Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón
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Comparecencia del Justicia de Aragón, Excmo. Sr. D. Emilio Gastón, para informar sobre la situación actual de las quejas en Aragón.
Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón n°: 009 de Serie B (III Legislatura)
Intervinienen: Gaston Sanz, Emilio - Burriel Borque, Adolfo - Fierro Gasca, Maria Pilar - Bolea Foradada, Juan Antonio - Sancho Antonio, Begoña - Gomariz Garcia, Emilio
El señor PRESIDENTE: (CONTIN PELLICER): Señores Diputados, Excelentísimo señor Justicia de Aragón.
Iniciamos (a las once horas y cuarenta y cinco minutos) la comparecencia del señor Justicia, primera comparecencia que hace en esta nueva Legislatura y lo primero que hay que hacer es agradecerle a él y a quienes le acompañan su presencia en esta Comisión de Peticiones y Derechos Humanos, además, agradecer mucho la importancia que todos los nuevos parlamentarios han dado a esta sesión. En principio, los temas que iban a tocarse, que el Sr. Justicia los irá después exponiendo, son problemas pendientes de solución y de los que, quizá, nuestra Comisión no ha sido la caja de resonancia más adecuada; aspiramos a serlo en el futuro. El hecho de tener en este momento al Justicia de Aragón con nosotros, con una serie de problemas que son muy importantes, entre los cuales he ido resumiendo esta mañana -no sé si él va a tocarlos o no va a tocarlos- pero que son importantes: un tema permanente de estas Cortes, desde su constitución, el tema de las cárceles; el tema de los inmigrantes y de cualquier otra minoría que exista en nuestra región; discriminación de cualquier tipo; cuestiones puntuales de Derecho Aragonés, de las que él es consciente y siempre actuante; problemas laborales, medioambientales; problemas que se nos plantean en este momento en Aragón con expropiaciones, por ejemplo.
Todo esto demuestra la importancia que el papel que el Justicia de Aragón tiene y del papel que tiene el Justicia en su relación con las Cortes y con esta Comisión en concreto, que esperamos que siga teniendo y potenciarlo en el futuro lo más que podamos. La reunión con la Mesa incrementó la relación que con él teníamos; esperamos que, con una cierta regularidad, el Justicia acuda a las Cortes o las Cortes acudan al Justicia para ir tocando temas importantes para Aragón que a lo mejor, en un momento determinado, no parece que sean los más puntuales y los más importantes, pero que pienso que la sensibilidad de nuestra sociedad agradecerá cualquier toma de posición, cualquier orientación que pueda darnos y que nosotros podamos darle a él también.
Muchísimas gracias y en este momento el Exmo. Sr. Justicia tiene la palabra.
El señor JUSTICIA DE ARAGON (GASTON SANZ): Señor Presidente, señoras y señores Diputados.
En un principio, lo mismo que tuvimos una sesión en de esta Comisión en el despacho del Justicia, pensábamos haber tenido, debido a estas fechas que ya es final de año, una Comisión de salutación, de exposición muy general de los problemas que han venido pasando por el Justicia, pero, un poco, carente de contenido. Lo que pasa es que, luego, he recordado las dos últimas comisiones que tuvimos el año pasado en esta Mesa, que fueron carentes de contenido también y que fueron una despedida de la Legislatura anterior, de la Comisión anterior, de esta institución del Justicia, y otra con motivo de algún malentendido en relación con el Congreso de aragoneses ausentes, de casas de Aragón, en las cuales no hablamos. Por eso hoy, a última hora y a pesar de que nos encontramos en una fase de la institución muy agobiante debido al cuatrocientos aniversario de la decapitación de Juan de Lanuza, en que estamos organizando simposiums, jornadas, congresos sobre Derecho Aragonés, sobre historia de Aragón, sobre derecho público, sobre el ser aragonés, sobre una serie de cuestiones cuyos anuncios están recibiendo ustedes poco a poco y que van a celebrarse todas en este mes que viene, salvo algunas que están ahora en pleno funcionamiento, pues, a pesar de todo, hemos hecho un esfuerzo por dotar de contenido a esta reunión y sustraer algunas cosas de las que debieran ser para el informe de final de año, porque estamos ya en fin de año y el mes que viene tenemos que preparar el informe para presentar antes, me parece, del 7 de marzo; tenemos que hacerlo entre enero y febrero.
Para ello, para dotar de contenido, traemos una cosa que estaba sin terminar pero que hemos acelerado a última hora y que es el informe sobre ancianos: situación de las residencias y de los ancianos en Aragón. Verán ustedes que es un tocho bastante grande, son casi doscientas cincuenta páginas y, naturalmente, no vamos a poder comentarlo en esta sesión porque, entre otras cosas, lo que tiene que hacer el Justicia es entregarlo para que ustedes lo puedan ver, para que ustedes lo puedan publicar, según dice la Ley y el Reglamento, y para, después, convocar una sesión específica sobre estos informes extraordinarios, en la que sí podremos cambiar impresiones con preguntas, con respuestas, con reconsideraciones, con todo lo que haga falta. Esto creo que va ha ser lo más importante de hoy y, después de saludarles a ustedes y de darles la bienvenida a ésta Comisión, que espero que sea fructífera y que espero que coordinemos bien, porque a partir del año pasado el Justicia ya ha podido estar funcionando con los medios adecuados y con una fluidez que anteriormente era imposible desarrollar. Creo que en esta nueva Legislatura la relación Comisión-Justicia va a ser más interesante; no digo más copiosa porque eso lo decidirán ustedes y lo decidiremos entre ambos, entre Comisión y Justicia, pero supongo que va a ser más interesante.
Bien, voy a explicarles un poco la situación del número de quejas que ha habido en la Institución, aunque esto siempre se ha hecho en el informe general, pero como estamos ya a finales del mes de noviembre, perdón, ya metidos en diciembre, les puedo decir que hemos seguido con el crecimiento normal de quejas o de expedientes que se venían tramitando ante el Justicia, que hemos sobrepasado ya los mil expedientes. Las quejas recibidas, que en el año pasado fueron mil cuatrocientas y pico, en este año han llegado ya a las dos mil, hemos tenido en estos momentos dos mil cuarenta y nueve, sin perjuicio de que, debido a una mejora considerable, que supongo que la tenemos ya en todos los organismos, que es la informatización, pues hemos podido trabajarlas mucho mejor que en otros años. Además, hemos podido hacer una labor de acumulación para tratar las que tenían el mismo contenido o similar contenido que otras, con lo cual los expedientes que en realidad hemos venido estudiando y tramitando, de estas dos mil y pico quejas, se han venido a quedar en cuatrocientas setenta y cinco, con lo que quiero decir que el Justicia está funcionando con mucha más fluidez. Aparte de estos expedientes de quejas, hemos tenido también varios expedientes relacionados con la defensa del Estatuto y con la defensa del ordenamiento jurídico; en concreto han sido 33 hasta ahora, entre ambas cosas. Tampoco las vamos ha tratar hoy porque serán objeto de tratamiento especial en el informe definitivo. Lo que sí pongo de manifiesto es que este año, debido a las facilidades que hemos tenido, hemos intentado una forma de actuar más en directo con las administraciones, ha operado más la visita, el teléfono y las reuniones con las diversas autoridades y funcionarios, lo cual ha dado resultados también bastante positivos, hasta el punto de que las resoluciones que ha tenido que adoptar el Justicia han sido mucho menores que en años anteriores. Las resoluciones... llámense recomendaciones y, sin embargo, tengo que decir que se ha llegado a muchas soluciones sin necesidad de recomendación, con lo cual la postura ante los ciudadanos creo que resulta bastante más ventajosa.
Ha habido, no se pueden llamar conciliaciones porque las conciliaciones, con la Administración no son la palabras más apropiada, pero sí ha habido unas atenciones, un acercamiento ciudadanos-Administración, ciudadanos-funcionarios, funcionarios-ciudadanos, que han hecho que muchos asuntos se desistiesen, se paralizasen y solamente tuviéramos, hasta ahora, una treintena de recomendaciones. No voy a especificar ninguna de ellas; si ustedes me preguntan luego, tengo una pequeña lista de las que ha habido sobre cada materia, pero creo que eso ya se debe guardar para el informe definitivo y esperar a que se termine el año. Lo que sí querría comentarles es que siguen viniendo materias que no son competencia de esta institución pero que, naturalmente, algunas hay que atenderlas, bien porque están en relación con la defensa del ordenamiento jurídico aragonés y defensa del Estatuto, y ahí sí que tenemos competencia ante todas las administraciones e incluso ante ministerios, como hemos tenido conversaciones en algunos casos, y otros temas que, bueno, hay que cogerlos porque tienen un contenido tremendamente humano y porque a los ciudadanos no se les puede decir: señores, no es competencia mía, váyanse ustedes a protestar a otro sitio. Ya ocurrió en el año anterior y sigue ocurriendo, y sigue ocurriendo a todos los defensores del Pueblo de Comunidades Autónomas; por ponerles un ejemplo, aquí traigo el de hace unos días que me dio pie a llamar también al Delegado del Gobierno, en relación con las prisiones, en relación con la prisión de Huesca en concreto y con los temas últimos que han pasado. No se les puede decir a los representantes sindicales de los funcionarios: váyanse ustedes, sin perjuicio de que, naturalmente, les recojo la queja y la mando al Defensor del Pueblo; es necesario atenderles, te explican el problema, te explican el contenido humano, te dicen además que quieren conectar con todas las administraciones e incluso te dicen, cuando hablas de tu no competencia, que acudas a la figura de mediación, que ésa si que es una competencia y que hay una sentencia del Tribunal Superior, perdón, una sentencia del Tribunal Constitucional en la que se dice que las instituciones de defensores del Pueblo de todas las Comunidades, pueden dirigirse a todas las administraciones de la Comunidad Autónoma.
Con lo cual traigo aquí, ante la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos, la posibilidad de recibir, de atender a esta gente que están haciendo ya gestiones en otros lugares, pero que, naturalmente, un lugar apropiado es la Mesa de Peticiones y, luego, traerlo a la Comisión de Peticiones para que lo conozcan los miembros de ésta, para que conozcan los asuntos y para que, si lo creen oportuno los Portavoces que pueda haber aquí, lo den a conocer a los Portavoces de las Cortes de Aragón o a los miembros de sus grupos que puedan tener en las Cortes Generales de España. No sé si habrán venido ya, o si habrá llegado alguna petición a esta Mesa, no lo sé, pero esto fue antes de ayer y les dije que, si ellos querían, pues que podían hacer peticiones, que para esto está esta Comisión de Peticiones y Derechos Humanos, que naturalmente deberá pensarse y deberá reunirse para ver si las atiende, si tiene competencia o si manda estas peticiones a los parlamentarios de las Cortes Generales Españolas, Diputados y Senadores. Bien, no voy a extenderme en esta queja, en las manifestaciones que ellos me hicieron, sin perjuicio de que, si después lo desean los señores Diputados, podamos tener algún cambio de impresiones si desean tener alguna información mayor .
Paso al tema fundamental, que ese sí lo he traído y lo tienen ustedes para hacer lo que quieran; si desean ustedes que yo les haga un breve resumen, he preferido hacer una cosa que no había hecho nunca y que creo que no se debe hacer en ningunas Cortes, que es un extracto para leerlo y para no divagar, un extracto muy pequeñito sobre el tema de las residencias de ancianos. Pero si ustedes prefieren, y esto lo dejo ya a criterio del señor Presidente y de la Comisión, éste es un tomo muy grande y, por lo tanto, preferimos quedárnoslo, no tener que comentarlo ahora y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes, distribuirlo, hacer lo que manda el Reglamento y, después, convocarles a otra nueva sesión, pues yo me callo y el Señor Presidente tendrá la palabra y ustedes me podrán preguntar sobre lo que quieran. Pero si lo prefieren, yo les leo este extracto que les había preparado, para que pueda servir de referencia. Lo dejo a criterio del Señor Presidente.
Bien, en el informe del año 1989, el Defensor del Pueblo presentó un informe sobre las residencias de tercera edad que se centraba en examinar las condiciones en que prestaban dicho servicio las administraciones que habían decidido hacerlo y en el grado de desarrollo por parte de las Comunidades Autónomas y de sus competencias en la materia, en tanto en cuanto las irregularidades e insuficiencias en uno u otro caso pudiesen derivar lesiones a los derechos que la Constitución reconoce a los ciudadanos, muy especialmente el derecho al bienestar de quienes han alcanzado la tercera edad. Dicho informe se limitaba al aspecto administrativo del problema, a la realidad existente, obviando los aspectos sociales y políticos que hubieran podido conducir, propiciar o mantener esa situación. Desde esta perspectiva y por lo que a la Comunidad Autónoma de Aragón se refiere, el Defensor del Pueblo veía muy pocas irregularidades; casi no se centraba en Aragón, vio alguna, como ustedes podrán ver -que luego se aclaró que no eran tales-, vio algunas irregularidades en las públicas y no en las privadas -nosotros hemos visto la cuestión al contrario-, vio que había algunas irregularidades, las detectó y las dio a la prensa, y parece que sentó bastante mal en la Casa de Amparo de Zaragoza. La verdad es que la Casa de Amparo funcionaba muy bien; la estuvimos viendo y el Ayuntamiento, naturalmente, la puso de manifiesto e incluso se prestaron las monjas del Amparo y los funcionarios para que hiciésemos una revisión exhaustiva. Por eso decidimos hacer este informe, profundizando mucho más y mirando la problemática que presenta la diferencia entre las públicas y las privadas.
Dos años después de aquel informe del Defensor del Pueblo, no se puede decir que el informe era exhaustivo y tenía una razón muy grande en lo respecta a Aragón, pero sí que en Aragón, en dos años, han pasado algunas cosas que han hecho modificar la situación que entonces tenían las residencias y que, efectivamente, en las públicas era bastante pasable y, en cambio, en las privadas era muy lamentable. Ahora tenemos un Decreto de mínimos, debido al cual se están tomando medidas bastante serias pero, a pesar de todo, nos encontramos con una situación objetiva bastante mala. Una situación objetiva en la que el índice de cobertura de plazas que tenemos en Aragón es de 3í55 de la población de 65 y más años, que si bien es superior a la cobertura nacional, es inferior a las recomendaciones que nos da la Comunidad Económica Europea y que son recomendaciones que están rigiendo ya en esta materia y que están firmadas por España. Para Aragón serían necesarias en torno a las dos mil quinientas plazas más de las que tenemos, para alcanzar la cobertura que exige la Comunidad Económica Europea, de las cuales, mil quinientas plazas harían falta para la ciudad de Zaragoza. Se nota una diferencia bastante grande entre Zaragoza y el resto de Aragón; hay más residencias en lo que es el conjunto de Aragón y faltan más en Zaragoza. Entre el 59 y el 62% de la oferta de plazas de residencias corresponde al sector privado. Por provincias, la mejor dotada es la de Teruel, que tiene un 5í12% de todas las plazas de Aragón, seguida por Huesca del 4í03 y de Zaragoza por el 3í18. La oferta privada se concentra preferentemente en Zaragoza capital; por cada diez plazas públicas hay treinta y siete plazas privadas. Del total de la oferta de plazas de la oferta privada, el 55% de las residencias tienen ánimo de lucro y se asientan en la práctica, como hemos dicho, en la ciudad de Zaragoza. El 42% de las camas en residencias públicas están gestionadas por el INSERSO, un total de mil doscientas setenta y cinco plazas, lo que desvirtúa la oferta real a la población aragonesa al estar incluidas en la oferta nacional y, por consiguiente, no ceñida a los ancianos de nuestra Comunidad Autónoma.
Voy a centrarme un poquito en lo que son las públicas. Las residencias públicas las encontramos mucho más respetuosas, en términos generales, con los derechos de los usuarios, desde el punto de vista de sus condiciones físicas y materiales. Las residencias del sector público son, por lo general, buenas y en algún caso excelentes, salvo casos concretos que están en vías de solución, como pasa en la residencia asistida de Calatayud, donde se observan algunas deficiencias suficientemente generalizadas como para proceder a su corrección de la forma más inmediata posible, en lo tocante a aspectos de seguridad y de evacuación en casos de emergencia; sólo dos centros de los consultados disponían de planes de evacuación elaborados. Las residencias que ofrecen mejores condiciones materiales son las del INSERSO y alguna municipal, como la Casa de Amparo de Zaragoza; lo resalto por contraste con lo que se había venido diciendo. Las residencias públicas están limitadas en sus medios para ofrecer servicios que permitan el desarrollo de una actitud activa y de participación educativa, así como proporcionar el máximo de integración social en el medio en que está enclavado el centro y prevenir la agudización de circunstancias tales como la inactividad o el aislamiento, en tanto que servicios como los de alojamiento y atención doméstica están suficientemente cubiertos, así como los de higiene y sanitarios; en cambio, aquellos otros relacionados con el mantenimiento y mejora física, animación socio-cultural, actividades ocupacionales e integración social, y relaciones con la comunidad están peor o desigualmente desarrollados.
Las residencias públicas cumplen con el requisito de tener regulados los derechos, deberes y régimen de participación de los residentes por medio de un reglamento interno, pero no existen criterios uniformes; no existen, en el sector público, unas normas o unos criterios que regulen las condiciones de ingreso en las residencias, lo que puede acarrear una vulneración del principio de igualdad en el acceso a los servicios públicos dependiendo de la residencia civil del solicitante. Por otra parte, existe una acusada diferencia entre las residencias públicas en cuanto a disponibilidad y filosofía del gasto; así, todas las residencias, salvo las del INSERSO, tienen en las cuotas de los ancianos su principal y, a veces, su única fuente de financiación, lo que limita sus posibilidades de ofertar servicios distintos de los que son los básicos de alojamiento y manutención. Por último, en las públicas hay que tener en cuenta que la mayoría de los ayuntamientos de Aragón no podrían soportar una carga adicional al aumento de servicios y el volumen actual de ayuda de la Diputación General de Aragón, a pesar del incremento que ha sufrido esta última, no sería suficiente para un incremento sustancial de nuevas prestaciones.
Y paso ya al análisis de las privadas, que es un poco más largo. Es necesario incrementar el control administrativo de las residencial privadas, muy especialmente de las que funcionan con ánimo de lucro, para conseguir una garantía de la efectividad de unos derechos cuyos destinatarios, que son los ancianos residentes, generalmente, no están en condiciones de defender por sí mismos. En los últimos años se ha producido una gran proliferación de este tipo de residencias, proliferación que está íntimamente ligada a la escasez de cobertura pública y aunque, precisamente, la dispersión del sector en pequeñas unidades, la rapidez con que se abren y se cierran, y la ambigüedad a la hora de calificar o no como residencia determinadas instalaciones, nos crea una dificultad enorme para tener unos datos fidedignos de estas residencias privadas. Ahora bien, la cobertura es mucho mayor que la pública; como hemos dicho, en el sector privado es aproximadamente de un 60%, con un total en torno a las cuatro mil quinientas plazas distribuidas en ciento veintinueve establecimientos. Como pueden ver, estos datos desvirtúan algunos de los que sacaron de unos antecedentes que se consiguieron en la institución del Justicia, con motivo del anterior informe general que expusimos en el mes de octubre. El 75% se concentran en Zaragoza; la oferta mayoritaria que existe en éstas privadas sin ánimo de lucro es de carácter religioso, la inmensa mayoría; las residencias sin ánimo de lucro, religiosas sobre todo, se ubican en poblaciones de veinte mil habitantes, en tanto que las lucrativas operan casi exclusivamente en Zaragoza capital y su entorno, lo que podríamos considerar el área metropolitana. Las residencias privadas representan un índice de saturación del 94%; hay muy pocas plazas libres.
Por cada diez plazas públicas en Aragón existen casi quince y media privadas, ascendiendo a treinta y siete por cada diez públicas, treinta y siete privadas, en la ciudad de Zaragoza. Un porcentaje significativo de las residencias privadas, el 30%, están en régimen de alquiler; esto produce situaciones complicadas y graves en algunos casos, en cuanto se refiere a la inseguridad jurídica de los ancianos. Al Justicia ha llegado alguna queja y ponemos el ejemplo de una que llegó en 1988, en la que se denunciaba la situación de abandono de toda una residencia con sus ancianos residentes dentro. La investigación puso de relieve que la propiedad de la residencia había sido trasmitida a otra persona sin tener en cuenta que, al tratarse de un piso en alquiler, eso suponía un traspaso y, por lo tanto, los dueños de piso, la propiedad instó el desahucio por traspaso inconsentido; desahucio que ganó y, ante ello, la nueva propietaria de la residencia no se hizo cargo de la misma, mientras que la anterior se desentendía de un problema que decía que ya no era el suyo, porque tenía una cesión. Tan sólo gracias a la dedicación y a la bondad de una persona, que es con la que se entendió el Justicia, que estaba atendiendo a los ancianos al servicio de la residencia anterior, se pudo, de momento, salvar la situación hasta que la Diputación General de Aragón, advertida de esta gravedad por el Justicia, buscó una solución alternativa al problema.
El funcionamiento de una residencia privada, en términos concretos, de la relación entre el centro y el residente suele ser fruto, este funcionamiento, de un contrato que más que un contrato querido y bilateral, es un contrato de los llamados de adhesión, es un contrato que presentan las residencias particulares y que lo van firmando los ancianos; dicho en otras palabras: mientras la residencia se ajuste a los mínimos exigidos por la Ley todo va bien, pero lo demás de los mínimos es una cosa que queda al fruto de una relación particular en la que la Administración y el Justicia no pueden entrar. O sea, lo único que podemos hacer en estos momentos es vigilar que se cumplen esos mínimos que ya están en una normativa. Corresponde pues al mismo contratante, al residente algunas veces, o sea, al anciano y a la familia las más de las veces, el vigilar si se cumplen los términos de lo pactado y ejecutar las acciones legales que les corresponden en caso contrario. La labor de la Administración y, por consiguiente, lo sujeto también a la supervisión del Justicia, se concreta a una labor inspectora que permita poner de relieve la existencia de residencias no actualizadas, que las hay, o el incumplimiento de esos mínimos que hemos llamado legales en las ya autorizadas, de cara a imponer los elementos correctores que sean necesarios.
Al menos, el 40% de las residencias privadas no tienen completamente regularizada su situación administrativa, al carecer o de licencia fiscal, o de licencia de apertura, o no estar censadas en el registro de centros, establecimientos y servicios de acción social; este porcentaje quizás pudiera incrementarse sustancialmente ya que en el informe se carece de los datos del 55% de los establecimientos que no contestaron a los cuestionarios remitidos por el Justicia, por la institución del Justicia de Aragón. En la mayor parte de éstos, el 80% del 5% que no contestaron eran lucrativos. La mayoría de estas residencias legalizadas están consideradas a efectos fiscales -y esto también es algo irregular- como establecimientos hosteleros y esto es precisamente porque no cumplen con la licencia fiscal, los servicios sociales que están prestando. El nuevo impuesto de actividades económicas que entra en vigor el día uno de enero de 1992 contempla ya este tipo de actividad, por lo que debía favorecerse y vigilarse la regularización de estos centros privados, teniendo en cuenta, además, las ventajas impositivas que a ellos les va a comportar. La tardanza en la concesión de licencias de apertura es una de la situaciones que se dan con mayor frecuencia para justificar el estado irregular de los centros. La presencia de un alto porcentaje de residencias privadas sin actividad declarada es un grave impedimento para un efectivo control del sector; al menos un 30% de los centros privados sitos en Zaragoza capital se ubican en pisos de viviendas, lo cual origina también unos problemas adicionales. La media de plazas por centro es de treinta y dos; el modelo de residencia privada sin ánimo de lucro es el de una residencia de más de cincuenta plazas.
Las residencias privadas que hemos podido examinar presentaban, salvo excepciones, unas condiciones físicas y materiales inferiores a las que ofrecen los centros públicos. A pesar de no alcanzar las previsiones que impone el Decreto 81/1989, de condiciones de los centros de acción social, la situación descrita por los responsables de las residencias privadas que colaboraron en el informe es aceptable, pero habría que realizar, a pesar de todo, numerosas adecuaciones parciales. Es previsible que los centros que no respondieran al cuestionario presenten situaciones bastante más graves que las que sí contestaron, que abrieron sus puertas al Justicia. Entre las deficiencias observadas cabe citar las siguientes: se han detectado casos de habitaciones colectivas de hasta doce camas, la inmensa mayoría de los centros no disponen de los planes de emergencia y evacuación, la señalización e instalación de puestos de emergencia no existe en el 50% de los centros, los seguros de las residencias no suelen cubrir los daños a los usuarios por negligencia del personal, existen deficiencias en lo tocante en las barreras arquitectónicas para disminuidos físicos, en dos de las residencias privadas de carácter lucrativo que se visitaron -luego fueron clausuradas, hay que decirlo- no existían condiciones higiénico-sanitarias aceptables, algún centro carecía de calefacción aunque ésta situación era menor y, desde luego, no generalizada.
Atendiendo a su estructura, las residencias privadas con ánimo de lucro presentan una ratio personal-usuario del 0,23, inferior al 0,25 establecido en la normativa de mínimos; el índice más alto, el mejor, lo dan las residencias sin fin de lucro dependientes de Cáritas, de la Iglesia Católica, con un 0,40 de ratio personal-usuario. Por contra, numerosos centros no alcanzan el ratio establecido del 0,25, aunque la dedicación de su personal es absoluta y hay que decir que buena, la del personal en la mayoría de los casos. El 17,2% de los empleados es de carácter eventual; esta cifra queda disminuida por el número de religiosos que prestan servicio en los centros y que, en muchos casos, se contabiliza al propietario y a su familia como personal fijo. La condición profesional y laboral del personal empleado en residencias de ancianos no están en correspondencia con la labor efectivamente realizada -estoy hablando en todo de las privadas-, existen numerosos contratos de hostelería, las residencias privadas carecen por lo general de personal sanitario asistencial, más acusada esta circunstancia en las residencias de carácter lucrativo, por lo que no existen, por lo general, posibilidades para el desarrollo de actuaciones que proporcionen el máximo de integración social o limiten el deterioro físico y psíquico de los usuarios.
Lógicamente, la cuestión más trascendental en este tema es la de los derechos de los usuarios. Son frecuentes los ingresos en residencias efectuados por iniciativa de los familiares sin que intervenga la voluntad del anciano, lo cual podría vulnerar el postulado constitucional de fijación de libre residencia, el derecho humano que tenemos que defender. Esta situación se agrava en el caso de pactos con el establecimiento regulando el régimen de visitas, salidas al exterior, comunicaciones, etc., e incluso limitándolo. Las situaciones de vulneración flagrante de la dignidad de las personas o de los derechos fundamentales no parecen ser muy numerosas, cuantitativamente numerosas, lo que no impide que el desconocimiento de las condiciones de muchas residencias oculte un cúmulo importante de situaciones que deben ser corregidas, pero de inmediato, tajantemente.
Es imprescindible, por ello, crear mecanismos que permitan a la Administración ir hasta las últimas consecuencias, si es necesario, de su función sancionadora, sin estar restringida por el riesgo a crear una situación sin salida. Este es el problema. El problema es que no hay bastantes residencias y que hay ancianos que se pueden quedar en la calle; es decir, el problema de una solución peor para el anciano afectado, que la que se quería corregir con el cierre o la sanción. Las soluciones legales extremas y formalmente correctas, cual es el caso del cierre de una residencia que no reúne las debidas condiciones, soluciones tomadas teóricamente para proteger los derechos de los usuarios, pueden resultar -paradójicamente- muy graves, mucho más perjudiciales para sus derechos que se pretenden proteger que la situación anterior. No es solución, pues, el cierre, cuando ello supone dejar en la calle y sin recursos a un número indeterminado de personas; y quizás habría de buscar una salida por la vía de dotar a la Administración de los mecanismos legales necesarios que permitieran sustituir en la gestión de una residencia que incumpliera la normativa vigente al titular de la misma, sin necesidad de echar a los ancianos. Lo que es totalmente necesario es desarrollar una normativa más completa que acometa el pleno desarrollo de la Ley de ordenación de la acción social y que se establezcan unos mecanismos que permitan la efectiva coordinación entre todas las administraciones que comparten la competencia en materia de asistencia social a la tercera edad. Y es necesario, por último, una labor de la Administración encaminada no sólo a la concienciación social de la asunción por los poderes públicos de la responsabilidad del bienestar de la tercera edad, prevista en el artículo 50 de la Constitución, no sustitutiva de las obligaciones familiares, sino, además, a propiciar los cambios estructurales necesarios para que las familias puedan asumir esta responsabilidad que hoy en día y por motivos que van desde los de espacio a los económicos, de los de falta de sitio en las viviendas, es muy difícil para muchas familias cuidar de los ancianos.
Este es el mundo en que se mueven los que sufren la condición de ancianos en residencias y que además, en determinados casos, están afectados por otras carencias y abandonos al margen de las residencias. Más de un tercio de los residentes tienen algún tipo de disminución psíquica o física que requiere atención de enfermería y vigilancia médica; la media de edad del usuario de las residencias es de 81 años; el 53% de los residentes son mujeres; la media de defunciones es de 9í8 anual en las públicas y de 11í6 en las privadas. El usuario de la residencia se sitúa económicamente por debajo de la media aragonesa en 44.200 pesetas; la percepción de ingresos procedentes de pensiones es de 35.650 pesetas y, a veces, la contribución familiar prácticamente no existe, por lo que autonomía del anciano, del usuario que está en residencias viene a ser nula o escasísima, si se paga la residencia. La soledad es otro de los problemas, es una constante que aparece en la vida de un buen número de residentes; el 18% de los residentes no recibe nunca ningún tipo de visitas, en tanto que el resto recibe, como media, una visita al mes, abundando aquellos que reciben tres al año. La visión del entorno de sus relaciones se completa con el dato de que la inmensa mayoría de los residentes, más del 90%, no acude al domicilio familiar en ocasiones de fiestas familiares o sociales. El usuario de las residencia permanece, por lo general, indiferente a toda clase de actividades programadas que requieran la implicación activa del mismo, esto mucho más, también, en las privadas que en las públicas, que tienen especialistas en animación social.
Nada más en este asunto. Creo que ya hay bastante contenido para, si se considera oportuno...
No sé si es oportuno abrir ahora un debate o es preferible que puedan leer los datos exhaustivos que se han aportado en el informe, de doscientas y pico páginas.
El señor PRESIDENTE (CONTIN PELLICER): Muchísimas gracias señor Justicia; agradecemos su comparecencia.
Me permito el lujo, que no sé si es privativo u oportuno de la Presidencia de alabar el humanismo tremendo, y que además nos traspasa, en concreto a mí, de su informe. Hacemos una suspensión de diez minutos y continuaremos la sesión a continuación.
El señor PRESIDENTE (CONTIN PELLICER): Señores Diputados, se reanuda la sesión. Tiene la palabra en estos momentos el Grupo Parlamentario Convergencia Alternativa de Aragón -Izquierda Unida. Señor Burriel.
El señor DIPUTADO (BURRIEL BORQUE): Muchas gracias señor Presidente. Yo quiero comenzar...
El señor PRESIDENTE (CONTIN PELLICER): Diez minutos.
El señor DIPUTADO (BURRIEL BORQUE): Le aseguro que seré breve, señor Presidente, no trataré consumir inútilmente el tiempo de nadie, ni siquiera del señor Presidente.
Con ese compromiso de brevedad, yo quiero comenzar saludando la presencia en esta Comisión de Peticiones y Derechos Humanos del Justicia de Aragón y, además, felicitarle por ella; felicitarle por la presencia, porque yo creo que es indispensable recuperar, si no se tuvo, una comunicación directa, clara, amplia, entre la institución que por su proximidad a los ciudadanos recibe de ellos una buena parte de las peticiones que ellos plantean y la Comisión que, desde el punto de vista de esta institución, de las Cortes de Aragón, viene a expresar también el lugar de encuentro de esos ciudadanos en sus peticiones. Desde luego, si esa comunicación estuvo yo creo que hay que mejorarla y que la oportunidad para mejorarla surge de este tipo de comparecencias donde el encuentro pueda darse.
Por otro lado, yo creo que es indudable e inevitable señalar que la información, cualquier información del trabajo que se está haciendo desde el Justicia es una información que permite dos cosas: el conocimiento y la labor de estructura de los grupos de trabajo; hablo en este momento como grupo de trabajo, como grupo político, perdón, permite el trabajo como grupo político, porque el acceso y comunicación a datos que expresan la realidad de esta tierra es fundamental para la labor que tenemos que hacer como parlamentarios y como pertenecientes a una formación política; esa relación, esa comunicación, ese conocimiento, insisto, me parece que es fundamental.
Por otro lado, en esta ocasión este dato es todavía más evidente si consideramos que hoy se nos hace entrega del informe del Justicia, el informe anunciado y conocido en algunos de sus aspectos y que es objeto también de exposición en algunos de sus aspectos en la comparecencia, cuando presentó la memoria del último ejercicio, el informe -como digo- sobre residencias de la tercera edad. Yo creo que aquí hay un material -y a mí me constaba así ya, aunque no lo conozco-, un material amplio, exhaustivo, valioso que por primera vez, posiblemente por primera vez, de una manera sistemática, de una manera ordenada y de una manera clara, presenta y pone encima de la mesa un problema que trasciende del problema puramente puntual; es un problema que alcanza la concesión que en este momento se puede estar teniendo en esta comunidad sobre servicios sociales, sobre asistencia social, sobre relaciones con sectores como la tercera edad que son sectores marginales. Yo creo que el conocimiento de este informe, las medidas que en él aparecen, es un dato valioso, valiosísimo para el trabajo político, tanto desde el Gobierno como desde los Grupos que tenemos que desarrollarlo.
Hay datos escalofriantes que se han dicho en la reseña: los medios insuficientes, las situaciones dramáticas, esa especie de tercermundismo que en ocasiones, se aprecia al examinar las residencias. Pero yo no voy a entrar en la cuestión, lo que hago es tomar nota del informe y, desde luego, comprometer a mi Grupo Parlamentario para, desde los datos que aquí figuran, tratar de mejorar con el control y el impulso que podamos dar en ésta Cámara para, como digo, mejorar la situación que en este momento se presenta. Esta es la importancia que tiene cualquier comparecencia del Justicia de Aragón aquí y esa es la razón, como digo, de mi saludo.
Yo me voy a limitar, y termino, a la vez que expreso este saludo, a pedirle una información complementaria a la que nos ha transmitido y que creo que es importante que tengamos un conocimiento directo, por la actualidad, por la importancia y por y la trascendencia que tienen los hechos; me estoy refiriendo a la situación de las prisiones, a los datos de los que dispone de las prisiones en esta Comunidad, sobre todo como consecuencia de las últimas entrevistas tenidas con funcionarios, al calor de sucesos que están en un primer plano de información y, desde luego, de preocupación colectiva. Entonces, yo le solicitaría al señor Justicia que nos ampliase la información, que nos amplíase los datos de que dispone de situación en la que se encuentran las cárceles y que, desde esa información y facilitación de datos, también dispongamos de los medios y de los instrumentos para seguir trabajando. Nada más.
Muchas gracias, señor Justicia de Aragón. Muchas gracias, señor Presidente; como ve, he sido breve, claramente breve y creo que todos me lo agradecen por las caras que observo.
El señor PRESIDENTE (CONTIN PELLICER): Señor Justicia, ¿desea usted contestar globalmente o a cada una de las preguntas que aquí se le hagan?... en cualquier caso.
El señor JUSTICIA DE ARAGON (GASTON SANZ): Puedo contestar rápidamente, aunque luego podamos ampliar, si se desea.
Bien, efectivamente, algunas de las cosas que se han hecho y ya veo que van a ser objeto de utilización por los diferentes Grupos Parlamentarios que, a la vista de los datos del informe, podrán hacer suyo lo que crean pertinente de cara a su labor, de cara a sus posibles Interpelaciones, Preguntas, Proposiciones de Ley, lo que quieran. Yo no sé que es lo que, luego, pensarán en esta Comisión; si hace falta otro Pleno después de leído el informe grande o si basta con ese informe grande donde están todos los datos para, ya, iniciar cada parlamentario, cada Grupo, las acciones que le competen de acuerdo con el Reglamento parlamentario, es decir, su labor de Diputados, incluso con propuestas de Ley, con Preguntas o con lo que quieran. En cuanto a los datos que pueden salir y ser más escalofriantes cuando se vea el informe detallado, tendrán la oficina del Justicia completamente abierta y, además, con el deseo de ayudarles o acompañarles a hacer lo que sea.
Tengo que decir una cosa entre algunas de las cuestiones que he tratado, que es lo que hace temer que puede haber datos peores en las empresas o en las residencias que no nos han contestado al cuestionario, es porque el Justicia tiene ninguna potestad frente a los particulares, ni frente a las residencias privadas; hemos entrado en aquellas que nos han abierto las puertas y hemos obtenido los datos de aquellas que nos han atendido. A pesar de todo lo que hemos expuesto, tenemos que añadir que estamos contentos de la respuesta de las privadas que nos han contestado, pero, ¡ojo con las que no contestaron y con las que no abren la puerta!, que sólo cabe el control y control muy difícil por lo que he dicho, que puede ser más grave que el dejarlas como están, porque es que no hay residencias y los ancianos se quedan en la calle. Y es que muchas veces, las empresas en suspensión de pagos o en quiebra y que no pagan la Seguridad Social amenazan con cerrar y dejar a todos en la calle, y son situaciones de fuerza en las cuales un parlamentario debe pensar y estar ojo avizor, porque lo que no se puede tampoco es dejar que se vulneren estados de derecho.
Y paso al tema concreto de las prisiones. Lo que más me dijeron -aunque creo que ya lo deben saber también por la prensa- los enlaces sindicales que estuvieron a ver al Justicia y que creo que van a venir a ver a esta Comisión de Peticiones, a formularle peticiones también y, si no, a los parlamentarios aragoneses en Madrid los verán, es el tema, totalmente subjetivo pero para tener en cuenta, del miedo, el miedo a veces irresistible, el tema de un sentimiento de frustración en su función como funcionarios al ver que se incrementa el número de presos y que, sin embargo, no pueden atenderlos ni se pueden tomar medidas. Y que, además, comprenden que es un problema de toda España y que es un problema económico, pero que la situación es verdaderamente grave y que no le ven solución. Ante eso están con el miedo y el sentimiento de frustración, que son dos complejos freudianos, de los que trata Freud normalmente, y que son también a tener en cuenta desde el punto de vista psicológico.
Desde el punto de vista objetivo de la saturación, sobresaturación total que se da en la de Huesca, pero es en casi todas, salvo en la de Daroca. Cuando estuve hace tiempo, tengo que decir que me abrieron amablemente y que no hubo el más mínimo mutismo, sin perjuicio de que sabían y saben que no es competencia del Justicia de Aragón, pero no he tenido dificultades, en la cárcel de Daroca no había problemas, es la más moderna, pero en las demás sí que existen problemas; en otros momentos era la de Teruel y en estos momentos la de Huesca es la más gravemente saturada y el tema de los grados, el problema de la clasificación. Lo digo por que se me pregunta -también les dije que no era competencia mía y les mandé inmediatamente al Defensor del Pueblo, pero sí que lo pongo de manifiesto- el que se esté acentuando ahora la clasificación en segundo grado a quienes tendrían que ser, como presos de largas penas y peligrosos, de primer grado, pues hace que el segundo grado se incremente tremendamente y que haya una gama muy grande de presos en la que tienen que convivir el preso de muy escasa pena, e incluso que sale con régimen abierto, que sale a trabajar y que vuelve a dormir a la cárcel, con presos de penas grandísimas, de más de veinte años y desesperados y que, además, adoptan posturas intimidatorias, duras, exigentes, amenazantes. En fin, que ello repercute también en los funcionarios. Esto me lo dijeron los funcionarios pero, claro, los presos también están mal; me contaron el caso de presos que salen y que tienen que volver trayendo cosas que les exigen los presos de grandes penas. Sólo trasmito cosas que me contaron, porque yo, naturalmente, lo que hago es escuchar a los ciudadanos. Este tema degradación es una cosa que conviene que se tome en cuenta y que la clasificación se hagan pensando el fin que tiene toda prisión, según nuestra Constitución, que es la de rehabilitación del preso para su reinserción en el futuro; con esta sobresaturación y con éstos problemas de mezcla, dentro de un grado, de presos de muy diferentes condiciones, es muy difícil conseguir ese fin que se propone la normativa penitenciaria.
El señor PRESIDENTE (CONTIN PELLICER): Muchísimas gracias. Señor Burriel, ¿quiere intervenir?.
El señor DIPUTADO (BURRIEL BORQUE): No. Simplemente dar las gracias por la información. También yo creo que es adular las tareas de mediación que no correspondiendo al Justicia, ejerce en cuestiones como ésta, cuya competencia directa no se tiene. Nada más; esperar que esta relación a la que me refería al principio se siga manteniendo, yo creo que en beneficio colectivo, en beneficio de todos.
Muchas gracias
El señor PRESIDENTE (CONTIN PELLICER): Muchas gracias, señor Burriel. El representante del Grupo Popular tiene la palabra.
La señora DIPUTADA (FIERRO GASCA): Gracias Presidente.
Bien venido, una vez más, a estas Cortes de Aragón, a esta Comisión. Le agradecemos enormemente que nos traiga informes, como decía el señor Burriel; es importante conocer de cerca problemas que los Diputados, por exceso de tiempo o agobio de trabajos, no llegamos a conocer esos datos y esos informes tan exhaustivos como este último que nos ha traído que, desde luego, estudiaremos con gran interés como siempre. Nos parece importantísimo el conocer esos datos, como le digo, tan de cerca y tan profundamente estudiados. Nos alegra que su misión vaya adelante, que la institución del Justicia se fortalezca y la sociedad se dé cuenta de que sirve para algo, porque es la gran preocupación que yo creo que tienen los ciudadanos: esas instituciones del Justicia, de las Cortes, ¿para qué sirven?; es muy importante que sepan los ciudadanos que existimos y que servimos para algo tan positivo como eso. No por ello quiere decir que, porque haya más quejas hay más trabajos, sino porque se puedan solucionar, aunque sean pocas, unas cuantas, ya es suficiente esa existencia.
Por otra parte, respecto al tema de las prisiones, indudablemente es un tema que, además, hoy es notoria su publicidad porque se ha agravado el problema de las fugas de presos y parece que se está produciendo una reacción en cadena. Esos funcionarios que dedican su labor, una labor tan difícil y tan dura, expuestos a tantos problemas como puede ser hoy, incluso, el problema del SIDA, del cual me imagino que también ellos transmitirán alguna queja. Desde luego esta Comisión, aun cuando no tenemos competencia, sí que deseamos oírles; estamos abiertos a todos los colectivos aun cuando en ese caso, probablemente, no podamos hacer sino dirigirlos a la instancia que debamos dirigirlos, puede ser, al Defensor del Pueblo, puede ser, también, a esas Cortes nacionales, obligación que el Reglamento, en el artículo 61, nos hace competente a esta Comisión.
Respecto al problema de los ancianos, como mujer, como ama de casa me preocupa y me planteo también: realmente, ¿son necesarias tantas residencias?, o tendríamos que tocar también el corazón de la sociedad y decirle a esa sociedad que hay casos que comprendemos que, por problemas de trabajo, de economía, de espacio, no puede ser, pero yo también conozco muchos casos, conozco residencias de cerca y sé cuánta gente hay que podría estar perfectamente en sus casas, atendidos por su familia o incluso por persona que esta familia podría pagar para que les atendiera. Yo pienso que se debería hacer una campaña de atención y de cuidado al anciano. Esa labor enriquecedora de los abuelos con los nietos, esas vivencias y esa educación no la pueden dar los padres, es una función importante para los abuelos que hoy, en su mayoría, son personas todavía jóvenes; hay abuelos de sesenta o sesenta y cinco años que, probablemente, tengan que abandonar ya el mundo del trabajo, que de repente se encuentran vacíos y que podrían enriquecer enormemente esas horas de ocio de los niños dándoles una ayuda y una formación que, desde luego, considero que muchas veces tiene que ser supletoria a la de los padres. Por eso yo pienso que tenemos que mirarnos todos un poco hacia nuestro interior y pensar si, realmente, hacen falta tantas residencias o podría la sociedad, de alguna manera, volver a valorar la importancia del anciano, máxime cuando hoy vamos a un envejecimiento de la sociedad. Hemos dedicado grandes atenciones a la infancia, me parece muy importante, pero la población va a ser mucho más anciana que joven; entonces, tenemos que volcarnos, tenemos que dedicarnos, a valorar otra vez esa imagen que, así como en el occidente está muy poco valorada, en el oriente -donde a lo mejor nos podrían dar lecciones-, está muy valorado el consejo de esa persona mayor, el trabajo de esa persona mayor, esa motivación que les puede dar a las personas jóvenes el dejar en manos de las personas mayores esa educación supletoria de los niños. Es por ello también que yo pienso que la Administración debería primar a esas familias que tienen en su casa a esos ancianos y que se dedican, también, a sustituir ese problema administrativo que supone una residencia.
Y, luego, respecto a las residencias privadas, pienso que están enfocadas más como negocio que como a solucionar el problema social; es muy preocupante, ¿por qué?, porque no se exige una cualificación especial a la persona que quiere realizar ese negocio. Es importante que eso se regule de alguna manera, que se exija, que, si bien haya algunas personas, socios capitalistas por así llamar, que formen esa residencia de ancianos, haya siempre una persona, una directora que tenga algún tipo de especialización en atención a la tercera edad.
Muchas gracias por su presencia y nada más.
El señor PRESIDENTE (CONTIN PELLICER): Muchas gracias señora Diputada. El señor Justicia de Aragón tiene la palabra.
El señor JUSTICIA DE ARAGON (GASTON SANZ): Lo primero que me ha dicho es que le ha gustado que me recibiera la Comisión de Peticiones y que recomendara y lo voy a seguir haciendo. Efectivamente, creo que las Comisiones de Peticiones y Derechos Humanos, que así son llamadas, son el medio de participación más importante que tienen los parlamentos. Nuestra Constitución declara el derecho de participación como un derecho fundamental y, dentro de las instituciones que pone para la participación ciudadana directa, están las Comisiones de Peticiones y Derechos Humanos para que el ciudadano tenga contacto directo con el legislativo; lo mismo que tiene unos derechos de participación frente al ejecutivo, pues frente al legislativo tiene dos: uno es la iniciativa legislativa popular y otro son las Comisiones de Peticiones y Derechos Humanos que tratan sus quejas y, luego, pueden ser objeto de resoluciones que corresponden a los parlamentarios y que no puede hacer ni un Justicia ni un Defensor del Pueblo, ni nadie; pueden hacer interpelaciones, pueden hacer preguntas, pueden hacer proposiciones de ley, pueden hacer de todo.
Por eso quizás, se quiere -lo ha pedido también antes el señor Vicepresidente de la Comisión- que haya un contacto más fluido, pues el Justicia va a procurar que alguno de los temas de pálpito social auténtico, de los que vienen a la institución del Justicia, lleguen también en directo, como participación ciudadana, a la Comisión de Peticiones.
En cuanto a una cosa que me ha dicho de las cárceles y que yo no había tocado, efectivamente, el SIDA; el SIDA, yo no puedo tener datos, pero conviene que los parlamentos los procuren tener. Yo cuando fui, me encontré tremendamente abiertas las cárceles y en la cárcel de Daroca ,donde había presos de alto grado, de alto riesgo, también, y además en unas edades jóvenes porque son presos polarizados entre dieciocho y veinticinco años. Me dijo el director en aquel momento, y lo expuse al Parlamento, que un 90% de los presos que había allí, habían tenido connotaciones con la droga de alguna forma y que, de ese 90%, casi el 70% -y eso era a principios del año 1988-, casi el 70% era portador del virus del SIDA. Son cifras también escalofriantes; yo no sé si me las quedé y no fueron objeto del informe, porque no es competencia, pero sí que conviene que se tenga en cuenta esto.
Y en cuanto a la última propuesta, estoy totalmente con la Diputada y creo que lo estamos todos, lo están todos los Grupos en que es necesaria una acción -lo he dicho también en el informe-, frente al problema familiar, el problema de creer que los ancianos deben ir a residencias. Esto ha sido objeto de estudios en muchos países hace muchos años, aquí no se estudiaba este tema, pero si se estudiaba en Suecia, en Alemania, en Inglaterra, en muchos sitios y se creyó que el régimen de residencias iba a ser el futuro; ahora no se cree eso, naturalmente, y se vuelve a empezar a pensar en el tema de que no tienen por qué ir a residencias, que están sus casas, están sus familias, puede haber regímenes asistidos en las casas de los ancianos y, desde luego, algunos incentivos tienen que existir, pero ya con normativa para la tenencia de los ancianos en el hogar familiar de cualquiera de los hijos o de quien sea porque, si no, se producen desigualdades y tiene que haber una normativa con premios, con desgravaciones fiscales, con cualquier medida de este tipo porque, si no, surge que la carga se traslada a uno de los hermanos y otros no lo atienden, como he dicho antes en el informe. Ahí surgen inconvenientes, tanto desde el punto de vista de espacio como desde el punto de vista de la economía familiar y, muchas veces, están en contradicción y es necesario afrontar este tema hacia una nueva normativa .
Muchas gracias, creo que he concluido.
El señor PRESIDENTE (CONTIN PELLICER): Muchas gracias al Justicia. El representante del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés tiene la palabra.
El señor DIPUTADO (BOLEA FORADADA): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar quiero agradecer al Justicia de Aragón, en nombre de nuestro Grupo del Partido Aragonés, la atención con las Cortes, con esta Comisión, al comparecer ante nosotros o nosotros comparecer ante el Justicia, comparecer puntualmente porque, ciertamente, son dos instituciones que deben interrelacionarse, que deben de llevarse muy bien y yo creo que esto lo estamos consiguiendo y este clima de concordia es en el que nosotros nos vamos a seguir manteniendo. De la intervención de nuestro buen amigo don Emilio Gastón, Justicia de Aragón, la verdad es que no tendría mas que cariñosas palabras para su entusiasmo, para su ilusión y su trabajo.
Ha hecho referencia a una serie de temas y, naturalmente, no voy a irlos desgranando uno por uno porque, ciertamente, creo que no es el motivo de esta intervención. Pero sí quiero destacar una expresión que nos ha hecho llegar a esta Comisión: el buen clima de la relación de el Justicia de Aragón con el resto de las instituciones, tanto las autonómicas como las no autonómicas. Esto es signo de que la democracia funciona, de que las instituciones democráticas aragonesas funcionan y que, ciertamente, este es el clima en el que se debe desenvolver nuestro variado y difícil trabajo, incluso en aquellas relaciones con administraciones en las que la competencia del Justicia de Aragón, ciertamente, no está establecida, por ejemplo las relaciones con la Administración de Justicia, las relaciones con la Administración del Estado en aquellos temas que corresponden al Defensor del Pueblo. Pero a mí me ha alegrado mucho esa sentencia a la que nos ha hecho referencia, de la posibilidad de mediación del Justicia de Aragón, como de los otros Defensores del Pueblo en aquellas Comunidades que lo tienen; creo que aquí puede hacer, y de hecho la está haciendo, nuestro Justicia de Aragón una labor importante.
Un tema de los que ha hecho referencia y en el que yo no voy a incidir en este momento es el tema referente a las prisiones, que es un tema en este momento de una sensibilidad en la sociedad española ciertamente grave. Pero no voy a hacer hincapié en él, en primer lugar, porque el tema de prisiones, el tema de los establecimientos públicos penitenciarios no es competencia de la Comunidad Autónoma de Aragón, ni de las Comunidades Autónomas, salvo alguna que pueda tener competencias en esta materia; es competencia de la Administración del Estado, es competencia del Gobierno de la nación y yo lo que deseo es que se acierte por los poderes que tienen en este momento encargado este tema en que este servicio público que es el servicio penitenciario se solucione satisfactoriamente desde el punto de vista humano, de la dignidad de los derechos de todos lo que tienen la desgracia de estar en un establecimiento penitenciario. Y con respecto a este tema, hombre, yo creo que a nosotros nos debe de preocupar, a pesar de que no sea competencia nuestra, el que los establecimientos penitenciarios en Aragón tengan, como también las residencias de la tercera edad, esas condiciones mínimas exigibles que, además, están previstas en el actual reglamento penitenciario. Y ahí sí que podemos, las Cortes y el Justicia, influir para que los establecimientos penitenciarios aragoneses cumplan estos mínimos que, ojalá, sean máximos en todos los aspectos.
Con respecto al tema de la tercera edad, que es el tema que más ha sido objeto de esta comparecencia, en primer lugar quiero agradecer el trabajo que se nos ha hecho, trabajo que es importante por su volumen y que seguro que también lo es por su contenido. No podemos, en este momento, entrar en un análisis del mismo porque nos lo acaban de entregar y es imposible examinarse cuando te dan el libro antes de entrar al examen, pero quiero agradecer esta atención, lo estudiaremos con todo interés y veremos las conclusiones que de él, en el futuro, se puedan adoptar.
Sí nos preocupa, como a todos los Grupos de estas Cortes de Aragón, como a todos los ciudadanos, el tema de la tercera edad. Y yo quiero recordar aquí un artículo importante de la Constitución Española: el artículo 50 dice que "los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio". Yo creo que este artículo 50 de la Constitución Española es un artículo ejemplar, en primer lugar, porque quiere asegurar o quiere garantizar a todo jubilado, a toda persona de la tercera edad una pensión adecuada. No se puede llegar a una solución de la problemática de la tercera edad si quien llega a la tercera edad no tiene esa pensión digna que la Constitución le garantiza. No quiero hacer ninguna crítica; yo creo que esto es un tema difícil ahora y lo ha sido hace cinco años y hace diez, pero ojalá que la sociedad española sea capaz de resolver este problema y que la persona cuando llegue a la tercera edad, tenga esta pensión digna que le permita compaginar los intereses que aquí se prevén en el artículo 50. El tema familiar, cuando tiene la familia, o la familia está en condiciones de convivir o cuando no esté en esas condiciones por circunstancias que, evidentemente, se dan en la realidad y que hay que atenderlas, se tenga la previsión de la Constitución: que haya una serie de servicios sociales que puedan, de alguna forma, ayudar a estas personas de la tercera edad.
En Europa, en la Comunidad Económica Europea, por lo menos es la impresión que a mí me ha dado en éste tema en algunas ocasiones en que he podido comprobar establecimientos, tanto públicos como privados, en la Comunidad Económica Europea, es un problema vivo, ciertamente, lo mismo que en España, es un problema vivo que, en algunos países, está resuelto bastante bien, no digo perfectamente, pero está resuelto bastante bien; fundamentalmente, porque las pensiones de las personas de la tercera edad les permiten esta posibilidad de opción entre la iniciativa privada y la iniciativa pública que son perfectamente compatibles y que, naturalmente, en un sistema de economía mixta o en un sistema de economía de mercado, como es el que existe en toda la Comunidad Económica Europea, ciertamente, no podemos ahora inclinarnos ni por uno ni por el otro, sino decir que son perfectamente compatibles, como tantos otros servicios sociales.
En cuanto al problema de las exigencias, tanto de las residencias privadas como de las públicas, hay que decir que la Diputación General de Aragón, que las Cortes de Aragón hemos hecho lo que hemos podido, en el sentido de exigir unas condiciones mínimas a estos establecimientos, al objeto de que se cumplan y de que, deseablemente, esto sea así. Hay que tener en cuenta en esta materia la complejidad de las competencias públicas: hay competencias de la Administración del Estado, del INSERSO y hay competencias de la Diputación General de Aragón, lo cual complica mucho el tema. Como yo no quiero entrar a incidir en qué es lo que sería deseable, cuál es la realidad, decir que ojalá también se llegue a una solución, de forma que, los criterios, tanto de desarrollo o ejecución del servicio, como de inspección, de control, etc., se puedan llevar a cabo de la forma más eficaz. Nos consta que el Gobierno de la Diputación General de Aragón y el Departamento correspondiente, al que afecta esta materia, están en esa idea de seguir avanzando en un camino que es difícil, que no se puede resolver ni por la Administración del Estado ni por las Comunidades Autónomas; el milagro no se puede producir en un año, pero en esta buena relación en que parece que en este momento nos encontramos, yo creo e insisto en ese tema para que la protección entre Diputación General de Aragón, INSERSO, Ministerio de Trabajo, etc., pues esas buenas relaciones puedan redundar en beneficio de este tema tan preocupante como es el de la tercera edad.
Terminar mi intervención diciéndole al señor Justicia de Aragón que, afortunadamente, el Justicia de Aragón está vivo, aunque ahora, dentro de pocos días, vamos a celebrar el cuatrocientos aniversario de su decapitación, pero el Justicia de Aragón sigue vivo, el Justicia de Aragón está vivo y nuestro grupo lo que le desea a don Emilio Gastón y a su equipo que colabora, que sigan trabajando con esa ilusión y que tendrán en todo momento nuestro apoyo, nuestra comprensión y el deseo de acertar en su difícil misión.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE (CONTIN PELLICER): Muchas gracias, señor Bolea. De momento el tema de la tercera edad, usted, en su casa, lo ha resuelto teniendo a su padre y a su madre viviendo con usted y cunda el ejemplo.
Señor Justicia.
El señor JUSTICIA DE ARAGON (GASTON SANZ): Todas las instituciones se tienen que formar, tienen una minoría legal y sacar una institución de la nada... La congoja que supone meterse en un piso lleno de gente, porque se había hecho una propaganda tremenda y unos actos y unas ceremonias muy importantes, y ver que no puedes atenderlo y que solo había una silla, y pasar hasta que la institución se va formando... Pero me alegro de que lo haya dicho, porque ahora la Institución está funcionando, este año se ha notado tremendamente; el año pasado, ya lo dije también en el informe, ya se funcionó bien. Creemos que eso hace que las instituciones puedan desarrollar su función pública de cara al servicio de los ciudadanos, estar contentas consigo mismas, y por lo tanto, estar contentas con las restantes instituciones. La informatización nos ha venido también este año en que nos hemos dado cuenta de que se han incrementado las quejas sobre otros años, pero, sin embargo, hemos quedado mucho mejor con los ciudadanos, hemos podido atenderles, hemos podido acomodar, lo hemos hecho bien. Vemos que, efectivamente, la democracia también le pasa lo mismo, toda democracia necesita un rodaje, las instituciones lo necesitan, y ahora me da mucho gusto ver que las instituciones están, ya no digo en un acercamiento, en una colaboración, en una cooperación de cara a su servicio público, hacia los ciudadanos, que es muy positiva para que esta democracia española esté completamente en marcha.
Los ancianos: ha tocado, efectivamente, el artículo 50... yo no lo he querido tocar, pero veo que coincide el señor Bolea, es el artículo de la Constitución que ha servido de base para todo nuestro informe, por él hemos hecho nuestro informe y pensando en él está todo redactado, y coincido con las palabras que me ha venido diciendo después de eso.
Le agradezco su alusión al cuatrocientos aniversario y al apoyo. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE (CONTIN PELLICER): ¿Desea responder el señor Diputado?. Pues en este momento tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora DIPUTADA (SANCHO ANTONIO): Gracias, señor Presidente.
Bien venido, señor Justicia. Agradecemos tremendamente que, en unos días como éstos en los que nos encontramos, en los que usted es el más aragonés de todos los aragoneses, quiero decir, que tiene menos tiempo de lo natural, haya venido aquí ante nosotros a esta comparecencia. Le quiero agradecer también la sinceridad de la que ha hecho gala al principio, cuando ha reconocido que, en la Legislatura anterior, algunas de sus comparecencias carecían de contenido. Quiero, desde luego, poner nuestro Grupo a disposición de usted para que esto no vuelva nunca jamás a suceder, es decir, para que todas sus comparecencias, que todas las interrelaciones que tengamos entre usted y nosotros, tengan un contenido suficientemente fuerte como el que hoy ha traído usted a esta sala.
Como digo, es buena la interrelación entre su institución y la Comisión; creo que nosotros, aquí, también estamos a disposición de los ciudadanos, como usted muy bien ha dicho y le pediría que de una manera, ya la estudiaremos entre todos, le pediría publicitar también esta Comisión, decirles a los ciudadanos que, además del Justicia, nosotros también existimos y existimos colaborando mutuamente. Pero quiero también pedirle a usted una aclaración sobre cómo entiende este tipo de relación entre la institución y la Mesa, y entre la institución y la Comisión de Peticiones, porque he entendido -si no he entendido mal- que los funcionarios de la cárcel de Huesca se dirigieron a usted y usted, a su vez, se ha dirigido a la Mesa y creo entender que tendría que ser al revés. Por lo tanto, pido -por favor, se entienda como pregunta-, pido una aclaración sobre cómo entiende usted la relación entre el Justicia y la Mesa de la Comisión de Peticiones.
Me alegro del aumento del número de quejas porque demuestra que la institución del Justicia, poco a poco, va calando en la sociedad; la institución del Justicia ya es lo suficientemente conocida y el ciudadano tiene que tener muy claro que, además de conocer esa institución y de poderla utilizar, tiene que ser una institución muy cercana a él. El factor cercanía del ciudadano frente a la Administración, frente a la maquinaria lenta que supone la Administración, tiene que ser consciente que es usted el que tiene que tratar de tú a tú al ciudadano y a la Administración, es el mediador entre los dos, por lo tanto también, como el interventor de Izquierda Unida, le doy la bienvenida a la figura del mediador en todos aquellos temas en los que no tiene competencia.
En cuanto a lo de los ancianos, nos parece un trabajo minucioso y clarificador de la situación en la que se encuentran nuestros ancianos, pero nuestro Grupo no quiere pronunciarse hasta hacer una lectura más pormenorizada y, a la vista de lo que usted nos cuenta en este informe, procuraremos o pediremos que usted vuelva a comparecer ante esta Comisión. De lo que sí nos hemos dado cuenta a la vista de lo que nos ha dicho, que ya veo que desconocemos el contenido exacto porque no lo hemos leído, lo estábamos esperando pero no lo teníamos, lo que sí tenemos muy claro es que el Gobierno de Aragón tiene ante esto un gran reto, un gran reto porque es una problemática muy dificultosa, es una situación muy delicada que, efectivamente, no solamente nos afecta a los aragoneses, sino que afecta a nivel de toda España y a nivel de Europa. Entonces, que el Gobierno aragonés sea lo más imaginativo posible y que además pueda, si puede, aportar al resto de los gobiernos una serie de iniciativas con imaginación y que este problema, de alguna manera, se intente solucionar.
Nada más.
El señor PRESIDENTE (CONTIN PELLICER): Muchísimas gracias Señor Justicia.
El señor JUSTICIA DE ARAGON (GASTON SANZ): Muchas gracias, señora Diputada.
Yo le prometo que, por parte del Justicia de Aragón, todas las comparecencias que se pidan serán con contenido. Lo que pasa es que el Justicia de Aragón también, en algunos momentos, tiene que atender todo y cuando se le llama para un acto protocolario o cuando se le llama para un acto de atención, de despedida, tampoco va a decir que no. También al Justicia, en algunas ocasiones, le gusta tener contacto y, de hecho, vienen muchos de los componentes -alguno- de esta Comisión, han estado en el despacho del Justicia y han cambiado impresiones, y otros que no están en esta Comisión, muchos parlamentarios. Y me gusta, efectivamente, la intercomunicación, creo que es absolutamente necesaria y más con esta Comisión de Peticiones. Lo mismo que he dicho antes, contestando no sé si ha sido al representante de Izquierda Unida o al representante del Partido Popular, yo voy a hacer todo lo posible por que se ejercite el derecho de participación y cosas que vienen al Justicia de Aragón que crea que deben saberlas aquí, no ser yo el que me dirija a la Mesa, diciendo "deben saberlo ustedes", sino decirles a los ciudadanos que tienen, con arreglo a la Ley de las Cortes, abierto el camino de participación ante la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos y que se dirijan, que es lo que he hecho en éste caso. Lo que pasa es que -por eso he preguntado si los representantes sindicales de la cárcel de Huesca se habían dirigido aquí y he visto que todavía no lo han hecho- no fui yo el que me dirigí a la Mesa, solamente les dije: señores, lo mismo que me lo dicen a mí y les recibo, y me gusta ser sabedor de la problemática aunque no tenga competencias y, en este momento mande, todo al Defensor del Pueblo pueden ustedes hacerlo a la Comisión de Peticiones para que sea también conocedora de la problemática de Aragón y decida lo que convenga, decida si lo pasa a la Mesa de las Cortes para que se trate aquí, o si pasa de aquí a las Cortes de Madrid con sus debidos parlamentarios. Esta es una comunicación que, si ustedes no me dicen lo contrario, creo que sería positivo que se siguiese haciendo; o sea, algunas cuestiones vienen y pasan directamente al Defensor del Pueblo porque no tiene competencia el Justicia, antes más, porque además no tenía tiempo, no tenía medios, no tenía personal suficiente, no tenía ordenador, ni podía actuar deprisa y, entonces, todo era sacarnos lo más rápido que podíamos para que nos lo hiciesen fuera, nos lo sacábamos, pero con eso nos poníamos una especie de tapadera en los ojos y creo es más bonito el decir: señores, diríjanse también a las Cortes que ya lo mandarán también a las Cortes Generales, pero tienen ustedes el derecho de petición; para que se sepa también. Si ustedes no me dicen lo contrario, este camino yo creo que es bueno para todos, para conocer el pulso de la sociedad. Efectivamente esto es lo que hace caso a su propuesta de acercar la Administración a las instituciones, a los poderes públicos, que esa es la labor de mediación del Justicia, la labor que va a procurar en todo momento y que creo que, desde el año pasado, se ha centrado en ella.
En cuanto a los ancianos, coincido con Su Señoría en que es el gran reto que tenemos ahora y por eso ha sido el trabajo más exhaustivo que ha hecho el Justicia hasta estos momentos, que ha costado mucho, que ha habido que luchar porque los particulares son los particulares y el Justicia no puede acceder a las residencias privadas que no quieran, solamente a las públicas; a los particulares que le han abierto las puertas, pues los ha podido fiscalizar e investigar, pero quedan muchos sin investigar que son donde puede haber problemas más graves y que aquí han quedado sobre la mesa, para que ustedes puedan acordar, con imaginación, lo que crean debido.
Creo que ya no tengo que contestar a nadie más. Lo que sí hago es despedirme y pedir perdón al Presidente para invitarles a todos ustedes, y rogarles que lo hagan a los Grupos, a estos actos que se realizarán con motivo del cuatrocientos aniversario de la decapitación de don Juan de Lanuza, que es una efemérides nefasta pero que representa lo que fue un país maravilloso en derecho y en libertades, un país que era, desde luego, mejor que los demás de España en aquellos tiempos, quizás el mejor de los demás del mundo, porque también en aquellos tiempos no había derechos humanos, no se conocía la palabra y, sin embargo, en Aragón los había y aquí, en los Fueros, no se permitía el tormento. Es una fecha que nos recordará ese ser histórico y en la que se organizarán varios actos. Sé que en las Cortes también han tenido la atención, el Presidente, de convocar un Pleno extraordinario y que vamos a tener los actos del Justicia, como lugar principal, en la iglesia de Santa Isabel que nos ha cedido la Diputación Provincial, donde están los restos de Lanuza y donde está la plaza del Justicia, y sé que la Diputación General también va a hacer en su gran salón de actos algo importante.
Muchas gracias a todos. Señor Presidente, muchas gracias y nada más que decir.
El señor PRESIDENTE (CONTIN PELLICER): Muchas gracias al señor Justicia.
Su Señoría ¿desea intervenir una vez más? ¿Algunos de los señores Diputados quiere realizar alguna pregunta concreta al Justicia de Aragón, antes de aprobar el acta?. Señor Gomáriz.
El señor DIPUTADO (GOMARIZ GARCIA): Muy buenos días.
Señor Justicia de Aragón, someramente, todavía es prematuro hacer un análisis de todo el informe que usted nos ha traído aquí, pero le puedo decir que lo he ojeado, he seguido el contenido al menos y voy a hacer una pregunta relativa a unas conclusiones que están en la página 186-187. Yo entiendo que usted ha hecho su fotografía de la situación y la fotografía está aquí, ahora nosotros tenemos que verla; en este modo de ver esta fotografía, creo que la polémica está servida y la polémica está servida en cuanto respecta a residencias públicas y residencias privadas. Creo por lo que se aduce, no tengo la seguridad de un cien por cien, someramente, que trata de dejar muy bien a las residencias públicas: son respetuosas, en términos generales, con los derechos de los usuarios pero sin embargo, parece que va de algún modo a meter caña -permítame la expresión entre comillas- a las privadas: que si un control, que si un no sé qué, que si un no sé cuántas. Me parece muy bien que el control tiene que estar para las unas pero también para las otras, para todas tiene que haber un control, para todas. Luego, tenga en cuenta el señor Justicia que las privadas, bueno ya lo tiene en cuenta aquí, la oferta privada, el 60% desistiría de esa oferta privada si no hubiese demanda y si mucha gente va a esta privada es por algo, porque se sienten mejor asistidos, o con mayor libertad, o con mayor... No me vale mucho que me cite dos o tres casos que han ocurrido y que son conocidos de todos, digamos que han funcionado mal y que pueden ser muchos más casos, como también, sin embargo, de la pública señala dos o tres como que funcionan extraordinariamente bien, como es el INSERSO, etc. Entonces, la pregunta fundamental es ésta: ¿hay argumentos suficientes como para extender este control que se aduce aquí, en la tercera conclusión, ese incremento de control administrativo de las residencias privadas y homenajear o, digamos, alabar el funcionamiento de las públicas tal y como existen?
Gracias.
El señor PRESIDENTE (CONTIN PELLICER): Muchas gracias, señor Diputado. Señor Justicia.
El señor JUSTICIA DE ARAGON (GASTON SANZ): Si, con mucho gusto.
Efectivamente, yo he ensalzado las públicas, se lo reconozco y no por una vocación, en este caso, de ensalzamiento de lo público, porque creo que las que han salvado la situación del atolladero, han sido, al final, las privadas; si no hubiera privadas, estaría todo completamente deshecho porque lo público no hubiera llegado, no llega. Pero lo que sí le tengo que contestar al Diputado es que las públicas tienen ya un control por el hecho de ser públicas; por el hecho de ser públicas tienen su fiscalización y su control. Las privadas, es que muchas de ellas no tienen ni reglamento interno, no se sabe cuáles son los derechos de los ancianos que están dentro. Y la verdad es que están cumpliendo una función pública, desde el ámbito privado están haciendo una labor pública seria, pero para esa labor pública, muchas veces la iniciativa privada necesita un conocimiento que, desgraciadamente, en la cultura de mucha gente que se pone a abrir algo no tiene por qué estar, no tienen esa preparación: ni saben hacer un reglamento, ni saben cuál es la normativa, ni se declaran por eso, ni figuran dentro de lo que tienen que figurar; como le he dicho la mayoría figuran como hostelería y todo esto hace que haya un descontrol mayor.
Una vez que haya una normativa y todo funcione como es debido, quizás tenga que decir que son mejor las privadas, lo mismo que tengo que decir que hay algunas privadas, que están ahora en manos religiosas, que funcionan mejor que las públicas y que tienen algunas cosas increíbles desde el punto de vista humano, desde ver a los ancianos recitando, cantando, haciendo excursiones o saltando con las monjas y hasta cosas que, normalmente a pesar de que existen ya animadores culturales en las públicas, hay algunas que funcionan mejor y que son privadas.
Lo que ruego es que no me tomen nada como una determinación genérica; lo que he dado son unos datos de funcionamiento que he procurado que fueran lo más rigurosos posible.
El señor PRESIDENTE (CONTIN PELLICER): Muchas gracias. ¿Algún señor Diputado quiere intervenir?
La señora DIPUTADA (FIERRO GASCA): Yo, más que una pregunta, es un deseo que quiero dejar constancia en esta Comisión por parte del Grupo Popular, y es que ese reto que tiene el Gobierno de Aragón sea más completo, que tengamos las transferencias del INSERSO que es cuando realmente, la problemática de los ancianos será un gran reto para Aragón.