Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

El señor Presidente (USON EZQUERRA): Señorías, vamos a dar comienzo [a las once horas y veinte minutos] a la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales, en la cual hoy tenemos la comparecencia, a petición propia, del director general de Consumo, así como el tercer punto, que es el debate y votación de la proposición no de ley 87/96.
Como es norma y hábito en esta Comisión, pasaremos el primer punto del orden del día, que es la aprobación del acta de la sesión anterior, al punto cuarto.
En consecuencia, vamos a dar la palabra al director general, al cual le damos la bienvenida a esta Comisión y le deseamos los mejores éxitos en su función como director general. Sin más preámbulos, le vamos a dar la palabra ya para que inicie su exposición.
Tiene la palabra don Eduardo Vicente de Vera, director general de Consumo.

El señor director general de Consumo (VICENTE DE VERA): Señor Presidente. Señoras y señores Diputados.
Comparezco hoy aquí, ante la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de las Cortes de Aragón, con objeto de exponerles a todos ustedes los aspectos más relevantes de la actividad desarrollada por la Dirección General de Consumo durante el pasado año 1996, así como para informarles sobre los principales objetivos de la misma para este presente año 1997.
Les recuerdo que en todo momento vamos a hablar de una disciplina social política y administrativa joven, pues, en efecto, fue a partir de una frase de John Fitzgerald Kennedy, en su discurso de 15 de marzo de 1962, cuando por primera vez un político tomó conciencia de la importancia de los consumidores, quienes -y cito textualmente sus palabras-, «por definición, representan el grupo económico más importante y se hallan interesados en casi todas las decisiones económicas, públicas y privadas...». Y luego continúa: «Sus gastos representan las dos terceras partes de los gastos económicos totales y, sin embargo, constituye el único grupo que no está organizado realmente y cuya opinión casi nunca es tenida en cuenta...«.
Sólo entonces, después de ser advertidos por el Presidente de la primera potencia mundial, será cuando comience a desarrollarse el movimiento asociativo consumerista, y a España llegará veinte años más tarde y bajo la presión de un acontecimiento desgraciado: la colza. A partir de ahí, surgían en España las primeras asociaciones, en su mayoría por reconversión de las antiguas asociaciones de amas de casa, y en 1984 se aprobará la ley vigente sobre consumo en España (la Ley 26, general para la defensa de los consumidores y usuarios), a cuyo amparo ha ido sucediéndose un marco normativo específico, ya estatal, ya autonómico.
Este breve repaso histórico por los antecedentes consumeristas nos permiten, en buena medida, explicar la creación de la Dirección General de Consumo dentro de la comunidad autónoma. Y en cuanto a mi interés en estos momentos, justificar los puntos de incidencia de las acciones efectuadas durante estos dos primeros años de existencia de esta dirección general, la cual, necesariamente, se ha visto obligada, con carácter prioritario, a imponerse como objetivos específicos y singulares su consolidación y el reconocimiento de sus necesidades. Ambos, creemos, se han conseguido plenamente.
Nuestra presencia en los mundos genéricos de la enseñanza e información mediante charlas, conferencias, seminarios y cursos, ya en colaboración con el Instituto Aragonés de Administración Pública, ya con asociaciones de consumidores, escuelas de profesorado de EGB, centros públicos y privados de enseñanza, centros rurales de innovación educativa, etcétera; el desarrollo de material didáctico en forma de talleres para las escuelas que, por su carácter itinerante, vienen favoreciendo la implantación de la materia de consumo como asignatura transversal; el decidido apoyo a las asociaciones consumeristas aragonesas mediante subvenciones para sus actividades de equipamientos y, de otro lado, el impulso normativo mediante órdenes y decretos, cuya última propuesta, como ustedes bien conocen, es el proyecto de ley del estatuto del consumidor y usuario de la Comunidad Autónoma de Aragón..., por no seguir citando, atestiguan fehacientemente la consecución de los dos objetivos.
Lo mismo ha sucedido con su proyección exterior. La existencia de una dirección general ha permitido a la comunidad autónoma estar presente y, por tanto, actuar en los foros de decisión más importantes sobre consumo. Gracias a ello, se mantienen habituales contactos y colaboración con el Instituto Nacional de Consumo y se están impulsando las colaboraciones con otras comunidades autónomas, especialmente Galicia y Asturias, en donde podemos informar que algunos talleres aragoneses (como el de banca o, en breves fechas, el de vivienda) sirven de base y modelo en la didáctica de consumo de esas comunidades autónomas.
Mención aparte merece nuestra relación con la Comisión Europea a través de la Dirección General XXIV, llamada «de política de los consumidores» hasta hace breves fechas, y ahora, sintomáticamente, «de política de los consumidores y protección de su salud». La fluidez de relaciones con ella nos permitió, por ejemplo, que el anterior director general de la XXIV, el señor Spyro Pappas, abriera las jornadas sobre arbitraje desarrolladas en Teruel en colaboración con su Universidad de Verano.
El otro foro europeo de la Dirección General de Consumo se encuentra en el Instituto Europeo Interregional de Consumo, con sede en Lille, del cual somos miembro y por el cual estamos al corriente de cuanto acontece en el mundo del consumerismo europeo a nivel -podríamos decir- de calle.
Expuestas ya las coordenadas dentro de donde se desarrollan los trabajos de esta dirección general, paso, puntual y someramente, a los aspectos que considero más significativos de la política seguida durante 1996 para, con posterioridad, exponerles los principales objetivos para este 1997.
Les hablaré primeramente de las actividades y actuaciones en control de mercado, proseguiré con datos referidos a la labor de formación e información y terminaré con la Junta Arbitral de Consumo Autonómica.
En razón de nuestras competencias en inspección de centros y servicios, me detendré después brevemente en este capítulo, para terminar finalmente con el listado, en este caso exclusivamente normativo y de colaboración con otras administraciones, de las actuaciones previstas para 1997.
A modo de conclusión previa, comenzaré diciendo que los datos estadísticos en todos los sectores atribuibles a la competencia de esta dirección general indican un incremento, en muchos casos notable, con respecto al año anterior.
Así, en control de mercado, el número de actuaciones inspectoras (considerando aquí las actas levantadas para toma de muestras y las -digamos- normales) han pasado de cuatro mil ciento noventa y ocho en 1995 a cinco mil doscientas treinta y nueve en 1996, esto es, un aumento de mil. Las notificaciones mediante la red de alerta, de veintidós en 1995, han llegado a ciento setenta y nueve en 1996, con especial incidencia en los temas de pequeño material eléctrico, electrodomésticos y juguetería. En cuanto a los productos «milagro«, han estado sujetos durante 1996 a una campaña de duración anual con el objeto de inspeccionar sus posibles alegaciones terapéuticas en el etiquetado, lo cual está haciendo posible que en la actualidad todos los puntos de venta estén procediendo a la devolución a origen (preferentemente Barcelona) de todos aquellos productos con alegaciones terapéuticas, medida ésta esencial para que este confuso sector entre en la plena normalidad.
Por lo que afecta a las denuncias, se han mantenido, dato importante por lo que implica de conciencia del sector comercial de sus obligaciones. Caso similar ocurre con las reclamaciones, que han aumentado de mil doscientas treinta y tres en el 1995 a mil setecientas quince en el 1996, lo cual es positivamente indicativo de la concienciación por parte del consumidor de sus derechos.
Los sectores de denuncia y reclamación más numerosos han sido los servicios telefónicos, por irregularidades presentadas en la facturación; los talleres de reparación de automóviles, por incumplimiento de las condiciones previstas para la prestación del servicio (reparación defectuosa, etcétera); la reparación de electrodomésticos, por incumplimiento en la prestación del servicio de asistencia técnica; los servicios a domicilio, por publicidad engañosa; la venta de bienes, por incumplimiento de garantía; los seguros, por incumplimiento de las cláusulas del contrato; la vivienda, por defectos de construcción, materiales o garantía; las tintorerías, por la no entrega de resguardo y exoneración absoluta de responsabilidad, y, por último, las agencias de viaje, por no coincidir lo contratado con el servicio prestado.
En el capítulo de formación, hemos optado por la continuidad, incidiendo principalmente en el mundo rural. Han sido aproximadamente tres mil niños los que han sido beneficiados por los talleres itinerantes de consumo. Y en cuanto a publicaciones, se ha reiniciado la edición de la revista Consumo Aragón, con carácter trimestral; se han creado tres colecciones de folletos, titulados ¿Qué exigir?, ¿Qué es? y Consejos prácticos, con seis números editados en 1996, y se ha reeditado, para difusión en las escuelas, la Ley del Consumidor en tebeo.
Con respecto a la Junta Arbitral de Consumo autonómica, constituida el 15 de julio de 1984, cuyo primer presidente fue don Antonio Embid, con una encomiable labor hasta su sustitución hace breves fechas por don José Manuel Aspas, las solicitudes de arbitraje presentadas en 1996 han sido doscientas setenta y tres: cincuenta y siete, por asociaciones de consumidores; ciento ochenta y siete, por consumidores particulares, y veintinueve, por organismos públicos (oficinas municipales de información al consumidor y otras juntas arbitrales preferentemente). Destacan los sectores de tintorería, con cuarenta reclamaciones; teléfono, con treinta; reparación de automóviles, con veintiocho, y reparaciones en el hogar, con veinte.
De la actualidad, ciento veinte no han sido aceptadas y, por tanto, archivadas, siempre por no aceptar la empresa o profesional el arbitraje. La resolución del resto ha traído consigo noventa y siete laudos, todos emitidos en equidad (es decir, ninguno a derecho), y se ha resuelto en el 95% de los casos en el plazo de un mes, no sobrepasando el resto los tres meses, y ello a causa del necesario período de la práctica de pruebas y peritación. En la actualidad existen en la comunidad autónoma cuatrocientas noventa y ocho adhesiones al sistema arbitral.
Otras actuaciones de control de mercado se han llevado a efecto mediante las denominadas campañas. Han sido de cuatro tipos: comunitarias europeas (como la de productores alimenticios, y siguiendo el procedimiento establecido por la Directiva 92/59 del Consejo, relativa a la seguridad general de los productos); autonómicas, en colaboración con el Instituto Nacional de Consumo (sobre sal yodada y preparados para lactantes); autonómicas o previamente de la dirección general (en este caso fueron sobre estaciones de servicio, ofertas buzoneadas, reparación de automóviles, pesada de productos frescos, cobro por corrector óptico, irregularidades en el servicio telefónico público, etiquetado y garantía de muebles, publicidad de precios y medidas), y, por último, las nacionales (en 1996 dedicadas a la inspección del idioma del etiquetado, ya juguetes, ya artículos del entorno acuático).
Y de otro lado, por lo que afecta al control sistemático de mercado, tanto de productos alimenticios industriales como artesanales, se levantó un total de cinco mil doscientas treinta y nueve actas de inspección, de las cuales fueron negativas cuatro mil seiscientas ochenta y seis.
Los expedientes sancionadores en materia de consumo han sido ciento once, con un promedio de multa de ochenta mil pesetas.
Pasaré ahora a explicarles la labor desarrollada en Inspección de Centros y Servicios Sociales y Sanitarios, la cual tiene asignada la función de control, vigilancia, inspección y registro de los centros, y, por consiguiente, tiene un marcado carácter técnico y relativo a impulsar la claridad de la información y el correcto asesoramiento administrativo, así como su adaptación a las normativas vigentes, sin detrimento -obviamente- de las actuaciones pertinentes en materia sancionadora y de control atribuibles a la inspección propiamente dicha. Para no cansarles, lo haré con mayor brevedad.
En cuanto a sanitarios, se ha autorizado la apertura de cuarenta y cinco centros, y están en período de tramitación otros veintinueve. Asimismo, se han comunicado ochocientas noventa y cinco nuevas consultas, siendo las más numerosas, con ciento noventa y tres, las de odontología. El número de visados de publicidad médico-sanitaria otorgados ha sido de cuatrocientos treinta y cinco, y denegados, cuarenta y dos, destacando en estas denegaciones las relativas a consultas parasanitarias, con un total de veinte.
Con respecto a los centros sociales, podemos informar de que se han realizado ciento cuarenta y cinco inspecciones y levantado ciento veintidós actas. Las reclamaciones fueron veintidós: veintiuna relativa a residencias de ancianos y una relativa a residencia de disminuidos físicos. En mayor o menor proporción, todas incluyen como objeto de reclamación el factor económico (no devolución de fianzas, reserva de plaza, cobros irregulares, etcétera).
Se atendieron seiscientas cuarenta consultas y se valoraron quinientos documentos. En este Servicio de Inspección de Centros y Servicios Sociales y Sanitarios constan en la actualidad seiscientos cincuenta expedientes, repartidos así: doscientos veintiséis, residencias de ancianos (treinta y dos en Huesca, veintiséis en Teruel y ciento sesenta y ocho en Zaragoza); catorce, residencias de disminuidos (ocho en Huesca y seis en Zaragoza); ciento ochenta y nueve, hogares y clubes (treinta y dos en Huesca, treinta en Teruel y ciento veintiséis en Zaragoza), y cincuenta y dos, centros de día (diez en Huesca, seis en Teruel y treinta y cinco en Zaragoza).
Durante 1996, se incoaron doscientos diecisiete expedientes y hubo cincuenta y siete solicitudes de registro. Se resolvieron ochenta y cinco (cinco de residencia de ancianos, dos del centro de día y setenta y ocho de entidades diversas) y cerraron dos residencias de ancianos y un centro de atención al menor.
Se han aprobado cincuenta y ocho expedientes sancionadores y ciento sesenta y dos actuaciones de providencia de incoación, propuesta de resolución o resolución misma.
Pasando ya al aspecto normativo, y tal y como estaba programado en la memoria de 1996, se han regulado las autorizaciones de establecimientos de óptica (por Orden de 6 de agosto de 1996), se ha elaborado el decreto que regula la autorización para la creación, modificación, traslado y cierre de centros, servicios y establecimientos sanitarios (Decreto 107/97, de 11 de junio), y, muy especialmente, se ha elaborado la ya citada propuesta de ley del estatuto del consumidor y usuario de la Comunidad Autónoma de Aragón, de cuyo contenido e interés, por estar en trámite parlamentario, no hablaré.
Con todo lo dicho, estamos seguros de que ya sus señorías habrán alcanzado una visión global, forzosamente sucinta, pero suficientemente indicativa del trabajo de la Dirección General de Consumo durante 1996.
A partir de estos momentos, pasaré, de manera mucho más esquemática, a señalarles nuestros objetivos prioritarios para 1997, aunque indicándoles previamente que todos ellos incidirán básicamente en cuatro líneas: la defensa, formación e información del ciudadano; el apoyo al asociacionismo consumerista; la calidad de las prestaciones sociales, y el desarrollo normativo suficiente que permita establecer con meridiana claridad tanto las reglas del juego consumerista como el marco al que deben ceñirse los centros sociales y sanitarios.
Sólo proyectando la actividad de la dirección general desde la complementariedad de estas cuatro líneas, opinamos que alcanzaremos tanto sus objetivos específicamente sectoriales como los fines que en realidad perseguimos: articular la política de consumo dentro de la vertebración territorial. Dicho de otro modo: incluir como sujeto agente de esta gran asignatura de la comunidad autónoma (hablo de la citada vertebración) el factor consumo, y ello en razón de sus especiales y esenciales características, en cuanto que en él están contenidos elementos actuantes en la imposición de calidad de vida y en la motorización de la economía aragonesa. En suma, y por cuanto antecede: porque cabe situarlo dentro de unos parámetros de fijación de población.
Animados por este reto y con este ánimo, mantendremos una política de continuidad, pero en desarrollo y, si ya es permitido decirlo, de perfeccionamiento.
A todo lo cual, a su vez, uniremos una labor de complementación en el campo normativo, dentro del que se viene trabajando en todo lo siguiente.
Decreto de regulación de la prestación de servicios a domicilio, de importancia inmediata en la economía doméstica y en la misma defensa del consumidor, no es preciso recordarlo. El primer borrador y las subsecuentes alegaciones e informes de asociaciones, gremios y empresas ya obran en la dirección general. Es un decreto complejo, pero que, en cualquier caso, esperamos que, como muy tarde, sea propuesto para su aprobación en otoño.
Decreto de modificación del Decreto de subvenciones para asociaciones de consumidores. Sus principales objetivos son la cualificación de dichas asociaciones con el fin de que generen un mayor y mejor servicio al ciudadano, el apoyo al asociacionismo y a unas actividades que les permitan subsidiarizarse de la Administración. Está ya en fase de alegaciones por las propias asociaciones de consumidores.
Decreto por el que se crea el registro de asociaciones de consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma de Aragón. En fechas inmediatas pasará a Consejo de Gobierno. Este decreto fundamenta su necesidad en que no sólo permitirá la creación del registro propio de la comunidad, sino que también facilitará a las asociaciones la agilidad en la capacidad de solicitar subvenciones, lo que hasta ahora quedaba pendiente de su registro preceptivo en el Instituto Nacional de Consumo. De igual modo, se procederá a la elaboración del borrador para el decreto de creación del registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios.
Orden de regulación del transporte sanitario de la comunidad autónoma. Su interés es manifiesto y su borrador está finalizado. Queda a la espera de la aprobación del real decreto, como es obvio, con objeto de introducir las pertinentes rectificaciones en su caso.
Nueva redacción, por revisión, del Decreto 111/92, por el que se regulan las condiciones mínimas que han de reunir los servicios y establecimientos sociales especializados. Su objetivo es triple: flexibilizar su creación, clarificar y actualizar las condiciones mínimas indispensables y favorecer la asistencia del anciano. En este sentido, se van a especificar con mayor detenimiento y rotundidad los elementos indispensables referentes a la capacitación asistencial del dueño o gerente del establecimiento, principalmente en aspectos como dietética, primeros auxilios, conciertos similares con entidades sanitarias, alternativas lúdicas para los residentes, etcétera.
Revisión del visado de publicidad médico-sanitaria, para su adaptación a la nueva distribución de competencias departamentales.
Nuevo decreto que regule las diferentes categorías de los servicios sociales especializados, el cual se redactará en función del número y calidad de los servicios ofrecidos.
Modificación del Decreto que regula las infracciones y sanciones en materia de acción social, que vendrá impuesto por el decreto anterior y por la modificación del citado Decreto 111/92.
Por lo que atañe a otras actividades, se quiere impulsar la Junta Arbitral de Consumo autonómica, con el objetivo de duplicar durante 1997 el número de adhesiones; la creación de nuevas asociaciones que permita la actualización consumerista de Aragón y, con ello, la configuración de un mapa consumerista de la comunidad autónoma; la edición del taller de la vivienda, que será utilizado también en Asturias y Galicia, y otro nuevo taller, el del euro, del cual podemos decir que será el primero en España y cuya utilización por otras comunidades autónomas es prácticamente un hecho.
Es igualmente deseo de esta dirección general establecer diferentes convenios y acuerdos. Así, con el Instituto Tecnológico de Aragón, poner en análisis la toma de muestras obligada por el control de mercado, pues ello agilizará y avanzará los análisis que hasta ahora estaban pendientes del laboratorio de Barajas. Y con el Ayuntamiento de Zaragoza se espera conveniar con respecto a una mayor coordinación entre la Junta Arbitral autonómica y local; la agilización de los trámites pertinentes para la licencia de apertura definitiva de centros sociales especializados, cuyo retraso hoy es manifiesto, y la colaboración de la Policía Local en las labores de vigilancia e inspección de control de mercado y consumo, que posteriormente sería deseable extender a Huesca y Teruel y al resto de ayuntamientos importantes.
Otra actividad relevante para 1997 van a ser las campañas. Entre ellas, destacaré una perspectiva sobre caramelos líquidos y bebidas refrescantes aromatizadas. Estoy hablando de las denominadas «chucherías«. Se va a proceder a una toma de muestras general para el análisis de su composición y la comprobación de su etiquetado.
Las tarjetas de compra comerciales (es decir, las no bancarias) también serán objeto de inspección, así como, dentro de los productos industriales, específicamente los de caída de pelo, con el fin de comprobar su seguridad y el cumplimiento de las normas.
Especial relevancia tendrá también la campaña de inspección de ofertas y promociones en compraventa y arrendamiento de viviendas. Este es un sector muy dinámico y poco controlado, el cual, en una primera etapa, va a inspeccionarse en relación con el cumplimiento por parte de promotores y constructores del real decreto que regula la información al consumidor, habida cuenta de que en ocasiones pueden llegar a los consumidores informaciones claramente de publicidad engañosa y equívoca. Estamos hablando de hechos gravísimos, pues la trascendencia de la adquisición acarreará efectos que en el 90% de los casos son para toda la vida.
El control de productos alimenticios se incluirá en la campaña comunitaria, este año dedicada a la pureza de la carne picada y a las alegaciones en el etiquetado de productos que podrían crear reacciones alérgicas (por ejemplo, hablo de leyendas en el etiquetado como «garantizado sin«).
En aras de la brevedad, aquí termino, señorías. Espero haberles informado según sus expectativas, y agradezco su atención, que era de esperar. Si así lo consideran, contestaré sus posibles preguntas.

El señor Presidente (USON EZQUERRA): Muchas gracias, señor Vera.
Ahora daremos la palabra a los respectivos grupos parlamentarios y, seguidamente, se podrá contestar individual o colectivamente. ¿Cómo lo preferirá? ¿Colectivamente?
Bien, iniciaremos entonces el turno de intervención de los respectivos grupos parlamentarios, en este caso el representante del Grupo Mixto, señor Yuste.
Tiene la palabra.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias.
En primer lugar, quería dar la bienvenida al director general de Consumo, puesto que, siendo que en esta legislatura es la tercera comparecencia del director general de Consumo, advierto que, evidentemente, es la primera del señor Vicente de Vera, y por lo tanto merece la bienvenida a esta Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales.
Sí quiero comenzar lamentando que se haya perdido una buena costumbre que tenía su antecesor, y es que en sus anteriores comparecencias, tanto en la del 4 de diciembre del noventa y cinco como en la del 26 de abril del noventa y seis, nos trajo su intervención por escrito, y esto siempre facilitaba la labor de los portavoces parlamentarios, sobre todo cuando se estaba aportando datos, tablas numéricas con muchos datos de expedientes, de número de inspección, de control, etcétera, etcétera. Evidentemente, esos datos conviene tenerlos escritos para poder ser bien utilizados y para valorar más, si cabe, la labor de su dirección general. En todo caso, me gustaría que en posteriores ocasiones esa sana costumbre de su antecesor pueda ser mantenida.
No voy a entrar a hacer valoraciones genéricas sobre la importancia del consumo. Evidentemente, es un aspecto fundamental de nuestra sociedad tal como está conformada y, por lo tanto, no voy a hacer más alusiones a eso que es común, que ya forma parte del acervo de todos los grupos parlamentarios y del conjunto de la sociedad aragonesa.
Sí que quiero hacer alguna reflexión sobre el hecho de que en los últimos años en Aragón, en la política aragonesa, sí que se ha entrado en un mayor interés por parte de la Administración hacia los aspectos de consumo. Sin duda, la creación de una dirección general específica para consumo, evidentemente, demuestra que se le da un mayor interés. El hecho de que la ley del estatuto del consumidor por fin esté en fase de tramitación en estas Cortes demuestra también el interés, aunque, evidentemente, con una década de retraso con respecto a otras comunidades autónomas que fueron pioneras en este tema. El hecho, también, de que su dirección general, sobre todo con motivo del «Día mundial del consumo», en otros momentos esté procediendo a una política de aparición en prensa, de denuncia pública, de presentación de datos, evidentemente, demuestra que hay un interés por el tema.
Pero, la pregunta es: ese interés, ¿se traduce en un servicio eficaz a la sociedad, o es sólo una política de escaparate ante un tema para el que, evidentemente, la mayoría de la sociedad aragonesa es eximia? Esa es la pregunta que entiendo que habría que intentar contestar, una de las preguntas que están en el ambiente y que convendría ir clarificando.
En todo caso, la otra pregunta que habría que responder hoy es si, efectivamente, del trabajo, de la labor de control de la Dirección General de Consumo, del trabajo realizado por la Junta de Arbitraje, etcétera, etcétera, se demuestra que los servicios públicos funcionan mejor o funcionan peor que el año pasado, que el comercio aragonés está funcionando mejor o peor, que los productores aragoneses están siendo más atentos y más respetuosos con el consumidor final o no.
Ese tipo de preguntas sí que me gustaría que pudieran ser respondidas, y, por lo tanto, me gustaría que el director general hiciera una valoración final, a modo de conclusión, recogiendo todos los datos y toda la experiencia, al menos, de este último año y de los años anteriores sobre el estado actual del consumo en Aragón y el estado actual del comercio, de los productores, de los servicios públicos, en relación con el consumo, sobre si se ha mejorado, se ha empeorado, etcétera.
Bien, sobre la Junta Arbitral de Consumo aragonesa o autonómica, me gustaría hacer algunas valoraciones, porque el año pasado, precisamente en la comparecencia de su antecesor, tuvimos oportunidad de contrastar datos en ese sentido y de hacer valoraciones, y, sin embargo, hoy, no sé si por no estar la intervención por escrito o en aras a la brevedad, como he dicho anteriormente, ha habido una serie de datos que no se han expuesto.
En concreto, me gustaría saber si la tramitación de los casos que llegan a la Junta Arbitral es más rápida que hace dos años, más rápida que el año pasado, si es todo lo rápida que puede ser, qué plazos de tiempo tienen lugar durante la tramitación.
Y luego, el tema de las adhesiones de las empresas a la Junta Arbitral. Tenemos aquí los datos del año pasado y, sin embargo, usted no nos ha aportado datos este año. Había un total de adhesiones de cuatrocientas cuarenta y cinco, de las cuales voy a destacar dos datos: hay más adhesiones en Huesca que en Zaragoza. En concreto, en el año pasado, los datos que teníamos eran de veinte en Huesca frente a siete en Zaragoza de asociaciones empresariales, y de empresas y profesionales, ciento setenta y tres en Huesca y ciento treinta y ocho en Zaragoza. Ahí había una disfunción, una cuestión sin duda atípica, sobre la que el anterior director general tampoco supo decir exactamente a qué motivaciones respondía. No sé si este año esos datos se han corregido o se han acentuado, si Teruel ya ha entrado en la dinámica de mayor número de adhesiones. Realmente, las cifras de Teruel el año pasado eran patéticas... Bueno, me gustaría que profundizara un poco en el tema de las adhesiones.
Y finalmente, que hiciera una valoración de la Junta Arbitral, del trabajo de la Junta Arbitral. El año pasado, su antecesor dijo que le parecía pronto hacer una valoración porque había transcurrido poco tiempo... Bueno, ahora ha transcurrido un año más, quizás se pueda empezar a valorar el trabajo de la Junta Arbitral.
Por otra parte, uno de los objetivos fundamentales es el apoyo al asociacionismo consumerista -como usted dice-, uno de los objetivos fundamentales es impulsar la creación de más asociaciones. Y yo quería hacer una reflexión sobre lo que no sé si es un caso de minifundismo asociativo, no sé exactamente como definirlo: en los próximos meses, cuando entre en vigor la ley del estatuto del consumidor y se constituya el consejo aragonés de consumidores y usuarios, esas asociaciones de consumidores habrán logrado garantizar su representación, se habrán convertido en un interlocutor válido ante la Administración. Pero nos llama la atención que cada vez hay más asociaciones de consumidores: hay asociaciones de ámbito general, hay asociaciones que se especializan en temas más concretos como vivienda u otras cuestiones...Yo no sé en estos momentos si realmente el Gobierno dispone de un censo de cuántas hay, en que ámbito se encuentra cada una, si hay de ámbito local, de ámbito comarcal, de ámbito de barrio incluso; me gustaría saber si todas ellas están adheridas a la Junta Arbitral (en el noventa y cinco había sólo once asociaciones adheridas a la Junta Arbitral, y yo no sé si esa cifra eran todas o no eran todas). En estos momentos, ¿cuántas hay?, ¿son todas o no? Esa va a ser una condición sine qua non para ser tenidas en cuenta como interlocutores ante la Administración.
Esa profusión de asociaciones puede llevar a una guerra de cifras. Asistíamos durante las conmemoraciones y durante la cuota de pantalla, la cuota de prensa que conlleva el «Día mundial del consumo», a una auténtica guerra de cifras entre asociaciones, entre los datos de quejas y reclamaciones que daban... No guerra de cifras porque se contradigan -evidentemente, se complementan-, pero sí que es bueno saber si todas esas cifras están coordinadas, si la Administración tiene conocimiento de todo ello, porque los servicios provinciales de su dirección general aportaban unos datos, la Junta Arbitral aportaba sus datos, las organizaciones municipales, las oficinas municipales de información al consumidor aportaban sus datos, las diversas y plurales asociaciones de consumidores y usuarios aportaban sus datos... Evidentemente, lo que más había de aquel día eran datos, y me gustaría saber si todos los datos están contrastados, están coordinados, obran en poder de su dirección general. Es otra de las preguntas que quería hacerle.
Ha hecho una reflexión también sobre la revista de consumo -y voy concluyendo-. Su antecesor se comprometió a que en el noventa y siete estaría en marcha y, efectivamente, usted ya nos dice que está en marcha. Sí que me gustaría tener algún dato más concreto: cuántos números han salido ya de esa revista en el noventa y siete, qué tirada, cuántos ejemplares se publican de esa revista cada trimestre, cómo se difunde y, de alguna manera, si es un vehículo para la participación también de las asociaciones de consumidores o, al contrario, es un vehículo de la Administración para relacionarse con las asociaciones y con los consumidores finales. Me gustaría conocer algún dato al respecto.
Finalmente, me ha llamado la atención que, de las previsiones normativas que su antecesor daba para el noventa y seis en la comparecencia del veintiséis de abril del noventa y seis (hablaba de que, efectivamente, en el noventa y seis estaría el proyecto de ley del estatuto del consumidor y habría siete decretos o reformas de decretos o regulaciones u órdenes, etcétera, siete normas, por lo tanto, fundamentales en ese trabajo de su dirección general), aparte del proyecto de ley (que, efectivamente, está), de esas siete normas que se preveía desarrollar en el noventa y seis sólo se han desarrollado dos, la del Decreto de autorización en centros y servicios y establecimientos sanitarios y la de autorizaciones de establecimientos de óptica, y las otras cinco siguen quedando como pendientes y, junto con algún decreto nuevo, quedan como la previsión normativa para el noventa y siete.
Me gustaría saber exactamente si ha sido imposible sacar adelante todas esas normas; si, evidentemente, ya desde el punto de partida había una prioridad de unas normas sobre otras y que por eso sólo dos pudieron aprobarse en el noventa y seis, etcétera.
Me gustaría que pudiera responder a alguna de estas cosas que le planteo.
Muchas gracias.

El señor Presidente (USON EZQUERRA): ¿Prefiere contestar individualmente a cada grupo?

El señor director general de Consumo (VICENTE DE VERA): No, no. Yo me imaginaba que no iban a ser unas mismas preguntas, pero, si empezamos con esta batería, nos vamos a perder, y yo creo que, en este caso, en principio, sería preferible contestar al diputado.

El señor Presidente (USON EZQUERRA): Adelante, señor director general.

El señor director general de Consumo (VICENTE DE VERA): Yo no sé si habré tomado absolutamente nota de todo, pero, en cualquier caso, lo que tengo aquí escrito voy a intentar contestarlo.
En cuanto a que el anterior director general envió su intervención por escrito, efectivamente, así fue. Yo no he podido hacerlo por unas razones muy claras: en realidad, se me dijo, se me aseguró el viernes que iba a comparecer hoy, y no he tenido tiempo de enviarles a ustedes por escrito mi intervención.
En cualquier caso, sí les aseguro que la memoria del noventa y seis se la voy a enviar a todos grupos parlamentarios, es decir, que les constará la memoria del noventa y seis, la van a recibir. Bueno, en el momento en que llegue al despacho, doy instrucciones para que se la envíen a todos grupos parlamentarios.
Respecto al retraso del estatuto del consumidor que se comentó, parece ser que se había dicho que iba a estar el noventa y seis. Pues, obviamente, ha habido los retrasos lógicos que supone una ley.
Me pregunta si, a tenor de lo que hemos visto a lo largo de este año noventa y siete, funcionan mejor o peor las administraciones, los comercios, las empresas, etcétera, con respecto al mundo del consumo. Yo le puedo decir que hay datos que indican claramente que, aunque no estemos en el nivel idóneo, sí que se va avanzando, y con cierta celeridad, en cuanto a que el mundo del consumo está penetrando dentro de la cotidianidad, tanto de los empresarios como de los ciudadanos. Hay datos que implican mayor concienciación con respecto al propio consumidor, como es el caso de reclamaciones, hay más reclamaciones; por lo tanto, eso nos indica que, efectivamente, esa concienciación es mayor. Y, a la inversa, hay menos denuncias, lo cual nos está indicando que el empresario o el comerciante también está más concienciado y que hay que hacer caso a ese mundo del consumo, que tiene que saberlo.
La Junta Arbitral, tramitación más rápida. Yo le podría dar datos, que se reflejarán en la memoria que yo le voy a enviar del año 1996. Sí que le puedo decir, y ya lo he dicho en la exposición, que el 95% de las reclamaciones no sobrepasan un mes, y que ese otro 5% no sobrepasa los tres meses, y en la mayoría de los casos es porque se requiere un período de pruebas o peritación, con lo cual no es pasar al albur de la Junta Arbitral, del colegio arbitral, sino que ese perito haga la correspondiente prueba.
Las adhesiones, efectivamente, eran cuatrocientas cuarenta y cinco en el noventa y cinco y cuatrocientas noventa o ocho en el noventa y seis. Es decir, ha habido un aumento no excesivamente grande. ¿Por qué? Bueno, porque Aragón es como es, quiero decir que hay tantas empresas como puede haber en Valencia, no hay tantos comercios como pueda en Valencia, y ése es un handicap que tenemos.
En cualquier caso, yo le puedo decir que las adhesiones actuales, esas cuatrocientas noventa y ocho, se desglosan de esta manera: Zaragoza, ciento ochenta y cuatro; Huesca, doscientas cuatro -que es un dato sintomático-, y Teruel, ciento diez. En términos comparativos, podíamos decir que Teruel está bien, Huesca está bien y Zaragoza está mal, eso es evidente, de ahí nuestro impulso, que intentemos durante este año -a ver si lo conseguimos- que haya muchas mayores adhesiones, preferentemente en Zaragoza capital.
El apoyo al asociacionismo. Vamos a ver, el consejo aragonés de consumidores y usuarios ya ven ustedes que tendrá carácter consultivo; en determinados casos, preceptivo, y en otros, no. Es decir, vamos a dejar que sea el órgano de las asociaciones de consumidores. Yo no sé cómo se tramitará, pero, en cuanto al número de asociaciones de consumidores actuales en Aragón, yo creo que son, y se lo voy a decir, dieciocho en la actualidad.
Estas dieciocho, si quieren, yo se las deletreo: hay, en principio, una Asociación de amas de casa de consumidores y usuarios, de Huesca; la Asociación provincial de amas de casa y consumidores Alto Aragón, de Huesca; una específica -y yo creo que debe ser una tendencia en el mundo del consumo el hacer asociaciones específicas sobre parcelas-, la Asociación de impositores de bancos y cajas de ahorro (Aicar), en Zaragoza; la Asociación provincial de amas de casa y consumidores Cesaraugusta; Informacu; la UCA; Torre Ramona; Puerta Sancho; EDEF Aragón; ARACO; Ribera del Jiloca; Asociación de consumidores de Monegros; Asociación Santa María, de Teruel; AIACU, o de Arrendatarios e inquilinos de Aragón (la otra específica que tenemos); Cultural de mujeres consumidoras de Mesones de Isuela, que es una mezcla entre amas de casa -son cosas que hay en los pueblos, que no se sabe muy bien si son una cosa u otra- pero que, en cualquier caso, toman los asuntos también de consumo; igual que la de Nuestra Señora de Asunción, de Saviñán, y la Triador, de Morata de Jalón. Es decir, estamos hablando, en total, creo que de unas quince o dieciséis.
A esto habría que unir ese mapa actual que tenemos en Aragón de dieciocho OMIC, es decir, dieciocho oficinas municipales de información al consumidor (siete en Zaragoza, ocho en Huesca y tres en Teruel). En el plano general, en el mapa general de Aragón, están bien instaladas, son oficinas municipales de información al consumidor que están en los sitios claves, excepto en Teruel, que habría que impulsar en dos o tres ciudades o pueblos la instalación de estas OMIC.
Entonces, ya le contesto al censo: son aproximadamente..., yo no sé la cuenta, dieciséis, diecisiete asociaciones. La verdad es que una cosa es la existencia de esas asociaciones y otra es que se dediquen específicamente al tema del consumo o estén muy implicadas en el tema de consumo. Serían dos aspectos, es decir, el aspecto cuantitativo y el cualitativo.
En el cualitativo, ya tendría yo mis dudas de si podría plantear que no son todas o no están todas suficientemente preparadas para el tema de consumo. Por eso es que comentamos que las subvenciones, en el nuevo decreto, primarán el aspecto de formación, etcétera.
La coordinación con ellas, porque hay una guerra de datos. A nosotros nos constan todos los datos porque nos vienen de las memorias del año anterior. Es decir, nosotros sí que recabamos todos datos de cada una de las asociaciones y tenemos los datos que a nosotros nos dan; yo no sé si serán los ciertos o no, pero, efectivamente, en las memorias nos vienen una serie de datos y, con ésos, tenemos nuestro propio censo en la dirección general.
La revista. Yo dudo que la revista no la hayan recibido los grupos parlamentarios todavía. Se dieron instrucciones. La primera revista salió, creo, a primeros de enero; el segundo ejemplar salió con motivo del «Día mundial del consumidor», que es esta revista, y mi mayor sorpresa es que los grupos o ustedes, los parlamentarios, no tengan todavía ninguna de estas revistas. Me voy a interesar, a ver por qué ha sucedido, porque se dieron las instrucciones concretas de que así fuera.
El número de ejemplares es de cinco mil, han salido dos números y tendrá carácter trimestral; por lo tanto, ha salido la de la primavera del noventa y siete. La difusión es con carácter gratuito, se envía a todas asociaciones de consumidores, se envían paquetes para su distribución gratuita e, incluso, dentro hay un boletín de suscripción para toda la gente que se quiera suscribir, y se le manda también gratuitamente.
Es un vehículo. No es un vehículo de la dirección general, en absoluto, sino que es un vehículo que la dirección general pone al servicio de la información del consumidor, al servicio de las asociaciones de consumidores y al servicio de los empresarios, de tal manera que siempre aparecen artículos de asociaciones de consumidores, de determinados empresarios, por un aspecto que interesa en ese momento.
En cuanto a la normativa, efectivamente, el anterior director general hizo una propuesta, hizo unas expectativas de desarrollo que no se han cumplido. Yo creo que está suficientemente explicado: era de carácter prioritario la ley del estatuto del consumidor y usuario de la Comunidad Autónoma de Aragón, y eso nos llevó tiempo, lo cual impidió desarrollar otros.
Pero, en cualquier caso, sí que hay una serie de prioridades, desde nuestro punto de vista, que son dos: la modificación del Decreto 111, sobre residencias, y el Decreto de prestación de servicios a domicilio. Yo creo que son los dos aspectos fundamentales que vamos a tocar este año, por su relevancia en el mundo del anciano y, el otro, la economía familiar del ama de casa.
Señor Presidente.

El señor Presidente (USON EZQUERRA): Muchas gracias, señor director general.
Siguiendo con el turno de intervención, le corresponde a la representante de Izquierda Unida, señora Sánchez.
Tiene la palabra.

La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, agradecer la comparecencia del señor director y la exposición detallada que nos ha realizado.
De esta exposición nos surge un primer comentario positivo: que el número de reclamaciones parece que aumenta cada año. Solamente en datos de una asociación, Torre Ramona, ha recibido más de mil reclamaciones más que el año anterior, lo cual es positivo, y parece que la mayor parte se centra en el aspecto de la vivienda.
Hay más cantidad de reclamaciones, pero parece que también se ha variado en el tipo de reclamación. El director general, en el resumen del año noventa y cinco, señalaba que los productos de alimentación, la piel y el textil, parece que eran los prioritarios en cuanto a reclamaciones. En estos momentos, parece que las materias de teléfono y talleres de reparación de vehículos están ocupando los primeros lugares, que en aquel momento estaban ocupando un quinto o un sexto lugar.
Por otra parte, los aspectos de tintorería. En las inspecciones del noventa y cinco solamente hubo tres expedientes sancionadores, y esto, claro, nos extraña respecto a la cantidad de reclamaciones que hemos tenido este año. Entonces, yo le preguntaría qué razones hay y qué inspecciones se han realizado sobre estos productos o estos servicios que fueron más reclamados en el año anterior.
Respecto a las denuncias en el Servicio Provincial, usted ha señalado que ha aumentado notablemente el número de reclamaciones (de mil doscientas a más de mil setecientas). Sin embargo, el número de denuncias se ha mantenido (de setecientas a setecientas quince), ha habido muy poca variación.
Respecto a los expedientes sancionadores, nos parece que han disminuido (de ciento cincuenta y tres en el año noventa y cinco a ciento once en el noventa y seis), y en el año anterior fueron los productos alimenticios los que más sanciones recibieron (en el noventa y seis, no ha concretado). Sí que nos gustaría saber cuáles de esos productos han recibido más sanciones.
Respecto a la Junta Arbitral de Consumo, el número de solicitudes ha variado ligeramente al alza, y en cuanto al número de laudos, la verdad es que sí han aumentado: de treinta y cuatro a noventa y siete respecto del año anterior. Pero no ha sido así en cuanto al número de empresas adheridas, así que nos parece oportuna la aportación que nos ha hecho de hacer una campaña adecuada de promoción de la Junta.
Respecto a las campañas de inspección realizadas, nos parece interesante, y creo que así va a seguir, como usted ha comentado, la campaña a nivel europeo de control del mercado de productos alimenticios.
En esto sí que quisiera hacer un inciso. Parece que el mayor número de deficiencias se habían observado en el etiquetado y en la presentación, pero yo quisiera saber, respecto también a la ley, si quizá deberíamos insistir un poco en que se introdujeran ciertos aspectos, porque muchas veces ya no es el etiquetado correcto que detalla la composición alimentaria, sino el tipo de alimento en concreto que lleva el producto. Es decir, pueden darse situaciones de publicidad veraz, pero de alguna forma engañosa, como el ejemplo de los alimentos que llevan grasas vegetales, que son productos la mayor parte de ellos dedicados a niños (bollería, etcétera) y que son bastantes seleccionados por un importante sector poblacional en cuanto consideran que esos alimentos son de cierta garantía (como protección del colesterol, aumento del colesterol en sangre), y, sin embargo, en la mayor parte de estos productos, las grasas vegetales son grasas derivadas del coco, que son muy colesterogénicos. Por eso digo que puede ser una información engañosa, aunque es veraz, porque realmente aparece en el producto «grasa vegetal», pero no los efectos que puede producir esa grasa en concreto, y sería bueno detallar el tipo de grasa que pueden llevar esos alimentos, sobre todo -como digo- porque están más dedicados a niños.
Respecto a otras campañas realizadas en el año anterior, no ha citado campañas sobre transparencia bancaria. No sabemos si ha habido menos irregularidades que en el año anterior, que fueron bastantes (doscientas treinta y seis, en concreto).
Respecto al control de la publicidad y marcado de precios, queremos saber qué resultado ha tenido en el año 1996, porque creo que había una campaña con el marcado de las siglas «CE» en juguetes destinados a niños menores de cinco años, y también con la identificación obligatoria del fabricante. Nos parece importante que se haga un seguimiento de los productos destinados a estos niños.
Por otra parte, nos parecen también de excepcional interés las campañas que algunas organizaciones de consumidores han puesto en marcha, y también han exigido actuaciones de la Administración, sobre fomento de reclamaciones y promoción de la educación entre los niños y entre los jóvenes. En el año noventa y cinco fueron realizados once talleres de consumo en la escuela; en el noventa y seis, parece que también se han realizado algunos, pero yo quisiera saber cuánto se ha avanzado en este sentido.
Respecto al funcionamiento de la red de alertas de comunicación rápida, también parece que ha aumentado de forma importante el número de comunicaciones (de veintidós a ciento setenta y nueve en este año), y parece que sigue insistiéndose en algunos productos como los juguetes. Entonces, también querría insistirle en si va haber alguna campaña específica sobre este tipo de productos destinados a niños.
Por otra parte, yo le preguntaría algo muy concreto: ¿está prevista una campaña sobre productos artesanos de la tierra, de promoción de productos en Aragón?, porque podría suponer un importante apoyo a pequeñas empresas que están trabajando en el sector.
Y respecto a un aspecto que usted no ha nombrado, la valoración del cumplimiento del Decreto 29/1995, de 21 de febrero, sobre gestión de residuos sanitarios en el interior de los centros, querría saber el nivel de incineración de productos sanitarios en el interior de los centros, por supuesto, que es competencia de la comunidad autónoma. Exceptuando los citostáticos, cuya forma de eliminación por incineración parece correcta, si realmente se viene todavía insistiendo en la incineración del resto de productos o ya se está realizando por el autoclavado al exterior de los hospitales. Es decir, cómo se está valorando, cómo se está controlando toda esta situación y cuántos centros se han inscrito como productores, porque, al año de la publicación del decreto, solamente un 7% de los centros eran los descritos. En estos momentos, ¿cómo están y qué medidas de control, sobre todo, se están aplicando para el tratamiento de todos estos residuos?
Y ya, por último, querría hacer alguna anotación sobre la nueva ley del estatuto del consumidor. El anterior director general, en diciembre del noventa y cinco, nos aseguró que en el primer semestre del noventa y seis dispondríamos ya del borrador. Bien, ha sido un año más tarde, pero, de todas maneras, sea bienvenida esta ley.
Izquierda Unida ha presentado un total de sesenta y nueve enmiendas. La verdad es que el texto, según nuestra valoración, no presenta mejoras importantes con respecto a la legislación estatal de la que ya disponemos, y es un texto prácticamente idéntico al presentado a trámite en el año noventa y cuatro por el Gobierno anterior (solamente ha sufrido algunas modificaciones en los aspectos de tipificación de infracciones). De cualquier forma, consideramos que tiene algunas carencias importantes que nosotros pretendemos modificar vía enmiendas, entre ellas el derecho de la participación de las asociaciones de usuarios en el procedimiento de elaboración de las disposiciones generales que afecten a esta ley. Yo no sé si eso lo tendrá previsto para presentarlo en posteriores reglamentaciones.
También, la protección especial a determinados colectivos, como menores, mujeres, aspectos de protección al medio ambiente, sobre todo en procesos de elaboración de productos envasados, calidad de productos alimenticios, calidad y seguridad de juguetes y actividades destinadas a niños -esto, como señalaba anteriormente, es un aspecto que nos preocupa-, una red suficiente de laboratorios. Quisiera que explicase lo de este laboratorio que parece que va a sustituir a otro. Quiero decir, en cuanto a peritaje, que nos aclarase un poco en qué situación está este tema, porque parece que la red no es lo suficiente que debería ser en la comunidad autónoma. Lo mismo con una red suficiente de inspección de consumo que garantice el desarrollo de la ley de forma adecuada.
También, la inclusión de organizaciones de consumidores en órganos de arbitraje y la creación -esto sí que nos parece un punto importante- de consejos locales y comarcales de consumidores y usuarios, que no viene previsto en la ley que tengan carácter consultivo y carácter resolutivo también.
Bueno, éstos son algunos aspectos que esperamos que encuentren receptividad en la ponencia de debate de la ley.
Nada más, y muchas gracias.

El señor Presidente (USON EZQUERRA): Muchas gracias, señora Sánchez.
El director general tiene la palabra para poder responder a la representante de Izquierda Unida.

El señor director general de Consumo (VICENTE DE VERA): Sí, el tema de la vivienda es un tema que va en auge con respecto a las reclamaciones, que todavía no llega a los índices en que podían estar tintorerías y telefónica. Pero, que yo recuerde, el porcentaje de reclamaciones está incrementándose del orden del 300% con respecto a los años anteriores, con lo cual estamos en unos índices ya que son peligrosos, y, así, ya estamos hablando de la campaña que nosotros vamos establecer con respecto al control de las viviendas.
La Junta Arbitral. Hay que promover el número de empresas adheridas, y ya le comunico que en eso es en lo que vamos a estar este año a través de la formación, información, conversaciones con diferentes tipos de gremios y de empresarios. Pero, bueno, ésa es una parte en la que lo que nosotros podemos hacer es conversar e intentar decirles que, efectivamente, la Junta Arbitral de Consumo significa una mayor calidad de prestación de sus servicios; hasta ahí podremos llegar, no podremos decirles que ustedes, obligatoriamente, van a entrar.
Ese esfuerzo sí que va a desarrollarse durante todo este año, y creemos que, en cierta medida, tendremos frutos, yo no sé cuales, pero, en cualquier, caso nosotros nos hemos impuesto como meta para el año noventa y siete duplicar el número de adhesiones. Es decir, si en la actualidad estamos en cuatrocientas noventa y ocho, que podamos venir al año que viene y decir que hay mil adhesiones a la Junta Arbitral de Consumo; si no, en cierta medida, la dirección general habrá fracasado, no tanto por su culpa, porque no será nuestra toda la culpa, sino que, también, el que está enfrente nos tendrá que decir que sí, pero haremos todo el esfuerzo posible para que eso sea así.
Evidentemente, en el tema del etiquetado y presentación, hay que fijarse en muchas historias, y, sobre todo, un aspecto que nos preocupa es el tema de las grasas vegetales. Dentro de las grasas vegetales se mete un cúmulo de grasas, muchas de las cuales son peligrosísimas, y estamos hablando precisamente del tema del aceite de palma, etcétera, todo aquello que lleva coco. Este año se va a realizar una campaña específica sobre bollería infantil que empezará en el mes de mayo, preocupados por esto.
Se está intentado, le puedo comentar, que la Asociación de amas de casa Alto Aragón ha llevado a cabo una inspección de productos de bollería infantil y ha mandado analizar los componentes, el tipo de grasas que posee o que lleva cada uno de los productos que son de uso cotidiano de los chicos. No sé, todavía no tenemos referencia exacta de los datos, pero me imagino que serán datos ciertamente orientativos de que el aceite de palma y todos éstos son los que, mayoritariamente, por su baratura, son los que hay.
En cualquier caso, ése es un tema que también preocupa al Instituto Nacional de Consumo y que se está empezando a tratar. No sé cómo se hará y no sé qué medidas se podrán tomar para evitar que, bajo la leyenda genérica de «grasas vegetales«, se puedan introducir este tipo de grasas, que, efectivamente, a largo plazo son nocivas para los críos, sobre todo y especialmente en el tema del colesterol.
Sobre las campañas de promoción y formación, este año se han realizado, aproximadamente, unos catorce talleres itinerantes, ya he comentado que han pasado unos tres mil niños.
Y, en cuanto a la red de alerta y los problemas de juguetería, sí, los juguetes es uno de los temas que más está en la red de alerta, y tengamos en cuenta que también es normal, porque la juguetería es un sector muy dado a la piratería, es decir, a que salgan fabricantes en cualquier lugar que hagan productos y que los lancen al mercado sin ningún tipo de normas de seguridad. Están surgiendo en Aragón, preferentemente están surgiendo en Valencia, y son productos muy baratos, de plástico malo, con instrumento interior que no tiene ninguna norma de seguridad, pero que es un pirateo al cual nosotros podemos llegar en cierta medida.
Yo lo que puedo asegurar es que la red de alerta continuamente está trayendo a la dirección general y al resto de comunidades autónomas, por supuesto, temas de juguetería, de muñecas, incluso de chupetes con las cadenas que son peligrosas, etcétera. Ese es un tema grave, pero nosotros llegamos donde podemos llegar con los inspectores.
De productos artesanos, pues le voy a ser sincero: nos ha dado la idea de hacer un tipo de campaña, y, efectivamente, sí que tomo nota. Considero, en principio, muy interesante llevarla a cabo, por lo que nos puede suponer a los aragoneses de inspeccionar el tema.
Con respecto a la gestión de residuos sanitarios, a la incineración en el área interior, tengamos en cuenta que nosotros, la Dirección General de Consumo, nos preocupamos de la gestión intracentro, mientras que la gestión extracentro es de competencia de Medio Ambiente.
La incineración en el interior, que nosotros sepamos, ya no se está llevando a cabo.
Sobre los centros productores, efectivamente, hubo un decreto en el año noventa y cinco, decreto que se envía en su momento a los centros productores, con lo cual ha habido una serie de centros productores que no han conocido -queremos suponer- la existencia de que tenían que cumplir este decreto. Nosotros hemos enviado a todos, absolutamente a todos los centros productores el recordatorio de que en mayo/junio del noventa y seis tenían que haber cumplido y enviado el plan de gestión de residuos intracentro y que no se había enviado, con lo cual les instamos a que, a la mayor brevedad posible, nos enviaran ese plan de gestión. Yo le puedo decir que están avisados ya todos centros productores que a nosotros nos constan en la comunidad autónoma y que estamos recibiendo los que nos faltaban, con lo cual en breve plazo tendremos todos los planes intracentros ya controlados.
Con respecto a la ley del consumidor, no le voy a contestar porque tampoco querría yo introducirme en temas que están ahora en trámite parlamentario.
Sí decirle que la protección de grupos de riesgo está recogida en esa ley; que está recogido, y yo creo que con bastante buen tino, el tema del medio ambiente y algunos otros aspectos que, desde mi punto de vista, están recogidos. Yo no sé si interesaría más o menos, pero, en cualquier caso, sí que están recogidos, y a ustedes les toca el decir hasta qué punto debe llevarse a efecto.
La red suficiente de laboratorios, que es otro de los temas con los cuales se ha acabado. Son pocos: en Aragón tenemos, que yo recuerde, el Instituto Tecnológico de Aragón, que nos podría servir; luego, un laboratorio que tendría el ISVA, el Instituto del Suelo y Vivienda de Aragón, con el cual también vamos a hablar, y luego está el Instituto Medioambiental del Ebro, que vamos a especializarlo preferentemente, que yo recuerde, en aceites. Vamos a intentar colaborar con ellos tres en la medida en que afecte a los sectores que nosotros estamos tocando, pero, en cualquier caso, tendremos que acudir muchas de las veces, desgraciadamente, a Barajas o incluso a un gran centro de laboratorio que hay en la Generalitat de Cataluña, con la cual estamos pendientes de una sociedad mixta, y es en la actualidad el mejor.
Ojalá tuviéramos más laboratorios en Aragón, pero eso tampoco es competencia mía.

El señor Presidente (USON EZQUERRA): Muchas gracias, señor Vera.
Siguiendo con el turno de intervención, le corresponde al representante del Partido Aragonés, señor Lapetra.
Tiene la palabra.

El señor Diputado LAPETRA LOPEZ: Gracias, señor Presidente.
Bienvenido, señor director general, en esta primera comparecencia como titular de la Dirección General de Consumo.
Nos ha hecho una amplia y detallada exposición sobre la problemática del consumidor. Ha incidido en los aspectos de gestión desde la dirección general, destacando cada paso que se ha seguido desde la creación de la misma. Ha dividido su intervención en diferentes apartados, todos ellos de gran importancia y que justifican plenamente la existencia de la Dirección General de Consumo. Nos ha pormenorizado la actividad desarrollada durante el año noventa y seis, así como la enumeración de los previsto para el presente ejercicio del noventa y siete.
Voy a hablar de estos programas, pero quiero destacar el desarrollo normativo que intentan aprobar y que consideramos imprescindible si queremos, como usted mismo ha dicho, establecer claramente la reglas del juego.
En breve se empezará a discutir en ponencia el proyecto de ley del estatuto del consumidor, que será complementada con todos los decretos a los que usted se ha referido con anterioridad.
Así pues, le deseo que pueda llevar a cabo bajo su dirección todas las actividades reseñadas y que la consolidación de esa dirección general como tal sea un hecho en beneficio del consumidor.
Antes de terminar, pasaré a hacerle algunas preguntas. Se ha hablado del etiquetado en productos alimenticios, pero desearía saber cuáles son los incumplimientos más frecuentes.
Otra pregunta sería qué planteamiento tiene la Dirección General de Consumo con respecto a las oficinas municipales de información al consumidor.
Otra: ¿es competencia de la dirección general la vigilancia y acreditación de los centros de técnicas de reproducción asistida? Creo que es competencia de la dirección general, ¿no? Es que no lo sé seguro, y, si es así, qué medidas toman.
Y por último, aunque ya se ha venido hablando de este tema, yo querría que me confirmara, porque ha dicho que van a impulsar la Junta Arbitral autonómica desde la dirección general y querría saber en qué medida, cómo, aunque ya ha adelantado algunas cuestiones. Querría saber, en concreto, cómo piensan impulsar a la Junta Arbitral.
Gracias.

El señor Presidente (USON EZQUERRA): Muchas gracias, señor Lapetra.
¿Considera necesario responder al representante del Partido Aragonés? De acuerdo.
Pasamos, en ese caso, al Grupo Socialista. Don Carlos Tomás, tiene la palabra.

El señor Diputado TOMAS NAVARRO: Gracias, Presidente.
Bien, en nombre de nuestro grupo le doy la bienvenida, señor director general.
En las comparecencias de su antecesor, señor don Angel Val, ya se nos dijo que la estructura de la Dirección General de Consumo nacía para garantizar la defensa de los consumidores y de los usuarios.
Es ésta la tercera comparecencia en esta legislatura de la Dirección General de Consumo, y va a permitirme que le diga que seguimos notando -ya lo hacíamos en las dos anteriores comparecencias- el mismo grado de contenido, es decir, seguimos notando el mismo vacío que ya le señalábamos a don Angel Val en alguno de los aspectos competenciales de la propia dirección general. Seguimos detectando que no termina de cuajar, que no se termina de potenciar el sistema, el desarrollo del sistema arbitral de consumo, y bien es verdad que se ha dado un paso importante en una cuestión que afecta al desarrollo normativo al haberse remitido ya a las Cortes el proyecto de ley del estatuto del consumidor, aunque no es menos cierto que con un año de retraso. Es cierto que se había barajado por parte del departamento y del propio Consejero el primer semestre del noventa y seis como una fecha idónea para su aprobación por las Cortes; estamos ya en el noventa y siete, y dudo de que antes de junio el proyecto lo tengamos aprobado definitivamente.
Nuestro grupo siempre ha insistido en que si disponía de un proyecto de ley ya redactado, como usted bien sabe, por el anterior Gobierno socialista, que incluso fue aprobado inicialmente en Consejo de Gobierno, y a la vista del proyecto que ustedes nos han presentado, todavía comprendemos menos por qué han tardado tanto tiempo en elevar a Consejo de Gobierno su aprobación para, posteriormente, remitirlo a las Cortes, porque difiere en bastantes pocas cosas de aquel proyecto inicial que se había aprobado en el año noventa y cuatro.
No obstante, ya le anticipo que hemos presentado más de cuarenta enmiendas sobre aspectos fundamentales, sobre todo en relación con el régimen infractor y el régimen sancionador, que creemos que es donde el proyecto actual más difiere de aquel proyecto inicial.
Tampoco se ha hecho referencia en su intervención -o, al menos, así lo he entendido- al desarrollo del Plan estratégico de protección al consumidor. Y, en cuanto al Servicio de Inspección de Centros Sanitarios y Sociales, creo que será necesario seguir insistiendo en el carácter preventivo y pedagógico por encima del carácter sancionatorio.
Nos preocupa que no se haya llevado a cabo la revisión del decreto de mínimos, en lo referente a los centros sociales, con fórmulas que permitan abreviar el proceso de emisión de informes, así como el del levantamiento de actas.
Sigue sin descentralizarse la inspección de los centros sociales en los servicios provinciales, y tampoco ha hecho referencia a la elaboración de la norma para que se fijen los mínimos para la autorización de los centros de los servicios y de los establecimientos sanitarios.
En cuanto al movimiento asociativo, tendré que hacer alguna referencia, y aquí creo que se está fallando -permítame la expresión- de forma estrepitosa, puesto que estamos detectando un escaso interés, y eso lo demuestra la consignación presupuestaria de los años noventa y seis y noventa y siete, que, a nuestro juicio, impide apoyar de una forma decidida a las asociaciones de consumidores y usuarios, del mismo modo que se está impidiendo el desarrollo, el correcto funcionamiento y las actuaciones de las oficinas municipales de información al consumidor.
Ha hecho referencia a las campañas de formación y a los programas y actividades referentes a la información y educación al consumidor. Creo que debemos decir que todavía no han servido para que se haya concienciado suficientemente (y entendemos que ésa es una tarea bastante compleja) al ciudadano de sus derechos, y ésa es una tarea de su dirección general.
Yo creo que éstas son, a grandes rasgos, las cuestiones más claras que hemos detectado en su intervención, y esperamos que en su turno de réplica se nos dé respuesta a alguna de las que hemos comentado.
Nada más.

El señor Presidente (USON EZQUERRA): Muchas gracias, don Carlos Tomás.
Don Eduardo Vicente de Vera, puede responder al representante del Partido Socialista. Tiene la palabra... De acuerdo, pasamos el turno... No, lo que usted prefiera...
Bien, pasamos el turno a la representante del Partido Popular, en este caso, doña Pilar Soler.

La señora Diputada SOLER VALIEN: Gracias, Presidente.
En primer lugar, el Partido Popular quiere agradecerle su comparecencia y también todas las explicaciones, con datos bastante interesantes, que nos ha facilitado. Agradecerle y también, desde el Grupo Popular, felicitarle por la labor que está desarrollando en la Dirección General de Consumo.
Lógicamente, su exposición ha estado dividida en dos partes: las actividades desarrolladas en 1996 y el proyecto de lo que se pretende realizar para el año 1997.
La primera parte de su intervención, ha estado llena de datos estadísticos y perfectamente desglosada, nos ha dado una información general sobre la labor realizada por su departamento. Nos ha hablado de las inspecciones realizadas en control de mercado, dándonos todo tipo de datos y las inspecciones realizadas a los diferentes tipos de establecimientos. Se ha referido también a la formación e información del consumidor y a la labor ejercida por la Junta Arbitral de Consumo autonómica. Tenemos también datos concretos de la gestiones realizadas para nuevas aperturas e inspecciones realizadas a los centros sociales y sanitarios.
Creemos que la valoración de 1996 ha sido bastante positiva.
Hemos visto el incremento de reclamaciones del consumidor, que han pasado de mil doscientas treinta y tres a mil setecientas quince, sobre todo en facturas referidas tanto a telefónica como a talleres de automóviles, electrodomésticos, seguros y tintorerías.
Hace referencia en la segunda parte a la intervención para el año 1997. Creemos que es muy importante el enfoque que se le va a dar, sobre la línea que se han trazado basada en la defensa de la formación del ciudadano, calidad de prestaciones sociales, la parte de control sobre capacitación de la gerencia de residencias de ancianos y, sobre todo, control de productos alimenticios. Son de suma importancia las campañas que tienen previstas hacia los más pequeños respecto al control de chucherías.
Esperamos, por lo tanto, y deseamos que pueda llegar a desarrollar todos los objetivos que el departamento tiene elaborados para el ejercicio de 1997, ofreciéndole en todo momento nuestro apoyo.
Finalmente, sólo nos queda agradecerle y felicitarle nuevamente por su intervención.
Muchas gracias.

El señor Presidente (USON EZQUERRA): Muchas gracias.
Corresponde en este caso al director general don Eduardo Vicente de Vera responder a los respectivos grupos parlamentarios.
Tiene la palabra.

El señor director general de Consumo (VICENTE DE VERA): Se me ha preguntado sobre el etiquetado, los incumplimientos más frecuentes que había en las normas de etiquetado. Vamos a ver, serían: no figurar la lista de ingredientes, omitir el lote de fabricación, omitir fecha de duración mínima o de caducidad, no figurar los datos obligatorios del etiquetado en castellano y no figurar en el mismo campo visual las indicaciones relativas a la denominación de venta, cantidad neta y marca de fechas (éste es el más peligroso de todos los que hemos dicho y el que más problemas está trayendo).
Con respecto al tema de las OMIC, para nosotros es fundamental su existencia. Ya comentaba que en la actualidad existen dieciocho, que el mapa de OMIC en Aragón está bastante consolidado, excepto en la provincia de Teruel, donde sería deseable que hubiera dos o tres más porque ello supondría una vertebración del territorio, unos factores fundamentales que hemos comentado antes de vertebración del territorio desde el punto de vista del consumo. Ahora bien, las OMIC son oficinas municipales de información al consumidor y, por lo tanto, es competencia prioritaria de las corporaciones locales el que se desenvuelvan dentro de los cauces de calidad y de atención al cliente. Sabemos, sin embargo, que algunas oficinas municipales de información al consumidor están sólo con el nombre y no funcionan como deberían funcionar. Esto es lo que nos va a llevar a nosotros a hablar con las corporaciones locales, para que aquellos funcionarios que estén en ese trabajo, que muchas veces no es su trabajo específico, sino que lo toman como un añadido a su trabajo funcionarial, ajeno al propio consumo, vengan y prepararlos o capacitarlos mediante una serie de charlas y conferencias.
Es decir -y con esto contesto tanto al Partido Aragonés como al Partido Socialista-, sí que nos interesa mucho el tema de las OMIC, pero sabemos también las deficiencias que existen, y vamos a intentar, bajo todos puntos de vista, que vengan aquellos funcionarios que están en las corporaciones locales para darles una serie de cursillos, etcétera, para capacitarlos todavía más, porque, efectivamente, hay gente que acude, pero a la cual no le resuelven los problemas.
Es más, yo le puedo comentar que en la modificación del decreto de subvenciones que se va a elaborar tomamos con carácter preferencial el tema de las OMIC y el tema de creación de asociaciones desde dos puntos de vista: primero, en aquellos lugares de más de cinco mil habitantes y, segundo, en zonas turísticas. Yo creo que la labor fundamental de las OMIC, hoy por hoy, en Aragón, sería en zonas turísticas, unas OMIC fuertes en las grandes zonas turísticas aragonesas, en las comarcas. Ese es el planteamiento que nosotros tenemos con respecto a las OMIC.
Con respecto al tema del sistema arbitral de consumo, que nace el 15 de junio de 1994 (llevamos dos años y un poco más), yo creo que se le ha dado un impulso verdaderamente esencial.
He dicho antes que la labor que desarrolló el primer Presidente, don Antonio Embid, fue encomiable, y que poco a poco se fue introduciendo un sistema que no era conocido y, además, que no se veía ni por parte de los consumidores ni por parte de los empresarios, que no podían llegarse a creer que había un sistema rápido, extrajudicial y gratuito. Esas reticencias primeras de una cosa que parecía en cierta medida utópica se fueron salvando, y en ese proceso estamos. Y, aun estando en ese proceso, vuelvo a repetir, no será nunca culpable la dirección general o la Junta Arbitral de Consumo de que se adhieran más o menos, porque estamos hablando de un segundo que se tiene que adherir por propia voluntad, pero que -efectivamente, estoy de acuerdo con usted- hay que impulsarlo.
Luego, con respecto a la ley del consumidor, sí que existe, y existe el anteproyecto de ley del noventa y cuatro. Pero permítame que no me introduzca en lo que yo creo que no me debo introducir, como es en esos aspectos y en esas enmiendas. Están ustedes para enmendar, y no me querría inmiscuir más en ese tema.
En el plan estratégico de protección al consumidor, yo le he hablado, aunque sea un poco de rondón, de la formación del mapa consumerista aragonés. Por ahí irían los tiros, es decir, que estamos en el tema de elaborar un plan estratégico de protección al consumidor, pero antes tenemos que conocer qué infraestructuras o qué capacidades tenemos; si no, estaremos haciendo castillos en el aire.
El carácter preventivo y formativo, que, efectivamente, en el anterior Decreto 111 parece que no estaba así, sino que se implicaba mucho más en el aspecto meramente sancionador, es uno de los asuntos que estamos intentando cambiar con la modificación del Decreto 111. Es decir, se va a ir más al carácter preventivo y de formación de los dueños o gerentes de los establecimientos y, posteriormente, en el caso de que esa prevención y esa formación no conduzcan a un estado normal y corriente, a unas reglas de juego limpias, sí que le puedo asegurar que las sanciones serán mucho mayores que las que se establecen ahora. Es decir, se les darán todas las facilidades del mundo, pero, llegado el momento, también la sanción será mayor, porque habrá pleno conocimiento de qué es lo que se está conculcando en ese momento.
Sí que se han descentralizado o, con mayor exactitud, yo diría que se están descentralizando los servicios provinciales. Era una cosa obligatoria, y en este momento yo le puedo decir que en Huesca, por ejemplo, prácticamente, ya se ha descentralizado. Lo que pasa es que vamos paso por paso, vamos a intentar hacer las cosas con un mínimo de racionalidad. La descentralización de los servicios provinciales la estamos llevando a cabo, ya la inspección no va de Zaragoza a Huesca, sino que es el propio Servicio Provincial de Huesca el que se preocupa de inspeccionar en toda su provincia.
El movimiento asociativo. Usted habla de que parece que hay escaso interés porque no se apoya el capítulo IV y el capítulo VII no tiene apenas gastos o presupuestos para subvencionar. ¡Hombre!, yo le diría que, ante todo, la Dirección General de Consumo, en un principio, es una dirección general técnica, pero tiene que estar complementada con una serie de actuaciones de ayudas, de subvenciones, en el IV y el VII. Le puedo asegurar que hoy por hoy, con lo que había en capítulo VII, todas las asociaciones de consumidores, bueno, el 90% de las asociaciones de consumidores de Aragón están perfectamente pertrechadas y equipadas, y, si no, pregúnteselo, pregúnteles, porque verá que están todas informatizadas, etcétera, etcétera. Esos son nuestros datos, y además, en contactos habituales con ellos, principalmente porque estamos hablando de un nuevo decreto, se ha comentado con ellos y, efectivamente, sí que están bien en capítulo VII. Es decir, en cuestión de equipamientos, las existentes en la actualidad, al 90%, están perfectamente equipadísimas.
Con respecto al capítulo IV, efectivamente, siempre sería deseable más dinero. Lo que sucede es que, como no hay dinero, lo que nosotros intentamos es priorizar ese dinero. ¿Y hacia dónde queremos que tienda? Pues no tanto ya a actividades propiamente dichas, sino a posibilitar que en cada asociación de consumidores haya un equipo de asistencia técnica y jurídica del consumidor, y ahí si que vamos a intentar priorizar las ayudas de subvenciones mediante capítulo IV: que vayan preferentemente dedicadas a ese tema, no tanto a ayudar a una serie de actividades que puedan organizar las asociaciones de consumidores cuanto a que, a partir de este dinero, puedan tener asistencia técnica y jurídica al consumidor que acuda en un momento determinado para reclamar una serie de historias. Hasta ahora, había algunas asociaciones que lo tenían, pero otras carecían de ello, y era lo que más veíamos más importante.
Con respecto a las OMIC, yo creo que, bueno, hemos empezado, y ya le he comentado cuál es nuestro planteamiento, que se tienen que «mojar» -por decirlo de alguna manera- las corporaciones locales y ver su necesidad. Y, en ese punto, desde ese planteamiento, vamos a hablar y vamos a capacitar al personal que tenemos.
La concienciación -ha dicho- del ciudadano con respecto al tema del consumo. Pues, mire, sacamos esa revista, que ya ve que es de carácter gratuito, estamos sacando folletos y estamos intentando que, poco a poco, el ciudadano se conciencie, y yo creo que vamos adelantando, no con la rapidez que sería deseable, pero sí con un mínimo de rapidez.
Si acaso, el representante del Grupo Aragonés me ha preguntado sobre las técnicas de la reproducción asistida. Bueno, este es un tema relativamente nuevo y en el que, efectivamente, la inspección es competencia nuestra. Está suficientemente reglada por una ley (que yo recuerde, es la Ley 35/1992) y una serie de reales decretos, es decir, que es un tema suficientemente reglado, y a nosotros sólo nos afecta el dar la acreditación a estos centros productores.
Lo primero que teníamos que hacer nosotros era conocerlos. Efectivamente, estamos en trámite de conocerlos, y estos centros se censarán en el Ministerio de Sanidad y Consumo. Una vez que estén censados en el Ministerio de Sanidad y Consumo, nosotros inspeccionaremos y acreditaremos y tendremos esa lista de estos centros de reproducción asistida.
Evidentemente, estamos hablando de un tema que tiene absolutamente el carácter de anónimo y secreto por los donantes de semen, de óvulos, de embriones, etcétera, pero en ese tema también estamos pendientes de si nuestra labor será sólo acreditar y, en el momento en que el Ministerio de Sanidad y Consumo los tenga en el censo, inspeccionarlos para darles la correspondiente licencia de apertura y puesta en funcionamiento.

El señor Presidente (USON EZQUERRA): Muchas gracias, don Eduardo Vicente de Vera.
¿Los señores Diputados desean hacer alguna pregunta concreta respecto a lo manifestado por el director general?
Bien, dado de que no se observa ninguna petición para el uso de la palabra, únicamente nos queda, en este caso, agradecerle sinceramente la comparecencia en esta Comisión y, como no podía ser de otra manera, ponernos a su disposición para cuantas necesidades tenga respecto a esta Comisión. Muchas gracias.
Vamos a dar, si lo consideran necesario, cinco minutos..., ¿o iniciamos de nuevo ya la proposición no de ley? Pues seguiremos ya cuando el director general se haya ausentado de esta sala. Muchas gracias.

El señor Presidente (USON EZQUERRA): Se reanuda la sesión con el tercer punto del orden del día, que es debate y votación de la proposición no de ley número 87/96, sobre el Plan integral de desarrollo cooperativo, de los Grupos Parlamentarios Socialista e Izquierda Unida de Aragón.
Dado que es una proposición en conjunto, supongo que los dos querrán hacer uso de la palabra. Se partirán ustedes, de común acuerdo, el tiempo que les corresponde.
El representante de Izquierda Unida tiene la palabra para la presentación y defensa.