragón, ocho mil jóvenes aragoneses de entre dieciséis y treinta y cuatro años han dejado Aragón.

Aragoneses que viven en el desarraigo, que viven en la explotación laboral detrás de una barra de un bar o encima de un andamio, de aquellos que recorren Europa. Aragoneses que aprenden y que enseñan a sus hijos una lengua que nunca será una lengua propia. Una lengua aprendida para sobrevivir. Y una lengua hablada con un acento aragonés que no se quita, como signo último de resistencia y de arraigo frente al olvido.

Algunos de nuestros convecinos exiliados han tenido mejor suerte que los que han acabado detrás de la barra de un bar y han conseguidos ser trabajadores en centros de investigación. Porque, aquí, nos hemos dedicado a regalar mano de obra cualificada de manera barata, un chollo para gobiernos, como el alemán, que decía que les había tocado un golpe de suerte con nosotros.

Cualquier gobierno responsable que se precie debería dedicar su política a asegurar que esta gente pueda volver, que puedan regresar. Y cualquier gobierno, digno de tal nombre, debería preocuparse, como mínimo, de permitir la posibilidad de elegir otro gobierno que sí los represente, que sí se preocupe por ellos y que sí que considere su salida un exilio.

Y no lo digo yo, que soy, aquí, recién llegada en esto del debate parlamentario, es algo que decidimos entre todos, en el acuerdo con el que nos dotamos mediante una Constitución. Porque es el artículo 68 de nuestra Constitución el que reconoce y dice: «La ley reconocerá, y el Estado facilitará, el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio español».

Lo que pasó en el 2015, en cada uno de los comicios electorales de ese 2015, podría tildarse no solo de un egoísmo y de desapego de nuestras administraciones públicas hacia los que se fueron, sino de un hecho claramente inconstitucional y reprobable por todos aquellos que se llamen o que se quieran llamar demócratas y constitucionalistas.

Que en las últimas elecciones generales del 20 de diciembre solo el 4,7% de nuestros españoles que viven en el extranjero, de esos dos millones de potenciales votantes, pudieran votar, pues es el mayor ejercicio de censura encubierta. Que solo el 4,7% pudieran votar es un ejercicio que debería de avergonzarnos a todos.

Desde el 2011, todos los representantes de los poderes públicos han abandonado a su suerte a estos emigrados en la hora del ejercicio de su derecho. Les han arrebatado un derecho fundamental en lo que a democracia corresponde. Y han sido unos y otros, porque esta dificultad para votar pende de la modificación de la Ley electoral del 2011, que presentó el Partido Socialista, y que salió aprobada con el apoyo del Partido Popular. Una nueva normativa basada en un infierno burocrático. Un infierno de censos cerrados de manera retroactiva, papeletas que nunca llegan o a veces llegan tarde, información contradictoria en unos y otros portales oficiales, en el peor de los casos, información no actualizada, falta de personal de los consulados... Toda una muestra de dejación de funciones en lo que la administración corresponde.

La palabra «rogar» nunca estuvo mejor utilizada en ningún otro contexto que en este del voto rogado. Porque nuestros españoles y aragoneses en el extranjero tienen que rogar días libres, tienen que rogar y conseguir un vehículo o dinero para desplazarse a aquella ciudad en la que esté el consulado. Tienen que rogar que no haya mucha cola en ese consulado, o rogar que ese día sí que esté abierto. Tienen que rogar o rezar para que las fechas que han encontrado en Internet, o que le se les han facilitado, sean las correctas y, en última instancia, rogar para que la papeleta llegue a tiempo y puedan votar, puedan ejercer su derecho. Rogar para votar: todo un ultraje.

Tener o no el derecho a votar, tener o no el derecho a participar en la gestión de lo común, tener o no el derecho al sufragio activo es, desde los orígenes de la democracia en Grecia, la diferencia fundamental entre ser ciudadano y ser un súbdito. Negar o dificultar el voto es negar o dificultar a nuestros españoles y a nuestros aragoneses el rango de ciudadanos con pleno derecho. Y eso es un ultraje.

La función pública ha sido culpable, y todos nosotros hemos sido culpables, de la imposibilidad que estos ciudadanos han tenido de ejercer su derecho. Y será la Comisión de Investigación Estatal, aprobada en el parlamento estatal, la que determine el grado de culpabilidad.

Entre tanto, ¿qué pedimos hoy, como Podemos Aragón, aquí, en esta sala? Muy simple. Pedimos que nosotros, en tanto que representantes de la administración pública en Aragón, hagamos lo posible para remediar hacia delante y para solucionar, de cara a estas elecciones generales, esta situación. Para evitar, en lo que nos compete, que nuestros aragoneses en el exterior no se sientan solos, no se sientan desamparados, y tengan toda la información disponible que les permita ejercer su derecho. Porque, señorías, no apliquemos la mayor condena de una democracia que es el ostracismo a aquellos cuyo único delito ha sido querer tener un proyecto vital y, en última instancia, querer participar en pleno derecho en la construcción de un país al que volver.

Muchas gracias. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.

El Grupo Mixto (Chunta Aragonesista) tiene el turno de la palabra.

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.

Bien, pues lo primero, señor Martínez, quiero pedirle disculpas porque esta propuesta salió en un programa de televisión en el que trabaja El Gran Wyoming. Lo digo por si acaso, antes de empezar. Por no decir que sea oportunista.

Yo coincido en parte con el discurso de mi antecesora en la palabra. Es un problema el derecho al voto importante, además en esta taxonomía que suelo hacer pues es la pólvora del rey, con lo que es más fácil para todos; me explicaré.

Estamos hablando de derechos y eso es importante sin duda, y, claro, el censo electoral de residentes ausentes pues tiene una dificultad que trataría de exponer y la propuesta es bastante sencilla. Es verdad que hay casi dos millones de personas que pueden ejercer el derecho al voto que están fuera de España y que, evidentemente, esto está creciendo con el problema de la crisis que ha expuesto también mi antecesora en la palabra.

Hay una frase que a mí me impactó leyendo documentación sobre esto y que luego diré quién la dijo, dice: «en los andamios europeos se habla español», y lo dijo un compañero suyo en las Cortes de Madrid. Bueno, pues es una buena definición, sin dar más literatura, de lo que está pasando realmente, ¿no? Que ha habido mucha gente obligada, que ha tenido que marcharse y que, bueno, aragoneses cada vez son más, y jóvenes, como usted ha dicho con cifras, entre quince y treinta y cuatro años hay muchos, ocho mil, pero muchos más aragoneses en el exterior que tienen ese derecho.

Y, claro, este es un hecho objetivo. Hay quejas fundadas de emigrantes que encuentran problemas, dificultades de todo tipo, y que esto es sabido; incluso me remito, como digo en la exposición de motivos, al informe el Defensor del Pueblo, que hay unas quejas, lógicamente en ese régimen electoral, en el voto por correo, porque esos residentes que están en el extranjero bien permanentes o temporales tienen problemas a la hora de ejercer su derecho.

Y esto deriva ya de la ley orgánica del 1985, y es verdad que hubo una reforma después en el 2011, y que, lógicamente, en esa reforma, apoyada por los grupos parlamentarios que todos sabemos, que yo creo que no se trata de ajustar cuentas sino de dar solución a los problemas, estaban Convergencia, PNV, PSOE y PP, que eran los partidos que en aquel momento tenían capacidad de decisión.

Y, lógicamente, al solicitar el voto ante la administración, como se ha expuesto aquí, pues lógicamente el problema es que la documentación llega tarde, con retraso y que, ante esa situación de dificultad o de imposibilidad de ejercer tu derecho, la administración parece que no toma ninguna decisión, que hay una cierta indiferencia, y eso provoca una limitación del derecho fundamental a participar en los asuntos públicos.

También es verdad que hay que ir al histórico. Tengo que recordar a un personaje que para mí ha sido un personaje histórico, no digo que yo sea pro, pero ha sido un personaje histórico, y, que yo recuerde, la última vez que lo vi estaba en el Senado, sentado en el Senado, y era el señor Fraga Iribarne.

Y, evidentemente, se intentó hacer de una manera garantista porque había un problema a la hora de las votaciones: que había personas muertas que votaban. Y entonces, por un planteamiento garantista, se fue al voto rogado, que evidentemente lo que hizo fue preservar las garantías del derecho ahogando el derecho y esa es la gran dificultad.

Por lo tanto, es verdad que a la hora de solicitar el voto pues hace falta dinero para desplazarse, hace falta hacer unos trámites, unos plazos en quince días, que es imposible seguramente poder cumplirlos.

No se reciben las papeletas a tiempo… Y luego, claro, en cada sitio, en cada país, en cada Estado, funciona el servicio postal como funciona, y lo dice alguien que ha trabajo en correos durante años, uno ha tocado todos los palos.

Entonces, al final, al final, es un problema también original de, como decía el señor Campoy hoy, los aborígenes de cada lugar, que reparten las cartas antes o después.

Por lo tanto, proponer soluciones. Claro, hay que proponer soluciones, y yo creo que esa es la clave. ¿Cuáles son las una soluciones? Preservar, como ha dicho la señora Díaz, el artículo 68 de la Constitución, que la obligación es facilitar el derecho al voto, y luego hay un problema con la propia Ley de Régimen Electoral General, que es el artículo 75, que la medida es insuficiente en los plazos.

En todo caso, es verdad que hay que cambiar eso y que yo creo que los propios que votaron esta reforma reconocen que es errónea, el señor Tardá lo decía también, citando al señor Marina, del Partido Socialista.

Entonces hay que intentar arreglar esto y yo creo que es el camino a través de una serie de propuestas que hemos hecho en estas proposiciones no de ley, y que yo incluso creo que la propia Junta Electoral Central ya responde a estos planteamientos que ya hizo Unidad Popular en el Congreso de los Diputados. Hay un problema de plazos de la ley y los sistemas postales extranjeros.

Es cierto que hay unanimidad casi en las Cortes de España porque se votó una comisión de investigación el pasado mes de abril.

Por lo tanto, dicho esto, y para ser breve, porque yo creo que la tarde ya lo requiere, la propuesta es sencilla, decimos: «realizar cuantas actuaciones sean necesarias para intentar conseguir en las próximas elecciones generales, en las próximas, en junio, una mejora real en las condiciones del ejercicio del derecho al voto de las personas residentes en el exterior, con el objetivo de facilitar y favorecer la participación». Y luego dirigirse al Gobierno de Aragón para que el Gobierno de España proceda a llevar a cabo las actuaciones que considere necesarias para conseguir la modificación de esta Ley Orgánica del Régimen Electoral General, suprimiendo, creemos nosotros, porque no es la medida adecuada, el denominado voto robado y darle otra dimensión, aunque sea con carácter garantista, para que el derecho a voto se produzca en los marcos más legales posibles, que obstaculiza el ejercicio de este derecho.

Yo creo que vamos a llegar a una transacción entre todas las enmiendas y las propuestas que ha habido para hacer un texto único y que podemos aprobar en estas Cortes para darle, digamos, más potencialidad a la propuesta que hacemos al Gobierno de España.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado.

El Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra.

La señora diputada ORÓS LORENTE: Gracias, señor presidente.

Señor Briz, el primer punto absolutamente oportuno, el segundo tal vez un poco más oportunista porque, hasta que no estén las Cortes constituidas, no haya una ponencia o una comisión para trabajarlo, pues bueno, al final, es un brindis al sol hasta que no esté configurado el próximo Congreso de los Diputados.

Pero, bueno, al final yo no creo que esto no dependa de lo que diga el señor Wyoming, sino un poco al requerimiento de Marea Granate, que es quien puso de relevancia que el voto rogado estaba funcionando mal.

Lo que no voy a permitir bajo ningún concepto es que se pretenda sembrar dudas, manos negras o intereses ocultos a un trabajo de la anterior legislatura, no de la anterior, hubo tres años de una subcomisión en la que estuvieron barajando las diferentes posibilidades, es una ley que nace de la era Zapatero y desde luego la apoyamos no solamente el Partido Popular, sino Ciudadanos y PNV. Que se ha demostrado absolutamente insuficiente y yo creo que además nada positiva, pero el fin lo era, el fin cuando se reunieron, cuando se hizo esta modificación era absolutamente positivo, porque se habían detectado muchísimas irregularidades, que ya ha comentado el señor Briz, y lo que intentaban era dotar de garantías para que los residentes ausentes pudieran votar.

El sistema no ha acertado y en eso compartimos todos que hay que reconocer el fracaso que tuvo este cambio, sobre todo, por lo que lo decía el señor Briz, excesiva burocracia, excesivo papeleo, falta de información, plazos demasiado ajustados y, desde luego, que del 30% se baje al 5% a 6% en votaciones, desde luego, es un fracaso de ese sistema.

Pero también hay que tener muy claro, que yo creo que todos compartimos, el imperio de la ley a la hora de trabajar, que uno puede pedir muchas cosas, pero la reforma de una ley orgánica tiene que hacerse con el mayor de los consensos posibles. Esta mañana el señor Vicente decía que la reforma de la Ley Electoral de Aragón tiene que ser con el mayor consenso, y desde luego con unos mecanismos que garanticen por un lado que sea justo y garantista, y que este voto sea real, el voto de ese residente ausente sea real, y por otro lado que sea accesible y que sea lo más sencillo posible.

El segundo punto que compartimos, que debe hacerse en un contexto de reforma de la Ley Electoral, que se le debe dar una vuelta al actual sistema, porque el que tenemos no ha funcionado. Me gustaría decirles que, al echar la vista atrás, la solución tampoco es volver a lo que teníamos antes; yo creo que, desde luego, lo que hay hacer es no volver a lo de antes tal cual, sino que de una manera sosegada, pactada, trabajada con todos los grupos parlamentarios que conformen el Congreso de los Diputados en la siguiente legislatura, se llegue a ese punto medio para que las personas puedan ejercer su derecho al voto, que es un derecho fundamental y absolutamente necesario para la democracia, y por otro lado que se establezcan ciertas garantías.

No sé si la solución será modificar el voto rogado: plazos más amplios, menos burocracia, no sé si será el voto electrónico. En otros países ya existe el voto electrónico y podría ser una opción.

Pero, bueno, que yo creo que deberían aceptar nuestra enmienda, que nuestra enmienda del segundo punto para las dos iniciativas es, en el contexto de la ponencia o de la comisión, que se estudien todos los mecanismos posibles para modificar, suprimir, mejorar, cambiar el voto rogado.

Y me van a permitir, porque, aunque aún no ha intervenido el Grupo Socialista, sí que la enmienda que han planteado me suponía algún tipo de duda, aunque luego se ha solucionado, que desde luego instar al Gobierno de España a que el voto rogado de las pasadas elecciones del 20 de diciembre sea ya válido para las elecciones del 26 de junio, hombre, un poco complicado. Al final también la gente podrá decidir si quiere o no quiere. Al final lo que tenemos que modificar es ese procedimiento administrativo, y lo que tiene que hacer el Gobierno de España es estudiar si, dentro del marco existente, se puede realizar este hecho.

Coincidimos todos en que el sistema no ha funcionado, yo creo que si se han leído el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados todos están de acuerdo en que la siguiente legislatura, no sé si con una comisión de investigación o con una comisión de estudio, se deben ver los pros, los contra y barajar diferentes posibilidades para cambiar un sistema que desde luego no es el que debería, pero que en sus inicios, señora Díaz, era positivo; la idea no era coartar los derechos de los ciudadanos que están fuera, la idea era garantizar que ese voto estuviera correcto. El problema está en que, al ser demasiado garantista, tal vez se ha perdido la agilidad y la frescura o la rapidez con la que se debería haber hecho.

Por tanto, si aprueban nuestra enmienda o llegamos a un texto transaccional, les pediría por favor la votación separada porque, con respecto al primer punto, no tendríamos ningún problema en aprobarlo, y con respecto al segundo nos plantearíamos más la abstención.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

El Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra.

La señora diputada GARCÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

El derecho al voto emigrante es una reivindicación histórica de la emigración y el exilio español que fue reconocida en 1985 con la aprobación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Durante años hubo graves acusaciones e incesantes denuncias de voto fraudulento, puesto que aparecieran votos de personas ya fallecidas. Por esta razón, en 2011 se reformó la LOREG en base a las recomendaciones de la Junta Electoral Central y del Consejo de Estado, porque se creyó necesario y prioritario asegurar que se evitaban el fraude y las suplantaciones.

El fin que se intentaba lograr con esa modificación de la Ley de 1985 creo que lo compartimos todos. Sin embargo, no se tuvo en cuenta un detalle, y es que, a la hora de elaborar el censo electoral, se había cometido un grave error, puesto que no se realizó un registro nuevo sino un volcado del padrón existente en ese momento, que no estaba actualizado. Y esto es lo que provocó que aparecieran en el primer censo electoral de registrados ausentes, el CERA, inmigrantes ya fallecidos. Y hubo personas que aprovecharon este error.

El sistema era bastante sencillo: las papeletas llegaban a casa de personas ya fallecidas y cualquiera podía enviar el voto desde una oficina de correos de ese país extranjero sin ningún tipo de control de la documentación.

Con la reforma del 2011, se obliga a los inscritos en el CERA a pedir formalmente el derecho de voto como requisito imprescindible para poder ejercerlo —de ahí lo del voto rogado—, y, sumado al largo y complicado procedimiento a seguir, ha cumplido su objetivo de control, pero también ha provocado el desplome de la participación electoral de los censados en el extranjero.

Es indudable la importancia del voto emigrante, supone en números lo mismo que La Rioja, Navarra y Aragón juntos; incluso hubo momentos en los que algunos municipios de Galicia y Asturias tuvieron más votantes residentes en el extranjero que empadronados. Y lo cierto es que el mayor perjudicado hasta ahora ha sido quien se llevaba la mayor parte de ese voto extranjero, o sea, el Partido Socialista. Por tanto, no sería entendible otra razón de la implantación en su día del voto rogado que la de asegurar el control y evitar la suplantaciones.

Según el modelo teórico de participación electoral, los ciudadanos participan en las elecciones si los costes de participar son menores que los beneficios que aporta, que gane su partido. Y los costes para este colectivo son bastante altos: se les plantean problemas, como ya se ha dicho, de falta de publicidad y bastante desinformación que provoca también que haya votos nulos, plazos insuficientes tanto para registrarse en el CERA, que hay que hacerlo con tal antelación que, si se convocan anticipadamente las elecciones, no da casi tiempo. En las próximas elecciones, convocadas el 3 de mayo, el plazo terminó el 1 de marzo… Plazos insuficientes para solicitar el voto, para la recepción de las papeletas, que muchas veces no llegan por ese servicio de correos malo o incluso inexistente en el país al que han emigrado, y distancias a los consulados. Que no se le ocurra a un español en Inuvik (Canadá) ir a consultar las listas electorales o a solicitar el impreso para rogar el voto o a votar en la urna de la embajada, porque la tiene a seis mil seiscientos seis kilómetros, setenta y siete horas de coche o diecisiete en avión.

El PSOE ha reconocido que el actual procedimiento no favorece el ejercicio de un derecho fundamental ni fortalece el vínculo con España a través de la participación política como marca la Constitución. Y por eso ha sido y es un compromiso electoral su modificación, y por eso desde el 2013 lleva intentando que se revoque el voto rogado con diferentes iniciativas parlamentarias, aunque hasta ahora la verdad es que con poco éxito.

El pasado junio de 2015, ante una pregunta de si tenían intención de suprimir el voto rogado, la contestación del Ministro de Interior fue que presentaran una iniciativa legislativa conjunta con todos los grupos porque así lo marcaba la tradición. El gobierno desde luego no iba a hacerlo por sí mismo. Ante esta contestación, el PSOE presentó el pasado febrero una proposición de ley para reformar la normativa electoral eliminando el carácter rogado del voto e incorporando la remisión de oficio de la documentación por las delegaciones provinciales.

Finalmente, ante el poco tiempo transcurrido entre las elecciones de diciembre y las de junio, solicitamos también al gobierno que el procedimiento llevado a cabo para rogar los votos en el 20-D sea válido también para el 26-J. Lo solicitamos en el Congreso y lo solicitamos hoy aquí a través de nuestra enmienda, confiando que las personas que rogaron votar en diciembre no estén desencantadas y sigan queriendo votar en junio porque hace falta un cambio real ya.

Muchas gracias. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

El Grupo Parlamentario Ciudadano tiene la palabra.

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Gracias, señor presidente.

Como no iba a ser menos, vamos apoyar las dos propuestas, tanto la de Podemos como la de Chunta. Creemos que es hora de buscar una fórmula eficaz y consideramos que hay que respaldar este tipo de iniciativas, porque sí es cierto que hay que encontrar una solución conjunta y consensuada para que todos los españoles que están residiendo el extranjero puedan ejercer su derecho al voto.

El voto rogado fue introducido en el 2011, por cierto, con un amplio consenso del Partido Socialista y del Partido Popular, y en Ciudadanos lo que queremos es que aquí vote todo el mundo, y que todo el mundo tenga derecho a voto. Porque hay un problema evidente, y es que nuestros compatriotas residentes en el extranjero no pueden ejercer eficazmente su derecho al voto. Les voy a poner un ejemplo. Más del cincuenta por ciento de los ciudadanos residentes en el extranjero que piden el voto rogado piden poder votar, y después no lo pueden ejercer. Y los que estamos en campañas electorales, y encima coordinándolas, conocemos muy bien esta problemática.

Desde Ciudadanos fueron los numerosos correos de personas diciendo que no les llegaban las papeletas, personas que iban a las embajadas y no podían ejercer ese derecho porque iban a sus respectivas embajadas y no les daban ninguna facilidad a la hora de poder votar. Aquí hay un problema, está clarísimo. Y estoy convencido que no es la Junta Electoral Central cuyos trabajadores la verdad es que son un ejemplo de eficacia.

¿Cuál es la solución? En el año 2011, cuando teníamos tan baja participación, el PP, el Partido Socialista y los partidos nacionalistas inventaron el voto rogado. Una traba administrativa, tremenda. La verdad es que la burocracia es tan enorme y la verdad te lo ponen tan difícil que al final la gente deja de ir. En vez de facilitar que la gente ejerza libremente el derecho al voto, lo tuvieron más complicado, más complicado, y resulta que el voto extranjero al final llegó al 5%. Verdaderamente que lo solicite un 50%, y nos quedemos en el 5% la verdad, como hecho la señora Orós, hay un problema. Está clarísimo. Hay un problema.

Es el momento en que tenemos que poner todos manos a la obra y buscar una solución eficaz y no problemática y, desde luego, si nos ponemos de acuerdo, mucho mejor.

Tenemos actualmente unas nuevas elecciones convocadas donde nuevamente tendremos el mismo problema, donde los residentes en el extranjero no van a poder ejercer libremente su derecho al voto, y no habremos hecho absolutamente nada para solucionarlo. Por tanto, estamos a tiempo en solucionar este problema del voto rogado. Para nuestros compatriotas, en el conjunto del mundo, y no pueden votar libremente, pues la verdad es que por estas trabas administrativas, que sigamos en este tema... De verdad, lo que no sé es cómo hemos llegado tan tarde, no sé cómo hemos llegado tan tarde.

Por supuesto vamos a apoyar la propuesta de Chunta, la propuesta de Podemos y, desde luego, intentar facilitar un poquito más el voto en el extranjero, porque, ya les digo, de un 50% a un 5%, algo estamos haciendo mal. Contarán con nuestro apoyo.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

El Grupo Parlamentario Aragonés tiene la palabra.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, señor presidente.

Mostramos nuestra posición favorable grosso modo a esta iniciativa, aunque matizaré algunas cuestiones, porque tendríamos, bueno, alguna duda también con respecto del segundo punto.

La realidad es que casi dos millones de españoles residen actualmente en el exterior, en ciento ochenta y tres países. Y una máxima que yo creo que todos podemos compartir es que nadie pierde sus derechos por vivir fuera, y esto, que parece incuestionable, luego en realidad, cuando vemos lo que pasa, la complejidad del procedimiento para votar y el periodo de tiempo, etcétera, etcétera, pues vemos que, bueno, es relativo esto que se cumpla de que por vivir fuera tengas los mismos derechos.

Porque, cuando hablamos de rogar el voto, antes —como bien se ha dicho—, hasta el año 2010 directamente las oficinas del censo electoral enviaban a cada ciudadano inscrito en su consulado directamente los votos, y ya está, y se llama rogado porque a partir de la aprobación de esto pues tienen que tomar la iniciativa de pedir por escrito y vía postal a estas oficinas, a las oficinas del censo electoral, que quieren votar.

A eso se suma el problema del periodo de tiempo, o sea, que ya no es solamente el hecho de que haya que tomar la iniciativa para que puedas votar, sino que, además, se hace en un corto periodo de tiempo: hablamos de una solicitud en veinticinco días desde la convocatoria, eso es muy poco tiempo, especialmente cuando hablamos de países de fuera de la Unión Europea, y una tercera cuestión que se añade, que es la complejidad del procedimiento. Probablemente una complejidad derivada de un garantismo extremo, pero, claro, eso tiene sus pros y sus contras, sus luces y sus sombras. Además se añaden problemas de que a veces no llegan las papeletas a tiempo, de hecho hay denuncias, y hay denuncias de votos por correo perdidos. Entonces, en realidad yo creo que sí que es cierto que no podemos mirar hacia otro lado y que tenemos que intentar buscar una solución.

El problema de los tiempos es grave porque dos terceras partes, aproximadamente, de los expatriados viven fuera de la Unión Europea, con lo cual el problema del tiempo afecta a gran cantidad de personas de estos dos millones. Según los datos, aproximadamente, en algunos ejemplos de algunas elecciones que hemos podido conocer, aproximadamente, el treinta por ciento de los censados votaban antes de que estuviese el voto rogado, y en cambio ahora estamos en porcentajes, ya no hablo de las europeas, pero de unas generales, de casi un cinco por ciento. Con lo cual, ahí es clara la diferencia en cuanto a que, si tienes que tomar la iniciativa o no, lógicamente, la participación varía enormemente.

Donde más electorado a nivel global, donde más electorado ha rogado su voto es Francia, por ejemplo, y, fíjense, solamente es un 13%. O sea, es poquísimo. En ningún caso en otros países se supera demasiado este porcentaje.

Desde que se introdujo el voto rogado, nosotros pensamos, yo cuando leí esta iniciativa, sinceramente, pensaba que era por intención de ahorro, por no enviar los votos a todo el mundo directamente, y, después, leyendo bastantes cosas sobre esta cuestión, tengo mis dudas porque yo no sé si simplemente era eso o realmente alguna otra intención de cálculos de qué es lo que nos conviene más o menos a cada uno de los partidos en función de si tomamos una decisión u otra.

Véase este ejemplo, este apoyo del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, como otro ejemplo más de nuestra responsabilidad porque, desde luego, si fuese por esa intención, a nosotros, de fuera, votos nos vienen pocos.

Sobre el tema de la idea de introducir el voto rogado, que, por cierto, el Partido Socialista lo llevaba en el año 2008, está en la página doscientos dieciséis, esta idea, junto con la creación de una circunscripción electoral exterior, efectivamente, siempre esta reivindicación de hecho de anular el voto rogado va también unida con la reivindicación de lo que aquí no se ha hablado, de crear una circunscripción exterior.

Y a mí me gustaría saber qué es lo que piensan al respecto porque, desde luego, a nosotros nos preocupa, porque, cuando se habla de crear una circunspección exterior, que sería una solución a muchos problemas que se han dado, como una sobrerrepresentación de algunas provincias porque tienen una gran cantidad de personas fuera de España, nadie dice nada cuando esto sucede, y, en cambio, parece que no gustaba mucho que en los municipios la balanza se decantase por una alcaldía o por otra en función del voto exterior.

Pero no dice nadie nada con las provincias, pero, cuando esto sería una solución a esta problemática también, crear una circunscripción exterior, y el Consejo de Europa de hecho así lo aconsejó, ¿pero cuál es el problema? El problema es que hay dos posibilidades para crear una circunscripción exterior, que se mantengan los trescientos cincuenta diputados y, por tanto, las provincias menos representadas saldrían perjudicadas, y yo [corte automático del sonido]… los diputados con el gasto que supone, desde luego, nosotros no estaremos de acuerdo…

El señor PRESIDENTE: Gracias.

La señora diputada HERRERO HERRERO: … si hay una circunscripción exterior, afecte negativamente a las provincias aragonesas.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

El Grupo Parlamentario Podemos Aragón, en función de las enmiendas presentadas para fijar su posición.

La señora diputada DÍAZ CALVO [desde el escaño]: Gracias, presidente.

Hemos llegado a un texto transaccional junto con la proposición no de ley de Chunta Aragonesista, incluyendo parte de las enmiendas que había presentado el Partido Popular, incluyendo la enmienda del Partido Socialista con la modificación que ya ha planteado el Partido Popular.

Creo que todos los grupos tienen el texto tal y como ha quedado finalmente redactado y creo que no es necesario leerlo y pasar directamente a la votación.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

La señora diputada DÍAZ CALVO [desde el escaño]: Sí, perdón. Aceptamos la votación por separado de los puntos.

El señor PRESIDENTE: ¿Hay dos puntos?

La señora diputada DÍAZ CALVO [desde el escaño]: Hay tres.

El señor PRESIDENTE: Tres.

Iniciamos la votación. El primer punto de las propuestas de la proposición no de ley. Iniciamos la votación. Aprobado por unanimidad.

Pasaríamos al segundo punto de la proposición no de ley. Iniciamos la votación. Cuarenta y un voto a favor, en contra cero votos, abstenciones diecisiete. Quedaría aprobado también el segundo punto de la proposición no de ley.

Pasamos al tercer punto. Iniciamos la votación. Se aprueba por unanimidad.

Explicación de voto.

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el escaño]: Agradecer la predisposición de los grupos para aprobar esta iniciativa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Grupo Parlamentario Ciudadanos, no hace uso de la palabra.

Grupo Parlamentario Aragonés, no hace uso de la palabra.

Grupo Parlamentario Podemos.

La señora diputada DÍAZ CALVO [desde el escaño]: Simplemente para agradecer tanto las explicaciones de todos los grupos como que finalmente se hayan sumado a apoyar la iniciativa, y creo que, por lo menos hoy, nuestros aragoneses en el exterior se pueden sentir un poco más aliviados y un poco más acogidos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

El Grupo Parlamentario Socialista, no hace uso.

Y el Grupo Parlamentario Popular tampoco hace uso.