Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

Interpelación número 83/12, relativa a la política en materia de menores del Gobierno de Aragón, formulada al consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia por la diputada del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida señora Luquin Cabello.

Señora Luquin, tiene la palabra.

Interpelación núm. 83/12, relativa a la política en materia de menores del Gobierno de Aragón.

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, señora presidenta.

Debía de andar despistada, porque no... Sabía que se había modificado el orden de las interpelaciones, pero no sabía que empezábamos con esta interpelación.

Señor consejero, le hacemos una interpelación de la política general en materia de menores y, sobre todo, todo lo relacionado con el sistema de protección y reforma de menores.

Usted es plenamente conocedor de la Ley de la infancia y la adolescencia de Aragón y plenamente conocedor del Plan integral de infancia y adolescencia, ya que es el que construye el marco de actuación y los programas dirigidos a los niños y las niñas de Aragón, un colectivo especialmente vulnerable por su situación sociológica, psicológica y evolutiva, y sabe usted que este plan responde al mandato que dice la ley y, además, tiene un carácter vinculante para todas las administraciones, para las administraciones públicas y también para las instituciones privadas que desarrollan actuaciones en materia de menores de Aragón.

Podríamos hablar de muchísimos temas, porque el tema es absolutamente amplio, pero es verdad que, en estos momentos, en lo que nos vamos a centrar es, directamente, en todo lo relacionado con el sistema de protección y de reforma de menores, y lo hacemos porque estamos muy muy preocupados, muy muy preocupados por su funcionamiento y porque creemos que es francamente mejorable, y estamos hablando de algo tan serio como menores en una situación de vulnerabilidad extrema, cuya tutela la asume muchas veces la Administración Pública, y, por lo tanto, tiene una auténtica responsabilidad en garantizar que se ponen y se disponen todos los medios y todos los recursos suficientes para poderles atender con un carácter multidisciplinar y, desde luego, atenderlos con las mayores garantías posibles.

La Ley de la infancia y la adolescencia, en el artículo 46, nos habla de los instrumentos de protección de los menores; el 66 regula el acogimiento residencial en centros señalados y que cada menor debería contar con un proyecto socioeducativo que persiguiera su pleno desarrollo físico, psicológico y social, y el 67 define los centros de protección de menores.

En estos momentos, creemos, y usted es plenamente consciente, que ha habido una externalización desde hace ya muchísimo tiempo, una privatización de la prestación de los servicios, y creemos que la primera consecuencia de esta privatización, de esta gestión privada de los servicios públicos, es que, en lugar de adaptar los recursos dedicados a las medidas necesarias, son las medidas ejecutadas las que se han de adaptar a los recursos disponibles. Y tenemos un serio problema porque, si lo que adaptamos es, según los recursos, las medidas, y no al revés, directamente repercute en la calidad y en la atención de estos menores.

Por lo tanto, el sistema público de protección y reforma no funciona bien por el mero hecho de ser público, pero es verdad que una red de centros gestionada con un carácter mercantilista hace que no prime lo que debería ser el objetivo prioritario, que es el interés superior del menor. Tenemos muchas veces la sensación, la tienen muchas veces los educadores sociales que están trabajando con menores y la tiene muchas veces la gente que se preocupa y que se mueve en diferentes asociaciones de protección de los menores, de que el interés legal superior del menor no es el objetivo prioritario, aunque se ponga en las leyes, aunque se ponga en todos los acuerdos, el interés legal superior del menor no es el objetivo prioritario del mismo. Y, por lo tanto, tenemos entonces un serio problema, porque la eficiencia y la eficacia, esa que a ustedes les preocupa tanto, tendría que ser un objetivo prioritario en el que el menor tiene garantizada toda la atención necesaria y que necesita de forma individualizada.

Usted es plenamente consciente de qué tipo de menores tiene que estar en estos centros, y, por lo tanto, que tienen unas características muy especiales, muy específicas, y que necesitan un seguimiento y una intervención de una manera muy individual y muy concreta, y creemos que en estos momentos no se da así. ¿Por qué? Porque conocemos la realidad de algunos centros. Usted conoce la realidad de algunos centros, unos centros que muchas veces están deteriorados, porque la gestión es francamente mejorable, porque usted sabe, porque ha tenido quejas y se quejan constantemente, en qué condiciones se tiene que estar trabajando muchas veces, la falta de disposición de recursos para poder atender —insisto— con todas las garantías a estos menores, menores que tienen muchas veces conflictividad y menores que muchas veces tienen una serie de problemas.

El modelo de gestión, el modelo empresarial, la función efectiva del centro hace que se parezca muy poco al programa educativo que necesita el menor. Por lo tanto, nos encontramos con que una cosa es lo que se dice, una cosa es de lo que se va, se supone que la letra pone «sobre el programa educativo», pero el día a día y la realidad hacen que se aleje absolutamente lo que es el programa educativo con las necesidades que tiene el menor, y lo que significa al final es que el menor no avance y no pueda integrarse exactamente, que sería la última función y el último objetivo de aquellos menores que se encuentran en estos centros.

Pero hay un tema en el que me voy a centrar de forma más concreta y más especial, porque nos preocupa, que es todo lo relacionado con la salud mental y la medicalización que se está haciendo de muchos menores. Nos preocupa la gestión de la salud mental de estos menores, nos preocupa absolutamente, porque es un tema que cada vez tiene más protagonismo en el ámbito de la protección y la reforma, y nos preocupa porque en estos momentos hay una precaria atención en el ámbito de la salud mental a los menores tutelados por la DGA, precaria atención en el ámbito de la salud mental a los menores tutelados por la DGA.

No se presta, por un lado, suficiente atención...

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Por favor, guarden silencio, señores diputados, bajen la voz.

La señora diputada LUQUIN CABELLO: ... a la salud mental y, por otro lado, el grado de medicalización es alarmante, y creemos que se está enfocando francamente mal cómo se trata la salud mental de estos menores.

Se lo decimos porque usted, además, es consciente y sabe que en el caso del centro de reforma de menores de Juslibol hemos tenido un caso desgraciado, un caso absolutamente desgraciado que acabó con el fallecimiento de un menor, en el que, además, es verdad que allí se encuentra un psiquiatra, en teoría, dentro de la plantilla, y nos consta que muchas veces lo que se hace es medicalizar al menor previamente al diagnóstico. ¿Usted cree que es una buena fórmula para poder actuar? ¿Usted sabe, desde que entra un menor con problemas de salud mental en un centro, en el caso, por ejemplo, del centro de Juslibol, en qué tiempo, en qué plazo de tiempo tiene una visita por parte del psiquiatra del centro? ¿Usted cree o es consciente de si, previamente, se medicaliza antes de un diagnóstico? Nos gustaría que nos respondiera a esas preguntas, porque creemos que son importantes.

¿En qué tiempo de actuación, desde el ingreso de un menor, que viene ya anunciado que es necesario que tenga una visita porque tiene un problema de salud mental...?

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Señora Luquin, un momento, por favor.

Por favor, señores diputados, ruego que bajen el tono de voz o que guarden silencio o que salgan fuera si quieren discutir, porque no se puede oír a la interpelante. Gracias.

Señora Luquin, puede continuar.

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, señora presidenta.

Entiendo que hablar de salud mental de menores que están en centros de reforma quizás no le parezca lo suficientemente interesante a esta Cámara. A mí, desde luego, me preocupa absolutamente, muchísimo. Me parece una falta de respeto, además, absoluto, no a esta diputada que les habla, sino al tema del que estamos tratando.

Vuelvo a insistir y vuelvo a hacerle la pregunta: ¿sabe en cuánto tiempo se tiene que atender a un menor al que se ingresa en un centro, en este caso el centro de Juslibol, porque tienen un psiquiatra en plantilla, en qué plazo de tiempo se le tiene que hacer una visita? ¿Es usted consciente y sabe que se está medicando a gente antes de diagnosticarla? Creemos que es absolutamente grave.

Pero es que, además, estamos preocupados porque, en la licitación del nuevo acuerdo marco para la atención de menores bajo la acción protectora del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, por un lado, creemos que existe intrusismo profesional, hay una falta de legitimación en muchas de las cosas que se están incorporando en este pliego (hay la modificación de definición de educador social por educador genérico —¿me puede explicar cuáles son los motivos y las razones para que no se hable específicamente de educadores sociales, sino de educadores genéricos?—; se crea una figura inexistente que, desde el punto de vista de este grupo parlamentario, no compartimos, la de auxiliar educativo, porque, al final, lo que se está haciendo es una rebaja de la categoría profesional para que tenga las funciones propias de un educador social), y, por otro lado, las ratios que están previstas hacen ratios que usted es plenamente consciente y sabe que no son suficientemente amplias para poder garantizar la prestación de la calidad a estos menores, como digo, que tienen situaciones de vulnerabilidad muy importantes.

Lo decimos porque, además, seguimos preocupados porque en esta situación, tal y como se recoge en la licitación del nuevo acuerdo marco, desaparecen lo que son los centros de acogimiento residencial especial; esa figura no se recoge, y creemos que es fundamental y que es importantísimo. El tema es que, para que no vaya a afectar directamente a la atención de la salud mental de los menores, existía y existe el centro de acogimiento residencial especial, y no hay categoría similar del servicio, no está recogida ni contemplada. ¿Me puede decir cuáles son las razones y los criterios para que desaparezcan los centros de acogimiento residencial especial? Porque lo que supone, entendemos nosotros... En estos casos, ¿dónde se va a atender a estos menores?, ¿en centros de atención socioeducativa, sin intervención terapéutica, en centros de atención sanitaria intensivos de salud mental, o van a ser desplazados a otros centros terapéuticos de otras comunidades autónomas? Creemos que son respuestas que usted nos tiene que dar, porque, en estos momentos, eliminando ese tipo de centros, los menores se quedan sin contar con un recurso concreto y específico de atención que hasta este momento se tenía. ¿Cuáles son los criterios y las razones para que se pueda hacer así?

Nosotros creemos que hay un impacto, un impacto negativo en los menores, un impacto negativo en la salud mental de los menores.

Pero es que, además, seguimos sin tener la unidad de hospitalización infantojuvenil para procesos agudos de salud mental en la Comunidad Autónoma de Aragón. Es una reivindicación, es necesaria y es obligatoria. ¿Dónde seguimos ingresando cuando hay un caso agudo? Lo seguimos ingresando, desde luego, en las unidades de hospitalización de adultos. Sabe usted que es absolutamente contraproducente.

Por un lado, les seguimos quitando los centros especiales, el único que queda —porque, si en el acuerdo marco se elimina esa categoría, ya me dirá usted dónde van a quedar incorporados estos menores—, y, por otro lado, le pediríamos la reformulación del acuerdo marco, incluyendo, desde luego —creemos que es importante— los módulos de acogimiento residencial especial, porque creemos que es un recurso necesario, un recurso obligatorio, y porque además usted tiene que cumplir la ley, la Ley de la infancia y la adolescencia, tiene que cumplir el plan. Y en estos momentos, si usted va eliminando estos centros especiales, tiene un serio problema.

Sabe que hay mucha vinculación, muchas veces mal diagnosticada y mal tratada, sobre menores que se encuentran en sistemas de protección y de reforma con salud mental, y, si además se eliminan las unidades especiales y los centros específicos, desde luego, creemos que no se va a garantizar ni la atención ni la prestación de la calidad...

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Debe ir terminando, señora Luquin.

La señora diputada LUQUIN CABELLO: ... —termino ya—, insisto, a menores en situaciones de vulnerabilidad, que necesitan intervenciones individualizadas, que necesitan todos los recursos sociales, económicos y humanos para garantizar que puedan salir de determinadas espirales conflictivas.

Y que, desde luego, en estos momentos, la intervención era francamente mejorable, pero, con su nuevo acuerdo marco y con los pliegos y las condiciones que usted pone en la mesa, mucho nos tememos que va a empeorar cualitativa y cuantitativamente, y, por lo tanto, los menores en esta comunidad autónoma, que están bajo tutela de la Administración Pública, van a estar peor atendidos.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Luquin.

Señor consejero, es su turno para la respuesta.

El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, presidenta.

En primer lugar, quiero dar las gracias a la Mesa de las Cortes y a los grupos parlamentarios de Izquierda Unida y PSOE por haber cambiado el orden de intervención y por haber suprimido la pregunta que tenía en la segunda parte de la mañana para poder asistir a la despedida de un buen amigo.

Señora Luquin, voy a intentar en esta primera parte de mi intervención explicarle detenidamente cosas que usted dice que no hacemos y que creo que no es así.

Pero ya le adelanto dos cuestiones respecto a lo que ha apuntado al final de su intervención, aunque creo que tendré oportunidad posteriormente, en la interpelación que plantea el Partido Socialista, de explicar más extensamente lo concerniente al acuerdo marco.

No comparto en nada lo que usted ha dicho respecto a los criterios con los que se ha definido y respecto a la calidad que de ese acuerdo marco se deriva. Por cierto, es el primero que se hace, es el primero que se hace.

Respecto a lo que estamos haciendo en nuestra comunidad autónoma, pues, simple y llanamente, lo que estamos haciendo es cumplir con nuestra obligación. Usted ha esbozado lo que determina la ley que tiene que ver con la atención a los menores. Es, evidentemente, responsabilidad de esta Administración Pública aragonesa, del Gobierno de Aragón, y en concreto de mi consejería, todo lo concerniente a la protección de menores, y, para eso, entendiéndolo como obligación prioritaria, no le quepa la menor duda de que ponemos encima de la mesa los recursos materiales, humanos y económicos necesarios, adaptándolos en cada momento a sus necesidades, que son, además, cambiantes.

Sí que estoy de acuerdo con usted en una cuestión que ha apuntado en alguna parte de su intervención, que es fundamental: hay que adaptar los recursos, las plazas y los recursos, a las necesidades de los menores, y no al revés. Y, de hecho, el fundamento del acuerdo marco, y luego lo explicaré, es precisamente ese: la adaptación de los recursos, en este caso de las plazas, a las necesidades individuales de los menores.

Otra cuestión importante que, como responsables de la materia, tenemos que acometer es un impulso al Plan integral de infancia y adolescencia 2010-2014, que, por desgracia, tenemos que decir que estaba languideciendo.

Tenemos intención de abrir un pulso fuerte, teniendo en cuenta que el objetivo es importante, que es integrar de una manera cohesionada y adecuada toda la atención a la población infantil. Y, para ello, el IASS —ya lo he puesto a trabajar— ha convocado por primera vez a la comisión de seguimiento de dicho plan en mayo del año pasado, han continuado trabajando y se está coordinando de una manera efectiva toda la labor interinstitucional dentro de este ámbito.

Hay una cuestión importante en esta materia que querría resaltar, y es que, cuando hablamos de menores, tenemos que tener en cuenta que hay una responsabilidad compartida, que empieza, en el primer nivel, por los padres o por el entorno próximo al menor; continúa por lo que sería la familia extensa (tíos, abuelos, etcétera); a partir de allí, cuando no son suficientes estos recursos, están los sistemas públicos de servicios sociales, salud, educación o justicia, que prestan prestaciones obligatorias en los términos establecidos legalmente y que deben ayudar a los padres a asegurar los derechos de los niños, y, por último, en un cuarto nivel de actuación, como servicio especializado y siempre que los niveles anteriores no sean suficientes, interviene el Servicio de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia para garantizar, como digo, los derechos de los menores. Todo ello, con la garantía del sistema judicial.

Lamentablemente, por mucho que hagamos, hay que reconocer que se seguirán dando casos graves de vulneración de derechos de los menores, para lo cual habrá que instrumentar servicios de urgencia y especializados para atender tanto al niño como a la familia, y, por otra parte, también seguirán apareciendo, por desgracia, casos en los que sea necesaria la separación temporal o definitiva del niño de su familia. Para ello, desde la Administración autonómica aragonesa tenemos varios instrumentos, varias medidas al alcance de los menores y su familia para resolver estas cuestiones.

Una cuestión importante que quiero recalcar al respecto es el impulso que para la instrumentación de estas medidas hay que dar también a la descentralización de las mismas. Y aquí quiero recalcar la buena labor, en coordinación con la Administración autonómica, que están realizando los centros de servicios sociales comarcales y municipales cuando no es necesaria la separación de la familia, en cuyo caso ya interviene el servicio especializado de protección del Gobierno de Aragón. El objetivo es extender al máximo esta coordinación, implementar el modelo de descentralización en el conjunto de la comunidad autónoma.

Es objetivo fundamental de mi consejería y del IASS la prevención, por supuesto, y el apoyo en el propio entorno del menor, en concreto el apoyo familiar. La actuación del IASS en esta materia parte de un principio de prevención —obvio— y luego, a partir de ahí, del apoyo en el entorno más próximo al menor, con una prioridad en la intervención familiar, y a tal efecto hay programas de apoyo técnicos y económicos para familias, fundamentalmente en riesgos o vulnerabilidad social. El IASS mantiene, por cierto, un programa de prevención y atención primaria de apoyo familiar, asumiendo totalmente el coste una vez que el ministerio dejó de cofinanciar este programa, y, a pesar de eso, el IASS sigue manteniendo al cien por cien este programa.

Cuando es necesaria la separación del menor de la familia de origen, se actúa, dentro del ámbito de actuación del IASS, fundamentalmente en programa de acogimiento familiar, en relación, en primera instancia, con lo que es la familia extensa, intentando mantener todos los procesos de vinculación del menor con sus figuras de referencia o figuras de apego (tíos, abuelos, etcétera), y, cuando la familia extensa no puede cumplir con esa función, no puede dar respuesta a la demanda individual del menor, se procede al acogimiento en familia ajena con carácter preadoptivo o no preadoptivo, y a este respecto hay programas específicos de captación, selección, formación y apoyo de familias de acogida, en concreto hay un programa específico para acogimiento de familias en situaciones urgentes para menores de ocho años.

Ha comentado usted lo referente al servicio residencial, acogimiento residencial. Si no le importa, me extenderé en la interpelación que voy a tener a continuación, porque esto es lo que tiene que ver con el acuerdo marco al que usted se ha referido. Pero aquí recalco lo que he comentado: fundamentalmente, de lo que se trata aquí es de adaptar las plazas en sus diferentes tipologías —por cierto, sí que están recogidas las que usted ha dicho que no estaban recogidas, ya se lo adelanto, están recogidas y, además, desglosadas expresamente, luego se lo explicaré—, adaptar las plazas residenciales a las necesidades individuales de cada uno de los menores. Por eso hay diferentes tipologías de plazas que se van a sacar a concierto.

Hay otro programa, importante también, de apoyo a jóvenes en procesos de emancipación. Son jóvenes tutelados o ex tutelados, a los que se atiende para facilitar un proceso hacia la autonomía personal y alcanzar una vida independiente. Se propone para estos jóvenes un apoyo, incluso una vez que superan la edad de menor, tanto técnico como económico, el tiempo que sea suficiente para que puedan alcanzar en condiciones una vida independiente. En este ámbito, como en otros, es muy importante la participación de la iniciativa social, es fundamental esta participación tanto en la planificación como en el seguimiento y la evaluación, y creo que hemos hecho lo posible por que esta participación fuera un hecho en todos los procesos normativos y de debate y de consulta que se han tenido que realizar en el ámbito de mi departamento en esta y en otras materias.

Hay que tener en cuenta también en esta materia un tema importante, y he comentado lo que teníamos que hacer en relación con las adaptaciones necesarias hacia las circunstancias cambiantes: aquí se están produciendo, en materia de menores, problemas emergentes, fundamentalmente centrados en relaciones intrafamiliares, en conflictos en el ámbito escolar, en el ámbito de la salud mental de los menores. Le recuerdo, y lo he dicho varias veces, que hemos apostado por la unidad infantojuvenil que se va a abrir en el Clínico en próximas fechas; no se preocupe, que le informaremos debidamente de la fecha exacta de inauguración de la citada unidad, no quedan muchos días, y digo días.

Y otra cuestión importante que está emergiendo como problema a tratar de manera específica es lo concerniente a la posadopción. Esto supone que, dentro de la atención a menores, hay que introducir cambios en la actuación, cambios en la estrategia, para lo que el IASS está trabajando en colaboración con profesionales y con entidades sociales para dar respuesta adecuada a estas nuevas problemáticas.

Estamos procediendo a modificar algunas normas que creíamos que era necesario modificar, fundamentalmente en el ámbito de la adopción, tanto en los procedimientos administrativos como en el funcionamiento de las entidades colaboradoras.

Y por lo que respecta a las medidas judiciales, respecto a las del medio abierto, como usted bien sabe, hay dos ámbitos: el que realiza o el que ejecuta el equipo educativo de atención para menores de catorce años, fundamentalmente en Zaragoza capital y provincia, que queremos extender al conjunto de la comunidad autónoma y que tiene un hecho diferencial importante, y es que presta atención no solamente a la situación particular, familiar y personal del menor, sino también al hecho infractor y, lo que es importante, a la víctima. Y, de hecho, en el proceso educativo se introducen ámbitos de actuación que tienen que ver con la reprobación y prevención de la conducta infractora y con la atención a las necesidades y derechos de la víctima, como cuestiones —digo— relevantes y que diferencian esta actuación de otras.

Hay también, dentro de este ámbito del medio abierto, un equipo educativo específico que atiende al menor en su ámbito personal, con una atención personalizada, de manera que intenta contener medidas de mayor gravedad que podrían haberse planteado en el caso de que con esta medida no fuera suficiente.

Y a este respecto, y ya para terminar, le comento las medidas de ejecución de medidas judiciales de internamiento realizadas por juzgados de menores, que son, evidentemente, las que tienen que ver con cuestiones de mayor gravedad y que requieren mayor control del menor, y que suponen, como consecuencia, el internamiento del menor en centros de educación específica. Tengo que decir que alabo la labor de los profesionales que realizan la tarea, tarea complicada y dura, con una alta profesionalidad.

El objetivo de estos centros es crear un ambiente adecuado de trabajo para los profesionales, pero, sobre todo, para la reinserción futura de los menores en la vida, en su ámbito social. Para ello, se plantean cuestiones que tienen que ver con la ayuda al personal para que se pueda abordar el análisis de la problemática que ha derivado en la infracción que, a su vez, ha ocasionado el internamiento.

El régimen, evidente y lógicamente, es un régimen donde está restringida la libertad, con mayor o menor índice de restricción en función de la medida judicial.

El clima de seguridad es tanto para el personal como para el menor.

No comparto las apreciaciones que ha hecho con respecto al tema de las medicaciones, y le tengo que decir que yo respeto la decisión de cualquier profesional, y sobre todo de los profesionales que saben más que usted y que yo de temas tan sensibles como estos.

La atención de los especialistas en educación e información va fundamentalmente dirigida al desarrollo integral del menor con apoyo psicológico y psiquiátrico, y, para ello, se implementan programas educativos flexibles, teniendo en cuenta las circunstancias y la evolución del menor durante el tiempo que permanece en el centro...

El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍGUEZ): Señor consejero, lleva dos minutos y medio más. Debe ir terminando.

El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia (OLIVÁN BELLOSTA): En resumen, ya para terminar, nuestra labor es amplia, hay muchísimas casuísticas. Por encima de todo está el derecho del menor y el apoyo a la familia como primer eslabón de la cadena de atención al menor. Y, como he comentado, principio fundamental de nuestra labor es ajustar o adaptar los recursos a las necesidades de los menores.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor consejero.

Para el turno de réplica, tiene la palabra la señora diputada por un tiempo de cinco minutos, que le ruego que, como los dos ya se han pasado un poquito, se ajusten a los tiempos.

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, señor presidente.

Señor consejero, yo sé lo que dice la ley, yo sé lo que dicen los planes, pero luego también sabemos y conocemos lo que son las realidades.

Yo no dudo de la profesionalidad de las personas que están trabajando en los centros, que sé que hacen una labor ímproba, y no es que sepa más o menos que un psiquiatra. Yo le pregunto si usted es consciente y le parece un buen hábito el que se vaya a medicalizar y que haya una medicalización creciente en menores internados y que se haga esa medicalización sin un diagnóstico.

Y le he preguntado, una vez que ingresa un menor al que se le indica que es necesario que sea visitado por un psiquiatra, cuánto tiempo transcurre desde ese ingreso hasta que le vaya a visitar el psiquiatra. Eso es lo que le estoy preguntando: si son veinticuatro horas, si es una hora, si son cinco días o si son dieciocho, porque es que cambia mucho, cambia mucho.

Y le decía que usted y yo somos conscientes de un lamentable caso, muy grave, que terminó con la muerte de un menor, y que le estoy preguntando esas cuestiones, porque cuando se tiene, además, un psiquiatra en plantilla, que nosotros hemos defendido la necesidad del recurso externo, lo hemos luchado también para que pasara en los centros penitenciarios, y creemos, en nuestra humilde opinión, que es lógico y que es mejor que el recurso de salud mental sea un recurso que sea externo y no se encuentre dentro del propio centro; eso, además. Pero estaba haciendo esas preguntas.

No dudo ni de la profesionalidad de nada ni de nadie, sino la praxis, si a usted le parece que es la correcta y si sabe el protocolo de actuación, cómo se funciona en ese tipo de casos concretos.

Me habla de los equipos de medio abierto. Pues me parece bien que le importen y que le interesen, pero usted ha sido el que ha reducido la plantilla, ha habido una reducción de plantilla, ya hemos tenido la oportunidad de debatir sobre este tema. ¿De verdad cree que se garantiza mejor el trabajo en intervenciones individualizadas, que tienen que hacer un seguimiento con la reducción de las plantillas? Sinceramente, no; sinceramente, no. No se puede hacer un mejor seguimiento de la intervención social en casos como, por ejemplo, el caso de Huesca, que usted sabe que se han duplicado los casos de menores y se ha reducido la plantilla, eso es así.

Entonces, puede venir aquí a decir que el trabajo que hacen ustedes, el equipo de medio abierto, que los profesionales por supuesto que sí que hacen un trabajo estupendo, y lo hacían estupendo los que estaban trabajando hasta hace unos días, pero usted ha hecho una reducción de la plantilla, duplicando los casos, y le pongo el caso concreto de Huesca, que usted es de Huesca, duplicando los casos de menores que necesitaban intervención.

Es complicadísimo, porque son intervenciones, que en eso estamos de acuerdo usted y yo, que son muy individualizadas y muy especiales, caso por caso. Por lo tanto, el seguimiento que se tiene que hacer es un seguimiento muy constante, y en esos casos se necesita tener los profesionales con toda la disponibilidad para poder hacer la intervención como se tiene que hacer. Por lo tanto, no puede venir aquí usted a venderme lo bien que funcionan los equipos de medio abierto, que yo los defiendo, y haber hecho a la vez una reducción de las plantillas.

La realidad es que en estos momentos existen centros saturados. La ratio de menores por educador es en muchos casos muy superior al nivel requerido para garantizar una buena atención.

Pongo en duda no lo que dice la ley ni el plan ni lo que usted diga, pero creo sinceramente que las actuaciones que se hacen en materia de menores, aunque se insista en el interés superior del menor, muchas de ellas no lo son así; muchos programas educativos, individualizados luego, de lo que se dice a lo que se hace, no tienen nada que ver, y, de hecho, muchas veces los menores no avanzan porque esos programas educativos no tienen, en cuanto a lo que se dice en los papeles respecto a cómo se pone en la práctica, ningún tipo de vinculación ni de realidad. Es importante.

Decíamos «es que los recursos no se ponen a disposición de los medios», pero es que nosotros sí tenemos claro cuáles son las prioridades y los objetivos. Eso es lo fundamental, porque, si tenemos que adaptar los objetivos y las prioridades y a los recursos económicos que se tienen, tenemos un serio problema, en estos casos concretos tenemos un serio problema, porque está claro que el interés del menor debe primar, pero es que, además, los recursos no pueden limitar los objetivos o los criterios ni las medidas que se tienen que adoptar y que se tienen que tomar.

Y, por otro lado, sinceramente, la verdad es que, en materia de menores, con los recortes que hay, y luego seguiré hablando sobre el acuerdo, la verdad es que —se lo digo ya— la última orden que nos hemos encontrado, que es la de la asistencia religiosa católica en el centro de educación e internamiento por medida judicial de Juslibol, ¿qué quiere que le diga?, suena a sorna, suena a sorna. Que usted esté preocupado por garantizar la asistencia religiosa (católica, por cierto) en el centro de educación e internamiento por medida judicial de Juslibol y no esté invirtiendo todos los esfuerzos necesarios para que en el centro de Juslibol se garanticen otras cosas que son muchísimo más prioritarias que esta, dice mucho también de su ideario y de cómo se quiere enfocar el tratamiento de los menores.

Desde luego, creemos que hay otros objetivos y otras prioridades muchísimo más importantes; que en estos momentos usted tiene un trabajo muy muy serio que hacer, y sabe que es muy serio porque es muy complejo, porque es muy sensible, y creemos sinceramente que en estos momentos las últimas medidas y el acuerdo marco para la licitación de las plazas no van en esa dirección, y se lo decimos así y creemos que tenemos la obligación, que no van en la dirección de garantizar la mejor atención al menor y, desde luego, que no va a garantizar ese interés legal superior del menor. Creemos que no es así porque en estos momentos se están poniendo en cuestión unos centros específicos que son fundamentales y porque el tema de salud mental, y usted lo sabe, porque se tiene que reunir con los colectivos y con los educadores sociales, es un grave problema, la excesiva medicalización, la falta de medios propios y específicos para tratar la salud mental de los menores en esta comunidad autónoma que están tutelados por la Administración.

El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍGUEZ): Muchas gracias, señora diputada.

Para el turno de dúplica, tiene la palabra el señor consejero por un tiempo de cinco minutos.

El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias.

Evidentemente, señora Luquin, todo es mejorable, pero en este ámbito, y lo dije ya en una ocasión, tengo que reconocer que la labor del anterior equipo del Gobierno de Aragón en materia de menores, en mi opinión, ha sido buena. Y ya digo, todo es mejorable, pero creo que las bases están allí, y lo que tenemos que hacer es reforzarlas.

Quizá la tarea pendiente más importante es lo que hemos comentado en la primera intervención, tanto usted como yo: intentar adaptar al máximo los recursos, los medios, las plazas, a las necesidades reales e individualizadas de cada uno de los menores. Este es nuestro reto y en eso estamos trabajando.

Le preocupa, por lo que veo, mucho la salud mental. A mí también, ¿eh?, a mí también, y comparto con usted la preocupación que tiene respecto a que, hasta la fecha, por inexistencia de recursos específicos, no se estaba atendiendo en condiciones a los menores con problemas psiquiátricos, con problemas mentales, en esta comunidad autónoma.

El paso que vamos a dar (le he comentado que en breves fechas se va a poner en marcha la unidad infantojuvenil) creo que es importante y que resolverá —creo— de manera conveniente este problema. Una apuesta de este Gobierno, venía en nuestro programa electoral, y dentro de unos pocos días podremos observar cómo ya es un hecho. Están terminando las obras de los espacios adecuados para esta actuación y, en cosa de quince días o, como mucho, un mes, estará ya para ponerse en marcha.

Más cuestiones que le quería comentar.

Ha hablado del tema de la reducción de personal, ha vuelto a recordarme que cinco personas, cuyo contrato había finalizado al haber finalizado el contrato programa del ministerio, habían dejado de prestar servicios como educadores de medio abierto. Tengo a mi disposición un informe técnico realizado por el jefe del Servicio de Menores del IASS que dice claramente que, perfectamente, los recursos propios del IASS (es decir, el personal del IASS) pueden acometer esta tarea sin ningún problema. Yo, ante ese informe, no tengo nada que decir: si el jefe de servicio me dice que somos capaces nosotros mismos de asumir las funciones que hasta ahora asumían cinco personas que tenían un contrato vinculado a un programa financiado por el ministerio, evidentemente, tengo que seguir por esa línea, y es lo que vamos a hacer.

Más cuestiones que le quería comentar.

Respecto al desafortunado acontecimiento de Juslibol, el suicidio del menor en el mes de septiembre, yo, señora Luquin, sé lo que pasó y le puedo decir que dudo mucho que tenga que ver con temas referentes a medicaciones, dudo mucho que tenga que ver. De todas formas, es un tema que está abierto y las instancias judiciales determinarán exactamente qué es lo que, efectivamente, pasó, analizadas todas las consecuencias. Pero yo, personalmente, dudo mucho que tenga que ver con temas referentes a medicaciones.

No obstante, esa preocupación que usted ha planteado respecto al exceso de medicaciones yo no la conocía, no se me ha transmitido, y no dude de que voy a hacer las consultas pertinentes para determinar si, efectivamente, se está produciendo y, en su caso, conocer los motivos. Pero, en todo caso, que sepa lo que he dicho antes, y lo recalco: que, en todo caso, voy a respetar la decisión de los profesionales, me da igual que sean psiquiatras o médicos, referentes a menores o en un centro de salud o en un hospital, porque saben mucho más que usted y que yo de estas materias.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor consejero.