Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

El punto número uno del orden del día sería la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior; como es costumbre, vamos a dejarlo para más adelante. Pasaríamos, pues, al punto número dos, que es la comparecencia del consejero de Política Territorial, Justicia e Interior, a petición de seis diputados del Grupo Popular, al objeto de informar sobre las medidas y criterios adoptados en materia de seguridad de edificios públicos, en especial en el ámbito de la Justicia.

Bienvenido, señor consejero, a esta su comisión, bienvenido al equipo que le acompaña.

Tiene la palabra, para la defensa y exposición, la portavoz del Grupo Popular. Señora Vallés, cuando quiera.

Comparecencia del consejero de Política Territorial, Justicia e Interior al objeto de informar sobre las medidas y criterios adoptados en materia de seguridad de edificios públicos, en especial en el ámbito de la Justicia.

La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señor consejero. Empezaré mi intervención, ¿cómo no?, dándole la bienvenida y agradeciendo su presencia, como siempre, en esta comisión, y saludando también a los miembros de su equipo que le acompañan.

Y entrando en materia, quiero decir que la comparecencia, que fue solicitada en el mes de diciembre del pasado año, tiene un objetivo aclaratorio e informativo para, como dice su enunciado, conocer los criterios y medidas adoptados en materia de seguridad, si bien relacionado con los edificios de esta comunidad.

No creo necesario defender y exponer la importancia o las razones de la importancia de la seguridad, en especial en edificios que tienen una importante afluencia ciudadana, como pueden ser los edificios sanitarios, que requiere un elevado nivel de sensibilidad, y discutir sobre si es necesaria su implantación o no, como puede ser en los edificios educativos, que concentran un elevado grado de información o tienen atención al público, como pueden ser los administrativos, o por razón de las materias y situación de cierto riesgo de las personas que en ellas participan o asistentes, como son los edificios que albergan las sedes judiciales, y que exigen una mayor implicación en materia de seguridad.

Así pues, como verá, podríamos hablar de un importante número de edificios de la Administración de la comunidad autónoma, cuestión esta de su plena competencia tanto si se estudia desde la responsabilidad de la prestación, porque, dentro de la Dirección General de Interior y en el programa de seguridad y protección civil, le corresponde la vigilancia y protección de los edificios e instalaciones de la Administración de la comunidad autónoma, que no administrativos, que viene a ser el ámbito recogido en el artículo 148 de la Constitución, que habla de edificios propios de la comunidad, y en el mismo sentido se recoge en nuestro Estatuto de Autonomía.

Por lo que su primer deber sería aclararnos el ámbito concreto de su competencia: si usted se reduce solamente a lo que son los edificios administrativos, porque, en su caso, si no, se tendría que modificar la redacción del programa de seguridad y protección civil; y en otro ámbito, es decir, tanto si se estudia, como decía, desde la responsabilidad de la prestación como si se estudia desde el punto de vista de los medios personales para la prestación, pues usted tiene la competencia en lo relativo a unidad adscrita a Policía Nacional, cuya inicial y hasta ahora única función es la de vigilancia de los edificios y de las personas de la comunidad, también tiene la responsabilidad en la coordinación de las policías locales, así como la regulación de importantes aspectos de formación y normativos de la seguridad privada.

Y si, de manera resumida, este es el objetivo, sobre el que luego realizaré las correspondientes precisiones y matizaciones, las razones de esta comparecencia son varias. Por un lado, las noticias de incidentes que demuestran una deficiente seguridad o vigilancia de edificios e instalaciones autonómicos. Resulta preocupante leer noticias sobre botellón dentro de edificios autonómicos, de robo de ordenadores, de pintadas y de un sinfín de pequeñas sustracciones acompañadas de desorden en determinados edificios y oficinas de nuestra comunidad. A lo que se une la queja de determinados colectivos, en especial sanitarios, educativos y, recientemente, el personal de los juzgados, como lo Social de Zaragoza, que se quejaban de la falta de seguridad y vigilancia, ya sea durante toda la jornada de trabajo o bien durante una parte de ella, como puede ser el Juzgado de lo Social, que decía que no se cubría la totalidad de la jornada y que, cuando se alargaba el trabajo por la tarde, pues te las tendrás que arreglar tú solo porque la seguridad no está. Y casos de falta de elementos disuasorios, es decir, de medios técnicos de vigilancia que impidan la comisión de algún tipo de infracciones.

Pero no son solo estas noticias. Por otro lado, también hay que mencionar las variables posturas de su departamento. Y así, basta recordar sus palabras con motivo de la presentación de los presupuestos para este año 2010, donde se habló de materia de seguridad de edificios judiciales y de la modificación o incremento presupuestario de esta materia, aduciendo que parte de ella se debía a ajustes económicos en la realidad del gasto y de modificación de mejora de servicio. Declaraciones estas que no se corresponden con las consiguientes informaciones que aparecieron en diciembre en las noticias, en diferentes medios de comunicación, donde lo propuesto un día se rectifica al siguiente, como lo relativo a los medios personales con los que se presta la seguridad en los juzgados.

Y así, un día, no se sabe si por falta de acuerdo económico con el Ministerio del Interior, por falta de previsión del departamento o porque se querían modificar los criterios y pasar a seguridad privada lo que hasta esa fecha se realizaba por parte de la Guardia Civil, lo cierto es que se comunicó que la seguridad se dejaba de prestar por este cuerpo y se iba a prestar desde entonces por la seguridad privada. Y lo que un día se dice, al día siguiente se rectifica y se olvida la propuesta de la seguridad privada y volvemos, acertadamente, a la Guardia Civil, y tampoco sabemos si por el coste económico o por las peticiones de los órganos judiciales, pues ya se sabe que, si existe una buena aceptación por parte de la ciudadanía aragonesa de la seguridad privada, y así se establece o se deduce de los estudios realizados por la Confederación de Empresas de Seguridad, también hay que decir que hay determinados ámbitos como el judicial donde el respeto y la tranquilidad que te dan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso la Guardia Civil, suponen un plus respecto de la seguridad. Y para concluir con esta cuestión, tampoco conocemos si tal decisión es ya la definitiva, así como lo ha sido el acuerdo final y hasta cuándo, con el Ministerio del Interior.

Y en todo este ir y venir hay que partir de la resolución y adaptación de esta cuestión a la nueva realidad económica, teniendo en cuenta los presupuestos de esta comunidad para el año 2010, donde está prevista una menor dotación presupuestaria para la unidad adscrita a la Policía Nacional y, sin embargo, se prevé el incremento de la dotación de personal de esta, algo poco comprensible salvo que dejemos de cumplir con nuestros compromisos estatales. Eso sí, estos datos lo son, según sus declaraciones aparecidas en prensa, y así parece que, definitivamente, el incremento consistirá en ochenta y cuatro nuevos efectivos, por lo que, a pesar del incremento de competencias y funciones, no vamos a llegar a los doscientos cincuenta de los que se hablaba en un principio, sino que nos vamos a quedar en doscientos.

Y también, salvo que usted, aquí, rectifique, que de este incremento, del que en estas fechas debería de haberse concluido la selección, parece ser, como decía, que solo el 50% va a ir a seguridad de edificios. Importante refuerzo cuya fecha de puesta en marcha esperamos que nos aclare, como también si esta función está cubierta en su totalidad por funcionarios de segunda actividad y, en consecuencia, si se consigue cubrir con este colectivo la previsión de dotación necesaria para la seguridad de edificios. Y por otro lado, atendiendo a la existencia de un elevado y creciente número de edificios de la Administración, nos gustaría que nos aclarase cuál es el criterio que se ha utilizado para atribuir personal de la unidad adscrita o personal de seguridad privada a la protección de estos.

Y hablando de segunda actividad, nos queda un ámbito todavía no definido respecto a otro cuerpo de seguridad pública o policía sobre el que usted ostenta la competencia de coordinación, me estoy refiriendo, ¿cómo no?, a la Policía Local. En el último anteproyecto de ley se planteaba la posibilidad de destinar la segunda actividad de la Policía Local a protección de edificios autonómicos, y nos gustaría conocer si hay voluntad de aceptación local de esta propuesta realizada por ustedes en el anteproyecto; vamos, si esta propuesta que ustedes han planteado en el anteproyecto es o no motivo por el cual no sale la tan deseada ley de coordinación de policía local, y si se tiene prevista una fecha para la puesta en marcha de esta ley.

Si tenemos ley de coordinación, en su caso, si se ha ofrecido esta posibilidad mediante convenio a las diferentes entidades locales con Policía Local, es decir, si se ha ofrecido la posibilidad de convenio, igual que se ha hecho con el Ministerio de Interior para el uso de la segunda actividad al cuerpo de la Guardia Civil, si se ha establecido esta posibilidad con las entidades locales que tienen Policía Local, de que destinen la segunda actividad con destino a la guardia y custodia de edificios de carácter autonómico.

A la hora de abordar la vigilancia y la seguridad hay que partir de la necesidad de valorar los diferentes medios e instrumentos que pueden y deben utilizarse según las situaciones y supuestos, así como el grado de intensidad de los mismos. De manera esquemática, nos encontramos, por un lado, con la seguridad y vigilancia denominada «pasiva», consistente en diferentes instrumentos o medios técnicos, como el escáner, las cámaras de vigilancia y de grabación, o elementos mecánicos de control de acceso, como los tornos, por mencionar alguno, y, por otro lado, con la seguridad activa, consistente en la presencia de personal de seguridad, ya sea de naturaleza privada o perteneciente a un cuerpo policial, que en los últimos años, como antes he comentado, se ha cubierto de manera creciente mediante servicios especiales o de segunda actividad.

En el ámbito de la seguridad pasiva no vamos a negar el esfuerzo realizado en el ámbito de los órganos judiciales, donde se han ido mejorando los medios de seguridad y vigilancia, si bien con desigual intensidad pues elementos como el escáner o las cámaras solo se han instalado en edificios de tribunales y, en una estructura con tantas sedes judiciales, en aquellos casos en los que hay concentración de juzgados, por lo que no en todas las sedes judiciales se cuenta con estos medios de seguridad.

Nos gustaría conocer si el objetivo final del departamento es cubrir con medios pasivos y personales la totalidad de las sedes judiciales de Aragón, cuándo se tiene previsto cumplir con este objetivo y, teniendo en cuenta la especial circunstancia de temporalidad de las sedes de Zaragoza, si, mientras trasladamos los órganos judiciales a la Expo, se van a establecer estos medios técnicos en todas las sedes zaragozanas, no vaya a ser que el futuro traslado sea un motivo más de demora de este servicio.

E igualmente ocurre con los edificios administrativos, de donde tenemos conocimiento de que se ha elaborado un informe auditoría de seguridad de la Unión Europea que les ha llevado a tomar medidas, y, así, en estos días debería de haberse puesto en marcha el sistema de control del edificio administrativo central de esta comunidad —me estoy refiriendo al Pignatelli— y se debería de haber puesto en marcha un sistema de tornos que, en un principio, va a cumplir una doble finalidad: en lo que a usted le compete, por un mayor control de las personas que nos van a visitar, y, en lo que afecta al Departamento de Presidencia, por un mayor control del personal de la Administración.

Nos gustaría conocer con mayor amplitud el informe de esta auditoría y si el departamento ha elaborado alguna auditoría propia relativa a la totalidad de las sedes administrativas de esta comunidad autónoma y cuál ha sido, en su caso, el resultado. Porque en esta comunidad existen sedes administrativas donde puedes llegar al despacho de un técnico, por ejemplo, de transformación agraria, sentarte en él y a la espera de que aparezca, sin que nadie vaya a preguntarte dónde vas y por qué vas.

Como no sé cómo voy de tiempo, pero esperando la generosidad del presidente que me permita distribuirme la entrada del principio y la segunda contestación, concluiré aquí esta primera intervención, si me permiten, y dejaré lo relativo a costes económicos y presupuestos para mi segunda intervención.

Muchas gracias.

El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Muchas gracias, señora diputada.

Es turno del consejero, es turno de intervención, como digo, del consejero, por un tiempo máximo de quince minutos. Cuando quiera.

El señor consejero de Política Territorial, Justicia e Interior (SILVA GAYOSO): Gracias, presidente.

Muchas gracias, señorías. Buenas tardes.

Señora Vallés, por su primera intervención, veo que tiene alguna información, a veces no seguramente del todo exacta, seguramente información oída o escrita. En cualquier caso, observará que, en esta comparecencia, yo vengo escaso de documentación dado que, sabiendo cómo soy yo, proclive a veces a procurar, por lo menos, contestar a lo que se me plantea, he creído que debía ser especialmente cuidadoso en un tema tan delicado como es el de esta sesión y, además, sesión pública. En cualquier caso, me pongo a disposición de todos ustedes a través de los cauces adecuados. Sí es cierto que está presente el director general de Interior por si hubiese alguna cuestión que yo no supiese responder y él me puede echar una mano.

Ha hecho alusión al marco competencial, ha hecho alusión a la Constitución y al Estatuto de Autonomía. Yo no lo voy a hacer pero sí entiendo que debo hacer referencia al Decreto 225/2007, en el que se aprueba la estructura del departamento, que define en su artículo primero que es de su competencia la seguridad, vigilancia y protección de los edificios e instalaciones de la Diputación General de Aragón y establece entre las funciones del Servicio de Seguridad y Protección Civil la de organización y gestión de los servicios de vigilancia y protección de dichos edificios. Por todo esto, queda claro que la competencia en materia de seguridad de edificios públicos corresponde al Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y conforme al desarrollo estatutario de la unidad de la policía adscrita a la comunidad autónoma.

Además, permítame, hay que tener presente también la ley de seguridad privada, que define los servicios privados de seguridad como servicios complementarios y subordinados respecto a los de la seguridad pública. Sabe que los vigilantes de seguridad pueden desempeñar funciones de vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos, controles de identidad en el acceso al interior de inmuebles determinados y, en relación con el funcionamiento de centrales de alarma, la prestación de servicios de respuesta a las alarmas que se produzcan.

Para ayudarles a seguir mi exposición, quiero decirles que lo he organizado de la siguiente forma, la dividiré en tres bloques, aparte de lo dicho sobre el marco competencial: uno de ellos, la situación de los edificios públicos, donde especificaré la delimitación de edificios públicos a los que nos estamos refiriendo, el sistema de seguridad integral en edificios de la Administración de la comunidad autónoma y el resto de edificios; un segundo bloque, sobre los criterios y medidas adoptados, criterios para establecer medidas de seguridad, contratos con empresas privadas y convenios también con fuerzas y cuerpos de la seguridad el Estado, fundamentalmente a través de la unidad de la policía adscrita, y un tercer bloque, dado que en la petición de comparecencia se hace una alusión expresa a la Administración de Justicia, un bloque dedicado a la Administración de Justicia sobre los criterios específicos para establecer medidas de seguridad y los medios materiales y personales.

Y entro, pues, en el primero en relación con la situación de los edificios públicos. Aclaremos, en primer lugar, de qué edificios estamos hablando. Todos los inmuebles de la Administración de la comunidad autónoma en Aragón, como bien saben, se registran en el Inventario General de Bienes y Derechos del Servicio de Patrimonio del Departamento de Economía. Además, en dicho registro queda constancia del departamento al que cada uno de los inmuebles, evidentemente, está afectado, y al que sirve y que es el encargado de licitar los servicios de seguridad. Parece evidente que no todos los edificios públicos necesitan de un servicio exclusivo de seguridad. Así pues, cada departamento y organismo público de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón es el que contrata el servicio de seguridad, eso sí, bajo la autorización y supervisión de la Dirección General de Interior.

Ahora bien, existen una serie de edificios que, bien por su carácter multidepartamental, bien porque es donde se encuentran consejerías del Gobierno de Aragón, bien por contar con gran número y variedad de servicios de la Administración, o bien por contar con una considerable afluencia de ciudadanos, dependen en cuanto a la contratación del servicio de seguridad de la Dirección General de Interior. ¿A qué edificios me estoy refiriendo? Pues, concretamente, a siete: el edificio Pignatelli, el edificio Maristas, el edificio de la plaza de los Sitios, el edificio de la consejería de Política Territorial —sencillamente porque la dirección general está en el departamento)—, el edificio de la delegación de Teruel (el edificio Carmelitas), el edificio de usos múltiples de Teruel y el edificio múltiple de Huesca.

Estos edificios tienen su sistema de seguridad, evidentemente, pero para los tres edificios más representativos de estos y para otros dos edificios más se ha puesto en marcha —usted, en su intervención, aludía a ello— un sistema de seguridad integral desde el Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior, una vez que se comprobó en el año 2008 que era necesario dentro del ámbito de la seguridad. No estoy haciendo un balance negativo de lo que había antes de 2008, pero sí entendíamos que debían de tener un trato aparte. Me estoy refiriendo, como digo, a estos cinco edificios, que son el edificio Pignatelli, el edificio Maristas y el edificio de la plaza de los Sitios, y hemos añadido dos, que son el edificio de la calle Costa, de Intervención, y el edificio del paseo de la Independencia, de Tributos.

Este sistema de seguridad integral está basado en cuatro principios.

Uno de ellos es el de centralización de la seguridad. Será gestionado desde el centro de control de cada inmueble, de forma que los sistemas se podrán gestionar —permitan la redundancia— también de manera remota desde un puesto de control centralizado en el edificio Pignatelli, desde el que se podrán recibir alarmas, imágenes y grabaciones en tiempo real desde los otros centros.

Otro principio es el de la posibilidad de ampliación. Los elementos que integran el sistema son flexibles, adaptables y ampliables a cualquier nueva situación futura que requiera la ampliación de capacidad de soporte técnico; hablamos de circuitos cerrados de televisión, de detectores de intrusión, etcétera.

Hay un tercer principio, que es el de compatibilidad de la tecnología instalada. Con objeto de no depender de una determinada marca, se ha optado por la incorporación de un sistema que permite utilizar elementos compatibles con todos los modelos que existen en el mercado.

Y por último, se establece una red de datos independiente, se ha creado una infraestructura nueva de fibra óptica para la transmisión de datos de los elementos de seguridad independiente de los existentes.

Este sistema integral comprende en cada edificio varios subsistemas. Pongamos como ejemplo el edificio Pignatelli. ¿Qué subsistemas comprende? Pues hablamos de un sistema de detección de intrusión, de un sistema de circuito cerrado de televisión, de un sistema de comunicaciones interiores y aperturas remotas de los edificios, de un sistema de control de accesos, de un sistema de control de visitantes, de un sistema de control de rondas en los edificios, de un sistema de control de entradas y salidas de vehículos y gestión de aparcamiento, de un sistema de alarma de evacuación y avisos, de un sistema de integración de detección de incendios, de un sistema de protección electrónica del edificio y de un sistema de seguimiento de escoltas mediante tecnología GSM y GPS. Cada subsistema tiene, como imaginan sus señorías, unos objetivos muy concretos.

Claro, esto supone unas mejoras muy importantes sobre lo existente en este momento. Permítame algún ejemplo. En cuanto al establecimiento, por ejemplo, de un sistema digital, se sustituye un sistema de circuito cerrado de televisión analógico por un sistema digital en el que se graban imágenes con cuarenta cámaras al mismo tiempo. Hay un control de acceso de personas, se están instalando sistemas de acceso a través de tarjetas de proximidad, en el caso de visitas, que posibilitan un control de acceso riguroso. Hay un control de acceso de vehículos, como comentaba, se está incorporando un sistema de reconocimiento de placas de vehículos que impide el acceso a los no autorizados. La gestión de alarmas remotas es una de las posibilidades más destacables del sistema; desde el centro de control del Pignatelli podrá llevarse paulatinamente la gestión remota de alarmas o detección de incendios del resto de edificios, resultando un considerable ahorro de costes.

Bien. Hemos hablado de estos siete edificios, cinco en este caso, que es el sistema integral. Y ¿qué es lo que sucede con los otros edificios de la Administración? Los departamentos u organismos públicos titulares licitan los servicios de seguridad con la autorización y supervisión de la Dirección General de Interior, que es la responsable de los servicios de seguridad. Hay cuatro empresas de seguridad en este momento, que están homologadas, y en la actualidad hay cuarenta y seis contratos vigentes de servicios de seguridad, que alcanzan alrededor de sesenta y cinco edificios en todo el territorio aragonés; hablamos de edificios muy diversos, van desde archivos históricos a museos, hospitales, etcétera.

Entro en el segundo bloque. ¿Qué criterios y medidas se adoptan? ¿Cuáles son los criterios utilizados para establecer las medidas de seguridad? Desde la Dirección General de Interior, los criterios para establecer medidas de seguridad en los edificios públicos, tanto si dependen directamente del servicio de seguridad y protección civil como si dependen de otros departamentos u organismos públicos, son, entre otros, la afluencia de personas al recinto, o la presencia habitual y normal de altos cargos o de autoridades, la racionalización de los recursos y la coordinación de servicios en edificios limítrofes. Y las medidas más frecuentes utilizadas, bueno, pueden ser intuidas, es decir, hablamos de vigilantes de seguridad, de arcos detectores de metales, de escáner de paquetería, de alarmas de incendio, alarmas de intrusión y circuitos cerrados de televisión, inhibidores de frecuencia, escoltas de altos cargos, etcétera. Comprenderán que tampoco entre en mayor detalle en el tema.

Permítame, para entenderlo bien, una breve..., permítanme una breve alusión a los contratos con las empresas privadas. Los servicios de seguridad de la comunidad autónoma se licitan mediante un acuerdo marco de homologación en anuncio del Departamento de Presidencia. Los criterios de adjudicación de servicios de seguridad son los recogidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares del acuerdo marco de homologación y van, imagínense, desde el precio hasta la instalación de equipos de seguridad, servicios de acuda a las alarmas, etcétera. Asimismo, estos pliegos definen los tipos de servicios de seguridad y van desde la vigilancia y protección de edificios, de bienes, espectáculos, etcétera, hasta la protección de las personas o servicios de vigilancia discontinua.

En cuanto al seguimiento de los servicios de seguridad contratados, la Dirección General de Interior, como órgano que tiene atribuida la organización y gestión de los servicios de vigilancia y protección de edificios e instalaciones de la comunidad autónoma, autoriza los servicios solicitados a través de los sistemas de gestión electrónica de adquisición de bienes y servicios homologados. Así, cualquier servicio de seguridad o variación sobre el mismo que se contrate debe de contar con la autorización preceptiva de la Dirección General de Interior, de la misma manera que el servicio contratado será supervisado por el servicio de seguridad y protección civil, que podrá inspeccionar el personal o los medios o sistemas de control. Las empresas adjudicatarias del acuerdo marco convocado para homologar los servicios de seguridad de los departamentos y organismos públicos son cuatro, concretamente: Securitas-Seguridad España, Prosegur, Garda y Eulen.

Un apartado especial merecen los convenios con fuerzas y cuerpos de seguridad. Los únicos edificios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en que prestan servicios la Guardia Civil y la Policía Nacional son las sedes de los tribunales y juzgados, de los que hablaremos más detenidamente después.

Por otro lado, está la unidad de la Policía Nacional adscrita, que desempeña funciones, como bien sabe, de protección de altos cargos autonómicos, de vigilancia de edificios... Hay un servicio policial de contravigilancia, menos conocido, y la seguridad dinámica en aquellas instalaciones de la Administración autonómica donde puedan derivarse conflictos. Es también una función que es un poco menos conocida.

El Departamento de Interior, como complemento, estima que la unidad adscrita debe asesorar en materia de seguridad a los vigilantes de seguridad privada que prestan sus servicios en los edificios autonómicos, mediante la elaboración de planes de seguridad y debe coordinar a este personal, que, de forma complementaria, realiza labores de vigilancia y seguridad al servicio de la comunidad autónoma, ejerciendo la unidad adscrita tareas de dirección, control e inspección de los mismos.

Permítame ahora, asomando un poco la cabeza en Administración de Justicia, decirles lo siguiente. Actualmente, en los edificios judiciales como el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, la Audiencia Provincial de Zaragoza y los juzgados se presta una vigilancia mixta, es decir, con personal de empresas privadas de seguridad, como consecuencia de un contrato de seguridad que firmó el Ministerio de Interior con anterioridad al real decreto de transferencias de Administración de Justicia a la comunidad autónoma. Como digo, mixta, también con agentes de la unidad adscrita y también de la Guardia Civil.

Es voluntad de este departamento que los funcionarios de la unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la comunidad autónoma realicen única y exclusivamente funciones de vigilancia en edificios considerados institucionales y que la vigilancia en las sedes judiciales se realice por miembros de la Guardia Civil, de tal manera que, a la vez que se modifica el convenio suscrito en el año 2005, se firme otro en el que se adscriba una unidad de la Guardia Civil para la vigilancia de los edificios judiciales con sede en Aragón, a cuyo efecto, desde la Dirección General de Interior, se está trabajando en un convenio ya con el anterior general de la Guardia Civil y que ahora se retomará con el nuevo general de la Guardia Civil. Esta ha sido la idea del departamento de siempre, independientemente de las opiniones que se puedan haber vertido, pero siempre se ha trabajado en esta línea. Son muchos los motivos, pero el departamento, en este sentido, lo ha tenido claro.

Y entramos en los edificios públicos de la Administración de Justicia. Tras la transferencia, en medios materiales y personales de la Administración de Justicia, la Dirección General de Interior, en colaboración con la Dirección General de Administración de Justicia, realizó un estudio de identificación y evaluación detallada de riesgos, amenazas y vulnerabilidades de seguridad en cada uno de los edificios judiciales de la Comunidad Autónoma de Aragón con la finalidad de evaluar los riesgos y detectar deficiencias que afectan a la seguridad de los edificios judiciales y de sus ocupantes y usuarios, también con la finalidad de proponer medidas de seguridad que complementasen las existentes y que permitiesen reducir los riesgos a los que cada edificio, ocupantes o usuarios estén expuestos, además, determinar el número óptimo de puestos de trabajo en el servicio de seguridad en cada sede, así como sus horarios, y establecer las medidas organizativas que permitiesen una mejor explotación de los medios técnicos y aumentasen los niveles de seguridad con un coste mínimo de medios humanos.

Con el objeto de obtener una radiografía lo más fiel posible de la situación, el trabajo de campo se basó en el estudio integral de todos aquellos riesgos que pudiesen afectar a la seguridad fe la actividad judicial, como, por ejemplo, los datos generales del edificio, las características del entorno, la protección exterior del edificio, el control de accesos, el control de salida de material, la protección interior del edificio tanto en medios técnicos como en medios humanos, la seguridad de expedientes, información y efectos de juzgados, la seguridad de magistrados, jueces y funcionarios, la seguridad de procesados y detenidos, seguridad de testigos, medios contra incendios y vías de evacuación, seguridad y accesibilidad, casuística del servicio de seguridad, medidas organizativas del personal de seguridad, medidas preventivas sobre la violencia en el centro de trabajo, etcétera.

Y el departamento ha llevado a cabo una política fundamentada en los criterios de eficiencia y proporcionalidad de las medidas de seguridad aplicadas en cada edificio que alberga órganos judiciales. Estas mejoras han supuesto un incremento de la inversión en más de un 33% respecto de la que se venía realizando por parte del Ministerio de Justicia. Se han tramitado los contratos y convenios necesarios para que todos los edificios que albergan órganos judiciales en Aragón cuenten con efectivos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o, en su defecto, vigilancia privada.

En cuanto a la contratación de servicios de seguridad de empresas privadas, al tratarse de la prórroga de contratos efectuados antes de la transferencia, no se acude al acuerdo marco de empresas homologadas, lo cual se realizará una vez el vigente contrato finalice, que finaliza en marzo de 2011.

En cuanto a las medidas de seguridad que se aplican, se utilizan medios de protección activos de seguridad electrónica, como son las alarmas de intrusión y vigilancia mediante circuito cerrado de televisión, también se realizan controles en los accesos mediante el uso de arcos detectores de metales y escáner de inspección de paquetería en algunas sedes que, por su volumen de gestión e importancia, lo requieren.

En cuanto al personal de seguridad que presta servicios en sedes judiciales de Aragón, podemos decir que se viene realizando de forma coordinada, como le he comentado, mediante la seguridad pública y también con empresas de seguridad privada. Recordará que en alguna otra comparecencia, señorías, recordarán todos ustedes que en alguna otra comparecencia, cuando se transfirió la Administración de Justicia, yo no estaba muy de acuerdo con la seguridad que se estaba llevando en aquel momento; había, además, un contrato de seguridad firmado por parte del Ministerio de Justicia que no se había implantado, en aquel momento se implantó ese contrato e hicimos nosotros, como he explicado ahora, un pequeño análisis..., «un pequeño» no, un análisis de la situación e incrementamos las medidas de seguridad en todos los órganos judiciales.

Yo, señorías, espero haber sabido guardar el equilibrio entre mi obligación de información a esta Cámara en sesión pública, en sesión pública, y la discreción correspondiente, y les agradezco la atención que han prestado a mi intervención y quedo a su disposición para aclarar, o procurar hacerlo, cualquier cuestión al respecto.

Señorías, muchas gracias.

Presidente, muchas gracias.

El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Gracias, señor consejero.

Pasamos, pues, al turno de réplica, que en este caso tiene la portavoz del Grupo Popular por un tiempo máximo de cinco minutos. Cuando quiera.

La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero agradecerle al consejero su información, decirle que sí que es verdad que es un tema muy sensible en cuanto a materia de seguridad, pero que, evidentemente, es necesario que se tomen o que se planteen alguna serie de cuestiones de carácter genérico, de ahí que nosotros lo hayamos planteado mucho más genérico que concreto respecto a las medidas de cada uno de los edificios.

Quiero decir, en aclaración de su competencia, que, evidentemente, nosotros nos hemos centrado más en lo que es el ámbito judicial y el ámbito administrativo porque la competencia le correspondía en ambos aspectos, es decir, tanto en lo que sería la contratación como también en lo que era el informe y, podríamos decir, la determinación de qué criterio o qué medidas se tienen que adoptar. No obstante, le quiero comunicar que, dado que la Dirección General de Interior es —y, por tanto, es de su competencia—... aquellos que emiten informes antes de fijar la contratación por parte de todos los departamentos y le corresponde la supervisión, es, por tanto, a ella a la que le debería de corresponder la fijación de esos criterios o esas medidas generales que usted nos ha esbozado y que nosotros, viendo el resultado práctico que se está produciendo actualmente en la propia comunidad, no vemos que realmente sean los adecuados o se estén utilizando los medios adecuados, sino que más bien las decisiones en materia de seguridad de los diferentes edificios o de los diferentes lugares donde se prestan los servicios o funciones de la comunidad autónoma se deben más a sustos o a situaciones concretas, que posteriormente se toman las medidas, que a un verdadero estudio o, como nosotros le planteamos, a una verdadera auditoria de todos los edificios.

Son evidentes —y no voy a reiterarme— las peticiones que se han solicitado de incremento de seguridad para la prestación en el ámbito sanitario de todo el personal de sanidad, tanto en el ámbito hospitalario como de atención primaria, o también el importante debate existente y nunca concluido sobre si es necesaria o no la seguridad en materia de edificios educativos. Pero no voy a entrar aquí, sino que voy a entrar más en lo que son las cuestiones relativas a la situación de carácter presupuestario en la necesidad de planificar y de estudiar.

Usted nos ha dicho que, cuando se asumió la competencia en materia de Justicia, el departamento realizó en un primer momento lo que era evidente, la necesidad de estudiar los riesgos de la situación en que se encontraban cada uno de los edificios. Pues, como yo le he dicho en mi primera intervención y le quiero reiterar, creo que eso es lo que falta en el resto de los edificios de esta comunidad autónoma. En esta comunidad autónoma, o no se ha realizado o bien el contenido no está del todo estrujado, podríamos decir, evaluado, es la auditoria de los diferentes edificios de nuestra comunidad autónoma, auditoria importante en cualquier momento porque estamos hablando de seguridad, pero más en estos momentos en los que el presupuesto de la comunidad autónoma ha tenido un importante recorte en materia de seguridad.

Es decir, los trabajos de empresas de seguridad se han reducido en cerca de cinco millones de euros en todo el presupuesto de la comunidad autónoma y, por tanto, es necesario para que nosotros tengamos, garanticemos esa seguridad, buscar alternativas, alternativas que se basen en la utilización de medios técnicos o en el incremento de medios técnicos ayudados con el refuerzo de la seguridad, y que ello nos permita la utilización del personal de seguridad pública —y ya hemos hablado del convenio con el Ministerio del Interior, del cual haré una pequeña precisión después—, con convenios con las entidades locales —que yo le he mencionado en mi primera intervención y me gustaría conocer cuál es la postura o la posición del departamento—, con personal de la unidad adscrita y, por último, con la empresa de seguridad privada.

Lamento, como le decía, que no haya tenido en cuenta la posibilidad de conveniar con entidades locales la segunda actividad o la posibilidad de que se establezca esta segunda actividad como medio para garantizar edificios de la comunidad autónoma. Ustedes lo preveían en la ley de coordinación de policías locales y, como le decía, supondría la solución de dos problemas: por un lado, a lo mejor, darle una salida a la segunda actividad con destino y, segundo, resolver el problema de la reducción presupuestaria del año 2010. Creo que es necesario que se aclaren y determinen qué medidas y criterios se van a adoptar, teniendo en cuenta, como decía, la situación en que nos encontramos.

En la actualidad existe una menor previsión de gasto por parte no solo de su departamento sino de toda la comunidad autónoma, y hay que buscarlo en alternativas porque lo que no se puede plantear es dejar bien claro que la reducción del presupuesto va a suponer dejar de prestar o de plantear estos servicios, ya que, con la reducción que se ha planteado, o bien se van a suprimir aquellos servicios que eran innecesarios y que, por tanto, se podrían cubrir con personal de la propia comunidad, como pueden ser conserjes, ordenanzas, o con unos adecuados medios técnicos que supongan una mayor inversión pero posteriormente un menor coste, o lo que realmente estamos haciendo es un flaco favor a nuestra propia seguridad.

Su presupuesto, si bien se vio aumentado en materia de Justicia en cuatrocientos ochenta mil euros, si lo miramos en global, es decir, si tenemos en cuenta los siete edificios que ustedes asumen directamente del sistema integral, se ha visto reducido en más de trescientos cincuenta mil euros. Y si partimos de que, de las cuarenta y dos unidades de los nuevos efectivos de la unidad adscrita, no van destinados directamente a lo que es seguridad de edificios, sino, fundamentalmente, a lo que es asesoría de la seguridad, entonces nos encontramos en un verdadero dilema: ustedes gastaban con anterioridad más dinero del que realmente era necesario o, en estos momentos, ustedes no han planteado ningún tipo de alternativa para lo que puede ocurrir en materia de seguridad en esta comunidad autónoma, en especial en seguridad de edificios. De ahí, como decía, la importancia de mantener la segunda actividad y de posibilitar esos convenios tanto con las entidades locales, como hablaba, como con el Ministerio del Interior.

Yo, de su explicación, me gustaría que profundizara, si es posible —y no entramos en temas demasiado sensibles—, el convenio que va a plantear con el propio Ministerio del Interior porque, realmente, no sé si en estos momentos, en que se está prestando la seguridad por parte de la Guardia Civil, es que se ha prorrogado el convenio anteriormente existente y se está negociando otro nuevo convenio con posterioridad o si, realmente, las noticias que aparecieron en prensa eran tan equivocadas porque la noticia de que la seguridad se va a llevar a cabo desde el ámbito privado provino de los propios órganos judiciales a comunicación del Departamento de Justicia, es decir, de su propio departamento. Lo cual sigue planteándonos la misma cuestión: se cambió de opinión o simplemente llegó un momento en el que el departamento no había realizado el suficiente trabajo, no se había tenido la suficiente previsión, concluyó un convenio y no se había previsto ni siquiera la prórroga del mismo.

En estos momentos es importante que conozcamos, o por lo menos para nuestro grupo es importante conocer, cuál va a ser el criterio que se va a utilizar respecto a los órganos de carácter judicial.

Voy a concluir diciéndole dos cuestiones o dos elementos que nosotros consideramos..., o dos criterios fundamentales en el ámbito de la seguridad. En primer lugar, evidentemente, la eficacia, y, en segundo y siempre en segundo lugar, los costes económicos. A la vista de los actuales presupuestos, como le he dicho, que se han reducido en casi cinco millones de euros en lo destinado a trabajos en materia de seguridad, nos cuesta mucho entender que se va a producir ese binomio de eficacia y coste económico que viene a ser el concepto o el término con que nuestra Real Academia de la Lengua habla de «eficiencia». Porque, desgraciadamente, no hemos observado que se hayan tomado medidas que supongan una eficiencia en materia de seguridad, lo que nos lleva a pensar, como le he dicho anteriormente, que o bien se gastaba más de lo debido, o bien, ahora, la seguridad va a ser una de las paganas de la actual situación económica, y esta cuestión, en definitiva, es un motivo de preocupación para nuestro grupo.

Muchas gracias.

El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Gracias, señora diputada.

Pues es el turno de dúplica del consejero. Tiene la palabra por un tiempo máximo de cinco minutos.

El señor consejero de Política Territorial, Justicia e Interior (SILVA GAYOSO): Gracias, presidente. Muchas gracias, señoría.

Uno nunca puede decir muy alto que no va a haber algún susto, ¿verdad? En materia de seguridad, yo así lo planteo, pero la verdad es que yo creo que no hemos tenido tampoco muchos sustos. Realmente, nosotros, si hemos padecido algún susto, ha sido casi antes de la transferencia, después tuvimos… así…, un pequeño amago, pero no hemos tenido susto realmente, aunque ya le digo que, en materia de seguridad, realmente, uno no puede hablar nunca muy alto.

¿Falta de auditoría? No. Realmente, todo el sistema integral de seguridad que se está poniendo en marcha es producto de un análisis que se ha hecho y de una auditoría que se ha hecho en los edificios de la comunidad autónoma. Eso es lo que nos ha llevado a hablar de unos edificios concretos y a implantar un sistema integral en unos edificios concretos. Por lo tanto, si se han tomado medidas y se están tomando medidas, es precisamente producto de esa auditoría.

Con la unidad de la policía adscrita a la comunidad autónoma —yo creo que en la primera intervención he dejado suficientemente claro el tema—, nosotros pretendemos que la unidad de la policía adscrita tenga una mayor presencia y no precisamente en la vigilancia de edificios públicos. Esa es la pretensión que nosotros tenemos con la ampliación y con el nuevo convenio con el Ministerio de Interior porque nos parece que es mucho mejor y, además, cogiendo nuevas competencias, ejerciendo nuevas competencias me parece que es la manera. Y esa es un poco la tendencia que nosotros tenemos con la policía adscrita.

Nunca se ha planteado…, sí es cierto que en un borrador de anteproyecto de ley de coordinación de policías locales. Si es cierto que se ha planteado... estaba escrita la posibilidad de posibles convenios con los policías locales, pero la verdad es que nunca ha habido un planteamiento en firme de poder conveniar con la Policía Local y de solucionar a través de esa vía de la segunda actividad la vigilancia de edificios.

En relación con la Guardia Civil, le digo lo que siempre he dicho: yo creo que no hay ningún documento de la dirección general, ninguna comunicación de la Dirección General de Interior ni de la Dirección General de Administración de Justicia en el sentido de reducir o eliminar la vigilancia de la Guardia Civil en los edificios judiciales y sustituirla por vigilancia privada. Desde luego, yo no firmé ningún documento ni ningún escrito en esa línea porque, como le comentaba inicialmente, desde hace mucho tiempo, muchos meses, nosotros venimos estando en contacto con la Guardia Civil.

Además, las personas que trabajan en la Administración de Justicia son proclives a que sea la Guardia Civil la que haga la vigilancia, seguramente no por cuestiones de eficacia, porque cualquier cuerpo o fuerza de seguridad del Estado seguramente es tan eficaz como otro, pero muy posiblemente porque en muchas sedes judiciales, históricamente, era la Guardia Civil la que venía haciendo las labores de vigilancia de edificios y de control, y seguramente por eso, porque no me cabe ninguna duda de que, si fuese el cuerpo de la Policía Nacional, lo haría igual de bien que la Guardia Civil. Pero sí es cierto que son proclives a ello, y ya le digo, siempre se ha planteado a través del posible convenio con la Guardia Civil la ampliación del número de efectivos de la Guardia Civil y, por lo tanto, incrementar la vigilancia en esa línea. Y creo que no hay ninguna otra comunicación a nadie de la Administración de Justicia en otra línea.

Y en relación con el presupuesto, la tendencia, evidentemente, es a utilizar, como usted bien dice, medios técnicos adecuados y, si eso puede reducir el gasto, pues mucho mejor. La tendencia en Administración de Justicia, por ejemplo, es a disminuir el gasto. Plantéese usted la seguridad en este momento en ocho edificios de Administración de Justicia en Zaragoza, en el municipio de Zaragoza, e imagínese ahora las instalaciones de los órganos unipersonales en la Expo; pues seguro que la seguridad en Expo es mucho más segura, valga la redundancia, mucho más segura y también mucho más barata en el sentido de que, cuando tienen que trabajar en dos edificios, es mucho mejor que trabajar en ocho.

Yo creo…, por lo menos he procurado, señora Vallés, de las cuestiones que usted planteaba, dar una idea de lo que se pretende en el departamento, de lo que se piensa en el departamento de esta materia. Por lo tanto, muchísimas gracias por su intervención, señora Vallés, y también le doy las gracias porque, en un tema de este tipo, usted no haya apretado más las clavijas. Se lo agradezco de verdad.

Gracias, presidente.

El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Gracias, señor consejero.

Disculpamos la ausencia del portavoz de Izquierda Unida, tiene la palabra el portavoz de Chunta, el señor Bernal. Cuando quiera.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor presidente.

Muchas gracias señor consejero, bienvenido, así como el personal de su departamento que le acompaña, gracias.

Mi grupo se da por satisfecho con las explicaciones que usted nos ha dado, pero, como nos gusta verle por aquí y aprovechando que está aquí, sí que querría formularle dos preguntas que vienen al hilo de la cuestión sobre las que tiene competencias su departamento y la comunidad autónoma, para saber también de qué estamos hablando en relación con la cuestión objeto de la comparecencia.

La primera cuestión es si nos puede detallar, aprovechando aquí, en sede parlamentaria, cuáles son los plazos —ya sé que hemos hablado muchas veces de ello, pero aprovechando que han pasado varias semanas y no ha habido novedades al respecto—con los que juega en este momento, hoy, 12 de abril, el consejero de Política Territorial, Justicia e Interior en relación con la ampliación de los efectivos de la unidad adscrita de la Policía Nacional, qué plazos prevé hasta la puesta en funcionamiento de esos efectivos.

Y en segundo lugar, también qué plazos prevé, aprovechando que queda un año de legislatura, para la remisión a las Cortes del proyecto de ley de coordinación de policías locales. Porque sería una lástima, señor consejero, que se nos pase la legislatura y no tengamos aquí ese proyecto de ley para cumplir con esa competencia que la comunidad autónoma tiene tantas ganas de poner en marcha, que es la coordinación de las policías locales.

Muchas gracias.

El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Gracias, señor diputado.

Es el turno del Partido Aragonés Tiene la palabra su portavoz, señora De Salas.

La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE: Gracias, señor presidente.

Bienvenidos, consejero y el equipo que le acompaña desde la Dirección General de Interior, y le agradezco en nombre de nuestro grupo, del Partido Aragonés, la información amplia sobre un tema delicado como es la seguridad de los edificios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y, en particular, la seguridad en los edificios de la Administración de Justicia.

Yo creo que usted ha explicado de una forma, como ya digo, muy concreta el análisis que desde el Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior se ha realizado como responsable en lo que es la seguridad de los edificios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, ese análisis y ese estudio sobre todos los sistemas de seguridad, con una implantación de nuevas medidas de seguridad, por tanto, con un incremento en las mejoras a través de ese sistema de seguridad integral que se empezó a aplicar en el año 2008, como usted nos ha confirmado.

Y es lógico, como usted muy bien también ha contestado a la portavoz del Grupo Popular, que haya una tendencia a la disminución del gasto, habida cuenta de que, además, si entendemos que en los primeros años, 2008, 2009, se hayan tenido que poner en marcha distintas medidas de seguridad con distintos sistemas, de los que usted nos ha hablado, pues es lógico que los presupuestos posteriores sean de mantenimiento de los mismos y no de volver a hacer todos los sistemas, entiendo yo, desde el punto de vista de seguridad. Por tanto, la inversión, una vez que se ha producido, lo que tiene que tener es un mantenimiento para que, efectivamente, sean eficaces esos sistemas de seguridad, a los que no me voy a referir porque usted ha hecho referencia a los mismos.

Yo querría dejar claro, por tanto, ese sistema de seguridad integral que se coordina desde el departamento que usted dirige, en concreto desde la Dirección General de Interior, y en particular la referencia que ha hecho usted a los edificios de la Administración de Justicia, que era una de las cuestiones de las que ha hablado la portavoz del Grupo Popular. Y quería resaltar o destacar que, desde que Aragón se ha hecho cargo de las transferencias en la Administración de Justicia, desde el 1 de enero del año 2008, ha habido un incremento del 33% en la inversión de los presupuestos en materia de seguridad en edificios judiciales. Y algunas de las cuestiones a las que ha hecho referencia la portavoz popular en cuanto a robos de ordenadores fueron antes de la transferencia de la Administración de Justicia a la Comunidad Autónoma de Aragón, antes porque, evidentemente, ha habido un incremento importante, que, como usted muy bien ha dicho, no sé si será, no sé si querrá decir eso que, evidentemente, no se produzcan otras cuestiones, pero sí creo que ha habido un incremento importante porque ha habido un estudio y un análisis riguroso también de identificación, de evaluación de los riegos, amenazas, vulnerabilidad de la seguridad en cada uno de los edificios judiciales. Y hoy podemos decir que en todos los edificios judiciales, a través de convenios o de contratos tanto con seguridad pública, bien con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bien a través tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma de Aragón, en todos los edificios que albergan órganos judiciales cuentan con efectivos, como ya digo, de las fuerzas y cuerpos de seguridad o de vigilancia privada.

Yo creo que la previsión que usted nos ha planteado aquí de cara al futuro de un nuevo convenio con la Guardia Civil para incrementar los efectivos de la Guardia Civil en los edificios judiciales es la correcta; por nuestra parte, desde luego, desde el Partido Aragonés creemos que es la correcta.

Y simplemente queremos destacar y agradecer esa información que nos ha facilitado y, por supuesto, ponernos a su disposición porque creo que el planteamiento que se ha realizado desde su departamento, desde la Dirección General de Interior, es el adecuado para mantener un sistema de seguridad de cara a los edificios públicos y, en particular, a los edificios judiciales. Por tanto, le agradecemos su disposición.

Nada más y muchas gracias.

El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Gracias, señora diputada.

Es el turno del Grupo Socialista. Tiene la palabra su portavoz, señor Lana.

El señor diputado LANA GOMBAU: Gracias, señor presidente.

Señor consejero, buenas tardes, bienvenido a esta comisión, al igual que el personal que le acompaña, el director general de Interior…, a la otra persona no la conozco.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos agradecerle su comparecencia y toda la información que nos ha facilitado en relación con los criterios y medidas adoptados que desde su departamento se han ido desarrollando en materia de seguridad de edificios públicos, de la que queremos resaltar algunos aspectos.

En principio, tal como se ha recordado esta tarde, la competencia se recoge en los artículos 1 y 19 del Decreto 225/2007, en los que se establece como una de las funciones del servicio de seguridad y protección civil la de vigilancia y protección de los edificios e instalaciones autonómicos, posibilidad constitucional que se contempla en el artículo 148 de la misma para su asunción por las comunidades autónomas. También, nuestra comunidad autónoma, en función de esa posibilidad, tiene adscrita una unidad del Cuerpo Nacional de Policía y funciona de acuerdo con la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, conforme al desarrollo estatutario también.

No quiero alargarme tampoco, creo que todas las explicaciones que nos ha facilitado esta tarde nos dan un dibujo claro de cuál es la situación en cuanto a la vigilancia y protección de los edificios y de las personas en nuestra comunidad autónoma. Y en todo caso, señor consejero, quiero reafirmarle que nos parecen adecuados, entre los criterios expuestos, los relacionados con la afluencia de personas, la presencia de autoridades y altos cargos, la racionalización de recursos o la coordinación de servicios que se hacen servir para fijar, en su caso, medidas razonables y equilibradas sobre el dimensionamiento de las plantillas de vigilantes y escoltas o el aprovisionamiento de medios de control electrónico tales como los arcos detectores de metales, escáneres de paquetería, alarmas de incendios e intrusión, circuitos cerrados de televisión o inhibidores de frecuencia.

Al respecto, quiero resaltar, como usted lo ha hecho esta tarde, el sistema de seguridad integral proyectado y puesto en marcha para tres de los edificios que usted mismo ha mencionado, de los siete en que se establecían los sistemas de vigilancia y protección directamente desde la Dirección General de Interior, como son el Pignatelli, Maristas y plaza de los Sitios, y otros dos donde se ubican Intervención, en el edificio de la calle Costa, y Tributos, en el Paseo de Independencia, cuya implantación se inició en 2009 y está previsto que finalice en 2011. Y pienso que el coste total es significativo, creo que no se ha dicho esta tarde, pero supera los dos millones y medio de euros, aunque sí nos ha detallado de forma pormenorizada el contenido y la situación actual del mismo.

La unidad adscrita de la Policía Nacional, además de realizar la vigilancia de los edificios sedes de Presidencia del Gobierno de Aragón, las Cortes y el Justicia de Aragón, la protección de altos cargos autonómicos como es el presidente, el vicepresidente y los consejeros del Gobierno de Aragón o el presidente de las Cortes y el Justicia de Aragón, efectúa labores de contravigilancia y asesoramiento, coordinación, dirección, control e inspección de los servicios contratados de seguridad privada en edificios de la Administración autonómica.

Finalmente, señor consejero, queremos transmitirle nuestro mejor ánimo para que se vayan concluyendo satisfactoriamente todas las medidas para corto o medio plazo, esta tarde nos ha avanzado algunas de ellas, y, en particular, la referida a la posible adscripción de una unidad de la Guardia Civil, lo que sin duda facilitaría un nuevo avance en el desarrollo estatutario con asignación a estas unidades de nuevas competencias.

Nada más. Le agradecemos su presencia y toda la información que nos ha dado esta tarde y , asimismo, le reiteramos nuestro apoyo en la gestión de su departamento.

Muchas gracias.

El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Gracias, señor diputado.

Es el turno nuevamente del señor consejero para que conteste a todas aquellas cuestiones planteadas por el resto de los grupos políticos. Cuando quiera, tiene la palabra.

El señor consejero de Política Territorial, Justicia e Interior (SILVA GAYOSO): Muchas gracias, presidente.

En primer lugar, yo les quiero agradecer a todos las palabras de parabién que han vertido en algún momento, pero, fundamentalmente, lo que les quiero agradecer es que, en un tema como este, no me hayan obligado a dar ningún dato al respecto. Por lo tanto, manifiesto ese agradecimiento porque lo tengo en gran consideración.

Pero hay dos preguntas muy concretas realizadas por el señor Bernal y yo no quiero levantarme sin contestarlas.

Señor Bernal, me hacía usted dos preguntas, una de ellas era sobre los plazos para la ampliación de la unidad de la policía adscrita. Y en ese sentido, le puedo decir una cosa. Para darle a cada uno lo suyo y ser honesto, sé que hay instrucciones del ministro del Interior de que la ampliación se efectúe de forma inmediata, pero es cierto que la situación administrativa es mucho más lenta, el aparato administrativo es más lento. Está preparado el concurso para que las personas que quieran estar en esta unidad puedan incorporarse, yo creo que puede salir en cualquier momento… El viernes hablaba yo con el director general de Interior; esta mañana es muy posible incluso que el director general de Interior tenga alguna noticia que el viernes no me haya dado porque yo creo que va a ser inmediato, es decir, que el concurso se va a celebrar inmediatamente.

Y hay otro tema por el que ha preguntado usted y que para mí es mucho más difícil contestarle, pero voy a intentar hacerlo de la mejor forma posible. Yo no he descansado en toda la legislatura en relación con la ley de coordinación de policías locales, pero hay tres o cuatro principios o tres o cuatro realidades que yo tengo que manifestar aquí.

En primer lugar, usted sabe que es un proyecto de ley en el que hay posturas muy encontradas, muy encontradas por parte de muchos colectivos; evidentemente, sin olvidarme yo de los compromisos parlamentarios que ha habido en su momento y de los plazos que esos compromisos han marcado. Pero hay posturas tremendamente implicadas. En este momento, yo creo que podría generalizar, aunque seguramente no en su totalidad, pero yo creo que la mayor parte de los alcaldes que tienen cuerpos de policía local están en este momento en contra de una modificación de la ley de coordinación, por lo menos en los términos que nosotros veníamos planteando, en gran medida debido, posiblemente, a las dificultades presupuestarias del momento, quizá entre otras cosas, es decir, que no gozo yo del apoyo… Estoy generalizando.

Por otro lado, yo sí tengo muy clara una cuestión, y es que yo no propondré al Consejo de Gobierno nunca un proyecto de ley que no tenga la seguridad o la seguridad relativa de que prospere en las Cortes de Aragón, es decir, yo creo que hacer un tercer intento fallido no lo puedo hacer.

Y también le digo, según le estoy comentando con toda claridad esto —y estoy seguro de que ustedes, señorías, me están entendiendo perfectamente bien—, que yo no he descansado en estos tres años para poder llevar adelante ese proyecto de ley, pero sigo sin descansar y no me he dado todavía por vencido. De manera que sí me gustaría que, si no es un proyecto de ley de máximos, fuese un proyecto de ley de mínimos. Y en ese intento, desde el departamento, ya no digo desde el Gobierno porque el primer trabajo lo tiene que hacer el departamento, hemos estado trabajando y seguimos trabajando en ello. Por eso, aun sabiendo que hay unos compromisos parlamentarios, tengo que decirle que yo no estoy en este momento en condiciones de darles un plazo, esa es la realidad.

Señorías, de nuevo les agradezco sus intervenciones. Por lo tanto, muchas gracias, buenas tardes.

Señor presidente, gracias y buenas tardes.

El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Gracias, señor consejero.

Le agradeceríamos que permaneciera durante unos instantes con nosotros para finalizar el orden del día de hoy.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

Pasaríamos al punto primero, que sería la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

Se aprueba por asentimiento.

Pasaríamos al punto número tres, de ruegos y preguntas.

¿Hay algún ruego o alguna pregunta que formular? Muchas gracias.

Pues, habiendo sustanciado los puntos del orden del día, se levanta la sesión [a las diecisiete horas y cuarenta minutos].