Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

Pasamos al debate y votación de la proposición no de ley 46/04, sobre el defensor del paciente, que presenta el Grupo Popular.

Y, en su nombre, el señor Canals puede exponer la proposición.

Proposición no de Ley núm. 46/04, sobre el defensor del paciente.

El señor diputado CANALS LIZANO: Gracias, señor presidente.

Señorías.

El Grupo Parlamentario Popular presenta en estas Cortes una proposición no de ley instando al Gobierno de Aragón a crear la figura del defensor del paciente dentro del marco de la Administración autónoma. Nosotros pensamos que es necesario y conveniente incluir esta figura dentro de nuestra Administración porque los ciudadanos desconocen completamente el funcionamiento de la Administración sanitaria, y más concretamente los trámites que le son necesarios para poder llevar adelante sus reclamaciones. Existe una burocracia hermética e inasequible y nosotros creemos que crear la figura que permita mediar y relacionar pacientes y Administración traerá enormes ventajas a la comunidad. Además, y como resumen, creemos que configurará un instrumento público de mejora en la calidad de la asistencia.

En estos momentos, ¿qué ocurre cuando uno de nuestros ciudadanos cree que el sistema sanitario no le ha dado respuesta satisfactoria a sus necesidades? Todos sabemos que en los centros sanitarios existe un servicio, que se llama «Servicio de atención al paciente», que cumple fundamentalmente dos funciones: la primera, y es la más numerosa, es lo que ellos llaman «la gestoría de usuarios», son aquellos trámites burocráticos que el paciente necesita para poder realizar su actividad sanitaria (copia de expedientes, certificados, duplicación de documentación, radiografías…), y otra que sería la recogida de las reclamaciones y empezar aquellos trámites que tienen que realizar para llevar a éxito esta reclamación.

Los problemas que se presentan fundamentalmente son que es un circuito cerrado, es decir, la reclamación no sale del centro, aquí se es juez y parte, el paciente reclama en el centro y el propio centro le da solución, y después, que el incremento de esas reclamaciones año a año se dispara. No dispongo, como creo que no dispone ninguno de los ciudadanos aragoneses, de datos de cómo funciona nuestra Administración sanitaria pero sí que tengo datos de un área, el área dos —ahora ya hablaríamos de sectores—: en el año 1999 recogió más de dos mil reclamaciones, y en el año pasado, en el año 2003, las reclamaciones fueron tres mil cuatrocientas. Estamos hablando de reclamaciones solamente de atención especializada, habría que sumar las reclamaciones de atención primaria y habría que multiplicar por un número… no sé, tres, cuatro de áreas para saber exactamente el número de reclamaciones que han llegado por la problemática sanitaria.

Además, en nuestra comunidad se da un caso paradójico ya que quien tenía que velar por la defensa de los ciudadanos lo hace y lo hace poco. La consejería, el Gobierno, y en su nombre la consejería, es quien garantiza los derechos sanitarios y, además, quien financia la asistencia sanitaria. Se plantea la separación de funciones, por un lado, la consejería financia y garantiza, y, por otro lado, hay unos centros que son los que proveen los servicios; el Servicio Aragonés es el responsable de la gestión y cada uno de los centros que firma un contrato anual de compromiso de actividad es el que provee la asistencia sanitaria.

Pues bien, en el caso actual, el garante, la consejería, renuncia a exigir el cumplimiento del derecho y actúa casi siempre como un proveedor de servicios. Cuando un centro sanitario incumple sus compromisos, no solo no es recriminado, sino que el garante de los ciudadanos asume el papel de gestor y defiende lo indefendible y casos tenemos diariamente en los medios de comunicación (hospitales que incumplen plazos de lista de espera, la lavandería del Servet la saturación de las urgencias…). Aquí el consejero no defiende a los ciudadanos, sino que defiende al que debería solucionar los problemas, que es el que ha firmado un contrato de servicios con la Administración sanitaria.

Es más, en la Ley general de salud de Aragón figuran claramente cuáles son los derechos en materia sanitaria que tienen los ciudadanos, y yo me he permitido hacer una pequeña relación de aquellos que desde nuestro punto de vista son incumplidos, por ejemplo, el derecho a la intimidad. ¿Alguien me podrá decir que se respeta el derecho a la intimidad en las urgencias de los hospitales? La atención sanitaria adecuada se debe realizar con confortabilidad y en el tiempo más rápido posible, es decir, cumplimiento del derecho también. La libre elección figura en nuestra Ley de Salud, tanto de profesional de servicio como de centro; en estos momentos tampoco se hace. Hace unas pocas semanas hablábamos aquí también del derecho a la segunda opinión médica: nadie sabe cómo se va a hacer. Tenemos el derecho a participar, y recientemente se ha constituido por fin el Consejo de Salud, el único órgano hasta ahora constituido de participación, y lo único que se hizo fue escuchar una clase magistral del consejero. También la información pública sobre indicadores de calidad, no sabemos dónde están. También la información de la lista de espera, que es un derecho de los aragoneses y se incumple sistemáticamente.

Creemos que en estos momentos no se están garantizando los derechos a los pacientes, a los usuarios, es decir, a los ciudadanos, porque en un momento determinado todos somos usuarios y algunos seremos, desgraciadamente, casi todos, pacientes, por el Departamento de Salud. ¿Qué ocurre, pues, con los ciudadanos que no se ven correspondidos, no se ven satisfechos con las reclamaciones que han hecho? Al paciente no le quedan más que una serie de soluciones: se conforma y no protesta más; se desespera y, cuando ve a alguien con corbata y bata blanca, lo coge del cuello pensando que el es el responsable de que no se solucione; judicializa el proceso o acude al Justicia de Aragón.

Esta situación es inaceptable. Es necesario crear una figura de manera que, sin salir de la institución, el Departamento de Salud, es decir, el garante de los derechos, sirva de mediador entre el ciudadano y la Administración sanitaria. Hay que hacer realidad una de las líneas estratégicas que el Departamento de Salud machaconamente nos dice que va a llevar adelante, que sería ubicar al paciente en el centro del sistema. El paciente es un ciudadano activo, la sanidad —tampoco descubro nada nuevo— está experimentando un cambio social sin precedentes en la historia de la humanidad. El aforismo de «todo para el paciente pero sin el paciente que hace unos años se empleaba» se ha transformado en «todo para el paciente pero con el paciente», es lo que se llama «sanidad participativa».

Nosotros queremos con esta proposición no de ley crear un organismo encargado de la defensa de los derechos de los usuarios en el sistema sanitario. El principal objetivo sería intermediar en los conflictos que planteen los ciudadanos en el ámbito sanitario; recabar la información sobre aspectos relativos al funcionamiento de los servicios sanitarios; recibir sugerencias y observaciones en relación con la Administración sanitaria. Desempeñaría obviamente sus funciones con plena autonomía e independencia, sería el intermediario entre los ciudadanos y el sistema sanitario. La verdadera utilidad, más que una oficina de recoger reclamaciones y quejas, que le llegarán, pero la mayor parte de ellas deberán ser solucionadas en los servicios de atención al paciente, es ser un impulsor de la calidad del sistema. La recogida de la información, analizada con rigor e independencia, se transformará en soluciones. No es un organismo defensor de los derechos de los pacientes solamente, es un instrumento para la mejora de la gestión y la calidad. Sus señas de identidad deben ser: garantías para los pacientes y usuarios, imparcialidad, accesibilidad, y tiene que ser una actividad dinámica.

La filosofía de la defensoría sería prestar al paciente el apoyo necesario que tiene ante un sistema burocratizado y casi siempre hermético y, además, la función debería orientarse no solamente a la solución de las quejas, sino a las mejoras sanitarias mediante la conciliación y la mediación.

Otras comunidades autónomas ya lo tienen, esto no es un invento del Partido Popular, no es un invento solamente español, otros países también lo tienen, el Reino Unido o Suecia, países que no podremos decir que tienen una asistencia sanitaria incorrecta, comunidades autónomas que ya están trabajando con el, como Extremadura o Madrid, y algunas de ellas en las que está en desarrollo, como Asturias, Baleares, Canarias, Galicia, La Rioja, Castilla-La Mancha. Además, en casi todas las empresas de servicios que se presten de tener calidad en su atención figura dentro de su organigrama un responsable de la defensa del cliente. Es más, en una gran empresa de servicios como es el Ayuntamiento de Zaragoza figura claramente en el Reglamento de participación ciudadana, aprobado por unanimidad, la figura del defensor del ciudadano.

Las denominaciones son múltiples: defensor del paciente, defensor del usuario, defensores usuarios, mediador —que sería, desde mi punto de vista, la palabra que mejor respondería a lo que a nosotros nos gustaría ser—, mediador de los pacientes y de los usuarios. Y la adscripción de esta figura dentro de la Administración es también múltiple: podría depender del consejero de Sanidad, del Consejo de Gobierno, de las propias Cortes… Eso ya, como verán ustedes, en nuestra proposición lo hemos dejado abierto, no hemos querido entrar en ese tema si ustedes deciden que esta proposición salga adelante. Está claro, pues, que la figura del mediador del paciente, el mediador del ciudadano, es necesaria.

Y quiero resaltar que no choca en ningún momento con las funciones que al Justicia de Aragón se le reconocen en el Estatuto. Hay comunidades, como Castilla-La Mancha o Galicia, que también tienen una figura similar a nuestro Justicia y también tienen un defensor del paciente: son niveles totalmente diferentes. La actuación de esta nueva figura complementaría la muy importante función que en estos momentos el Justicia de Aragón realiza.

El servicio sanitario, por su magnitud de datos, de cifras, de pacientes, de la asistencia sanitaria, exige un tratamiento especial. El número de quejas crece necesariamente y por eso hace falta un tratamiento exclusivo. Necesitaría de un nivel muy cercano al paciente, a poder ser dentro de la institución. Y también debo recordarles que muchas de las actuaciones sanitarias, desgraciadamente, no son demorables, muchas veces el teléfono debería ser mucho más útil que abrir y tramitar un expediente. Por eso pedimos a esta cámara el apoyo a esta proposición no de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: muchas gracias, señor Canals.

El turno del Partido Aragonés: la señora Herrero tiene la palabra.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías.

Para explicar nuestra posición acerca de esta proposición no de ley que presenta hoy el Partido Popular, les adelanto que nuestro voto va a ser negativo, porque entendemos que no nos aporta demasiado la creación de esta figura.

Estudiando y analizando la documentación existente y la situación que hay en otras comunidades autónomas, podríamos hablar de que esa garantía en la atención a las necesidades y a los derechos, y con la calidad que se merecen los ciudadanos, los pacientes, en el ámbito sanitario, como puede ser cualquier usuario en otros ámbitos, en Aragón está suficientemente garantizada.

Existen mecanismos, existen fórmulas para garantizar esos derechos y para garantizar esa atención de calidad. Existen mecanismos ya internos dentro de la propia organización administrativa. Existen sistemas de participación, de control y de evaluación, en los que los propios ciudadanos participan en esa toma de decisiones (recordemos el recientemente constituido Consejo de Salud de Aragón). Existen otros consejos de sector, consejos de salud de zona, en los que participa la sociedad, los pacientes, y existen sistemas de gestión eficaz y accesible de las reclamaciones que se llevan a cabo por parte de los usuarios.

El propio Servicio Aragonés de Salud atiende, canaliza y responde a las situaciones que no cubren las expectativas que tienen los ciudadanos. Es decir, internamente, sí que existen esos mecanismos para garantizar que la atención se hace con calidad, y, cuando los pacientes no están de acuerdo con lo que ellos esperaban encontrar en la atención sanitaria, también se posibilitan unos cauces y unos procedimientos.

Y, por otra parte, y algo muy importante, que también ha sido comentado por el portavoz del Grupo Popular, es la existencia del Justicia. Sabemos que no en todas las comunidades autónomas existe la figura del defensor del pueblo y que, en este caso, el Justicia de Aragón además tiene unas peculiaridades específicas. Así, podemos ver que en el artículo 33 del Estatuto de Autonomía, como misión específica, se habla de la protección y defensa de los derechos individuales y colectivos recogidos en ese estatuto, la tutela del ordenamientos jurídico aragonés, la defensa de ese estatuto; se dice que podrá supervisar la actividad de la administración de la comunidad autónoma y rendirá cuentas de su gestión ante las Cortes de Aragón.

Sin duda, si conocemos las figuras existentes en otras comunidades autónomas como defensores —digamos— sectoriales, de un ámbito concreto (ya no defensores autonómicos, defensores del pueblo, sino defensores sectoriales), sí que vemos que existen en algunas comunidades autónomas defensores del paciente, o defensores del menor, o defensores de otras cosas.

En este caso, solamente hay dos comunidades autónomas (Galicia y Castilla-La Mancha) que, teniendo la figura de su defensor autonómico, crean también la figura del defensor del paciente. Pero hay que reconocer que, en el caso de Castilla-La Mancha, la figura del defensor del paciente existía antes que la del defensor de su comunidad autónoma.

Por lo tanto solamente habría un caso, y eso significa que todas las comunidades entendemos más o menos que las aportaciones de esta figura no son tan sustanciales como para crearla cuando no la tenemos en la comunidad. Porque, si empezamos a crear defensores, pues quizás no acabemos nunca de crear figuras que defiendan los intereses de diferentes colectivos o en diferentes ámbitos.

Una característica fundamental que hay que destacar en los defensores del pueblo, en este aspecto, es su independencia. Si creamos un defensor del paciente que esté dentro de la administración, yo creo que la credibilidad y la legitimidad de esa figura va a ser menor que la del Justicia, y desde luego que, en este caso, esa independencia le aporta —yo creo— un aspecto positivo en relación, fundamentalmente, con el control y la supervisión de la propia administración.

Y, en cuanto a la eficacia del Justicia de Aragón —que no tengo ninguna duda de que no se ha cuestionado—, haría referencia a unas palabras del propio Grupo Parlamentario Popular, que, en la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos del 10 de febrero, decía —textualmente leo—: «Como ya he mencionado, el pasado mes de diciembre estas Cortes le volvieron a nombrar Justicia de Aragón. Se produce una reelección que, desde nuestro punto de vista, se justifica por el trabajo que se ha realizado en los últimos cinco años al frente de la institución. Institución que va ganando prestigio entre nuestros ciudadanos, prestigio y confianza, que tienen su fundamento en el trabajo diario de defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos —tema crucial, en este caso, para plantear la creación de la figura del defensor del paciente—, de nosotros frente a actuaciones no siempre correctas de la administración pública. Somos partidarios de los que opinan que el origen y la razón del incremento de las quejas habidas en los últimos años también se fundamentan en un adecuado funcionamiento de la institución, en su independencia y en la concienciación como ciudadanos de nuestros derechos».

Nosotros, desde nuestro grupo parlamentario, opinamos que esos derechos y esa garantía que se requieren por parte de los pacientes, de los usuarios, en el sistema sanitario, está más que cubierta por la encomiable tarea que desempeña el Justicia de Aragón, y, en los informes que presenta periódicamente el Justicia anualmente, podemos ver que se tramitan muchísimas cuestiones relativas al ámbito sanitario, además de que conllevaría un mayor gasto público, que, realmente, siendo que entendemos que no nos aporta demasiado, no estaría bien dedicarlo para esto.

Por todo ello, nuestro voto será en contra de esta proposición no de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.

Turno de Chunta Aragonesista: el señor Sánchez Monzón tiene la palabra en su nombre.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías.

Bien, nos encontramos ante una proposición no de ley del Grupo Popular para crear la figura del defensor del paciente, que consideramos que, como tal, como propuesta, es una propuesta bienintencionada, puesto que, según ha defendido el proponente, lo que busca es dar más importancia a lo que son quejas, reclamaciones, potenciarlas más, mejorar el sistema de protección de los derechos y deberes del usuario del sistema sanitario aragonés.

Es una propuesta que consideramos bienintencionada, pero la verdad es que, desde nuestro punto de vista, creemos que en estos momentos en Aragón no es necesaria, al menos en estos momentos, y que además precisamente no es el mejor momento para presentarla. Y le vamos a explicar por qué consideramos esta opinión.

Con la ley que tenemos de abril de 2002, la Ley de Salud de Aragón, una ley que no recoge esta figura, consideramos que ya hay suficientes mecanismos garantistas. Consideramos que realmente es una ley bastante garantista respecto a lo que son los derechos, deberes y protección de los usuarios del sistema sanitario. Otra cosa es que la administración autonómica la potencie más o menos, eso es otra cosa, y otra cosa es lo que está recogido en la ley; otra cosa es que los exprima más o menos, que los potencie más o menos, que les saque más o menos jugo, que sepa más o menos defender y enseñar a los usuarios la capacidad que tienen para defender sus derechos: eso es una cosa, que lo esté haciendo bien o mal, y otra cosa es que esté recogida en la ley. Porque la ley está ahí, y en su título II, especialmente en el artículo 6, y también en el título III, creemos que recoge sobre el papel un buen sistema de garantías y de salvaguardas de los derechos y garantías y de los deberes y obligaciones de los usuarios del sistema sanitario, es decir, de la ciudadanía en general. Y, entre estas medidas, no se recoge la de crear una nueva figura orgánica ni administrativa como la que ustedes proponen.

Hoy nos encontramos con que en cualquier centro sanitario, de salud, hospitalario o como sea, en cualquier tipo de centro sanitario, cualquier persona puede tramitar quejas, reclamaciones, sugerencias, recomendaciones, a través de los correspondientes buzones de sugerencias y libros de reclamaciones, y además es obligatorio, lógicamente, contestarlas, satisfactoriamente o no, como siempre, lógicamente, pero siempre hay alguna persona responsable de contestarlas, y, según la información que nosotros tenemos, por ejemplo, por poner un ejemplo, en los centros de salud, ante una reclamación, el coordinador del centro es el que está obligado a responder, previa deliberación con las personas implicadas de la administración sanitaria, con las personas competentes, con las personas afectadas, si es una denuncia. Y parece ser que tienen marcado un criterio de calidad, otra cosa es que se cumpla o no (la verdad es que no lo sabemos), pero tienen marcado como criterio de calidad que deben responder, satisfactoriamente o no para el reclamante, en menos de un mes de plazo.

También tenemos la vía participativa de los derechos de los usuarios, que es la de los consejos de salud, que también tienen su papel en este aspecto. También tenemos otra vía, que es la de acceder vía asociaciones de consumo y usuarios, sobre todo las que hay que son conocidas especializadas en la defensa del usuario de la sanidad. Y, lógicamente, también está la vía de la reclamación patrimonial, la vía contenciosa, en definitiva, la vía judicial, por así decirlo.

Y, por supuesto, lo que ya ha salido aquí referido: nuestra figura propia de la defensa de los derechos y libertades de los aragoneses. Tenemos el Justicia de Aragón: una institución que, ante cualquier queja de ciudadano (también, lógicamente, en el ámbito sanitario), si procede, inicia la correspondiente investigación, el correspondiente expediente, y que suele acabar, si procede, en una queja o sugerencia a la administración competente. Otra cosa es que sí que se podría analizar aquí, en esta cámara, la posibilidad de dotarla con una estructura especializa para cada uno de los temas. Eso es otro tema, sería otro tema que podría ser un debate positivo.

En definitiva, desde Chunta Aragonesista consideramos que existen ya suficientes vías, tanto individuales como colectivas, para poder mantener la defensa, para hacerse valer, para que los usuarios consumidores del sistema sanitario del sistema de salud puedan hacer valer sus derechos en materia de salud; pero, como le he comentado anteriormente, nosotros consideramos que la administración sanitaria aragonesa está haciendo menos de lo que debería hacer para potenciar el conocimiento. Los instrumentos están, pero hay que potenciarlos y que la gente los conozca bien. Consideramos que se puede exprimir más lo que hay en la ley sanitaria actual.

Hay que reconocer que, lógicamente, como ya he indicado, hay otra serie importante de comunidades autónomas que han optado por esta figura, hay que reconocerlo, que tiene diferentes denominaciones, básicamente, el mayor número de casos, como «defensor de los usuarios» de los sistemas sanitarios correspondientes.

Le he reiterado que consideramos que no es necesaria en estos momentos en Aragón, porque ya existen suficientes mecanismos garantistas, pero sobre todo porque consideramos que ahora no es el mejor momento. No es el mejor momento para crear un órgano más, con su burocracia, su administración y su gasto correspondiente en la administración sanitaria aragonesa, precisamente ahora, cuando más se está vivenciando, en los últimos días y encima con los últimos datos, la escasísima e insuficiente dotación económica con la que cuenta la sanidad aragonesa.

Una infradotación que todos sabemos por qué es. Es porque los partidos que sustentaban al anterior gobierno aragonés y los que sustentan al actual aceptaron asumir una sanidad aragonesa totalmente infradotada, sin que atendiera las peculiaridades correspondientes a nuestra peculiaridad demográfica territorial y de envejecimiento.

Consideramos que ahí está ese fruto de esa negociación que tuvieron. Y fruto también (esa infradotación económica), como no podía ser de otro modo, de la deuda sanitaria que todavía el Estado adeuda a Aragón, y que, desde diciembre de 2001, el gobierno anterior no quiso abonar y que el nuevo gobierno central actual todavía no se ha manifestado si nos la va a abonar o no.

Bueno, sí lo ha hecho porque, cuando estuvo aquí hace pocas fechas el ministro de administraciones públicas, Jordi Sevilla, no se mojó y dijo que hablaran los tribunales, eso es lo que manifestó al respecto. Y a su lado estaban los representantes de la comunidad autónoma, los representantes del gobierno aragonés, callados, quietos en la mata, sin decir nada al respecto, cuando hasta hace bien pocas fechas era su caballo de batalla reivindicativo.

Otro ejemplo más de por qué estamos con una sanidad con la dotación económica que tenemos, infradotada totalmente, fruto de esas negociaciones tan brillantes.

Por eso, en ese momento, consideramos que crear un nuevo órgano en parte duplicaría lo que ya existe y lo que ya se puede hacer, y lógicamente conllevaría una nueva estructura burocrática, nuevo personal, nueva administración y nuevo gasto público, que creemos que, tal como está el tema, es mejor en estos momentos no crear este nuevo órgano.

Nada más.

Y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Turno el Grupo Socialista: el señor Alonso tiene la palabra.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señor presidente.

Efectivamente, somos conscientes de que debemos garantizar a los usuarios de los servicios sanitarios sus derechos con la calidad suficiente. Y, como han hecho varios portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, tenemos muchos instrumentos, con medios propios del sistema, como puede ser el Consejo de Salud de Aragón, los consejos de sector, el consejo de salud de zona, las unidades de admisión, las unidades de atención al paciente que tenemos en todos los recintos hospitalarios, o también con medios externos, como pueda ser la propia administración de justicia o el Justicia de Aragón.

Las funciones que se atribuyen a este tipo de órganos que el Partido Popular quiere crear o sugiere crear son funciones relativas a asesorar, informar, ayudar al ciudadano en sus relaciones con la administración, y también defender a los ciudadanos supervisando las actividades de la administración. Pero no olvidemos que los defensores que más asentados están ya, que más prestigio tienen, que están consolidados, son órganos que son nombrados por los legislativos autonómicos, que les eligen, y ante quienes informan; garantizan también los derechos y libertades; supervisan la actividad de las administraciones públicas; tienen una independencia respecto al resto de las administraciones, que ni los nombran ni los pueden cesar, y tienen unas prerrogativas especiales de inmunidad e inviolabilidad.

La función que se le quiere asignar a este defensor del paciente (supervisar la acción de la administración sanitaria para garantizar los derechos de los ciudadanos) ya las tiene encomendadas el Justicia de Aragón según el Estatuto de Autonomía, con lo que confundiríamos más a los ciudadanos, que saldrían perdiendo en la afectividad en la defensa de sus derechos.

La figura del defensor del paciente que propone el Partido Popular no gozaría de independencia, por su forma de elegirlo, por estar encuadrado en la administración que va a supervisar, y por carecer de vinculación parlamentaria. Por el contrario, al Justicia de Aragón no lo nombra la administración, sino que lo nombra el legislativo; tiene independencia respecto a las administraciones que supervisa y controla, y los medios tanto personales como materiales que para el desempeño de sus funciones tiene el Justicia de Aragón los elige él y solo él.

El defensor del paciente que propone el Partido Popular nace en el seno de la administración que va a estar sometida a su control, y no va a tener el principal activo que debe tener un defensor sectorial, que es la independencia. Es norma general que las comunidades autónomas no proliferen en la creación de defensores sectoriales y es norma también general que esas comunidades autónomas respeten el trabajo, el respeto, los argumentos, el prestigio, la solera o a la tradición que los defensores autonómicos tienen, como, en el caso de Aragón, el Justicia de Aragón.

La credibilidad y confianza de los ciudadanos ante los defensores autonómicos está ya tan arraigada y respetada, que crear más defensores sectoriales conllevaría, casi con toda seguridad, el debilitamiento de lo ya consolidado y la posible percepción por parte del usuario de que en sanidad las competencias se dispersan.

No es nuevo este debate. Me comentaba la portavoz de la anterior Comisión de Peticiones que en dicha comisión ha habido intentos, por parte de algún grupo, de ir creando defensores sectoriales, pero, en todos los casos, el sentido de actuación de las comisiones de peticiones ha sido enfocar todo en el entorno del Justicia de Aragón.

En el caso de Aragón, el Justicia de Aragón atendió en el año 2000 setenta y un expedientes relacionados con la sanidad, en el 2002 cien expedientes y en el 2003 ciento dos expedientes. Si tenemos en cuenta que solo una de cada cuatro consultas al Justicia termina presentando queja, llegaremos a la conclusión de que, por el Justicia de Aragón, han pasado alrededor de unas cuatrocientas consultas relacionadas con la sanidad, lo que nos da idea de la confianza que los usuarios tienen en la institución del Justicia, cuando creen que sus expectativas no han sido cumplidas como usuarios del servicio de salud.

A la vista del informe que el Justicia presenta en esta cámara se deduce que las relaciones también existentes entre el Justicia y el Departamento de Salud son buenas, dada la fluidez de la información entre ambos y la resolución en tiempo adecuado de los casos que se plantean.

Otra cuestión —también aludida por algún anterior interviniente— es el sobrecoste económico que conllevaría la creación de un nuevo órgano que propone el Partido Popular, para hacer las funciones que actualmente hace el Justicia de Aragón.

Resumiendo: la postura del Partido Socialista es que, dado que la creación de esta nueva figura, por un lado, no aporta nada sobre la labor que ha desarrollado el Justicia en la defensa de los derechos individuales y colectivos; en segundo lugar, no tendría la legitimidad ni la independencia necesarias para hacer una labor tan importante, y, en tercer lugar, porque nos costaría un dinero a todos los aragoneses para no aportar mucho nuevo de lo que ya tenemos, votaremos en contra de esta proposición no de ley.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley 46/04.

¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada la proposición no de ley mencionada al obtener veintidós votos a favor, cuarenta y dos en contra y ninguna abstención.

¿Consideran necesaria la explicación de voto?

El señor Canals puede hacer uso de la palabra.

El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gracias.

Bueno, cuando una cámara vota mayoritariamente en contra de una proposición, a mí me estimula (algo he hecho bien); cuando alguien le vota algo a favor, algo hemos hecho mal.

Esta era una buena proposición, era acertada en el tiempo, porque en estos momentos es, desde nuestro punto de vista, como ya he intentado explicar previamente, uno de los momentos en que la garantía de los derechos sanitarios en Aragón están más bajos.

Pero quisiera también empezar haciendo una lectura especialmente al Partido Socialista, al señor Alonso, a ver si le suena dónde he leído yo este párrafo: «Merecemos una España mejor, soluciones ahora. EL sistema nacional de salud es un pilar esencial del bienestar social español y una de las instituciones que más beneficios han producido a millones de ciudadanos en nuestro país. Es una fuente de cohesión social y de seguridad para las personas. El gobierno —y se refería al Partido Popular— está debilitando la sanidad pública. Por eso crearemos la figura del defensor del paciente en las comunidades autónomas».

Bueno, pues esta lectura es ni más ni menos que del programa electoral del Partido Socialista Obrero Español en las últimas elecciones nacionales. Parece ser que este compromiso… Es decir, yo creo recordar en épocas de otros gobiernos socialistas que los programas electorales eran para no cumplirlos —y que lástima que tenga poca voz hoy—, para no cumplirlos, como ya se hizo famoso un aforismo impartido constantemente por ustedes.

Jamás, en ningún momento, ni en mi intervención ni en el comportamiento de mi grupo, hemos dudado de la eficacia del Justicia de Aragón. Nadie podrá decir que nosotros no apoyemos esta institución. Pero, si el ayuntamiento de Alagón incluye dentro de su normativa la figura del defensor del ciudadano, ¿por qué nosotros no podemos plantear, dentro de la institución del Servicio Aragonés de Salud, servicio que tiene el 33% del presupuesto de la comunidad, y es sin ninguna duda el servicio donde más ciudadanos acuden, y donde más quejas se producen…, por qué no podemos ahí plantear una figura del defensor del paciente?

¿Queremos que el Justicia de Aragón se transforme, única y exclusivamente, en un departamento de quejas, adonde mayoritariamente, cuando los aragoneses sepan que no hay solución a sus problemas, tengan que acudir al Justicia? Esas siete, ocho, diez mil, veinte mil quejas ¿será capaz el Justicia de solucionarlas? ¿Queremos que sea el Justicia? Muy bien: ¿por qué no me han enmendado ustedes y me han dicho que esto figure dependiente del Justicia de Aragón? ¿Por qué nadie ha tenido la ocurrencia, la valentía o el atrevimiento, o no sé qué, de plantearme una enmienda y decir que esta defensoría, que ya sé que figura de alguna forma en el organigrama del Justicia, tenga una exclusividad, una especificidad, porque tiene que ser mejor dotada?, ¿por qué no la han hecho ustedes? Yo ya sé por qué no lo han hecho, fundamentalmente los partidos que apoyan al gobierno: porque no quieren de ninguna forma que el Departamento de Salud sea controlado.

Dos años y medio de las transferencias sin ningún control. No es verdad: los ciudadanos no participan en la gestión o en el control. No es cierto. No puedo gritar más, desgraciadamente. No es verdad. Lo único que se ha constituido en los dos últimos años es el consejo de salud para escuchar —y repito y lo he dicho antes— una lección magistral del consejero.

Es una lástima que hayamos perdido, una vez más, una oportunidad de posibilitar que nuestros ciudadanos tengan más credibilidad en el gobierno de la comunidad.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señor Canals.

Turno del Grupo Socialista: señor Alonso, tiene la palabra.

El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.

Señor Canals, en las reclamaciones que el Justicia de Aragón tiene, desde luego que las de salud no son las más frecuentes, y cualquiera que lea los informes que el Justicia de Aragón nos trae a las Cortes para nuestra información lo podrá comprobar.

Usted ha hecho una lectura fragmentada de nuestro programa electoral, y nos alegramos de que usted lea nuestro programa electoral y lo compruebe y nos ayude a cumplirlo. Nosotros queremos que exista ese control de la calidad de los servicios sanitarios, que reciben los usuarios, y cualquiera que haya hecho uso, bien institucionalmente, bien colectivamente o bien individualmente, de los servicios del Justicia sabe que, en el organigrama del Justicia de Aragón, hay una persona (si quiere le puedo dar nombres y apellidos) que entiende de los temas de vivienda; si tienes un problema en el tema medioambiental, entiende de tema medioambiental, y, si la queja o reclamación o insatisfacción es del tema sanitario, está otra persona.

No es incongruente lo que nuestro programa electoral dice sobre defender al paciente con que esa defensa del paciente sea en el entorno —como dice nuestro programa electoral— de los defensores del pueblo de cada comunidad autónoma, que es como termina el párrafo que usted ha leído parcialmente.

En este sentido creemos que tiene una fácil solución, que ya la está realizando la actual institución del Justicia, con uno de sus asesores, adjunto al Justicia en temas sanitarios, o con un tratamiento similar, que a lo mejor no tiene ese título pero que todo el mundo que ha usado la institución del Justicia sabe que existe ya en el tema sanitario.

Aprovecho la ocasión para hacer votos por su pronta recuperación de la voz: no para gritar más sino para colaborar con la acción del gobierno.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señor Alonso.