Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

En primer lugar, dar conocimiento de que hay que recordar que hoy es el Día Internacional de la Salud Mental, y desde esta comisión debemos solidarizarnos con las familias de estos enfermos que padecen diariamente en sus propias carnes los problemas que tiene la salud mental.

Sin más, pasamos al primer punto del orden del día, que sería lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, que lo dejaremos al final, como es costumbre.

Pasamos al segundo punto del orden del día: la comparecencia del director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, a petición del diputado de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, señor Lacasa, al objeto de explicar la política de atención a las personas con discapacidades psíquicas en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Para su exposición, señor director, dispone de veinte minutos para explicarnos como tiempo máximo.

Tiene la palabra el señor director.

Comparecencia del director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales al objeto de explicar la política de atención a las personas con discapacidades psíquicas en la Comunidad Autónoma de Aragón.

El señor director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (ÁLVAREZ GARÓS): Señorías, buenos días y felices fiestas del Pilar.

Vamos a dar cumplimiento a la explicación de lo que viene haciendo el Gobierno de Aragón en materia de discapacitados psíquicos.

A modo de partida hablaremos de cinco grupo de discapacitados psíquicos para ver los distintos niveles de intervención, atención y carencias en la comunidad autónoma.

Minusválidos psíquicos gravemente afectados. Como es sabido, este colectivo lo constituyen aquellos minusválidos psíquicos -antiguamente denominados severos y profundos- cuyo alto grado de dependencia hace imposible que puedan desarrollar cualquier mínima actividad de la vida diaria; incluso su nivel de autonomía no es suficiente para mantener su integridad en un medio normalizado.

Minusválidos psíquicos medios. Serían aquellos que, tras un proceso de educación, habilitación y aprendizaje, pueden hacer actividades de la vida diaria e incluso prelaborales, pero necesitando de una supervisión y control.

Minusválidos psíquicos ligeros. Colectivo muy numeroso e incluso, en algunos casos, no diagnosticado, con autonomía suficiente para poder atenderse a sí mismos y desarrollar tareas de relación laboral previo un aprendizaje.

Minusválidos con trastornos psiquiátricos asociados. Son aquellos que, además de su disminución psíquica, asocian a su retraso intelectual una enfermedad psiquiátrica de patología grave.

Y, por último, minusválidos psíquicos de edad avanzada. Son aquellos que, por el aumento de las tasas de supervivencia que en estos momentos se están consiguiendo, llegan a superar los cincuenta y más años, y lo que necesitarían serían cuidados equivalentes a los prestados en los dispositivos diseñados para las personas mayores denominadas asistidas.

Como sería lógico, una auténtica atención y planificación debería tener en cuenta estos cinco grupos que he citado.

En cuanto a la protección social, excepto el grupo cuarto, el de los ligeros, la mayoría de ellos son tributarios de la ayuda por hijo a cargo en su edad temprana, y en su edad adulta, la pensión de orfandad absoluta, compatible con la prestación por hijo a cargo, que no pierden. Además, en caso de no tener derecho al sistema protector contributivo citado anteriormente, serían susceptibles de las prestaciones no contributivas de invalidez y vejez en su caso. En el aspecto, pues, de supervivencia, el colectivo no protegido -y, además, más numeroso- sería el grupo cuarto, el de los minusválidos psíquicos ligeros.

Al iniciar esta legislatura, y como iremos viendo en el transcurso de esta comparecencia, la mayor parte de la prestación asistencial directa en este colectivo, independientemente de las pensiones, radicaba en las organizaciones no gubernamentales, en donde casi todas ellas conforman un único ente de representación denominado FEAPS Aragón. Podríamos distinguir entre este tejido asociativo dos tipos: las asociaciones grandes, tipo Atades, Pueyos, Benito Ardid; las asociaciones pequeñas (Adispaz, Adisciv, Utrillo, etcétera, etcétera).

Estos dos grupos tienen sus propias peculiaridades, que entiendo que, para una comprensión de lo que precede, sería necesario matizar.

Asociaciones pequeñas. Se consideran discriminadas por las asociaciones grandes, al no poder participar tan activamente en las decisiones que se toman en el sector. Se consideran desprotegidas frente a la Administración, aunque se mueven mucho para mantener contactos directos con los organismos gestores. Son asociaciones muy cumplidoras en cuanto a los requisitos de los expedientes administrativos, pidiendo ayuda a la propia Administración para que colabore en sus peticiones. Tienen la sensación de tener un alto grado de interés humano por los usuarios con los que trabajan, apreciándose una implicación personal con los mismos, con lo que esto supone de ventajas e inconvenientes. Desean que el tránsito de subvenciones a concertación de plazas, del que luego hablaremos, concluya, pues creen que con la desaparición de los convenios graciables quede asegurada su supervivencia.

Asociaciones grandes. Suelen manifestar una actitud mucho más crítica en sus relaciones con la Administración. Son más exigentes cuando la responsabilidad de ciertos retrasos en los pagos pueda demorarse por alguna cuestión de los expedientes. Se hace difícil, en algunos casos, el explicar bien y que comprendan los procesos y trámites propios de toda la Administración para el control del dinero público. Tienen un problema, y es que, en la política que llevamos de concertación, entienden que las plazas que concertamos son las de sus asociados, lo que nos mantiene en un estado -diría- de continua explicación permanente, puesto que la red concertada es una red pública, y, al ser una red pública, una vez que hacemos un concierto, quien decide quién debe ocupar la plaza del concierto es el Instituto Aragonés y no la asociación que ha brindado las plazas de concierto. Al ser más completas y tener los centros concebidos como una continuidad temporal de atención al minusválido, también es cierto que el concierto puede llevarles a provocar conflictos dentro del seno de su asociación, pues, si tienen previsto pasar de un centro ocupacional a un centro especial de empleo y de un centro de día a un centro ocupacional, el que, por parte de la DGA, se pudiera disponer de esas plazas puede hacerles variar su sistema de planificación propio de la asociación. Algunas de ellas ya las conocen; son organizaciones fuertes donde, por ser organizaciones fuertes, pueden llegar a tener problemas organizativos y logísticos, al contrario que las que he citado anteriormente, las pequeñas, donde propiamente hablan más de sus chicos atendidos.

Ante esta situación, por parte del departamento se pretende efectuar una planificación de la atención a los disminuidos psíquicos teniendo en cuenta un análisis tipológico y geográfico de la comunidad autónoma y que esa planificación no entre en colisión con la red de centros de las ONG, de las asociaciones estas que hemos citado ya existentes, pues, si no, duplicaríamos esfuerzos. Debemos, pues, completar los dispositivos necesarios e incluso en algún caso sugerir el cierre de algún dispositivo poco operativo.

En base a todo ello, los tres objetivos que se fijó el instituto en esta legislatura fueron: sanear financieramente el estado del movimiento asociativo que presta servicios con los disminuidos, sanear financieramente la red propia y pública de servicios del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, dotar de unas infraestructuras modernas y adecuadas en todo el territorio de la comunidad, firmando un convenio general de cuatro años de infraestructuras en donde, además de la financiación propia del IASS, cofinanciaría la red de las cajas de ahorros aragonesas; llegar a establecer unos controles de calidad similares en todo el territorio aragonés y establecer sistemas de evaluación y control sobre el gasto público, y, una vez conseguidas estas premisas, pensar en una adecuada financiación para el crecimiento de la red pública y de la red no lucrativa en la atención de nuevos casos en nuestra comunidad autónoma.

Vamos a analizar estos puntos. Sanear financieramente -si recuerdan el primero que he dicho- el estado del movimiento asociativo.

La participación económica en el movimiento de las asociaciones no lucrativas en el año 1996 era de ciento treinta y ocho millones, incrementándose anualmente, habiendo un promedio de unos doscientos millones de pesetas cada año en lo que percibían. Con nuestra legislatura, cuando empezamos nuestra legislatura, en el año 2000 pasamos a trescientos dieciocho millones y en el año 2001 a trescientos setenta millones.

En cuanto a las inversiones del capítulo siete para modernizar los centros, que en el año 1996 fueron de treinta millones de pesetas, llegando en ese transcurso algún año a la cantidad de cien millones de pesetas, comenzamos el año 2000, como les he dicho, con el Plan de infraestructuras, con ciento ochenta y seis millones de pesetas, y en el 2001, a falta de cerrar varias inversiones, en ciento cincuenta millones de pesetas.

En conjunto, pues, entre el mantenimiento y las inversiones del sector no lucrativo podríamos decir que hemos pasado de un promedio de trescientos millones/año a quinientos millones/año, lo que supone un 65% de aumento en lo que llevamos de legislatura para el sector no lucrativo.

En cuanto al sector público, en relación con la acción directa y medios propios de los centros del instituto, hemos pasado de un promedio de treinta millones de pesetas a setenta y seis millones de pesetas en el año 2000 y ochenta y cuatro millones en el 2001, lo que significa un incremento del 180%, lo que quiere decir que, de los recursos propios, el incremento más fuerte ha sido en los centros propios, por lo que pensamos que el esfuerzo sobre el propio servicio público que presta el Instituto Aragonés ha dejado nuestros centros en unas condiciones óptimas tanto en atención como de cuidados.

Si ampliamos el concepto de plazas públicas considerando las propias del instituto y las concertadas, el cambio ha sido de un promedio de mil quinientos millones de pesetas a dos mil doscientos cincuenta y dos millones de pesetas en el 2000 y dos mil trescientos cincuenta y cinco millones de pesetas en el 2001, lo que supone un incremento presupuestario en la red pública de plazas, en lo que llevamos de legislatura, del 57%.

Queda claro, pues, que el primer punto de sanear lo ya existente queda justificado por lo que les he dicho y nos permite acometer nuevos proyectos de planificación.

Hablábamos de dotar de una serie de infraestructuras modernas y adecuadas en el convenio global de infraestructuras en colaboración con las cajas de ahorros. Con este convenio, además de modernizar toda la red que hemos hablado de atención no lucrativa, terminamos en esta legislatura el centro de atención a disminuido psíquicos de Fraga, Alcorisa, La Almunia de Doña Godina, Ejea de los Caballeros, Barbastro, Martillué y, por fin, Huesca. Y digo «por fin, Huesca» porque me cabe no sé si la suerte o la tristeza de iniciar en el año setenta y seis las obras de Huesca que tienen a la salida de la carretera a mano derecha, obras que cada vez que pasaba para el Pirineo me hacían saltar las lágrimas al verlas inconclusas, puesto que estaban paralizadas desde los años setenta y siete, setenta y ocho; con los convenios que les cito, por fin, cuando pasemos todos por la carretera de Ayerbe, veremos acabada una obra que se empezó en el año setenta y seis. Como les decía, vamos a poner en marcha Martillué, Huesca -finalizar Huesca-, San Mateo y Castiliscar, Teruel -que tiene una precariedad de medios absoluta- y Zaragoza, en donde van a ir varias residencias, dentro de un proceso de planificación para que al final de la legislatura contemos con nuevas plazas de alta calidad de construcción y de acuerdo con los estándares que creemos que merecen nuestros disminuidos psíquicos.

En cuanto a los centros propios se está procediendo a una remodelación integral y total del CAMP de Zaragoza, que, como saben, atiende a los disminuidos psíquicos gravemente afectados, y lo mismo con el CAMP de Teruel, que se había quedado obsoleto. Si recuerdan, era un edificio destinado a la lucha antituberculosa de cuando la tuberculosis era un problema en España, y el edificio es grande, pero no moderno, y, por lo tanto, estamos haciendo unos grandes esfuerzos inversores para transformarlo en un CAMP al estilo del de Zaragoza.

El otro punto que les decía -llegar a establecer unos controles de calidad similares en todo el territorio aragonés- es el punto donde nos encontramos actualmente trabajando con más intensidad entre la Dirección General de Ordenación, Planificación y Evaluación, FEAPS Aragón y el propio instituto, considerando que los estándares de calidad que vamos a fijar para el territorio estarán cerrados antes de finalizar este año.

Establecer sistemas de evaluación y control sobre el gasto público. El sistema de control del dinero público sobre las ONG en nuestra comunidad es triple: por un lado, existe la Intervención General de la Diputación General de Aragón, fiscalizadora de todo el dinero público que la comunidad autónoma invierte; por otro lado, la Dirección General de Ordenación, Planificación y Evaluación tiene a su cargo la inspección de centros sociales, con capacidad para realizar cuantas comprobaciones estime posibles y crea que debe efectuar; y, por último, el protectorado de fundaciones, que fiscaliza los presupuestos anuales y el dinero que reciben las entidades públicas. Además de todo ello, en la comparecencia que tuve con sus señorías al objeto de explicar mi programa de atención para esta legislatura, me comprometí a que anualmente y de forma aleatoria realizaríamos cuatro auditorías exhaustivas internas y externas sobre cuatro ONG en particular cada año. En estos momentos ya he dado las órdenes oportunas para las cuatro auditorías correspondientes al año 2001 y están preparadas ya las órdenes para las auditorías del año 2002 -por razones obvias que ustedes comprenderán, no voy a citar todavía las instituciones-, con lo cual comenzamos con ocho auditorías.

El otro punto que les decía es pensar en una adecuada financiación para el crecimiento de la red pública y de la red no lucrativa en la atención de nuevos casos de atención en nuestra comunidad, fase en la que estamos ahora, ya que tenemos que elaborar el presupuesto del año 2002 y posteriormente el del 2003, esperando continuar con la anuencia de sus señorías para poder seguir creciendo al mismo ritmo que estos dos años para poder concluir la legislatura con una adecuada atención a los minusválidos psíquicos aragoneses.

Por grupos, como les había dicho, en minusválidos psíquicos gravemente afectados, en cuanto a las actuaciones que la comunidad efectúa en relación con este grupo podríamos decir que va a quedar garantizado el número de plazas de atención a minusválidos psíquicos gravemente afectados, contando con dos centros de atención en Zaragoza (uno del propio IASS y otro de Atades), con un centro propio en Teruel y con tres centros concertados en Huesca, Monzón y el anual incremento al que me comprometí y del que di cuenta en esta comisión en la comparecencia que sus señorías solicitaron para el centro de Vencillón, de tal forma que el 75% de las plazas del centro de Vencillón estarán concertadas con el IASS al terminar la legislatura, habiendo logrado mantener hasta el momento todos los puestos de trabajo de Vencillón y Esplús, que es a lo que me comprometí ante ustedes en las gestiones que realizamos con el centro de la Franja. Con ello creemos que queda completo el número de plazas para asegurar la atención a este colectivo que les decía de los gravemente afectados.

Con respecto a los minusválidos psíquicos medios, además de potenciar las plazas ya existentes para este tipo de minusválidos, quedarán abiertos en esta legislatura centros nuevos como el de Teruel, Fraga y Castiliscar. Como veremos luego, es conveniente cerrar aquí la programación de nuevos centros, pues a partir de ahora será necesario hacerlos con un planteamiento de desarrollo comarcal, para lo cual se han comenzado a dar ya los primeros pasos con la Dirección General de Ordenación, Planificación y Evaluación y con los órganos correspondientes que llevan la comarcalización, porque pensamos que la nueva planificación que debemos acometer es comarca por comarca en los servicios que no requieran una alta cualificación o especialización.

Minusválidos psíquicos ligeros. En este punto, la responsabilidad del instituto es estrictamente valorativa. Como saben, depende de las autoridades laborales y de unas regulaciones estatales; son las normas que se aplican para la integración en el empleo libre o en los centros especiales de empleo. Como saben, la Ley de integración de los minusválidos quedó sin desarrollar, y quedó sin desarrollar en cuanto a un punto muy delicado, que es el de los equipos multiprofesionales. Según la Lismi, había que haber creado por parte del Estado los equipos multiprofesionales, que serían aquellos encargados de velar porque el disminuido psíquico que puede realizar actividades laborales, bien sea en el empleo libre, bien sea en los centros especiales de empleo, tenga la garantía de que un equipo multiprofesional supervisará el tipo de trabajo que tiene para evitar incompatibilidades de trabajo con su situación o incluso, llegado el caso, problemas de falta de adecuación del trabajo y -quién sabe-, incluso en algunos casos, protección frente a una posible explotación. Como digo...

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Señor Álvarez, le agradecería que fuera terminando.

El señor director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (ÁLVAREZ GARÓS): Sí, termino ya.

Como les decía, la responsabilidad, en estos momentos, recae en la Inspección de Trabajo, pero quiero citar que el Grupo Parlamentario Izquierda Unida ha efectuado en estas Cortes una proposición no de ley para que la comunidad autónoma, en tanto en cuanto el Estado no desarrolle esta laguna, cree sus propios servicios multiprofesionales para garantizar que los minusválidos atendidos en los centros especiales de empleo lo son correctamente. Minusválidos con trastornos psiquiátricos asociados. Debido al incremento y agudización de este tipo de patologías asociadas, nos hemos visto en la necesidad de tener que concertar con el centro neuropsiquiátrico del Carmen, de Zaragoza, seis plazas a disposición de todos los centros no lucrativos y del propio IASS para que, cuando algún disminuido psíquico cae en fase de crisis psiquiátrica, permanezca el tiempo necesario en el neuropsiquiátrico hasta que con el tratamiento adecuado se logre que desaparezca la alteración de conducta debido a su psicosis y pueda reintegrarse a su centro de origen. En la medida que estos casos, desgraciadamente, van aumentando, será necesario implementar la acción concertada para la atención temporal en centros especializados.

Y ya, por último, minusválidos psíquicos de edad avanzada. Hasta ahora no teníamos ese problema. Saben ustedes que los minusválidos psíquicos no solían sobrepasar los cuarenta, cuarenta y cinco años. Hasta ahora, como les decía, y dado el bajo número de minusválidos de estas características, cuando algún minusválido se hacía mayor, lo atendíamos en una residencia asistida de tercera edad. Creemos que no es lo ideal, pero, como había pocos, era el recurso que teníamos. Lo novedoso del problema al aumentar de golpe cuantitativamente este colectivo nos ha hecho pensar que es necesario proyectar ya la primera residencia de mayores para minusválidos psíquicos, fase en la que nos encontramos actualmente, pues piensen ustedes que no es lógico tener a una persona de cincuenta años, que sería mayor por ser disminuido psíquico, en nuestras residencias, con un promedio de ochenta, ochenta y cinco años.

A modo de resumen de todo lo expuesto, podemos decir que las plazas públicas en nuestra comunidad para la atención de los disminuidos psíquicos en residencias, centros ocupacionales, centros de día y centros de profundos superan las mil quinientas, esperando finalizar la legislatura con un incremento aproximado del 20%. Aunque no es de nuestra competencia, citaremos que trescientos cincuenta minusválidos psíquicos están atendidos en centros especiales de empleo.

Créanme que aún falta mucho por hacer, como, por ejemplo, el centro intermedio que anuncié en mi comparecencia, que se situaría entre lo que es un centro ocupacional y los centros especiales de empleo; la atención al envejecimiento, que es nueva; fenómenos nuevos con los minusválidos psíquicos, y un largo etcétera que todos conocemos.

Nuestro modelo político contempla cerrar el círculo de atención con una red de plazas públicas en el menor plazo posible de tiempo, con una adecuada planificación y dependiendo únicamente de la voluntad política de los gobiernos, en los que el actual ha adquirido un nivel de compromisos presupuestarios en el año 2000 y en el año 2001 que nos permite ser optimistas, ya que, de seguir así, antes de una década quedarían resueltos los problemas de los minusválidos psíquicos.

Puestos en contacto con las instituciones a nivel estatal, y con las correcciones oportunas de comunidades autónomas ricas y comunidades autónomas pobres, podemos decir que nuestra comunidad autónoma, en atención a los disminuidos, está entre las tres o cuatro primeras de España.

El nuevo reto en el que nos vemos inmersos de la comarcalización nos ha puesto a trabajar en programas de planificación comarcales para adecuar la red de centros a la nueva red territorial de que está dotada nuestra comunidad autónoma.

Muchas gracias por su atención, y me pongo a su disposición para formular las preguntas, que intentaré contestar con los datos que he traído.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor director gerente, señor Álvarez.

Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, señor Lacasa, por un tiempo máximo de diez minutos. Vamos a ver si nos medimos un poco los tiempos y así podremos terminar a una hora prudencial.

Tiene la palabra el señor Lacasa.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, agradecer a don Miguel Álvarez la exposición que ha hecho a una solicitud nuestra de que compareciera aquí y nos pudiera detallar la situación de un colectivo que en esta comisión creo que nos preocupa a todos: el estado de los discapacitados psíquicos en nuestra comunidad autónoma.

Su comparecencia ha sido interesante. Creo que ha marcado un plano general, ha dibujado cuál es la situación, y creo que eso nos permite ahora hacer algunas catas en algunos de los elementos que usted ha planteado.

Coincidimos en la orientación que está dándole en relación a la necesidad de que su departamento no se quede en una mera regulación normativa, sino que entre a prestar, entre a ofrecer una serie de plazas desde el sector público. Creemos que es imprescindible que exista un sector público potente en una red general, unos dispositivos generales que puedan de alguna forma marcar una pauta de calidad, marcar unos estándares homogéneos de prestación de un servicio, a la cual tengan que dirigirse como referencia los dispositivos privados, los dispositivos concertados de la iniciativa social. Eso creo que es algo importante, porque pensar en dejarlo todo en manos de la iniciativa privada, la iniciativa social, tiene, sin duda, riesgos evidentes, por mucho que luego se hagan actuaciones de control, que siempre es complicado, porque exigen unos cambios que a veces es difícil producir en las asociaciones.

Y aquí voy a detenerme. Creo que ha sido también sugerente cuando ha explicado usted los distintos problemas que plantean las entidades pequeñas y las entidades grandes. Creo que es un análisis interesante, en el sentido de que las pequeñas están muy inquietas, preocupadas, atentas al cumplimiento, y las grandes tienen dinámicas complicadas. Yo creo que eso es algo positivo; sin alarmismos, pero es positivo que lo sepamos y que, en ese sentido, establezcamos pautas de control.

El hecho de que usted hable de auditorías no es algo inocuo, es decir, cuando se hacen auditorías es porque se piensa que algo no funciona del todo bien, y, por lo tanto, creemos que, en ese sentido, es importante que estén ustedes atentos. Nosotros tenemos preocupación, como supongo que la debe tener usted cuando, por ejemplo, conocemos la denuncia que realiza el comité de empresa de Atades, que es una de las principales entidades de ese grupo grande, en la cual se nos dicen cosas como que una residencia en concreto, en un centro ocupacional y residencia de Atades, se cerró parcialmente durante un tiempo sin comunicárselo al IASS; cuando en un centro ocupacional la plantilla es marcadamente insuficiente en relación con lo previsto; cuando se dice que los internos, por así decirlo, solo prestan actividad laboral sin el seguimiento necesario que debe acompañarles; cuando en otra residencia distinta, pero también perteneciente a Atades, se hacen una serie de consideraciones similares a la anterior, pero se acaba diciendo que hay carencias en relación con los decretos, en relación a que no hay protocolos, sanciones, no hay plan operativo, carecen de inspecciones periódicas, escasez de plantilla, falta de inspección, falta de reglamento de régimen interno, etcétera, etcétera.

Bueno, esto nos preocupa, el hecho de que podamos tener un sector social, como usted decía, por una parte, condicionado por estructuras de gestión inadecuadas, porque probablemente las asociaciones son muy voluntariosas en atender a sus asociados, como usted decía, pero tienen que asumir el reto de gestionar a veces decenas o cientos de millones de pesetas de dinero público, y no siempre es fácil hacerlo. Por eso, este asunto creo que merece alguna consideración, que ustedes deben profundizar en el control, en las auditorías, y ustedes tienen que marcar planes de rectificación cuando sea necesario y exigir a estas entidades que cumplan, por mucho que su nombre esté asociado históricamente al tratamiento de este colectivo, pero estamos hablando de gente, de unas personas con unas dificultades y unas desprotecciones evidentes, y tenemos que ser muy sensibles a este respecto.

En ese sentido, nosotros planteamos también un debate en las Cortes de Aragón -y usted lo ha citado en su exposición-, un debate que finalizó recientemente en esta comisión con una proposición no de ley que se aprobó, y venía al hilo precisamente del régimen laboral especial que se presta en los centros especiales de empleo, en los cuales los discapacitados pueden prestar, dentro de lo que debería ser su evolución personal, una relación laboral. Pero se veía la necesidad de que se hiciera un seguimiento detallado y minucioso de su proceso. Es decir, hasta ahora, lo que parece que sucede es que hay unos equipos de valoración inicial que clasifican a estos discapacitados -bien-, y nos dicen que es apto para poder desarrollar en determinadas condiciones un trabajo; pero después vemos cómo hay -digamos- un dejar hacer y hay una evolución, por supuesto, dentro de un centro que tiene una dirección y se someterá eventualmente a los controles que la Administración plantee, pero hay una cierta desprotección porque no hay un seguimiento minucioso. Y, de hecho, no se cumple lo que la legalidad plantea, que ya lo decía el artículo 6, que regula el régimen laboral de este colectivo, cuando decía que «con la finalidad de garantizar que el trabajo se adecue en todo momento a las características personales y profesionales del trabajador minusválido y valorar el grado de adaptación profesional alcanzado, los equipos multiprofesionales les someterán a revisión, al menos, con una periodicidad de dos años». Y esto valía para cualquier circunstancia modificativa: extinción de contrato laboral, movilidad geográfica y valoración no solo del trabajo que se realiza, sino otras atenciones que deben recibir este tipo de discapacitados. Y esto es de lo que carecemos en estos momentos en la comunidad autónoma.

Es verdad que usted ha comentado que no se contempló cuando se hizo el traspaso de funciones y servicios, es decir, esta normativa, que era normativa estatal, no vino acompañada de un traspaso de efectivos para poder configurar estos equipos multiprofesionales. Pero la realidad es la que es, han pasado quince o dieciséis años desde esta normativa, y es momento de poder poner en marcha, crear estos equipos para reforzar el seguimiento y la asesoría de estas personas con discapacidades psíquicas y -se complementó en esta proposición no de ley a iniciativa de otros grupos- físicas, sensoriales o mixtas, porque, efectivamente, hará falta en otro tipo de discapacidades aunque -digamos- el elemento, el foco de atención sean los discapacitados psíquicos. Y, por lo tanto, hemos instado a que el IASS configure estos equipos profesionales dotados presupuestariamente y con la característica multiprofesional, lo que supone unos equipos en los que haya psicólogos, médicos, asistentes sociales, otros expertos que pueden ir asesorando, porque lo que se detecta es que, efectivamente, la Inspección de Trabajo se ve inerme, en muchas ocasiones, porque carece de instrumentos valorativos, porque la Inspección de Trabajo sabe si se cumplen o no se cumplen determinados aspectos de la normativa laboral general, pero, evidentemente, no está capacitada para poder analizar si un discapacitado psíquico está viendo en un momento determinado las posibilidades que tiene y está pasando a tener una actuación que puede ser contraproducente desde su punto de vista de evolución personal.

Por lo tanto, y resumiendo, creemos, de su comparecencia, que es muy importante que el sector público en este ámbito tenga una presencia en la red básica, en el dispositivo básico de atención a los discapacitados psíquicos; creemos que los dispositivos complementarios de la red concertada con entidades no lucrativas deben someterse a revisión y deben encajar perfectamente en los esquemas de control, de evaluación, auditoría, que usted ha señalado, y rectificaciones en los supuestos en los que deba procederse a esa rectificación, porque es una responsabilidad social muy importante y debe haber una profesionalidad en la gestión; y, en tercer lugar, en lo que se refiere al cumplimiento, por supuesto, de la normativa de las instalaciones, debe ser puntilloso, pero sobre todo también en el cumplimiento del seguimiento de la evolución personal de estas personas, de la evolución de quienes, de alguna forma, están sobre todo sometidos a relaciones especiales de empleo, que siempre están en la frontera entre una posible desviación, una posible no solo explotación laboral, que también podría darse en algún supuesto, sino también incluso en supuestos que perjudicaran finalmente la evolución de este colectivo, y, por lo tanto, es necesario poner en marcha -y el próximo presupuesto debe contemplar ya- dispositivos al respecto para la creación de los equipos multiprofesionales.

Si caminamos en esa dirección, yo creo que podemos ir dando pasos, junto con todas las inversiones que usted ha anunciado en la red de centros y en los dispositivos que usted ha comentado; creemos que sinceramente podemos hacer que esta legislatura sea un paso adelante significativo en la atención a los discapacitados.

En todo caso, esperamos sus comentarios y estaremos -digamos- también pendientes de cómo evoluciona este asunto para instarle en un momento determinado alguna rectificación, correcciones o puntualizaciones que desde nuestro grupo creamos convenientes.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor Lacasa.

Si le parece al señor director, vamos a pasar el turno a todos los portavoces de grupos, y luego puede contestar globalmente a todos o, si quiere, individualmente a cada uno.

El señor director gerente del Instituto Aragonés de Servicios y Asuntos Sociales (ÁLVAREZ GARÓS): Como ustedes quieran.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Tenemos como norma que lo hagan todos.

Por lo tanto, tiene la palabra la portavoz de Chunta Aragonesista, señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, dar la bienvenida al director gerente del IASS a esta comisión.

Yo creo que la discapacidad y los colectivos que en estos momentos la están padeciendo van a ser una prioridad dentro del IASS, a juzgar por sus palabras y también por la extensión que ocupa este colectivo en el futuro plan director de la acción social -es el capítulo más extenso-. Pero creo que el asunto en este momento no está para tirar cohetes, porque yo creo que en la acción social, en general, sigue faltando planificación, siguen faltando coordinación y evaluación, y yo creo que estas carencias también se reflejan en las actuaciones dirigidas hacia este colectivo.

Parece que lo más importante en este momento en el ámbito de la discapacidad es el empleo. Por supuestísimo que es muy importante, pero creo que hay otras facetas que en ese futuro plan de la acción social ni se nombran ni se atienden: el ocio, la vida en sociedad o el problema que en este momento tienen muchos de ellos con la vivienda. Se nos está dando una especie de visión sesgada de la realidad, cuando creo que la realidad es mucho más compleja y, desde luego, menos idílica.

Además, siempre se habla de lo que hay y, desde luego, no se habla de las carencias para poder solucionar problemas concretos. En este momento hay personas con trastornos duales de conducta que tienen que ir a otras comunidades porque en Aragón no existen recursos necesarios, porque creo que no se está apostando por lo que pueden ser pisos tutelados o residencias para personas con problemas de conducta.

Bien es cierto que, en este momento, la política para con los discapacitados psíquicos no la está llevando a cabo el Gobierno de Aragón, sino que la llevan a cabo entidades del sector social y del sector privado, que tiene cada uno políticas propias y cada uno tiene las suyas. Realmente, han surgido para dar respuesta a una necesidad que no era atendida por la Administración, asociaciones que, por otra parte, tienen muchísimos problemas, como usted sabe, de financiación.

Por lo visto, parece que a principios de año se llamó a muchas de estas asociaciones -creo que a todas- que reciben subvenciones o convenios para comentarles que las ayudas iban a pasar a conciertos. Pasaron los meses, y algunas asociaciones, por lo visto, no sabían nada ni de convenios ni de conciertos ni de subvenciones, hasta que, a finales de junio, el IASS anunció que a la mayor brevedad posible se recibirían los importes mediante subvención. La mayor brevedad posible se demoró, por lo visto, hasta el mes de septiembre, que algunas de estas asociaciones recibieron el 50%. Unas recibieron, por lo visto también, el dinero antes del verano y otras no, con el consabido perjuicio, puesto que para atender a los usuarios deben pedir préstamos, préstamos que nos menciona el IASS. Parece que la discriminación es evidente entre unas asociaciones y otras, entre unos centros y otros, y, por tanto, entre unos usuarios y otros.

Y, por otro lado, también creo que hay quejas por parte de algunas asociaciones de que hacen propuestas interesantes al IASS para intentar mejorar la calidad de vida de estas personas y que no son escuchadas por parte del IASS, y yo creo que esto merecería respuestas adecuadas.

Yo sigo pensando que es necesaria, para finalizar, una mayor coordinación para solucionar carencias, para hablar de lo que falta. Y, desde luego, entre las cosas que faltan sí que se echa de menos un mayor control de la Administración sobre estas asociaciones, porque en este momento se pide justificación de gastos, pero no un control de gastos, con lo cual se está incumpliendo el artículo 4 de la Lismi.

Nada más. Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora Echeverría.

Tiene la palabra la portavoz del Partido Aragonés, señora Costa.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias, presidente.

Señorías.

Bienvenido, don Miguel Álvarez, a estas Cortes de Aragón.

Me ha parecido interesante su división en los cinco puntos de las personas con discapacidades psíquicas. Yo le haría la primera pregunta: ¿hay un estudio sobre el número de afectados referente a los cinco puntos en Aragón y provincia por provincia? Esta es mi primera pregunta.

A continuación, realmente, para las personas con discapacidades psíquicas en Aragón había una carencia: eso no podemos ignorarlo. Si no hubiera habido esa carencia, no existiría la gran cantidad de asociaciones que usted ha nombrado. Cuando la sociedad civil interviene sobre un grupo humano es porque la Administración lo tiene o estaba ligeramente descuidado. Yo veo en ustedes, en este momento -y quiero felicitarles-, un intento de solucionar todo esto en base a dos líneas.

Primera línea. Ustedes hablan de solucionar la financiación con las asociaciones de ese tipo y con esos grupos que tienen todas las residencias y aumentar las plazas concertadas; me parece una línea de actuación importante, y yo creo que deberían seguir en esa línea.

Al mismo tiempo, usted plantea pasar en un 20% el número de plazas públicas y, al mismo tiempo, dice que hay trescientas cincuenta personas que van a centros especiales de empleo. No tengo, de verdad, nada más que felicitarle por los planteamientos que usted en este momento está haciendo.

Y nos aparecen fenómenos nuevos, como son, por ejemplo -y usted los ha enumerado-, las personas mayores que no son tan mayores como para colocarlas en una residencia de personas mayores, que antes las colocaban, cinco o seis, y que ahora a ustedes les van a obligar a hacer una residencia especial para estas personas.

Yo creo, de verdad, que ustedes están analizando y están atentos a todos los puntos que pueden llevar a cada una de las personas con discapacidades psíquicas, y quiero felicitarle por su intervención y por la esperanza que usted nos coloca de que todo eso pueda llegar a buen fin.

Quiero felicitarle también por las inversiones en Atades Huesca. Yo lo visité hace poco, y es un ejemplo maravilloso a seguir de cómo son atendidas las personas y al gran número que se llega.

Y tengo yo también otra pregunta: ¿cómo se resuelven las minusvalías psíquicas infantiles? Es una pregunta que a mí me inquieta un poco.

Con esto, de nuevo, darle las gracias por su comparecencia, y de verdad que puede usted tener una financiación suficiente para llevar a cabo todos los planes y todos los proyectos que usted ha enumerado.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora Costa.

Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista, señora Mihi.

La señora diputada MIHI TENEDOR: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señor Álvarez.

El Grupo Parlamentario Socialista agradecemos su presencia en esta comisión, así como la intervención que sobre la política de atención a las personas con discapacidad psíquica en la Comunidad Autónoma de Aragón acaba de realizar, y de cuya exposición se desprende que, aunque falta mucho por hacer, ya se están aplicando medidas y diseñando políticas sociales dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidades psíquicas.

Como usted nos ha recordado, en esta comisión tratamos una proposición no de ley, presentada por Izquierda Unida y votada por unanimidad por todos los grupos, relacionada con el colectivo objeto de esta comparecencia. En el debate de dicha proposición, el Grupo Socialista ya planteamos, entre otras cuestiones, la necesidad de avanzar en la supresión de los conceptos y estrategias que han producido o dado cobertura a políticas de marginación y discriminación que, repito, como ya dije en la comisión, no deben volver a potenciarse o producirse.

Las personas con retraso mental y las personas con enfermedad mental son los principales grupos de discapacitados que componen el colectivo de discapacitados psíquicos.

Hasta principios del siglo XIX, el retraso mental no era diferenciado clínica ni socialmente de otras alteraciones como la demencia, la enfermedad mental, la sordomudez, la epilepsia y otras. Hoy, en el siglo XXI, todavía es frecuente que sigamos mezclando realidades personales tan distintas como pueden ser una persona con retraso mental o la de un enfermo mental.

El retraso mental es una realidad que no siempre se presenta de la misma manera, puesto que las circunstancias que lo ocasionan y las formas en que se vive en la esfera personal y familiar varían sustancialmente en función de diferentes condicionantes. Las personas con retraso mental tienen características propias en tanto que personas y son tan diferentes entre sí como lo puede ser cualquier grupo de población. En esta línea, las definiciones que al comienzo de su intervención ha hecho de varios grupos de discapacitados psíquicos (en concreto cinco) nos han parecido sumamente interesantes y aclaratorias para entender la problemática de este sector de las discapacidades.

Ha hecho usted referencia a las organizaciones sociales que trabajan con este colectivo, evidenciando que existen problemas y dificultades que, sin embargo, entendemos -por las medidas que se han tomado- que están en vías de solución.

Estas asociaciones son un medio adecuado para la vertebración social y portadoras de valores que debemos reconocer y valorar: solidaridad, respeto a la diferencia, formación social, etcétera. La participación social de las familias y de los propios discapacitados psíquicos ha estimulado el interés social y político por la realidad de este colectivo.

La labor de sus asociaciones, no solo como gestoras o creadoras de centros y recursos, sino como concienciadoras sociales y defensoras de los derechos sociales y políticos de sus afiliados, es un elemento clave en la construcción social de nuestro país; por tanto, ayudar a sanear financieramente al movimiento asociativo nos parece muy positivo para que puedan seguir desarrollando su labor.

Ha hablado usted también de que se van a establecer controles de calidad similares en todo el territorio aragonés, así como establecer sistemas de evaluación y control sobre el gasto público.

El Grupo Socialista consideramos que estas medidas deben ser un compromiso ético de las organizaciones sociales y una obligación de la Administración el que se cumplan, como también es obligatorio sanear la red propia y pública del servicio del IASS y dotar a todo el territorio de la comunidad aragonesa de infraestructuras modernas y adecuadas, como usted mismo apuntaba.

Ha hecho alusión a un centro intermedio, que se situaría entre los centros ocupacionales y los centros especiales de empleo. La única figura intermedia no prevista en la Lismi es la de los centros especiales de iniciación productiva para minusválidos psíquicos. ¿Se refiere usted a estos centros? Nos gustaría que, si no se refiere a estos centros, nos aclarara a qué tipo de centros se refiere.

Por último, el análisis final que ha hecho sobre las necesidades y propuestas concretas sobre los cinco grupos de discapacitados psíquicos quiero manifestar que nos ha parecido sensato y, sobre todo, muy realista; no ha ocultado las carencias y sí ha aportado soluciones para resolverlas. Y, especialmente, lo que usted ha dejado muy claro en esta comparecencia es que el Gobierno de Aragón tiene el compromiso y la voluntad política para poner en marcha esas propuestas, y, por tanto, tienen ustedes el apoyo del Grupo Socialista.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora Mihi.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señora Plantagenet.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: Gracias, señor presidente.

El Grupo Popular saluda cordialmente a don Miguel Álvarez, director gerente del IASS.

El asunto que nos ha convocado en esta Comisión de Sanidad ha sido el explicar la política de atención a las personas con discapacidad psíquica a petición del Grupo de Izquierda Unida. Realmente, lo que usted nos ha expuesto en la comparecencia difiere, por así decirlo, de lo que nosotros tenemos conocimiento de lo que nos han venido a contar unas asociaciones de disminuidos psíquicos, que además han comparecido en las Cortes de Aragón, en la fecha 17 de noviembre de 2000, y yo voy a intentar cotejar la diferencia. No la cotejaríamos si el 80% de las plazas para personas con discapacidad psíquica no estuviera llevada por asociaciones; quiero decir: el grueso de la atención de discapacitados psíquicos pertenece a asociaciones sin ánimo de lucro. Entonces, lo que nos manifiestan estas asociaciones, para nosotros, es muy importante. Yo me voy a referir a palabras textuales para que no haya una mala interpretación. Esta persona, cuando vino a comparecer en la Comisión de Petición y Derechos Humanos, nos hablaba de que, durante mucho tiempo, nos hemos dejado llevar por «un falso concepto de piedad, de que, por no querer hacer daño a los minusválidos psíquicos, debemos callarnos, debemos dejar pasar, dejar hacer, y, claro, lo que la experiencia nos está demostrando es que, por este falso principio de piedad y en nombre de la falsa piedad, se van cometiendo una serie de irregularidades que derivan muchas veces en injusticias, arbitrariedades, abusos de poder, quizá -no me atrevo a calificar, pero, vamos, de alguna manera tengo que decirlo-, malversación de fondos o mal empleados los fondos; en algún caso podría ser cohecho. No soy técnico, pero empleo las palabras para expresarme, no para calificar ni, por supuesto, para juzgar». Yo quiero que se tenga cuenta el contexto en el que está; han sido dichas por una persona que vino a comparecer a la Comisión de Petición de Derechos Humanos.

Pero, evidentemente, esta persona vino. Pertenece a un sindicato, el sindicato USO y trabajadores de STEA, y nos dice que viene a favor de que los dineros públicos sean bien gestionados, con transparencia y eficacia. Nos manifiesta que no hay cumplimiento de la legislación laboral, que deja mucho que desear. El requisito del cumplimiento de la legislación no se cumple en cuanto a convenios, conciertos y ayudas; incluso en los permisos para abrir los centros «rechina un poco la situación» -son palabras textuales-. «En realidad, moralmente a veces se les ha obligado a los minusválidos psíquicos a hacer horas extraordinarias cuando eso lo prohíbe la ley.» «No tenemos plan de prevención de riesgos ni plan de evacuación.» Yo no voy a leerlo todo porque, evidentemente, es un texto muy largo.

En cuanto a los ritmos de trabajo y penalidad en puestos de trabajo, tampoco se cumplen. Evidentemente, hay problemas de insuficiencias de plantillas, y nos dice que hay convenios con el IASS. De todas maneras, los convenios establecen una serie de condiciones, y estas condiciones no se están cumpliendo en su totalidad. Tenemos plantillas deficientes y muy justas. En cuanto a la transparencia en los recursos económicos, no hay transparencia -palabras textuales- en cuanto a las cuestiones económicas. En cuanto a la formación, no existe un plan de formación y rehabilitación integral y no se plantea una reinserción en la sociedad de estas personas.

Venían a demandar a la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos un procedimiento, un instrumento que posibilitara la buena gestión y control de estas asociaciones por parte de las instituciones públicas, o sea, por parte del IASS.

Evidentemente, eso es una sorpresa, y, si las Cortes tienen que instar al Gobierno, que tiene un departamento que es el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, a que controle bien la gestión del dinero público, evidentemente, aquí tenemos un problema grave, y nos dicen insistentemente que preguntemos qué medidas va a adoptar para tratar de controlar adecuadamente la gestión de las subvenciones que otorgan a las asociaciones de disminuidos psíquicos de Aragón.

Yo le recomendaría la lectura detallada. Yo creo que el problema que se plantea en esta comparecencia y que han venido estos dos sindicatos a plantear es realmente grave, grave porque conculca una serie de temas que yo, señor Álvarez, creo que exceden de su competencia; yo creo que usted no es la persona adecuada para venir a explicarnos la política de atención, porque lo que aquí se ha dicho, y lo que todo el mundo sabe, excede de su competencia, sin entrar en los claroscuros de la gestión que usted ha llevado a cabo y que ha firmado, incluso con disminuidos psíquicos, en una fundación a la que usted pertenecía, y que tiene que salir, porque no es un tema de recibo que el director gerente del IASS firme un convenio junto con una asociación de disminuidos físicos, una fundación.

Pero creemos que el problema radica en que el tema es tan grave que supera al director gerente del IASS, y, además, tiene usted por encima una Dirección de Ordenación, Planificación y Evaluación, que evidentemente tendría que evaluar una gestión que no fuera correcta, y hay una dejación de esa responsabilidad, y por encima de todo eso está el señor consejero, que tendría que venir aquí a hablar de la política de atención a discapacitados psíquicos en la situación en la que dicen que se están encontrando, que aquí no voy a entrar.

Y, según nuestro sentir, el señor consejero hace una dejación de responsabilidades en lo que es la práctica de atención a los discapacitados psíquicos porque está tolerando todo este tipo de circunstancias, en las cuales no entra ni da ninguna resolución; no viene a dar la cara a las Cortes y le manda a usted para algo que, evidentemente, sobrepasa sus competencias. Pero la única forma que tenemos para controlar la buena gestión de los servicios públicos de esta comunidad autónoma está siendo hasta ahora las intervenciones que está haciendo el diputado de Izquierda Unida, que se nos presenta siempre como un salvador. Ante una irregularidad del Partido Socialista en el tema de Fundación 2000 del consejero, con un concierto de salud mental, nos presenta una enmienda y entonces se rescinde el convenio y cesa el asesor. Cuando aparece usted como una persona con la Fundación Castillo de Liscar, que veo que sigue adelante y que ha firmado un dinero, aparece una proposición no de ley donde nos insta a que habitualmente tengamos que la gestión se esté dando por los servicios públicos. Evidentemente: si es la obligación del IASS; el IASS tiene que asumir la gestión directa y la atención directa de los discapacitados psíquicos, no hace falta que nos lo vuelva a recomendar.

Y ahora no tenemos suficiente con unos equipos de valoración que están instalados y aproximadamente se está dando una atención a dos mil personas, según los datos que yo tengo -ha dicho usted mil quinientas; yo lo elevaría-. Exactamente hay dos equipos de valoración -no sé si el tercero se ha creado todavía-. No me diga que con tres equipos de valoración no pueden además hacer un seguimiento de cómo se está actuando. Entonces, como salvador nos crea un equipo multidisciplinar de control. Ustedes, el IASS, ¿no tienen suficiente capacidad de control con todo el tema de personal que tienen para poder realizar el control de las subvenciones que llevan? La Dirección de Ordenación, Planificación y Evaluación, ¿no puede evaluar las subvenciones que dan, no pueden evaluar la calidad?

Mire, yo creo que en los temas sociales hay una dejación de tal calibre por parte de los socialistas que, cuando en algún momento el Partido Popular tenga que tomar el poder y las riendas, se va a ver en una situación lamentable. De todas maneras, creo tomar el tema del disminuido psíquico con la suficiente seriedad.

No voy a entrar en detalles, porque el hecho de que el 80% de las personas de esta comunidad autónoma sean gestionadas por asociaciones sin ánimo de lucro y que la Administración sea incapaz de controlar lo referente a la gestión y que el consejero no venga a dar la cara a estas Cortes de Aragón ante esta manifestación es una situación kafkiana.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora Plantagenet.

Para su contestación tiene la palabra el director gerente del instituto, señor Álvarez, por el tiempo que usted crea necesario.

El señor director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (ÁLVAREZ GARÓS): Vamos a ver. En cuanto a la primera intervención, la del diputado señor Lacasa, vuelvo a insistir, porque me da la impresión de que no he sabido explicar correctamente lo que pretendía decir. El Estado, cuando desarrolló la Ley de integración social de los minusválidos, tuvo una serie de medidas, unas que hizo y otras de las que hizo dejación y no hizo. Y una de las dejaciones más importante es las múltiples veces que cita la Ley de integración de los minusválidos los equipos multiprofesionales, que velarán por el cumplimiento laboral y prelaboral, tanto en centros especiales de empleo como en centros ocupacionales. Y decía: en tanto no se creen todavía estos equipos multiprofesionales -que siguen sin crearse por dejación del Estado-, asumirán la parte valorativa los centros base, antiguamente del Inserso y hoy de nuestra comunidad autónoma.

Vamos a ver si separamos claramente la diferenciación de funciones. La acción social como tal no tiene competencia laboral, porque esa competencia laboral corresponde al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo olvidó desarrollar -no voy a decir por dejadez, porque se está abusando demasiado de esa palabra en esta cámara-, olvidó el futuro profesional de los disminuidos ligeros, traspasó a las comunidades autónomas el problema sin resolver, y, cuando el Grupo Parlamentario Izquierda Unida planteó en estas Cortes la proposición no de ley, hubo una auténtica movilización en la Dirección General del Inserso de Madrid, puesto que se pusieron las pilas, ya que habían omitido una cosa tan grave como era la creación de los equipos multiprofesionales. Yo le agradezco, señor Lacasa, que, gracias a su intervención, la maquinaria del Estado se haya puesto en marcha. No sé lo que le costará, no sé cuándo hará esos equipos multiprofesionales, pero por otra parte está nuestra garantía de que, mientras esos equipos multiprofesionales no los cree el Estado central, el Gobierno del Partido Popular, cuente con que en esta comunidad existirán estos grupos multiprofesionales.

Por otra parte, le querría decir, porque me parece que no ha quedado suficientemente claro en mi exposición, que estamos hablando de responsabilidades estatales no cumplidas, no de responsabilidades que no cumple la comunidad autónoma.

La representante del Grupo de Chunta, la señora Echeverría, habla -y tomo nota- de la falta de planificación, la falta de evaluación; problemas más amplios, como puedan ser el ocio, el problema de la vivienda de los disminuidos, sobre todo ligeros, y el retraso que ha habido este año en las subvenciones y los conciertos.

Voy a empezar por el final. La diferenciación entre subvención y concierto es que el concierto es una cuestión que obliga a ambas partes y la subvención tiene un carácter de graciable, y, por lo tanto, en nuestro argot denominamos como «gracioso». Es muy gracioso que la Administración te quiera dar o no te quiera dar; creemos que eso solo genera clientelismo político, puesto que sabes que tienes que estar a buenas con el que manda, porque entonces recibirás una subvención.

Pero todos sabemos lo que estaba pasando con las subvenciones. Aquí no vamos a juzgar a nadie. A primeros de este año reuní a las asociaciones de disminuidos para decirles que el 1 de enero del año 2001 se acabarían las subvenciones y que, por lo tanto, proponía que el 50% de lo que recibían en el año 2000 lo hiciéramos ya en fórmula de concierto para que ellas mismas se fueran preparando, y el 1 de enero de 2001, el otro 50%, de tal forma que el 1 de 2001 hubieran desaparecido las subvenciones y convenios graciables o «graciosos» de esta comunidad autónoma para financiar las asociaciones no lucrativas.

No voy a entrar en el detalle de por qué eso no fue posible. Les cogió muy de sorpresa a todas las asociaciones. Se fueron demorando en el tiempo. Al final corríamos un grave problema financiero porque los conciertos no se ajustaban, y no voy a entrar en las razones de por qué no se ajustaban. Se hicieron las subvenciones con el compromiso por parte de todas las asociaciones de que el 1 de enero de 2001 no recibirían ya ningún convenio, todas las plazas estarían concertadas, los conciertos estarían finalizados el 10 de noviembre y firmados a final de este año para que entrasen en vigor el 1 de enero. Espero poder conseguirlo, pero no crea, señora Echeverría, que es fácil por las implicaciones que tiene; un concierto es mucho más fácil de fiscalizar que una subvención.

Por supuesto, es importante el ocio, es importante sensibilizar a los ayuntamientos para que en su política de viviendas de grupos especiales tengan en cuenta a estos colectivos de minusválidos ligeros. Las experiencias que se están haciendo con los pisos tutelados en Huesca y en Zaragoza están funcionando bien. La nueva línea que se está tomando es transformar lo que sería una residencia en un conjunto de viviendas tuteladas con unos servicios comunes; es la última que se está realizando en Zaragoza, y creo que por esa línea debemos continuar.

Con respecto a la coordinación, tomo nota porque pienso que, efectivamente, la complejidad del mundo moderno exige que cada vez todo funcione más coordinadamente, y ahí tenemos bastante de lo que nos ha dicho usted, bastante que corregir, tenemos que coordinarnos mejor, y no dude usted de que tomo nota para ponernos a trabajar en ello.

Y con respecto al mayor control, ya le he dicho que el IASS no tiene instrumentos propios de control, que dependen de la inspección de centros. Es quizá una confusión identificar; o sea, el IASS, como tal, es un órgano gestor, pero no tiene los procedimientos de inspección. Esto es lógico y es bueno, porque lo que no sería bueno es que la misma entidad fuera la misma que inspecciona por el principio de no formar parte de la propia inspección. La inspección es independiente tanto sobre los centros no lucrativos como sobre los centros propios del IASS. Tiene capacidad para actuar sobre todos los centros públicos y privados, y no depende del IASS. Lo que sí que depende del IASS, a través de su intervención delegada, es el control del gasto y la relación de cuentas que preparamos todos los años para el Tribunal de Cuentas del Reino, del cual es responsable el interventor y en este caso el gestor, que soy yo. A pesar de ello, consideré que el tema era insuficiente, y en su tiempo comuniqué a esta comisión y a todas las asociaciones que este año comenzaríamos a hacer auditorías. Y este año comenzamos a hacer cuatro auditorías. ¿Por qué no hacemos más? Porque las auditorías pensamos que son bastante caras, que hay que usarlas con un criterio economicista. Si tenemos en cuenta que las instituciones mayores no son muchas, en cuatro años, en tres o cuatro años, prácticamente todas las asociaciones mayores habrán sido auditadas y volverá a continuar la rueda.

Con respecto al Grupo del Partido Aragonés, la señora Costa pregunta por el número de afectados. Eso ha sido una incógnita. Nunca había números fiables. Se habían hecho tanteos en relación con otros países, hasta que por parte del Inserso de España se decidió hacer un gran censo de todo tipo de minusválidos, censo que acaba de recibir esta comunidad autónoma y que con sumo gusto le trasladaré, puesto que son unos volúmenes enormes que estamos estudiando... No, no, querríamos simplificarlo. Ha sido un estudio muy completo, y por un principio de economía no parecería adecuado que la comunidad autónoma volviera a hacer un estudio para ver cuántos disminuidos tenemos. Valiéndonos del esfuerzo que ha hecho el Estado puntualmente, lo que estamos haciendo es traducir un poco en números más caseros, más para nosotros, para saber: hay trescientos veintiocho ligeros; en cada comarca hay treinta y cinco, etcétera, etcétera. De todo el volumen, que es inmenso, estamos extrayendo los datos de nuestra comunidad, y, obviamente, si es un trabajo que se ha hecho con unos técnicos fiables, pienso que no deberíamos gastar el dinero nosotros en volver a repetir el trabajo.

La otra cuestión que ha planteado, aparte de agradecerle su exposición, es la preocupación -que he omitido involuntariamente- sobre los minusválidos psíquicos infantiles. Sabemos que desde que nace una persona hay dos hitos que son fundamentales para su desarrollo en caso de tener alguna minusvalía, que son hasta los dos años y hasta los seis años. El esfuerzo recuperador que podamos hacer entre los cero y dos años va a ser el más positivo para que las secuelas de esa persona sean las menores posibles, y, luego, el período rehabilitador hasta los seis, porque a partir de los seis años el proceso rehabilitador -me refiero al mundo del que estamos hablando, de las minusvalías- se lentifica enormemente.

Este período de tiempo es lo que hemos denominado atención temprana, puesto que aquí entra muy de lleno el aspecto médico, el aspecto de estimulación y el aspecto social, y está generando un plan de atención temprana que está ultimado ya y que se va a poner en marcha en diversas instituciones, en los centros base, hospitales, etcétera, etcétera. Se ha preparado por parte del departamento una guía coherente, un plan de qué hacer en el momento en que detectamos que en nuestra comunidad ha nacido un niño que presumiblemente vaya a tener una minusvalía.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Señor Álvarez, le ruego...

El señor director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (ÁLVAREZ GARÓ): Sí. La señora Mihi, después de su exposición, ha preguntado por el centro intermedio. El centro intermedio, tal como lo conceptuamos, sería el modelo francés. Hay un salto en nuestra legislación, que es el centro ocupacional y el centro especial de empleo. En el centro especial de empleo hay relación laboral; en el centro ocupacional, no. Con lo cual, el disminuido psíquico que asiste a un centro ocupacional nunca tendrá la posibilidad de tener algo parecido a lo que es un salario, puesto que nunca pasará a la vida laboral. El modelo francés ha sido crear en medio un centro, que son los CAT (Centro de Atención de Trabajadores), que no tienen carácter laboral, porque no pueden rendir un 50%, pero cobran el salario mínimo interprofesional. Ese salario mínimo interprofesional no lo es debido a la relación laboral, si no que es debido a los presupuestos sociales, de tal forma que al minusválido gravemente afectado le parece que está en un centro de empleo y se lleva un salario, aunque no hay ninguna relación laboral.

Y, por último, el Grupo Popular ha hecho gala de su buena memoria. Ha aprovechado para pasar revista a temas que creía yo que se habían debatido ya y que habían quedado cerrados, pero que supongo que para el Grupo Popular están todavía abiertos y que no han superado. Es un problema de ustedes.

Vuelvo a repetir que no sé explicarme, no sé explicarme, porque lo que me habla usted de las horas extraordinarias, los permisos para trabajar, etcétera, etcétera, que le plantearon las asociaciones que le visitaron no tiene nada que ver con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, y, por lo tanto, ahí, nada que decir, sino que yo le sugiero que inste a su partido a nivel de Gobierno central para que rápidamente nos resuelva este problema, porque, si nos resuelve este problema, nos ahorrará el esfuerzo que habrá que hacer con los equipos multiprofesionales.

Por otra parte ha habido un problema de confusión. Los equipos multiprofesionales de que habla la Lismi y que son definidos no tienen nada que ver con los equipos del centro base, no tienen nada que ver; de hecho, ni siquiera la cualificación profesional tiene nada que ver.

Ha hablado de cosas que le han comunicado, de malversación de fondos, de cohecho, que le ha planteado un sindicato. Usted conoce tan bien como yo los mecanismos que existen en esta comunidad autónoma para el control del gasto público. Creo que obligación de todo ciudadano, y más si ostenta un cargo público, es ponerlo en conocimiento -le cito- de la Intervención General de la comunidad autónoma, de la Inspección de Centros y del protectorado de fundaciones, a pesar de, si tiene la amabilidad, decírnoslo en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales para saber con quién nos estamos jugando los cuartos. Creo que es una obligación ya no solo de diputado, sino de cualquier ciudadano que sepa o que presuma que hay un principio de malversación, y a pesar de todo tiene usted el fiscal correspondiente, donde puede dirigirse en cualquier momento.

Muchas gracias.