Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

El señor Presidente (LLANAS GASPAR): Buenos días.
Iniciamos esta sesión de Economía [a las once horas y quince minutos].
Como siempre, dejamos para el final la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
En el punto dos tenemos la comparecencia del Consejero de Economía, Hacienda y Fomento para informar sobre la situación en la que se encuentra el Casino de Zaragoza, S.A., y las soluciones políticas que el Gobierno de Aragón piensa adoptar al respecto, a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista.
Le damos la bienvenida al señor Consejero y a su equipo, a los señores Linares y Díaz.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Calvo.
El señor Diputado CALVO LASIERRA: Gracias, señor Presidente.
Gracias, Consejero, y directores generales que le acompañan.
Yo hacía una broma al entrar en esta cámara, que a veces va bien para animar la situación: decía que daba la sensación de que el Consejero venía acompañado de todo el equipo... no sé si de crupieres o de colaboradores para el casino, teniendo en cuenta que alguien propone ya y habla de que el casino lo va a tener que gestionar la Diputación General de Aragón, a lo mejor, durante un tiempo relativamente corto, hasta que se normalice la situación y pueda haber una empresa que se haga cargo.
Yo, en todo caso, le diré que creemos que la Diputación General de Aragón tiene que hacer lo necesario para resolver el problema de una empresa aragonesa que está en crisis; una empresa aragonesa que, dentro de esa crisis, tiene una responsabilidad con el Gobierno de Aragón; una empresa aragonesa que debería resolver su situación teniendo en cuenta que hay una serie de implicaciones directas e indirectas con la misma.
El Grupo Socialista, desde hace mucho tiempo, desde que conoció ya la situación de la empresa Casino Montesblancos de su situación de crisis y de sus dificultades para cumplir con las responsabilidades tributarias con la comunidad autónoma, manifestó su preocupación, y hemos seguido haciendo sistemáticamente una serie de preguntas, un seguimiento sobre la evolución de esa situación, sobre las soluciones para responder, por parte de la empresa, a esa deuda tributaria, y también para las salidas que tal empresa, que, aunque es una empresa -digamos- no creadora de riqueza, sí que es una empresa que mantiene un empleo, sobre la solución coyuntural y de futuro de esta empresa.
La verdad es que, durante un tiempo, creímos que el asunto del casino no podía tener más trascendencia realmente que la de una empresa que, como consecuencia de su ubicación, de una planificación posiblemente poco analizada y poco estudiada, había fracasado en su intento de llevar a cabo un proyecto empresarial que, teóricamente, debería ser viable (parece que dicen que todos los negocios del juego lo suelen ser). Pero, al cabo de un tiempo, se ha descubierto que la empresa no solamente no es viable sino que la maraña que se ha creado alrededor de la misma ha tenido consecuencias graves, gravísimas.
Ya nos sorprendió cuando recibimos las competencias en materia de juego en esta comunidad autónoma. Esas competencias pasaron al Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, y posteriormente, con la creación del último Gobierno, esas transferencias pasaron a Economía. Creemos que la razón fundamental no era otra que la deuda tributaria, pero últimamente, en las últimas fechas, en los últimos tiempos, hay personas, hay gente que dice estar bien informada que cree que las razones eran otras. Pero, en todo caso, yo espero que el Consejero nos lo aclarará.
Dentro de esa situación de crisis de la empresa, esa situación de necesidad de encontrar una salida, tenemos entendido que el Gobierno de Aragón, el anterior Consejero y el actual han estado negociando con distintas empresas una salida airosa, una salida que permitiera la continuidad del casino y que permitiera mantener el empleo, que permitiera mantener un negocio, porque al final también la comunidad autónoma recibe una parte importante de ese negocio o de los beneficios teóricos de ese negocio.
Distintas veces y por distintos caminos, se ha ligado la viabilidad del casino, la necesidad de sacar a flote el casino, con la ley del juego, y repetidas veces se nos ha dicho, tanto por parte del Consejero como por otros sitios, que la ley del juego no puede ser que se haga ad hoc de la necesidad del casino, es decir, que hay resolver la situación del casino, que hay que resolverla, y que la ley del juego hay que sacarla.
La ley del juego no sale, se incumplen sistemáticamente los compromisos del Gobierno con esta ley y el casino, la situación empresarial del casino, tampoco se resuelve... No sabemos si, al final -ya hacía al principio la broma- el Gobierno de Aragón se tendrá que quedar con el casino como empresa y buscar una salida empresarial al mismo o encontrará una empresa que se haga cargo del mismo con garantía de viabilidad y con garantía de respeto a los puestos de trabajo y de respeto a la Ley del juego actual. Porque, si se condiciona la viabilidad del casino al traslado a la ciudad de Zaragoza, ése es un factor que el Gobierno de Aragón tiene en su mano para poderlo utilizar en la negociación como considere conveniente.
Si todo esto no hubiese tenido un desenlace fatal, un desenlace que todavía no es el final de la película, pero, en el transcurso de la misma, un desenlace tan grave como un asesinato de un interventor de la deuda, un interventor judicial en este proceso de liquidación o de suspensión de pagos del casino, las cosas se quedarían en un nivel determinado. A partir de ese asesinato, y vamos a ser lo más prudentes y lo más respetuosos posible con todos los hechos y con todo lo ocurrido, no solamente porque esté en trámite judicial, sino porque creemos que es un asunto lo suficientemente complicado como para analizarlo con frivolidad, digo que, como consecuencia de esa nueva situación y de las declaraciones que hace la viuda del asesinado, las cosas todavía se abren más y se complican más.
Ha habido rumores de todo tipo, rumores que creo que la cámara no debe utilizar, pero sí están en el murmullo de la ciudad, y creo que le corresponde al Gobierno aclarar esos rumores, corresponde al Gobierno dejar las cosas lo más claras posible, para que nadie pueda pensar que por parte del Gobierno hay unos intereses determinados, no solamente los de resolver el problema de una empresa aragonesa, sino de otro tipo, que no serían dignos del mismo ni de esta cámara.
Las declaraciones de la esposa, en las que dice que su esposo le había transmitido el día anterior que, «con lo que descubrió mi marido, iba a caer la DGA», son gravísimas, y, por lo tanto, si no se apoyan en ningún dato fiable, en ningún dato objetivo, en ningún documento real, creo que no solamente hay que desmentirlas sino que hay que ponerlas en su sitio, y creo eso que le corresponde al Gobierno.
Sé que se han hecho declaraciones, tanto por el Consejero como por el Consejero de Presidencia y no sé si por algún otro miembro del Gobierno, desmintiendo esas declaraciones. Pero, en estos términos, en este terreno tan complicado, yo creo que no es suficiente con desmentir las declaraciones, yo creo que hace falta mucho más, para que esta cámara y, sobre todo, los aragoneses y aragonesas queden tranquilos sobre este asunto, donde hay una víctima importante.
¿Qué le puedo decir al Consejero? Luego va a haber un turno de réplica, pero yo le diré que la verdad es que nos interesa aclarar todo lo relativo al casino, como empresa que tiene una deuda importante con la comunidad autónoma; aclarar cómo juega en esto la ley del juego; el cambio de responsabilidad del Departamento de Presidencia al Departamento de Economía; la situación que se produce de negociación con distintas empresas para resolver el problema del casino; si el Gobierno, en todo caso, está dispuesto a hacerse cargo de la gestión del casino temporalmente para resolver una situación de hecho; a qué propiedad ha accedido la comunidad autónoma como consecuencia de la situación de deuda de la empresa; cuáles son los objetivos y las propuestas que tiene el Gobierno de Aragón y el Departamento de Economía para resolver este asunto de una forma clara y transparente, intentando garantizar la viabilidad de la empresa, pero dejando también clara una cosa: que, por encima de todo, incluso por encima de los puestos de trabajo y de la viabilidad empresarial, está otra cosa, que es que queden claras las responsabilidades del Gobierno, que queden claras las responsabilidades de la empresa, que quede clara toda la situación enmarañada que hay alrededor del casino y de este asesinato.
Yo le diré, con el máximo respeto y sin intentar hacer de esta comparecencia un culebrón, que corremos el riesgo si no lo tratamos con rigor y con el debido respeto. El Grupo Socialista, y creo que toda la cámara, necesita que este asunto quede claro y transparente para tranquilidad de todos: primero, del Gobierno y de usted, que tiene la responsabilidad en este departamento, y, después, de todos nosotros.
Muchas gracias, señor Presidente.
Gracias, Consejero.

El señor Presidente (LLANAS GASPAR): Muchas gracias, señor Calvo.
Don José María Rodríguez Jordá, tiene usted la palabra.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (RODRIGUEZ JORDA): Gracias, señor Presidente. Señoría.
Yo me limitaré, sin perjuicio de contestar a las distintas interrogantes que ha planteado el señor Diputado, a explicar el objeto de la comparecencia, que es señalar la situación en que se encuentra el Casino de Zaragoza y las soluciones, políticas o no, que el Gobierno de Aragón piensa adoptar al respecto.
Soluciones políticas, difícilmente se pueden dar cuando existen por medio un procedimiento concursal y un procedimiento ejecutivo, y nos estamos rigiendo por una serie de normas de las cuales, en ningún momento, se ha apartado la Diputación General de Aragón. Por tanto, yo me limitaré, para evitar ese culebrón al que hacía referencia el señor Diputado, a hablar de los aspectos tributarios, administrativos y mercantiles, que son de los que conoce y tiene responsabilidad el departamento, sin incidir en ninguna declaración de nadie, que, por muy triste que sea, cuando se hacen declaraciones (y usted dice que hay que desmentirlas: ya se han desmentido y dice que no es suficiente... ¡Pues no sé qué quiere que hagamos! Lo que hay que hacer es aportar pruebas), y si se dice, fruto del momento doloroso en el que uno se puede encontrar, alguna inconveniencia, pues no vamos a estar respondiendo continuamente a las inconveniencias... Nada más, desmentir la cuestión; por tanto, no entraré en ninguna consideración de esa naturaleza.
En cuanto a los aspectos tributarios, yo creo que hay que partir del año 1992, cuando ya surgen las primeras dificultades financieras de la entidad Casino Montesblancos entonces, hoy Casino de Zaragoza, cuando se deja de atender puntualmente el pago de la tasa fiscal sobre el juego devengada en los correspondientes períodos tributarios. Esto determina, en ese momento, la solicitud de una serie de aplazamientos y fraccionamientos de pago, en cuya garantía se aportaron en distintas fechas hipotecas unilaterales sobre las fincas de titularidad de la entidad en donde se realiza la actividad del casino de juego. Estos aplazamientos y fraccionamientos son incumplidos reiteradamente, tanto los concedidos en período voluntario por la Diputación General de Aragón como los concedidos en período ejecutivo por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
En un primer término, cuando la Diputación General de Aragón ve insatisfechos esos aplazamientos, envía a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria una serie de relaciones de deudores, providenciados de apremio para que entre en la vía ejecutiva, con fechas 3 de marzo del noventa y cuatro, 5 de septiembre del noventa y seis y 4 de noviembre del noventa y seis, que debían ser gestionados por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en función del convenio de recaudación ejecutiva firmado entre ambas instituciones el 25 de enero del noventa y tres, a través del cual dicha agencia tiene encomendada la recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público de esta comunidad autónoma.
En el cumplimiento de ese convenio y en el desarrollo de las funciones que le son propias a la agencia, ésta vuelve a otorgar nuevos aplazamientos, garantizados también con garantía real inmobiliaria, que vuelven a originar nuevos incumplimientos de pago en las fechas aplazadas, lo que determinó finalmente que, a requerimiento del Departamento de Economía, Hacienda y Fomento, por la Agencia Estatal de Administración Tributaria se dictara, con fecha 13 de agosto de 1996, providencia de embargo de los bienes ofrecidos en garantía.
Con fechas 21 de agosto del noventa y seis y 20 de enero del noventa y siete, se expiden sendos mandamientos de ejecución de las hipotecas citadas, las que garantizaban el aplazamiento y fraccionamiento solicitado, dictándose el 3 de marzo de 1997, por el jefe de la dependencia regional de recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, providencia decretando la venta en pública subasta de los inmuebles ofrecidos en garantía, siendo los valores de salida los siguientes: de la finca número 4.351, el tipo de subasta eran ciento quince millones ciento cincuenta y una mil cuatrocientas setenta pesetas; de la finca 4.512, el tipo de subasta eran quinientos cincuenta y dos millones cuatro mil ciento noventa y nueve pesetas, y de la finca número 4.988, el tipo de subasta era seiscientos cincuenta y tres millones ciento ochenta y nueve mil ciento ochenta y dos pesetas.
El día 28 de abril de 1997 se celebra la referida subasta, después de los pertinentes anuncios en el Boletín Oficial de Aragón y diversos medios de comunicación, resultando desierta por falta de licitadores, tanto en primera como en segunda licitación, lo que determinó el trámite subsiguiente, que es de enajenación directa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento de recaudación, estableciéndose como fecha límite para la presentación de ofertas la del 28 de octubre de 1997.
Ante la ausencia de licitadores en esta última adjudicación directa, se inicia la tramitación de la adjudicación de los señalados bienes en pago de las deudas tributarias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 158 y siguientes del Reglamento de recaudación.
Dicha adjudicación fue aceptada mediante resolución del Consejero de Economía, Hacienda y Fomento, de 12 de diciembre de 1997, por el importe que a continuación se detalla: la finca número 4.351, por ochenta y seis millones trescientas sesenta y tres mil seiscientas dos; la finca número 4.512, por cuatrocientos catorce millones tres mil ciento cuarenta y nueve pesetas, y la finca número 4.988, por trescientos sesenta y cinco millones ciento catorce mil ciento diez. Total, ochocientos sesenta y cinco millones cuatrocientas ochenta mil ochocientas sesenta y una pesetas. Es el importe que el Consejero de Economía y Hacienda remite a la Agencia Estatal de Administración Tributaria para adjudicarse los bienes por el impago de las deudas tributarias.
En el momento actual y previos los oportunos trámites, se ha procedido ya a la inscripción registral de las citadas fincas a favor de la Diputación General de Aragón y, por tanto, a la cancelación de las hipotecas y embargos que constaban sobre las fincas de referencia, lo que, lógicamente, comportará las consecuencias jurídicas respecto de la autorización del funcionamiento del casino, a las que a continuación me referiré.
Por lo que afecta a los aspectos tributarios, haciendo un resumen de todo lo que ha acaecido, esto es el contenido fundamental de lo que ha ocurrido desde el año noventa y dos. En la actualidad, el Casino de Zaragoza tiene una deuda con la Diputación General de Aragón de mil cuatrocientos ochenta y cinco millones novecientas treinta y siete mil doscientas ocho pesetas, de las cuales mil trescientos setenta y siete millones trescientas cuarenta y una mil ochocientas ochenta y tres derivan de fecha anterior a la presentación de la suspensión de pagos por parte de Casino de Zaragoza (que se presentó el día 22 de enero del año noventa y siete), y, a partir de esa fecha, adeuda ciento ocho millones quinientas noventa y cinco mil trescientas veinticinco pesetas.
Con independencia de las incidencias tributarias y recaudatorias esquemáticamente señaladas hasta ahora, existen, sin duda, una serie de acontecimientos administrativos, civiles y mercantiles que también es conveniente señalar para reflejar exactamente cuál es la situación de la entidad Casino de Zaragoza, y que son, en esencia, los siguientes.
Como premisa, debe recordarse -y así lo ha hecho su señoría- que, mediante Real Decreto 1.055 del año noventa y cuatro se traspasan a la comunidad autónoma las competencias, funciones y servicios en materia de casinos, juegos y apuestas que inicialmente fueron adscritas al Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales y que, por Decreto 255 del aóo noventa y cinco del Gobierno de Aragón fueron finalmente atribuidas al Departamento de Economía, Hacienda y Fomento.
El hecho de la atribución de competencias al Departamento de Economía, Hacienda y Fomento cuando, en principio, estaban atribuidas al Departamento de Presidencia, responde única y exclusivamente a dos cuestiones. La primera: cuando se hace la transferencia de competencias a la Comunidad Autónoma de Aragón, se residencia en el Departamento de Presidencia por una similitud con las competencias que venía ejerciendo hasta entonces el Ministerio del Interior en materia de juego. La Comisión Nacional de Juego estaba dentro del Ministerio del Interior y, por tanto, en el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales se entendía que era el competente en esta materia, y ahí se depositó y se atribuyó esa competencia.
¿Por qué se modifica? Por dos razones: la primera, por entender que todas las competencias relativas al juego deberían estar en un único lugar, no sólo las tributarias sino también las administrativas, porque difícilmente se podía ejercer esa competencia, en cuanto a procedimientos de apremio y otro tipo de procedimientos típicamente tributarios, con el hecho de que otro departamento ostentara las competencias administrativas en materia de policía del juego, y se trató de unificar esas competencias. Y, en segundo término, porque ésta ha sido también la tesis del conjunto de las comunidades autónomas en las que tanto una como otra están residenciadas en los departamentos que llevan las competencias en materia de juego, que normalmente son los de Economía y Hacienda. No hay ningún otro motivo ni ninguna otra razón por la cual esas competencias se desarrollen en el Departamento de Economía, Hacienda y Fomento.
Desde ese momento, desde el momento en que surge el Decreto 255 del noventa y cinco, por la Dirección General de Tributos y la de Presupuestos y Patrimonio, competente en aquella fecha en materia de recaudación ya que las primitivas competencias que existían en esta materia atribuidas a la Intervención se desdoblaron en el aóo 1993ó1994, atribuyéndole una parte a la Dirección General de Presupuestos y Patrimonio y otra parte a la Dirección General de Tributos y de Política Financiera entonces, ambas direcciones generales mantienen diversas reuniones con los anteriores representantes de la dirección y del consejo de administración de Casino de Zaragoza para exigir una solución definitiva que, de alguna manera, invirtiera la espiral de crecimiento del volumen de deuda tributaria que dicha sociedad ostentaba con la Diputación General de Aragón. Y eso pasaba por recapitalizar la entidad para hacer frente al pago parcial de las cuotas devengadas que se encontraban en período voluntario, así como obtener nuevas garantías, basadas fundamentalmente en avales bancarios, para hacer frente a las deudas que ya estaban en ejecutiva.
Tras sucesivas dilaciones basadas en la imposibilidad de obtener dichas garantías, que los administradores de la sociedad anterior las condicionaban al hecho de que el casino se situara en la ciudad de Zaragoza o a que hubiera un cambio de ubicación de la sociedad, con fecha 23 de mayo de 1996, el presidente del consejo de administración de Casino de Zaragoza solicita autorización para la transmisión de las acciones de dicha entidad, que fue tramitada de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de casinos, aportándose, por supuesto, todas las certificaciones negativas de antecedentes penales de los posibles adquirentes -personas físicas- así como también de aquellos titulares de las acciones de los adquirentes societarios.
Con carácter previo a la sustanciación de tal autorización, por compradores y vendedores se solicitó mantener una reunión de ambas partes con representantes de la Dirección General de Presupuestos y Patrimonio y de la Dirección General de Tributos, para centrar y cotejar la deuda tributaria existente, la cuantía y situación de los créditos tributarios de la Diputación General de Aragón respecto de Casino de Zaragoza, en la que, tras comprobar los datos obrantes en nuestra Administración, se ofreció una propuesta de pago de las tasas devengadas en período voluntario así como una posible adaptación del calendario de vencimientos de las deudas aplazadas o fraccionadas, acordes con la pretensión de capitalización de la entidad deudora y de sus previsiones de ingresos.
En dicho contexto y ante la inexistencia de circunstancias objetivas que impidieran o que compelieran a desautorizar la prevista transmisión de acciones de Casino de Zaragoza, con fecha 24 de junio del noventa y seis, se produce una resolución del Consejero de Economía, Hacienda y Fomento autorizando la transmisión de las acciones a los actuales titulares de Casino de Zaragoza, S.A. Evidentemente, en dicha resolución se contenía la designación de los anteriores titulares de las acciones y la nueva composición del accionariado después de la transmisión.
No obstante, dicha resolución condicionaba la autorización al cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento de casinos de juego, lo que determinó, entre otras circunstancias, el que se requiriera a la entidad para que depositara un aval (el aval previsto en el artículo 14 del citado reglamento) a favor de la Diputación General de Aragón, ya que, hasta entonces, en la Administración de la comunidad autónoma constaba un aval depositado a nombre de Casino Montesblancos y había de ser sustituido dicho aval a nombre de Casino de Zaragoza para garantizar el abono de los premios otorgados en las partidas correspondientes. Además, dicho aval, que estuvo depositado a nombre de Casino Montesblancos, había sido depositado ante la Comisión Nacional del Juego, y, una vez transferidas las competencias a la comunidad autónoma, había de sustituirse dicho aval y depositarse en los servicios correspondientes de la Diputación General de Aragón.
También, el aval en principio depositado a favor de Casino Montesblancos cumplía, porque estaba otorgado por un período concreto, el 1 de diciembre de 1996, y, como consecuencia de todo eso, se le exigió que depositara un nuevo aval como condición previa al otorgamiento de la autorización de la transmisión de las acciones, hecho que se produce y, por tanto, se da la autorización correspondiente.
El incumplimiento por la nueva dirección y consejo de Casino de Zaragoza de las previsiones de pago a las que ya me he referido con anterioridad determinó que inmediatamente, con fecha 13 de agosto de 1996 -ya he citado también- se dictara, a solicitud de la Diputación General de Aragón, la providencia de embargo de los bienes ofrecidos en garantía, expidiéndose sendos mandamientos de ejecución de las hipotecas de fecha 21 de agosto de 1996 y 20 de enero de 1997 en la forma en que ya he expuesto al tratar de las cuestiones tributarias.
Ante dicha situación, la entidad presenta, con fecha 22 de enero del noventa y siete, expediente de suspensión de pagos por insolvencia transitoria, calificada finalmente de definitiva por superar el activo al pasivo en una cifra en torno a treinta y siete millones ochocientas y pico mil pesetas. No obstante lo anterior, con fecha 3 de febrero de 1997, por el anterior Consejero de Economía, Hacienda y Fomento, se autorizó a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la continuación de la tramitación del expediente ejecutivo de referencia.
Alternativamente a los hechos descritos, a los acontecimientos producidos, y ante las crecientes dificultades de la compañía para atender sus compromisos de pago, los representantes de la misma iniciaron una serie de negociaciones tendentes a la transmisión de sus acciones a otros inversionistas que aportaran capital para reactivar la sociedad. Puesto que en las conversaciones mantenidas en presencia de representantes de la Diputación General de Aragón se condicionaba la realización de dichas operaciones de transmisión al hecho del cambio de ubicación de la entidad, las mismas, por tanto, no llegan a buen fin, ya que la Administración de la comunidad autónoma y el Gobierno han sido especialmente cuidadosos en no asumir en ningún caso la condición, entre otras razones porque debía estar sometida, como ya se ha manifestado en múltiples ocasiones, a la autorización concedida bien en la Ley del juego (nosotros pensábamos que era el instrumento adecuado), bien en una norma de carácter reglamentario, que no pensábamos sacar sino a través de la Ley del juego. Por tanto, en ningún caso queríamos suplantar la voluntad del legislativo condicionando, previamente a la aprobación de la Ley del juego, la posible ubicación del Casino de Zaragoza.
Asimismo y lógicamente, tampoco se puede condicionar desde el momento en que tienen que existir licencias de otras administraciones para ejercer la actividad, y no podemos, en ningún caso, coartar la decisión que tomen dichas administraciones. Por ello, desde el primer momento y hasta el último (y ahora le diré las trece entrevistas que se han mantenido con trece sociedades, algunas de ellas repetidas; no han sido trece sociedades, han sido menos), a ninguna de ellas -ninguna repito- se le ha admitido la condición del cambio de ubicación de la entidad.
Por tanto, ante la negativa de la Diputación General de Aragón a aceptar los anteriores condicionantes, con fecha 9 de septiembre del año noventa y siete, los responsables de Casino de Zaragoza instan una reunión con la Diputación General de Aragón y con Transworld Gaming Corporation -perdone mi inglés- interesada en la compra de sus acciones. Y la Diputación General de Aragón da el plácet para tratar con esta entidad porque es la única que no condiciona el hecho del cambio de ubicación del casino y porque, además, en un protocolo al que luego me referiré y comentaré, se hace cargo del conjunto de la deuda tributaria avalada por avales con garantía suficiente, por entidad financiera con establecimiento permanente en España, como así se hizo constar en el protocolo.
Además de eso, se compromete a reflotar la sociedad y a preservar los puestos de trabajo, las dos cuestiones que la Diputación General de Aragón ha venido manteniendo como base de su actuación: el mantenimiento de los puestos de trabajo y el cobro de su deuda tributaria. Y no podía ser de otra manera, porque era lo que tenía que suponer la pervivencia del deudor y el mantenimiento del empleo.
Tras diversas conversaciones, que -insisto- se inician el día 9 de septiembre del noventa y siete, el 3 de octubre de 1997 se firma el protocolo con Transworld, después de varias conversaciones relativas al contenido del mismo, y también por tratarse de una compañía extranjera fuera del ámbito de la Unión Europea. Y al ser capital americano el que fundamentalmente se iba a aportar, se necesitaba la autorización de consejo de ministros, de acuerdo con el Reglamento del juego, a efectos de que, al ser una sociedad extranjera, necesitaba esa autorización por hacer inversiones de capital en España.
Tras reflejarse en los antecedentes de dicho protocolo la voluntad de Transworld de adquirir el 90% de las acciones de Casino de Zaragoza, voy a pasar a describir brevemente los términos del protocolo, aunque ya han sido objeto de publicidad en revistas de tirada nacional, y, desde luego, no como consecuencia de su aportación por parte de la Administración de la comunidad autónoma, del Gobierno, que en todo caso ha tenido una actuación escrupulosa en todo lo que concierne al casino.
De acuerdo con el dictamen emitido el 10 de junio del año noventa y siete por los interventores de la suspensión de pagos, la Diputación General de Aragón tiene reconocido un crédito contra Casino de Zaragoza por importe de mil trescientos setenta y un millones quinientas ochenta y una mil ochocientas cuatro pesetas. Ese es el dictamen de los interventores de la suspensión de pagos, y dicho importe procede de las cantidades impagadas por Casino de Zaragoza durante los últimos años, desde el aóo 1992, por el concepto tributario «Tasas sobre juegos de suerte, envite o azar». Ese importe que debían se ve incrementado, lógicamente, con los correspondiente intereses de demora y con los recargos oportunos.
El desglose del crédito se hace constar en el protocolo: el importe del principal es de novecientos setenta y tres millones doscientas ochenta y una mil setecientas treinta y ocho pesetas, y el resto corresponde a intereses, intereses de aplazamientos y recargos.
Del citado principal, por cuotas, se encuentra en procedimiento ejecutivo de apremio un importe de ochocientos sesenta y ocho millones novecientas cuarenta y cuatro mil trescientas veinticinco pesetas, mientras que para el resto (ciento cuatro millones trescientas treinta y siete mil cuatrocientas trece pesetas) no se había iniciado todavía el procedimiento de apremio, es decir, estaba en período voluntario.
Con posterioridad a la presentación del expediente de suspensión de pagos, se han devengado además cuotas por la citada tasa, que en el momento de la firma de protocolo ascendían a cuarenta y cinco millones y hoy ascienden a ciento ocho millones quinientas noventa y cinco mil trescientas veinticinco pesetas, sin que todavía se haya iniciado el procedimiento de apremio.
Además de eso, en el momento de la firma del protocolo se sabía que, por parte del juzgado donde se sustancia el expediente de suspensión de pagos, se había fijado ya la fecha de la junta de acreedores de la suspensión para el 27 de noviembre de 1997, hoy -lógicamente- retrasada a 17 de abril de 1998, fecha en la que deberá celebrarse la junta de acreedores que ha de aprobar o rechazar el convenio que proponga la entidad suspensa.
Y en el antecedente sexto de dicho protocolo, finalmente, se indicaba, y leo textualmente: «Que se está elaborando en la actualidad el proyecto de ley de juego de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuya tramitación parlamentaria se espera tenga lugar durante 1998, en el que, en armonía con la legislación de otras comunidades autónomas, no se contempla la restricción para la instalación de casinos en el centro de las ciudades. Y no estando previsto por la Diputación General de Aragón autorizar más de una actividad de casino de juego en el entorno de Zaragoza, y siendo de interés mutuo de las partes propiciar la viabilidad de la empresa Casino de Zaragoza, así como garantizar el cobro de la deuda que la Diputación General de Aragón ostenta contra esa entidad, y entendiendo que los nuevos futuros propietarios de la sociedad ofrecen garantías de seriedad y solvencia para llevar a buen fin ambos objetivos, es por lo que suscribe el presente protocolo de intenciones con el siguiente contenido...». No le voy a leer todos los términos del protocolo (aunque si lo estiman oportuno, evidentemente, luego podremos entrar con más detalle en él), pero sí le diré cuáles son las tres o cuatro características de dicho protocolo.
Primero, como consecuencia de la firma del protocolo, la Diputación General de Aragón se reservaba el derecho o la oportunidad de asistir a la junta de acreedores, que, en principio, había sido fijada para el 27 de noviembre del año noventa y siete, porque podía firmar previamente un convenio con la entidad suspensa. En dicho convenio se contemplaría una quita que iría determinada al hecho de los recargos y los intereses, mientras que no existiría quita en absoluto sobre el importe de las deudas tributarias devengadas y no satisfechas por parte de Casino de Zaragoza. Y asimismo, la DGA estaba dispuesta a dar una espera de el período de tiempo necesario hasta que se sustanciara la ley del juego y, en su caso, permitiera la ubicación del casino en lugar distinto al que actualmente tiene. Es decir, que la quita iba, única y exclusivamente, al hecho de los recargos e intereses de demora, y una espera que era por el tiempo necesario -que luego, en la cláusula quinta del protocolo se hace mención- hasta que se cambiara de ubicación, en su caso, el Casino de Zaragoza.
Como consecuencia de esto, Transworld aportaba un aval garantizando el importe de las deudas tributarias hasta la fecha de la suspensión de pagos, 22 de enero del noventa y siete -ya he citado la cifra: mil trescientos setenta y siete millones- y se comprometía a atender puntualmente el devengo de la tasa fiscal sobre el juego de los períodos correspondientes desde enero del noventa y siete hasta que estuviera en vigor el protocolo, que entonces -insisto- ascendía a cuarenta y cinco millones de pesetas y que ahora asciende a ciento ocho millones.
Por supuesto, en todo esto, además, teniendo en cuenta que el 28 de abril del noventa y siete, en el procedimiento de subasta seguido para intentar vender los bienes que se quedaron sin licitadores el 28 de octubre del noventa y siete, finalizaba el plazo que se había fijado por la Agencia Estatal para la adjudicación directa y para terminar el procedimiento ejecutivo. Como consecuencia de esto, la DGA hace constar en el protocolo que es intención suya adjudicarse el inmueble si no hay licitadores; si hubiera habido licitadores que hubieran pagado la cantidad prevista, ochocientos sesenta y cinco millones, la DGA no hubiera hecho uso de su derecho de adjudicación de los bienes. Por tanto, la DGA manifiesta que, si, llegado ese supuesto del 28 de octubre de 1997, no hay licitadores, se adjudicará el bien inmueble. Y si Transworld ha cumplido con las condiciones de haber adquirido las acciones, tener el permiso del consejo de ministros para invertir en España y de aportar los avales, en ese supuesto le alquilaría las instalaciones a Transworld, fijando incluso -creo recordar- una cuantía para el importe de los arrendamientos, que luego podemos comentar.
Y quedaba un último punto, que era el hecho de que, como se había ofrecido una quita en la junta de acreedores de 27 de noviembre, que sería hasta que se pudiera ubicar en lugar distinto el Casino de Zaragoza, pues sólo quedaba pendiente el hecho de decir que la DGA, en el momento en que se produjera el hecho del cambio de ubicación, terminaba la quita, y en ese momento la entidad Transworld tendría que adquirir el importe, exactamente el mismo por el cual se había adjudicado la DGA los bienes inmuebles, es decir, ochocientos sesenta y cinco millones de pesetas.
Creo que he señalado con todo lujo de detalles cuál es el contenido fundamental del protocolo que se firma con el ánimo de llevar a buen fin el cumplimiento del mismo, y dirigido fundamentalmente a los dos únicos objetivos que ha tenido en mente la Diputación General de Aragón desde el primer momento: la preservación de los puestos de trabajo y el cobro de la deuda tributaria. Y todo ello implicaba una cuestión básica, que era que la actividad del casino tenía que continuar.
Por su parte, la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Coordinación Normativa, a petición de este Consejero, emite un informe, con fecha de 16 de octubre de 1997, sobre determinados aspectos a considerar, relativos al régimen jurídico de las inversiones a realizar por empresas extranjeras en materia de juego. Dicho informe es solicitado como consecuencia de que se plantea un duda de si, producidos todos estos hechos, la DGA tendría que autorizar la transmisión de las acciones antes o después de la autorización del consejo de ministros para invertir en España.
Asimismo, dichos servicios jurídicos se personan en el expediente de suspensión de pagos para ratificar el carácter preferente de las deudas de los créditos de la Diputación General de Aragón, así como para instar un error que se había sufrido, porque se habían atribuido los créditos a la Agencia Estatal de Administración Tributaria cuando realmente eran de la Diputación General de Aragón, error normal debido a que, como la Agencia era la que gestionaba por nuestra cuenta la tasa fiscal sobre el juego (en este caso porque estaba en vía ejecutiva), se estimó que los créditos eran de Hacienda, y no eran de Hacienda, sino de la Diputación General de Aragón.
Así mismo, el Consejero que suscribe lleva a consejo de Gobierno un decreto que se publica posteriormente en el Boletín Oficial de Aragón, el Decreto 183/97, del 4 de noviembre (se publica en el Boletín Oficial de Aragón de 26 de noviembre), por el que el Gobierno autorizaba al Consejero de Economía y Hacienda o persona en quien se delegara para comparecer ante la junta de acreedores en el procedimiento de suspensión de pagos de la compañía Casino de Zaragoza, a fin de suscribir, en su caso, el correspondiente convenio.
Presentada la correspondiente solicitud de autorización de adquisición de acciones de Casino de Zaragoza por Transworld, la misma todavía se encuentra en suspenso hasta tanto se acredite la autorización del consejo de ministros, así como la constitución de las garantías contempladas en el protocolo de intenciones. A tal efecto, se celebran varias reuniones con representantes de Transworld, que planteaban ciertas modificaciones del protocolo inicial suscrito el 3 de octubre de 1997, y en dichas reuniones se les compele a que concreten sus pretensiones, lo que lleva a cabo mediante una comunicación por telefax de 9 de febrero próximo pasado.
Como consecuencia de esto, de las pretensiones que hacen constar en ese escrito, la Administración de la comunidad autónoma, el Consejero de Economía, Hacienda y Fomento entiende que las novaciones del citado protocolo propuestas no se corresponden con lo intencionalmente acordado en el mismo, en especial en lo relativo a las garantías que deberían aportarse para el cumplimiento de su contenido, y, mediante escrito del Consejero de Economía, Hacienda y Fomento de 23 de febrero de 1998, se comunica a Transworld la decisión de la Diputación General de Aragón de dar por desistido dicho protocolo, quedando, por tanto, liberada de las intenciones en él comprendidas.
A dicha comunicación, con fecha 6 de marzo, ha respondido Transworld acusando recibo de nuestro desistimiento y ofreciendo aportar otras garantías menores que las previstas inicialmente en el protocolo, así como entrar de nuevo en conversaciones.
Una vez comunicado el anterior desistimiento por este departamento, se han atendido otras solicitudes de conversaciones con empresas interesadas en conocer la situación de casino. Y, suscrito el protocolo, también se han tenido conversaciones con otras empresas, dejando como primera condición, con claridad meridiana, que se iba a informar de esa situación por si se estaba interesado, pero que existía un protocolo de intenciones firmado con una sociedad, al cual, como no podía ser de otra manera, la Diputación General de Aragón atendería preferentemente.
En todos los casos en que se ha mantenido una reunión o una conversación -ya digo que han sido trece las reuniones, desde el 18 de marzo del noventa y siete hasta la última, el 18 de febrero del noventa y ocho- En todos los casos, el Consejero de Economía, Hacienda y Fomento ha expuesto con absoluta claridad la posición del Gobierno de Aragón en cuanto a preservar sus créditos tributarios, el carácter mínimo del contenido del anterior protocolo y el interés de preservar los puestos de trabajo, habiéndose manifestado, tanto a los anteriores titulares de las acciones de Casino de Zaragoza como a los eventuales pretendientes de su futura adquisición, que si, llegado el momento de la junta de acreedores prevista para el día 17 de abril del noventa y ocho, no se ofertan soluciones que garanticen lo anteriormente expuesto, por la Diputación General de Aragón se instará la quiebra de la sociedad. También lo he hecho público.
Igualmente, el Consejero de Economía, Hacienda y Fomento, ha manifestado en reiteradas ocasiones que, con la finalidad de evitar operaciones especulativas al respecto, hasta tanto no se resuelva en uno u otro sentido, la actual situación de Casino de Zaragoza, el Gobierno no tramitará ante esta cámara el proyecto de ley de juego de la Comunidad Autónoma de Aragón.

El señor Presidente (LLANAS GASPAR): Señor Consejero, dada la importancia del tema, esta Mesa ha alargado el tiempo generosamente.
Le agradecería que vaya concluyendo.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (RODRIGUEZ JORDA): Termino.
Me gustaría contestar a muchas de las cuestiones que se han planteado, pero termino.

El señor Presidente (LLANAS GASPAR): No, no tenga problema, que el tema ya hemos dicho que es importante, pero, bueno, vaya pensando en...

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (RODRIGUEZ JORDA): Querían saber la situación, y creo que he querido exponerla con todo lujo de detalles, pero termino ya, señor Presidente.
De cualquier forma, ¿cómo estamos hoy? Hoy estamos en que no tenemos suscrito ningún protocolo de intenciones con ninguna de las entidades que se ha interesado; algunas de ellas todavía siguen insistiendo en que se firme por escrito la condición de la ubicación en lugar distinto de donde actualmente está instalado, puesto que no se va acceder por parte del Gobierno. Las conversaciones que estamos teniendo con varios de los interesados todavía no han concluido a la firma de un nuevo protocolo, que sería deseable que se realizara cuanto antes, lógicamente, porque la fecha de la suspensión de pagos (17 de abril de 1998) la tenemos a la vuelta de la esquina, y sería muy conveniente que si alguien va a entrar en la operación, lo hiciera antes de esa fecha, con el fin de firmar el convenio correspondiente con la DGA, que es el 95% de la Junta, y el resto de los acreedores.
De cualquier forma, la Diputación General de Aragón, como consecuencia del ejercicio de su derecho de adjudicación de bienes inmuebles solicitado el 12 de diciembre de 1997, se ha inscrito ya en el Registro de la Propiedad la titularidad a favor de la misma y la cancelación de las hipotecas correspondientes, y se ha iniciado el procedimiento para revocar la autorización de apertura y funcionamiento de dicho centro, como consecuencia de la pérdida de disponibilidad de los inmuebles destinados a la actividad del casino. A esos efectos, iniciado el procedimiento, se les notificará reglamentariamente a los actuales titulares de Casino de Zaragoza que han perdido la licencia.
Hay algunas cuestiones de tipo jurídico en las que no voy a entrar, porque son complicadas y complejas, pero yo creo que por parte de este Consejero se ha dado cumplida satisfacción a la explicación del Casino y ha procurado contestar a aquellas cuestiones que había planteado su señoría, y creo que la responsabilidad del Gobierno, que, de alguna manera, se ponía de manifiesto, está absolutamente salvada y solventada, con una actuación impecable desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista tributario. Creo que, con ello, el asunto está absolutamente claro, por parte de dicha administración y por parte del Gobierno, el que, insisto, no entra en rumores ni tengo la obligación de acallarlos; paso de rumores, porque, si no, no podríamos trabajar. La DGA se tiene que dedicar a actuar con la limpieza y con la claridad más absoluta en un tema tan delicado, en el que ha habido, lamentablemente, otros hechos que se le escapan a la DGA y que no entra en rumores ni en acallarlos.
La Diputación General de Aragón hace su trabajo, como ya manifesté en su momento con las empresas en crisis, calladamente y tratando de resolver la cuestión. Y lo hace tan bien que, de momento, no se ha cerrado el Casino, cuando ha habido múltiples oportunidades para hacerlo. Y no se ha cerrado por preservar los puestos de trabajo y, por tanto, yo entiendo que su responsabilidad está suficientemente probada como consecuencia de esa actuación, y entiendo -lo vuelvo a manifestar- que no tenemos que entrar ni en desmentidos ni en acallar situaciones que se le escapan a la propia actuación y al propio funcionamiento y competencia de la Diputación General de Aragón y del Gobierno.
Nada más. Muchas gracias.

El señor Presidente (LLANAS GASPAR): Muchas gracias, señor Consejero.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Calvo.

El señor Diputado CALVO LASIERRA: Gracias, señor Presiente.
Gracias, Consejero.
A mí no me preocupa que haya sido usted largo de explicar, lo que me preocupa es que al final de todo el recorrido -posiblemente el trámite administrativo y todas las gestiones han sido claras, han sido limpias y transparentes- estemos como al principio. Tal vez estemos peor, pero estamos con la siguiente situación: deduzco de sus palabras que en este momento el Casino es propiedad de la Diputación General de Aragón, los inmuebles, no la sociedad, los inmuebles. Que en esos inmuebles propiedad de la Comunidad Autónoma sigue funcionando la Sociedad Casino de Zaragoza, que sigue utilizando esos inmuebles. Esta Sociedad no paga, obviamente, ningún alquiler de uso de los edificios, no paga la tasa de juego, no paga nada, pero, en todo caso, tenemos a los trabajadores trabajando; lo que no sé es si les paga a los trabajadores, porque si no les paga tampoco a los trabajadores, el negocio es ya redondo del todo.
Entonces, ¿en qué situación nos encontramos ahora, después de todo este recorrido? Es que había una empresa interesada, y esa empresa, al final, como consecuencia de lo que sea, no sabemos exactamente de qué, se ha echado atrás, o porque ha visto que la empresa no es negocio o porque ha visto que había muchas implicaciones alrededor de la misma que no le gustaban. Nos encontramos en la situación de que la Diputación General de Aragón se mantiene bastante firme en no modificar la ley o en no autorizar el traslado del casino en tanto no esté cerrada toda la operación, que me parece razonable, pero nos seguimos encontrando sin tener una solución para el casino, sin tener solución para una empresa que, desgraciadamente, desde mi punto de vista, desde mi planteamiento, no es una empresa muy interesante, puesto que el único interés es que tiene puestos de trabajo; pero no tiene mucho interés al ser una empresa no productiva, una empresa de ocio, que, en todo caso, llamémosle de ocio, por ponerle un nombre bastante suave.
¿Qué se puede hacer? ¿Qué va a hacer la Diputación General de Aragón? Tiene ya la propiedad de los inmuebles; hasta el día 17 o 27 de abril -no recuerdo bien la fecha que ha dicho- en que se reúne la junta de acreedores, seguiremos en esta espera, en este proceso o plazo de espera, a ver si hay alguna empresa decidida a aceptar las condiciones que propone la Diputación General de Aragón. Pero si el día 17 no hay ninguna empresa, salvo que alguien esté jugando la partida de póquer -como son expertos en juego, a lo mejor están jugando la partida de póquer hasta el día 17ó, si no hay ninguna empresa que asuma, que esté dispuesta a asumir las condiciones que propone la Diputación General de Aragón, la Diputación General de Aragón se encontrará el día 17 con el casino y con todas sus consecuencias, supongo, y entonces, a partir de ahí, tendrá que tomar la decisión: si asume la gestión del casino, si busca una empresa arrendataria de la gestión del casino o qué hace.
Si no he entendido mal, como consecuencia de haber perdido la propiedad de los edificios, como consecuencia de que la empresa está en una situación absolutamente precaria, ha perdido también la licencia o está en riesgo de perder la licencia de autorización del casino. Por lo tanto, estamos en la precariedad mayor posible. ¡Ojalá haya suerte!, ojalá haya suerte y se resuelva todo bien.
Al margen de ello, ¿qué pasa con la ley de juego? Esta Comunidad Autónoma no puede condicionar la ley de juego -si realmente, el Gobierno está interesado en que haya una ley del juego- a este procedimiento, a este proceso. Usted ha dicho que en 1998 se va a tramitar, se va a..., pero estamos ahí pendientes, y aunque usted quiera, le resulta absolutamente imposible aprobar una ley del juego sin mirar permanentemente, incluso no de reojo, sino más directamente al problema del Casino Montesblancos.
¿Qué va a pasar con los trabajadores? En todo caso, la Diputación General de Aragón va a quedarse, digamos, con todas las responsabilidades, con todas las responsabilidades: se va a quedar con las propiedades, se va a quedar con todo, si no hay una empresa, mientras tanto, que resuelve, estamos en el supuesto de que no haya una empresa que lo resuelva. ¿Qué va a hacer? A pesar de que de han dicho repetidas veces el Consejero y algún responsable más de Gobierno que «de ninguna manera se van a hacer cargo de la gestión del casino», alguna alternativa tendrá que buscar, alguna alternativa tendrá que buscar.
¿Qué pasa con el posible traslado o con la posible solución de la ubicación en Zaragoza? Cuando la Comunidad Autónoma sea la propietaria, cuando la Comunidad Autónoma tenga todas las responsabilidades sobre sí misma, digamos la plusvalía o la ventaja o el beneficio de que esté en la ciudad, mejor será que lo aproveche la Comunidad Autónoma, pero, en todo caso, tendrá que decidir qué hace, tendrá que decidir qué hace.
Yo he entendido que se ha hecho cargo de toda la propiedad, y no sé si queda alguna propiedad que no esté en manos de la Comunidad Autónoma: se ha adjudicado. ¿En qué situación se encuentran en este momento la empresa y los trabajadores?, ¿en suspensión de pagos?, ¿funcionando? ¿En qué situación se encuentran la empresa y los trabajadores en este momento? ¿Qué podemos hacer?, ¿qué se puede hacer?
Yo, la verdad, es que sin entrar ya en el tema escabroso y en los incidentes que se han producido alrededor de todo esto, ¿no le parece a usted y no les parece a todas las señoras y señores Diputados, a todos los aquí presentes, que es rarísimo, extraño, que este juego del casino, o este lío del juego, que parece que es todo normalidad o que es un procedimiento de trámite riguroso, no debe de tener algo raro cuando ha muerto una persona? Siempre que hay quiebra, siempre que hay suspensión de pagos, siempre hay conflicto, pero en este asunto ¿no hay algo más raro que ha llevado a esta situación? Y no quiero que se aclaren cosas que no hay que aclarar, ni comentarios o rumores, o lo que ha dicho la viuda del interventor asesinado, pero ¿no creen que hay algo raro? Para desgracia de todos, para desgracia de todos, y también para consecuencia de que este asunto del casino no se resuelva como todos hubiéramos deseado que se resolviera.
La verdad es que yo le deseo mucha suerte, le deseo mucha suerte a usted y les deseo mucha suerte a los trabajadores de esta empresa de Aragón que está con dificultades, pero la verdad es que va a ser muy difícil que, en la opinión pública, este asunto deje de oler de una forma rara, de una forma especial.
Espero, como digo, que tenga mucha suerte, que se resuelva todo bien, que encontremos una empresa sería y responsable que asuma todo este asunto, o que la Diputación General de Aragón sea capaz, buscando una alternativa distinta, de mantener una empresa que, como decía antes, a pesar de no ser productiva, sí tiene cien puestos de trabajo.
Muchas gracias, de todas formas, señor Consejero, por su esfuerzo y por intentar aclararnos todos los detalles, pero, como le decía antes, le deseo muchísima suerte para que este asunto salga bien para todos y también para usted.

El señor Presidente (LLANAS GASPAR): Muchas gracias, señor Calvo.
Tiene usted la palabra, señor Consejero

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (RODRIGUEZ JORDA): Gracias, señoría.
Al final de proceso, estamos igual, o no: estamos peor. Estamos peor, porque se va incrementando la deuda tributaria. Estamos peor. Y los plazos de agotan. O sea, no estamos igual.
Pero yo no entiendo su argumento, porque usted se extraña de que tengamos ahí una sociedad que no paga nada de nada desde hace dos años, y dice: «pero es que no tienen ustedes solución para la empresa». Pero ¡cómo vamos a tener solución para una empresa que reiteradamente ha incumplido todo! Tenemos que buscar una solución fuera de esa empresa, no de la actual, porque si no paga nada, si incumple absolutamente todo, es como si se manifiesta por parte de alguno de los actuales titulares lo siguiente: «el protocolo que ustedes han firmado con Transworld, yo también lo quiero». Pero ¡oiga!, ¿usted cómo va a firmar un protocolo si lleva dos años sin ingresar nada?, ¿usted cómo va a aportar un aval?, ¿de qué va a aportar usted nada si hemos tenido que adjudicarnos los bienes porque usted no ha hecho nada? Luego, la empresa que hay actualmente no tiene intención de solventar la solución del casino que tiene.
Dice: «hay algo raro». Pues, mire usted, insisto en que no voy a entrar en la cuestión. Desde luego, no es normal, no lo podemos calificar de normal, pero no entro, la DGA no entra en consideraciones de esa naturaleza; les corresponde a los jueces, a la policía y a otros estamentos. La DGA se dedica a lo que se tiene que dedicar, y le puedo asegurar que ya tiene bastante.
Pero le voy a decir qué es lo que va a hacer la DGA, para que al final del proceso, por lo menos, tengamos claro qué es lo que vamos a hacer. El Gobierno no tiene intención ninguna de gestionar directamente el casino. El Gobierno, si el 17 de abril de 1998 no ha encontrado a alguien que quiera hacerse cargo de la sociedad Casino de Zaragoza, adquiriendo las acciones del actual titular, el Gobierno irá a la junta de acreedores de Casino de Zaragoza e instará la quiebra de Casino de Zaragoza, S.A. Y, por tanto, desde ese punto y momento, el Gobierno cerrará el Casino de Zaragoza. Más claro, agua. Y si no se ha cerrado ya, ha sido pensando en los puestos de trabajo.
El Gobierno, con motivo de adjudicarse los inmuebles, tiene que continuar su tramitación administrativa y notificar a los actuales titulares de Casino de Zaragoza que han perdido, que ha caducado la licencia como consecuencia de esa pérdida de disponibilidad, trámite en el que estamos en este momento, y que si no se ha realizado ya, ha sido para evitar el cierre de Casino de Zaragoza antes de la fecha de la suspensión de pagos, y que se notificará y, por supuesto, que con todas las garantías para los actuales titulares, a los que se les dará la posibilidad de que recurran la decisión administrativa. El Gobierno está dejando utilizar en precario unas instalaciones adjudicadas por él con el fin de preservar los puestos de trabajo, y es imposible que el Gobierno pueda hacer más por preservarlos. Pero si no hay nadie que firme el protocolo, que se haga cargo en condiciones normales..., porque el Gobierno tampoco puede transigir con sus deudas tributarias, sí puede transigir en un proceso concursal, pero no en el procedimiento ejecutivo. Si no hay nadie que se que haga cargo de esto, el Gobierno no gestionará directamente el casino, y presentará la ley del juego a lo largo del aóo 1998.
Y me interesa mucho recalcar una cuestión: la ley del juego no puede, ni debe, ni está en mente del Gobierno hacerse ad hoc para la situación del casino, pero es evidente que en estos momento existe una situación del casino que condiciona la ley del juego, y por eso, el Consejero ha manifestado que no la presentará mientras no se solvente el problema del casino. Y ¿por qué no? Porque, a lo mejor, es que estamos esperando todos a que se presente la ley del juego para generar unas especulaciones o para generar unas plusvalías que no procede, y el Gobierno no está dispuesto a que se genere nada.
Pero le voy a decir una cosa, y esto sí que es rigurosamente cierto y lo voy a demostrar: está mucho más preocupado de preservar los puestos de trabajo que de cobrar su deuda tributaria. El Gobierno va a cobrar su deuda tributaria, porque, aunque ahora hubiera que cerrar, la primera condición para otorgar la autorización en Zaragoza tendría que ser el poner lo que vale el Casino de Zaragoza. O sea, que de todas las maneras lo va a cobrar, antes o después, y si no ha paralizado todos los procedimientos y ha cerrado el Casino de Zaragoza ha sido, única y exclusivamente, insisto, por los puestos de trabajo. Y esa es nuestra preocupación, pero desde luego, a pesar de que yo le agradezco sumamente que nos desee mucha suerte y que, al principio, se haya hecho bromas con que vengamos del Departamento en plan de crupier, no vamos a gestionar el casino directamente nosotros; no es la función de un Gobierno gestionar un casino.
Nada más. Muchas gracias.

El señor Presidente (LLANAS GASPAR): Gracias, señor Consejero.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Yuste.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Buenos días.
A mí, ciertamente, me da igual que la empresa de la que hoy hablamos sea un casino o sea una fábrica de válvulas para centrales nucleares; lo que me importa aquí es el centenar de puestos de trabajo que hay en juego y, por supuesto, la deuda tributaria, que asciende a la friolera que ya nos ha comentado el Consejero.
Por lo tanto, si en cualquier empresa en crisis, desde nuestro punto de vista, al menos, entendemos que el Gobierno de Aragón debe intervenir, debe actuar, debe, por lo menos, mediar, pues con más razón en una empresa como ésta, que, aunque sea privada, tiene importantes dependencias del Gobierno de Aragón: por un lado, la concesión de la licencia de explotación y, por otro lado, esa deuda tributaria acumulada.
Quiero recordar que el caso del casino ha motivado, al menos, dos debates parlamentarios durante el aóo pasado, los dos a iniciativa de Chunta Aragonesista: por un lado el 7 de marzo, con la comparecencia de su antecesor, el Consejero Rafael Zapatero, y, posteriormente, el 16 de junio, a través de una proposición no de ley, la 81/97, que al final fue aprobada por unanimidad, merced a la transacción, con varias enmiendas de los otros Grupos, y que, fundamentalmente, planteaba como dos objetivos irrenunciables del Gobierno la defensa del mantenimiento del empleo y la garantía del cobro de la deuda tributaria. Efectivamente, nos alegra que ese doble compromiso siga siendo el compromiso que está en el frontispicio de la gestión del Gobierno de Aragón en este caso, nos alegra que sea ese el doble objetivo, y también hay que recordar que en esa proposición no de ley se acordaba que el proyecto de ley de juego debía tramitase en el siguiente período de sesiones, por lo tanto, en el segundo semestre de 1997. A pesar de que las circunstancias han cambiado y, evidentemente, en estos momentos, el Gobierno viene con el incumplimiento y argumentando por qué se ha incumplido, lo cual, por otra parte, no es normal en esta casa: estamos acostumbrados a que el Gobierno incumpla los mandatos parlamentarios sin dar explicaciones; por lo tanto, el hecho de que de explicaciones ya nos hace ver que este asunto es distinto a otros.
Ciertamente, hay que recordar que parecía todo a punto de resolverse con la venta del casino a una empresa norteamericana, hasta que sucedió una tragedia, y esa tragedia nos devolvió a lo que es la zona más oscura de la vida subterránea de la economía aragonesa o de la vida urbana en Zaragoza. No podemos soslayar que la investigación judicial y, en parte, la investigación periodística están presentándonos un caso más propio de la novela negra, tomando como protagonistas a unos pistoleros fascistas a sueldo de empresarios sin escrúpulos que especulan con empresas en crisis, situación que, desde luego, entiendo que debe provocarnos toda la alarma y toda la prudencia. En ese contexto, sin que se arroje toda la luz sobre el caso del asesinato del auditor López Aldea, supongo que es difícil que el Gobierno de Aragón pueda arbitrar la solución que me hubiera gustado en este caso, y supongo que también puede parecer incluso razonable que se ponga en el congelador el proyecto de la ley del juego hasta que las cosas que aclaren.
Pero entiendo que existen otras situaciones y otras soluciones al problema. Quiero recordar que en aquel debate de junio de 1997, a raíz de la proposición no de ley que presentamos, nosotros proponíamos que se dieran dos garantías específicas para el mantenimiento del empleo: por un lado, que el cambio de titularidad de la licencia llevara aparejada la subrogación de la plantilla -tomábamos como precedente legal lo que ocurrió en uno de los casinos de Las Palmas de Gran Canaria, donde la plantilla fue subrogada al cambio de titularidad de la licencia, es decir, que la nueva empresa que entra se compromete el mantenimiento de la plantilla- y segundo, que transitoriamente, hasta que se adjudique la licencia a otra empresa, el Gobierno de Aragón ejerza provisionalmente la tutela administrativa para mantener la actividad del casino.
Ya sabemos -lo dijo su antecesor y lo dice usted mismo- que no les gusta regentar casinos al Gobierno de Aragón, que Aragón no es Mónaco, pero también es verdad que, temporalmente, en otras comunidades autónomas se están dando situaciones parecidas, y creo que es bueno que las veamos, por lo menos, como un precedente a estudiar. Por un lado, la Comunidad Valenciana está gestionando el casino de Villajoyosa, en la provincia de Alicante, y por otra parte, el casino de Santander se encuentra, en estos momentos, cogestionado al 50% por el Ayuntamiento de la capital y por la Diputación Regional de Cantabria. Por lo tanto, hay precedentes que existen y que se pueden valorar a la hora de buscar una salida a esta situación.
Esas dos opciones que nosotros planteamos en el debate fueron retiradas de la proposición no de ley, precisamente en aras del consenso, pero ahora entendemos que la situación ha cambiado, y debido a las dificultades para venderlo, quizás, el Gobierno de Aragón podría replantearse la situación. Por eso nos gustaría recordar esa posible solución transitoria, que podría valorarse, que por un lado podría dar estabilidad al negocio y, por otro lado, a los trabajadores.
Además, como ya se ha mencionado, el casino, en circunstancias normales, no es un mal negocio, no sé si es productivo o un mero redistribuidor de las riquezas aleatoriamente, pero, en todo caso, el Gobierno de Aragón, gestionando el casino y con la posibilidad de ubicarlo en Zaragoza, tramitando la esperada ley del juego, con ese marco legal adecuado, posiblemente pueda rentabilizar el casino, pueda volver a sus momentos de mayor rentabilidad, y recordemos que en los buenos tiempos, pues, había unas ganancias de cinco mil millones al aóo, cifra con la que, sin duda, el Gobierno de Aragón podría resarcirse la deuda, manteniendo el empleo y, desde luego, planteando la gestión del casino no como un mal negocio al que el Gobierno de Aragón se pueda ver abocado, sino como un buen negocio, en todo caso, provisionalmente y temporalmente, por supuesto.
Yo, en ese sentido, le quiero agradecer, en primer lugar, en nombre de los trabajadores y trabajadoras del Casino de Zaragoza, que no haya cerrado todavía esa empresa, a pesar de las oportunidades que ha tenido, pero sí que quería hacerle algunas preguntas concretas sobre la cuestión.
Desde luego, lo primero ha de ser sacarse de en medio a los actuales propietarios. No voy a entrar en valoraciones sobre ellos y sobre su trayectoria personal en esta ciudad, creo que ya no es el momento, lo importante es quitarlos de en medio, retirarles la licencia y, por lo tanto, trabajar con esa hipótesis de qué va a pasar el 16 de abril.
Los pretendientes que usted decía que tenía el casino, ¿hay alguna posibilidad de que alguno pueda adecuarse? Yo entiendo que en el protocolo que se firmó con Transworld existe el compromiso de que el Gobierno de Aragón tramitará esa ley y, evidentemente, tramitará una ley de juego y, evidentemente, en la sintonía de lo que han hecho otras comunidades autónomas y salvo que los Diputados de estas Cortes decidamos otra cosa, evidentemente, lo razonable parece ser que se quiten esas limitaciones a la ubicación. Por lo tanto si ese compromiso se ha tomado ya con Transworld, y parece ser que, precisamente, porque era la única empresa que no pidió ese compromiso, no entendemos la razón que impida que ese compromiso se pueda plantear con otras empresas para que puedan entrar a negociar la compra del casino.
Se ha dicho, se ha dicho por ahí y se ha dicho en medios de comunicación, que hay alguna empresa conocida, empresa hotelera española, de la que yo no le voy a pedir que mencione el nombre, porque supongo que no es prudente y, por lo tanto, no se comprometa, pero sí me gustaría saber lo siguiente: ¿existen empresas solventes, con trayectoria clara y, además, que sean del ámbito del Estado español o de la Unión Europea que estén interesadas en el casino y que la única pega que ponen es el tema de la ubicación? Porque, claro, si ponen pegas sobre pagar la deuda, yo creo que eso tiene mucho peso, pero si la única pega es el tema de la ubicación del casino y usted es consciente de que ese tema se va a resolver, de que prácticamente se lo resolvía ya a la gente de Transworld, pues, nos parece que sería un problema menor y, por lo tanto, no debería ser obstáculo para que entraran otros compradores. Y, en todo caso, si no existen otros compradores, yo creo que debería de reconsiderar la posibilidad de asumir temporalmente la gestión del casino.
En todo caso, si entran otros compradores o si, simplemente, se procede a la quiebra, ¿tiene previsto el Gobierno de Aragón hacer algo con las instalaciones del casino? Esas edificaciones, esas instalaciones ubicadas en los Montesblancos, en Alfajarín, ¿qué valor tienen realmente, qué utilidad se les puede dar por parte del Gobierno? O entrarían...

El señor Presidente (LLANAS GASPAR): Señor Yuste, vaya concluyendo.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Voy concluyendo.
¿Entrarían en alguna posible negociación con futuros interesados en reabrir el negocio del casino en Zaragoza?
Voy concluyendo.
No le quiero simplemente desear buena suerte, porque creo que el tema está ya tan complicado que, además de suerte, necesita lucidez y necesita ideas. Nosotros, en nuestra modestia, le hemos aportado un par de asuntos, un par de posibilidades que, quizá, yo creo que debería reconsiderar, aunque sólo fuera como un elemento más. Lo ideal, por supuesto, es que entre una empresa, y creo que en su mano está que haya empresas interesadas que puedan gestionar el casino. Y, si no, en todo caso, la defensa de los puestos de trabajo durante estos meses no tendría mayor utilidad si el 16 de abril se echa la llave a esta empresa y ese centenar de trabajadores se van a la calle, además, sin ninguna perspectiva que se pueda reabrir en un determinado plazo un casino en Zaragoza y que pueda reabsorber esa plantilla.
Por lo tanto, yo espero que reconsidere esta cuestión.
Muchas gracias.

El señor Presidente (LLANAS GASPAR): Gracias, señor Yuste.
Señor Consejero.


El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (RODRIGUEZ JORDA): Gracias, señor Presiente. Señorías.
Su señoría centra toda la atención en la conservación de los puestos de trabajo, sin perjuicio de que haga mención al hecho de que como objetivo, evidentemente, hemos de perseguir el cobro de la deuda tributaria.
Dice que el tipo de empresa le es igual, porque es una empresa en crisis (término que últimamente nos ha dado a todos por poner de manifiesto: que hay empresas en crisis). Pues, evidentemente, ésta es una empresa en crisis desde el momento en que no paga sus obligaciones, y tiene un proceso de suspensión de pagos, en el cual el pasivo es mayor que el activo; por lo tanto, es una empresa en crisis.
Pero creo que están fuera de toda duda los esfuerzos de todos para preservar todos los puestos de trabajo y darle continuidad a la actividad del Casino, sea o no productiva; sabiendo, además, a priori, que no se va a atender el pago de la tasa fiscal por parte de los actuales titulares, porque no han pagado ni un duro desde que están allí; conforme vaya transcurriendo en tiempo esa deuda se irá incrementando y será peor la alternativa.
Sí que es cierto que todos y cada uno de los que se han interesado por el tema del Casino, excepto Trans World, no es que quisieran que se dijera en el protocolo que se hiciera constar que la DGA, el Gobierno, sería sensible a presentar una ley del juego, en la que se eliminarían las restricciones; es que se pedía por escrito y firmado por el Consejero (cosa que no voy a hacer nunca) que se condicionaba su entrada en Casino de Zaragoza a la bajada del Casino a la ciudad de Zaragoza. Y es evidente que yo no puedo ni debo hacer eso.
Salvo eso, son empresas solventes y con alternativas, pero que están empecinadas en que se tiene que firmar de esa manera. No es suficiente el protocolo. Y nosotros lo que decimos es que el protocolo es el contenido mínimo: asuma usted su riesgo empresarial, sabiendo que la intención del Gobierno es presentar un proyecto de ley en el que se va a eliminar la restricción del cambio de ubicación de la instalación; pero no lo exija a priori como condición previa para entrar usted como interesado en la operación, porque no se puede condicionar. Ni la DGA puede condicionarlo en un protocolo, porque estaría rebasando su posibilidades y sus competencias, ni creo que sea algo sensato; porque, entre otras cosas, al querer muchos esa condición, entonces habría de sacarse a concurso también. ¿Qué es lo que se está produciendo ahora?: una negociación directa entre los posibles interesados, sin que haya concurso.
Pero vamos a la segunda: que el Gobierno, de alguna manera, dice usted, ejerza la tutela administrativa o se haga cargo. Ha citado algunos ejemplos: el Casino de Santander está cerrado ya, y el otro está a punto. Lo que no comparto es su tesis de que, si el 17 de abril no tenemos una alternativa, que para eso era preferible... No; mientras hay vida hay esperanza, y nosotros trataremos de alargar todo lo posible todo lo que podamos a efectos de buscar una alternativa.
Yo he sido bastante claro al decir que el Gobierno no piensa, de ninguna manera, ejercer esa actividad. No quiere decir eso que no esté dispuesto a cambiar de criterio como consecuencia de los acontecimientos; pero también le digo una cosa: si yo públicamente digo que pienso hacerme cargo del Casino, estoy seguro de que no hay ni una oferta, ni una. Dirían: ya sacarán a concurso la licencias correspondientes, ¿para qué vamos a entrar ahora, si es con carácter provisional y transitorio? Entonces, no encontraríamos una solución para el Casino. Porque ya no es el hecho de la deuda tributaria que tenga con la Diputación General de Aragón, o con el Ayuntamiento de Alfajarín, o con la Seguridad Social, o con la Hacienda Pública: es que hay un conjunto de acreedores a los cuales habría que pagarles también. Y la DGA no puede entrar en esas consideraciones, porque la DGA se tiene que regular por unas normas muy claras. Una cosa es que vaya a un procedimiento concursal (porque también estamos pensando en los demás acreedores y proveedores; por ejemplo, en el Ayuntamiento de Alfajarín), una cosa es que se vea compelida a ir a un procedimiento concursal, y otra cosa es que se haga cargo de la gestión de un casino en la situación en la que está y tenga que pagar a todos los acreedores las deudas del anterior, cuando, encima, en dos años, no se nos ha ingresado ni un duro. ¿Y, presupuestariamente, de dónde sacamos el dinero?
Es que es muy compleja la cuestión. No es tan sencilla como parece. Lo cual no significa que no desdeñemos el estudio por continuar en la tesis de preservar los puestos de trabajo. Pero, de momento, no sería una buena alternativa. Le puedo añadir varios factores más. Yo sé que lo que les lleva a ustedes a proponer eso es preservar los puestos de trabajo, es decir: pues, mire usted, provisionalmente, hágase usted cargo, y ya saldrá luego la licencia y demás. Pero es que no es tan sencilla la cuestión. De todas maneras, estamos en la tesis de encontrar al alguien que se haga cargo.
Fíjese: yo creo que se produce una reacción a no entrar en la operación no por el hecho del conocimiento de las deudas tributarias, en las que la DGA está de nuevo dispuesta a negociar (con los aplazamientos y fraccionamientos que sean precisos, siempre que se garanticen de alguna manera, lógicamente), sino por el hecho de que, conforme va transcurriendo el tiempo, y no se va sustanciando la solución para el Casino de Zaragoza, llega un momento en que se desconoce la deuda real del Casino de Zaragoza, no con las administraciones sino en el campo privado. Y eso es lo que produce cierta sensación de -digamos- respeto a la hora de entrar en la operación.
Eso la DGA no lo sabe. Nosotros sabemos lo que está en la suspensión de pagos, lo que se debe del impuesto de no se qué, de la tasa de no sé cuántos, del acta de no sé quintos y de la sanción de no sé cuántos. Pero lo que se debe en el ámbito privado, no. Y eso es lo que más respeto esta produciendo a todos los interesados. Porque lo otro está muy claro: lo otro son mil no sé cuántos millones de pesetas. Y en la DGA no hay inconveniente en aplazar eso. Luego, por ahí es por donde tenemos que obtener las soluciones.
Y no es que sea optimista: la situación no es para serlo; pero yo creo que todavía puede haber alguna alternativa. Sería deseable que fuera una empresa privada, un sector en el que sus peculiaridades, además, hacen que, aunque sea con carácter transitorio, sea muy difícil que lo gestionara la DGA.
Me ha hecho usted una pregunta que no le puedo responder, porque dice: ¿qué pensamos hacer con las instalaciones en el supuesto de que...? No lo sé, no lo sé, porque todavía tengo en mi ánimo la idea de encontrar una alternativa, y no hemos pensado todavía qué vamos a hacer con las instalaciones.
Nada más; muchas gracias.

El señor Presidente (LLANAS GASPAR): Muchas gracias, señor Consejero.
Por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón, tiene la palabra el señor Lacasa.

El señor Diputado LACASA VIDAL: Señor Presidente. Señorías.
En este asunto del Casino y del juego, la verdad es que la Comunidad Autónoma de Aragón, los aragoneses y las aragonesas, llevamos las de perder desde hace ya muchos años. No sólo es todo ese dinero que nos han dejado de ingresar, esos miles de millones de pesetas; yo diría que también veo en riesgo la única idea positiva que queda encima de la mesa. Es decir, desde luego, lo que hay encima de la mesa es un magnífico argumento, como se comentaba antes, de novela negra. Es decir, si este argumento lo hubiera pillado Raymond Chandler o Dashiell Hammett, sin duda, tendríamos aquí material para una novela. En el ámbito de España, yo creo que solamente tenemos un escritor que pueda acercarse a este tema con certeza, como es Vázquez Montalbán. Entonces, yo estoy convencido de que va a hacer volver a Pepe Carballo de Buenos Aires (que es a donde lo había enviado en la última novela) y, probablemente, vaya a resolver el caso del Casino de Zaragoza. Entonces, ni siquiera un escritor aragonés se beneficiará de este despropósito, como ha sido el tema del Casino de Zaragoza.
Lo que está claro es que el tema del juego es un tema delicado. Desde mi punto de vista, no es comparable a otro sector productivo, y buena prueba de ello es lo que acabo de decir, con cierto todo de ironía; pero no es irrelevante que, a lo largo de los años, la literatura, el cine, hayan acumulado un mundo de tensiones y de problemas en torno a las tramas que se mueven en el mundo del juego. Es así de concreto.
También es cierto que el juego tiene unos aspectos colaterales en los que no hemos entrado, como que es todo el problema de los jugadores en rehabilitación, en lo que tendríamos que ver otra faceta, es decir, no sólo la faceta productiva de ingresar dineros a las arcas públicas, sino la faceta de los daños sociales que el propio juego genera. Luego es un tema que plantea unas cuestiones con bastantes elementos contradictorios.
Pero, claro está, el culebrón aragonés, desde luego, es excesivo. Y me asalta la duda, al recorrer con usted toda la tramitación de los últimos años, si realmente no hemos perdido dos años preciosos, si realmente la adjudicación del aóo 1996, la autorización de la DGA en el aóo 1996 al nuevo dueño, al señor Fuentes, un señor al que, aunque tuviera caducados los antecedentes penales (porque, evidentemente, estuvo condenado penalmente), se le conocían todo tipo de andanzas delictivas, aunque estuvieran caducadas, porque dejó pasar un tiempo... Pero esos elementos hubieran sido suficientes como para haber tenido alguna cautela adicional en aquel momento.
Yo estoy convencido de que, de haber estado usted de Consejero de Economía en aquel momento, con las ideas tan claras y con la firmeza que hoy exhibe en esta cámara, probablemente, hubiéramos ido encauzando este problema hace dos años, y quizás estaríamos en mejores condiciones que en las que estamos en este momento.
Porque, en este momento, efectivamente, las condiciones son malas, porque había una posibilidad, que era el protocolo, razonablemente medido, en el cual se respondía, como usted dice, a todas las inquietudes que hay sobre el tapete; es decir: puestos de trabajo y deuda tributaria, porque, indiscutiblemente, la pretensión es cobrar. Pero todo eso, de la noche a la mañana, se viene abajo.
Y aquí querría profundizar un poco en lo que usted ha dicho: «yo no voy a entrar en ninguno de los elementos periféricos». Correcto: no tiene por qué entrar, si no quiere, en ningún elemento periférico. Pero vamos con el elemento central: ¿por qué se viene abajo el protocolo?; ¿tiene algo que ver con que se venga abajo el protocolo con que, como aparece publicado en los medios de comunicación, el último informe elaborado por el interventor Javier López Aldea, antes de ser asesinado en 21 de noviembre, concluye que la verdadera situación de Casino de Zaragoza, S.A., era de una insolvencia fraudulenta o quiebra, en lugar de la suspensión de pagos que se solicitó en enero de 1997? Es decir: ¿es el hecho revelador del informe del interventor judicial, y su posterior asesinato (con un crimen de tintes claramente mafiosos), lo que lleva a replantearse a Trans World Gaming las garantías que tiene que poner encima de la mesa, y lo que lleva a exigirle a usted la firma automática de su descenso, como dice, de Montesblancos a Zaragoza? ¿Está ahí la clave del asunto, o es una de las claves del asunto? Porque colisiona en las mismas fechas: es decir, se produce este crimen, se produce la aparición de este supuesto informe que el interventor judicial iba a hacer en el sentido que acabo de indicar, y se viene abajo el protocolo de intenciones.
Luego, ahí hay un elemento que tendríamos que tener muy en cuenta a la hora de ver si otras empresas tienen similares pretensiones, si tienen miedo de adentrarse también en este terreno.
Y, en todo caso -y termino con esto, porque en las preguntas que se han hecho antes han quedado bastantes de mis inquietudes reflejadas- en todo caso, con el elemento de cierre, que es la ley del juego. Se solucione o no se solucione, de las dos formas terminamos llegando a la ley del juego, terminamos llegando al hecho de bajar la actividad del Casino a la ciudad de Zaragoza. Usted se ha referido a ello de pasada, pero yo aquí querría que concretase y comprometiese más el elemento concreto.
Es decir: supuesto que alguien esté jugando la baza de no entrar en este momento, de dejar que pase el tiempo, de dejar que la Diputación General de Aragón se desespere, de dejar que el Casino se cierre y que las Cortes de Aragón, incautamente -«incautamente», entre comillas- aprobemos una ley del juego que permita el descenso del Casino a la ciudad de Zaragoza, ¿qué garantías tenemos entonces de que, si hacemos toda esta operación, si las Cortes somos tan generosas de decir que vamos a aprobar que los casinos puedan instalarse en cualquier sitio, abriendo la posibilidad de que entre en la ciudad de Zaragoza...?, ¿qué garantías tendríamos, en concreto, de que en una nueva licencia de casino, en una nueva instalación de casino, pudiéramos recuperar realmente la deuda tributaria perdida?
Es decir: ¿no estaremos facilitando, según cómo hagamos las cosas, el camino para que algún oportunista (o simplemente alguna persona que tiene un ánimo de lucro lícito, si usted quiere) que quiera evitarse pasar por el peaje del pago de la deuda tributaria, esté esperando que las condiciones sean más favorables, que las Cortes autoricemos una ley y que le pongamos en bandeja el entrar en un casino distinto, en Zaragoza, con otra licencia y con otra situación, en la cual él pueda entrar y en la cual nosotros no veamos refrendada esa deuda tributaria? Es decir: ¿tenemos garantías jurídicas, tenemos instrumentos jurídicos suficientes para obtener hasta la última peseta en ese caso?
Me gustaría que me concretase cómo ve esa evolución, si realmente estaríamos con la sartén por el mango, como para que estemos un poco más tranquilos en este momento y seamos un poco más optimistas de lo que hasta este momento podamos serlo.
Y de momento, nada más; muchas gracias.

El señor Presidente (LLANAS GASPAR): Gracias, señor Lacasa.
Señor Consejero.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (RODRIGUEZ JORDA): Bueno; yo voy a contestar fundamentalmente a las dos cuestiones de fondo que ha planteado.
¿Por qué se viene abajo el protocolo? ¿Tiene que ver con el informe del interventor judicial? Antes decía el señor Calvo: todo esto es muy raro. Es evidente que no es normal, le he contestado yo. Y digo: es evidente que ése es un hecho que afecta a todo el proceso. Es decir, si no se celebra la junta el día 27 de noviembre... Lógicamente, es así.
¿Esa es la causa fundamental de Trans World? No lo sé; pero el hecho es que, en la firma del protocolo, no había nada en relación con ese hecho; sí con la presentación de las garantías. Y cuando se plantea el hecho de que no va a presentar esas garantías o que las va a minorar, desde luego, no se puede aceptar que, después de haber dicho que sí, diga que no, porque de ninguna manera entonces tendríamos la garantía de que realmente lo que se haya firmado fuera a feliz cumplimiento. Esa es la causa por la que la DGA desiste del protocolo.
¿Que el hecho luctuoso producido ha afectado a todo el proceso? Lo ha afectado, esto es indudable. Ahora: ¿que ésa ha sido la causa de que Trans World...? No lo sé. Y, como no lo sé, el hecho es que en las relaciones con la DGA, una vez suscrito un protocolo, se le exigen unas condiciones, y a continuación vienen pretendiendo minorar esas condiciones. Luego, la DGA le dice: mire usted, no; hemos firmado, hemos suscrito esto, y éste es el contenido mínimo que nosotros queremos. Lo que le ofrecemos a los presuntos interesados en la cuestión es firmar un protocolo de similares características. O sea, ninguna diferencia.
Pero su segunda pregunta tiene mucha miga. Dice: ¿qué garantías tendríamos para recuperar la deuda tributaria? Ninguna, ninguna. ¿Por qué la DGA se ha empeñado en una solución que pasa por adquirir Casino de Zaragoza, S.A.? Porque la DGA no puede matar la sociedad deudora de la DGA. Si es otra (llámese equis) ya no debe las deudas tributarias de la anterior. Habría que entrar en un proceso muy complicado, de sucesión de la deuda tributaria..., que nos podía llevar a extremos imposibles. La DGA está empeñada en que tiene que ser Casino de Zaragoza, S.A., la que vaya a la suspensión de pagos y que el que quiera entrar en la operación tenga que adquirir las acciones de Casino de Zaragoza, S.A., precisamente, para evitar procesos de esa naturaleza, ni más ni menos. Porque, si no, existiría, como muy bien dice usted, una nueva licencia, y no puede existir garantía. Sólo una, derivada de las propias condiciones que se otorgaran en el pliego para licitar la licencia, que diría: «primera: pagar la deuda tributaria». O quedarse con los inmuebles, que me es igual; pero nada más se pagaría el importe por el cual están adjudicados actualmente los inmuebles, no lo que se hubiera generado fuera de la suspensión de pagos.
Luego, la única garantía que tenemos es que en el pliego de condiciones (en el supuesto caso de que llegáramos a esa alternativa) que rigiera el concurso para dar la correspondiente licencia, exigir que se quedaran con las instalaciones o que se abonara el importe correspondiente; pero las demás, ninguna garantía.
Nada más.
Muchas gracias.

El señor Presidente (LLANAS GASPAR): Gracias, señor Consejero.
Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, tiene la palabra el señor Bescós.

El señor Diputado BESCOS RAMON: Gracias, señor Presidente.
Y gracias también al Consejero por su exposición en relación con el Casino, una exposición completa y pormenorizada: ha trazado el panorama existente con notable realismo, incluso con una cierta crudeza. Y es que realmente nunca hubo buenos tiempos en materia del Casino; siempre hubo dificultades y siempre tuvo la Administración tributaria que realizar algunos juegos malabares para lograr una regularización de la situación, como consecuencia de fraccionamientos, aplazamientos, situaciones de desequilibrio y situaciones de dificultad financiera.
Realmente, a lo largo de la exposición, yo creo que han quedado suficientemente claros diversos aspectos que confluyen en esta materia. Yo no voy a realizarle ninguna pregunta: yo creo que está clara la valoración de la situación y que se ha cogido en sus justos términos, que se ha cogido, además, con realismo, sin hacerse especiales ilusiones.
Aquí confluyen, desde mi punto de vista, varios aspectos: un aspecto tributario, un aspecto competencial, un aspecto negocial, un aspecto judicial. Y todos ellos han sido expuestos por el Consejero.
El aspecto tributario: la deuda tributaria, que arranca de 1992; el otorgamiento de fraccionamientos y aplazamientos, con garantías; la realización de estas garantías a través de un procedimiento ejecutivo; primera subasta, segunda subasta (el señor Consejero no nos ha ahorrado ningún detalle en cuanto a cuantía de millones; gracias a Dios, ha salvado el tema del redondeo, es decir, que nos ha ahorrado, por lo menos, los céntimos, lo cual es de agradecer, considerando su tendencia a que todo se ajuste, a que todo llegue a cuadrar); una adjudicación... Lo que nos interesa, sobre todo, es que este primer aspecto, el aspecto tributario, ha concluido con la inscripción en el Registro de la Propiedad, a favor de la DGA, de los inmuebles correspondientes. Es decir, que se ha hecho efectivo el principio de legalidad en todos sus extremos, y, en este momento, tenemos la garantía de un inmueble inscrito en el Registro de la Propiedad.
El segundo aspecto, el aspecto competencial, también lo ha desarrollado con suficiente claridad: las razones que han determinado la unificación de competencias en un solo departamento, tal como ocurre en la mayor parte de las comunidades autónomas. Porque, realmente, en materia de juego, los aspectos financieros, los aspectos tributarios predominan sobre otras consideraciones.
Los aspectos negociales los ha estudiado pormenorizadamente: la petición de autorización para la transmisión de venta de acciones, la situación tributaria, la asunción o no de la deuda por parte de Trans World, el condicionamiento...
En cuanto a los aspectos judiciales, también está suficientemente clara la fase inicial de la suspensión de pagos con el informe de los interventores, el trámite fundamental de la junta de acreedores, la posibilidad de quita y espera: la quita restringida a recargos e intereses con mantenimiento del principal, la espera en razón al cambio de ubicación de las actuales instalaciones.
Realmente, en el momento actual, entendemos que las cosas son como las dice el señor Consejero. O sea: nos alegramos de coincidir plenamente con él.
Existen las dos preocupaciones básicas: el mantenimiento de los puestos de trabajo y el cobro de la deuda tributaria. Existen dos planos completamente distintos, que no pueden confundirse ni siquiera por razones demagógicas: el plano inmobiliario, el plano de la garantía de los derechos correspondientes al poder público (en este caso la DGA), la inscripción en el Registro de la Propiedad del inmueble, y el plano empresarial. En ese plano, realmente, no podemos llegar a una situación de firmeza, a una situación de seguridad en materia empresarial. Tanto la Constitución como el Estatuto nos hablan tan sólo de que los poderes públicos deberán crear el clima propicio para que las empresas puedan desarrollar normalmente su actividad; pero no podemos llegar más allá.
Yo en este tema haría un llamamiento a la evitación de demagogias. No es bueno hablar por hablar, no es bueno adelantarse a situaciones de futuro. Es necesario confiar en la buena disposición, en el adecuado criterio, en la justa reflexión y decisión pertinente del señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento. En este punto, ya digo que coincido plenamente con su visión del asunto y de las posibles soluciones con realismo, con crudeza y sin una excesiva ilusión.
Nada más, y muchas gracias.

El señor Presidente (LLANAS GASPAR): Muchas gracias, señor Bescós.
Tiene la palabra el señor Consejero.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (RODRIGUEZ JORDA): Gracias, señor Presidente.
Señoría, me alegro de que coincidamos en el planteamiento, pero yo voy a hacer especial hincapié en una cuestión por la que ha iniciado usted su intervención: el Casino siempre tuvo dificultades. Es decir, es una empresa en crisis desde el día en que nació en la Comunidad prácticamente. Es que es así: desde el aóo 1992 no ha habido más que dificultades; ya empezaron antes, efectivamente, ya empezaron antes, pero, bueno, se iban subsanando, o por lo menos se iba ingresando algo de lo que procedía. Esta es una situación especialmente compleja, porque se han añadido dificultades ya no sólo tributarias, sino de otro carácter. Por tanto, por eso he pretendido exponerlo con realismo y crudeza, como usted lo ha calificado.
Le agradezco la confianza en poder encontrar una alternativa, que sí que es responsabilidad del Gobierno, pero estoy seguro de que lo lograremos entre todos, gracias al apoyo de esta cámara.
Nada más.
Muchas gracias.

El señor Presidente (LLANAS GASPAR): Gracias, señor Consejero.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Guedea.

El señor Diputado GUEDEA MARTIN: Señor Presidente.
En primer lugar, agradecemos al Consejero de Economía, Hacienda y Fomento su comparecencia ante esta Comisión de Economía y Presupuestos para explicar un asunto que ya ha sido en diversas ocasiones debatido a lo largo de esta Legislatura en esta misma Comisión.
Realmente -lo ha repetido el Consejero, y nos parece acertado- es una situación verdaderamente compleja la de esta empresa, donde hay aspectos mercantiles, administrativos, tributarios, etcétera; más propiamente de un caso práctico de oposiciones que de un asunto político realmente, porque están todas las ramas del ordenamiento jurídico afectadas por esta problemática.
Debemos felicitar al Consejero por la transparencia de la información en todo este asunto desde su nombramiento.
Por último, en esta comparecencia también ha quedado claro cuál es la postura de cara a esa junta general de acreedores que va a celebrarse en abril y lo que hará el Gobierno de Aragón, si no se llega a un acuerdo, que es su interés -en este caso ha quedado claro- con una empresa del sector que se hiciese cargo de la explotación del mismo, cumpliendo las condiciones que en ese acuerdo y en ese protocolo se establecen, y posteriormente regular la materia mediante la remisión del correspondiente proyecto de ley del juego a esta cámara.
Por lo tanto, me parece, después de las explicaciones, totalmente inoportuno realizar cualquier tipo de pregunta.
Deseamos que antes de esa fecha se pueda conseguir una situación satisfactoria para la Comunidad Autónoma y para dicha empresa.
Nada más.

El señor Presidente (LLANAS GASPAR): Muchas gracias, señor Guedea.
Señor Consejero.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (RODRIGUEZ JORDA): Gracias, señor Presidente.
Agradezco el apoyo de su señoría y del Grupo.
Hago constar que esta cuestión (sin perjuicio de que me agradezca el esfuerzo desde mi toma de posesión) yo creo que se ha llevado pulcramente desde el principio, lo que creo que es importante señalarlo, dadas las dificultades del proceso.
Le ruego que no lo ponga como caso de oposición, porque es ciertamente complejo, salvo que quisiéramos suspender a todos.
Nada más.
Muchas gracias.

El señor Presidente (LLANAS GASPAR): Gracias, señor Consejero.
Pasamos al punto número tres, con la pregunta número 48/98, relativa a un convenio de colaboración con la Universidad de Zaragoza, formulada el Diputado del Grupo Parlamentario Socialista señor Calvo Lasierra.
Tiene la palabra el señor Calvo.