Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón
Varios
Homenaje al Justicia de Aragón D. Juan de Lanuza, con motivo del IV centenario de su ejecución.
Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón n°: 014 de Plenos (III Legislatura)
Intervinienen: Burriel Borque, Adolfo - Contin Pellicer, Sebastian - Bolea Foradada, Juan Antonio - Sancho Antonio, Begoña
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, comienza la Sesión Parlamentaria extraordinaria de estas Cortes de Aragón en homenaje al Justicia de Aragón don Juan de Lanuza V, con motivo del cuarto centenario de su ejecución. (A las doce horas y quince minutos.)
Los Portavoces de los distintos Grupos Parlamentarios tienen la palabra para que, durante un tiempo limitado y razonable, expongan sus puntos de vista, sus pareceres, sus ideas y sus valoraciones de este acontecer histórico del que mañana se cumple el cuarto centenario.
El Portavoz del Grupo Parlamentario Convergencia Alternativa de Aragón-Izquierda Unida tiene la palabra.
El señor DIPUTADO (BURRIEL BORQUE): Señor Presidente. Señoras Diputadas, señores Diputados.
Conmemoramos hoy, por lo sucedido, una fecha trágica. Por su significado, sin embargo, estamos recordando la defensa por el pueblo de Aragón de sus fueros, de sus derechos, la defensa de su libertad, la defensa de su propia identidad. Lo recordamos alrededor de una institución que, con los saltos de los tiempos y la diferencia de las situaciones, era simbolizada en 1591 por don Juan de Lanuza, El Mozo, y hoy se expresa a través de la renovada figura del Justicia de Aragón.
En último extremo -posiblemente, lo justo sería decir en primero y en último extremo, en único extremo-, hoy nos reúne nuestra común conciencia de pueblo y el reconocimiento de que la libertad, de que la defensa de la libertad, es el derecho central sin el que ningún otro derecho existe y por el que encima del cual ningún derecho puede situarse.
Pero nos debería reunir también, al menos así nosotros lo entendemos, el reconocimiento de que los derechos, como la historia misma, tienen su propio lugar en el tiempo, tienen su propio lugar en cada momento, y tienen en él, en ese tiempo, su propia expresión, y sólo su desarrollo confirma la existencia de esos derechos y les da auténtica naturaleza a los derechos de las personas, los derechos de las gentes, los derechos de los pueblos.
Hace escasamente unas fechas estábamos conmemorando el decimotercer aniversario de la Constitución española, una Constitución que nos devolvió, que nos aseguró definitivamente los derechos que, durante tanto tiempo, nos habían estado vedados. Pero a nadie se le escapa, y es justo que en una fecha como ésta lo recordemos, que no son tiempos fáciles para colectivos como el colectivo de gitanos, que ve crecer las voces que claman por su marginación. No son, ciertamente, tiempos cómodos para muchos y para muchas, que sólo tienen, porque así se les dejó en la exclusión, un mal refugio particular. No son tiempos de gran esperanza para esos mil emigrantes que, en tierras aragonesas, buscan un lugar donde ser menos despreciados. No son momentos de euforia cuando, incluso más allá de esta tierra nuestra, no faltan los que apuestan por la intransigencia, los que apuestan por la desigualdad, por la xenofobia y por la separación; en definitiva, los que están apostando contra los derechos, los que están apostando contra la libertad. Sólo la defensa de los derechos, sólo la defensa de los derechos es algo superior a su propio reconocimiento, y, ciertamente, sólo desde la solidaridad pueden defenderse realmente los derechos.
Juan de Lanuza V ocupó, durante apenas dos meses, el puesto de Justicia de Aragón. Un pequeño espacio de tiempo, pero un tiempo que le acreditó para demostrar una conducta, un tiempo suficiente para dejar un testimonio exacto de la defensa de los derechos de los aragoneses. De hecho, después de su muerte, y tras las Cortes de Tarazona de 1592, nunca ya las cosas fueron en esta tierra como habían sido hasta entonces.
La defensa de los derechos, señoras y señores Diputados, acredita a un pueblo. La defensa de los derechos fue la que acreditó la conducta y justificó una institución. Una institución que, como decía hace un momento, volvemos hoy a tener, la del Justicia de Aragón, bien es verdad que recuperada en su nombre y en su significado, pero renovada y hecha a la realidad de hoy, a las exigencias de este tiempo. Una institución que sigue teniendo -dicho sea de paso, pero con toda su importancia- una ausencia objetivamente inexplicable, y cuya responsabilidad, para mayor incomprensión, corresponde a estas Cortes: completarla con el Lugarteniente del Justicia.
Jornada también, sin duda alguna, para el recuerdo de los derechos colectivos, de los derechos nuestros como pueblo, de los derechos como aragoneses. Y poco favor haríamos a la conmemoración que nos reúne si hoy, más allá y por encima de las solemnidades, no fuésemos capaces de señalar que el ejercicio de nuestra condición de pueblo, que el ejercicio de nuestra libertad y de nuestra identidad pasa, sin cuestión posible, por la reforma del actual Estatuto de Autonomía. No hay obstáculos formales para que ello sea posible; no hay tampoco -déjenme que lo diga, aunque a buen seguro se sabe- razones que sean seriamente las razones de Aragón. Quiero pensar -no me defraude nadie- que no hay objeciones que respondan más a intereses de algunos que a intereses de los más. Hemos agotado, señoras y señores, nuestra posibilidad de autogobierno y no tenemos derecho, nadie tiene derecho a que lo que no es ya una aspiración, sino una condición indispensable para dar pasos adelante, siga no se sabe bien en qué lugar de una remota sala de espera.
Dígase como se diga, en la España de las autonomías, la que hay hoy en esta España nuestra, la plena capacidad para lograr que Aragón se identifique para que manifieste en lo concreto, que es como las cosas se manifiestan, en su identidad particular, está en un Estatuto pleno, que incorpore en lo definitorio, que incorpore en lo material y que incorpore en lo institucional la soberanía que nuestra propia Constitución nos reconoce.
No hay nadie, a voces o en privado, no hay nadie que no sepa que la situación es insostenible. Aspectos centrales, claves para nuestro futuro, escapan hoy a nuestra decisión, en momentos en los que a todos, con plena conciencia y plena razón, se nos llena la boca demandando medidas para ordenar el territorio, medidas para regular las aguas, medidas para regular y articular nuestras comarcas, para definir, en definitiva, nuestro desarrollo, no debería ser posible que la carencia de instrumentos y de competencias necesarias fuese una traba añadida a los problemas que en este momento tenemos ni, claro está, debería ser tampoco una justificación permanente.
Nosotros, Señorías, somos depositarios de una buena parte de las esperanzas de los aragoneses y de las aragonesas. Este es nuestro orgullo, pero ésa es también, sin duda alguna, nuestra responsabilidad. Los medios para poder hacerlo están, están todos los medios; sólo la voluntad es el requisito con el que deben completarse esos medios. Nunca fue más cierto aquello de "querer es poder"", y nunca será más evidente aquello otro que decía Menandro: "Quien tiene la voluntad tiene la fuerza"".
"¿Por qué la voz del pueblo tiene un crepúsculo poniente? / ¿Por qué no se levanta?"" -lo digo con palabras de un poeta de esta tierra, hoy más cerca de todos nosotros; de un poeta que ocupa un cargo nuevo que tiene sus antecedentes en Juan de Lanuza V-. Nosotros somos la voz del pueblo, lo somos por decisión del propio pueblo: "¿Por qué la voz del pueblo tiene un crepúsculo poniente? / ¿Por qué no se levanta?"".
Señoras y señores Diputados, el 20 de diciembre de 1591 comenzó, posiblemente, un camino de retroceso. Posiblemente, sin la crueldad del poder absoluto, nuestra historia no hubiese sido la misma. Los fueros aragoneses, como decía antes, tras las Cortes de Tarazona y hasta la abolición de la institución del Justicia por Felipe V, perdieron buena parte de su vigor.
Yo estoy convencido, sinceramente, sin ningún alarde retórico, que Aragón conserva su sentimiento colectivo nacionalista mucho más arraigado de lo que, en ocasiones, todos nosotros nos creemos. La gran manifestación de 1978, las muestras culturales propias, desde Andalán a la Asamblea de Cultura, a la presencia de cantautores, a la existencia de nuestras lenguas, son, yo creo, muestras recientes de una historia propia, de una historia de todos que entre todos hay que levantar. "Hay que levantar"", ustedes lo recuerdan. A ver si somos capaces, defendiendo los derechos colectivos e individuales, que este "hay que levantar"" no sea una eterna y permanente canción.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señoras y señores Diputados. Muchas gracias a todos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Burriel.
El representante del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra.
El señor DIPUTADO (CONTIN PELLICER): Señor Presidente, Señorías. Excelentísimos e ilustrísimos señores. Señoras y señores.
Conmemoran hoy estas Cortes el cuatrocientos aniversario de la ejecución del Justicia Juan V de Lanuza. Esta conmemoración se presta a muy diversas interpretaciones, según el gusto de quien las haga. De añoranza histórica, por supuesto, para los que más, pero también de adivinación hacia el futuro de lo que el pasado, tan distinto al actual presente nuestro, nos marcó.
Rememorar la historia de nuestra más señera institución puede parecer obvio. Se ha hecho muchas veces y lo van a repetir hasta la saciedad Sus Señorías, pero la existencia de sesenta y seis Justicias desde 1115 -pasando, por supuesto, por los nefastos 1591 y 1592- hasta Antonio Gavín, en 1707, bien merece la pena contemplarse desde estas Cortes aragonesas.
Destaquemos la originalidad de la institución, señera siglos antes y más completa que en cualquier otro país europeo contemporáneo. Cuando en 1435 el Justicia Ximénez Cerdán afirma que antes el Justicia que el Rey, aun apoyado en los dudosos, desde el punto de vista histórico, Fueros de Sobrarbe, no hacía más que sintetizar un sentimiento añejo del pueblo aragonés con más de trescientos años de tradición, que se reflejaba en nuestro precioso aforismo: "antes fueron leyes que reyes"". Nos faltan completar la leyes, pero, en fin, "antes fueron leyes que reyes"". Y es que, en el Aragón originario, hubo fueros de esta forma, sea o no cierta la tradición de su gran Reino. Era ésa la opinión en el Renacimiento, en el Barroco y en siglos posteriores, y recordemos cuando en 1500 se afirmaba que el Gobierno de Aragón estaba en manos, en gran parte, de los regnícolas.
Más tarde es ni más ni menos que Voltaire el que en su Ensayo sobre las costumbres señala la vieja fórmula de los aragoneses en la investidura de sus reyes, el que "nos que valemos tanto como vos"", con ese remache -"si non, non""- que impresiona todavía. Actitud que encarna, desde muy pronto, en el papel que el Justicia tiene, su primer magistrado y conspicuo representante de la esencia del Reino, que ya en 1283 juzgaba con arreglo a fuero.
De Voltaire, evolucionando un poquito más a mentalidades más conservadoras, podemos pasar a Menéndez Pelayo, que decía que nuestros anales no son los de una comarca oscura, sino los de una grande y poderosa monarquía. Menéndez Pelayo habla de que, entre todos los pueblos, al aragonés le correspondió uno de los más envidiables: "la afirmación enérgica y categórica del derecho en la esfera de la ley o del heroísmo; dictando Aragón sabias leyes o muriendo por ellas"". Y termina: "Donde haya pueblos oprimidos, allí se invocará eternamente el nombre de Zaragoza"".
¿Qué decir de la originalidad, de la precocidad de la institución, que otros pueblos civilizados fundaron siglos más tarde? Citando a nuestro Presidente, decía ya Benedicto XIV no tener esta institución parangón en todo el mundo. Sabemos que la institución evoluciona, desde ser solamente el Justicia un juez medio entre el Rey y los nobles, hasta el año 1283, en que tiene las competencias de juez de los pleitos dirimidos en las Cortes y principal guardián del ordenamiento foral. Ya en 1348, adquiere la atribución de intérprete de los fueros, es garante de las libertades y árbitro foral, se erige como juez medio entre el Rey y el resto del Reino.
La figura del Justicia, y en este momento cito a nuestro anterior Presidente, Hipólito Gómez de las Roces, recorrió un largo camino hasta alcanzar la condición de juez de contrafuero, encargado de amparar las libertades del Reino, de proteger a cualquier ciudadano que sintiera que las suyas estaban amenazadas o, incluso, violentadas.
Hoy, conmemoramos en estas Cortes la decapitación del último de los que Moneva denominaba Justicias mayores, puesto que a partir de Juan V el Justicia pasa a ser de nombramiento real.
Hemos restablecido los aragoneses la institución con el Estatuto, en el que se contemplan los cuatro pilares básicos de nuestras instituciones de Aragón: Presidente de la Comunidad, Cortes de Aragón, Diputación General y Justicia de Aragón.
No se trata de una recreación histórica la del Justicia, sino plenamente enmarcada en la actualidad. Sáenz Lorenzo, 1987, hablaba de que estaba enmarcada en dos textos fundamentales: la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Hoy, el Justicia es un alto comisionado de las Cortes, con autonomía en su actuación, pero dependiente siempre del pueblo, a través de nosotros, de las Cortes. Aunque me parezca un poco rebuscado el término de alto comisionado del Parlamento, eso es hoy nuestro Justicia, cuyo cargo culmina un proceso de institucionalización, a pesar de las discriminaciones estatutarias, tema en el que todos nosotros estamos de acuerdo, que se inicia en el artículo primero de nuestro Estatuto, cuando dice que "Aragón, como expresión de su identidad histórica"", etcétera.
Ahí se basan los tres cometidos actuales del Justicia: ordenamiento jurídico aragonés, primero; segundo, defensa del Estatuto, aunque todavía sea un Estatuto de segunda; tercero, los derechos individuales y colectivos de los aragoneses.
Como Diputado del Partido Popular y como Presidente de la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos, pienso que las Cortes, que eligen al Justicia y a las que él responde de su gestión, deben tener una comunicación permanente entre ellos, mutua. En esta nueva Legislatura lo queremos hacer, lo hemos iniciado y la voluntad existe en ambas partes, Cortes, Comisión y, por supuesto, el Justicia de Aragón.
Ha sido muy difícil, y lo seguirá siendo en el futuro, la recreación de una institución histórica peculiar, de manera que sea útil, apartidista y solvente. Y vuelvo a repetir palabras de don Hipólito Gómez de las Roces: peculiar de manera que ni puede ser una pieza de museo, ni puede estar en competición permanente con la Administración, con los jueces o con los legisladores, y nos habla la historia acerca de que siempre que esto se ha hecho, se ha fracasado.
Hoy, el Justicia surge y proviene directamente del pueblo, lo nombran las Cortes y es un mandatario de éstas, sometido, incluso, a rendición de cuentas. Decía Zurita que está obligado a resistir cualquier fuerza, y en ello puede estar el secreto del porvenir de una institución que en las Cortes y en el Justicia radica su futuro.
Como se recordó por nuestro partido en el día del nombramiento del primer Justicia autonómico, no sólo le corresponde la defensa del Estatuto, sino que, aun sin competencias para su reforma, el Justicia debe incitarla. En el tiempo que llegó, todavía no nos ha pasado, y, entonces, la reforma debe pedirla, moverla, y ése es su reto histórico, no sólo la defensa del Estatuto, sino su reforma. En ello estamos todos los que en estas Cortes representamos al pueblo aragonés, y el Justicia es el comisionado de estas Cortes, de esta Cámara, en definitiva, legislativa.
Por fin, quiero dedicar al primer Justicia contemporáneo, cuya elección recordaremos que fue por unanimidad, y varios de los que hablaron en Tarazona se refirieron a sus virtudes poéticas, que la poesía del Justicia, en estos momentos, es impulsar que el pueblo conozca la institución, aún desconocida por mucha parte de la opinión pública, en lo que también tienen responsabilidad las Cortes y el Gobierno. Poesía y bien hacer es que esté fuera de luchas políticas y partidistas, y, como decía López de Haro, que su papel, que ya lo fue antes, sea de defensor de los derechos individuales y colectivos de todos los aragoneses.
Creo, y cree mi Grupo del Partido Popular, que la institución del Justicia es la más valiosa esencia que nos legaron los siglos y nuestros abuelos, y eso lo afirmo desde el más puro españolismo, que siempre también proclamaremos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Contín.
El representante del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés tiene la palabra. Señor Bolea, tiene la palabra.
El señor DIPUTADO (BOLEA FORADADA): Señor Presidente. Señorías.
Reza el artículo noveno de nuestra Carta Magna que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, y constata en el décimo que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.
El principio de legalidad y el respeto de los derechos y deberes de la persona son, así, pilares básicos de la armónica y solidaria convivencia del Estado social y democrático, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, y se estructura en base al respeto y garantía de la autonomía de los pueblos que la integran.
Este es el legado que dejamos a nuestros hijos y por el que, como demócratas y aragoneses, creo que merece la pena seguir luchando, no sólo para conservarlo, sino para que bajo ningún pretexto pueda ser desvirtuado.
Desde esta perspectiva, quienes creemos en la España democrática y autonómica, por ventura integrada en la comunidad de los Estados de una Europa unida, sentimos el sencillo honor de haber podido aportar un grano de arena a esta realidad esperanzadora, patrimonio de todos, patrimonio común.
En el día de hoy, las Cortes de Aragón recordamos un momento excepcional de nuestra historia, una historia que, en su conjunto, conforma nuestra peculiar personalidad, y que por su influyente y dinámica trayectoria avala el irrenunciable orgullo de sentirnos aragoneses. Ojalá sepamos transmitir a nuestros hijos la inmensa verdad de que la palabra Aragón compendia uno de los más hermosos capítulos de la historia universal.
Mañana se cumple el cuatrocientos aniversario de la decapitación del Justicia Mayor don Juan de Lanuza, una de las más tristes páginas de esa historia nuestra, que, instintivamente, nos obliga a reflexionar sobre su trascendencia pretérita y, sobre todo, y para no anclarnos en el pasado, a extraer conclusiones de futuro.
Una de las creaciones más originales acontecidas en nuestro milenario Reino fue la institución del Justicia, que en el cénit de su oscilante trayectoria representó la garantía del respeto a los Fueros de Aragón no sólo por la generalidad de los ciudadanos, sino, incluso, por el propio monarca, que, como condición ineludible, debía jurarlos para poder iniciar el reinado.
En el ejercicio de su autoridad, el Justicia corregía el contrafuero, siendo, por tanto, el mejor baluarte frente a agravios privados o abusos públicos, incluso reales, mediante el privilegio de la manifestación, que le permitía reclamar personas, bienes, documentos y procesos, cuando se le invocaba un contrafuero. La figura del Justicia es reconocida universalmente por historiadores y tratadistas como uno de los primeros y más señeros antecedentes de las figuras que, con el devenir de los tiempos, han cristalizado en la generalidad de las constituciones democráticas en garantía del principio de legalidad y defensa de los derechos de la persona.
El rey Felipe II violó el Fuero de Aragón cuando, por orden suya, Antonio Pérez fue sustraído por la fuerza de la jurisdicción natural del Justicia, Juan de Lanuza, de la cárcel de manifestación en que se encontraba y trasladado a la de la Aljafería, dependiente del Tribunal de la Inquisición, y lo volvió a violar cuando sus tropas invadieron el Reino de Aragón. El pueblo aragonés se amotinó contra este desafuero y juntó sus menguadas fuerzas frente a tal ignominiosa actitud. La Diputación del Reino consultó el parecer de los abogados aragoneses, que confirmaron el contrafuero real, y los diputados pidieron ayuda a los de Cataluña para resistir al ejército del Rey. Y Juan de Lanuza comunicó a Felipe II su decisión de convocar a la gente del Reino para echar de él a su ejército, que venía a esta ciudad a castigarla, contrariando los fueros y leyes que tanto Su Majestad como sus predecesores tenían jurados. Todo fue inútil: el 21 de diciembre de 1591, por expresa orden de Felipe II, sin formación de previa causa, el Justicia don Juan de Lanuza era decapitado, asesinado, ante la indignación de los aragoneses. Con la muerte de Juan de Lanuza no desaparece la figura del Justicia de Aragón, pero a partir de las Cortes de Tarazona, al siguiente año, pierde su singular esencia en beneficio del despotismo real.
El 29 de junio de 1707 completa otra fecha fatídica para el ser de Aragón. Al morir sin descendencia Carlos II, Aragón, al igual que Cataluña y Valencia, apoyó la causa del Archiduque Carlos, de la Casa de Austria. En la llamada Guerra de la Sucesión, tras el triunfo de las armas borbónicas, Felipe V, al modo francés, instaura la monarquía absoluta en España y publica el Real Decreto conocido con el nombre de Nueva Planta, que epitafiaba el derecho y las instituciones aragonesas. Merece la pena recordar alguno de sus penosos párrafos. Dice literalmente: "Considerando haber perdido los Reinos de Aragón y de Valencia, y todos sus habitadores, por el rebelión que cometieron, faltando enteramente al juramento de fidelidad que me hicieron como a su legítimo Rey y señor, todos los fueros, privilegios, exenciones y libertades que gozaban, y tocándome el dominio absoluto de los referidos Reinos de Aragón y de Valencia, pues, a la circunstancia de ser comprendidos en los demás que tan legítimamente poseo en esta monarquía, se añade ahora la del justo derecho de la conquista que de ellos han hecho últimamente mis armas con motivo de su rebelión, y considerando también que uno de los principales atributos de la soberanía es la imposición y derogación de leyes, las cuales con la vanidad de los tiempos y mudanzas de costumbres podría yo alterar, aun sin los graves y fundados motivos y circunstancias que hoy concurren para ello en lo tocante a los de Aragón y Valencia, he juzgado por conveniente, así por esto como por mi deseo de reducir todos mis Reinos de España a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres y tribunales, gobernándose igualmente todos por las leyes de Castilla, tan loables y plausibles en todo el universo, abolir y derogar enteramente, como desde luego doy por abolidos y derogados, todos los referidos fueros, privilegios, prácticas y costumbres hasta aquí observados en los referidos Reinos, siendo mi voluntad que éstos se reduzcan a las leyes de Castilla y al uso, práctica y forma de gobierno que se tiene y ha tenido en ella y en sus tribunales, sin diferencia alguna"".
Posteriormente, el Decreto de 3 de abril de 1711 consolida en Aragón el centralismo de las normas penales, administrativas, procesales y judiciales, aun cuando restituye la vigencia de los fueros tan solo en cuanto regulasen relaciones entre particulares. El Derecho público quedó definitivamente agostado, las peculiares instituciones aragonesas, entre ellas las Cortes y el Justicia, pasaron al capítulo de los recuerdos. El despotismo real, frente a todo y frente a todos, quedaba consumado.
El acontecimiento histórico que rememoramos parece momento ideal para reflexionar acerca de si los aragoneses queremos ser fieles a nuestra historia y responsables ante el futuro o si, por el contrario, con nuestro silencio o conformismo aceptamos resignados el sendero gris que no conduce a ninguna parte. Y al decir los aragoneses me refiero expresamente a las Cortes de Aragón, que, según nuestro Estatuto de Autonomía, representan al pueblo aragonés. Por tanto, no pretendamos trasladar el muro de nuestras lamentaciones a ninguna Jerusalén anónima, lejana o indefinida, porque el muro lo tenemos aquí, en este hermoso palacio de la Aljafería, y ante él podemos o permanecer acobardados, dándonos tozolones contra la piedra y falsos mensajes de esperanza para justificar nuestra impotencia, o hacer de una vez, de verdad, lo que late en el fondo de nuestras conciencias: romper la artificial muralla que nos empequeñece y decir a los demás pueblos de España que Aragón no ha muerto, que ni siquiera está dormido y que vamos a conseguir, porque así lo queremos, el plano de dignidad al que aspira nuestro pueblo y al que la Constitución nos da pleno derecho.
El 15 de marzo de 1991 el Pleno de las Cortes de Aragón modificaba la Ley Electoral aragonesa al dictado de Madrid, diciendo que las elecciones autonómicas se celebrarán el cuarto domingo de mayo cada cuatro años. En la Exposición de Motivos se justificaba la reforma diciendo que de esta forma se unificaban los procesos electorales municipal y autonómico en el mismo día, con lo que se conseguía la mayor racionalidad que el sistema democrático exige y se evita el aumento de costos y la desincentivación de la participación ciudadana en ellos. Lo que no se decía y lo que quizás tampoco llegó claramente a la opinión aragonesa es que tal unificación sólo afectaba a la mitad de los españolitos, porque la otra mitad de los españoles -catalanes, vascos, gallegos y andaluces- no celebraron ni celebrarán nunca las elecciones autonómicas el último domingo de mayo, sino en el momento en que su privilegiada posición autonómica lo imponga, bien por cumplimiento de sus singulares plazos cuatrienales o porque su Presidente, haciendo uso de una facultad que nosotros no tenemos, decida disolver su Parlamento. Y, sin embargo, cuando Cataluña, País Vasco, Galicia o Andalucía celebren a su aire la elección autonómica, nadie dirá que su proceso es irracional, que despilfarran el dinero de los españoles o que la participación ciudadana la tienen desincentivada.
Durante la pasada Legislatura, el Partido Aragonés intentó una digna reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, que, por las curiosas razones que todos conocemos y que por elemental prudencia política no voy a recordar en este solemne acto, cuajó en otra lamentable frustración. Paradójicamente, en plena campaña electoral todos los líderes que se presentaron a las elecciones a Cortes de Aragón juraron y perjuraron que no quieren seguir en el pelotón de los torpes, que tenemos derecho a la plena autonomía y que sus partidos devolverán a Aragón el pan, la sal y, en definitiva, su dignidad de pueblo. Ya ha pasado el momento de las soflamas demagógicas y de nuevo estamos en el ruedo de la realidad. ¿Qué podemos hacer los aragoneses?, mejor dicho, ¿qué pueden hacer las Cortes de Aragón, que somos los únicos representantes del pueblo aragonés? ¿Seguimos jugando a entretenimientos cortesanos y a hacer lo que nos digan o lo que en verdad sentimos y quiere nuestro pueblo?
Empecemos por recordar que para que Aragón alcance su plenitud constitucional no necesitamos mendigar ni esperar la reacción de quienes, visto su conformismo, ya se encuentran satisfechos con su actual status. El artículo segundo de la Constitución reconoce y garantiza al derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la Nación española. Repito: el derecho, y el ejercicio de un derecho solo compete al que lo tiene, los demás, los forasteros, no pueden impedir que lo ejercitemos ni condicionarlo con sus interesados consejos.
Y no tengamos temor alguno de definir a Aragón como nacionalidad, porque si alguna Comunidad puede presumir de este título es Aragón, cuyo solo nombre nos identifica en todo el mundo. Llamar a Aragón nación, nacionalidad o patria no es más que repetir lo que ya testimoniaron ilustres aragoneses, sin que ello suponga desconocer ni negar la realidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, según la Constitución que hemos aprobado.
Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía se autodefinen como nacionalidades, voluntad que los aragoneses respetamos, pero a lo que los aragoneses no estamos dispuestos es a que cristalice la idea de que el término nacionalidades históricas presupone la existencia de privilegios en determinadas Comunidades que las restantes, entre ellas Aragón, no tenemos, porque esto es una falsedad artificial, un planteamiento interesado, un bochorno inaceptable. Los artículos 138 y 139 de la Constitución española recuerdan que las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales y que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado, elementales mandatos que hoy se incumplen de forma flagrante.
Por último, recordemos que el artículo 148 de la Constitución y los artículos 61 y 62 de nuestro Estatuto nos reconocen el derecho de los aragoneses a reformar el Estatuto de Autonomía. El mejor homenaje que las renacidas Cortes de Aragón podrían ofrecer en memoria de don Juan de Lanuza sería el firme y formal compromiso de proceder de forma inmediata a iniciar la reforma de nuestro modesto Estatuto de Autonomía. Pero éste es un compromiso que nos afecta a todos. Una vez más os recordaré las palabras de Domingo Miral, hoy todavía lozanas y flagrantes: "Los aragoneses no hemos comprendido, ni por lo visto llevamos trazas de comprender, una verdad tan sencilla como aquélla de que la unión es la fuerza. Si llegáramos a comprenderla y fuéramos capaces de practicarla, seríamos la región más fuerte de España. A martillazos -decía Miral- será necesario inculcar en la cabeza de todo aragonés la manera como la fuerza, y el poder, y el éxito se multiplican por medio de la unión"".
Según los preceptos antedichos, la iniciativa de la reforma del Estatuto corresponde a la Diputación General o las Cortes aragonesas, es decir, a nosotros. No necesitamos que nos pongan en marcha desde Madrid, ni esperar la dudosa reacción de otras Comunidades, ni extraños pactos políticos con los que no se pretende otra cosa que justificar y bendecir privilegios y diferencias. Según esos mismos preceptos, la propuesta de reforma requiere la aprobación de las Cortes de Aragón por mayoría de dos tercios, es decir, que, como mínimo, tendríamos que votar a favor cuarenta y cinco de los sesenta y siete Diputados que aquí estamos hoy recordando a Lanuza. Números cantan y dicen que, para que este sueño sea real, todos los Grupos debemos apoyar la iniciativa. Es verdad que si se produjese este milagro sería necesario que posteriormente lo ratificase el Congreso con el voto de, al menos, la mitad más uno de sus miembros; ¿pero alguna de Sus Señorías cree que si los Diputados de las Cortes de Aragón aprobásemos por unanimidad, aquí, en la Aljafería, la reforma del Estatuto, algún Grupo del Congreso en Madrid se atrevería a decapitar nuestra gallarda postura? Tengo la intuición de que no se atreverían. Pero, a fuerza de ser sincero, tampoco tengo la convicción de que todos los Grupos de las Cortes aragonesas tengan el valor de decir que sí. Esta es una ocasión única para que cada uno de nosotros se confiese ante el pueblo de Aragón y, paralelamente, para que los aragoneses despierten a sus Diputados del letargo.
Por mi parte, manifiesto con orgullo la postura del Partido Aragonés: autonomía plena ya, queremos el Estatuto de Autonomía que Aragón merece y necesita, y nos ofrecemos a los restantes Grupos para consensuar ese texto por el que nunca dejaremos de luchar. Si la Constitución, el gran fuero, nos lo permite y el pueblo aragonés nos lo demanda, no nos quedemos a medio camino. Sepamos decir, como Juan de Lanuza, que nadie nos puede impedir el ejercicio de un derecho irrenunciable. Es verdad que en Aragón necesitamos carreteras, regadíos, escuelas, hospitales, industrias, infraestructura turística y urbana, pero, con preferencia a estas necesidades materiales, precisamos consolidar nuestra peculiar esencia, alcanzar la plenitud constitucional, protagonizar el futuro.
Seguro que si hoy Juan de Lanuza estuviera físicamente en estas Cortes, como lo está en espíritu, nos diría que no temamos a ejércitos fantasmas ni a redentores foráneos, que lo que los aragoneses no defendamos no nos lo reconocerá nadie, y que cuando se representa a Aragón es preferible afrontar el riesgo de una personal decapitación política a la afrenta de callar cuando está en juego la cabeza y la dignidad de todo un pueblo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bolea.
El representante del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra. La señora Sancho tiene la palabra.
La señora DIPUTADA (SANCHO ANTONIO): Señor Presidente. Señoras Diputadas, señores Diputados.
En un día como hoy, que no es más que un recuerdo a la figura de don Juan de Lanuza V, no puedo por menos que invitarle a que venga conmigo, a través de la historia, para que, juntos y de la forma más objetiva posible, hagamos un análisis histórico de lo que ha sido, de lo que ha supuesto la figura del Justicia a lo largo del devenir aragonés, cuál ha sido su ubicación dentro del contexto sociopolítico e histórico aragonés, huyendo, a ser posible, de añoranzas inútiles. Creo que don Juan de Lanuza estaría conmigo a la hora de afirmar que su historia no es únicamente la suya propia -por otro lado, no por breve menos intensa-, sino que tiene una trascendencia mayor, va más allá, hasta convertirse en la historia de su cargo. Gracias a su cargo, gracias a ostentar, a personificar la institución del Justicia de Aragón, Juan de Lanuza es uno de los personajes aragoneses más conocidos, también lo es unido a la repercusión, al eco que tuvo su muerte. Creo, en definitiva, que el mejor recuerdo que hoy le podíamos hacer a Juan de Lanuza es el brindarle un análisis objetivo, un análisis libre, y hacerlo, además, desde una perspectiva que le resultaría impensable en el tiempo en el que él vivió. Es por ello por lo que lo invito, por lo que llamo a Juan a que nos acompañe en el viaje desde el pasado hasta el presente.
Diciembre de 1991, hace cuatrocientos años que Juan de Lanuza fue ajusticiado en esta misma ciudad de Zaragoza. No conmemoramos su muerte en esta Sesión, sino lo que le llevó a la tumba: la defensa de las libertades y de los fueros de Aragón. Buenas son las conmemoraciones, Señorías, como antídoto de la amnesia; la amnesia significa vivir exclusivamente en el presente, la amnesia es, pues, presentismo y estulticia, condena a los individuos y a los pueblos a una acción sin referencia, a una acción sin sentido, obliga a ser vividos por el futuro, pero nunca a controlarlo. Conmemorar no es un verbo que se pueda conjugar en soledad, de no ser que, al hacerlo, queramos caer en un mero ritualismo.
A veces resulta tentador desenterrar a los muertos para que digan con voz de ultratumba lo que nosotros queremos pronunciar. Viene aquí a cuento la opinión de Sciascia cuando dice: "En nuestro tiempo asistimos a la configuración de una dualidad, de un conflicto, entre inquisición y memoria; la inquisición se dedica a la destruccción de la memoria, bien bajo la forma y el procedimiento de la verdadera inquisición o bien bajo la forma de un presente totalizante y totalitario"". Inquisición contra memoria.
Para Felipe II, en el encabezamiento de sus cartas, los diputados aragoneses eran simplemente "diputados"", mientras que los inquisidores, por contra, eran considerados como "venerables inquisidores hermanos nuestros"". Estos mismos inquisidores son los que, con apurado celo, escribían así al monarca, refiriéndose al Justicia: "Es su ídolo contra Vuestra Majestad, aunque en el nombre es de Vuestra Majestad en el efecto es muy de ellos, y, además de esto, que en negocios que toquen a sus libertades no hay aragonés de quien se pueda fiar"".
Así describían los inquisidores al Justicia Mayor de Aragón; pero ¿serán acaso los inquisidores de hoy los que nos expliquen a Lanuza?, ¿desde dónde lo veremos? Hay muchos que se empeñan en mirarlo desde el siglo XIX, desde esa novela costumbrista que, en su versión más popular, generó el mito del baturrismo. Desde esa perspectiva, Lanuza lleva cachirulo y está en los altares patrios junto a Agustina de Aragón, pero lo han colocado allí, lo han colocado en los altares, para que esté de adorno, como símbolo de veneración, lo han colocado en los altares para que no baje nunca, para que nunca resuelva los problemas reales, los que atañen a las libertades y derechos de todos, también, o, sobre todo, de los que más lo necesitan.
Permítanme, Señorías, dar unos breves apuntes históricos que nos ayuden a contextualizar lo que hoy rememoramos. Situémonos en el momento: Aragón no era uno, Aragón era, por una parte, el que estaba representado por los cuatro brazos, de uno de los cuales emanaba el Justicia; pero, por otro lado, también estaba el Aragón de los vasallos y el de los siervos, que provenían de la gleba medieval. Trece años antes de que el Justicia fuese ajusticiado, cientos de personas eran víctimas, en los alrededores de Huesca, de un terrible azote de hambre, que acabó con la vida de muchos; catorce años antes de esta última fecha, una terrible peste asoló todo Aragón. No es ésta la tierra que defendemos ni la que queremos construir, es evidente, pero tampoco es aquella tierra de los señores, que, como entonces tenían un poder tan absoluto, se les permitía dar muerte por hambre y sed a sus vasallos.
¿Cómo olvidar, por ejemplo -y permítanme otro dato histórico-, la dura represión de los moriscos en el momento histórico que estamos evocando? Bien nos recuerda el historiador Guillermo Redondo que "las alteraciones de 1591 no se trataban de una confrontación de un pueblo amante de su libertad y su monarca de turno intentando limitarla; en principio, no existía una homogeneidad de derechos políticos de los aragoneses, no tenían la misma situación los siervos que los plenamente libres de los lugares de realengo, en especial la nobleza, debiéndose tener presente también la desigualdad en la propiedad de bienes"".
Al igual que hoy, no había un solo Aragón, el absolutismo no era patrimonio de Felipe II, había absolutistas también en nuestra propia tierra, entre ellos -y no los menos importantes- aquéllos que a ultranza defendían sus privilegios económicos y sociales, esos grandes señores laicos o eclesiásticos, que tenían en sus manos todos los resortes de la economía aragonesa. Pero a la vez que se desarrollaba el absolutismo del monarca, crecía el movimiento aristocrático; a la vez que el Austria planeaba terminar con las libertades de Aragón, los señores de esta tierra articulaban un complejo sistema de dependencia sobre sus vasallos. Fue parte de la propia nobleza de Aragón la que animó a Felipe II, la que lo alentó a cometer contrafuero, cuando veía, cuando empezaba a vislumbrar que sus privilegios peligraban, y así, mientras que las elites del gobierno aragonés se hicieron fuertes en sus fueros y privilegios, la alta nobleza abandonaba la foralidad ante la fortaleza conseguida ante el poder monárquico, cuya autoridad no lesionaría sus intereses.
No es ésta, Señorías, la historia que hoy queremos homenajear, no es la historia de la diferencia la que nos gustaría repetir, pero, sin lugar a dudas, la que tampoco podemos olvidar. Permítanme en este momento recordar las duras palabras del jurista Carlos López de Haro, cuando dijo: "Los historiadores que, añorando los viejos tiempos, cantan las libertades de Aragón creen que aquello fue solamente una imposición del déspota Felipe II; los que sensatamente juzgan el curso de los tiempos y el progreso de la humanidad estiman que las libertades de la Edad Media eran el verdadero despotismo"".
No es ni la Edad Media ni el despotismo lo que hoy conmemoramos, Señorías, pero creo que es necesario contextualizar y objetivar incluso hasta los homenajes, analizar desde lo presente el pasado. Efectivamente, Juan de Lanuza nos ha sido transmitido de generación en generación como la personificación de los sentimientos de agravio y reivindicación que secularmente ha tenido esta tierra, lo que le ha dado a su figura un marcado matiz político, un matiz reivindicativo, separado del perfil meramente histórico, enmarcando las señas de identidad del aragonesismo político.
La institución del Justicia Mayor de Aragón ha venido a considerarse, a través de los tiempos, como la mejor garantía de los derechos de Aragón y como modelo de la defensa de las libertades frente a la arbitrariedad del poder. Pero ni las libertades ni el poder tienen un origen mítico, las unas y el otro se han ido configurando a través de los tiempos; las unas, las libertades, se han ido consiguiendo a base de lucha, y el otro, el Estado, tal y como lo entendemos hoy, viene creciendo desde hace mucho tiempo atrás. No han sido únicamente los Austrias ni los primeros Borbones los que lo han hecho grande, han sido también las revoluciones burguesas quienes labraron el germen de su actual configuración.
En 1592, el absolutismo arrebató a Aragón buena parte de su autonomía, es verdad; se estaba configurando el Estado moderno, y la concepción del Estado era sometida a profundas transformaciones. Los enfrentamientos entre la clase dirigente del Reino aragonés y la monarquía de los Austrias fueron una manifestación más del proceso que acompaña el asentamiento, el desarrollo del Estado moderno; era la lucha entre el poder absoluto y las libertades de los privilegiados, de los ciudadanos sometidos a derecho.
Decía al principio que, en el día de hoy, invitaba al Justicia, invitaba a Juan de Lanuza, a que me acompañara en el viaje del pasado al presente. Nuestro actual Justicia, que mira hacia el pasado con orgullo, es hijo de un inmediato presente, nace en el marco de un Estado social y democrático y encuentra su legitimidad en la soberanía popular, representada en estas Cortes de Aragón, que, por mayoría de tres quintos, lo designan y pueden retirarle su confianza. Es por esto por lo que su verdadera dimensión hay que buscarla en el momento de su restauración, no tanto en el siglo XVI.
Nació al calor de la actual Constitución y del Estado de las autonomías, esa etapa en la que se constituyen las nuevas Cortes, elegidas por sufragio universal. Las expectativas sociales que ese momento despertó justificaron la recuperación de su figura, y fue recuperada por decisión unánime de todas las fuerzas políticas, con la clara intención de adaptarla a los rasgos específicos y a las necesidades reales de la sociedad aragonesa y de dotarla de contenido. Debido a la existencia de otras instituciones, que constituyen un mejor entramado de garantía de derechos y libertades que al ciudadano le reconoce el Estado social y democrático de derecho, su protagonismo como poder es menor del que tuvo históricamente, pero su protagonismo como institución es ahora mucho mayor, porque ahora está democráticamente legitimado. El poder del anterior Justicia se ha transformado, se ha traducido en autoridad moral.
En este nuevo marco de garantías constitucionales aseguradas, ¿cuál es el lugar del Justicia? Afortunadamente, podemos decir que esta pregunta hoy la tienen contestada muchos ciudadanos de Aragón que a él han recurrido, desde su proclamación en Sesión extraordinaria de las Cortes celebrada en Tarazona en el año 1987, pero, ciertamente, su ubicación en un Estado democrático va más allá del número de expedientes que tramite. Saber que está es ya constitutivo de su papel, pero hay que saber, además, para qué está, y está ahí para hacer frente a las posibles desviaciones que se produzcan en el ejercicio del poder, porque no basta con que el poder sea legítimo, también tiene que ser transparente en su actuación; está ahí como complemento a los mecanismos de garantía de los derechos constitucionales; está ahí como hombre de pacto, recuperando su función mediadora histórica como árbitro, ese significado arbitral que tiene la especial naturaleza de sus poderes; está ahí como delegado de estas Cortes para vigilar la observancia de las leyes y reglamentos por parte de la Administración, y está ahí para defender, para tutelar nuestro ordenamiento jurídico.
El entramado estatal es hoy muy complejo; sin embargo, el problema no es cuánto crece el Estado, el problema es de quién es el Estado. En una sociedad democrática, el Estado es de todos, porque esos todos han elegido a sus representantes, porque esos todos deben tener la garantía de la separación de poderes. Si, asustados de su crecimiento, tenemos tendencia a desmantelarlo, dejaremos sin protección al indefenso, al más débil; si por defenderlo a ultranza no somos capaces de crear los mecanismos necesarios de control, habremos creado un Saturno devorador.
Es en esta dimensión y en este espacio en donde siempre hemos visto nosotros al Justicia: como verdadero valedor contra el abuso o la tentación del mismo; así lo tenemos, donde lo ubica nuestro Estatuto, junto a estas Cortes, el Presidente y la Diputación General, como un órgano institucional de nuestra Comunidad Autónoma.
También el Justiciazgo es Estado, y lo es para defender los derechos y libertades de los aragoneses ante posibles violaciones de la Administración pública, y lo es para garantizar el ordenamiento jurídico aragonés y el Estatuto de Autonomía. Es esta última facultad, recuperada de la historia, la de intérprete auténtico, la que le diferencia de figuras semejantes en otras Comunidades Autónomas y la que le convierte en una peculiar institución cargada de simbolismo.
Es ya el Justicia un verdadero emblema de nuestra autonomía; lo que sea en el futuro dependerá de que venga a servir de cauce adecuado a las necesidades colectivas que cada momento vaya generando. Es por lo que a nuestro Grupo le parece prioritario un mayor conocimiento público de la institución por parte de los aragoneses, que sea una institución respetada, eficaz, para lo que debe ser más conocida y más cercana.
Ante el sentimiento de indefensión que a veces tiene el ciudadano ante el poder público, sepa ese ciudadano que ahí, a su lado, está la institución del Justicia, que nuestro pueblo asuma que siempre podrá contar con su arbitraje, con su referencia como garante de la libertad. Sepan ustedes, Señorías, sepa el excelentísimo señor Justicia de Aragón, que en esta labor siempre encontrará a su lado al Grupo Socialista.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sancho.
Señoras Diputadas, señores Diputados, el 20 de diciembre de 1591 es decapitado en Zaragoza, por orden directa de Felipe II, don Juan de Lanuza, Justicia número cincuenta de una institución tan típicamente aragonesa que el Papa Benedicto XIV decía que no se encontraba en ningún otro pueblo del mundo.
El Justiciazgo, señala López de Haro, es tan propio y exclusivamente aragonés que ni aun se llevó a Cataluña, a pesar de estar en la misma Corona, y sólo se extendió a Valencia, como región conquistada y de la pertenencia de Aragón, que allí tuvo primera vida.
Llamado en su origen Juez Medio, después Justicia Mayor, Justicia del Reino, Justicia de Zaragoza, el Justicia y, por fin, Justicia de Aragón, constituyó una magistratura de la que nunca se perdió el recuerdo en Aragón y que, quizás, encarnó mejor que cualquier otra dos constantes meritorias y dignas de nuestra tierra: la limitación del poder real y el respeto a las libertades ciudadanas.
En Aragón, país por antonomasia de pactos y patria del standum est chartae -"hablen cartas y callen barbas""-, ni aun siquiera por pactos se podía renunciar a las libertades, porque se las estimaba consustanciales al aragonés.
No deja de ser reseñable que en el Aragón medieval, región atrasada y pobre, en pelea constante con el invasor musulmán y atenazada por una naturaleza inhóspita y dura, germinen dos de las semillas que hoy caracterizan al modo de vida democrático y a la racionalidad política: limitar el poder, porque todo poder tiende al abuso y al exceso y porque su incremento siempre se produce en la misma línea de sofocar y oprimir a la sociedad, y defender las libertades ciudadanas, porque el mejor Estado es aquél que más respeta a todos sus miembros y acepta que existe en todo individuo un reducto sagrado de derechos, los derechos humanos, que nunca debe invadir ni vulnerar.
El Justicia es ejemplo vivo de una institución que, protegida e impulsada por la nobleza y el pueblo, se despega de su creador, el Rey, y pasa sucesivamente de redactar las sentencias acordadas por las Cortes a ejecutarlas o a hacerlas cumplir, y, finalmente, a aceptar él mismo las sentencias, a tener propia jurisdicción, por más que siempre, como ahora mismo, fuera responsable ante las Cortes.
Paralelamente de ser nombrado y removido libremente por el Rey, se le hace inamovible en las Cortes de Zaragoza de 1442 y se le otorga su alta condición de por vida, igual que ocurre hoy con los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos, y en las Cortes de Alcañiz, en 1436, ya le se le había declarado inviolable, tal como ocurría con los tribunos de la plebe romanos, aquellos magistrados que no podían, aun de noche, cerrar la puerta de su casa, para que el ciudadano injustamente asediado pudiera acudir a cualquier hora a impetrar su condición y cobijo.
Esto mismo hacía nuestro Justicia histórico: concedía los remedios forales de la firma de decreto, que impedía que un aragonés resultase preso o despojado de sus bienes antes de sentencia habida en juicio -nos recuerda el actual proceso debido legal-, y de manifestación, que se otorgaba siempre que algún aragonés era preso sin proceso legítimo o era prendido sin orden de justicia, que nos rememora el moderno hábeas corpus.
Precisamente, por ser aragonés, Antonio Pérez, Secretario de Felipe II, huido de Madrid tras acto criminal e impetrar a favor de su persona el privilegio de manifestación, se puso en marcha el drama que acabaría con la vida de Juan de Lazuna V y pondría fin a la centenaria y entrañable institución del Justicia de Aragón en su conformación histórica y tradicional.
Hoy hemos recuperado la institución y empieza a dar sus primeros frutos. Ya no es juez, ya no dicta sentencias, ya no media entre el Rey y los ricoshombres, hijosdalgos e infanzones, ya no concede privilegios reales, ya no puede decretar el contrafuero ni goza del supremo poder, nunca desconocido desde Pedro IV, de estimar, llegado el dramático momento, de apelar a la fuerza y hacer armas contra el opresor, aunque fuera Rey. Hoy tiene la prerrogativa de defender los derechos y libertades aragoneses, de defender nuestro ordenamiento, de defender nuestro Estatuto. Hoy el Justicia de Aragón, en coordinación con el Defensor del Pueblo estatal, es un alto comisionado de las Cortes de Aragón que, además de poder supervisar la Administración de la Comunidad Autónoma, ejerce nada más y nada menos que las misiones específicas, según reza el artículo 33 de nuestro Estatuto, de la protección y defensa de los derechos individuales y colectivos reconocidos en el Estatuto, que entronca con la mejor tradición aragonesa de defensa de los derechos y libertades de los hijos de esta tierra, la tutela del ordenamiento jurídico aragonés, velando por su defensa y aplicación, y la defensa del Estatuto de Autonomía de Aragón.
No es tarea sencilla ni, probablemente, cómoda dar cumplimiento a estos cometidos, y en ello habrá de esforzarse la institución renacida del Justicia. Existe, ciertamente, una tradición nunca fenecida, existe un nombre de amplias resonancias en la memoria histórica aragonesa y existe una necesidad de la hora presente: la defensa de la ciudadanía frente a la injuria, el abuso o la injusticia del poder político-administrativo; pero nada de eso significa que gratuitamente, por mero tributo histórico o por un tradicionalismo irreflexivo y huero, el nuevo Justiciazgo tenga asegurado el respeto, el prestigio y su justificación. Habrá de ganarlos en un mundo competitivo, crítico, exigente y racionalista, en el que no bastan los simples títulos históricos ni la magnificencia de los nombres, sino que exige hechos concretos, realizaciones, defensa efectiva de los derechos, capacidad de lucha contra el poder, y portavocía de anhelos, reivindicaciones y quejas que no encuentren mejor conducto a través de otros mecanismos, órganos o instancias.
Hoy, nomina non numina, los nombres no son dioses, no se puede ni se debe vivir del pasado, por más que ningún pueblo ha de cometer la insensatez de olvidar su propia historia, aunque sólo sea por aquello de no verse obligado a repetir. Pero lo que no se debe hacer nunca es santificar la historia, porque no siempre es todo en ella claro y rectilíneo -si así fuera, no sería historia, sino épica o mitología-, y porque como, con gran fondo de sensatez, decía León Tolstoi: "la historia sería una cosa excelente si fuera verdadera"".
El Justicia de Aragón es historia, pero más es presente y, sobre todo, futuro. Su historia, como la de cualquier obra humana, es un juego de luces y sombras, no todos sus personajes fueron emblemáticos, ni todos sus actos meritorios, ni siempre sus compromisos alabables, pero la institución cumplió en su conjunto y merece la pena recordarla, recrearla y reconstruirla de la mano de los nuevos tiempos y de las nuevas necesidades y exigencias de los aragoneses. Al fin y al cabo, murió dignamente en cumplimiento de su misión y costándole la vida a su último representante, al margen de las debilidades y flaquezas del hombre. Por ello, tenía razón Jean Jaurès cuando decía, cuando advertía que conservar la tradición no significa remover sus cenizas.
No removamos, pues, ceniza alguna. Recordemos y valoremos lo que de saludable y conveniente tenga el pasado, pero, sobre todo, impulsemos el presente y el futuro. El Justicia de Aragón será lo que nosotros, los aragoneses, queramos que sea, y triunfará en la medida en que seamos capaces de valorar y defender nuestros derechos ciudadanos, nuestro ordenamiento jurídico y nuestro Estatuto. El sin nosotros ni sirve ni vale nada, sin ciudadanos íntegros no hay defensor válido, y sin coraje ciudadano la libertad nunca llega lejos. Recordemos, pues, la fecha del 20 de diciembre de 1591, extraigamos alguna lección del lamentable suceso que entonces ocurrió, hagamos la transposición temporal oportuna en nuestros días, pero, sobre todo, no caigamos en sentimentalismos históricos, ni en salmodias, ni en elegías sobre la tragedia que se abatió en Aragón, lo que perdimos, nos arrebataron o ultrajaron, porque todo ello, amén de ser discutible en extremo, no es otra cosa que pasado. Como dice con agudeza ese gran pensador liberal con sensibilidad social que es Willy Brandt: "los pueblos que sólo miran al pasado pierden el futuro"".
Con toda seguridad, a ningún Justicia futuro se le cortará la cabeza, pero podría simbólicamente perderla si el esfuerzo, el ejemplo, la dedicación, la eficacia, la dignidad y la altura de la institución no respondieran a lo que los aragoneses esperan de quienes, nada más y nada menos, ostentan el entrañable y resonante nombre de Justicia de Aragón.
Hoy, en esta fecha tan significativa y evocadora, todos deberíamos cerrar el compromiso de hacer lo posible para que nuestro Justiciazgo pueda plasmar en el futuro una labor que, sin desmerecer de su historia, sirva para alcanzar un Aragón cívicamente digno, acomodado a su tiempo y profundamente exigente y autorrespetado.
Muchas gracias.
Señoras y señores Diputados, con la intervención del Presidente de las Cortes se cierra el acto de rememoración del cuarto centenario de la ejecución del Justicia de Aragón don Juan de Lanuza V. Se levanta la Sesión. (A las trece horas y quince minutos.)