Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

Para la presentación del dictamen de la comisión, tiene la palabra la señora Vaquero, por tiempo máximo de diez minutos.

Dictamen de la Comisión de Política Territorial e Interior sobre el proyecto de ley de modificación de la Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón.

La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías.

Tengo hoy, en esta sesión plenaria, el honor de presentar, en nombre de la ponencia encargada de estudiar el proyecto de ley de modificación de la Ley de ordenación del territorio, 4/2009, de 22 de junio, el trabajo realizado, el dictamen realizado en el seno de esta ponencia y elaborado por quienes han sido integrantes de la misma: sus señorías don Gregorio Briz, don Luis Ángel Romero, doña Carmen Sánchez, don Joaquín Peribáñez y quien les habla y se dirige a ustedes en nombre del Grupo Parlamentario Popular, Mar Vaquero.

La ordenación del territorio es una de las competencias exclusivas que tiene reconocidas nuestra comunidad autónoma en el artículo 71.8 de nuestro Estatuto de Autonomía y, por ello, la posibilidad de ejercer la potestad legislativa, la potestad reglamentaria, el ejercicio de la función pública y el desarrollo de todas aquellas políticas encaminadas a llevar a cabo la ordenación del territorio, y todo ello bajo, tal y como dice este punto número 8 del artículo 71, los principios de equilibrio demográfico, socioeconómico, territorial y ambiental.

Tenemos que decir que esta Ley de ordenación del territorio, desde que fue aprobada en el año 2009, y sobre la base de la experiencia de su aplicación, es cuando el Gobierno actual decide y cree conveniente la oportunidad y necesidad de llevar a cabo una serie de modificaciones y reformas basadas, sobre todo, en la necesidad de impulsar la inversión, la reactivación económica y, sobre todo, la creación de empleo.

De este impulso es cuando el Gobierno aprueba, en Consejo de Gobierno, el texto legislativo, que es remitido a las Cortes y, una vez en las Cortes, es calificado y admitido el 13 de marzo de 2014, y es precisamente en estas fechas cuando se abre el plazo para la presentación de enmiendas.

Al texto del proyecto de ley de modificación de la Ley de ordenación del territorio, son presentadas tres enmiendas a la totalidad, no de propuesta de texto alternativo, sino de devolución, por cada uno de los grupos parlamentarios de la oposición (Chunta Aragonesista, Izquierda Unida y el Partido Socialista) y ciento diecinueve enmiendas parciales, de las cuales sesenta y cinco corresponden a Izquierda Unida, veintitrés al Grupo Chunta Aragonesista, veinte se corresponden con el Grupo Socialista, tres por el Partido Aragonés y ocho por el Grupo Parlamentario Popular.

Las enmiendas a la totalidad son debatidas en el pleno celebrado el 29 de mayo del presente año, en el que el Gobierno, a través del consejero de Política Territorial e Interior, don Antonio Suárez, presenta esta ley, y es, precisamente, donde señala ese objetivo fundamental de reactivar la economía y crear también con ello empleo e inversión, destacando entre ellos, como digo, la generación de empleo, que es una de las cuestiones principales en las cuales están volcadas con carácter transversal las políticas de este Gobierno.

Una vez rechazadas las enmiendas a la totalidad en esta sesión plenaria, se pasa a abrir el plazo para la correspondiente constitución de la ponencia encargada ad hoc del estudio de estas enmiendas, y se constituye el 13 de junio de 2014. A partir de la constitución de esta ponencia, se celebran cinco sesiones, en las que son debatidas, analizadas y examinadas cada una de las enmiendas, y aquí tengo que destacar la aportación y el valioso trabajo que llevan a cabo los servicios jurídicos de esta Cámara, representados por la letrada doña Olga Herráiz, quien, con sus aportaciones y sus correcciones, creó definitivamente el ambiente de trabajo tengo que decir cordial, pero no por ello exento de rigor en el estudio de todas las enmiendas, y de todos los intervinientes, como digo, y ponentes de esta ponencia encargada de estudiar este proyecto de ley.

De todas y cada una de esas ciento diecinueve enmiendas, es significativo que Izquierda Unida retira veinte de estas enmiendas; así mismo, también el Partido Socialista retira dos de las enmiendas, y Chunta Aragonesista no tiene a bien retirar ninguna de ellas, pero sí que obtiene la aprobación de una de sus enmiendas, y también son aprobadas, con un total de quince, cuatro de las enmiendas de Izquierda Unida y una de las enmiendas del Partido Socialista.

El resto de las enmiendas son las que se mantienen vivas para ser debatidas en este pleno, junto con tres votos particulares de los grupos Chunta Aragonesista, Izquierda Unida y Partido Socialista en relación con la enmienda 112, presentada por el Partido Popular y que fue aprobada con una transacción del Partido Aragonés.

Este es el resultado del trabajo de la ponencia, un informe que fue aprobado en la comisión celebrada el día 10 de octubre, cuando previamente, el día 8, se habían aprobado las correcciones técnicas elaboradas por la letrada, y, con ello, conseguimos tener un texto más enriquecido, más reforzado que el que se trajo a estas Cortes.

No quiero terminar ni concluir sin hacer, nuevamente, referencia al buen ambiente que se ha llevado a cabo en el desarrollo de esta ponencia, la querencia de todos los grupos parlamentarios a tratar de llegar a acuerdos, el trabajo también, de alguna manera, para ordenar el texto a las preceptivas normas, que deben respetarse, un ordenado contenido gracias al trabajo de la letrada y también una correcta y adecuada redacción técnica.

Este es el trabajo del dictamen que hoy sometemos a votación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vaquero.

Pasamos a la defensa conjunta de los votos particulares y las enmiendas que ha presentado cada grupo parlamentario.

Empezamos por Izquierda Unida de Aragón. Señor Romero, por tiempo de diez minutos.

El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Buenos días, señorías.

El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida presentó en su día una enmienda a la totalidad a la Ley de modificación de la Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón, más conocida como la LOTA. Presentó una enmienda a la totalidad y fue rechazada por los dos grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno, es decir, Partido Popular y Partido Aragonés. Nuestros argumentos para presentar en su día esta enmienda a la totalidad con devolución eran cuatro.

El primer argumento era que es falso que el nuevo texto solo pretendiera incorporar novedades sin ánimo de propiciar una ruptura con la normativa vigente a raíz de la experiencia acumulada durante los últimos años, y era falso porque, precisamente, la ruptura con lo público con la legislación actual, era el principal desencadenante de presentar por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida esa enmienda a la totalidad.

El hecho de que en los proyectos y en los planes de interés general de Aragón se pudieran promover, gestionar y, en este caso, también ejecutar por la iniciativa privada, era, evidentemente, un obstáculo para que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida pudiera apoyar ese texto. En ese sentido, recordábamos el artículo 71.8 del Estatuto de Autonomía de Aragón, que reconoce esa potestad pública a la Administración de la comunidad autónoma, donde la ordenación del territorio debe desarrollarse conforme a los principios de equilibrio territorial, demográfico, socioeconómico y ambiental. Por lo tanto, en el más estricto sentido de lo público, entendemos que no debe ser la iniciativa privada la que pueda ejecutar y gestionar esos planes y proyectos de interés general de la comunidad autónoma.

Criticábamos al mismo tiempo que se legislara a posteriori para regularizar o dar mayor impulso a proyectos de un claro interés por parte del Gobierno de Aragón, como son los relacionados con la nieve, especialmente la unión de estaciones de esquí en el Pirineo.

Y, además, incorporábamos un tercer argumento para votar en contra, como era el que se le diera más competencia al consejero competente en la ordenación del territorio. Nosotros entendemos que debe dársele más protagonismo, pero no más competencia, porque entendemos que esta ley tiene que jugar un papel de carácter transversal por todos los departamentos y todos deben verse reflejados en ella y todos deben cumplir y respetar esta norma, y, en ese sentido, atribuir mayor competencia, para que los procesos sean más rápidos, a una sola consejería, a un solo consejero, nos parece que descuidaba la participación de los demás departamentos en los posibles desarrollos, especialmente, de esos planes y proyectos de interés general para la Comunidad de Aragón.

Incorporábamos también un cuarto argumento, en cuanto a la injerencia de la comunidad autónoma en las cuestiones relacionadas con las competencias de ámbito de las entidades locales, especialmente de los ayuntamientos, en tanto en cuanto que en el desarrollo de esta norma queda reconocida la prioridad del texto, en concreto en lo que es el urbanismo, especialmente en que estos planes y proyectos ya no solamente pueden desarrollarse, como anteriormente se legislaba, en suelo no urbanizable genérico, sino que en esta ocasión ya se permite que en el suelo urbano puedan, aunque no sea preferente, pero sí que puedan desarrollarse. Por lo tanto, sin colaboración, diálogo, comprensión y acuerdo con las entidades locales, nos parece que no es razonable legislar en esa dirección.

Es cierto que apuntábamos también en el debate de la enmienda a la totalidad que había una parte que la apoyábamos, que nos gustaba, y era la relacionada con la incorporación de los mapas del paisaje como instrumento de información territorial. Se le daba prioridad a este instrumento relacionado especialmente con el medio ambiente, relacionado especialmente con el espacio, y, por lo tanto, lo incorporaba a la misma altura que otros instrumentos, lo cual nos parecía muy razonable. Como conclusión, no avanzábamos en legislar en una comunidad autónoma que tiene un problema, y todos lo conocemos, como es la despoblación, que tiene un problema como es el envejecimiento de nuestra población y que tiene claros síntomas de desequilibrios estructurales y claros síntomas de necesidad de una mayor cohesión social. Veíamos que, sobre todo, lo que se incorporaba, además de los mapas del paisaje, que lo manda la normativa europea, lo que se incorpora es dar celeridad a los proyectos y planes que puedan desarrollarse en el futuro y a los actuales, incorporando la iniciativa privada. Por lo tanto, votábamos a favor de que se devolviera el texto al Gobierno, y fue rechazado por parte del Partido Popular y del Partido Aragonés.

En el texto actual, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida presentó sesenta y cinco enmiendas, de las cuales ha retirado diecinueve por una cuestión de concepto: porque al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida le gusta más el anterior texto que este texto, y excluyo la parte del nuevo instrumento de los mapas del paisaje, que es de obligado cumplimiento por norma europea. Excluyendo eso, le gusta más el anterior texto que el nuevo texto, y, en ese sentido, en cada uno de los artículos habíamos incorporado, primero, una enmienda de retirada, para que quedara el anterior texto, y, además, enmiendas parciales para mejorar el texto; por una cuestión procedimental, decidimos retirar esas enmiendas. De las cuarenta y seis enmiendas vivas, solamente se han aprobado tres y una se ha transaccionado, retirando o rechazando el Gobierno de Aragón cuarenta y dos de las cuarenta y seis.

De hecho, las aprobadas son de muy poca enjundia desde nuestro punto de vista, porque han sido: la número 3, donde lo que pretendemos es, en alusión a la participación ciudadana, que se le facilite para ello asistencia metodológica y la información territorial que precise, con lo cual es una enmienda de poca enjundia, importante desde el punto de vista de la participación ciudadana, pero más de carácter técnico que de envergadura; la número 6, donde, en alusión a lo que debería corresponder a las competencias del Consejo de Ordenación del Territorio, incorporábamos que, «así como sobre todo los anteproyectos de ley del Gobierno de Aragón que incidan en la ordenación del territorio o en cualquiera de sus aspectos», se incluya también como una de sus funciones y competencias, y la 103, en clara alusión a las instituciones y las administraciones y las demás entidades que integran el sector público, así como las entidades locales, deberán «garantizar» —incluíamos el verbo «garantizar»— que haya una formación, una sensibilización y educación en materia del paisaje. Esas son las tres enmiendas aprobadas, y una transaccionada que deriva de una norma que ya estaba aprobada y donde nos pusimos de acuerdo todos los grupos parlamentarios.

A partir de ahí, todas las que inciden en que se retire, por ejemplo, la iniciativa privada para ser promotores y para ser gestores y ejecutores de esos proyectos y planes, no fue retirada por parte del Gobierno, evidentemente fue una enmienda que rechazaron el Partido Popular y el Partido Aragonés.

En esa misma dirección, la que, a nuestro juicio, es una injerencia en materia de las entidades locales, cuando se habla de que, preferentemente, se puedan asentar en suelo urbanizable no delimitado o en suelo no urbanizable genérico, dice «preferentemente» (por lo tanto, en el suelo urbano podría darse el caso que se ubicaran estos planes y proyectos), también fue rechazada por el Gobierno de Aragón, en este caso por los dos grupos parlamentarios que lo sustentan.

Y, en esa misma dirección, también han sido rechazadas aquellas en las que hablamos de que tenga un carácter transversal esta ley y que especialmente hay un departamento, que es el de Medio Ambiente, y otro, que es el de Obras Públicas, que tienen que jugar un papel muy importante en cuanto a participación, elaboración de documentos y consentimiento de ciertos proyectos y planes que vengan y que se propicien en la Comunidad Autónoma de Aragón de interés general.

Y, para concluir, hay dos cuestiones que es bueno resaltar: una que no nos ha gustado nada, y es que se incluya en este proyecto de ley, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, en este caso que el Ebro pasa por Zaragoza, que se incluya en los supuestos en los que no se hubiera materializado la recepción de la urbanización... [corte automático del sonido]... ni la entrega a este de los terrenos correspondientes a las cesiones de los sistemas generales, se incluya Plaza, para que, de alguna forma, sea finalmente gestionado por el ayuntamiento sin que se haya dialogado con él, sin que se busquen otras fórmulas, si no, claramente, por...

El señor PRESIDENTE: Termine, señor Romero.

El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: ... una imposición.

Y, en todo caso, me reservo para la explicación de voto otra cuestión importante, que en el fondo estamos de acuerdo, pero tal vez este no sea el proyecto donde se debería haber incluido, en relación con la restitución de las obras de grandes embalses.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.

El turno, a continuación, de Chunta Aragonesista. Señor Briz, tiene la palabra por tiempo de diez minutos.

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías.

En primer lugar, como ha dicho la portavoz y coordinadora de la ponencia, agradecer el buen tono que allí se desarrolló, se trabajó en un tono cordial, como bien ha dicho, y agradecer el trabajo de la letrada señora Olga Herráiz. Pero, evidentemente, ese buen tono fue inversamente proporcional a los acuerdos a los que llegamos en esa ponencia; lamentablemente, así ha sido, y luego me referiré a ello.

Chunta Aragonesista entiende que esta reforma de la Ley 4/2009, de 22 de junio, era absolutamente innecesaria. Si no, se entiende que ha habido un planteamiento ideológico que se demuestra clarísimamente cuando la —digamos— iniciativa privada pasa a primer plano sin lugar a dudas. Por lo tanto, dejemos claro el territorio y el escenario donde nos vamos a mover.

Efectivamente, Chunta Aragonesista planteó en la toma en consideración una enmienda a la totalidad —en definitiva, una devolución— porque entendíamos que no era el texto más adecuado y su irrelevancia en este momento, excepto el tema del paisaje, que hemos intentado complementar, y que tampoco se ha permitido en la ponencia, como he dicho hace un momento.

Nosotros basábamos esta enmienda a la totalidad y esta devolución porque creíamos que los proyectos supramunicipales, un debate muy importante, lógicamente, en Aragón y en cualquier territorio, nos ofrecen dudas porque, efectivamente, esos proyectos supramunicipales, seguramente puntuales, y no quiero recordar el pasado, que todos, señorías, sabemos de qué estoy hablando, podrían imponerse y prevaler sobre un modelo territorial global que el Gobierno de Aragón en instituciones públicas pudiese tener. Es decir, en una palabra, la codicia privada nos podría llevar a territorios insondables —está clarísimo lo que trato de decir con esto—. Y, luego, es verdad que estos planteamientos y proyectos supramunicipales podrían vulnerar el principio de autonomía local, que nos parece trascendental en el debate que se desarrolla hoy en día.

Por lo tanto, creíamos que había riesgos importantes, porque la planificación estratégica de cualquier territorio, teniendo en cuenta los valores económicos, pero también sociales, podía estar solamente punteada o pespunteada con intereses de tipo económico.

Lógicamente, esto nos llevaba a que estos planes y programas de interés general se podían aplicar a cualquier cosa, a cualquier tipo de actuación, y así lo recogía el artículo 33, que hemos intentado enmendar y que tampoco ha sido posible, porque permitía su aplicación a la ejecución de grandes equipamientos —entiéndase estaciones de esquí o lo que se quiera—, infraestructuras e instalaciones. Por lo tanto, dudas razonables.

Y, por otra parte, se abría la espita a algo que ya la Ley de urbanismo de Aragón ya plantea: que se pueda usar cualquier tipo de suelo de una manera indiscriminada («se ubicarán preferentemente en suelo urbanizable no delimitado o en suelo no urbanizable genérico»). Nos ofrecía también, lógicamente, dudas razonables.

Y, lógicamente, la joya de la corona de nuestra apelación a la devolución es el papel de la iniciativa privada, que, evidentemente, pasa a primer plano como promotor, y ya no es la Administración Pública y el Gobierno de Aragón. Por lo tanto, esto nos ofrecía, insisto, dudas razonables. La competencia exclusiva, hasta ahora, era de la comunidad autónoma, del Gobierno de Aragón, según el Estatuto, y, sin embargo, ahora el promotor privado llevaría a cabo la gestión, la responsabilidad del proyecto, y esto, evidentemente, tendría algunas consecuencias importantes.

Bien, dicho esto, lo que intentamos hacer desde Chunta Aragonesista es plantear veintitrés enmiendas para mejorar o cambiar la dinámica de este texto. Efectivamente, de las veintitrés enmiendas, solamente una enmienda fue aceptada en la ponencia, una enmienda a la letra e) del artículo tercero, que —señorías, fíjense la enjundia y la importancia— decía: «(...) pueda intervenir (...)», y dijimos nosotros «de manera efectiva». Eso se admitió: «de manera efectiva». Tres palabras: ese es el fondo histórico que dejamos en esta ley Chunta Aragonesista.

Lógicamente, al resto de la oposición, tampoco fueron muchas las enmiendas que se le aceptaron, y, por supuesto, hubo algunas del PAR, a las que me referiré, que sí que fueron aceptadas, y también del Partido Popular, porque mantuvimos votos particulares.

Bien, ante todo esto, presentamos estas enmiendas que pasaré a relatar de una manera breve.

Nosotros dijimos en una de ellas, en la número 13, que estos planes no podían ser indiscriminados y aplicarse a cualquier tipo de actuación, y dijimos: que se ejecuten grandes equipamientos, infraestructuras e instalaciones, pero también promoción de vivienda pública, también actuaciones de este calado, y, por otra parte, que todo lo que se haga en este sentido sean requisitos anteriores, pero también que tenga en cuenta el acuerdo entre el Gobierno de Aragón y los municipios, nos parecía fundamental. Bueno, pues esto se rechazó. Ya ven que la autonomía local interesa levemente.

También, en la número 20, dijimos que había que suprimir el artículo 34 en cuanto pensamos que, desde nuestro punto de vista, había que eliminar la iniciativa privada, y lo que queríamos nosotros era elevar el tono, poner en valor el carácter exclusivamente público de la iniciativa para promover planes y proyectos de interés general en Aragón.

También tuvimos alguna enmienda relacionada con ampliar plazos, para dar más garantías a las instituciones implicadas o a las personas implicadas.

En el artículo 35, con la enmienda número 32 dijimos que, lógicamente, los informes debían analizar la adecuación de ese plan de interés general al modelo territorial de la comunidad autónoma y su impacto en la ordenación urbanística municipal. Era una enmienda bastante clara, fíjense lo que estamos diciendo: si influye en el modelo territorial de la comunidad autónoma y en la ordenación urbanística municipal. Se rechazó. Ya ven que las intenciones son aviesas por parte de los promotores de esta reforma.

En la número 37 quisimos suprimir, también en el artículo 35, los casos de iniciativa privada, porque, evidentemente, nos parecía que tenían que tener carácter público —reitero, insisto— en esa propuesta.

Algunas enmiendas tan sencillas como, en vez de «concretar», «concretará», también se rechazó, es decir, incluso hasta el modelo y el verbo se rechazaba.

En la número 42, suprimir la redacción del artículo 37 en el apartado sexto, desaparecer «promotor inicial...», promovido por la Administración de la comunidad autónoma, organismos públicos y empresas integrantes. Volvemos otra vez a repetir: nosotros queremos que los planes de interés sean promovidos por la Administración de la comunidad autónoma, por organismos públicos y empresas integrantes de la Administración.

También decíamos que había que suprimir la redacción del artículo 38, porque no tiene sentido una convocatoria para la selección de la ubicación, que debe estar ya fijada previamente. Nos parecía que no era lo más adecuado.

También, en la 54 hablábamos, en el artículo 40, de suprimir la selección de promotor particular.

En otro sentido, decíamos, en la número 61, que el órgano ambiental puede prescindir de consultar a organizaciones administrativas o entidades locales. Creíamos que no, que los ayuntamientos deberían ser consultados para cualquier iniciativa de plan de interés general.

Y, por otra parte, la 73 nos parece importante, porque, en el artículo 42, el apartado 5 decía que «elevará informe-propuesta al consejero de dicho departamento». Decíamos que no, que lo que había que hacer es elevarlo al Gobierno, porque, lógicamente, se le estaba dando demasiada relevancia al consejero, y creemos que es un tema de interés para que sea el propio Gobierno el que determine todo esto.

Seguiríamos así hasta continuar con otra enmienda en la que hablamos de suprimir «previa alteración del planeamiento urbanístico, de otros ámbitos de gestión urbanística». Nos parece que eso es el riesgo: que se puede imponer a esos planes urbanísticos estos planes de interés general sin valorar el impacto en la ordenación territorial general.

Bueno, volvemos a la cesión de terrenos, que es el voto particular del Partido Popular. En cuanto a la cesión de terrenos, creemos que había que matizar eso un poco más, y lo hicimos así en la 84 porque creíamos que la tutela de conservación tenía que estar asegurada por parte de la Administración cedente, y eso no ocurría. Por lo tanto, lo que se hace es ceder los terrenos y que, además, la conservación sea por parte de los que lo reciben, y creemos que eso no es correcto del todo desde nuestro punto de vista, y también, lógicamente, así lo planteamos.

Bien, a nosotros los mapas de paisaje nos parecía una idea interesante, y añadimos una cosa: en el artículo 58 —la 96—, que, además de mapas de paisaje, hubiese un mapa de riesgos, y tampoco se admitió.

Y luego querría referirme brevemente, en el tiempo que me queda, a las enmiendas del PAR, esas enmiendas que, evidentemente, hablan de que tiene que haber una restitución territorial en las zonas afectadas por grandes infraestructuras hidráulicas y que la Administración de la comunidad autónoma promoverá a través de un oportuno convenio con la Administración del Estado y de acuerdo con los ayuntamientos implicados. Aquí, la discrepancia, efectivamente, es que nosotros decíamos que no tenía que ser solamente los municipios, sino el territorio, porque, al fin y al cabo, estas afecciones afectan —valga la redundancia— a todo el territorio (instalaciones, saltos en determinados sitios...). En definitiva, es un poco la filosofía de las entidades locales del Pirineo aragonés, que así lo demuestran en sus planteamientos. Por lo tanto ante esa situación, que nos parecía que no estábamos absolutamente de acuerdo, mantuvimos una posición de abstención, porque no creíamos que era lo más correcto.

En todo caso —y para terminar, señor presidente—, creemos que este proyecto de ley es innecesario, que no va a aportar nada nuevo y que, seguramente, como casi siempre, estaremos dando prioridad o protagonismo a la iniciativa privada, y esto significa desregularización de la Administración Pública, y ya saben lo que ha pasado con todo esto, ¿verdad, señorías?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.

El turno del Grupo Parlamentario Socialista. Señora Sánchez, tiene diez minutos para intervenir.

La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: Gracias, presidente. Buenos días.

Bien, en primer lugar, agradecer a la letrada Olga Herráiz sus aportaciones y su colaboración en los trabajos de esta ponencia. De verdad que ha sido muy importante su ayuda.

Bien, señorías, hoy vamos a aprobar una nueva ley, una más de este Gobierno PP-PAR, que tiene como objetivo principal abrir la puerta a la iniciativa privada para que promueva, gestione y ejecute planes y proyectos de interés general.

El Gobierno de Aragón ha sido incapaz, durante los casi cuatro años de Gobierno, de ejercer su liderazgo en la promoción de proyectos que generaran empleo, y, como único recurso, su presidenta se ha dedicado a realizar una tournée por distintas comunidades para vender las posibilidades de Aragón. Y siento decirlo, porque de verdad que al Grupo Socialista nos hubiera gustado que hubiera tenido éxito en esa tarea.

En esos encuentros con empresarios, ha llevado por bandera la desregulación y la eliminación de trámites burocráticos en nuestra comunidad, pero ni aun así ha conseguido ningún proyecto ilusionante para Aragón, y hemos visto cómo grandes multinacionales como Amazon han descartado nuestra comunidad y, a pesar de las incertidumbres, parece ser que se van a instalar en Cataluña. El consejero, en la presentación del proyecto de la ley, decía que la LOTA debía ser un instrumento para generar actividad económica, inversión y empleo. Sinceramente, señor consejero, ¿cree usted que esta ley va a servir para todo eso que usted dice? ¿Cree usted que la iniciativa privada va a promover proyectos en aquellas comarcas con mayores dificultades? Desde luego, nosotros creemos que no. Lo peor de todo es que, tal y como están las cosas, tampoco se están generando grandes proyectos en zonas con más posibilidades.

En épocas como esta es cuando los gobiernos deben promover y apoyar proyectos que generen empleo, que frenen el éxodo de nuestros jóvenes y también de personas que en estos años habían llegado a nuestra comunidad porque Aragón era una tierra de oportunidades. Es ahora, ahora, donde lo público tiene que invertir en futuro.

Bien, señorías, me voy a centrar en la defensa de las enmiendas que el Grupo Socialista ha presentado. Desde luego, la mayoría de ellas encaminadas a evitar que la iniciativa privada pueda gestionar y ejecutar planes y proyectos de interés general sin control público, motivo suficiente este para la enmienda a la totalidad que mi grupo presentó.

Todo el capítulo II es un desarrollo minucioso y vinculado a la aparición de la iniciativa privada, sociedad urbanística o un contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado, y es ahí donde se han centrado nuestras enmiendas, suprimiendo varios apartados y artículos como el 34, el 35, el 37, incluso en la exposición de motivos.

También hemos presentado enmiendas para poner en valor al Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón, para potenciar su participación y no dejar exclusivamente en manos del consejero competente en ordenación del territorio determinar si un proyecto es sustancial o no.

Una de las enmiendas, que es, además, la única que se nos ha aceptado mediante una transacción, tenía como objetivo, dadas las características de los municipios aragoneses, eliminar la obligación de las entidades locales de catalogar la información con trascendencia territorial, como planteaba el proyecto de ley. La verdad es que los ayuntamientos bastante tendrán con mantener esa información.

Esta ley, señorías, es un refrito de artículos de la LUA que se han pasado a la LOTA. Esta ley lo que hace es empeorar la seguridad jurídica entre ordenación del territorio y urbanismo: el consejero competente en ordenación decidirá exclusivamente en cuanto a la ubicación de los planes y proyectos de interés general, algo, desde luego, que no nos parece bien; la aprobación de esta ley deja en manos del Gobierno la tramitación de los proyectos privados, desplazando a los ayuntamientos en las decisiones que les corresponden en cuanto a reclasificación y edificación del suelo.

Señalar, aunque sea de manera resumida, cómo han ido las votaciones de las enmiendas en la ponencia: los grupos que apoyan al Gobierno han aceptado seis enmiendas, señorías, seis enmiendas en total de las que hemos presentado (le han aceptado cuatro a Izquierda Unida, una a Chunta Aragonesista y una a nuestro grupo, y, desde luego, con transacción); por el contrario, nuestro grupo y los grupos de la oposición han apoyado siete de las ocho enmiendas que ha presentado el Partido Popular y nos hemos abstenido en las tres que presentó el Partido Aragonés. Buen ambiente, sin duda, lo decía la señora Vaquero, buen ambiente y ánimo de apoyar las enmiendas, pero ánimo de apoyar las enmiendas, señora Vaquero, por parte de la oposición, porque ustedes nos han apoyado muy poquitas, por no decir casi ninguna.

La verdad es que, de las siete enmiendas que ha presentado el Grupo del Partido Popular, han sido de carácter técnico, para adecuar el texto a la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, y adaptarla a la normativa básica, ya que, tal y como recogía el texto, estaba mal regulado. La otra enmienda, la última, aprovechando la modificación de la LOTA, afecta, básica y exclusivamente, a la Plataforma Logística de Zaragoza y al régimen de cesiones, que queda supeditado a lo aprobado en esta ley. Ustedes, en vez de sentarse con el Ayuntamiento de Zaragoza, firmar un convenio y llegar a un acuerdo, pues meten esta enmienda de soslayo y a ver, y aquí paz y después, gloria, y si le parece bien al ayuntamiento, como si le parece mal.

Por otro lado, respecto a las enmiendas del PAR, desde la Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés (Adelpa), donde están representados muchos de los grupos de este Parlamento, nos enviaron a todos los grupos parlamentarios una propuesta para modificar una de las enmiendas que el Partido Aragonés había presentado en la que solicitaban que los rendimientos que obtenga el organismo de cuenca procedente de la explotación de aprovechamientos hidroeléctricos o de las reservas de energía en el Pirineo, además de destinarlos a los ayuntamientos afectados, incluyera, señores del Partido Aragonés, también el territorio, además de los municipios afectados. Pero no se aceptó, por eso nuestro grupo, en esas enmiendas, se abstuvo.

Y, por resumir y ya para terminar, de manera telegráfica, lo que al grupo Parlamentario Socialista le parece esta ley.

Desde luego, es una ley que abre la puerta a la iniciativa privada, tal y como se recoge en la exposición de motivos. Desde luego, con el PP siempre lo público subordinado a lo privado.

Que no soluciona los problemas que se derivan del territorio y que no soluciona los problemas que se derivan, porque, además, va separado el tema de territorio de urbanismo, con leyes distintas, y que han hecho ese refrito que decíamos antes de pasar artículos de la LUA a la LOTA.

Una ley que, sin duda, ataca la autonomía local, desplazando a los ayuntamientos en la toma de decisiones sobre la ubicación de proyectos, que, además, no van a tener potestad para decidir si rechazan o no los planes y proyectos de interés general.

Una ley que deja en manos, exclusivamente, del consejero competente en ordenación del territorio la toma de decisiones importantes en cuanto a la aprobación inicial, a la ubicación, al carácter sustancial o no de esos proyectos.

Una ley que necesita también su aplicación de desarrollo reglamentario, por ejemplo en el caso de la selección del promotor privado, y que, de momento, queda pendiente y sin plazo.

Una ley que plantea en su memoria la posibilidad de creación de un fondo de cohesión territorial, pero, desde luego, nada se contempla en ley.

Y, desde luego, una ley que no ha buscado el consenso, como todas, a lo que nos tiene acostumbrado el Partido Popular. Por lo tanto, bueno, veremos a ver qué vida tiene esta ley.

En definitiva, señorías, una ley más, una ley más, señor consejero, más papel, que, desde luego, no va a servir ni para ordenar el territorio ni para generar proyectos tan necesarios en una comunidad tan necesitada de liderazgo como la nuestra. La verdad es que la única esperanza que les queda a los aragoneses es que apenas quedan unos meses para las próximas elecciones.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez.

El turno, a continuación, del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. Señor Peribáñez, tiene la palabra.

El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, señor presidente.

Señorías.

Con carácter previo a profundizar en el tema que nos ocupa, pues agradecer, como han comentado los compañeros que han intervenido previamente, ese buen ambiente que ha habido en la ponencia y que tenía como objetivo, bueno, pues sacar adelante el mejor texto posible en beneficio de la sociedad aragonesa. Y, lógicamente, pues agradecer también la inestimable colaboración y apoyo técnico de la letrada señora Herráiz para sacar adelante ciertos textos que entre nosotros no acabábamos de poner encima de la mesa con un criterio, y ella nos ha hecho ver esta situación.

Bien, metidos en faena, les diré que, como ustedes ya conocen, estamos hablando de la modificación de la Ley 4/2009, de ordenación del territorio, que, afortunadamente, y teniendo competencias nuestra comunidad autónoma, así lo refleja el artículo 71.8 del Estatuto. Que no tiene otro objetivo, desde nuestro punto de vista, que actualizar en función de las variantes demográficas, económicas, ambientales y otras, y con criterios de equilibrio territorial y desarrollo sostenible. Nosotros entendemos que es así este proyecto de ley.

Pero yo creo que también merece la pena destacar con carácter previo una serie de actualizaciones de este departamento, como fueron la revisión de las directrices sectoriales sobre instalaciones ganaderas del Decreto 4/2009 o el Reglamento de ordenación de información geográfica de Aragón a través del Decreto 208/2010, y se ha añadido en la LOTA, en la disposición adicional novena, criterios territoriales sobre centros de esquí y de montaña, que, como ya ha dejado aquí claro alguno de los portavoces, no quieren ni oír hablar.

Bueno, nosotros entendemos que se avanza hacia la elaboración, gestión y difusión de información geográfica, y lo que antes se denominaba Centro de Información Territorial de Aragón se actualizará con el nombre de Instituto Geográfico de Aragón. Entendemos que su desarrollo reglamentario incorpora más competencias y más funciones, introduce reformas que tienen como objetivo robustecer la función ordenadora del territorio y flexibilizar su aplicación, que no significa dejar manga ancha. Las modificaciones, en su conjunto, no afectan —entendemos nosotros— a la estructura y el sentido general de la ley.

Introduce también novedades, como es el nuevo régimen de planes y proyectos de interés general de Aragón, divide la regulación entre la ordenación del territorio y del urbanismo y abre —posibilita— las puertas a la iniciativa privada —eso no deriva en ningún privilegio territorial—, abre el concurso público para seleccionar el promotor con criterios de relevancia territorial y establece, desde nuestro punto de vista, un sistema garantista para los supuestos de ubicación de planes y proyectos.

Otra línea de la reforma se refiere a la tutela del paisaje, partiendo, con las excepciones lógicas, del Convenio europeo del paisaje, ratificado por España en noviembre del año 2007 —recuerden el año 2007, porque luego hay enmiendas que dicen que nosotros no queremos saber nada, pero que no las apoyamos nuestro grupo, las apoyaron los suyos—, y técnicas de protección que se concretan en los mapas de paisaje y en los estudios de impacto paisajístico.

Hay otras modificaciones, como son los nuevos criterios estratégicos en materia de ordenación, siguiendo el modelo de la Agencia Territorial de la Unión Europea, y se ha reforzado el papel del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón.

Destacar también esa posibilidad que tiene el Gobierno de Aragón de derivar ciertas inversiones, ciertos fondos de cohesión territorial, con objetividad y transparencia, para potenciar estos proyectos.

Se clarifica el proyecto para la emisión del dictamen autonómico sobre planes y proyectos, y también hay que tener en cuenta en esta situación el acuerdo bilateral Aragón-Estado publicado en el Boletín Oficial de Aragón número 107, del 3 de mayo.

En cuanto a las enmiendas presentadas de la modificación de la ley, hombre, dicen los grupos de la oposición: «se han aceptado pocas». Es cierto, ¿eh?, yo no les puedo engañar, es cierto. Pero, claro, partiendo de que hay una enmienda a la totalidad por cada grupo político, se suponía y se presuponía que no iba a ser muy fácil el llegar a acuerdos.

En cualquier caso, el texto no será muy malo cuando, después de presentar las enmiendas, se han retirado veinte. El texto no será muy malo y los grupos que apoyamos al Gobierno no seremos mucho rodillo cuando las iniciativas que se han aprobado, de las once que han presentado los grupos que apoyan al Gobierno, siete han sido transaccionadas del Partido Popular, y las enmiendas que haya presentado el Partido Aragonés solo han sido apoyadas por el Partido Popular e Izquierda Unida, o sea, que, de las tres, el Partido Socialista y Chunta Aragonesista al PAR no le han apoyado ni una. Si queremos darle la vuelta a la tortilla, se la damos tranquilamente.

Es decir, el 20% de las enmiendas tendrían un resultado positivo, y el resto, bueno, pues ahora las voy a desglosar.

Han hablado aquí antes del artículo 33, sobre qué podrá ser planes y proyectos de interés general. Nosotros entendemos que debe definirse la ubicación, que es, precisamente, lo contrario que decían ustedes; motivar por qué se ubica este tipo de proyectos en otros suelos; como ha dicho el señor Ruiz, que es el que recuerdo con más claridad, ni oír hablar de actuaciones relevantes en los centros de esquí y de montaña, definidos, por otra parte, en la legislación turística, y, desde luego, bueno, los promotores privados, a otra cosa —eso sí, que pongan ideas encima de la mesa—.

Hablamos de los promotores. Ustedes han dicho: «claro, es que no nos han admitido muchas enmiendas». Es que estamos hablando de la iniciativa privada en muchas ocasiones, y eso, a nosotros, no nos cuadra: nada de iniciativa privada —lo resumiré así—, solo pública, tampoco que se seleccione en concurso público y tampoco, y eso sí que me ha sorprendido, particularmente por el Partido Socialista, el contrato de colaboración público-privada.

En las declaraciones de interés general, entendemos que la Comisión Delegada del Gobierno tiene todos los informes, sería absurdo que no los tuviera, cuando, además, se los indican técnicamente.

Con los impactos que supone, sin ninguna duda, desde mi punto de vista, ¿se entiende suficiente un plazo de un mes para la audiencia?, ¿se debe motivar que los planes y proyectos carecen de interés general? Nosotros entendemos que sí. Y en caso de iniciativa privada, que ustedes dicen: «si en tres meses no se resuelve, el proyecto al cajón», si no es culpa de la iniciativa privada, ¿por qué se tiene que decir que no?

En cuanto al promotor definitivo, pues insisten los tres grupos en el no a la iniciativa privada. La iniciativa privada es la que invierte, la que arriesga, la que crea trabajo y la que crea riqueza; eso sí, que piense, que proponga, pero ya lo hará la Administración. Ni siquiera un reconocimiento, no sé de qué tipo, pero ya me están entendiendo, a aquellas iniciativas privadas, a aquellas iniciativas personales —ya no voy a decir privadas, personales— que aportan una idea a la Administración, ningún tipo de reconocimiento.

Hemos hablado también de la convocatoria de selección de la ubicación. Entendemos que, cuando no se determine la ubicación y no es adjudicada, pues, hombre, se debe declarar desierta de forma motivada. Creo que es bastante entendible.

Se vuelve a insistir en el no a la selección del promotor particular por parte de los tres grupos en la evaluación ambiental.

Se recaban informes de las entidades locales, porque, claro, creo que todos tenemos claro que la colaboración de las entidades locales es constante. Ahora, hay una serie de trámites, particularmente los PIGA, que, conociendo los pueblos de Aragón, es imposible que puedan colaborar de bis a bis con la Administración de la comunidad autónoma. ¿Y alguien entiende de verdad, alguien entiende que, si el organismo ambiental necesita informes, va a prescindir de ellos? ¿Alguien lo entiende con lógica? Yo creo que la Administración, sea quien sea quien administre, va a tener los informes correspondientes.

En el procedimiento de aprobación, también tenemos la misma situación: no a la iniciativa privada. Comprenderán que no hayamos aceptado demasiadas.

En el procedimiento de modificación de los PIGA, pues, bueno, también entendemos que es suficiente un mes de exposición pública. Pueden ser más, naturalmente, pero entendemos que uno es el criterio general.

Y, hombre, que el departamento apruebe una modificación no sustancial cuando, además, sea de forma motivada creo que no es para rasgarse las vestiduras. Y eso es en lo que ustedes no estaban de acuerdo.

Miren, hemos hablado en el artículo 49 de las cesiones y recepción de urbanización. Viene recogido en la Ley urbanística, pero es que, además, me viene a la cabeza, precisamente en la anterior legislatura, que ciertos ayuntamientos que podría nombrar con toda claridad del mundo tuvieron que aceptar cesiones del Gobierno de Aragón y no pasó absolutamente nada, porque, entre otras cosas, lo dice la legislación urbanística. Eso sí, que se pongan de acuerdo, pero, señora Sánchez, señor Ruiz y señor Romero, eso lo dice la Ley urbanística.

Y en cuanto a las enmiendas del Partido Popular, creo que estaban muy claras, muy claras: que se apueste y que se apoye al territorio, eso sí, de los municipios donde están afectados por estas infraestructuras. Creo que era bastante sencillo.

Resumo y termino diciendo que entendemos que este texto actualiza y posibilita dar solución a las necesidades y demandas de los ciudadanos, de la sociedad y de la Administración, respeta la autonomía municipal y posibilita la iniciativa privada, eso sí, dentro del marco legislativo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribáñez.

El turno del Grupo Parlamentario Popular. Señora Vaquero, tiene la palabra.

La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular, tal y como hemos dicho, apoyaremos el dictamen de la Comisión de Política Territorial para impulsar la aprobación de este proyecto de ley de modificación de la Ley de ordenación del territorio de 2009, y, lógicamente, no apoyaremos las enmiendas que se mantienen vivas de Chunta Aragonesista, de Izquierda Unida y del Partido Socialista.

En primer lugar, porque, como ya dijimos en el debate de las enmiendas a la totalidad, manteníamos claro el impulso a la necesidad de introducir modificaciones y una reforma en esta ley. Se había hecho el año anterior de forma paralela con la Ley urbanística y ya se apuntaba la necesidad de introducir también una serie de modificaciones, acordes a lo establecido en esta ley, dentro de la Ley de ordenación del territorio.

Sabemos que son materias interconexionadas las que llevan a cabo el departamento de ordenación de territorio y el departamento de urbanismo, y, por ello, tenía sentido el impulsar esta modificación.

Para nosotros, es importante el llevar a cabo la simplificación de los trámites administrativos, es una de las políticas perseguidas por este Gobierno y que también se anunciaba en los proyectos de gobierno de nuestro partido. Es necesario simplificar estos trámites administrativos, pero no para dar entrada a una falta de rigor en todas y cada una de las decisiones políticas que tengan incidencia y trascendencia en materia territorial, sino que de lo que se trata es de, precisamente, apoyar y dar celeridad a aquellos proyectos que supongan una mayor reactivación de la actividad económica, de la creación de empleo y de la atracción de inversión.

Además, también clarificar, clarificar las competencias de esos dos departamentos, del departamento de urbanismo y del departamento de ordenación del territorio, y esta ley, precisamente, lo que hace es reconducir tanto la declaración como el trámite de redacción y ejecución de los proyectos y planes de interés general en ese departamento de ordenación territorial, y todo ello a un coste cero, que creo que también es importante, y de lo que ya se habló cuando el director general de Ordenación del Territorio, el señor Gamón, compareció ante la comisión, a petición del señor consejero, para explicar, precisamente, cuáles iban a ser las líneas generales de esta modificación.

Y, por otro lado, también creemos que es importante la labor de ordenación del territorio, de coordinar todas las políticas de los distintos departamentos del Gobierno de Aragón que tienen trascendencia, precisamente, en todo lo que tiene trascendencia e incidencia en la ordenación del territorio.

Hay cuatro novedades fundamentales a las cuales ustedes dirigieron esas enmiendas a la totalidad. No propusieron textos alternativos directamente, sino, como viene siendo habitual, enmiendas a la totalidad sin que se admita ningún tipo de propuesta que pueda reforzar y que pueda enriquecer el texto inicialmente, enmiendas a la totalidad de devolución, y, lógicamente, nos manifestamos en contra porque compartíamos esos principios y porque apoyábamos las novedades fundamentales de esta ley.

Por un lado, era, precisamente, colocar en ese primer plano a la iniciativa privada, sí, señor Briz, colocar en primer plano a la iniciativa privada, pero en términos de transparencia, no confunda con priorizar la iniciativa privada sobre la Administración Pública. En este caso, lo que se hace es establecer un régimen jurídico propio, con derechos y obligaciones del promotor privado, que en ningún caso sustituye a la Administración Pública, es decir, se pueden seguir instando proyectos por parte de los diferentes departamentos del Gobierno de Aragón, a través de otros organismos públicos, de otras administraciones, pero también un promotor privado, que deberá cumplir con una serie de garantías. Es decir, lo que se establece es un régimen garantista: en el caso que este promotor privado presente una declaración de interés general de un proyecto o plan, lo que tendrá que hacer es esperar a que haya una respuesta por parte de la Administración, que deberá darse en esos tres meses, y, si no se da en esos tres meses la respuesta de la Administración, deberá entenderse desestimada por silencio negativo. Por lo tanto, lo que se da es certidumbre a cualquier iniciativa privada, que ustedes desestiman independientemente de que avale el interés general, independientemente de aporte recursos para proyectos que la Administración, por sí sola, no puede llevar a cabo ni puede impulsar.

Por otro lado, también estamos de acuerdo en que, precisamente, en ese ámbito de aplicación de los proyectos de interés general se puedan ampliar los suelos, pero también con una serie de garantías, y habitualmente se trata de priorizar, y así también apoyamos, que debe priorizarse el ámbito de aplicación de los planes y proyectos de interés general en los suelos urbanizables no delimitados o el suelo no urbanizable genérico, pero también se establece la posibilidad con esta ley de que, justificándolo debidamente, y vuelvo a insistir, justificándolo debidamente el cambio de ubicación de ese plan en otra categoría de suelo, como sería un suelo urbanizable delimitado o un suelo no urbanizable genérico, se pueda llevar a cabo la implantación de ese plan. Justificándolo —vuelvo a decir— y, además, compatibilizando el uso de ese suelo con los valores del suelo nuevo afectado. Por lo tanto, nuevamente, establecemos un sistema garantista.

Otra de las novedades importantes es el refuerzo que se le da al Consejo de Ordenación del Territorio, como un órgano colegiado, con autonomía funcional que se refuerza. Está clara su experiencia en el funcionamiento en materia de urbanismo y ordenación del territorio, con gran efectividad. Será preceptiva la emisión de un informe por el Consejo en todos aquellos anteproyectos de ley que impliquen o que tengan incidencia en la ordenación del territorio.

También creo que es importante resaltar —lo decía el señor Peribáñez— la conversión que se inicia con esta ley del Centro de Información Territorial para pasar a ser el Instituto Geográfico de Aragón y pasar con ello, también, de ser una base de datos de información territorial a una auténtica gestión informática de todos los datos que puedan servir en aras de la información, en aras también de la modernización de las bases informativas de carácter territorial, tanto para todas las administraciones como también para el ciudadano.

Y, finalmente, otra de las novedades que apoyamos y que por eso también nos llevaron a rechazar esa enmienda a la totalidad era, precisamente, la necesidad de tutela del paisaje, dándoles una mayor importancia como herramientas en la toma de decisiones de carácter político del Gobierno de Aragón a los mapas del paisaje como instrumento básico y como herramienta fundamental a tener en cuenta.

Con respecto a las enmiendas parciales que se han mantenido vivas, efectivamente, difícilmente, señora Sánchez, podíamos aprobar gran parte de sus enmiendas cuando ustedes, prácticamente, todo lo que han presentado ha sido tratar de suprimir o desvirtuar el verdadero espíritu de esta ley, que era, precisamente, dotar de simplificación en los trámites burocráticos, clarificar las competencias de los diferentes departamentos e impulsar la actividad económica, la creación de empleo y la inversión. Lógicamente, si sus enmiendas van destinadas a eliminar ese tipo de prioridades, pues, lógicamente, no las podemos apoyar. Sus enmiendas iban destinadas a desvirtuar la ley, van en contra del espíritu de esta modificación y, por lo tanto, la dejaban sin contenido. Es difícil que, en ese caso, ustedes quieran encontrar un apoyo.

Porque, además, más del 70% de sus enmiendas se focalizaban, precisamente, en esos puntos: en la eliminación de la iniciativa privada como colaboradora de la Administración con un régimen garantista, cosa que no existía anteriormente, y limitar nuevamente la ubicación de los planes y proyectos de interés general. Ahí es donde iba, como digo, más del 70% de sus enmiendas, y, por tanto, no han podido recibir el apoyo de este grupo parlamentario.

Tengo que decir también, señora Sánchez, que me extraña qué mal deben de andar las cosas cuando ustedes se tienen que descolgar de esa forma tan palmaria de la colaboración público-privada, incluso de la iniciativa privada, cuando leyes aprobadas en su mandato, y me tengo que referir precisamente, tal y como decía el señor Peribáñez, a esa Ley de turismo en Aragón, ustedes, en el artículo 51, no solamente incluyeron la iniciativa privada, sino también la gestión privada en los centros de esquí y montaña. Le remito a ese artículo, que, además, fue modificado en el 2010 y se mantuvo esa gestión privada; volvió a ser modificado en el año 2011, con la Ley de medidas, para compatibilizar los proyectos de nieve con los territorios de la montaña, y volvieron a mantener esa gestión privada. Por lo tanto, señora Sánchez, tienen muy poca credibilidad cuando tienen que apoyar gran parte de sus enmiendas solamente en la exclusión de la iniciativa privada, siendo que ha sido una de las materias que han ido manteniendo las diferentes legislaciones que se han derivado.

Es por todo ello que desde el Grupo Parlamentario Popular no hemos apoyado las enmiendas, que lo mismo que le decía a la señora Sánchez se lo podría decir al señor Romero y al señor Briz, puesto que la mayor parte de sus enmiendas parciales han sido de suprimir, no han sido textos alternativos, han sido de suprimir. Allí donde hemos podido encontrarnos, se ha transaccionado. Se han apartado y se han retirado enmiendas para volver, en cada sesión, a tratar —lo tengo que decir aquí—, con la ayuda y con las correcciones de apoyo de los servicios jurídicos, y saben que hemos trabajado para que aquellas enmiendas que fueran compatibles con el espíritu de la ley quedaran incorporadas.

Es por ello que desde el Grupo Parlamentario Popular no apoyaremos, lógicamente, las enmiendas que permanecen vivas y votaremos a favor del dictamen en el que ha trabajado la ponencia para el estudio de la Ley de modificación de ordenación del territorio.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vaquero.

Señorías, ocupen sus escaños, vamos a someter a votación, vamos a comenzar la votación de este texto. Señora Vaquero, ocupe su escaño.

Vamos a comenzar con la votación conjunta de los apartados del artículo único y disposiciones y título del proyecto de ley a los que no se mantienen votos particulares y ni enmiendas, y que los tienen ustedes referirlos en el guión correspondiente.

Señorías, comienza la votación [rumores] —ya empezamos con el numerito tecnológico—... Comienza la votación... No, ya hemos votado, pero... Ahora finaliza, a ver si sale..., sí. Votos, sesenta y tres; votos a favor, treinta y cuatro; en contra, siete; veintiuna abstenciones. Se aprueban los apartados que no han tenido votos particulares ni enmiendas.

Y pasamos a la votación conjunta de los votos particulares presentados por el Grupo Parlamentario Socialista, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida frente al texto transaccional aprobado por la enmienda número 111, del Partido Popular. Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y cinco; a favor, veintinueve; en contra, treinta y seis. Queda rechazada.

Vamos a votar a continuación las enmiendas que se mantienen agrupadas según el sentido del voto expresado en la ponencia y al cual voy a hacer referencia.

Primero, enmiendas con voto a favor de Socialista, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida, y en contra de Popular y Partido Aragonés. Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y cinco; a favor, veintinueve; en contra, treinta y seis. Quedan rechazadas.

Votamos a continuación las enmiendas con voto a favor de Chunta Aragonesista e Izquierda Unida de Aragón, en contra de Popular y Partido Aragonés y abstención del Grupo Parlamentario Socialista. Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y cinco; a favor, siete; en contra, treinta y seis; veintidós abstenciones. Quedan rechazadas.

Votamos a continuación las enmiendas con voto a favor del Grupo Parlamentario Socialista, en contra de Popular y Partido Aragonés y abstención de Chunta Aragonesista e Izquierda Unida. Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y cuatro; a favor, veinte; en contra, treinta y seis; siete abstenciones. Quedan rechazadas.

Votamos enmiendas con voto a favor de Socialista, Izquierda Unida, en contra de Popular y Partido Aragonés y abstención de Chunta Aragonesista. Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y cinco; a favor, veintiséis; en contra, treinta y seis; tres abstenciones. Quedan rechazadas.

Votamos a continuación enmienda con voto a favor de Izquierda Unida, en contra de Popular y Partido Aragonés y abstención de Socialista y Chunta Aragonesista. Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y cinco; a favor, cuatro; en contra, treinta y seis; veinticuatro abstenciones. Queda rechazada.

Pasamos a la votación conjunta de los apartados del artículo único y las disposiciones a los que no se han mantenido votos particulares ni enmiendas, y que tienen también reflejadas en el guión. Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y cuatro; a favor, treinta y cinco; en contra, veintinueve. Quedan aprobados.

Y pasamos al turno de explicación de voto.

Señor Romero, puede intervenir.

El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el escaño]: Sí, rápidamente.

He olvidado dar las gracias a la letrada que nos ha asistido en esta ponencia por el buen trabajo que ha desarrollado. Por lo tanto, quiero también que conste por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.

Y también, el reconocimiento al buen clima de trabajo, que siempre es agradable cuando hay diferencias palpables en el desarrollo de la ponencia.

Y un mensaje, nada más. Señor Suárez, ya tiene usted otra ley. No le voy a decir que se ha colgado otra medalla más, pero sí que le he de reconocer que esta no es inocua como las anteriores (la de policías locales, la de bomberos...), donde removíamos todo para dejarlo todo igual en la práctica, y al final siguen siendo igual de ineficientes que las anteriores.

En esta, le he de reconocer que no es inocua, que ustedes aquí, igual que la Ley de urbanismo, igual que la Ley de montes, introducen de una forma interesada, porque esa es la política de ustedes, a la iniciativa privada. Bien, nosotros preferimos regular las cosas desde lo público y no hacer concesiones en las cuestiones que deben ser competencia, exclusivamente, desde lo público. Seguiremos defendiendo esa teoría, y por eso nos gustaba más la anterior ley, y en esa dirección han ido, principalmente, casi todas nuestras enmiendas.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.

Señor Briz, puede intervenir.

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

Voy a ser muy breve.

Se ha puesto de moda en la escena política a nivel estatal y a nivel autonómico que las leyes no salgan por consenso. Es una práctica que el Partido Popular ha puesto de moda, y, evidentemente, vamos a seguir por esa senda hasta final de la legislatura. Un grave problema, porque, en tema importantes, como es el territorio y la ordenación, deberíamos llegar a acuerdos.

Y, evidentemente, yo querría recordarle a la señora Vaquero que ha hecho una referencia en la que se le ha visto claramente el planteamiento, es decir, crear riqueza. Eso no lo justifica todo, porque, evidentemente, estamos en un escenario en este momento que está diciendo que, debido a esa desregulación que ha habido en la sociedad, se ha llegado a esta crisis tremenda, terrible y que pagan determinadas personas. Por lo tanto, cuidado con eso, cuidado con la iniciativa privada. La riqueza no justifica todo, no justifica todo, y esto es algo que deben tienen que tener en cuenta, y los costes sociales creo que ustedes los valoran menos que los costes económicos.

Y yo le voy a decir una cosa, señora Vaquero: el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista sí que ha propuesto cosas en positivo; otras no, como ha sido la eliminación de la iniciativa privada, pero hemos dicho: los planes de interés general tienen que constar de esto, el objeto tiene que ser este, vivienda pública, tiene que ser contando con los ayuntamientos, y, a eso, ustedes han dicho que no. Eso se llama desregularizar y dar la iniciativa privada como protagonista en la escena política, y esto es un grave problema señorías.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.

Señor Peribáñez, ¿no va a intervenir?

¿Señora Sánchez? Puede hacerlo.

La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

Bien, señor Peribáñez, nos hemos abstenido en sus enmiendas, pero sabe que queríamos llegar a un acuerdo, y no acabamos de entender por qué no aceptaron ustedes la propuesta que hacían desde Adelpa.

Y, bien, hablaba usted de la enmienda del Partido Popular y de los convenios: pues nos parece bien. La ley que nuestro Gobierno, cuando gobernábamos juntos PSOE y PAR, aprobamos, la LUA, intentó solucionar estos temas, pero se llegaba a un acuerdo con los municipios, con los ayuntamientos, para firmar convenios. No es lo que ha hecho el Partido Popular, que, a través de esa enmienda, lo que hace es que se quita el problema de en medio sin dar voz para nada al ayuntamiento más importante de nuestra comunidad.

Y, bien, decía la señora Vaquero que es una ley de coste cero. ¿Cero? Se lo decía: es más papel, lo único que hacen ustedes es traer más papel.

Desde luego, a estas alturas, nadie se cree, señora Vaquero, que esta ley ni nada de lo que hace la gestión del Gobierno del Partido Popular sirva para crear empleo ni para generar inversión. Cada día hay más desempleados y cada día los aragoneses están bastante peor.

Y decía usted que le extrañaba. Lo que nosotros queríamos, y estaba claro, era no abrirle la puerta a la iniciativa privada, porque estábamos de acuerdo en nuestra anterior ley, que los promotores podían plantear proyectos, pero no gestionarlos ni ejecutarlos, y ustedes dejan absolutamente en manos de la iniciativa privada que ejecute, que gestione y que promueva, quitándoles, además, el poder a las entidades locales y a los ayuntamientos. Eso es lo que ustedes han hecho con esta ley, que no va a servir nada más que para algo muy importante, que es para desregularizar todo, pero, desde luego, ni para generar inversión ni para crear empleo.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez.

¿Señora Vaquero? Su turno.

La señora diputada VAQUERO PERIANEZ [desde el escaño]: Señora Sánchez, no le ha debido de dar tiempo esta mañana a leer la prensa. No es el día más indicado para que usted hable que no se crea empleo. Le remito, por favor, a leer los últimos resultados de la EPA: le aseguro que van a ser interesantes y que le van a dejar bastante en entredicho gran parte de su intervención.

Por otro lado, también ha nombrado al ayuntamiento más grande de nuestra comunidad autónoma. Pregúntele, pregúntele qué piensa de la iniciativa privada, pregúntele si cree que es realmente ese ser depravado que, de alguna manera, conculca cualquiera de los principios de actuación de la Administración Pública. No le tengan tanto miedo, porque antes no se lo han tenido y le han dado cabida en todas y cada una de sus políticas cuando han estado gobernando.

Por otro lado, quiero decir que esta modificación de esta ley saldrá adelante para imprimir flexibilidad, transparencia y participación ciudadana, que es de lo que tanto les gusta hablar, pero, cuando realmente existe esa iniciativa, les da miedo, y a ese individuo al que dirigen y al que casi enarbolan que dirigen todas las políticas públicas, cuando se sueltan de la mano de papá Estado, les empieza a dar miedo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vaquero.