Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

El primer punto del orden del día es la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, que pasaremos al octavo punto.

Segundo punto: comparecencia del consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, a petición de siete diputados del Grupo Popular, al objeto de informar sobre las medidas de control que tiene establecidas su departamento en relación con la adjudicación de las viviendas de protección oficial promovidas por el Gobierno de Aragón en el Parque Goya del Actur.

Bienvenido, señor consejero. Tiene la palabra para su exposición el representante del grupo parlamentario solicitante por un tiempo de quince minutos. Señor Pérez.

Comparencia del consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes al objeto de informar sobre las medidas de control que tiene establecidas su departamento en relación con la adjudicación de las viviendas de protección oficial promovidas por el Gobierno de Aragón en el Parque Goya del Actur.

El señor diputado PÉREZ VICENTE: Muchas gracias, presidenta.

En primer lugar, agradecer en nombre de mi grupo sus palabras de condolencia. Y, una vez dicho esto, también dar la bienvenida al señor consejero, una vez más, a esta Comisión, en nombre de mi grupo, el Grupo del Partido Popular; bienvenido a esta Comisión, la de Ordenación del Territorio, que usted comparte con el consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales.

Desde el Grupo Popular hemos solicitado esta comparecencia para pedirle que nos informe sobre las medidas de control que tiene establecidas -o piensa establecer- su departamento en relación con la adjudicación de las viviendas de protección oficial promovidas por el Gobierno de Aragón en residencial Parque Goya.

Señor consejero, su departamento y el Gobierno de Aragón saben perfectamente que la compra de una vivienda supone una de las inversiones más importantes de nuestra vida de la gran mayoría de aragoneses y aragonesas. Y le tengo que decir que nos gustaría que fuera de otra manera, pero su departamento y el Gobierno de Aragón no tienen una política definida de vivienda. Han transcurrido dos años, y están paralizados, precisamente por esa ausencia de una política definida de vivienda. Señor consejero, su departamento y el Gobierno de Aragón conocen perfectamente que alrededor de doce mil familias aragonesas habitan en casas que se encuentran en malas condiciones de habitabilidad y que son familias, todas ellas, que viven bajo mínimos, y esta situación es conocida por ustedes y está contrastada, sobre todo con un informe de una organización como Cáritas Aragón, que hace poco, en los medios de comunicación, hemos tenido la ocasión de comprobar. Y lo que hemos comprobado también es que, desde su departamento, ante esta información que ya conocían, se limitan a encogerse; se han encogido de hombros, y a ver qué pasa.

Pero, señor consejero, usted y su departamento están contribuyendo a que las promociones de vivienda en alquiler o en régimen especial, o bien se paralicen las que estaban en marcha -tenemos un ejemplo en Aragón muy importante: seiscientas treinta viviendas en la ciudad de Huesca, en el polígono 24 de Huesca, donde hace ya más de dos años estaban aprobados un convenio y el modelo de gestión para sacar adelante esas seiscientas treinta viviendas, con todas las expectativas que había en la ciudad y en la Hoya de Huesca, y, después de más de dos años, esa parálisis que le comentaba anteriormente se hace patente-, o nos encontramos también cómo, precisamente en cuanto a esa oferta y esas expectativas que había de vivienda de alquiler y de régimen especial en nuestra comunidad autónoma, ha disminuido considerablemente la oferta de ambos tipos de vivienda.

Señor consejero, su departamento y el Gobierno de Aragón son conscientes de que la vivienda es un elemento socializador y de que la falta de vivienda o las malas condiciones de la vivienda generan familias desestructuradas. Le tengo que decir que en la política de su departamento y en la política del actual Gobierno de Aragón no existe una finalidad social en su gestión de vivienda, ¡no existe una finalidad social! Por lo tanto, con estos datos estamos viendo que esa política de vivienda de su departamento y del Gobierno de Aragón está siendo, en un primer momento, de parálisis; en un segundo momento, sin una finalidad social, y, además, discriminatoria con aquellas familias de rentas más bajas de nuestra comunidad autónoma.

Hoy, con su comparecencia, le preguntamos y le pedimos que nos explique todo lo que conoce, todos los datos que tenga, sobre las presuntas irregularidades en la venta de viviendas de protección oficial, que, de confirmarse estas irregularidades, se trataría de un auténtico delito social.

Señor consejero, ¿es cierto que muchas familias, cuya única posibilidad de acceder a una vivienda es mediante las promociones de protección oficial, han tenido que pagar bajo mano sobreprecios para optar a la adjudicación de esa vivienda o para conseguir esa vivienda, siendo que por sus posibilidades de acceso a la vivienda estaban excluidos del mercado de la vivienda? ¿Es cierto esto que estamos analizando? ¿Y desde cuándo existen los datos en su departamento de estas situaciones? ¿Desde el mes de octubre, como ha salido publicado en algunos medios de comunicación? ¿Estaríamos hablando de casi nueve meses, donde su departamento tiene datos concretos de estas actuaciones? Indudablemente, también nos preguntamos cómo se explica que su departamento, en todo este tiempo, no haya tenido ninguna iniciativa ni de control ni de información, y ha tenido oportunidades para hacerlo cuando se han pedido mejoras en esas viviendas en su departamento, ha tenido oportunidad de hacerlo cuando los beneficiarios acudían a su departamento a pedir las subvenciones correspondientes; o sea, que oportunidades las ha habido, y en otras cuestiones que podríamos analizar.

No obstante, en el tema que nos ocupa tenemos que decir que hay una fecha clave, que es el 1 de abril de este año. El 1 de abril de este año, en la contraportada del Heraldo de Aragón se publica una columna que se hace una pregunta, y se pregunta si se controlan las adjudicaciones de los pisos del Parque Goya, y se confirma, en el comentario de prensa, que es la pregunta que se repite en el mercado de la vivienda de Zaragoza desde hace bastantes meses, donde se demuestra una vez más que, desde hace bastantes meses, el ISVA, en este caso, está totalmente paralizado a pesar de los datos que tiene. Y todos sabemos que hay muchos aspirantes demandantes de una vivienda -hay más aspirantes que viviendas para adjudicar-. A nosotros no nos cabe ninguna duda de que estos aspirantes, en su momento, cumplen los requisitos y los cumplían. Señorías, estas viviendas se han construido y se siguen construyendo sobre terrenos públicos, y hay que ser riguroso y escrupuloso en la selección, en el reparto y en la adjudicación de dichas viviendas.

Señor consejero, su departamento tiene instrumentos administrativos, su departamento tiene recursos, y en su departamento existirían y deben de existir alternativas para extremar este control, de tal forma que los beneficiarios lo sean exclusivamente por reunir los requisitos y las condiciones que establece la normativa y no por otro tipo de razones, como entregar unos cuantos millones de dinero negro, si ése fuera el caso.

Nosotros, desde la noticia aparecida en prensa, hemos asistido a un sinfín de comentarios, a un sinfín de datos -hay indicios de que se han pedido, incluso, hasta cinco millones más por un piso de régimen especial-. Y en un primer momento asistimos atónitos a las declaraciones de su departamento y del director del ISVA, que también le acompaña en su comparecencia. Admite el director del ISVA que la unidad de información del ISVA ha puesto en conocimiento de Hacienda presuntas irregularidades que se han detectado en las ventas que al menos realiza uno de los mayores adjudicatarios de suelo público en la primera fase de Parque Goya. Señor consejero, ¿se ha encendido de verdad alguna lucecita -no sé si roja o de otro color- en su departamento? Porque ¿cuántas presuntas irregularidades o denuncias constan en su departamento? Supongo que nos contestará luego. Y ¿desde qué fecha tiene constancia de estas denuncias o de estas presuntas irregularidades? Pero ¿cómo puede afirmar, como ha afirmado el director general del ISVA, que no existe un fraude generalizado? Nosotros seguimos manteniendo dudas. ¿Se han investigado a fondo y con garantías todas estas actuaciones? ¿Y cuáles son las medidas que se anuncian y se han anunciado por su departamento? Porque no constan, ni sirve con decir que se van a tomar medidas. Yo creo que lo que procede es que el Gobierno ponga en conocimiento, sobre todo de los beneficiarios y futuros beneficiarios, esas medidas que van a dar transparencia a todo este proceso. Y no obstante, señor consejero, el problema de la picaresca en estos sobreprecios quizá sea por mejoras añadidas a las viviendas. ¿Y cómo surge esta picaresca? Pues, desde nuestro punto de vista, surge cuando se autorizan estas mejoras, que es lo que han hecho ustedes, autorizar mejoras, y, entonces, el problema ya no pueden ser las mejoras. Cuando he dicho que asistíamos atónitos es porque leemos también las declaraciones del director general del ISVA, que dice: «No, hombre, el problema de las mejoras surge cuando en lugar de una bañera más grande se pide un jacuzzi». Pues no, ésa no es la excusa; ésa no debe ser la forma de trabajar de su departamento. Porque ¿acaso no era previsible esta situación? Pensamos que en su departamento había datos más que suficientes para saber que esta situación era previsible, pero, sobre todo, lo que esperábamos era que desde su departamento se hubiera tomado algún tipo de medida de control. Ojalá luego en su respuesta nos aclare cómo ha acudido el personal del ISVA a comprobar cómo están ocupados los pisos, si están ocupados por las personas a las que se les adjudicó, si se han hecho mejoras o se han hecho ampliaciones de superficie... Suponemos que esas medidas mínimas que podía hacer su departamento son las que se deberían haber efectuado, y no decir que se va a elaborar una ley y que se van a tomar medidas, porque va pasando el tiempo y la parálisis se perpetúa. Es urgente desde nuestro punto de vista, señor consejero, que el Gobierno de Aragón tome medidas, y tome medidas drásticas, para evitar que se repitan estos hechos de posibles favoritismos o, incluso, de posibles fraudes.

Por ello, es necesario -y creo que coincidiremos en la necesidad- ese control más directo en el proceso de selección y de adjudicación de las viviendas, de tal forma que se asegure y se trabaje en que la imparcialidad sea la nota y la transparencia de estos procesos; en definitiva, para que se cumpla precisamente esa finalidad social que debe inspirar una política de vivienda y que, como he dicho al principio, desde su departamento se ha olvidado.

Le pedimos que la respuesta del Gobierno de Aragón no sea tan pobre; le pedimos que no sea tan escasa y que no sea tan ajena a lo sucedido, que se involucre su departamento con decisión en un problema como éste, que afecta a tantas familias y a tantos aragoneses y aragonesas. Porque han transcurrido casi dos años de esta legislatura, y, en este tiempo, con el gobierno actual, es cuando se ha dado la calificación definitiva de las viviendas de Parque Goya que se han terminado. No fue en el gobierno anterior: fue en éste. También se han formalizado los contratos de compraventa con los beneficiarios en esta legislatura y también, en esta legislatura y por el Gobierno de Aragón y por su departamento, se ha autorizado un mecanismo encubierto desde nuestro punto de vista y que, desde luego, el gobierno anterior (Partido Popular-Partido Aragonés) no autorizó, ese mecanismo encubierto que favorece la posibilidad de reclamar más dinero adicional a los compradores de las viviendas. Y ese mecanismo consiste -y lo he dicho anteriormente- en autorizar a los promotores y cooperativas cambios, mejoras, etcétera, en las viviendas; situación que, como comprenderán sus señorías, abre la puerta a un menor control, a una mayor facilidad para que se puedan, presuntamente, cometer irregularidades como las denunciadas. Les recuerdo, una vez más, que el anterior gobierno (Partido Popular-Partido Aragonés) no las autorizó, a pesar de que tuvo peticiones, y muchas peticiones, y precisamente no las autorizó para no favorecer la posibilidad de cantidades fuera de contrato.

Señor consejero, el Gobierno de Aragón tiene que incidir directamente para tratar de mejorar esta situación. Si no lo hace, si no interviene en esta parte del mercado para atender a un importante sector de la demanda de vivienda, se convierte, a través de la pasividad y de la inacción, en un agente inflacionista más. Y, además, estoy convencido de que usted piensa lo mismo. Porque aquí sí que le quiero decir que precisamente este párrafo, si no textual, casi, son sus palabras en una comparecencia, no hace mucho, en esta Comisión: evitar que su departamento y el Gobierno de Aragón se conviertan en un agente inflacionista más; con su parálisis, su pasividad y su inacción se están convirtiendo en un agente inflacionista más en el mercado de la vivienda.

Y al Partido Popular, el tema de la vivienda nos preocupa, y nos preocupa extraordinariamente. [Murmullos.] Otros se ríen, como el portavoz del Partido Socialista: a nosotros nos preocupa [murmullos] -se puede seguir riendo-, porque es un tema que afecta a un gran número de aragoneses, y hay un sector muy importante de familias, hay cantidad de jóvenes que no pueden acceder de ninguna manera al mercado de la vivienda; no pueden acceder, indudablemente, a una vivienda de protección oficial, y mucho menos, dentro de protección oficial, a las de régimen de precio máximo o de precio básico. Estas circunstancias son reales y las estamos comprobando y las podemos comprobar, a la vista del enorme número de solicitudes que se presentan para este tipo de viviendas, para adquirir una vivienda en régimen de protección.

Las expectativas de muchas familias aragonesas se centran en estas promociones como única posibilidad de acceder y disponer de una vivienda digna. No obstante -ya lo adelanto-, el próximo viernes, en el Pleno de la cámara, debatiremos sobre las medidas que haya podido realizar o haya realizado su departamento, discriminatorias, desde nuestro punto de vista, y que han contribuido a alejar del mercado de la vivienda a las familias con rentas más bajas y con menos recursos. Hoy quiero centrarme -y queremos centrarnos- en el motivo de su comparecencia, que se basa en nuestra petición para que informe sobre las actuaciones de su departamento en relación con esa adjudicación de viviendas en Parque Goya.

En Parque Goya, todos conocemos que hubo una primera fase, hay una segunda, puede haber una tercera, y conviene dejar claro en esta comparecencia cómo se han ido produciendo los acontecimientos, y los acontecimientos son que en Goya I, en la primera fase de Parque Goya, se produjo la adjudicación del suelo y el inicio del 50% de la construcción de esas viviendas con el anterior gobierno (Partido Popular-Partido Aragonés). Pero en esta legislatura, con el actual gobierno (Partido Socialista-Partido Aragonés), ha tenido lugar la calificación definitiva de esas viviendas; las primeras se entregaron en el mes de junio del año 2000, los contratos de compraventa, y, desde luego, una novedad -ya le he comentado anteriormente que, nada más llegar usted a la consejería, se produjo-, y fue la autorización de cambios, mejoras, etcétera, a los promotores, con lo que he comentado de posible mecanismo encubierto que permite reclamar dinero adicional a los compradores.

Señor consejero, nosotros tenemos constancia, porque así lo ha manifestado en comparecencias anteriores, de que le resulta satisfactorio comparecer en esta Comisión especialmente. Hoy por hoy, y después de dos años de esta legislatura, nuestro grupo no tiene motivos para estar satisfecho con su gestión y, por lo tanto, tampoco lo estamos con la gestión del Gobierno de Aragón, porque, siendo una realidad que tanto usted como responsables de su departamento han comparecido bastantes veces, en estos casi dos años de legislatura no han avanzado, se han atascado en la explicación, se han quedado anclados en unas buenas intenciones. Pero ¿por qué no se materializan esas buenas intenciones que plantean en la Comisión en hechos concretos, en gestión? Y le voy a recordar, pero de una forma tranquila, una de las primeras cuestiones que a nosotros nos causó una cierta impresión: su primera comparecencia en esta Comisión, donde textualmente recuerdo que dijo que su departamento iba a trabajar al 200%. A nosotros nos pareció una cifra fuerte, pero después de dos años nos parece una cifra que, si no la hubiera comentado, hubiera sido mejor para usted y para su departamento, porque en absoluto se ve ese compromiso de trabajar al 200%.

Nosotros, desde luego, señor consejero, le vamos a seguir animando a que todas esas cuestiones que nos ha expuesto y que nos va a seguir exponiendo en lo que queda de legislatura, esos objetivos que nos han venido planteando, se materialicen y que sean compromisos decididos de su departamento y de la gestión del Gobierno de Aragón; que salga su departamento de esa situación arrugada y encogida en la que está inmerso.

Muchas gracias, presidenta.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas gracias, señor Pérez.

Tiene la palabra el señor consejero por un tiempo de quince minutos, que se alargará como lo he alargado con el señor Pérez. Tiene la palabra.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados.

Sean mis primeras palabras de condolencia para la familia del señor Giménez Abad, con el que tuve la oportunidad de trabajar una pequeña temporada, siendo parlamentario, y que después estuvo en el gobierno mientras también compartí esta cámara. Mi dolor a su familia, mi dolor al Partido Popular.

Yo creo que, después de oír la intervención del portavoz del Grupo Popular, empezaría con las palabras de la famosa Catilinaria: hasta cuándo, señores del PP, abusarán de nuestra paciencia. Pero, dado que vamos a tener oportunidad a lo largo de la semana de poder hablar bastante en esta cámara de vivienda, yo creo que es mejor que vayamos haciendo los análisis lo más serenos y prudentes posibles, que vayamos poniendo y contrastando temas encima de la mesa y que, al final, todos tengan una visión real y también una visión concreta de cómo estaba la vivienda en esta comunidad autónoma y qué ha hecho el Gobierno desde que ha asumido la responsabilidad, hace aproximadamente veinte meses, en este capítulo. Y, sobre todo, una cuestión fundamental: que transmitamos a los ciudadanos en qué realidad nos movemos y qué mecanismos tiene la Administración para actuar correctamente en este tema, que es uno de los temas que a nosotros, como Gobierno, nos preocupan de una manera especial, y, lógicamente, a nuestro departamento es el tema que más nos preocupa.

En la segunda intervención entraremos a concretar o a aclarar algunas de las cuestiones que se han expuesto, pero queremos hacer una reflexión global para dar cabida a todo el debate de vivienda que vamos a tener a partir de hoy, el jueves y el viernes. Yo creo que, al final de la semana, bastantes cosas van a quedar aclaradas.

Junto a los datos objetivos y la interpretación política de la precaria y preocupante situación de la vivienda protegida en la Comunidad Autónoma de Aragón, voy a responder puntualmente y con los detalles justos que en estos momentos puedo ofrecer a la pregunta del Partido Popular, que centra esta comparecencia sobre las medidas de control en torno a la vivienda protegida.

Mi primera intención en esta comparecencia es hacer un decidido alegato en defensa de la vivienda protegida, la única modalidad capaz de hacer posible el acceso a quienes son rechazados del mercado por los precios de la vivienda libre. La vivienda protegida tiene unos objetivos muy claros: se trata de facilitar las condiciones de acceso a una primera vivienda en propiedad a las familias con rentas bajas y a los demandantes jóvenes. La vivienda protegida atiende en el 90% de los casos al primer demandante de vivienda, que en un porcentaje altísimo son jóvenes.

Quiero establecer con rotundidad que la promoción de este tipo de alojamientos va a seguir siendo materia prioritaria para el Gobierno de Aragón, aunque en el camino nos encontremos con problemas en torno al presunto uso que de ella se haga como objetivo de negocio, lo que, evidentemente, lleva a una completa desviación de las intenciones originales y, por tanto, a la pérdida, en estos casos puntuales, de su fuerte componente social.

Ya les adelanto que hay un punto de partida, estimo que compartido por todos, y es que la esencia de la vivienda protegida es que cumpla escrupulosamente con su finalidad, que no es otra que atender a las familias con menos recursos económicos a unos precios asequibles, previamente establecidos.

Hablar de vivienda hoy es hacerlo, en esencia, de la extensión de un derecho fundamental. No cabe, por tanto, otra disposición que un enfoque lo más amplio posible para poder encontrar las mejores y más viables soluciones para incidir en la promoción de viviendas al ritmo lo más alto posible y procurar atender la fuerte demanda que se produce. He oído decir textualmente, en esta misma sede parlamentaria, al presidente del gobierno, don Marcelino Iglesias: «Nuestra política consiste en recuperar el protagonismo en la promoción de viviendas de protección oficial. Es evidente que el mercado, por sí solo, no es capaz de generar soluciones a un problema que parece alimentarse a sí mismo para crecer». Sería, ante la complejidad de la promoción de la vivienda protegida, poco resolutiva una acción puntual unilateral, sin tener en cuenta a todos los elementos de un complicado conjunto que hacen o no posible la producción de vivienda asequible. La única forma de avanzar en esta materia es una apuesta decidida, coordinada y bien dotada de recursos por parte de todas y cada una de las administraciones. Entiendo que cualquier acción de gobierno está expuesta a desviaciones puntuales; si éstas se producen, la obligación de la Administración, que ve alterado su objetivo inicial, es continuar con la acción que ha previsto, pero a la vez, simultáneamente, procurar que cumpla al 100% con las finalidades que trata de cumplir.

El Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón tiene un gran problema de fondo, que ha convertido en reto: la producción de vivienda protegida. Y tiene un problema puntual y añadido, una desviación que hay que atajar de raíz: impedir la más mínima opción a que esta vivienda sea objeto de negocio. Quiero decir con ello que el verdadero problema de fondo que nos encontramos al inicio de la legislatura era la sequía productiva de vivienda protegida, y para salir de aquella atonía pensamos que había que poner en el mercado todo el suelo disponible que era patrimonio de la Diputación General de Aragón y destinarlo inequívocamente a este tipo de vivienda para ejecutar la mayor cantidad posible. Por tanto, el problema de fondo, el que en realidad nos ha traído hoy aquí, es que no hay la vivienda protegida que tendría que haber. Éste es el mal primero que da pie a otras desviaciones: la oferta es pequeña, la demanda no puede ser atendida, y esta estrechez hace que lo que debería ser por entero un fin social se pueda convertir también en un objeto de mercado. La vivienda protegida debería ser considerada en estos momentos, aunque sea una redundancia, como una especie protegida que no sólo hay que salvar, sino que hay que aumentar de forma exponencial.

Podría ocurrir, efectivamente -y a ello nos estamos aplicando desde hace meses-, que fuéramos capaces de atajar las posibilidades de fraude y de habilitar los suficientes controles para evitar que la vivienda protegida sea objeto de negocio, pero podría ocurrir que, solucionado este problema, la producción de vivienda protegida siguiera siendo escasa y, por tanto, no efectiva para solucionar el problema que en estos momentos tienen muchas familias o personas que aspiran a formarlas. Lo ideal sería por tanto, además del efectivo control, un aumento simultáneo y decidido de la producción de este tipo de viviendas; de esta forma se atajaría el problema puntual, en buena parte gracias y a través de la solución del mal de fondo.

La vivienda, y más en tiempos de escasez, concita aspectos muy relacionados con el bienestar social, pero se maneja en un mercado que, hoy por hoy, está muy alejado de la competencia perfecta. La vivienda es objeto de consumo duradero, pero también un bien de inversión que compite con otros activos financieros. Hay quien invierte en vivienda porque la necesita y hay quien invierte en vivienda porque es un valor en alza. La vivienda es, además, un bien de elevado coste en el que la financiación de la propia demanda afecta de forma importante al sistema del conjunto financiero e incluso un bien que ha sido utilizado habitualmente, hasta épocas bien recientes, como herramienta para dar la vuelta a ciclos económicos depresivos por los indudables efectos de arrastre que genera su construcción. Hoy también se construye mucha vivienda, pero casi toda libre.
Pero la vivienda es también una necesidad a la que amplios grupos sociales no tienen posibilidad alguna de acceso y una apuesta sobre la que suelen variar las políticas públicas en función de la ideología y de las prioridades a la hora de atender a sectores sociales. En torno a la vivienda, siempre que se produce una tendencia alcista -y, si somos más radicales, una burbuja especulativa-, el precio del suelo se erige como el origen de todos los males, hasta el punto de que parece excluir, paralizar, aplazar y servir de gran coartada a la inactividad. Parece que está todo dicho cuando se extiende la idea de que el suelo es caro. Hoy, sobre la base de unos legítimos derechos de propiedad privada se establecen mercados a través de los cuales el suelo urbano alcanza el precio que determina la demanda, es decir, que el suelo urbano vale lo que los promotores están dispuestos a pagar por él, una cuantía que dependerá de los sobrebeneficios que esperan obtener por su localización. Ocurre que los mejores postores se quedan siempre con los mejores suelos, hasta tal punto que el precio del suelo urbano pasa a ser una renta de monopolio que opera en mercados poco competitivos, donde un número relativamente reducido de demandantes se encuentra en este mercado con un número todavía más limitado de ofertantes. La receta liberal se limita a plantear el problema en los términos exclusivos de la oferta y la demanda, sin profundizar en otras cuestiones. Pero, aun incrementando la oferta de suelo urbanizable, no se ha producido una moderación de los precios. La conclusión es que hay que poner en el mercado más suelo urbanizado, una receta que necesita de importantes recursos económicos, porque, en esencia, el suelo urbanizable no cuesta dinero; el urbanizado, sí.
Hoy, la escasa producción de vivienda protegida provoca que no sea una herramienta efectiva para paliar las necesidades de alojamiento. Hay datos objetivos que lo demuestran: en los inicios de la década de los noventa tenía una cuota de mercado cercana al 50%, y a fecha de hoy apenas alcanza el 8%. Otro de los aspectos esenciales que han propiciado la caída de la vivienda protegida es su propio precio: desde 1994 a 1999, en pesetas contantes, el precio de la vivienda protegida ha descendido un 6,7%, pero en este mismo período los costes se han disparado por encima del 25%. Ocurre que la viabilidad de las promociones, por esta congelación de los precios finales, es nula si estas mismas promociones no tienen como soporte suelo público puesto en el mercado sin apenas repercusión sobre el cómputo de las obras, es decir, sobre el precio final de la vivienda. El suelo público ya urbanizado sí levanta expectación y es demandado; de ahí que una de las conclusiones es que no es tan prioritario el suelo urbanizable como disponer y hacer circular el suelo ya urbanizado.
Pero este suelo público -y les hablo del que es patrimonio del Gobierno de Aragón- también requiere de ayudas del Ministerio de Fomento para su urbanización, inexistentes hasta el tramo final del Plan de la vivienda. Hoy tenemos falta de suelo urbanizado, la espita que puede abrir un relanzamiento de la vivienda protegida, y resulta que en el actual Plan de la vivienda no había apoyos para los agentes capaces de urbanizar hasta en la fase final de su vigencia. No es de extrañar que el urbanizador privado haya huido hacia la vivienda libre y deje la urbanización en manos de las administraciones.
Al iniciarse esta legislatura, el Gobierno, aun reconociendo las dificultades del entorno, estimó que podía alcanzar la promoción de siete mil viviendas protegidas en los cuatro años. En estos meses, el ISVA ha querido incidir, precisamente, en el punto que puede hacerlo posible: en movilizar y poner en el mercado suelo ya urbanizado para intentar que la vivienda protegida repuntase y pudiera asomar la cabeza como precio de guía o de referencia, y lo hemos hecho con ambición; con tanta, que nos hemos quedado sin patrimonio. Entendimos que el problema del suelo era, en buena parte, un problema de gestión de suelo urbanizado, y, como el movimiento se demuestra andando, gestionamos y movilizamos el suelo disponible con la mayor agilidad posible. Hubiese sido deseable que en esta etapa preliminar para la producción de vivienda protegida, las administraciones más modestas hubiésemos contado con apoyos de quienes encauzan la política general de la vivienda. Parece obvio que, con unas ayudas inmediatas y de más largo alcance a comunidades autónomas y ayuntamientos para urbanizar y formar patrimonios públicos de suelo, se podría haber incidido con más profundidad en la primera de las dificultades, y nos haríamos con esas bolsas de suelo con mayor rapidez. Estamos, por tanto, en una situación en que todo el suelo que era patrimonio del Gobierno de Aragón está en escena para cumplir con nuestro compromiso de realizar una política activa de promoción de suelo residencial.
De las parcelas de la segunda fase de residencial Parque Goya están adjudicadas nueve de ellas y otras dieciséis están en plena fase de concurso, mientras las obras de urbanización avanzan a un ritmo incluso superior al programado. Hemos lanzado también las promociones de la segunda fase, ya iniciadas, de Parque Goya I. Es decir, que en poco más de año y medio tenemos en marcha el soporte para levantar tres mil viviendas en el complejo Parque Goya, después de las tramitaciones urbanísticas necesarias, de licitaciones y de elaboración de pliegos con el cuidado que requiere organizar unos concursos de suelo, a sabiendas de que su demanda iba a ser muy importante. Se encuentra también en proceso de adjudicación una parcela, también en el Actur, para la promoción de otras ciento cuarenta y cuatro viviendas, y una de las parcelas sin adjudicar en Parque Goya I se ha cedido a Disminuidos Físicos de Aragón para construir treinta y siete viviendas para este colectivo. Esta misma política la hemos aplicado en Huesca, recuperando el protagonismo en el polígono 24 (las antiguas Industrias Albajar), en el que estamos trabajando para desarrollar con la mayor celeridad su urbanización y propiciar la construcción de seiscientas treinta viviendas protegidas. En Teruel capital, la política es idéntica, y se han iniciado las obras para levantar cincuenta y ocho viviendas en el polígono de La Fuenfresca, suelo todavía susceptible de más viviendas, mientras que con el propio Ayuntamiento de Teruel hemos alcanzado un acuerdo para desarrollar urbanísticamente, en el plazo de un año, veintidós hectáreas en la carretera de Castralvo para levantar otras seiscientas viviendas, el 75% de ellas protegidas. Si ustedes suman todas estas posibilidades que van tomando cuerpo de certeza, nos acercamos a cuatro mil, aproximadamente, que son las que hoy podemos decir que están en fase de adjudicación. Se trata de viviendas promovidas en suelo público, y al cómputo hay que añadir las que se han desarrollado a través de la iniciativa privada. Les estoy hablando, por tanto, de que, hoy por hoy, podemos contabilizar un número superior a las cinco mil.
Antes les comentábamos que estábamos en el proceso de producción, pero también en el de captación de nuevos suelos. El pasado 16 de enero, el Consejo de Gobierno aprobó una dotación de mil doscientos millones de pesetas para realizar una oferta pública de adquisición de suelo. Pero hace aproximadamente un año, cuando tuve conocimiento del acuerdo entre los grupos municipales del Ayuntamiento de Zaragoza en torno al convenio con el Ministerio de Defensa para el desarrollo residencial de los terrenos militares de Valdespartera y San Lamberto, le escribí al alcalde de la ciudad, José Atarés, para hacerle saber el interés del Gobierno de Aragón en participar en el desarrollo de estos suelos, a la vez que le ofrecí la plena colaboración para agilizar su tramitación urbanística y participar económicamente. En estas fases estamos desarrollando un protocolo y un convenio para el desarrollo de estos suelos. Esta misma oferta se la hice llegar a la hoy presidenta del Congreso de los Diputados y antecesora de don José Atarés, Luisa Fernanda Rudi. Es una de las primeras entrevistas que mantuve como consejero; fue el 26 de agosto de 1999: llevábamos apenas unos días, y el Gobierno ya buscaba suelo.
Ésta es la situación o entorno general, caracterizado a grandes rasgos por una gran demanda de vivienda protegida y una expectación contrastada de promotores y cooperativas cuando se incide en el mercado con suelo urbanizado. Ante esta situación estamos respondiendo, como he señalado, con la única respuesta posible: la puesta en este mercado de todo el suelo disponible para posibilitar que la vivienda protegida repuntase. Estamos, por tanto, inmersos en el proceso de producción.
Quiero referirme a tres aspectos muy concretos que en la movilización de suelo de la segunda fase de residencial Parque Goya tienen un carácter muy importante. Al estar vigentes unos precios del módulo, en mi opinión, alejados de la propia realidad de los costes, el precio del suelo sobre el precio final de la vivienda es de cero pesetas en el régimen especial, de un millón de pesetas, aproximadamente, para las viviendas de precio básico y de dos millones de pesetas para las viviendas de precio máximo. Todas, viviendas de protección oficial.
En segundo lugar, hemos ido a promociones en bloque, donde se reúnen los tres regímenes de la vivienda protegida. Hemos buscado la heterogeneidad de regímenes en las promociones: 30% de precio básico, 45% de precio máximo y 25% de régimen especial.
Hay una tercera cuestión que también me parece relevante. En la segunda fase de residencial Parque Goya, tanto los instrumentos urbanísticos como la propia urbanización van por delante del concurso del suelo. Al igual que antes les comentaba que la habilitación y movilización de suelo es la base, cuando ya se entra en la presentación de este suelo a quienes optan a él, hay que hacerlo bajo la premisa y la referencia del precio final de la vivienda para que, efectivamente, despierte interés. Éste es otro mecanismo que estamos manejando para alcanzar nuestros objetivos.
Si el coste del suelo es cero en la vivienda de régimen especial, quiere decirse con ello que ese suelo lo hemos movilizado a un precio testimonial para que cumpla su fin social. En las reuniones con el Ministerio de Fomento hemos defendido la subida de los precios de los módulos como posibilidad de animar a los promotores y encontrar más colaboración, tanto a la hora de urbanizar como a la de ejecutar viviendas. Personalmente, he defendido este incremento por varias razones: para propiciar una equiparación real a los costes y para que, si es posible, los suelos privados vuelvan a incorporarse a la oferta. El ministerio sólo aceptó una subida del 2,03%, incluso por debajo del nivel de inflación, escudándose, precisamente, en este elemento macroeconómico. Dicho eso, hay que reflejar que llevábamos dos años con el precio de la vivienda congelado.
Las posibles desviaciones en torno a la vivienda protegida son una dificultad añadida. El Instituto del Suelo y la Vivienda viene trabajando desde hace meses para corregir posibles irregularidades. Una vez iniciado el trabajo, aunque nunca con pruebas sólidas, nos pusimos manos a la obra con toda la discreción -pero, a la vez, agilidad- posible.
Contestando a una de las preguntas, debo manifestar que no existe ninguna denuncia en el ISVA de ninguna irregularidad que se haya producido dentro de Parque Goya I. Hemos actuado, como se suele decir, de oficio ante comentarios que hemos oído y que hemos querido investigar para aclarar todas las posibles irregularidades. Inicialmente, hay que considerar esta distorsión desde la única óptica posible: la de dotarnos de las herramientas legales para atajarlas ante los supuestos de fraude, irregularidades administrativas o delito fiscal que de estos comportamientos se pueden desprender. En este último supuesto ya les adelanto con absoluta rotundidad que, si contamos con pruebas suficientes, las remitiremos al ministerio fiscal para que ejerza las acciones que considere. Pero también estamos ante una práctica que desvirtúa por completo las condiciones de compra de los adjudicatarios. Ahí es donde el Instituto del Suelo y la Vivienda debe incidir con más profundidad para encauzar el cumplimiento de los fines primeros, y ya lo está haciendo. Les pongo al corriente de algunos antecedentes.
Una orden de los Departamentos de Presidencia y Relaciones Institucionales y de Economía, Hacienda y Fomento el 18 de septiembre de 1998 creó dos plazas en los servicios centrales del ISVA con la denominación de inspectores de fianzas, que en septiembre de 1999 no habían sido cubiertas.
Ya en la actual legislatura, esta figura nos pareció incompleta en sus cometidos, y se produce un hecho que me parece muy significativo y que bien puede ser el punto de partida que explicita nuestra decidida intención de que la vivienda protegida responda a sus objetivos primeros y no sea objeto de la más mínima distorsión. Hicimos pública una orden de los mismos departamentos con fecha 15 de noviembre del noventa y nueve que hizo posible que las plazas creadas pasaran a denominarse «plazas de inspectores de viviendas», y ahora sí fueron cubiertas. El propio director gerente del ISVA mantuvo una reunión el pasado 30 de enero con la Dirección General de Tributos del Gobierno de Aragón para coordinar actuaciones, es decir, que apenas tres meses después de iniciar la legislatura ya habilitamos las primeras medidas para crear un cuerpo de inspección, y, cinco meses antes de que las presuntas irregularidades sean objeto de atención por parte de los medios de comunicación, esta inspección ya estaba trabajando. Las funciones de esta inspección se concretan en la comprobación de cualquiera de las obligaciones de los actores que intervienen en el proceso de promoción, lo mismo el promotor que el comprador o arrendatario. En la práctica se ocupan de comprobar desde la efectiva ocupación de la vivienda hasta el precio pagado por ella, pasando por otros aspectos previstos que configuran las obligaciones de los particulares, incluido el seguimiento de las condiciones exigidas para la obtención de las ayudas públicas.
Esta labor inspectora va dando sus frutos, y es cuando el ISVA, aun sin tener pruebas sólidas, empieza a tomar sus medidas de precaución. El 12 de marzo de 2001, el director gerente del ISVA se dirige por escrito a los adjudicatarios de viviendas en Parque Goya I; en la carta se les adelanta a estos adjudicatarios que desde el ISVA se pondrán en contacto con cada uno de los adjudicatarios para conocer el grado de satisfacción que les ha supuesto ser beneficiarios de una vivienda protegida y para que nos manifiesten cuál ha sido el precio final pagado por la vivienda. La inspección también se ha dirigido por escrito, en carta fechada el pasado 9 de abril, a algunas de las empresas adjudicatarias de la primera fase de residencial Parque Goya, solicitando un listado completo de todos los destinatarios de las viviendas, compradores que también han recibido un modelo de encuesta para que reflejen todos los datos relativos a la vivienda.
Ésta es la situación en este momento, y creo que, por estar en proceso de inspección, no debo ir mucho más allá en las explicaciones por razones obvias. Tampoco creo que sea el momento de comentar con más profundidad las supuestas posibilidades de fraude, porque ahora mismo no tenemos más pruebas que lo que los compradores nos han contado. Ésta es la situación puntual.
Pero una de las cuestiones que han quedado meridianamente claras es que no contamos con el suficiente respaldo jurídico para sancionar, con la máxima dureza, este tipo de desviaciones. Hace falta, por tanto, como medida preventiva y como texto legal al que hay que acudir, un texto con rango de ley, del que existe ya un anteproyecto de trabajo. Queremos que sea un texto cuyo objetivo principal sea dotar a la comunidad autónoma y a las entidades locales de mecanismos jurídicos que, en primer lugar, superen en parte la actual dispersión de la normativa sobre vivienda y que, en definitiva, permitan garantizar que las acciones y políticas públicas de intervención en el mercado del suelo y la vivienda resulten rentables. El anteproyecto debería estar planteado como una norma de futuro donde se contemplen limitaciones al poder de disposición de quienes acceden a viviendas sujetas a regímenes de protección pública en sus diferentes modalidades. Se trata de delimitar el propio contenido de la propiedad conforme a la función social que ha de cumplir. Ha de quedar bien claro en este texto que nadie puede aspirar a incorporar a su patrimonio plusvalías a costa de fondos públicos, cuya inversión tiene por objeto, precisamente, impedir o atenuar las prácticas especulativas. Del mismo modo, nadie puede pretender adquirir plusvalías a costa del esfuerzo de promotores privados que, trabajando con la vivienda protegida, modulan su beneficio empresarial y contribuyen a poner el mercado a precios asequibles. Se trata, en definitiva, de que la vivienda protegida, mientras mantenga esa condición, no esté en disposición de ser vendida a cualquier persona ni a cualquier precio; de que los fondos públicos no sirvan para alimentar conductas especulativas que, además, también contribuyen a inflacionar los mercados. El anteproyecto incluiría una serie de limitaciones de la propiedad de las viviendas sujetas a regímenes de protección pública, incluido el derecho de tanteo para recuperar la vivienda e incluso la expropiación por incumplimiento de las condiciones de uso o disposición. De hecho, la intención del Gobierno de Aragón es incluir en el próximo decreto sobre medidas de financiación en materia de suelo y vivienda, consecuencia del aprobado por el Gobierno central el pasado mes de febrero, el derecho de tanteo y retracto a favor del ISVA en todos los contratos de compraventa de las viviendas sujetas a cualquiera de los regímenes de protección pública. En el anteproyecto quedarían también configurados el régimen sancionador y los efectos de los contratos con sobreprecios. Habría una parte del texto referida al régimen aplicable a los procedimientos de calificación, declaración de actuaciones protegidas y la concesión de la financiación cualificada.
Éstas son las principales actuaciones de producción normativa que en torno a la vivienda protegida y a cualquier distorsión que se produzca sobre ella hemos cubierto en los últimos meses. Como ustedes habrán supuesto, la finalidad no es otra que el control de los adjudicatarios y que no se produzca desviación alguna sobre los fines primeros. Es intención del Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón iniciar después del verano una campaña de publicidad institucional destinada a incrementar el nivel de información de los adjudicatarios de una vivienda protegida; a informar, en definitiva, a los interesados sobre los precios que rigen en cada caso. El 4 de abril, la dirección del ISVA se dirigió por escrito a las cooperativas y empresas promotoras que ganaron el concurso de las primeras nueve parcelas en la segunda fase de residencial Parque Goya, solicitándoles que en el plazo máximo de diez días remitan al ISVA un listado completo con direcciones de todos los destinatarios de las viviendas sobre las parcelas que les han sido adjudicadas. Una vez que contemos con los listados de todos los adjudicatarios de la segunda fase de residencial Parque Goya y de cualquier otra promoción de vivienda protegida en suelo público, personalmente les remitiré una carta dándoles cuenta de los precios máximos de venta, de las ayudas a las que tienen derecho y de los puntos administrativos a los que se pueden dirigir para aclarar y defender sus derechos.
Quiero insistir en que, ante la complejidad del entorno residencial en muchas de sus facetas, el Gobierno de Aragón va a seguir confiando en promotores y cooperativas como agentes inexcusables para la promoción de viviendas protegidas. Las metas que nos hemos marcado son ambiciosas; tanto, que son imposibles de alcanzar si en el recorrido no contamos con la colaboración de todos los agentes relacionados con esta actividad. Lo que bajo ningún concepto queremos es que se rodee a la vivienda protegida del más mínimo grado de descrédito o de la más mínima tendencia a su no control. Ahora bien, no es menos cierto que, ante el más elemental indicio de distorsión, es nuestra obligación poner todos los remedios para que los fines de un cometido que cuesta muchos recursos a la sociedad en su conjunto se confirmen de principio a fin sin la menor desviación. Si para ello hay que ejecutar un control sobre los adjudicatarios, lo haremos.
Insisto, como resumen, en los parámetros de esta intervención. En primer lugar, que estamos entregados a producir vivienda protegida, en el convencimiento de que el mercado, por sí solo, no va a admitir a muchas familias aragonesas que hace tiempo fueron expulsadas del mercado por unos precios que siguen al alza; de forma simultánea, y para confirmar estos objetivos, ejercer un control directo sobre las adjudicaciones, junto a nuevos mecanismos de información a los compradores, para dificultar al máximo las desviaciones; y, por último, solicitar la colaboración de los agentes implicados y de las administraciones para abandonar esta situación de peligrosa atonía en la producción de vivienda protegida. La sociedad aragonesa nos está reclamando viviendas a precios asequibles, y el Gobierno de Aragón quiere responder a esta petición con toda la rapidez.
Respecto a la pregunta central del Grupo Parlamentario Popular sobre las medidas de control, resumo mi intervención en los siguientes aspectos: seguir con los trabajos de inspección ya iniciados; si hay pruebas sólidas de incumplimiento, aplicaremos con toda dureza la normativa vigente; si estas mismas pruebas superan nuestro ámbito e ingresan en otros, informaremos a otras administraciones, incluido el ministerio fiscal; vamos a continuar con los mecanismos para facilitar información a los futuros usuarios de vivienda protegida, habilitando al mismo tiempo medidas de defensa ante estas posibles desviaciones, y todo ello amparado en un texto legal que presentaremos a esta cámara en el próximo período de sesiones para garantizar la totalidad de los cometidos de la vivienda protegida.
Muchas gracias.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas gracias, señor consejero.
Para turno de réplica, tiene la palabra el señor Pérez.

El señor diputado PÉREZ VICENTE: Muchas gracias, presidenta.
Ha empezado, señor consejero, hablando de «Hasta cuándo vais a abusar de la paciencia». Lo que está claro es que, como habrá comprobado, todos tenemos aquí mucha paciencia, empezando por la presidenta de la Comisión, que ha tenido una generosidad extraordinaria en la intervención del consejero, que ha duplicado y ha sobrepasado los quince minutos. Pero, vamos, que tampoco viene mal, porque los treinta segundos últimos han sido interesantes, los treinta segundos últimos han sido, en parte, la contestación al objeto de esta comparecencia. ¿Lo anterior? Señor consejero, pues muy bien, ya lo sabíamos, pero nosotros le preguntábamos sobre esas medidas de control que pueda tener establecidas o que piensa establecer su departamento; lo demás ya lo había explicado en sus comparecencias o ya lo sabíamos por los medios de comunicación.
Y de su intervención tengo que decir que al principio sí que me ha llamado la atención una de sus manifestaciones, que ha hecho referencia a las palabras del presidente del Gobierno de Aragón, señor Iglesias, con respecto al tema de la vivienda. ¿No se referirá a las palabras en su discurso de investidura? Porque léanse el discurso de investidura del señor Iglesias: no hace mención a vivienda para nada. Ese proyecto estrella de su departamento, nuestro presidente de comunidad, en su discurso de investidura, ni lo mencionó, no habló de vivienda para nada -no creo que se le olvidara-; no obstante, sí que pronunció otras palabras, y las pronunció cuando era miembro de la oposición, y a lo mejor, y como esta semana se va a debatir mucho de vivienda, en algún momento recordaremos las palabras del señor Iglesias referidas a vivienda, cómo es curioso las cosas que se pueden decir hace dos años o menos y las que ahora no se dicen, o se callan, o se dicen al contrario.
Pero, dicho esto, indudablemente que no hay vivienda de protección oficial, que hay que trabajar para que haya más suelo urbanizado y más vivienda de protección oficial, que hay que poner el suelo urbanizado a disposición de los promotores y de las administraciones y de las entidades locales, que su consejería ha retomado y ha puesto en marcha... Señor Velasco, usted estaba en la legislatura anterior en esta cámara. Creo que usted trabajó, y brillantemente, en que se aprobara una Ley urbanística de Aragón, y sin entrar ahora, porque tampoco es el debate, ¿sabe y recuerda que existen convenios urbanísticos tanto con iniciativa pública como con iniciativa privada en esa Ley urbanística de Aragón que aprobamos al final de la legislatura pasada, y que no es absolutamente necesario, como usted plantea, que la urbanización la tengan que acometer la Administración y el Gobierno de Aragón porque nadie quiere saber nada de esa urbanización? Está usted equivocado, señor consejero. La iniciativa privada quiere participar a través de convenios y está dispuesta a participar en esos proyectos de urbanización, y usted ha nombrado uno -yo lo había nombrado anteriormente-, el famoso polígono 24 de la ciudad de Huesca: seiscientas treinta viviendas, todas en un régimen de protección, con el plan especial aprobado, con el convenio aprobado, con el modelo de gestión aprobado, con unos compromisos cifrados en plazo para que estuvieran acometidos, con un proyecto de derribo de las naves de Albajar que lleva cuatro o cinco años en el Ayuntamiento de Huesca, y realizado y presentado por el Gobierno de Aragón, y ustedes, con el Ayuntamiento de Huesca, en dos años, ¡han retomado la iniciativa! Pues si retomar la iniciativa es parar las actuaciones... Por eso le he comentado anteriormente la paralización de su departamento, y con esto le quiero decir que no vale como siempre, y es una de esas muletillas que viene manteniendo nuestro Gobierno de Aragón, que parece ser que todas las culpas la tiene la Administración central -sí, sí, ¡hombre!-, que necesita usted los apoyos de Madrid y de la Administración central para urbanizar, y convenie y negocie con el resto de instituciones locales y negocie y convenie con la iniciativa privada, que está dispuesta a ello. Y se puede conveniar perfectamente. No sólo espere a ver si llueve desde la Administración central. Sí, sí, he nombrado lo de «llueve» porque, como está de moda todo lo del agua, pues es una situación que viene y cabe perfectamente en este debate. Porque, claro, si no, ¿cómo se atreve usted a decir que se lleva un ritmo de urbanización superior al establecido? Al establecido ¿dónde y para qué, ese ritmo de urbanización? ¡Si le estoy poniendo un ejemplo de seiscientas treinta viviendas donde hay una tremenda expectativa en la ciudad de Huesca y que todavía no se ha acometido ni se ha ejecutado el proyecto de derribo de las naves que hay en el Ayuntamiento de Huesca! Hace cuatro o cinco años. Es que, cuando desde su departamento se dice que se retoman y se reorientan las actuaciones, como usted ha manifestado, queremos entender que se retoman para mejorarlas y que se reorientan para agilizarlas, porque, claro, aquí entraríamos en el típico debate según quién está en el gobierno, según quién está en la oposición.
Ustedes en el gobierno, cuando viene algún ministro de Madrid -hace poco se nombraba al señor Cascos-, enseguida es el único gobierno que está haciendo e invirtiendo concretamente en nuestra comunidad autónoma, el único; otros que pudieron hacerlo no lo hicieron, y resulta que en temas que se están licitando, que están saliendo los proyectos en el Boletín Oficial del Estado, esos sí. Oiga, que tiene que ir usted más rápido, señor ministro. Pues aplíquense el ejemplo, que aquí estamos hablando de un tema que es competencia de esta comunidad autónoma, el tema de la vivienda es competencia exclusiva -independientemente de los planes de vivienda que pueda haber y que seguirá habiendo- de esta comunidad autónoma. Mantengan el criterio. Pero, claro, si la estrategia es otra, pues éstas son las consecuencias.
No obstante, nuestro grupo y yo, personalmente, nos alegramos de haberle escuchado, y le creo, señor consejero, que no existe ninguna denuncia en su departamento. ¡Hombre!, yo le he preguntado anteriormente. Usted -le vuelvo a repetir- nos ha detallado y relatado una serie de situaciones, para nuestro grupo y desde nuestro punto de vista, conocidas, y no ha respondido -quizá lo haga ahora en su próxima intervención- a lo que era el objeto de nuestra comparecencia. Y digo que me alegro de que no exista ninguna denuncia en su departamento porque yo sé de muy pocas cosicas, pero, afortunadamente, pierdo un poco de tiempo en leer la prensa, los medios de comunicación, y, mientras no se desmientan las cuestiones que se plantean en los medios de comunicación, yo las doy por ciertas y por buenas. Y, claro, resulta que el día 22 de abril su director gerente del ISVA, aquí presente, señor Piñeiro -dice la prensa-, «eludió confirmar datos, pero admitió que la unidad de información de dicho organismo ha puesto en conocimiento de Hacienda presuntas irregularidades detectadas en las ventas que realiza, al menos, uno de los mayores adjudicatarios de suelo público. Eso sí, este fraude, si finalmente se demuestra, parece ser que no es generalizado». Bueno, éstas son las declaraciones de su departamento.
Pero es que ha habido titulares que todos hemos podido leer: «La Diputación General de Aragón investiga ya ciento cincuenta casos de fraude en los pisos sociales de Parque Goya». Al igual que desde su departamento, para quedar bien con los beneficiarios y los adjudicatarios, incluso se publica en un medio de comunicación una carta -o posible carta- firmada por usted que no dice nada nuevo, dice lo que los adjudicatarios de las viviendas y los beneficiarios de las viviendas ya saben: saben cuál es el tipo de vivienda, cuál es el precio máximo por metro cuadrado, que si hay garaje o trastero, etcétera, etcétera, y que hay una serie de ayudas que pueden solicitar. ¡Si eso ya lo saben! O sea, que ésa es la repuesta; pero, por otro lado, están las declaraciones. Yo creo que ante una situación de éstas, cuando todos podemos pensar que hay ciento cincuenta casos de fraude, esperamos que en esa inactividad que he comentado antes, en esa parálisis del departamento, se encienda algún tipo de luz y salgan a desmentir, y salgan a desmentir diciendo: «Oye, que no». Pero, claro, es que unos días después, un poco más tarde, se sigue leyendo una tremenda preocupación, y uno de los párrafos concretos dice: «El Gobierno aragonés ratificó todos los datos publicados por este diario». ¡Hombre!, si el Gobierno, alguien del Gobierno aragonés -desde luego, en mi grupo no hay nadie en el Gobierno aragonés; si no, les hubiera preguntado a los de mi grupo-..., se supone que alguien hizo estas manifestaciones, y, cuando ratifica, por algo será. Pero, claro, es que también coincido con usted en la prudencia necesaria en estas situaciones y cómo puede llegar a afectar a familias con menos recursos de nuestra comunidad y cómo se pueden ver involucrados, y, por lo tanto, entiendo también la prudencia de estas familias en aceptar determinadas situaciones por las consecuencias que pueda tener, sobre todo de cara a Hacienda, etcétera, cuando en realidad son los que menos culpa tienen -en eso coincidimos- en toda esta posible situación. Pero, claro, ellos también leen estos comentarios; entonces, lo que esperan es esa apuesta decidida y drástica que le planteábamos desde nuestro grupo. Y en función de que nos va a presentar un proyecto de ley o un anteproyecto que ya está elaborando, en concreto, sobre las posibles medidas para corregir o tratar de que no se produzcan o dar pie a que se produzcan estas situaciones, pues también le hago un ofrecimiento, señor consejero: nosotros, si trae el anteproyecto o nos lo hace llegar, podremos aportar y compartir situaciones y mejorar -yo creo que seremos capaces de mejorar- ese texto que nos haga llegar; yo creo que ése sería un buen procedimiento, porque, repito, el tema de la vivienda es un tema que preocupa extraordinariamente al Partido Popular.
A nosotros nos parece muy bien todo ese tipo de información que va a dar a los posibles beneficiarios y las medidas de defensa que les pueda plantear para que no caigan en situaciones donde sus rentas, más bien escasas (bajas o medias-bajas), tengan que acometer otro tipo de aportaciones que suponen un verdadero esfuerzo para esas familias, y nos parece muy bien que tome todo tipo de iniciativas, y contra más permitan esa seguridad a los compradores y esa transparencia de cara a todos los grupos, y sobre todo en esta cámara, pues, indudablemente, pueden contar con la ayuda y con la colaboración del Partido Popular.
Gracias.

La señora presidenta (BARRERAS FANLO): Muchas gracias, señor Pérez, y espero que estime con la misma paciencia que ha tenido esta presidenta que usted ha consumido casi el triple de su tiempo. Cuando se está hablando, creo que uno no valora exactamente el tiempo que consume.
Tiene el turno para réplica el señor consejero. Tiene el tiempo que estime oportuno.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señora presidenta.
Yo creía que era necesario, en una semana en que vamos a debatir el tema de vivienda, dar un marco en el cual nos estamos moviendo, porque yo siempre creo que el tema es suficientemente importante para no analizarlo puntualmente -que hay que estar trabajando en ello-, sino verlo en un marco general. Y me reservo alguna de las cuestiones para la interpelación; por ejemplo, le contestaré bien acerca del polígono Albajar. Y yo le aconsejaría, además, que se pasara por el ayuntamiento, consultara con sus grupos políticos y viera exactamente qué es lo que hay que hacer, porque es importante saber en esta vida lo que hay que hacer y lo que legalmente corresponde hacer, pero eso me lo reservo, porque, como usted es de Huesca, le voy a demostrar que tengo bastante más información que usted de ese tema.
Que nosotros estamos trabajando en el tema de vivienda, si ya lo saben, me alegro, pero eso se desdice un poco con lo que manifestaba en sus primeras cuestiones. Nosotros, lo que tenemos que plantear, y hoy era objeto de comparecencia, es qué estamos haciendo. Cuando nosotros llegamos al gobierno, actuamos desde la buena fe, igual que lo hizo el anterior gobierno, igual que lo hizo el anterior; es decir, sacamos unos pliegos que se diferenciaban en cuanto a la valoración económica porque habían cambiado las condiciones, y fijamos un precio fijo, y mezclamos las viviendas, etcétera, es decir, cambiamos el sistema, pero, en cuanto a sistemas de control, actuamos desde el esquema de la buena fe, y no se puso ninguna cuestión especial porque nadie había detectado un fraude que hoy se está comentando.
Y, por lo tanto, seguimos trabajando en esa línea. Nosotros lo hicimos exactamente igual. Las primeras licitaciones las hizo un gobierno del que un consejero era del Partido Socialista; las segundas adjudicaciones las hizo un consejero del Partido Popular, y, si ustedes se leen los pliegos de bases, en cuanto al control, fueron las mismas que hicimos nosotros, porque no existían sobre la mesa ni siquiera rumores, ni tampoco había por qué pensar que, cuando uno va a un pliego y actúa con arreglo a un pliego, se va a saltar el pliego y va a saltarse las normas; es decir, no existía esa cuestión.
Cuando nosotros detectamos -y con «detectar» me refiero a nivel de rumor exterior, porque no existe ninguna denuncia en el departamento- que se pueden estar cometiendo unas irregularidades, hacemos lo que la Administración puede hacer. Es decir, ¿qué hace la Administración del Estado para garantizar que todos los ciudadanos paguen sus impuestos, que es un derecho de todos -es una obligación de los que tienen que pagar, pero es un derecho de todos los ciudadanos que todo el mundo pague-?: pues, aparte de poner su normativa, pone a funcionar un sistema de inspección e inspecciona, y va sacando lo que va sacando y va actuando con la normativa que tiene, y va modificando la norma conforme ve que se van cometiendo irregularidades.
Nosotros, porque no se puede desde la Administración actuar de otra manera, tenemos que poner en funcionamiento a quien puede actuar, que son los servicios de inspección, que, como ya les he dicho en mi primera intervención, los creamos nosotros, que no existían; es decir, no había problemas de la vivienda años atrás, y nosotros pensamos que, como se podían crear e íbamos a ir haciendo promociones de viviendas, había que crearlos, y pusimos al personal para que empezara a funcionar. Y, antes de que aparezca ninguna cuestión en ningún medio de comunicación, los servicios de inspección empiezan a hacer el control con los mecanismos que tienen, es decir, buscar información, llamar a los adjudicatarios, llamar a los promotores y empezar a recopilar documentación para ver, de esa inspección, qué conclusiones se pueden sacar, porque hasta que no se sacan o no tienes documentación suficiente tampoco puedes condenar a nadie de antemano. Y ese trabajo, como digo, se viene realizando y se está realizando. El problema es que nosotros, cuando vemos manifestaciones de algunos de los adjudicatarios, que nos manifiestan que han pagado más dinero, la segunda que les decimos es que nos lo firmen para poder actuar realmente en ese tema. Y en ese trabajo es en el que está trabajando el servicio de inspección, y no me corresponde a mí saber cómo está trabajando el servicio de inspección; a mí lo que me corresponde es que el servicio de inspección trabaje, y, cuando entienda que ha concluido su nivel de información, nos eleve las conclusiones para que nosotros podamos tomar la decisión política de cómo se actúa. Pero nosotros no somos inspectores, y están trabajando, y yo por eso decía que hay información, primero, que es información reservada y, segundo, que está en propio proceso. Yo no sé si los inspectores de Hacienda van informando de a quiénes están investigando y qué está saliendo, etcétera; me parece que no es ése el procedimiento: el procedimiento es elevar conclusiones.
Como decía, nos hemos dado cuenta de que, efectivamente, la normativa no cubre todas las posibles irregularidades que se nos pueden presentar, y, dado que estamos en este capítulo, ahora ya no cabe el decir: no me quiero enterar; es decir, ahora, por lo menos, para tranquilidad, aunque no se haya cometido ya ninguna irregularidad, solamente por tranquilidad de los ciudadanos, deberíamos dotarnos de la normativa suficiente para que eso no se produjese.
Nosotros tenemos, por ejemplo, establecido en la vivienda de promoción pública, que es la que ejecuta el propio departamento y la que contrata, el derecho de retracto, es decir, cuando un señor quiere vender, nosotros tenemos que autorizar y ejercitamos el derecho de retracto. Pero lo teníamos en la vivienda que producíamos nosotros. Ahora se ha producido un hecho puntual, porque también es un hecho puntual -puntual y último- el hecho de que se esté haciendo un número de viviendas importante sobre suelo -digamos- público; es decir, hace años, la mayoría de la vivienda protegida se hacía sobre suelo privado, y, entonces, lo que había que controlar fundamentalmente eran las ayudas que se daban, si correspondían, etcétera, que se sigue haciendo, pero hemos incorporado otro elemento más. Y nosotros estamos en ese trámite, y, según vayamos avanzando en la propia información de ese tema, nos irá diciendo qué mecanismos tenemos que ir poniendo en marcha para que eso sea.
El nivel de información yo creo que es fundamental. Es decir, todos damos por supuesto que todo el mundo sabe lo que tiene que pagar y cómo lo tiene que pagar, etcétera. Pues no es así. Y, cuando nosotros hablamos de régimen especial y hablamos de precio básico y de precio alto, eso está muy bien entre los que nos movemos en temas de vivienda, pero el ciudadano que va adquirir una vivienda, o tiene una perfecta información de a qué tipo de vivienda puede ir, o simplemente sabe que están haciendo viviendas en un sitio y va a ver si allí le adjudican una vivienda, y como el diferencial de precio que existe entre esas viviendas y las del mercado libre, en igualdad de condiciones, hoy se puede cifrar en Zaragoza en diez millones de pesetas, se puede prestar a que, aun pagando un sobreprecio, aún resulte rentable. Y eso es lo que tenemos que controlar perfectamente. Y la primera fórmula para que el ciudadano no esté indefenso es que tenga información exacta, precisa, y, además, se le garantice desde la Administración que no le van a quitar la vivienda porque no pague un dinero que no corresponde pagar, sino que nosotros garantizamos que, si está entre los adjudicatarios, pagando ese precio, tiene derecho a esa vivienda; por lo tanto, tiene que tener el nivel de información y tiene que tener la garantía de la Administración de que, ante cualquier desviación, sabe quién le puede defender ese tema. Y creemos que ése es el elemento básico. Y luego también hay que pedirles a los ciudadanos otra cuestión fundamental: si se produce un abuso de alguien sobre un ciudadano que quiere ir a comprar una vivienda, que nos ayude a poder controlarla. Y en eso se ayuda cuando alguien dice que ha ido a comprar una vivienda y que le han pedido cuatro millones de pesetas, porque eso es ayudar a la Administración para que pueda actuar; porque, si no tenemos quien nos respalde -al que le han pedido dinero o al que ha pagado dinero-, mal podemos hacer una denuncia formal ante un tribunal, ante el fisco o ante quien corresponda, o utilizar nosotros la normativa de que disponemos para poder hacerlo.
Por lo tanto, yo creo que el mecanismo con el que estamos actuando es el correcto y es el que la Administración puede hacer; nadie se puede erigir dentro de la Administración ni en inspector ni en juez para condenar o no condenar, es decir, requiere un proceso administrativo perfectamente ajustado, porque, en base a que se haga bien desde el principio, luego da sus frutos o no da sus frutos.
Nosotros, como digo, ante rumores de que se están produciendo irregularidades, ponemos a funcionar el servicio de inspección, y el servicio de inspección está actuando. Y, cuando el servicio de inspección concluya sus actuaciones, jurídicamente veremos todo lo que se puede hacer y no escatimaremos ninguna cuestión que podamos hacer con la legislación vigente. Y les adelanto que vemos que hay algunas cuestiones que pueden no estar suficientemente contempladas en la normativa actual, y por eso estamos diciendo que tenemos que dotarnos de la normativa suficiente para decir: mire usted, el que se pase en este tema se va a acordar de por vida; pero eso tiene que estar respaldado en una ley: no vale el decirlo. Si en la normativa está que se le puede multar con cinco a cincuenta millones, es la banda que tienes, y, si quieres más, aquí están las Cortes para que legislen. Y nosotros vamos a mandar un texto, que será nuestro texto del gobierno, pero, al final, quien aprobará ese texto son las Cortes de Aragón, y, por lo tanto, ustedes son los que tienen que decir hasta dónde se quiere llegar.
Cuanto más alto pongan el listón, más tranquilo se quedará el Departamento de Obras Públicas y más tranquilo se quedará el director del ISVA. No tenemos ningún problema. Debe quedar perfectamente claro que se está haciendo un esfuerzo muy grande por parte de la Administración -y, por tanto, por parte de los ciudadanos- para invertir en producir viviendas de protección oficial, y, por lo tanto, somos los primeros interesados en que no haya desviación ni de una sola peseta. Por lo tanto, aquí no cabe ningún paño caliente. Todo lo que la ley nos permita con la investigación que podamos hacer se aplicará con el máximo rigor, pero aquí nadie puede condenar de antemano a nadie, porque, o tienes pruebas, o al final los que estaríamos en los tribunales seríamos nosotros por no poder demostrar algunas cuestiones. Y, como digo, se está trabajando, se está llamando uno por uno a los adjudicatarios, se les está pidiendo información, y, con arreglo a esa información, el propio servicio de inspección concluirá.
Yo no me quejo excesivamente del Gobierno central: me quejo lo suficiente. Que el Plan de la vivienda es un plan concertado entre el ministerio y las comunidades autónomas es un hecho evidente; que el marco en el cual nos estamos moviendo en este momento es un Plan de la vivienda firmado de 1998 a 2001, que lo firmó un gobierno del Partido Popular en Madrid con un gobierno del Partido Popular en Aragón, es evidente; que ese Plan de la vivienda, y así lo dijimos desde la oposición -y podríamos buscar las comparecencias-, nos pareció malo también, como estará en la cámara, será evidente y ya se lo proporcionaremos; que, cuando yo le daba el dato de en qué momento nos encontramos con la vivienda protegida del 8%, no era en Aragón, sino que era a nivel nacional, es evidente, y que esa política de vivienda se enmarca en un ciclo de responsabilidad exclusiva del Partido Popular y que, si se tiene mucho interés en producir vivienda protegida, lo que hay que hacer es poner los mecanismos para poder producirla.
Mire, yo me estoy entendiendo perfectamente en esta materia con el Ayuntamiento de Zaragoza y con el Ayuntamiento de Teruel, dos ayuntamientos del Partido Popular. Mire si nos entendemos bien que vamos a tener que aprobar el Plan general de la ciudad de Zaragoza en ocho días formales para que pueda producirse un relanzamiento de todo el tema de la vivienda, porque, mientras no tenga aprobado el Plan general de la vivienda, no puede usted actuar en otros suelos que no estuvieran ya calificados en la ciudad de Zaragoza, que es la ciudad más importante y que acoge a más de la mitad de la población. Y no vale decir que yo puedo ir a buscar bolsas, no: esas bolsas tienen que estar calificadas, tienen que estar aprobadas por el ayuntamiento, y tenemos que coordinarnos el ayuntamiento con la comunidad autónoma para poder desarrollarlo.
Valdespartera se anunció hace dos años y medio, y se firmó el contrato hace unos meses. Y ahora será obligación del ayuntamiento y del Gobierno de Aragón desarrollarlo rápidamente, y habrá que ponerse un plazo y cumplirlo, pero no será menor de dos años, corriendo todo lo del mundo, porque hay que hacer el plan parcial, hay que hacer el proyecto de urbanización, hay que licitar el proyecto de urbanización, hay que ejecutarlo y hay que licitar las parcelas para que se empiece a construir, y eso es imposible de hacer antes de dos años. Pero, si se hubiera hecho hace dos años, si se hubiera iniciado hace dos años, hoy ya podríamos poner ladrillos.
Y tendremos que explicarle también que la política de su gobierno en la anterior legislatura fue lavarse las manos con la vivienda. El suelo que tenía en Teruel lo cedió al ayuntamiento. Y ¿sabe una cosa?: no se ha movilizado ni un metro cuadrado. Se pueden construir cuatrocientas viviendas en el polígono La Fuenfresca, y salvo las cincuenta y ocho, que nos salió una parcela para que hiciéramos promoción pública, no se ha movilizado. El polígono Albajar era propiedad de la comunidad autónoma, y se lo cedió al ayuntamiento: también se lavo las manos.
Y tercero, repase usted cuánto tiempo les costó desarrollar Parque Goya I, que era para mil cien viviendas, y compárenlo después ustedes con lo que nos ha costado a nosotros desarrollar Parque Goya II, porque ya están los proyectos en el Ayuntamiento de Zaragoza esperando la licencia municipal, y el día que la tengan pueden ya empezar a construir; luego no estamos hablando de ninguna cosa rara. Los proyectos están en el ayuntamiento, y el día que tengan licencia -esperemos que sea dentro de un mes; no corre prisa, un mes arriba un mes abajo, porque la urbanización va funcionando y, cuanto más avance la urbanización, más cómodo va a ser todo el desarrollo urbanístico- ya podían ejecutarse. Por lo tanto, estamos hablando de cosas muy concretas, de fechas muy claras. Y esto, cuando hay que hacer una modificación del plan parcial, cuando hay que hacer un proyecto de urbanización, cuando hay que licitarlo y cuando hay que ejecutarlo para que se empiece a construir, si estamos hablando de que tomamos posesión de este gobierno hace veinte meses y todo está cubierto, yo simplemente le reto a que me diga cuál de sus ayuntamientos del Partido Popular es capaz de hacerlo más rápido. Creo que no existe. En todo caso, le tengo que decir que el Ivima, que es el Instituto de la Vivienda de Madrid, buscará casa a casa unos quince mil pisos revendidos ilegalmente; esto es del día 5 de mayo de 2001. Quiere decirse que estamos ante un problema que hay que atajar, y que hay que atajar bien. Que se puede hacer toda la demagogia que se quiera, pero que lo importante es que, al final, nos dotemos de las herramientas necesarias para poder actuar y, segundo, que actuemos. Esas dos cosas son las que vamos a hacer, y, por lo tanto, en este tema estamos absolutamente tranquilos. No queremos tapar nada a nadie, no tenemos ningún límite para que se cumpla el objetivo primordial, y es que la vivienda protegida cumpla con su fin social, pero dejando una cosa bien clara: nosotros estamos convencidos de que sólo hay una solución, y es producir vivienda. Cuando no se hace nada, no hace falta controlar nada; cuando se hace bastante, pueden surgir algunos casos que haya que controlar, y hay que hacerlo a la vez, pero, sobre todo, el primero: ejecutar.
Gracias.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas gracias, señor consejero.
Seguidamente tiene la palabra el señor Lacasa, portavoz del Grupo Mixto. Tiene cinco minutos, y a partir de ahora sí que voy a intentar marcar el tiempo. [Rumores.] No, no voy a ser tajante, pero no les voy a permitir tanto como les he permitido tanto al Grupo Popular como al señor consejero, creo que por el bien de todos, porque todavía tenemos cuatro preguntas, en las que también voy a ser bastante estricta.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, señora presidenta.
Estoy convencido de que me va a dar el tiempo suficiente para explicar políticamente algunas cosas desde Izquierda Unida en uno de los debates más importantes de la legislatura, porque es el debate de la vivienda. Y, señorías, Izquierda Unida -lo quiero dejar absolutamente claro en esta tribuna hoy con toda la solemnidad- no va a aceptar ninguna demagogia ni ninguna frivolidad sobre un tema que es un derecho básico y fundamental de los ciudadanos, como es la vivienda. Aquí nos la estamos jugando. Sanidad, educación y vivienda son para nosotros tres piezas sagradas del puzzle de los derechos básicos de los ciudadanos, y, por lo tanto, hay que intervenir con racionalidad, con firmeza y sin demagogia.
Porque, señorías, aquí hay un problema básico, y es: ¿cuánto ha subido el precio de la vivienda en nuestro país, cuánto ha subido en los últimos años el precio de la vivienda? Todas sus señorías lo saben, ¿verdad? ¿En qué posición se encuentra Zaragoza significativamente dentro de esa subida de precios en la vivienda? Impresionante la subida de precios de la vivienda. ¿Cuál ha sido la política de la derecha a este respecto? Mercado. La solución venía desregulando y diciendo que, sin duda, la puesta de suelo urbanizable a disposición del mercado iba a promover, iba a provocar un acceso masivo a la vivienda. ¿Cuál es el resultado de esta política? Lo conocemos todos en estos momentos: un fracaso absoluto en lo que es el acceso a la vivienda de las capas más desfavorecidas e incluso de las capas medias de la población. Y, sin embargo, se está produciendo muchísima vivienda, más que nunca; pero toda vivienda libre, a partir de veinticinco millones de pesetas, por lo menos en esta ciudad y en alguna otra, probablemente, de la comunidad autónoma.
Y ésta es la realidad. Y hay que tomar el toro por los cuernos, y no se pueden aceptar esos cuarenta puntos de bajada de vivienda de protección oficial en nuestro país, y esto es una realidad como un piano, señorías, y el Gobierno Popular tiene una responsabilidad impresionante en esta materia con su Plan cuatrienal de la vivienda y con su actuación en la anterior legislatura. No hablaría con esta contundencia en otro tema, pero en éste sí quiero hacerlo. Porque quiero hablar de precio de referencia de la vivienda, señorías. Vamos a hablar de lo que hicieron otros gobiernos y luego hablaremos de lo que hace este gobierno.
Actuación sobre el precio de referencia de la vivienda simbólica del ejecutivo de Santiago Lanzuela de la legislatura pasada. Usted, señor Pérez Vicente, quizá no lo conoce porque es de la ciudad de Huesca, pero en la ciudad de Zaragoza sacaron a subasta una parcela en el Actur que ascendió al importe de ¡tres mil millones de pesetas!, que referenció automáticamente el precio de la vivienda en la ciudad de Zaragoza. ¡Tres mil millones de pesetas! Que ustedes luego no dedicaron..., porque podrían haber dicho: no, sacamos tres mil millones de pesetas, a los ricos, en teoría, y lo invertimos en promoción pública de viviendas. No, ustedes lo gastaron en otra cuestión como fue…

El señor diputado PÉREZ VICENTE: Señora presidenta...

El señor diputado LACASA VIDAL: ... la compra del Teatro Fleta y alguna otra actuación, muy legítima, pero que no tenía que ir nunca bajo el capítulo de la actuación.

El señor diputado PÉREZ VICENTE: … pido que se ciña al tema.

El señor diputado LACASA VIDAL: Por lo tanto, estamos hablando de un tema muy importante, la vivienda, y en esta comunidad autónoma se han hecho auténticos desmanes en esta materia; por eso, Izquierda Unida exigió a este Gobierno que cambiara radicalmente esta materia.
Y nosotros, uno de los elementos en el que hemos insistido y en el que vamos a seguir insistiendo es que este Gobierno se implique en la promoción de vivienda pública para las capas más desfavorecidas directamente, para los regímenes de alquiler especial; que favorezca la vivienda de protección oficial, y, desde luego también, que acompañe medidas de rehabilitación. Pero todas esas medidas, con intensidad y, desde luego, con datos concretos encima de la mesa.
Nosotros, ante esta polémica, desde luego lo que no vamos a aceptar es que sirva esta polémica para anular los incipientes pasos que se están dando, pero firmes -y lo queremos reconocer así y empujar al Gobierno a que siga haciéndolo-, en pro de la construcción de vivienda protegida en nuestra comunidad autónoma para salir de un impasse histórico o, por lo menos, de los últimos años en la comunidad autónoma: es fundamental. Es la única manera, señorías, de intervenir, porque la receta liberal que nos han explicado, y que en esta tribuna y en esta cámara lo hemos debatido muchas veces, y me decían: «Que no, que poniendo mucho suelo ya verás, que va a bajar el suelo de vivienda»... No, ahora todo el mundo reconoce, incluso los liberales y la derecha, que no es así, que sólo con una masiva presencia de vivienda de protección, una masiva presencia, pero no simbólica, sino masiva, que desvirtúe el efecto perverso que tiene, en este caso concreto, la especulación urbanística, los fenómenos de acumulación ligados a las expectativas de venta. Porque, mientras se ponga más suelo, más viviendas, pero haya demandantes que, por acumular y, de alguna forma, invertir, estén dispuestos a pagar precios exorbitantes, evidentemente, se aleja por completo del campo de posibilidades de los ciudadanos. Por eso estamos empeñados en que se prosiga esta actuación: Parque Goya I, Parque Goya II, todo el suelo que seamos capaces de colocar en esa disposición.
Con respecto a la polémica, claro, evidentemente, a medida que vayamos trabajando, que el Gobierno vaya trabajando y las Cortes vayamos impulsando al Gobierno, pasa un fenómeno -ya lo ha dicho el consejero, pero yo sigo insistiendo-: efectivamente, se están haciendo viviendas protegidas magníficas por promotores y por cooperativas o directamente por el Gobierno de Aragón; esas viviendas, claro, si valen catorce millones y resulta que el mercado está dando veinticinco millones para esa vivienda, pues hay quien, lógicamente, sea promotor o sea adjudicatario, puede estar tentado a pensar en hacer el negocio de su vida. Indiscutiblemente, eso es así. Cuanta más vivienda pública o de protección pongamos en el mercado, menor será el diferencial, y de diez millones bajaremos a ocho, a cinco, etcétera, porque ésa es la clave del asunto. Sí, sí, ésa es la clave del asunto, pero la derecha no quiere, por supuesto, que eso sea así. Y alguno quiere que esta polémica redunde en que al final se anule la posibilidad de hacer vivienda protegida en nuestra comunidad autónoma.
Pero, para salir al paso del encanallamiento que puede haber por parte de algún promotor o de algún adjudicatario que quiera revender su piso, evidentemente, hay que ir tomando medidas. Y yo planteo alguna medida, y nuestro grupo plantea alguna medida, que incluso formularemos en otro debate que vamos a tener el jueves, que alguna coincide con lo que ha dicho el consejero, y nosotros somos coincidentes en ese terreno. Es fundamental que, al igual que han estado haciendo las cooperativas de viviendas -que quiero recordar y reconocer en esta cámara que la iniciativa social en cooperativas ha puesto miles de viviendas al mercado a precios asequibles para los trabajadores y las capas que lo necesitaban en esta ciudad y en otras de la comunidad autónoma-, que se presentan con su lista de socios cooperativistas, y, por lo tanto, sabemos quiénes son los adjudicatarios de la vivienda, es fundamental que los promotores que aspiren a una parcela de suelo público vayan con su listado y con su compromiso de venta. Porque ahí sí, si el Gobierno de Aragón pide un compromiso de venta a unos señores y esos señores saben que tienen derecho a comprar una vivienda en unas determinadas condiciones, ya nadie podrá exigirles el pago de ese dinero. Ése es un elemento fundamental.
Pero hay un segundo elemento, y aquí también quiero que cada uno nos retractemos de lo que hemos hecho a lo largo de los años, y yo quiero decirle lo que ya ha hecho Izquierda Unida, aunque ha sido insuficiente. Mire, Ley de medidas tributarias, financieras y administrativas (Ley de acompañamiento a los presupuestos del año 2000). ¿Sabe cuál fue una de las enmiendas que se incorporó en esta ley, que planteó Izquierda Unida? «Defensa del patrimonio público inmobiliario. Artículo 93 bis. Derecho de tanteo y retracto.» Modificación de la Ley urbanística para incluir el derecho de tanteo y retracto. Porque en la anterior legislatura hubo una Ley urbanística de la Comunidad Autónoma de Aragón. Pero ¿saben qué pasó?: que ustedes no quisieron incluir -porque también fue formulado entonces por enmienda de Izquierda Unida- el derecho de tanteo y retracto. Sí, sí, sí, sí: no quisieron incluir el derecho de tanteo y retracto. Lo hemos aprobado, pero, efectivamente, puede ser insuficiente -voy terminando-. ¿Por qué? Quizá incorrectamente planteamos que fuera para el patrimonio municipal del suelo, y, efectivamente, ahora hablamos del patrimonio público del suelo, incluido el patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón. Estábamos pensando en otra realidad, y en estos momentos será necesario ampliar esta medida administrativa. Pero Izquierda Unida ya ha puesto mecanismos en la cámara, que, desde luego, han sido combatidos por la derecha de esta comunidad autónoma. Pero estaremos apoyando un mecanismo de derecho de tanteo y retracto para que cualquier venta que se intente producir sea rescatada inmediatamente por el Gobierno de Aragón al precio oficial, y, desde luego, ahí se corta tajantemente cualquier intento de los adjudicatarios futuros para poder hacer el negocio de su vida.
Son hechos lo que pedimos: más promoción de vivienda; más medios de control, pero que no paralicen esa promoción de vivienda; medidas efectivas como los listados o medidas efectivas como el derecho de tanteo o retracto.
Y digo que hemos predicado con el ejemplo, y a veces con un coste político muy grande, porque el señor consejero ha dicho un elemento fundamental: para hacer vivienda, hace falta tener una planificación urbanística en condiciones. Pues bien, señorías: nuestro grupo dio un ejemplo, aun a costa de pagarlo muy caro, de enorme generosidad política para que esta ciudad, la que mayor población tiene y mayores problemas de edificación tiene, sobre todo para estas capas desfavorecidas, tuviera posibilidad de encaje urbanístico. Y todos ustedes saben que nos jugamos mucho y que perdimos mucho, porque fuimos quizá ingenuos y torpes políticamente -hay que reconocerlo-, pero, cuando lo hicimos, lo hicimos absolutamente de buena fe, cuando dimos la aprobación inicial al Plan general de ordenación urbana, que posibilita que hoy se apruebe definitivamente en el plazo de dos años después de esa aprobación inicial, y era un requisito imprescindible. Entonces no nos acompañaron otros en aquel viaje, y lo aprobamos aunque la alcaldesa de la ciudad de Zaragoza era doña Luisa Fernanda Rudi, y perdimos a lo mejor uno o dos puntos que nos impidieron estar hoy en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y hay que decir las cosas como son: así es. Y no pretendimos obtener ninguna ventaja política, aunque entonces alguno nos quiso acusar de eso. Y, sin embargo, dimos la cara porque era un problema evidente. Y hoy se aprobará un Plan general que no tendrá tantas diferencias, con los matices lógicos del paso de los años, sobre aquel plan. Y estamos orgullosos de haber servido, aunque fuera a costa de nuestro propio interés partidario, para que esto vaya avanzando. Y ahora nos alegraremos mucho de que se apruebe el Plan general y se pueda trabajar en esa materia. Luego, hechos, cada uno con lo que tiene como aval a lo largo de la historia de lo que ha hecho en materia en vivienda, y desde luego vamos a seguir impulsándole. A usted, señor consejero, le pedimos que continúe pisando el acelerador en esta política y, aún más, mejorándola, sobre todo porque se nos quedan fuera algunos sectores y hay que actuar directamente en regímenes de alquiler para las capas que no pueden pagar ni siquiera la vivienda de protección oficial, y habrá que colaborar con instituciones como ayuntamientos, etcétera, y en esa línea creo que estamos. Control del posible fraude, pero, desde luego, impulso decidido, no parar, seguir pisando el acelerador, porque nos jugamos mucho, e Izquierda Unida tiene una sensibilidad a flor de piel en esta materia.
Muchas gracias, señora presidenta.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas gracias, señor Lacasa, por su brevedad.
Tiene la palabra el señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor consejero y señor director del ISVA.
Nosotros, antes que esta iniciativa se planteara el día 25 de abril, ya planteamos el día anterior, el día 24, una proposición no de ley que habla y se refiere a la misma materia. Quisiera resaltar esto porque hay dos formas de afrontar un problema: una, intentando hacer batalla política u obtener rédito político de él, y otra, intentando dar respuesta y solución al problema en positivo. Nuestra propuesta, precisamente, no ha ido pidiendo una comparencia que pudiera presuponer de antemano que parece que hay una responsabilidad del Gobierno de Aragón cuando se le exijen explicaciones, sino que ha ido en positivo, planteando la actuación, sobre todo, de cara al futuro. En este sentido, no quiero adelantarme, lógicamente, al debate que tendremos en el Pleno del jueves, donde se debatirá esa proposición no de ley y donde discutiremos exactamente qué medidas concretas pueden adoptarse para intentar dar respuesta a este problema, pero, puesto que su iniciativa se refiere expresamente al mismo asunto, alguna consideración interesante creo que cabe hacer con carácter previo.
Respecto a la actuación del Gobierno de Aragón, es cierto que la falta de denuncias y la falta de constancia directa y documental de que se hayan producido esos fraudes o esos sobreprecios imposibilita la instrucción de los expedientes sancionadores oportunos y, en consecuencia, que se deriven las consecuencias pertinentes de la instrucción de esos expedientes. Pero no es menos cierto, y parece evidente a la vista de todos nosotros y de la sociedad en su conjunto, que las situaciones de fraude se están produciendo, que los sobreprecios son una realidad, con independencia de que la dificultad en denunciarlos o el temor de aquellos ciudadanos que los padecen a denunciarlos hagan que difícilmente alguien que haya conseguido una vivienda, a pesar de pagar un sobreprecio que sigue siendo igualmente interesante para él al precio que lo ha conseguido, presente esas denuncias. Pero todos tenemos no sólo la convicción: tenemos a veces la constancia, aunque no sea documental; tenemos, en todo caso, la intuición. Y en la calle, desde luego, es un clamor y una realidad social que esos sobreprecios se producen. En qué grado, en qué medida, es una cuestión de matiz que tampoco es cuestión de dilucidar aquí. Pero que se produce, eso es una evidencia. El Gobierno de Aragón, evidentemente, lo sabe, y, en consecuencia, como Cortes de Aragón, como parlamento, tenemos que proporcionar los mecanismos -en este caso, legislativos o de impulso al Gobierno- suficientes para poderlos atajar. Siempre entendiendo -y, desde luego, desde Chunta Aragonesista no lo toleraremos- que no admitiremos que se aprovechen las coyunturales dificultades o problemas que puedan surgir en los procesos de adjudicación para cargar e intentar dinamitar los procesos de generación de vivienda pública.
Aquí, en estas mismas Cortes, debatimos ampliamente sobre la situación de la vivienda y el acceso de jóvenes y de capas sociales más desfavorecidas en el pasado mes de octubre y noviembre, con una interpelación de nuestro grupo y con una subsiguiente moción dimanante que fue aprobada en estas Cortes, nada menos que con nueve o diez puntos, con la que dimos un mandato y unas líneas de actuación al Gobierno de Aragón en distintas materias, pero especialmente en asuntos de la realización y de facilitar el acceso a la vivienda. Me limitaré a recordar el punto tercero, que hace referencia a un aspecto que el consejero acaba de señalar: dice que nos hemos quedado sin suelo público, que hemos perdido todo nuestro patrimonio. Pues bien, en el punto tercero hablábamos precisamente, y aprobamos aquí: «Realizar un inventario de los patrimonios públicos de suelo de carácter urbano, donde se recoja el de todas las Administraciones públicas, que posibilite el desarrollo de una política de generación de vivienda protegida destinada a los sectores sociales con mayores dificultades para acceder a ella». Ése es el camino que el Gobierno de Aragón debe hacer para continuar, no para aprovechar ese patrimonio que teníamos hasta la fecha, sino para continuar en estas líneas políticas. No son cuestiones que se resuelvan con un gobierno, con dos o con tres ejercicios: son cuestiones que deben tener una permanencia y una continuidad en el tiempo para que podamos dar respuesta al problema.
En este sentido, ya sé que hoy el interpelado o a quien se pide la comparencia es el consejero del Gobierno PSOE-PAR, pero tengo que hacer alguna observación. No es el Partido Popular el más indicado para decir si se hace o no se hace nada en política de vivienda. Que algo se está haciendo es tan evidente que ustedes mismos lo reconocen. Que no se hizo prácticamente nada en el mandato del presidente Lanzuela del noventa y cinco al noventa y nueve parece también una evidencia que ustedes mismos tampoco discutirán, porque las cifras son inapelables; las cifras de producción de vivienda protegida y de promoción pública las publicamos y las presentamos aquí en el debate de esa interpelación y moción del mes de noviembre y están ahí encima de la mesa. ¡Ojo!, no digo sólo del gobierno del señor Lanzuela: digo también de los gobiernos anteriores, ¿eh? Son las cifras de los últimos once años, en las que la vivienda de protección pública ha pasado de estar en el 60% -superando el 62%, en concreto, en un año determinado- a índices en torno al 7 y el 8% en los últimos años: ésa es la triste realidad y ésa es la evidencia. Y de eso no les echaré a ustedes toda la culpa ni, por supuesto, al actual Gobierno de Aragón, porque es la tendencia que se arrastra desde hace once años. Pero eso es una realidad.
En consecuencia, ante las dificultades, lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar, solucionarlas y dar respuesta a los problemas de los ciudadanos. Que existe una cierta alarma social que no debemos ayudar ni contribuir nosotros a incrementar parece también bastante evidente. Porque ¿quién no conoce a alguien que ha ido a comprar un piso, que le han sugerido que sería bueno que pagara en dinero negro una cantidad porque así podrían acometerse desde las pequeñas mejoras hasta, simplemente, garantizarle que tendría la adjudicación porque, si no, no se lo podían asegurar? Pues todo el mundo, todo el mundo hemos oído esos comentarios y todo el mundo sabemos que están ahí, que están y son vox populi. Y frente a la vox populi, frente a la evidencia, el Gobierno de Aragón, ciertamente, no puede iniciar expedientes sancionadores salvo en aquellos casos en los que tenga indicios documentales. Pero sí puede actuar de oficio en dos materias, en dos líneas: una, las revisiones de oficio. La Administración tiene la potestad siempre de revisar de oficio sus actos cuando tenga indicios o tenga la simple presunción de que pueda haberse vulnerado en alguna fase el procedimiento, puede hacerlo; por tanto, es una de las iniciativas que se debatirán el jueves, esa posible revisión de los casos. En todo caso, aunque sólo fuera para aclarar y para llevar la luz a un proceso que está puesto en cuestión, aunque sólo fuera por eso, sería muy conveniente. En todo caso, la Administración tiene esa potestad, puede hacer esas revisiones de oficio. Pero, sobre todo, y más importante -y creo que éste es el punto del que tendríamos que partir, más allá de las demagogias y acusaciones que podamos hacernos unos grupos a otros respecto a la actitud de los sucesivos gobiernos que han sido-, lo que sí que podemos hacer es evitar que en el futuro, y de ahora en adelante, se puedan producir. Y la mejor forma de evitar que se puedan producir es poner los mecanismos que los hagan imposibles. Si, desde luego, quien vende -para entendernos- o a quien se pagan las viviendas protegidas es el Gobierno de Aragón, difícilmente ocurrirá que se puedan pagar sobreprecios, ¿verdad? Bueno, pues tenemos mecanismos y hay posibilidades concretas para hacerlo. Yo no sé si en primera instancia tendremos que aprobar e impulsar esa ley que nos anuncia el Gobierno, esa ley de la vivienda, donde puedan incorporarse todos los asuntos que quedan ahora y que son flecos que están abiertos o frentes que se nos han quedado sin cubrir. No sé si será necesario tener esa ley. En todo caso, seguro que a partir de mañana podemos actuar en determinadas materias, como son que el propio ISVA pueda gestionar la adjudicación de esas viviendas construidas en suelo público, en éstas, en el Parque Goya II y en las que vayan viniendo. Seguro que nos da tiempo de elaborar una normativa que permita dotarse al Gobierno de un procedimiento sancionador para que, cuando se detecten los casos... Claro, para que tengan efectos disuasorios las sanciones, tienen que tener la evidencia de que, cuando a alguien se le pille, va a ser realmente sancionado; no vaya a pasar que se descubran en estos momentos infracciones que por falta de tener regulado un proceso sancionador se queden en agua de borrajas, lo cual sería todavía más peligroso que no descubrirlas. Por tanto, yo creo que el Gobierno necesita esos mecanismos, y estas Cortes están para hacerlo.
Desde ese punto de vista, yo emplazo el debate -y así sigo las sugerencias de la señora presidenta, puesto que vamos a debatir mucho más esta semana, el jueves y ustedes también el viernes-, emplazo a que seamos capaces de articular esas medidas, que enriquezcamos la iniciativa que ya hay planteada, esa proposición no de ley, con aportaciones y que intentemos dar un mandato claro al Gobierno y unas pautas de actuación desde la perspectiva de las funciones de control que tienen estas Cortes para que pueda salir, pasada esta semana, actuar con más tranquilidad, con más respaldo parlamentario, para intentar resolver el problemón. Yo creo que es suficiente con ese planteamiento, con la expresa voluntad de que esto no debe entorpecer las acciones que se están poniendo en marcha y que se están intentando sacar adelante, y que, en todo caso, los primeros beneficiados, además de la ciudadanía, seremos nosotros mismos, las instituciones (el ayuntamiento, la comunidad autónoma, las propias Cortes de Aragón), que demostraremos que somos capaces de dar una respuesta a un problema que realmente se ha generado, que los ciudadanos perciben porque afecta a buena parte de la sociedad -¿quién no tiene también un familiar, un hijo, un hermano, un conocido o un amigo que no está, precisamente, en esta fase de adquisición de una vivienda?-. Vivimos en un país -me refiero no sólo a Aragón: al conjunto del Estado- en el que no existe tradición de alquiler de vivienda, de utilización de la vivienda de alquiler. Aquí basta con cogerse las páginas de un diario para ver un domingo cómo hay trece páginas, catorce páginas de venta de pisos y tan sólo una, una y media de alquiler. Bueno, pues esto es una realidad y una cultura social que está ahí instalada y que está establecida. Pues, frente a eso, las medidas y los mecanismos que tenemos que plantear son los que esa sociedad demanda, huyendo, repito, de demagogias, huyendo de intentar sacar tajada política de una cuestión en la que responsabilidades, por haberlas, hay de todos, salvo de algunos que no las hemos tenido; pero, en todo caso, todos aquellos que han gobernado tienen su parte de responsabilidad. Luego no se trata de buscar aquí culpables, sino de saber encontrar entre todos las soluciones adecuadas.
Muchas gracias.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas gracias, señor Fuster.
Tiene la palabra el portavoz del Partido Aragonés, señor Martínez.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señor consejero, por su comparecencia, que, más que aclararnos, nos ha ratificado ya el pensamiento que teníamos respecto a la vivienda de protección oficial, puesto que todo lo que usted ha manifestado en esta comparecencia y ya en otras ocasiones ha dicho también en otras comparecencias parte de un pacto que es el pacto de gobierno de este Gobierno PSOE-PAR. Nosotros entendemos perfectamente -y, además, es absolutamente legítimo y hasta cierto punto lógico- que la oposición critique los planteamientos del equipo de gobierno de turno, sea del color que sea la oposición y sea del color que sea el gobierno; ahora, lo que no entendemos muy bien es que se critique con incongruencia: eso no tiene sentido. Es decir, si se plantea una comparecencia para pedir un informe sobre las medidas de control que tiene establecidas el departamento en relación con la adjudicación de las viviendas de protección oficial promovidas por el Gobierno de Aragón, no se puede iniciar la comparecencia diciendo: paralizados, paralizados, paralizados; no se puede decir que el Gobierno está absolutamente paralizado cuando se está pidiendo un informe sobre las medidas de control de algo que ya se ha hecho. Eso, para mí, es una incongruencia. Entonces, entiendo la crítica absolutamente legítima y lógica; pero, hombre, la crítica incongruente la verdad es que me parece un poco absurda.
Entrando ya en la propia comparecencia en sí, tenemos que tener claro -a nosotros no nos cabe duda alguna- que impedir, como usted ha dicho, la más mínima opción de que este tipo de vivienda, la protegida, sea objeto de negocio es un objetivo fundamental del Departamento de Obras Públicas: de eso no nos cabe a nosotros la menor duda. Y a continuación veremos o analizaremos datos que reflejan clarísimamente la intención de este departamento. En este momento, la oferta y la demanda están descompensadas absolutamente, y no seamos ingenuos: esa descompensación entre oferta y demanda da lugar a la picaresca, en algunos casos a la especulación y en otros casos incluso al negocio, al fraude. Eso es así, es evidente, y no vamos a cambiarlo en tres días ni probablemente en tres años, pero sí vamos -y, de hecho, el Gobierno ha iniciado ya la andadura- a poner las armas legales que tengamos para evitar que esto ocurra. Como digo, en estos momentos, el suelo disponible para este tipo de viviendas no llega al 10% de las necesidades reales, es decir, es muchísimo mayor la demanda que la oferta, y esto es lo que puede hacer que se convierta en un objeto de mercado. Según sus palabras, señor consejero, con las que estamos absolutamente de acuerdo, la escasa producción de vivienda protegida se podría paliar con sacar más suelo al mercado, pero suelo urbanizado, que no urbanizable -el urbanizable es evidente que no ha dado resultado ni creo que dé nunca-; un suelo urbanizado, donde ya directamente el promotor correspondiente se dedique a construir. Y el suelo urbanizado sabemos todos que cuesta dinero -usted lo ha dicho-, es una receta cara, evidentemente. Así son las cosas, y no nos llevemos a engaño. Los medios económicos de cualquier Administración, y de ésta en particular, son -todos lo sabemos- limitados, muy limitados, y urbanizar suelo cuesta dinero: llegamos hasta donde llegamos. Pero, vamos, de ahí a decir que este Gobierno no ha iniciado nada, que está paralizado, yo creo que es como la noche y el día, aproximadamente. Estamos hablando de más de cinco mil viviendas -si no he cogido los datos mal-, del orden de más de cinco mil viviendas en proceso de producción -eso, en dos años-, de más de cinco mil viviendas. Y eso es paralización. Bueno, pues yo solamente, señor Pérez, le remito al Ayuntamiento de Teruel, que lleva dos años con un polígono denominado La Fuenfresca, transferido al ayuntamiento, con parcelas para trescientas sesenta y cuatro viviendas, y no se ha movido un solo dedo en dos años. No se preocupe usted, que el Partido Aragonés, desde la oposición en el Ayuntamiento de Teruel, ya tiene la moción correspondiente preparada, a ver si es posible que se desparalice, porque eso sí que es paralización, no más de cinco mil viviendas en proceso de producción, sino cero viviendas en proceso de producción en el Ayuntamiento de Teruel.
Bueno, y otras dos cuestiones que se me ocurren respecto a esa afirmación de paralización. Bien, el consejero lo ha reiterado, lo ha dicho varias veces: se han creado dos plazas de inspección, dos plazas de inspectores de vivienda, de inspectores de fianzas y vivienda. Eso es comenzar la andadura, y lo ha creado este Gobierno. Y, ¡ojo!, cinco meses antes no de que exista una denuncia documentada -que no la hay, que no hay ni una sola denuncia documentada-, sino de que exista el más mínimo murmullo o la más mínima idea o el más mínimo comentario, cinco meses antes ya existe el servicio de inspección con dos inspectores, que ha creado este Gobierno. Hombre, pues si eso es paralización, tampoco lo entiendo, la verdad.
Y, por último -con esto ya termino-, hay un anteproyecto de ley redactado, en el cual ustedes podrán incluir, como el resto de los grupos, todas aquellas propuestas que tengan a bien y que sean lógicas -que no sean demagógicas-, que sean lógicas y que vayan a lo que tenemos que ir, que lo hemos dicho en numerosas ocasiones todos los grupos en esta cámara: que vayan a que la vivienda de protección oficial -o de promoción pública en su caso- sea una realidad en esta comunidad autónoma y que estas cuestiones, estos ataques, estas críticas -como digo, para mí incongruentes- no enturbien para nada el planteamiento de este Gobierno y los pasos que está dando este Gobierno, que, sin duda, llevarán -yo creo que en breve plazo, porque en esta legislatura se va a superar el objetivo de las siete mil viviendas- a que, cuando menos, la vivienda de promoción pública sea, aunque no la suficiente, sí mucha, sí casi suficiente.
Ésa es la cuestión fundamental. No enturbiemos la cuestión de la vivienda de protección o vivienda protegida por críticas o por diarios, por medios de comunicación que en un momento determinado sacan una contraportada o tres páginas diciendo una serie de cuestiones que, sin duda, son verdad, pero que lo que tenemos que hacer absolutamente todos en esta cámara, si creemos en la vivienda protegida, es intentar obviarlas y dedicarnos a lo que tenemos que dedicarnos.
Muchas gracias.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas gracias, señor Martínez.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, señor Becana.

El señor diputado BECANA SANAHUJA: Gracias, señora presidenta.
Lo cierto es que, después de haber escuchado el lenguaje con el que se ha justificado la solicitud de comparecencia, a este grupo parlamentario le pide el cuerpo llevar el debate a otros temas que no son precisamente el de la vivienda. Pero vamos a cumplir con nuestra función parlamentaria y vamos a aportar nuestro criterio sobre el tema que es objeto de debate. Permítame, eso sí, una pequeña licencia -digamos un gesto de compañerismo- para recomendarle al portavoz del Partido Popular que se lea la orden del día de su ministerio, que no actúe a iniciativa propia, porque luego puede tener malas consecuencias. Hemos oído un discurso aquí, donde el Partido Popular está muy preocupado por unas familias que no tienen recursos y que tienen dificultades para acceder a la vivienda, al derecho de una vivienda digna. Pero, señor portavoz del Partido Popular, esto no toca hoy; hoy toca lo que dice el ministro de Fomento, el señor Cascos, que el fracaso del Plan de la vivienda se debe al aumento del nivel de renta: España va tan bien que no hay pobres, ni en Aragón. El ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, justificó ayer que el Plan de vivienda del año 2000 no cumpliera sus objetivos en el aumento del poder adquisitivo de los ciudadanos. Vamos tan bien que aquí nadie necesita ya una vivienda protegida. Entérese, porque, como al señor Cascos le lleguen noticias de su extremada sensibilidad social -al menos, de la que formalmente ha hecho gala esta tarde-, igual le cae a usted un paquete y se queda arrestado todo el fin de semana.
Mire, señor consejero, hubo una gestión tan brillante durante el gobierno que presidió don Santiago Lanzuela, que durante cuatro años se dedicó a cambiar un letrero que ponía «Puerta de los Pirineos» por otro que ponía «Parque Goya»; hubo semejante legado en materia de vivienda de promoción pública, que fue imposible que temas como los que hoy estamos debatiendo se produjeran. No había fraude, no había sospechas de fraude, no había indicios de fraude, porque no había vivienda protegida. Con semejante bagaje en la gestión, no es de extrañar que hoy se tenga que recurrir a pervertir este debate. ¿O no es perversión hablar de fraude, hablar de irregularidades, hablar de cooperación gubernamental para facilitar el fraude, y no aportar ni un solo dato? Humo, humo y humo, con el objetivo que ya le conocemos de desgastar al Gobierno, pero con una técnica que, como menos, podemos calificar de demagógica, demagógica y peligrosa, porque no se ataca solamente al Gobierno, porque está atacando el sistema de protección pública, porque se está atacando un modelo de gestión para facilitar que la gente con menos recursos pueda acceder a una vivienda digna; se cierra el camino de la protección para derivarlo al mercado libre, que es allí, de verdad, donde hay intereses bastante ocultos, y no del Gobierno ni de este grupo parlamentario.
Señor consejero, guerra total contra el fraude en las viviendas de promoción pública, guerra total, contra el fraude y contra las irregularidades; cuerpo de inspección: los que hagan falta; soporte legal: le apoyaremos en cuantas iniciativas nos presente en estas Cortes; procedimientos transparentes en los sistemas de adjudicación, hasta donde quiera, hasta donde lo considere oportuno. Tiene usted el respaldo de este grupo parlamentario para llegar hasta donde lo considere oportuno, con una doble advertencia: primera advertencia, separar el grano de la paja. Los casos de fraude, si los hay, hay que denunciarlos, localizarlos y actuar contra ellos, pero no es buena técnica el generalizar la sensación de fraude. Las irregularidades hay que corregirlas, detectarlas y castigarlas, pero no es una buen táctica el generalizar, el darlas como una situación generalizada, porque, además de desprestigiar un sistema de gestión, se están produciendo acusaciones graves sobre agentes económicos, sobre agentes que son imprescindibles para conseguir el fin de facilitar viviendas a un precio asequible a las capas menos favorecidas.
Segunda advertencia: que las funciones de inspección y de control que debe ejecutar y realizar este Gobierno no le despisten lo más mínimo, no le detraigan esfuerzos para continuar con el objetivo ambicioso que se ha marcado este Gobierno de finalizar estos cuatro años habiendo promovido la construcción de siete mil viviendas en régimen de protección. Y estoy seguro, señor consejero, de que, si los hechos son así, callarán las palabras vacías, malintencionadas, que no tienen fundamento, sino intenciones perversas.
Refrendamos, en consecuencia, la triple iniciativa que nos ha presentado esta tarde de fortalecer la inspección, de generalizar la información entre todos los usuarios y adjudicatarios de vivienda protegida sobre sus derechos y sobre sus obligaciones, y de fomentar una regulación estrecha mediante un nuevo texto legal.
Gracias, señora presidenta.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Muchas gracias, señor Becana.
Tiene la palabra de nuevo el señor consejero para contestar a las cuestiones planteadas.

El señor diputado PÉREZ VICENTE: Señora presidenta, un momento, por favor.
Es que en el orden del día figura la intervención del Grupo Popular.

La señora presidenta (BARRERAS FALO): No.

El señor diputado PÉREZ VICENTE: ¿No? En el orden del día…

La señora presidenta (BARRERAS FALO): No, figura, pero esto no es así, o sea, yo creo que es porque están acostumbrados a colocarlo por este orden, pero el Grupo Popular ya ha terminado su intervención en la réplica.

El señor diputado PÉREZ VICENTE: Yo le quería pedir, en función del orden del día, un minuto de intervención, pero bueno…

La señora presidenta (BARRERAS FALO): Pues no tiene la palabra, señor Pérez, lo siento. Tiene la palabra el señor consejero.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señora presidenta, para contestar a los distintos grupos.
En primer lugar, al señor Lacasa, manifestarle que estoy absolutamente de acuerdo con el planteamiento. Yo creo que, no en este debate, sino en debates que se han tenido anteriormente, hemos coincidido plenamente en la política de viviendas que teníamos que hacer en la comunidad autónoma, en qué pasos había que seguir dando. Y en cuanto al objeto de la comparecencia de hoy, que era ver cómo controlamos, vamos a darnos todos los mecanismos y vamos a poner todos los esfuerzos, porque lo fundamental de todo es que quede perfectamente claro ante los ciudadanos que las cosas se hacen limpiamente, que se llega hasta el fin que estaba planteado, y, por lo tanto, ahí no vamos a escatimar ningún esfuerzo.
Dicho eso, hay que decir que tenemos que ver qué situaciones se nos pueden plantear y tenemos que adelantarnos a los problemas, y, por lo tanto, estamos en un momento en el que se ha cerrado Parque Goya I; falta por desarrollar todo Parque Goya II, que es donde más número de viviendas se está haciendo; hay que tener en cuenta que los datos de Parque Goya I, en sus dos fases, fueron de mil cien viviendas, y en Parque Goya II son dos mil quinientas viviendas; además, estamos en juego con las viviendas de Huesca, más posibles promociones que vamos a hacer. Por lo tanto, yo creo que estamos en el momento ajustado para estar actuando. Y tengo absolutamente claro que aquí el problema es que hay que producir viviendas, y nosotros seremos a los que este año nos toque negociar con el Gobierno central -porque así se hace y se cofinancia al 50%- los cupos para los próximos cuatro años, y, por lo tanto, es el momento de decir claramente cuáles son los objetivos y dónde queremos llegar, y se podrá comprobar que las peticiones que hace el Gobierno de Aragón, que va a hacer el Gobierno de Aragón, son suficientemente ambiciosas para llegar a esa cuestión.
Y luego hay una reflexión que comparto con usted. ¿Por qué existe en este momento tanta demanda de protección oficial? Porque se llevan años que no se cubre ninguna demanda de protección oficial, efectivamente. Entonces, no es que estemos actuando ahora en ritmos pequeños: es que ahora, actuando en el ritmo normal que correspondería ejecutar para el tema de vivienda, tenemos que soportar la presión de años atrás de no haber cubierto la demanda existente, y eso nos genera, realmente, distorsiones. Porque, claro, no es un problema de no querer producir más viviendas. En este momento, si por parte del Gobierno queremos actuar mañana, lo que tengo que decir es que no tengo suelo, y, por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer?: pues intentar llegar a acuerdos con los ayuntamientos, y con los ayuntamientos importantes, para que, a través de su desarrollo de planeamiento, a través de sus convenios, nos den participación, que lo que estamos ofreciendo es poner dinero para que podamos actuar dentro de la vivienda; es decir, no estamos pidiendo ninguna otra cosa.
Yo creo que eso se está entendiendo, y realmente, teniendo en cuenta que el peso del problema de la vivienda, en un porcentaje muy alto, está en la ciudad de Zaragoza, yo creo que estamos demostrando responsabilidad absoluta, desde el Gobierno, en conseguir, primero, tener el arma que nos permita esa cuestión, que es el Plan general, efectivamente, y con el Plan general, empezar a desarrollar los suelos que permite el Plan general. Y ahí vamos a estar, y a mí además, en este momento, no me cabe duda de que vamos a llegar a acuerdos.
Hay que pensar lo siguiente: si mañana el Ayuntamiento de Zaragoza dispone de suelo para hacer vivienda de protección oficial, para hacer diez mil viviendas, si las hace el ayuntamiento, si todo el desarrollo urbanístico, de inversión en suelo urbanizable y demás lo hace el ayuntamiento, habrá cubierto la demanda que tiene la ciudad de Zaragoza en un período bastante suficiente; si el Ayuntamiento de Zaragoza entiende que requiere de una ayuda institucional porque hay que desembolsar mucho dinero por adelantado y hay problemas financieros, ya hemos dicho por carta, y así estamos trabajando en el protocolo, que la comunidad autónoma, hasta el límite que quieran, podemos trabajar.
Inicialmente, hemos pedido una participación, aproximadamente, de lo que es la parte del ayuntamiento del 30%. Pero, si mañana el ayuntamiento nos dice: «No, participad con el 60%», no tendremos ninguna limitación. Que sea el Ayuntamiento de Zaragoza el que fije sus posibilidades y fije el nivel de acuerdo al que quiere llegar con nosotros para desarrollar vivienda. Pero pensemos que, si no es por ese mecanismo, que es rápido, mucho me temo que, cuando hagamos opciones de compra de suelo, no tengamos suelo disponible. Y, por lo tanto, hay que buscar los mecanismos que sean operativos, y los operativos son ésos, es decir, bolsas de suelo que se terminan. ¿Y quién pone la financiación? La comunidad autónoma está dispuesta a poner la financiación. Así se lo hemos dicho también al Ayuntamiento de Huesca, y vamos a hacer alguna operación más allá de la del polígono Albajar, próximamente; así se lo he manifestado al Ayuntamiento de Teruel, que fíjense que ha delegado en el Gobierno la gestión urbanística del plan parcial y proyecto de reparcelación para desarrollar veintidós hectáreas.
Si ya no es máxima colaboración, ustedes me dirán qué es lo que hay que hacer. Y, en cuanto a las medidas de control, yo creo que tenemos que ser contundentes y claros; hay que dejar ante la opinión pública que la Administración pone los mecanismos necesarios, pero los mecanismos necesarios para llegar a conclusiones concretas. Y en este momento, efectivamente, hay que actuar sobre un colectivo, sobre dos mil quinientos ciudadanos que van a ser los adquirientes de Parque Goya II, para garantizarles que pagan el precio que tienen que pagar. Y yo estoy convencido de que, dirigiéndonos personalmente, sabiendo quiénes son, qué es lo que tienen que pagar y cómo los vamos a defender, nadie tiene que poder pagar una sola peseta, y lo que tenemos que controlar es, desde el principio, quiénes son los adjudicatarios -correcto-; una vez sepamos los adjudicatarios, en los movimientos que se puedan producir de un primer adjudicatario a un segundo antes de la calificación definitiva, que es cuando legalmente nos tienen que dar los adjudicatarios, podemos controlar allí perfectamente si hay desviaciones o no hay desviaciones, y que las modificaciones que se produzcan, se produzcan por un estricto orden de los que están apuntados en las promociones o en las cooperativas.
Si controlamos eso, si lo explicamos perfectamente, habremos reducido a mucho el tema, y, a partir de ahí, vamos a tener la oportunidad de dotarnos, no solamente para ahora, sino para un futuro, de los mecanismos y las piezas clave. Porque lo que hay que decir es: «Oiga, ¿qué más se puede hacer?». Es decir, estamos en una Administración, y nosotros tenemos que utilizar las herramientas de la Administración, y creo que son pobres; por eso estamos trabajando en un proyecto de ley: para que nos den las herramientas necesarias y poder exigirnos, al Gobierno, que cumplimos estrictamente con lo que marca esa ley para su estricto control. Por lo tanto, manifestarle que estoy absolutamente de acuerdo, que vamos a trabajar mucho y bien, y que no vamos a llegar, no porque no lleguemos al objetivo de las siete mil, que ésas están garantizadas -les garantizo que el compromiso se va a cumplir-; si en vez de siete mil podemos hacer ocho mil, mucho mejor, pero aquí hay un punto de referencia que es un compromiso del Gobierno cuando inicia la legislatura, y, entonces, ese compromiso vamos a cumplirlo -ése seguro-. Y ojalá pudiéramos llegar a no sabemos dónde; dependerá mucho de cómo seamos capaces de articular los trabajos con otras instituciones, pero ojalá lleguemos a más, porque hoy, efectivamente, la demanda es muy potente, pero también, si lo referenciamos a lo que se ha hecho, veremos que estamos trabajando yo creo que bien y poniendo los mecanismos que hay que poner. Es decir, en esto de la vivienda, nadie puede inventar cosas raras, es decir, que mañana diga uno: «Yo cojo y hago no sé cuántas viviendas»; tiene que decir dónde, cómo y con qué instrumentos, porque, si no, no se puede hacer. Hacer una carretera es muy fácil; hacer una vivienda no es tan fácil.
Señor Fuster, yo le agradezco esa oposición de responsabilidad. Yo creo que ésa es la que hay que tener y ésa es la que demuestra claramente cuándo queremos ir a por un tema, es decir, hay que producir viviendas, hay que satisfacer la demanda y hay que controlar esa demanda, y hay que ver qué mecanismos tenemos para actuar, y yo les pido, si cualquiera de los grupos parlamentarios entiende que hay un tema que podemos hacer y que no estamos haciendo, que simplemente me lo digan, que mañana estaremos actuando en él.
Nosotros creemos que hemos puesto los mecanismos que la Administración tiene para poder actuar y que aquí no le vamos a salvar la cara a nadie, porque no es nuestro deber: nuestra obligación exclusiva es hacer viviendas y que esas viviendas vayan destinadas a quien tienen que ir destinadas y a su precio estipulado. Y el contratista que entienda que no le salen los números tiene dos posibilidades: primera, no ir a concurso, y segunda, si va al concurso y se le adjudica y no le salen los números, que renuncie, que eso es lo que sucede en cualquier obra pública. Se saca un proyecto de carreteras, y, si se ha quedado uno con los precios bajos, coge y se queda desierto, y la Administración tendrá que poner otros precios para que se puedan hacer. Luego no cabe decir: como los precios están muy ajustados, vamos a ver si podemos cobrar más; no, hay un pliego, y al que no le guste que no vaya. Pero piensen que en la última adjudicación, para seis parcelas, se presentaron cien promotores; por lo tanto, entiendo que a alguno de los cien le tenían que salir los números, y, por lo tanto, deben ajustarse estrictamente a lo que pone en el pliego, y nosotros debemos exigir que se cumpla estrictamente lo que pone en el pliego.
Por lo tanto, las revisiones de oficio, vamos a ver hasta dónde nos pueden llegar, y yo creo que lo que estamos haciendo es una revisión de oficio, es decir, lo que hemos actuado nosotros es como revisión de oficio: hemos oído un rumor y hemos puesto al servicio de inspección a trabajar en ese tema porque nos estaba preocupando.
En la Administración también tenemos que ser estrictos, porque no podemos hacerlo de otra manera. Si hemos sacado un pliego de bases, si hemos cubierto un período de exposición y un período de oferta, ese pliego sujeta tanto a los que adquieren el suelo, que es a lo que me estaba refiriendo, cuanto a la Administración; es decir, lo que no podemos es, después de adjudicada una parcela, con arreglo a un pliego, cambiar las modificaciones de esa parcela en temas que no están sujetos en el pliego, con lo cual hay elementos que tenemos que estar analizando para ser efectivos. Entonces, como le digo, le agradezco su posición, yo creo que el final y el fondo lo compartimos, y en lo demás, de verdad, ninguna herramienta que tengamos dejaremos de utilizarla.
El señor Martínez se ha ido. Como estamos coaligados y con pacto de gobierno, compartimos plenamente el planteamiento que ha hecho.
Señor Becana, absolutamente de acuerdo. Sí, pero puede haber matizaciones, puede haber matices; pero en este caso no hay ningún matiz. Estamos absolutamente de acuerdo con el grupo parlamentario en que tenemos que conseguir dos cosas: tenemos que conseguir la producción de las viviendas, resolver un problema social muy importante, y, además, dejar claro ante la opinión pública que lo hacemos de una manera transparente y limpia. Fíjese que aquí la transparencia no es nuestra, ¿eh?: aquí la transparencia que se está cuestionando es de unos señores que han ido a un pliego y se dice que no han cumplido estrictamente con el pliego; luego, la obligación nuestra no es la del que está defraudando, sino la de controlar al que defrauda. Y, como hemos puesto en funcionamiento el servicio de inspección, estoy convencido de que el propio estudio que hagan los servicios de inspección nos indicará cuestiones que tenemos que hacer para que ciertas cosas no vuelvan a suceder. Simplemente, recordaría al Partido Popular una cosa: algunas parcelas de Parque Goya, el 10%, las licitó el ayuntamiento porque les correspondían. Pregunte qué han hecho para controlar esas viviendas. Han actuado de buen fe, y yo creo que en el paquete podemos actuar todos. Quiere decirse que vamos a continuar con las medidas que hemos establecido, y las medidas que hemos establecido, si mañana nos dicen que se requiere más gente para inspeccionar a más gente, dentro de un número que también hay que llevarlo a su límite... Tenemos dos inspectores. Pues es muy poco; piensen que estamos hablando de mil cien viviendas en Parque Goya I (50% se entregaron a cooperativas, y, por lo tanto, están en rango de cooperativistas, y 50% a promotores). Luego, el estudio de trabajo que tenemos que hacer se centra, aproximadamente, sobre cincuenta adjudicatarios; es donde podemos tener desviaciones. Por lo tanto, con eso, y viendo promociones y fijándote en la gente y en el precio que hay, sabes en qué sitio se pueden producir desviaciones y en cuál no. Es decir, el tema está bastante controlado en número, y, por lo tanto, en un tiempo prudencial podemos llegar a conclusiones concretas. Y, como les he dicho al principio, con el informe que nos dé el servicio de inspección, actuaremos con el máximo rigor posible que nos permita la ley.
Nada más, y muchas gracias.