Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

Interpelación núm. 37/08, relativa a la coordinación de los servicios de prevención y extinción de incendios en Aragón.

La señora diputada SUSÍN GABARRE: Presidente.

Señor consejero, la interpelación que hoy le plantea mi grupo tiene que ver con la coordinación en la prevención y extinción de incendios en Aragón.

Como sus señorías bien conocen, la Constitución española reconoce el derecho a la vida y a la integridad física como el primero y el más importante de los derechos fundamentales de la persona, estableciendo, además, la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica y social, como también lo establece el artículo 15 de nuestro Estatuto de Autonomía.

Estas obligaciones implican que todos los poderes públicos deben adoptar aquellas medidas necesarias orientadas a garantizar la efectividad de esos derechos fundamentales, removiendo los obstáculos que dificulten su plenitud.

La prevención y la extinción de incendios se incardina como una de las funciones principales, si no la esencial, de una actividad más amplia encomendada a los poderes públicos, la protección civil y la seguridad pública, cuya competencia no es exclusiva de ninguna de las administraciones públicas obligadas a su prestación, sino todo lo contrario, concurrente en todas ellas.

En Aragón nos encontramos, además, con un complejo entramado descentralizador de los servicios de prevención y extinción de incendios. El artículo 71.57 del Estatuto de Autonomía de Aragón establece como competencia exclusiva de la comunidad autónoma la protección civil, que incluye, en todo caso, la regulación de la planificación, la coordinación y la ejecución de medidas relativas a emergencias y seguridad civil ante incendios, catástrofes naturales, accidentes y otras situaciones de necesidad.

Por otro lado, la Ley reguladora de Bases del Régimen Local establece como competencia mínima obligatoria en los municipios con población superior a veinte mil habitantes la prestación de un servicio de prevención y extinción de incendios. Además, la citada ley establece también como opción propia y específica de la provincia asegurar la prestación integral y adecuada a la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal.

Y para completar este mapa competencial, las comarcas aragonesas ostentan entre sus competencias propias la protección civil y la prevención y extinción de incendios.

En el ámbito de la protección civil, íntimamente vinculada a la extinción de incendios y los salvamentos, cabe destacar que el Tribunal Constitucional ha declarado reiteradamente que la protección civil es una materia en la que se dan competencias concurrentes entre el Estado y las comunidades autónomas en relación con sus competencias, que estas hayan asumido en sus estatutos, de modo que, de acuerdo con lo previsto en la Ley 21/1985, sobre Protección Civil, corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón asegurar la instalación, la organización y el mantenimiento de los servicios de extinción de incendios y de salvamento, así como promover, organizar y mantener la formación del personal de los servicios relacionados con la protección civil, en especial en lo que se refiere al personal de los servicios de extinción de incendios y de salvamento.

Así, al amparo de las competencias derivadas de la Constitución española y del Estatuto de Autonomía de Aragón, se promulgó la Ley 30/2002, de protección civil y atención de emergencias de Aragón, previendo en sus disposiciones complementarias la creación de un servicio autonómico de prevención y extinción de incendios y salvamento, de implantación gradual, que garantice la asistencia en todo el territorio de la comunidad autónoma. Esta implantación gradual está ligada muy estrechamente al desarrollo del proceso de comarcalización de Aragón, indicando la citada Ley 30/2002 que cuando se haya completado el proceso de constitución de todas las comarcas, la Administración de la comunidad autónoma promoverá la constitución de una organización propia de bomberos profesionales dependiente de la comunidad autónoma.

Pues bien, a excepción de la Comarca de Zaragoza, el proceso de constitución del resto de comarcas ha concluido sin que hasta el momento se haya iniciado ya no una organización propia de bomberos profesionales específica de la comunidad autónoma, sino que tampoco se ha iniciado la promoción de esa organización mediante una regulación general aplicable a todos los servicios de prevención y extinción de incendios que operan en Aragón.

Nos encontramos, pues, frente a un sistema de prevención y extinción de incendios en el que concurren las competencias de cinco administraciones diferentes: el Estado, la comunidad autónoma, las provincias, las comarcas y los municipios de más de veinte mil habitantes. En Aragón, además, como el consejero y sus señorías bien conocen, en cada provincia se articula una organización diferente en el sistema de prevención y extinción de incendios.

En la provincia de Zaragoza, junto con el parque de bomberos de Zaragoza, la diputación provincial dispone de parques en Calatayud, La Almunia, Caspe, Ejea, Cariñena, Tarazona, Tauste y Daroca, además de los parques de voluntarios y el de Opel España.

En Teruel, los parques de bomberos pertenecen a la Diputación Provincial de Teruel, y están situados en Alcañiz, Teruel y Calamocha; en esta última localidad se da, además, una circunstancia curiosa, y es que este parque está compuesto por nueve bomberos, que se organizan en seis turnos, de lo que se deriva que en cada salida intervienen un bombero y medio, situación para la que supongo que el consejero tendrá alguna explicación. En esta provincia existen también las bases provinciales de bomberos voluntarios.

En Huesca, el panorama se complica: solamente existen parques profesionales en Huesca capital, perteneciente al Ayuntamiento de Huesca, y los parques comarcales del Bajo Cinca y La Litera. En el resto de comarcas, se han articulado sistemas de bomberos voluntarios o sistemas mixtos con un responsable coordinador de carácter profesional y bomberos voluntarios.

Queda claro, pues, cómo cada provincia ha desarrollado un sistema diferente, o no lo ha hecho, como ocurre en la provincia de Huesca, de manera que solo algunos municipios poseen servicios profesionales de prevención y extinción de incendios, quedando gran parte del territorio con una atención precaria y recayendo la responsabilidad de atender las emergencias principalmente en manos de agrupaciones de voluntarios que, pese a la entrega altruista y el esfuerzo que aportan, no deben ser el basamento principal de los grupos operativos en la gestión de las emergencias, prevención y extinción de incendios.

Bien, señor consejero, el Decreto 25/2007, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior, establece el servicio de seguridad y protección civil, al que, entre otras, le corresponden las funciones de organización, planificación y prestación de la protección civil correspondiente a la Comunidad Autónoma de Aragón y la coordinación de todas las actuaciones que en materia de protección civil ejecute la diputación provincial. Corresponde, pues, al servicio de seguridad y protección civil y, por lo tanto, a su consejería la coordinación en materia de prevención y extinción de incendios en la comunidad autónoma, teniendo en cuenta, como ya me he referido anteriormente, que la prevención y extinción de incendios se incardina como una de las funciones principales, si no la esencial, de una actividad más amplia encomendada a los poderes públicos: la protección civil y la seguridad pública. Por lo tanto, corresponde también al titular de esta consejería responder sobre las actuaciones de su departamento en materia de coordinación, de la prevención y extinción de incendios en Aragón.

Por otra parte, la Ley de protección civil y atención de emergencias de Aragón, en su disposición adicional cuarta, establece los criterios para promover la constitución de una organización propia de bomberos profesionales en la comunidad autónoma cuando se hubiera completado el proceso de constitución de las comarcas y en el plazo no superior a un año. A este grupo le gustaría conocer igualmente cuál es el estado actual de elaboración de esta futura ley.

En enero de este mismo año, a requerimiento de otro grupo parlamentario en esta misma cámara, el consejero ya manifestó que no había ninguna fecha prevista, ni para su elaboración ni para su posterior envío a las Cortes de Aragón, en relación con el proyecto de ley que aborde la regulación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamentos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Lamento recordarle, señor consejero, que es la propia ley la que imponía un plazo para la elaboración de esta ley. Además, la Ley 15/2003, de reforma de la 30/2002, manifestaba en su preámbulo el compromiso ineludible de regular la materia en la próxima legislatura del parlamento, legislatura que les recuerdo finalizó en el año 2007.

Gracias, señor presidente.

[Aplausos del G.P. Popular.]

La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): Gracias, señora diputada.

Para la respuesta del Gobierno, tiene la palabra el señor consejero de Política Territorial, Justicia e Interior, señor Silva.

El señor consejero de Política Territorial, Justicia e Interior (SILVA GAYOSO): Gracias, presidenta.

Señorías, buenos días.

Señora Susín, enhorabuena por su interpelación, que creo que es razonada, seria y documentada.

Permítame sencillamente hacerle alguna radiografía de cómo está la situación, respecto a la que usted si ha apuntado ya alguna cosa.

Efectivamente, hay distintos sistemas de organización en la comunidad autónoma en función de las provincias, como usted bien ha dicho. En realidad, son diferentes dependencias institucionales, diferentes dependencias institucionales, porque los servicios de prevención funcionan, aunque evidentemente todo es mejorable, y después hablaremos de ello, pero funcionan.

En la provincia de Huesca, como bien dice, la dependencia fundamentalmente es del Ayuntamiento de Huesca, que tiene un parque potente, y también las comarcas trabajaron con distintos criterios: ha habido comarcas que desarrollaron muy profundamente los sistemas de prevención y otras comarcas que no lo han hecho. Realmente, las comarcas, si se va usted a ver las competencias, realmente, tienen fundamentalmente competencias en materia de promoción, en materia de voluntariado, de formación, tampoco mucho más, pero sí ha habido comarcas que se han metido muy a fondo, y lo dice usted bien, en concreto, el Bajo Cinca y el Alto Gállego también, La Litera. Muchas veces porque existían servicios de prevención de incendios que dependían de los ayuntamientos cabecera y que en su comarca, en su momento, hubo negociaciones entre la comarca y el ayuntamiento respectivo y, al final, la comarca, pues, lo aceptó.

La provincia de Teruel sí que es muy clara en el sentido de que la dependencia es totalmente de la Diputación Provincial de Teruel, y en Zaragoza también es bastante clara en el sentido de que corresponde al Ayuntamiento de Zaragoza y a la Diputación Provincial de Zaragoza.

Claro, a esta situación, yo creo que conviene hacer algún tipo de matizaciones. Evidentemente, que existan distintas dependencias institucionales no quiere decir que el territorio no esté cubierto. Sigo reconociéndole que, evidentemente, esto se puede mejorar y, en algunos casos, mucho, pero el territorio está cubierto.

Las distintas dependencias también han venido de alguna forma condicionadas a lo mejor por la propia estructura territorial de cada una de las provincias; eso, quizá, es lo que ha hecho que Zaragoza, como ayuntamiento y con un municipio con mucha población, pues, tenga una estructura propia y no lo tenga, en su caso, por ejemplo, Teruel, aunque Teruel, como usted bien sabe, salvo que alguna estructura supramunicipal, como es el caso de la Diputación Provincial de Teruel cubra el servicio, sabe usted que los ayuntamientos de más de veinte mil habitantes, salvo dispensa expresa, pues, deben de tener un servicio de prevención de incendios.

Y conviene también aclarar una cuestión que es un dato que seguramente no se conoce mucho. Mire, aproximadamente el 40% de los casos de avisos de algún tipo de emergencia pasan por el 112; en ese sentido, ahí existe una coordinación previa, una coordinación previa en ese 40%, porque el 60% no pasa por ahí.

La situación, como digo, se desarrolló en las provincias de forma bien distinta. Así, tiene usted que en la provincia de Huesca, pues, hay un número de parques de bomberos bien diferente a la de Teruel o a la de Zaragoza. En Huesca, tenemos catorce parques de bomberos; en Teruel, tenemos tres; en Zaragoza provincia, salvo la ciudad, hay diez, y en Zaragoza ciudad, cuatro, aunque existen después dos parques con una actividad más ligera.

Y también existe un número de subparques, llevados fundamentalmente por agrupaciones de voluntarios, también diferente en cada provincia, es decir, desde diez en la provincia de Huesca hasta veintinueve en la provincia de Teruel. Y también con un número de profesionales adscritos bien distinto, y que eso da unas ratios también diferentes -después hablaremos de las ratios-. Tenemos ochenta y cuatro bomberos profesionales en la provincia de Huesca, cincuenta y nueve en la provincia de Teruel, y en la provincia de Zaragoza, cinto cuarenta y siete, y había cuatrocientos ocho en la ciudad de Zaragoza, aunque ahora va haber un incremento.

Y anotar también algo en relación con los bomberos voluntarios y con el voluntariado en general. Lo introduzco aquí, por lo menos de pasada, en el sentido de que cuando hablamos de recursos efectivos para las actuaciones ante un determinado evento, se tiene que hablar de los profesionales y también de los voluntarios.

Y permítame hacer una referencia a las ratios -lo digo para no ver la situación muy caótica-. Mire, es cierto que la Unión Europea recomienda que las ratios de bomberos por habitantes, lo optimo es de un bombero por cada mil habitantes, esa es la recomendación. Nosotros estamos lejos de esa ratio, estamos lejos, y aunque las cifras pueden variar un poco, pues, le puedo decir que, bueno, que en la provincia de Huesca debemos de estar por 0,38; que en la provincia de Zaragoza, exceptuando la ciudad, nos acercamos a un 0,70 aproximadamente, y que la ciudad de Zaragoza, que estábamos en este momento en 0,59, seguramente se pasa muy rápido a 0,86 con la nueva ampliación. Pero, en cualquier caso, cuando nos vamos a datos comparativos, nos llama la atención ver como, por ejemplo, Madrid, pues, tiene un 0,50 y como Barcelona tiene un 0,43. La verdad es que cuando cojo estos datos me da un poco de miedo -se lo reconozco-, en el sentido de que muchas veces los datos se extraen de algún tipo de documentación no oficial y siempre corre uno el riesgo de equivocarse, pero, bueno, yo creo que, esencialmente, por ahí van las cosas.

Claro, también, de alguna forma, los servicios de prevención que están organizados en las distintas provincias dependen un poco del número de eventos que se producen. Por eso, hablaba yo de la adaptación de los servicios al propio territorio.

Fíjese en una curiosidad, por ejemplo, en el tema de incendios urbanos, el número de incidentes que se producen varía por ejemplo de un 16% en la provincia de Huesca a un 35% en Zaragoza. Y, sin embargo, hablando de accidentes, entendiendo por accidentes, accidentes que se producen en carretera o en industrias o personas que quedan atrapadas, ese concepto global, pues, también varía, por ejemplo, del 11% en Zaragoza capital al 30% en la provincia de Huesca. También con esto le quiero significar que, a veces, existe una cierta adaptación al propio territorio.

De la normativa, decirle poco. Tenía una ficha preparada para hablarle un poco de la normativa, pero creo que tengo que obviarla, en el sentido de que yo creo que usted ha hecho un repaso bien claro de la normativa que tenemos. En ese sentido, ahí está, como bien decía, la Ley reguladora de bases de régimen local, está también el propio Estatuto de Autonomía, al que ha aludido, el texto refundido, y hacía una referencia a la Ley 30/2002, de protección civil y atención de emergencias, y supongo que, fundamentalmente, a la disposición adicional cuarta, que seguramente lo habrá dicho, pero que no recuerdo. Y es cierto que ahí se dice bien claro que la comunidad autónoma promoverá la constitución de un consorcio, en el que podrían integrarse, en el que podrían integrarse -matiz importante- las provincias, comarcas y municipios que cuenten con servicios de prevención. Y también se dice que la comunidad autónoma lo promoverá cuando se haya constituido el proceso de comarcalización, y es cierto que el proceso de comarcalización no está finalizado, no está finalizado, porque falta la delimitación comarcal de Zaragoza. Pero también le digo que no es óbice para que la comunidad autónoma pueda moverse en ese sentido, no tiene porque ser óbice.

Evidentemente, se habla de un sistema de organización, un sistema de organización que es el que llevaría la incorporación de los medios y recursos, previo acuerdo, evidentemente, con las distintas entidades locales, la dirección y supervisión sería de la comunidad autónoma, pero la gestión de parques sería llevado por la comarca, es decir, que no hablamos de un servicio aragonés de bomberos en sentido estricto, en donde los bomberos son funcionarios de la comunidad autónoma, sino que hablamos de otro tipo de organización.

¿Qué ha hecho hasta el momento la comunidad autónoma? ¿Qué ha hecho hasta el momento? Mire, a pesar de que, como bien decíamos ahora, el proceso de comarcalización no se ha completado, la verdad es que se iniciaron contactos con las diputaciones provinciales, mucho más con la Diputación Provincial de Huesca, con las comarcas y con ayuntamientos que tenían algún tipo de organización en prevención de riesgos. Esos contactos se iniciaron ya hace, creo recordar, aproximadamente unos tres años, y no prosperó hace tres años el proyecto, y no prosperó, pues, porque no había, la verdad, no había una gran receptividad por parte de las entidades locales, fundamentalmente de la provincia de Huesca.

En esta legislatura, esas conversaciones se retomaron y, además, se retomaron... Yo, la verdad es que iba a plantear la iniciativa, ¿eh?, pero no hubo lugar, porque recuerdo que el presidente actual de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias vino a plantearme la iniciativa, y aunque yo la tenía en la cabeza, él vino, y eso fue lo que generó que se planteasen nuevas conversaciones, dirigidas hacia dónde, pues, hacia un sistema de organización que entendemos que es prioritario en la provincia de Huesca. Entendemos que es prioritario porque en la provincia de Huesca tenemos una situación particular, como le decía, de Ayuntamiento de Huesca por un lado, Diputación Provincial de Huesca que colabora con algún tipo de ayudas y algunas comarcas que han desarrollado algunos servicios de prevención y otras que no los han desarrollado. Entendemos que en la provincia de Teruel y que en la provincia de Zaragoza, la situación es diferente, independientemente de que el sistema de organización pueda mejorarse, independientemente de que los servicios puedan ir a mejor.

Termino enseguida, presidenta, ya he visto el color rojo.

Además, se colaboró económicamente desde 2005 a 2008 por parte del Gobierno de Aragón con cifras, con cuantías importantes; independientemente de los convenios que nosotros hemos establecido ya desde hace tres o cuatro años con la Diputación Provincial de Teruel y el Ayuntamiento de Huesca, sí hemos colaborado con recursos importantes con las distintas administraciones locales, de forma que para que usted tenga una idea de la cuantía, independientemente, como digo, de esos dos convenios con la diputación provincial y con el Ayuntamiento de Huesca, hablamos de que en tres años hemos aportado la cantidad de 4,6 millones de euros aproximadamente.

Y hay un tema que veo que le preocupa, que es el posible anteproyecto de ley de regulación de los servicios aragoneses de prevención y extinción de incendios y salvamento. Usted hacía alusión -como las cosas son así-, hacía alusión a la modificación de la Ley 2002 que se llevó a cabo en 2003, ¿de acuerdo? Bien, a eso le puedo decir que nosotros estamos trabajando en el proyecto de esa ley.

La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): Señor consejero, le ruego que concluya.

El señor consejero de Política Territorial, Justicia e Interior (SILVA GAYOSO): Sí.

No me atrevo a darle un plazo, y no me atrevo por lo siguiente: sí lo he hecho, por ejemplo, con la Ley de coordinación de policías locales, y esta cámara aprobó una moción en su momento, independientemente de que yo sí tengo avanzado el anteproyecto de ley de bomberos, de…, perdonen, disculpen, el proyecto de ley de servicios aragoneses de prevención y extinción de incendios y salvamento -no quería decir de bomberos porque me parece trivializar un poco-, si independientemente, como le digo, de que la tengo avanzada, sí me gustaría poder negociarla antes de que pudiese llegar a esta cámara, incluso con los distintos colectivos, y por eso no me arriesgo yo a darle un plazo.

Muchas gracias.

Gracias, y perdone, presidenta.

La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): Gracias, señor consejero.

Su turno de réplica, señora diputada. Señora Susín, tiene la palabra.

La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, señora presidenta.

Bien, como este grupo suponía, poco o nada ha podido responder el señor consejero respecto a la interpelación planteada por este grupo parlamentario, puesto que el Gobierno de Aragón ha delegado la competencia en materia de coordinación, de prevención y extinción de incendios en las organizaciones comarcales, que en el caso, como ya he dicho antes y como ha reconocido usted, de la provincia de Huesca han asumido como han podido la articulación de los sistemas de bomberos voluntarios con la contratación de algún coordinador profesional.

En las provincias de Teruel y de Zaragoza -ya lo hemos dicho- se han mantenido los sistemas vigentes de carácter provincial en base al artículo 31.2 de la Ley de bases del régimen local, pero el propio vicepresidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, el señor Martín Llanas, ya manifestaba no hace mucho, que no compartía la idea del Gobierno de Aragón de dividir los servicios por comarcas, puesto que pensaba que era mejor centralizarlos en las instituciones mediante un sistema de convenios con el Gobierno de Aragón.

En definitiva, nos encontramos frente a un complejo panorama competencial y un todavía más complejo sistema o, mejor dicho, no sistema de prevención y extinción de incendios en nuestra comunidad autónoma. Supongo, señor consejero, que usted es tan consciente como yo de lo complejo que es asistir una emergencia en provincias con un territorio tan extenso como las nuestras, donde los parques profesionales pueden distar entre ellos más de cien kilómetros y reduciendo la asistencia del resto del territorio a parques comarcales de bomberos voluntarios. Por eso, no me sirven las ratios de Madrid o de Barcelona de bombero por población, puesto que nuestro problema no es de población, sino de territorio.

Con agravantes, además, como el caso del parque de bomberos de Huesca -ya lo ha dicho usted-, un parque de carácter municipal que actúa como parque provincial y está financiado, única y exclusivamente, por los ciudadanos de Huesca capital, puesto que, como su señoría bien conoce, la Ley reguladora de las haciendas locales establece que los tributos o, en este caso, la tasa por la prestación del servicio de incendios, respetará el principio de no someter a gravamen actividades desarrolladas fuera del territorio municipal, y esos convenios, de los que usted me hablaba, se limitan a seis mil euros anuales, que poco o nada cubren los gastos del parque municipal, en este caso de Huesca.

Han sido numerosas, además, las ocasiones en las que el Ayuntamiento de Huesca ya se ha dirigido a la diputación provincial para que esta asumiera el parque de bomberos de Huesca convirtiéndolo en un parque provincial, que sí se pudiera financiar a través de una tasa provincial. Esta situación tiene por supuesto su reflejo a nivel asistencial. Le voy a poner un ejemplo: un accidente de tráfico en la autovía entre Huesca y Zaragoza necesita la asistencia de un equipo de excarcelación, el 112 avisa a la base más cercana, que en este caso está formada por un coordinador de carácter profesional y bomberos voluntarios, que, por supuesto, no están a disposición completa y que, por lo tanto, deben acudir a la llamada del coordinador, tardando el equipo en llegar al lugar del siniestro un tiempo mínimo, teniendo en cuenta las circunstancias, pero considerable ante una situación de emergencia. Cuando el equipo llega al lugar del siniestro, aunque se cuenta con el material necesario para asistir al mismo, las personas que han acudido a prestar auxilio carecen de la formación necesaria para asistir la emergencia. En consecuencia, se opta por solicitar la asistencia de los bomberos de Huesca, que suponiendo que en ese momento dispongan de un retén y no estén todos en una salida tardan un tiempo, también mínimo, pero considerable. ¿Cuánto tiempo se ha perdido en la asistencia? ¿En cuántos casos esta descoordinación y falta de medios ha puesto en peligro la vida de personas o la seguridad de instalaciones?

Podemos recordar también el siniestro ocurrido en Lalueza no hace muchas fechas, y usted lo sabe bien, porque supongo que se lo contaría el señor Conte la semana pasada en su visita a los Monegros, en el que fueron los propios vecinos los que tuvieron que apagarse el incendio por la carencia de un parque de bomberos, en este caso comarcal, que asistiera al siniestro. Supongo que también le contaría el señor Conte que todavía no ha sido capaz de asumir la competencia que le fue transferida a su comarca, aunque sí recibe el dinero correspondiente a la misma, y que seis años después debe seguir utilizando en la elaboración de un estudio para asumir dicha competencia, a pesar del convenio que firmó con el anterior alcalde de Sariñena para transferir el parque municipal de bomberos.

En el caso de la provincia de Teruel, a pesar de la articulación de un sistema provincial, la situación asistencial no es mucho mejor que en el resto de la comunidad autónoma. Sólo como ejemplo, aunque supongo que también estará al corriente el señor consejero, asistir a un siniestro en el Maestrazgo desde el parque más cercano supone una hora y cincuenta minutos como mínimo de camino, o cincuenta minutos si el siniestro, por ejemplo, se produce en Montalbán.

Un día después de registrar esta interpelación, un ciudadano accidentado en Alcorisa tuvo que estar esperando cuarenta minutos en el interior de su vehículo sin recibir asistencia, porque el retén de bomberos tuvo que asistir un siniestro, primero, en Valderrobres y, posteriormente, en La Puebla de Híjar, hasta que pudo auxiliar al ciudadano accidentado. La situación no es mejor en la provincia de Zaragoza, donde se mantienen parques con uno o dos bomberos, que cierran por la noche y referencian el servicio a otras partes.

Me reitero, en cuántos casos esta descoordinación y falta de medios ha puesto en peligro la vida de personas o la seguridad de instalaciones. Es tal el caos organizativo en nuestra comunidad autónoma, que su propio departamento ha sido incapaz de conocer cuántos bomberos profesionales y cuántos voluntarios trabajan en Aragón en los diversos sistemas de prevención y extinción de incendios.

En definitiva, el Gobierno de Aragón debe asumir ya, de forma inmediata, la ordenación de los servicios de emergencia de un modo integrado, coordinado y planificado desde la Administración autonómica. Es necesaria una inmediata reorganización y redefinición de los parques de bomberos existentes actualmente en Aragón y reforzar el carácter de servicio público de los distintos servicios dedicados a la protección civil y a la gestión de emergencias en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Es necesario afrontar también de forma definitiva la profesionalización de la gestión de emergencias, puesto que no podemos descansar el sistema en un modelo de voluntariado, pese a la entrega altruista y el esfuerzo que aportan estos voluntarios. El modelo basado en la labor aportada por el voluntariado aporta escasa fiabilidad, obliga a cambios de personal constantes, lo que repercute en la propia seguridad laboral, en una actividad peligrosa e impide una formación y reciclaje permanentes, en detrimento de la tecnificación, profesionalidad y eficacia que debe primar en la organización de este tipo de servicios.

Además, y para finalizar, la Ley de protección civil ya establecía los criterios y plazos para la constitución de una organización propia de bomberos profesionales en la comunidad autónoma. Y el propio Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior presentó a las organizaciones profesionales de bomberos, en el mes de septiembre de 2007, un borrador del anteproyecto de ley de regulación de los servicios aragoneses de prevención y extinción de incendios y salvamentos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Este borrador, sin crear una organización propia de bomberos profesionales, sí establecía las normas de obligado cumplimiento para todos los cuerpos de bomberos existentes, con el objetivo de ir homogeneizando y adoptando una serie de medidas que sirvan de base y germen a esa futura organización de bomberos profesionales dependientes del Gobierno Aragón.

Hasta ahora el departamento no había vuelto a mover ficha en este sentido, ni había lanzado la elaboración de la ley, pero me alegra oír decir al consejero que, sin plazo, va seguir en la tramitación de esta ley. De todas formas, le anunció ya la presentación de una moción por parte de este grupo parlamentario en este sentido, puesto que la seguridad de los ciudadanos en el territorio no puede quedar en papel mojado.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): Gracias, señora diputada.

Para concluir este turno de intervenciones, y en su turno de dúplica, tiene la palabra el señor consejero.

El señor consejero de Política Territorial, Justicia e Interior (SILVA GAYOSO): Gracias, presidenta.

Señorías, muchas gracias.

Señora Susín, ahora ya no estoy tan de acuerdo con usted como antes.

Decirle lo siguiente: yo creo que, evidentemente, este es un tema que, bueno, es muy propio para hacer alguna demagogia, porque es fácil hacer demagogia con ello, pero también para crear un poco de confusión, y yo creo que en este tema, a veces, se confunden las cosas y creo que es bueno aclararlas.

Mire, aquí hay temas, hay tres temas que yo creo que son bien distintos: hay uno que es que, de vez en cuando, surge alguna reivindicación de carácter laboral, relacionada con los trabajadores del sector, con los bomberos, y con las instituciones de las que dependen. Y son exclusivamente reivindicaciones de carácter laboral, en el sentido de que si una categoría tiene que ser una u otra, si se necesitan más o se necesitan menos, si los turnos van mejor o van peor. Y ese es un tema relacionado con cada institución.

Hay otro tema diferente, que son las situaciones especificas que se pueden dar en cada territorio, y eso ya lo hemos comentado.

Y hay un tercer tema, que son las manifestaciones que a veces existen de la necesidad de una ley que coordine y regule los servicios aragoneses de prevención y extinción de incendios y salvamentos.

Y son, desde mi punto de vista, tres temas distintos, pero muy fáciles de mezclar, incluso a veces, cuando leemos o lo escuchamos en los medios de comunicación, a veces, estas tres cuestiones se mezclan y, en consecuencia, yo creo que producen una gran confusión. Y no me gustaría, porque creo que ahora, en su última intervención, también se sigue creando un poco de confusión. Por eso, entiendo que hay que matizar.

También me gustaría aclarar otro tema. Yo creo que se está dando la sensación de una situación irreal, de una situación caótica, y eso no es verdad, no es verdad, y eso lo digo defendiendo incluso a las instituciones que en este momento son responsables directas de los servicios de prevención de incendios. Da la sensación de que poniendo tres o cuatro ejemplos que han sucedido -no ha contado ninguna cosa rara, ha sucedido-, da la sensación de que hay un caos en la comunidad autónoma en el tema de prevención de incendios, y yo creo que eso tampoco es así, tampoco es así.

Es cierto -y antes se lo reconocía yo-, es cierto que, evidentemente, es un aspecto en el que tenemos que mejorar, y si los tiempos de respuesta en alguna parte del territorio son de una hora, que lo son, que lo son -las isócronas dicen eso-, que, evidentemente, esos tiempos tenemos que intentar reducirlos. En el territorio, tenemos tiempos de reacción inmediatos, de quince minutos, de treinta minutos y, evidentemente, también los tenemos de una hora. Pero que no dé la sensación de que la situación es caótica, porque, desde mi punto de vista, no lo es.

¿Qué ha hecho la comunidad autónoma? Yo, evidentemente, cuando tengo alguna reunión con alguna Administración local, pues, bueno, tampoco lo aireo demasiado, tampoco lo aireo demasiado. Nosotros, hace tiempo... No, no lo aireo demasiado. Mire usted, aquí lo voy a comentar en las Cortes: yo llevo aproximadamente siete u ocho meses reuniéndome con representantes de las administraciones locales de la provincia de Huesca, y después de varias reuniones, ha salido la noticia de que nos estábamos reuniendo. ¿Por qué? Pues, porque alguna persona lo ha comentado, pero no ha salido del propio departamento. Es decir, que, en ese sentido, yo no doy muchas alegrías a esta reunión.

Se sigue apoyando y ayudando a las administraciones locales y le sigo diciendo que creo que es necesaria una ley de coordinación. Yo, aquí, tengo el compromiso de traer esa ley de coordinación a las Cortes, y me da miedo darle a usted una fecha porque no quiero incumplir con algo que yo diga aquí, por eso me da miedo, pero que estoy forzando la máquina para que sea cuanto antes también es cierto.

¿Y hemos tenido alguna reunión con algunos representantes del colectivo? Sí, hemos tenido reuniones ya en 2007, como usted ha dicho, hemos tenido alguna reunión ¿Y existe algún borrador o existía algún borrador de un anteproyecto de ley? Sí existía, pero desde hace ya mucho tiempo, no se crea que es un borrador que se ha elaborado desde que yo llego al departamento; el primer borrado, que a lo mejor es al que usted alude, estaba elaborado ya con anterioridad, bien es cierto que ese borrador yo lo trabajé y, ahora, el borrador ya no tiene nada que ver con el que había.

Y yo creo que, esencialmente, es lo que le puedo decir: constancia del borrador y decirle que creo que no, que el departamento en este sentido, con mejor camino o peor camino, sí ha movido ficha y sigue moviendo ficha. Porque también le digo una cosa: es uno de los temas que más me preocupa del departamento. Yo no le oculto mi preocupación por mejorar en este aspecto pero, por favor, me gustaría dejar bien claro que la situación no es caótica y que creo que nos conviene no crear confusión a veces sobre noticias que van apareciendo, creo que no es bueno crear confusión, y tener el respeto adecuado con las instituciones que tienen estos servicios de prevención.

Muchas gracias.

Gracias, presidenta.

La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): Gracias, señor consejero.