Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

El señor Presidente (BIARGE LÓPEZ): Comienza la sesión. [A las doce horas y quince minutos.]
Queda constituida la Comisión para tratar del orden día que ustedes ya conocen y que les ha sido notificado. Siguiendo la pauta ya habitual, podemos dejar para el final lo que concierne al acta de la sesión anterior, para entrar directamente en la comparecencia de don Ramón Salanova Alcalde, director general de Administración Local, que va a informar sobre el estado y situación de los municipios y mancomunidades de Aragón.
Bienvenido, señor Salanova. Muchas gracias por su comparecencia, por su diligente comparecencia, y está usted en el uso de la palabra para informar -tiempo ilimitado, a su gusto y conveniencia- de los extremos que constan en el orden del día. Tiene usted la palabra.
El señor director general de Administración Local y Política Territorial (SALANOVA ALCALDE): Voy a intentar comentarles algunas ideas sobre un tema que, evidentemente, para mí es muy grato por dos razones: una profesional, puesto que yo me he dedicado a la Administración local desde ese punto de vista, y, por otro lado, porque se trata de la Administración local aragonesa.
Cuando recibí la convocatoria para esta comparecencia para hablar sobre el estado y situación de los municipios y mancomunidades de Aragón, como es natural, me plantée cómo preparar esa comparecencia, dada la amplitud del tema y porque, como todos sabemos, los municipios y las mancomunidades son una realidad rica, variada, cada una con sus peculiaridades y características, en unos casos por razones políticas y en otros por razones de población, por razones de medios, por razón de situación geográfica... Por lo tanto, creo que no tenía más solución para salir del empeño que hacer una exposición general de aquellos datos que tienen, diríamos, una validez general, una validez de resumen, para, en definitiva, referirme lo más brevemente posible a la población, a la estructura territorial, al personal fundamental de los municipios, a sus haciendas, y, principalmente, desde la perspectiva de la Comunidad Autónoma, que es donde, lógicamente, se desarrolla mi labor.
Yo, en general, adelanto que me voy a referir a todas estas cuestiones desde el punto de vista de los problemas y de las inquietudes, porque los logros, una vez alcanzados, parece que dan lugar siempre a lo que queda por hacer. Por lo tanto, para -diríamos- disipar cualquier duda sobre que algunas de las consideraciones que yo haga pudieran ser pesimistas, quiero anunciar que, evidentemente, la Administración local aragonesa en estos momentos es una Administración local viva y que desde la Constitución del setenta y ocho, desde las primeras elecciones democráticas, cumple un papel fundamental en la representación de los ciudadanos; que ha hecho extender su actividad a campos de actuación que antes no atendía, con una cercanía también al ciudadano. Por lo tanto, es importante y fundamental su papel, tanto desde el punto de vista corporativo como desde el punto de vista de prestación de servicios. Pero esa misma tensión de progreso y esa misma demanda de la sociedad actual, hace que, por otro lado, se pongan de manifiesto una serie de insuficiencias, una serie de problemas a los que me voy a referir y que, de alguna forma, son los que luego provocan que haya preocupación por temas como el de las mancomunidades o, posteriormente, por temas como el de la compra.
Pues bien, entrando en el tema inicial, que es el de la población, me referiré muy brevemente a él, puesto que es sobradamente conocido. Aragón tiene una estructura minufundista, un total de setencientos veintinueve municipios; de ellos, más de cien -ciento diez- tienen menos de cien habitantes (por lo tanto, funcionan en régimen de concejo abierto) y sólo hay veinte municipios que tienen más de cinco mil habitantes. Zaragoza, con alrededor de seiscientos mil habitantes, reúne la mitad de la población y la mitad de los ingresos de las haciendas locales aragonesas.
Esa situación, ya de por sí de alguna forma preocupante, porque determina una carencia de usuarios para algunos servicios que necesitan un mercado mínimo, y, por lo tanto, provoca problemas, es una situación que, de alguna forma, lentamente se va agravando, y ésa es una cuestión preocupante. Si en 1981 había ciento cinco municipios con menos de cien, hoy hay ya ciento quince con arreglo al último censo; si en 1981 había trescientos ochenta de ciento uno a quinientos habitantes, hoy ya hay cuatrocientos; si en 1981 había ciento quince de quinientos uno a mil, hoy hay noventa y cinco. Por lo tanto, ello quiere decir que está aumentando el número de municipios que están en las cuotas más bajas de población, y, sin embargo, no se incrementan esos veinte municipios de más de cinco mil habitantes, que son los que, de alguna forma, tienen el carácter verdaderamente urbano con arreglo a criterios sociológicos o, de alguna forma, teóricos.
Por otra parte, esa escasa población se inserta dentro de unas zonas, dentro de unas comarcas en las que se agrava el problema por la falta de municipios colindantes que, de alguna forma, pudieran suponer un apoyo fuerte. Desgraciadamente hay zonas en nuestro territorio en las que no es una excepción la existencia de pequeños municipios, sino que es la generalidad. En ese sentido hay zonas aragonesas -jugando con los datos que venimos manejando con esas bases especiales de referencia que nos sirven a efectos estadísticos-, como por ejemplo el Maestrazgo, que de siete mil quinientos habitantes en 1960 ha pasado a dos mil quinientos once; el Prepirineo, de seis mil doscientos noventa y ocho, a dos mil cincuenta y cinco; Daroca, de quince mil quinientos cuarenta y tres, a seis mil quinientos diecinueve, y datos parecidos podríamos manejar respecto de zonas como Albarracín, como Mora Gúdar, etcétera. Por lo tanto, no sólo es un problema que lo tenemos aquí encima, sino que es un problema que va agravándose y que, por lo tanto, hace que dentro de unos años haya que temer, por puras razones de evolución de la población, dado su envejecimiento, que muchos de estos municipios estén a punto de desaparecer.
Hay, por contra, un claro crecimiento del corredor del Ebro, y hay algunas comarcas como Barbastro, Monzón, Jacetania, Cinco Villas, en las que se mantiene la población; se mantienen sobre todo las cabeceras, aunque también se produce un fenómeno de despoblación en el resto, que también anuncia futuros problemas más graves.
En suma, desde el punto de vista de la población, parece que puede afirmarse que hay dificultades para contar con una red urbana adecuada, que falta mercado para determinados servicios que deben prestar las administraciones municipales, y eso lleva consigo, por la falta de medios, un deficiente funcionamiento de las administraciones, puesto que, como luego comentaremos, muchas de ellas carecen del personal mínimo necesario, y se producen unos problemas graves de desequilibrio territorial.
Pasando de la población al territorio -yo, por cierto, anuncio que he dejado aquí unas carpetas con datos estadísticos por si alguna de sus señorías quiere posteriormente o en estos momentos estudiarlos o llevárselos como documentación, ya que los datos manejados oralmente suelen ser muy duros de retener-, desde el punto del territorio tenemos un mapa territorial que en su origen viene de una raíz histórica, desde hace años, como es natural, y en el que se ha acometido una escasa reconversión. Así como en otras muchas actividades humanas y empresariales se ha afrontado a lo largo de los siglos XIX y, particularmente, XX una reconversión, no ha sido así en el mapa municipal. En el mapa municipal aragonés lo único que hubo fue, particularmente durante las décadas de los sesenta y setenta, una disminución del número de municipios, que estaban, realmente ya, en situación agónica, a través de un proceso de fusiones y de incorporaciones. Concretamente, si en 1960 había novecientos treinta y cinco municipios, en 1970 había ya sólo ochocientos veinte, y en 1980 setecientos veinticuatro. A partir de esa fecha, en 1982 se crean tres nuevos municipios, o sea, se empieza a invertir, de alguna forma, la tendencia -aunque hay una total reticencia a la hora de admitir la desaparición de la personalidad jurídica de un municipio-; se crean, como digo, en 1982 tres municipios: Fórnoles, Órrios y Galve. A partir de ese momento se produce ya la transferencia a la Comunidad Autónoma de la competencia sobre alteración de términos municipales. En el ejercicio de esa competencia, hasta el presente se han creado dos nuevos municipios: Gistaín, segregado de Plan, y Bencillón, segregado de Esplús.
En estos momentos, existe algún movimiento segregacionista, pero, la verdad, hay que reconocer que no con la intensidad con que se está produciendo en algunas otras Comunidades Autónomas. En estos momentos, como antecedentes podemos decir que ha habido dos casos en los que la Comunidad Autónoma expresamente ha rechazado el expediente de segregación, como fueron los casos de Blecua y Torres y de Alcalá del Obispo (tendían a partirse Pueyo de Fañanás y Alcalá del Obispo y Fañanás y Ola) en 1991, y ha habido algunos intentos que no han sido llevados hasta el último momento de la tramitación, como han podido ser Mezquita de Loscos respecto de Loscos; Fuencalderas; Montesusín de Grañén; o la partición de San Miguel del Cinca en Estiche, Pomar y Santa Lecina. En Graus también, con motivo de los problemas que planteó la oposición al pantano de Comunet, hubo un intento de desagregación de una serie de núcleos de población, pero tampoco se ha llegado al final del trámite.
Y en estos momentos tenemos entre las manos, en la Diputación General de Aragón, en trámite, una posibilidad de segregación, si bien no es para constituir municipio independiente, sino para unirse a otro distinto. Es el caso de Corbatón, que pertenece al municipio de Cosa, y quiere unirse al de Pancurdo porque estima que va a estar mejor atendido. Es un expediente que, en estos momentos, está detenido en espera de documentos.
Y, como sus señorías saben, un expediente que en breve parece que será remitido a la Comunidad Autónoma es el caso de Villamayor, perteneciente al municipio de Zaragoza, porque hace unos días, según podíamos leer en la prensa, fue depositado el expediente correspondiente, y, por lo tanto, ha de ser informado por el Ayuntamiento de Zaragoza y remitido luego a la Comunidad Autónoma.
Lo que se deduce de esta rápida exposición de datos es, por un lado, que hay un pequeño movimiento segregacionista -como se ve, tampoco tiene la importancia que pueda tener en otras Comunidades Autónomas; quizás por ese mismo desarrollo poblacional de algunas zonas- y, por otro, una absoluta oposición, una absoluta falta de entusiasmo por aceptar voluntariamente una remodelación del mapa municipal.
Como dato jurídico les puedo contar que por Decreto 81/1988, de 24 de mayo, la Diputación General de Aragón reguló el régimen de ayudas para el fomento de la reestructuración municipal mediante incorporaciones y fusiones de municipios. Esa disposición yo entiendo que era una disposición suficientemente amplia para animar a alguien a ponerse en marcha, puesto que preveía una serie de beneficios, como era una cuota de fusión, de incorporación para cada uno de los municipios afectados de entre cinco y diez millones de pesetas; la preveía para la inclusión en programas de mejora y mantenimiento de carreteras y caminos entre los núcleos; la preveía para la obtención de subvenciones para servicios básicos. Sobre todo, contemplar que en el momento de la fusión se aprobarán unas bases suficientemente detalladas como para garantizar la igualdad en el trato del núcleo que pierda la personalidad, porque, como es sabido, uno de los problemas que han venido teniendo como secuela las fusiones e incorporaciones, es que el municipio que ha perdido su personalidad jurídica, de alguna manera, su voz para manifestarse al exterior. Normalmente ha quedado en una situación de agravios comparativos -o, por lo menos, él lo ha sentido así-, en cuanto que ha entendido que la capitalidad del municipio acumulaba para sí aquellas subvenciones que particularmente podía obtener de las instituciones de nivel territorial superior. De esa manera se intentaba controlar esta situación, dejarla arreglada desde el principio, y aunque ha habido casos de petición de información, de estudio del asunto, ningún expediente se ha tramitado en este sentido.
Por lo tanto, yo creo que puede considerarse como un hecho a tener en cuenta, para cualquier meditación sobre una posible reestructuración municipal, el que la fusión o incorporación admitida voluntariamente por los municipios es una cuestión que no es viable en estos momentos: por lo tanto, requeriría un pronunciamiento de tipo superior (de las Cortes de Aragón, a través de una ley global, o de la Diputación General de Aragón, a base de una tramitación de expedientes concretos), y, lógicamente, con un gran desgaste político. Por otro lado, dejando un problema sin resolver que se manifestó en el proceso de fusiones y corporaciones, y es que, lógicamente, cuando un núcleo pierde su personalidad jurídica, pero la gente que vive allí sigue viviendo en el lugar, se ha resuelto, digamos, un problema jurídico (no hay que hacer presupuestos, no hay que hacer actas, unos cuantos servicios administrativos pueden ahorrarse); pero lo que está claro es que la gente que sigue viviendo allí tiene necesidad de unos servicios. Por lo tanto, de alguna forma, ese problema queda irresuelto, queda todavía por resolver.
Otro de los tipos de entidades que existen dentro del mapa municipal son las entidades locales menores, actualmente denominadas legalmente "entidades de ámbito territorial inferior al municipio". En Aragón, en estos momentos existen treinta y nueve, treinta y siete de ellas pertenecientes a la provincia de Huesca y dos a la de Zaragoza; no hay ninguna en la provincia de Teruel. La explicación podría ser, en términos generales, que algunas de ellas tienen su origen en poblados de colonización (podría ser el caso de Ontinar del Salz, en Zaragoza). En Huesca, su número se deriva de que, precisamente, al haber afectado mucho a Huesca el proceso de fusiones e incorporaciones municipales, para aquellos núcleos de población que tenían aprovechamientos privativos para el disfrute de montes o de algún tipo de aprovechamiento especial, mantener la personalidad jurídica -aunque fuera de tipo menor- fue la fórmula que adoptaron para poder mantener sus vecinos privativamente el disfrute de sus aprovechamientos. Esa, normalmente, es la explicación de esas entidades locales menores.
Lo que también está claro es que si la pérdida de población ha afectado a los municipios, también ha afectado a las entidades locales menores -lógicamente, con menos vitalidad-, y durante el período en que esta competencia pertenece a la Diputación General de Aragón, se ha declarado la supresión de ocho entidades locales menores de Huesca, todas ellas por razón, realmente, de haber perdido la población mínima para que tuviera sentido su supervivencia.
Dentro de los grandes temas -como me refería al principio, me parece importante tratarlo porque es importante, pienso, para los municipios-, una breve referencia al tema del personal. Lógicamente, las administraciones locales, como entidades prestadoras de servicios, necesitan un soporte burocrático, por mínimo que sea, para cumplir primero con sus obligaciones legales y, luego, gestionar.
En ese sentido, dado el mapa aragonés, como es natural, el tema no plantea problemas (o los plantea de carácter distinto a los municipios grandes). Yo no voy a referirme a ellos, puesto que me parece que es un problema de gestión de recursos humanos en relación con las disponibilidades económicas, pero sí que es un problema que a mí me parece que es muy grave para el pequeño municipio aragonés, porque en muchos casos el secretario-interventor -que sería la forma de denominar a esa persona que lleva de alguna forma la gestión- es el único funcionario -como mucho hay otro que es un alguacil o un agente de servicios especiales que hace labores más de tipo manual-; pero es el apoyo mínimo, indispensable para que el alcalde, para que la corporación pueda desarrollar unos determinados servicios.
Los secretarios de Administración local son, por una parte, funcionarios de obligatoria asistencia, puesto que prestan unos servicios que la Ley Básica de Régimen Local considera funciones públicas necesarias -especialmente las de secretaría y las de intervención-, pero son funciones que la Ley Básica también reserva a funcionarios de habilitación nacional, funcionarios, por los tanto, que son nombrados por el Estado. Este es, a mi juicio, uno de los problemas graves que en estos momentos existen, puesto que, a mi entender, en lo que se refiere a los pequeños municipios, el Estado, abrumado sin duda por temas de mayor envergadura, es un tema en el que no ejerce la competencia -en mi humilde opinión- adecuadamente. Por lo tanto, eso está llevando a una situación de caos creciente y de muy difícil solución práctica por varias razones: una, porque si se soluciona prácticamente, se soluciona ilegalmente en muchos casos, y en otros casos, porque los pequeños municipios tampoco tienen entre su población gente capacitada a la que poder contratar con garantías de que presten el servicio adecuadamente; además, no tienen incentivación suficiente para que les vaya personal preparado del exterior, si no tienen, por lo menos, la posibilidad de, en el futuro, seguir una carrera profesional.
Por lo tanto, ese es un tema que, según mi forma de ver, complica tremendamente la viabilidad práctica del funcionamiento de los municipios como administraciones públicas. Podría pensarse que lo que ocurre es que es innecesario que muchos núcleos de población sean administraciones públicas; a lo mejor lo que ocurre es que en lugar de administraciones públicas podrían ser comunidades de vecinos, como lo son los edificios de propiedad horizontal. Diríamos que podría estimarse que son necesarios una serie de poderes jurídicos que, en la práctica, son muy difíciles de ejercer porque no se tienen medios. Pero lo que está claro es que la normativa vigente en este caso (y todavía reciente: del año ochenta y cinco) estructura el tema así, y que impone a sus municipios una serie de obligaciones como administraciones públicas; entre otras, como es natural, la de tener un soporte jurídico mínimo para su actividad (actas, acuerdos...) y, desde luego, para el control de la actividad financiera de sus entes. Y la situación actual, como luego comentaremos al hablar de las haciendas, como es natural, se resiente de la falta de personal adecuado.
Unicamente como dato, decirles que, en estos momentos, en los municipios de menos de cinco mil habitantes hay ciento noventa y dos que tienen secretaría propia, y hay cuatrocientos ochenta y siete que la tienen compartida con otros municipios, al objeto de que sea más viable el pago del sostenimiento de personal a través de ciento ochenta y ocho agrupaciones. Hay treinta municipios que están declarados exentos de tener secretario; pero, como es natural, lo único que viene a constatar la declaración de exención es una imposibilidad económica de sufragar el puesto. Pero, como decíamos antes, cuando decíamos que al desaparecer el municipio queda la población, lo que también está claro es que aunque estén exentos de tener funcionario, alguien tiene que hacer el trabajo. Por lo tanto, el problema práctico sigue.
Pues bien, en estos momentos tenemos ciento veintisiete vacantes, que suponen un total de ciento setenta y cinco municipios, más treinta que están exentos. Esta situación, lógicamente, se va agravando paulatinamente, puesto que, como dato expresivo, podríamos decir que, cuando se resuelve el anterior concurso convocado -se resolvió por el 18 de noviembre del noventa y uno, va a hacer ahora un año- quedaron treinta y una vacantes como resultado de ese concurso. En estos momentos, como digo, tenemos ciento veintisiete, lo que quiere decir, ni más ni menos, que algunos funcionarios nombrados para ayuntamientos -por ejemplo, de la provincia de Teruel o de zonas geográficamente poco atractivas-, funcionarios gallegos o andaluces, etcétera, nada más tomar posesión, a través de comisiones de servicio, nombramientos provisionales u otras fórmulas cualesquiera, salieron de la plaza que teóricamente les correspondía.
En este sentido nos encontramos también con que hay una resistencia a soluciones que podríamos llamar de utilización de técnicas más modernas. Está el sistema de las agrupaciones; pero el sistema de las agrupaciones tiene, evidentemente, una serie de problemas, como es que el secretario hace de viajante habitual, lo que provoca la imposibilidad, muchas veces, de localizarlo. Eso, en las administraciones de nivel superior lo tenemos muy claro: hay veces que no hay forma de transmitir un mensaje, de hacer llegar una documentación o pedir unos datos, porque no hay forma de localizar a ese secretario, que lleva, a lo mejor, cuatro municipios. Hay que dar por supuesto que esa forma de prestar el servicio perjudica al propio trabajo, en el sentido de que no se tienen a mano a veces los archivos o por el propio cansancio que produce.
En ese sentido también, e intentando de alguna forma fórmulas nuevas, existe el Decreto 120/92, de 7 de julio, de la Diputación General de Aragón, por el que se reguló la concesión de ayudas a municipios y mancomunidades que constituyeran agrupaciones para el sostenimiento de personal con sede administrativa común. La idea era, ni más de menos, intentar que varios ayuntamientos se pusieran de acuerdo para tener una oficina abierta todo el día, de manera que pueda haber un funcionario permanente, con algún auxiliar, que haya sistemas de fax y de teléfono, por supuesto, para el resto de los núcleos de población, pero que las sesiones y aquellas gestiones de absoluta importancia sean en el municipio correspondiente y ese secretario acompañe al alcalde o a los concejales, aunque la gestión ordinaria y la gestión común se hagan en una oficina única, de manera que todos los ciudadanos, a cuyo servicio estaría ese funcionario, en las horas normales del día, siempre puedan conectar con una oficina en funcionamiento.
Se preveían diversas ayudas, y en este momento puedo decir que hay sobre la mesa un solo caso, en el que se ha avanzado sin duda porque, una vez más, nos encontramos con ese tema del subconsciente colectivo de reticencia hacia todo lo que supone perder la personalidad como municipio. Sin duda, aquí se ha entendido o se ha podido entender antes, con los problemas de los médicos o con los problemas de distintos funcionarios, que el hecho de tener una oficina común impide que ese funcionario vaya, aunque sea una tarde a la semana, por el muncipio en concreto, lo cual supone una pérdida para la población. Es una cuestión, como es natural, opinable y que hay que respetar.
Lo que sí hay que manifestar también es que lo que no ha solucionado este problema ha sido la fórmula legalmente prevista. La fórmula legalmente prevista es, ni más ni menos, la asistencia provincial para cubrir las funciones públicas necesarias. Ésa es la fórmula que prevé, en realidad, la Ley de Régimen Local. En este caso, esa solución no ha tenido éxito, en el sentido de que no se ha producido la correspondiente organización. En las diputaciones provinciales hay unos servicios de asistencia, lógicamente, en la sede central, en la que se resuelven los casos, digamos, que puede haber de mayor importancia; la Diputación Provincial de Huesca tiene dos cabeceras de zona en las que tienen un funcionario, con lo cual, en ellas se presta un servicio más cercano al ciudadano; pero en Teruel no figuran plazas de funcionarios de habilitación nacional, específicamente asignados al servicio de asistencia, y en la Diputación de Zaragoza, aunque en la plantilla de 1991 se incluyeron tres plazas, se han amortizado, seguidamente, con lo cual no existe en este momento ningún funcionario de habilitación nacional dedicado a la asistencia a los municipios.
Éste es un tema, como decía, que, desde mi punto de vista, como administraciones públicas que son los municipios, provoca graves problemas para su funcionamiento en general, y que se está agravando porque hay una serie de disposiciones legales que introducen nuevas obligaciones técnicamente más complejas.
Tenemos sobre la mesa el tema de la entrada en vigor de la contabilidad municipal a partir del 1 de enero de este año, respecto de la que se puede afirmar que, en este momento, como es natural, uno no puede hacer afirmaciones tajantes, porque siempre puede haber alguna excepción, pero yo me atrevería a decir que el 98% ó 99% de los ayuntamientos aragoneses carecen en estos momentos de contabilidad del año 1992, porque los programas informáticos, que se esperaba que funcionaran para llevarlos a la práctica, no han sido hecho con la suficiente perfección. Y en estos momentos se va a plantear, al cierre del ejercicio, la curiosa situación, desde el punto de vista democrático y de control del gasto del dinero público, que ayuntamientos grandes, incluso -y no digamos los pequeños-, van a tener guardados adecuadamente los antecedentes, los mandamientos, etcétera, de la gestión que se ha producido; pero, desde luego, no va a estar hecha la contabilidad ni en libros ni en los modernos sistemas, con lo cual, como podemos comprender, se pueden avecinar problemas incluso de desconfianza en el debate político, en base a la carencia de datos o a la imposibilidad para poder explicar una gestión con arreglo a la normativa vigente en estos momentos.
Otro, lógicamente, de los aspectos importantísimos del funcionamiento y de la situación de los municipios, es el tema, lógicamente, de su financiación. Como ya he reiterado varias veces, los ayuntamientos son unas organizaciones prestadoras de servicios, que tienen una autonomía constitucionalmente garantizada, con unas competencias y servicios obligatorios y mínimos, y respecto de los cuales la propia Constitución señala que deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley les atribuye.
Como es natural, esta declaración en principio es muy difícilmente cuantificable: cuál es la necesidad de servicios, cuál es el volumen económico necesario para prestarlos, cuál es, incluso, el nivel medio de gestión que puede hacerlos eficaces con una determinada percepción... Lo que es un hecho es que los ayuntamientos, tras la transición democrática, se han enfrentado con una fuerte demanda social de equipamientos y de actividades, sin correspondencia con nuevos recursos financieros suficientes para afrontar esa demanda. Razones políticas y de aumentos de calidad de vida, exigida por la sociedad, han hecho necesario que los ayuntamientos mantuvieran su presencia en campos tradicionales y que la ampliaran a otros nuevos, que, incluso en estos momentos, como es lógico y todos sabemos, los ayuntamientos están en el campo del bienestar social, de la cultura, del fomento del empleo, del ocio, etcétera.
El problema, por tanto, se ha producido cuando se han intentado equilibrar dos exigencias de carácter contrapuesto, que es mantener el nivel de satisfacción general del vecindario entre los servicios que demanda y la presión fiscal a la que se les somete. En este caso, llegado el momento en que la situación económica, posiblemente, hace inviable un aumento claro de presión fiscal, en algunos casos, como digo, y más notoriamente en el año noventa y uno, por razones también fácilmente comprensibles de ciclo electoral, se ha producido en algunos casos una especie de huida hacia delante, que ha hecho que, de alguna forma, las haciendas municipales en gran número estén muy resentidas.
Como sus señorías saben, el panorama general de la financiación municipal está contemplado en la Ley 39/88, de 28 de diciembre (Ley de Haciendas Locales), que introdujo un nuevo sistema que prentendía resolver, de alguna forma, el principio de suficiencia financiera. Esta Ley hacía bascular la mayor parte de la econmía municipal, por un lado, sobre los ingresos ordinarios propios, tanto tributos como participaciones en tributos del Estado, y, aparte, como es natural, sobre el recurso posible de la renta. Entre los impuestos fundamentales estaba el impuesto de bienes inmuebles, que es el que viene a suponer la columna vertebral de los tributos propios municipales, aunque se ha producido una grave decepción en su poder recaudatorio por problemas de catastro, más que por la propia regulación legal del impuesto. Como todas sus señorías saben, porque está el tema en la prensa desde hace varias semanas, por un lado, el impuesto de actividades económicas ha sufrido un retraso, y, por otro lado, en algunos casos se ha producido incluso la retención del poder recaudatorio en aquellos municipios de menos vitalidad económica, si bien en otros casos, en municipios grandes, parece ser que ha producido en algunos sectores sorpresas desagradables, dada la dificultad para cuantificar previamente cuáles eran los problemas prácticos de la aplicación del tributo.
Por otra parte, las participaciones en tributos del Estado parece ser que no han respondido a las expectativas despertadas, pese a que está reciente todavía la fijación de su porcentaje en el presupuesto del año noventa, tras amplias negociaciones. En cuanto a la participación de los impuestos del Estado, hay que señalar también que en el caso de Aragón la mayoría de sus municipios se ven, de alguna forma, sometidos a un cierto agravio comparativo, según cómo se considere esa fuente de financiación, en cuanto que, al estar ponderada la población, a efectos de reparto, en varios estratos, el estrato más bajo, que es el de municipios de menos de cinco mil habitantes, está ponderado con el coeficiente uno. Por lo tanto, al estar incluidos en ese coeficiente la mayor parte de los municipios aragoneses -concretamente, setecientos nueve-, sufren una ponderación de su población que, de alguna forma, supone un agravio comparativo, por ejemplo, respecto a los municipios de más de quinientos mil habitantes, en los que, tras la Ley de Haciendas Locales, ha tenido la suerte de ser incluido el Ayuntamiento de Zaragoza, cuyo coeficiente de ponderación es el 2,85. Lógicamente, por lo tanto, la mayor parte de nuestros municipios en ese aspecto se ven agraviados por ese tema.
En suma, por tanto, 1990 y, particularmente, 1991 se han caracterizado por un empeoramiento general de la situación financiera de los ayuntamientos. Por un lado se puede ver estadísticamente que se ha producido un decrecimiento del ahorro local, tanto en importes globales como desde el punto de vista del número de municipios en situación de "desahorro". La fuerte actividad inversora y la subsiguiente apelación al crédito mantenida durante 1989, 1990 y 1991, ha traído consigo un notable aumento en las obligaciones reconocidas por intereses y amortizaciones a largo plazo, incluso en relación con los ingresos. Y, por otra parte, esa actividad inversora y la ampliación de competencias han hecho crecer los gastos de funcionamiento de manera importante. La inversión, normalmente, cuando se acomete, no lleva consigo un estudio del gasto corriente que va a generar y que muchas veces es lo más difícil de financiar, como saben perfectamente los ayuntamientos.
En aras de la brevedad y de la mayor amenidad, dentro de lo posible, en mi intervención voy a obviar la estructura de los presupuestos municipales (en qué se gastan y cómo se financian), porque serían, como es lógico, datos estadísticos globales, y esa documentación está para quien quiera estudiarla.
Simplemente, porque son datos más fáciles de retener y de comprender, vemos que en estos momentos, en el año 1992, en Aragón hay un municipio -Zaragoza-que tiene un presupuesto de cuarenta y seis mil millones de pesetas (prácticamente, el 50% del conjunto de las locales); Huesca, tres mil ochocientos noventa y seis; Teruel, dos mil doscientos noventa y seis; Calatayud, dos mil doscientos noventa y cuatro; y luego hay siete municipios más -Ejea, Jaca, Alcañiz, Sabiñánigo, Tarazona, Caspe y Monzón- que superan los mil millones de presupuesto. Todos los demás están por debajo.
Como consecuencia, supongo yo, del problema de falta de colaboración técnica suficiente, en estos momentos, aunque parezca una cifra preocupante, hay trescientos treinta y ocho municipios que no tienen presupuesto aprobado para 1992.
También como dato, poder decir que, intuyéndolo por la prórroga de presupuestos que se puede deducir de años anteriores, habrá del orden de doscientos cincuenta municipios cuyos recursos ordinarios sean inferiores a los diez o doce millones de pesetas. Si tenemos en cuenta que un secretario, por decirlo de alguna manera, tiene un coste mínimo en estos momentos de alrededor de los tres millones trescientas mil, tres millones quinientas mil pesetas, sin contar trienios, esto pone de manifiesto, si eludimos cualquier gasto de bienes corrientes y servicios, un pequeño endeudamiento, etcétera, es que realmente la capacidad de maniobra de la mayor parte de los municipios es realmente muy pequeña.
Junto a esto, como ya señalaba antes, se ha producido un crecimiento de los pasivos financieros muy grande, y, como dato simplemente del conjunto de las corporaciones locales, en este caso incluidas las diputaciones provinciales, como datos expresivos les podría citar que, por ejemplo, mientras que en diciembre del ochenta y seis, la totalidad de los pasivos financieros de las corporaciones locales eran diecinueve mil ciento cincuenta y seis millones de pesetas, en junio de 1989 eran cuarenta y una mil ciento cuarenta millones, en junio de 1991, ochenta mil setenta y cinco millones, y en marzo de 1992, que es el último dato que tengo, noventa y tres mil trescientos cuarenta y seis. O sea, desde, aproximadamente, diciembre de 1989 hasta el momento presente, los pasivos financieros se han duplicado.
En este conjunto de problemas, como es natural, la crisis económica ha venido a traer otros, y yo insisto, como decía al principio a sus señorías, que no querría, bajo ningún concepto, dar un toque de pesimismo; pienso que la toma de medidas exige decir los datos.
En este caso también se van a apuntar al problema municipal problemas que se están arrastrando cotidianamente. Por un lado, por ejemplo, la disminución de la aportación del Estado a los planes provinciales de obras y servicios. Yo tengo un dato gráfico: si en 1984 el Estado aportaba setecientos seis millones al conjunto de las tres provincias y este año ha aportado trescientos treinta y tres millones, apliquen ustedes, de 1984 hasta aquí, la aplicación del IVA. Antes, las obras públicas estaban exentas de tributación, y, además, por la depreciación de la moneda -se puede apreciar la pérdida de valor- en virtud del propio esfuerzo que han hecho las diputaciones provinciales en el año noventa y uno, es estos momentos, como es natural, se ha producido una bajada de los recursos disponibles de las diputaciones provinciales para apoyar a las municipios. Así, mientras que en los presupuestos del noventa y uno, sumando los capítulos IV y VII -que parecen los lógicos para transferencias a los municipios-, las diputaciones han contando con un total de quince mil novecientos millones para ayudar a los municipios, en este año cuentan con ocho mil millones, en números redondos. De manera que se puede pensar que el año 1992 es un año duro en ese aspecto, y posiblemente el noventa y tres también lo sea.
Como es lógico, las soluciones no son fáciles. Por un lado, sería lógicamente la reducción de gastos -problema muy difícil por esa misma presión social-. En cuanto al incremento de los ingresos, estamos viendo las reacciones que producen los intentos de utilizar las fuentes tributarias para elevarlos. Por tanto, en estos momentos se ha puesto de moda, por decirlo de una manera vulgar, acudir a las operaciones de refinanciación de la deuda, con lo que, en definitiva, lo que se está logrando es unos años de carencia en y en los que se puede tener un mayor desahogo; pero -es un tema que me gusta, llevado un poco por la responsabilidad que creo que dan estos cargos con visión global-, en algunos casos, hay que tener en cuenta que, aunque sea inevitable, por el ahogo que se produce, llegará el momento en que se estén financiando cosas años después de haberse consumido lo que se hizo con ellas. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, eso es un desastre y conduce a una descapitalización real de los problemas, de las infraestructuras y de los servicios.
Dentro de ese panorama, simplemente como una cita, ha aumentado la aportación de la Comunidad Autónoma a las entidades locales. En ese sentido, datos que también conocen sus señorías, por citar datos: de ochocientos cincuenta y ocho millones en 1987, en el presente año ascienden a siete mil novecientos setenta y ocho millones aquellos programas de la Diputación General de Aragón que contemplan transferencias a entes locales. Son seis departamentos, con veintitrés programas muy variados de muy distintos temas, entre los cuales, los de más enjundia económica son los de acción social, deportes, recursos hidráulicos y cooperación con la administración local. Aparte de esto existe en la práctica aportaciones que provienen de economía, del fondo de solidaridad interterritorial, y que han venido a hacer obras tales como polígonos industriales, implantaciones de este tipo, también en beneficio de los ayuntamientos.
Acabando esta visión general, una referencia a las mancomunidades, tal y como señalaba el título de la comparecencia. Como todos saben también, las mancomunidades no son ni más ni menos que una asociación de municipios para hacer obras y sacrificios en común. La justificación de esa existencia es también ni más ni menos que, como las sociedades entre los particulares, poner en común esfuerzo, dinero, medios, para hacer cosas que aisladamente no se pueden hacer. No es, desde luego, un invento español ni aragonés, puesto que, por dar un dato cuantitativo, en Francia, en estos momentos, hay más de quince mil mancomunidades de municipios (de ellas, trece mil de función única y dos mil y pico de servicios varios). En aquellos otros países como Francia, en donde el instituto es municipal, es minifundista, lógicamente se ha ido por este camino también para intentar robustecer a los municipios para prestar servicios en común, dada su incapacidad aislada.
Estas Cortes de Aragón aprobaron el 15 de abril de 1987 la Ley 6/87, de mancomunidades de municipios, que en ese aspecto fue, de alguna forma, percursora, dentro de lo que es la legislación comparada autonómica española, en la que se apostaba por esta fórmula como manera de resolver la incapacidad del aislamiento municipal y también se señalaba en su preámbulo como posibilidad, constituyendo circunscripciones territoriales que, mediante la solidaridad de hecho, permitieran en un futuro avanzar hacia otro diseño territorial, que sería el de la comarca.
El éxito de dicha Ley -así hay que reconocerlo en números cuantitativos importantes- no parecía pensable, y en estos momentos hay cincuenta y nueve mancomunidades constituidas que agrupan a cuatrocientos doce municipios, y cinco mancomunidades más en constitución. De esas cincuenta y nueve, veinticuatro se destinan a un fin único y treinta y cinco a fines varios. La experiencia tiene una especial importancia en la provincia de Huesca, en la que, salvo en la zona del bajo Cinca y algunos municipios aislados, está integrados en mancomunidades todos los municipios de la provincia.
Entre los fines que prestan, los hay muy diversos, pero hay algunos que parecen que están ya revelándose como los idóneos por el carácter supramunicipal que en esencia tienen. La gestión de los residuos sólidos, la acción social, las actividades deportivas, la protección civil, la promoción del turismo, las brigadas de obras y las oficinas técnicas son, seguramente, aquellas actividades en las que se ve claro que pueden prestarse mejor de esta manera. Hay una serie de mancomunidades -concretamente, en estos momentos tres: Litera, Alto Gállego y Cinco Villas- que han merecido la declaración de interés comarcal, por entender que su funcionamiento las hacía merecedoras, aparte de su ámbito territorial.
Como es natural, si se intenta hacer un balance de las mancomunidades, es difícil, porque, como los mismos municipios, hay de muchos tipos y muy distintas. Hay algunas que tienen un funcionamiento muy sencillo -lógicamente, las de fin único, y, sobre todo, si ese fin único da poco lugar al debate de opinión-; por ejemplo, las mancomunidades de abastecimiento de agua, lógicamente, resuelven su problema concreto, y es relativamente fácil gestionarlas.
Como es natural, cuando el número de asociados es mayor y los fines son más amplios, es normal que los problemas aumenten, entre otras razones porque la toma de decisiones entre representantes provenientes de distintos ayuntamientos, a veces con mayorías políticas distintas, tiene una mayor complejidad.
En ese sentido, por lo tanto, las dificultades que vienen presentando las mancomunidades derivan de sus mismas ventajas, de su misma flexibilidad y de su misma voluntariedad. Entre esos problemas podríamos citar, por un lado, una cierta inestabilidad, que se produce en el caso de que haya cambios políticos entre sus miembros, y, por ejemplo, se nota claramente que las elecciones municipales provocan una cierta interrupción de su funcionamiento, porque, lógicamente, el cambio es más largo y más complejo que el de los ayuntamientos. Luego, además, si hay nuevos directivos, les cuesta, de alguna forma, enterarse del tema. Hay una falta de capacidad gestora en algunas de ellas, en el sentido de que, desde mi punto de vista, hay que poner mucho el acento en estas organizaciones sobre el tema de la gerencia, en el tema del gestor; dada, precisamente, su complejidad, pienso que en muchas de ellas hay que intentar superar el problema del debate político para, una vez tomada una decisión de un proyecto de ejecución de obras, dedicarse más a la gestión, porque, en principio, lo que intenta es dar resultados. Hay casos en los que el voluntarismo de la constitución de la mancomunidad revela que es elegido un territorio inadecuado, en el sentido de que, bien por pequeño o por grande, no se ha logrado también ese mercado de usuarios, que era lo que pretendía esa unión entre varios municipios. Y, por supuesto, hay un problema que está pendiente de resolver todavía, que es la excesiva dependencia de las mancomunidades de las transferencias financieras condicionadas por otras administraciones.
O sea, lo que es evidente es que en algunos casos, como en el año presente, en que la aprobación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma se ha retrasado en relación con el ejercicio del año, ha provocado dificultades y costes financieros, sobre todo, en aquellas mancomunidades que estaban acometiendo un mayor número de servicios y mejor los prestaban, puesto que, lógicamente, su necesidad de financiación empezaba el 1 de enero, si querían mantener la continuidad de los servicios. En algunos casos, por la pura limitación legal de tomar decisiones, no se han podido aprobar convenios o la concesión de transferencias hasta, a lo mejor, bastante entrado el año.
Lógicamente, esa dependencia es un problema preocupante. Lo que ocurre también es que es difícil resolverla, puesto que entiendo que la misma variedad de las mancomunidades hace muy difícil fijar parámetros objetivos para hacer, diríamos, repartos de transferencias incondicionadas y que se pudieran decidir previamente. Puede haber módulos objetivables, como pueden ser la población o el número de habitantes, pero hay otros en los que es mucho más difícil saberlo, como son el número de servicios que se prestan y qué servicios es lógico que tengan transferencias o no. Porque lo lógico es que, por ejemplo, una mancomunidad que preste un servicio de abastecimiento de aguas recupere, mediante el reparto de la tasa del precio público entre los usuarios, el coste del servicio, salvo que sean situaciones de excepcionales características territoriales que exijan un precio político. Por lo tanto, prever soluciones de aplicación automática creo que tiene una gran dificultad.
Creo, señorías, que he intentado dar una rápida pasada a lo que a mí me parecían problemas generales. Setecientos veintinueve municipios y cincuenta y nueve mancomunidades, creo que hacen inviable intentar ir al detalle del caso; pero, por supuesto, dentro de lo que, humildemente, esté en mi mano, me ofrezco muy gustoso a cualquier observación sobre los temas expuestos, o sobre cualquier otro relacionado con la Administración local, a contestarlo dentro de mis posibilidades.
Muchas gracias.

El señor Presidente (BIARGE LÓPEZ): Muchas gracias, señor Salanova, por su intensa y extensa descripción de la situación de nuestros municipios, que, a buen seguro, nos ha acercado a conocer mejor, nos ha aproximado a saber cuál es la situación real en líneas generales de estos municipios y mancomunidades. A continuación, vamos a suspender la Sesión por diez minutos. Ruego la máxima puntualidad, dado lo avanzado de la hora, para entrar de inmediato en las intervenciones de los Grupos.
Muchas gracias.

El señor Presidente (BIARGE LÓPEZ): Se reanuda la Sesión.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Convergencia Alternativa de Aragón-Izquierda Unida, señor Martínez.

El señor Diputado MARTÍNEZ VAL: Gracias, señor Presidente.
Quiero saludar nuevamente -no he podido estar al principio- a don Ramón Salanova por esta comparecencia.
En principio sí que nos parece muy acertada la iniciativa de la Mesa -yo he preguntado, efectivamente, a quién correspondía este proceso, en el que, en general, pero especialmente estas Cortes, van a entrar con un proyecto de ley que está suscitando, evidentemente, mucho interés: el proyecto de ley de comarcalización-. Digo que es importante e interesante que este tipo de encuentros tengan lugar, independientemente de que el dossier con el que hoy nos ha ilustrado el director general deba ser objeto de análisis, pero no para discutirlo, porque, evidentemente, nos consta que son datos absolutamente fiables y reales de quien los ha elaborado, y porque, además, el diagnóstico que se nos ha trasladado es suficientemente conocido. Yo creo que eso no escapa a ninguno de los parlamentarios, independientemente del territorio en el que habitualmente vivan, para bien o para mal, en cuanto a las garantías y calidades de vida que sus ayuntamientos y sus administraciones locales les puedan proporcionar.
La verdad es que esta comparecencia no debería ir mucho más allá de constatar la realidad que se nos ha trasladado, realidad que, ya digo, nuestro Grupo compartimos porque también la sufrimos; pero es cierto que habrá que sacar conclusiones de esta larga experiencia, de este diagnóstico, para afrontar con realismo y con valentía política las soluciones que yo creo que están clamando ya en este territorio aragonés, para hacer que ese goteo permanente, en cuanto a la merma de viabilidad -por no decir ya casi ineficacia o negro futuro de muchos ayuntamientos- se corte, en todo caso se frene, y se supere esa situación.
La experiencia de las mancomunidades... Yo obviaré la situación por la que atraviesan los ayuntamientos de Aragón, y que, evidentemente, está marcada por las dificultades económicas para afrontar los servicios mínimos, y especialmente marcado negativamente por esa dispersión geográfica, pero también por el número de habitantes, que conlleva estar en la cota o el tramo más bajo de las transferencias del Estado en función del número de habitantes. Eso es un aspecto negativo de esta Comunidad, en detrimento, o, mejor dicho, en beneficio de otras comunidades cuya distribución de habitantes por municipio les permite recoger mayor cantidad de ingresos; pero, bueno, ése es un hecho que está ahí, es inamovible, salvo que adoptemos otro tipo de iniciativas.
Digo que la experiencia de las mancomunidades es desigual. El objetivo de la Ley en parte se ha cumplido y en parte no se ha cumplido, y yo no diría que porque la Ley sea una mala ley -en este caso, la aplicación de la misma por parte del legislador-, sino por la falta de voluntad política de la mayoría de los municipalistas de nuestra tierra para superar los problemas de los localismos, y especialmente también para superar, o aparcar, más bien, los problemas de la cuota de poder, o del reparto de poder que cualquier territorio implica, o cualquier administración territorial implica.
Ese es uno de los temores que nuestro Grupo tiene: que pueda trasladarse también a la aplicación de la futura Ley de comarcalización. Pero, además, hay otra serie de factores propios de la Administración autonómica -y yo creo que el señor Salanova ha dado en esta intervención la clave en cuanto al principal cáncer o el principal mal endémico-, que es la falta de recursos y, especialmente, las fuentes de captación de esos recursos. Es cierto que en los últimos años se ha experimentado un aumento en los fondos de cooperación municipal de la Comunidad Autónoma, hasta los casi ocho mil millones que figuran en este presupuesto; pero también es cierto -y es consciente el señor Salanova- que el destino finalista de esos fondos hace que, en la mayoría de los casos, en muchos ayuntamientos, por no decir la mayoría de los de menos de cinco mil habitantes -que, además, son la mayoría, por no decir la totalidad que componen la geografía y el territorio aragonés-, se hace inviable la participación en los recursos propios que los tienen que aportar para conseguir que los fondos transferidos con carácter finalista se puedan realizar. Es decir, la cuota aparte de los ayuntamientos, su porcentaje, hace inviable su propia eficacia gestora, y, además, se hace inevitable recurrir al endeudamiento.
Por lo tanto, todo lo que podamos abarcar en base a ese futuro diseño de la Administración local -un pequeño paso son las mancomunidades, y nosotros creemos que un futuro paso, aunque no definitivo pero sí inevitable, son las comarcas- estará en base y apuntalado especialmente por las garantías que la Administración central, en este caso, y la autonómica, como subsidiaria, garanticen a las arcas de los ayuntamientos y de las comarcas.
Es cierto que en este proceso, con la experiencia mancomunada, se pueden sacar muchas conclusiones, conclusiones que habrá que afrontar con bastante generosidad política; que no digo valentía, pero sobre todo generosidad. Se nos ha recordado muchas veces desde el propio Departamento por el propio Consejero que debe afrontarse con esa generosidad y con ese consenso para diseñar un futuro de la Administración municipal en base a las comarcas que tenga duración, que no sea coyuntural, que no sea en función de un reparto puntual por la coyuntura política de cada momento, sino que estamos en un proceso constituyente, y, como tal proceso, debe imperar una visión mucho más allá de lo que es el puro marco geográfico en el que cada ayuntamiento y cada partido político se está repartiendo, en todo caso esta ejercitando su poder -legítimo poder, por otra parte-, pero a veces condicionado a las miras más amplias que la estrategia partidista.
Yo sé que este proceso se está desarrollando de una manera también desigual. El propio trámite parlamentario de este proyecto de ley, ya hace tiempo anunciado en las Cortes, ha sido -y, además, a petición de algunos Grupos, entre los que nuestro Grupo se incluye, ha sido solicitado un aplazamiento, una prórroga- desigual porque la propia Comunidad Autónoma, el propio Departamento no está, a mi juicio -y es una crítica-, planteándolo con absoluta transparencia. Es cierto que la Federación de Municipios y Provincias y la propia Asociación -la ASAM-, tanto una como otra han reclamado mayor participación a la hora del debate previo en esta cámara; es cierto también que hay algunas mancomunidades a las que sí se invita -yo no sé si a petición propia de las mancomunidades o por una selección, que, en todo caso, sería discutible, del Departamento- para discutir este tema en el marco de la actuación administrativa de esas mancomunidades. Pero nos tememos que incluso el debate, cuando llegue a estas Cortes, esté muy condicionado por debates sectoriales, por elaboración de enmiendas que están apareciendo o a propuesta de determinadas asociaciones o determinadas mancomunidades, o incluso a nivel individual por ayuntamientos. Puede ser difícil -yo digo difícil- afrontar ese criterio del señor Biel de llamada al consenso y a que la ley salga por una mayoría, si puede ser por unanimidad mucho mejor, porque éste no es el éxito de un Gobierno actual, sino que tiene que ser un proyecto de futuro.
En resumidas cuentas, estamos, por un lado, planteando la necesidad de grandes acuerdos, pero, por otro lado, se está desarrollando el debate de una forma muy sectorializada. Yo no sé si eso es bueno o es malo; en todo caso, lo veremos cuando todos los grupos políticos nos sentemos a discutir este proyecto de ley y cuando pongamos en contraste, que no en contraposición, sino en contraste y a debate, las enmiendas, las sugerencias o las aportaciones que nos merezcan.
Quiero reiterar que nos parece que es un momento muy interesante para el futuro del municipalismo aragonés. Yo no diría que es tarde; pero no podemos perder mucho tiempo por la propia dinámica -y los que vivimos en los pueblos vemos que difícilmente se pueden sostener incluso ayuntamientos que hasta hace unos años podían considerarse como modelo de la Administración, ayuntamientos entre tres mil y cinco mil habitantes, que es un poco la media que en Aragón podría considerarse como ideal, dado que es muy difícil llegar a ayuntamientos por encima de los quince o veinte mil habitantes-. Digo que éste es un momento importante para no dejarlo correr y no dejarlo pasar.
Yo no insisto más porque la intervención del señor Salanova no la vamos a contestar. Nos parece que ha sido bastante fiel a la realidad aragonesa. Y sí que nos suscitan algunas dudas, en cuanto a la futura ley de comarcas, los criterios de la solidaridad municipal a la hora de la fiscalidad. No vamos a entrar en cuestiones puntuales, en los criterios que nos merece a cada Grupo -en este caso no vamos a hacerlo nosotros sobre algunas enmiendas que nos parecen imprescindibles para que esa futura ley de comarcas sea lo que creemos que debe ser, o lo que, en todo caso, se dice por todos que debe ser-, sino en el hecho de que van a existir administraciones que nadie las cuestiona, como las propias diputaciones provinciales; en el hecho de que las cifras con las que, evidentemente, su obligación y su misión fundamental es suplir las dificultades de los pequeños ayuntamientos en la aportación presupuestaria, en los planes provinciales de obras y servicios, la realidad es que poco a poco van a carecer de sentido; en el hecho también de que algunos de sus intentos de descentralizar servicios en algunas cabeceras de comarca, para suplir las deficiencias técnicas por la falta de secretarios o de personal técnico, tampoco han surtido efecto -hay experiencias en la provincia de Huesca; se han citado dos, creo recordar, en Aínsa y en Monegros; pero en la mayoría de los casos yo podría decir que ha servido para colocar, a lo mejor, a algún hombre fiel a la Administración provincial, pero, evidentemente, no han servido para descentralizar los servicios-. Entonces, ésos son errores que tenemos que coger como un bagaje, y las propias mancomunidades, que el señor Salanova conoce, de distinto fin y de distinto objetivo, que, para bien o para mal, serán la experiencia.
Yo pienso que hay también experiencias en otras comunidades autónomas -tenemos la experiencia catalana, también con sus deficiencias y con sus ventajas-, y simplemente quiero decir que nuestro Grupo está decididamente apostando por ese modelo que supere el actual estatus municipal, la actual estructura, y que vamos a ir hasta el límite de lo que entendamos que constitucionalmente permite afrontar una ley como la de comarcalización. No nos vamos a rasgar ninguna vestidura a la hora de plantear la inutilidad de determinados estamentos supramunicipales, y también vamos a ser beligerantes a la hora de que se cumplan de verdad las premisas de la exposición de motivos que precisamente está enmarcando la propia ley.
Eso sería, en primera instancia, lo que nos parece oportuno decir en esta comparecencia, porque no queríamos entrar en un debate político, que, además, con la información que se nos ha dado, tampoco sería objeto de la comparecencia.
De momento, nada más. Y si hay alguna intervención que nos suscite alguna pregunta, la realizaremos en su momento.

El señor Presidente (BIARGE LÓPEZ): Muchas gracias, señor Martínez.
¿El señor director general va a contestar a cada Grupo por separado, o se reserva para hacerlo al final?

El señor Director General de Administración Local y Política Territorial (SALANOVA ALCALDE): Sí, porque los temas planteados han sido un comentario, pero me parecía que era lógico decir alguna palabra, y, por supuesto, sin sustituir en ningún caso, el papel que, lógicamente, en su momento desempeñaba el Consejero de Presidencia, señor Biel.
Lo que creo, y lo he intentado expresar con esta exposición, de alguna forma, es que hay que situar el problema -de ahí, sí, el tema de la comarcalización, evidentemente, después de las mancomunidades-, e insistir en la imposibilidad del aislamiento, pues yo creo que cada vez más la autonomía municipal tiene que ser considerada por los pequeños municipios como la coparticipación en la toma de decisiones a un nivel conjunto, porque ese aislamiento da muy poca autonomía real. Y, en ese sentido, limitándome solamente a comentar hechos, quiero decir que el trámite parlamentario de la ley de comarcas, en cuanto al amplio período de presentación de enmiendas, en el fondo pienso que no ha estado mas que determinado por la voluntad de todos los Grupos de intentar llegar a un consenso mayor sobre un tema que, desde luego, lo necesita. En esto no hago más que reiterar, efectivamente, expresiones del Consejero de Presidencia.
En este sentido, yo pienso que si las Cortes de Aragón, si la Comunidad Autónoma tiene una potestad legislativa para incidir en la organización de su territorio, lógicamente, ante esta situación, debe ejercerla, y debe ejercerla con la mayor prudencia, y, al mismo tiempo, de manera que sea perdurable el propósito de la ley que se aprueba. En ese sentido, yo creo que lo importante sería que todas las fuerzas políticas creyeran en el proyecto de ley que se vaya a aprobar, y, por supuesto, que esa creencia no fuera a cambio de descafeinarlo -por utilizar una expresión vulgar-, puesto que entonces lo que posiblemente podría ocurrir es que no se solucionara el problema suficientemente. Esa es un poco la esperanza y, en ese sentido, por supuesto, pienso que ese debate lo enriquecerá inclusive.

El señor Presidente (BIARGE LÓPEZ): Muchas gracias, señor Salanova. Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular, señor Gimeno.

El señor Diputado GIMENO FUSTER: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, agradecer la comparecencia del Director General, señor Salanova.
Desde luego, mi sorpresa ha sido mayúscula, aunque cada uno puede llevar el debate al campo que lo lleve. Cuando aparecen aquí, por primera vez, unas afirmaciones positivas o negativas, en un aspecto o en otro, sobre una ley que aunque ha entrado en estas Cortes no ha tenido debate de ningún tipo, que es la Ley de comarcalización -en la cual, yo, desde luego, no voy a entrar- creo que nosotros vamos a agradecer al director general la información. Eso sí, la información que nos ha dado creo que puede quedar complementada con el dossier que nos ha entregado, con un objetivo claro, que es contrastar una realidad, una realidad que es la realidad de este Aragón.
Buscar unas soluciones, las soluciones que recojan para intentar solucionar los problemas; qué tipo de instituciones deben permanecer, tienen que conservarse o qué nuevas deben crearse en un núcleo determinado para intentar solucionar los problemas que esta Comunidad tiene. Pero ha habido afirmaciones del propio Director General a las que voy a hacer alusión antes de una segunda reflexión, que sería una pregunta que dejaría en el aire, que la dejaría en el aire, o si el propio director general quiere responder, yo creo que sin compromiso alguno.
Nos ha dicho usted en su intervención que las diputaciones provinciales no han realizado ninguna labor de asistencia a los municipios, en cuanto a la propia gestión. Yo, por el conocimiento que tengo, no de las tres en el mismo grado, pero sí de una en un grado importante y de otras por conversaciones que he mantenido con los propios responsables de estas diputaciones provinciales, sí que han estado realizando una verdadera labor de asistencia, ahora, no al cien por cien por la imposibilidad que la propia diputación provincial tiene para poder satisfacer todas las necesidades que tienen esos municipios, pero desde que no hayan sido capaces de realizar al cien por cien esa asistencia, a que no han realizado labor de asistencia... Me gustaría que el director general, si he interpretado yo mal sus palabras o lo ha querido decir de esa forma, pues que lo dejase perfectamente clarificado.
Esta es la reflexión y ésta es la pregunta que yo dejaría en el aire. Al hacer el análisis que ha hecho usted del minifundismo municipal, ha dicho el número de municipios que en un momento determinado quisieron disgregarse de otros, cuáles lo consiguieron, en qué situación están... Usted ha dicho que, en cuanto a la población, había muy pocos habitantes; en cuanto al territorio, escasa recogida de reconversión municipal, que de 1982 a 1992 había única y exclusivamente cinco nuevos municipios, aunque había algún que otro expediente que quedaba ahí, en el aire, pero lo que me ha llamado poderosamente la atención, y es lo que contrasta, es que no ha habido ningún expediente de integración, absolutamente ninguno. No es que me asuste, es que yo creo que esto es propio, cada municipio quiere conservar su propia identidad, y cada municipio quiere disponer de los medios económicos y financieros para llevar adelante todo lo que la Ley de Régimen Local le confiere. De todos modos, nosotros tenemos el criterio de que no funcionan bien las instituciones si a éstas no se les proporciona el suficiente dinero para llevar adelante los servicios que tienen que prestar por ley, y esto contrasta con lo que usted nos ha dicho con relación al éxito de la Ley de mancomunidades que aprobaron estas Cortes de Aragón para este territorio.
Aquí tenemos que ser conscientes de una realidad: si funcionan las mancomunidades que se crean con el único objetivo de prestar un servicio mancomunado, es decir, sumarse para prestar un servicio, sin pérdida de la identidad municipal. Y usted ha dicho también que las distintas mancomunidades tenían muchísimos fines, que eran muchos los objetivos y los fines para los que se crean las mancomunidades y que no existe ninguna voluntad de integración de los municipios. Esta sería una reflexión que debería quedar en estas Cortes de Aragón para la creación de instituciones que sí generan una pérdida de la identidad de los municipios y que creemos, en principio, creemos que no van a aportar nada más de lo que pueden aportar las mancomunidades de servicios. Y ésta es la reflexión que yo dejo sobre la mesa, sin ninguna afirmación, y que podrá ser documento de trabajo y documento a tener sobre la mesa para una nueva reordenación del territorio de Aragón.
Gracias, Presidente.

El señor Presidente (BIARGE LÓPEZ): Gracias, señor Gimeno. Tiene usted la palabra, señor Salanova.

El señor director general de Administración Local Política Territorial (SALANOVA ALCALDE): Quizá en alguna de las frases que he pronunciado no me he explicado con suficiente claridad, porque me parece que algún matiz no ha sido transmitido adecuadamente, pero, de todas formas, intentaré responder muy brevemente.
Como es natural -líbreme Dios- mal podría haber dicho que las diputaciones provinciales no habían prestado ninguna labor de asistencia. Yo he estado hablando del problema de la secretaría de intervención y lo que he dicho, y lo confirmo, es que las funciones públicas necesarias de secretaría de intervención, en la legislación actualmente vigente, las hace necesarias y las encomienda a funcionarios de habilitación en Zaragoza, y que la forma de suplirlas, según la propia Ley, es a través de unos servicios de asistencia que deben tener las diputaciones encomendados también a funcionarios de habilitación nacional. Mi afirmación simplemente ha sido -constatable por otra parte- que salvo la Diputación Provincial de Huesca, que tiene dos plazas dedicadas a ese fin, en estos momentos ni la de Zaragoza ni la de Teruel tiene ninguna plaza específica asignada a ese fin en la plantilla.
Respecto del tema del minifundismo municipal, como es natural, el respeto a la voluntad de autonomía de las colectividades humanas es lógico y humano, pero también hay una cuestión que la da la ley: un núcleo de población es igual que otro, pero resulta que, en un determinado momento, la ley es la que le da sustantividad jurídica y lo convierte en municipio, es entonces cuando estamos planteándonos el problema. Como es natural, cada uno es libre de vivir donde quiera y, desde el punto de vista de colectividad humana, no hay nada que decir.
La duda que se le plantea a uno a veces es si una colectividad formada por cuatro habitantes que a lo mejor no viven habitualmente en un determinado territorio tiene sentido, por qué, desde el punto de vista del ropaje jurídico, la ley o, diríamos, la autoridad responsable no toma en algún momento alguna medida para organizarlo de otra manera. Otra posible solución alternativa sería despojar a esa entidad de una serie de obligaciones, porque en el caso de la Administración pública, normalmente, los derechos son derechos-funciones, o sea, son al mismo tiempo derechos y obligaciones de prestación de servicios, de ejercicio de poderes públicos sobre el territorio. En ese caso, no hay una serie de diferencias reales entre la conclusión a la que teóricamente se podría llegar viendo la ley y la realidad humana que allí vive.
Por supuesto, eso va conectado con un problema subsiguiente. El problema normalmente se plantea siempre porque, efectivamente, se considera conveniente el que se dé dinero a esa colectividad, por supuesto no considera lógico recaudarlo entre los que viven allí, sino que se considera lógico, y también es humano, el que se lo den instituciones superiores. Entonces, el problema en la gestión diaria de esas instituciones superiores con que las entidades se encuentran es que, al haber un dinero, unos medios económicos que no son ilimitados, lógicamente hay que introducir unos criterios de asignación de recursos, y muchas veces hay determinadas instituciones municipales a las que, hasta cierto punto, es muy difícil llegar, precisamente por esa limitación de recursos, no por otra razón.
Evidentemente, esas entidades tienen a su favor la razón histórica, porque a lo mejor otras no la tienen. Yo muchas veces me he preguntado, y es una pura consideración filosófica, si alguno de nosotros con un grupo de amigos se fuera a vivir a donde le pareciera dentro del territorio, porque le parece, y pidiera acto seguido constituirse en término municipal, si se le autorizaría o no, y se le consideraría revestido de esos poderes jurídicos. Si no es así, si a un grupo de personas, veinte o veinticinco, no se les autoriza, quiere decir que, de alguna manera, el único razonamiento que tienen a su favor esas otras entidades es la razón histórica, es absolutamente válida y humanamente lógica. Pero quiero decir que ése es un problema casi filosófico y, como es natural, admite todas las opiniones posibles.
Respecto del tema del éxito de la Ley de mancomunidades, derivado de una mayor profusión de fondos, en el fondo enlaza con la consideración anterior. A veces, lo que parece claro es que no se puede llegar a todas las entidades y, de alguna forma, sin embargo, sí se puede llegar o se puede de alguna forma ayudar más a que el conjunto de las instituciones que, solidariamente, consensuadamente, abordan una labor en común. Incluso para la entidad que ayuda es mucho más rentable, en términos de asignación de recursos económicos, resolver diez problemas, quince problemas, veinte problemas con esa asignación, y que diluida entre todos los miembros seguramente no solucionaría el problema que la mancomunidad está solucionando como conjunto.

El señor Presidente (BIARGE LÓPEZ): Muchas gracias, señor Salanova.
¿Hay réplica? Tiene la palabra el señor Esteban en representación del Grupo Parlamentario Aragonés.

El señor Diputado ESTEBAN SÁNCHEZ: Gracias, señor Presidente.
También, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, agradecer la presencia del señor Salanova y, sobre todo, la amplia exposición y la documentación que nos ha aportado, que un estudio más detallado de ella nos dará una más exacta situación de los municipios de Aragón. Realmente, consideramos que es una sesión informativa y, como tal, hemos tenido toda la información exhaustiva que nos ha proporcionado. De ella yo destacaría tres cosas que considero problemas que hay que abordar de una forma u otra, pero de manera inmediata. Por una parte, nos ha comentado, dentro de la situación de los núcleos pequeños, la disgregación de núcleos, la dificultad de servicios.
En los datos que nos ha proporcionado, hemos notado la falta de secretarios para asistir a los municipios que lo necesitan, la cantidad de vacantes que nos ha enumerado de secretarios que han tomado posesión, pero que inmediatamente se han marchado a otros sitios en comisión de servicios. Existen cantidad de pequeños municipios, sobre todo los pequeños municipios, que no encuentran secretarios para actualizar, para llevar su gestión, y que, por la práctica, conocemos que se están valiendo de personas de buena voluntad pero sin unos conocimientos totalmente exactos de la Ley de Régimen Local o de las distintas leyes que afectan a los municipios. Ese es un problema que creemos que tendríamos que abordar de forma inmediata, puesto que afecta a muchos pequeños municipios de nuestra Comunidad Autónoma.
Enlazado con esto, ha comentado que, efectivamente, las diputaciones provinciales -y ahora, en esta última respuesta a otro compañero, ha aclarado más el tema- asesorarían a municipios a través de esas plazas que también están faltas de personal y, aunque hay que reconocer o hay que recordar que, efectivamente, la Ley de Régimen Local, en una de sus partes, obliga a estas corporaciones de ámbito provincial a ese asesoramiento a los municipios, conocemos que existe una dificultad práctica y real para llevarlo a cabo.
Hay un tercer punto que también nos preocupa, que es, como es natural, todo lo de la financiación municipal. No hay en los pequeños municipios una relación entre los impuestos que se puedan poner y los servicios prestados. Cada día se exigen más servicios, y, claro, el exigir más servicios lleva consigo la posibilidad en algunos ayuntamientos de unos mayores impuestos, lo cual es de difícil asimilación por los habitantes de estos pequeños municipios.
Nos ha comentado la disminución que supone la aportación del Estado a los planes provinciales de obras y servicios. Aquí habría que recordar unas manifestaciones del Ministro Eguiagaray, que es partidario de que los municipios gestionen el 25% de todas las aportaciones del Estado. Esa buena voluntad que presenta el Ministro es contradictoria con la realidad que marca la ley reguladora de las haciendas locales, en cuanto a que ese porcentaje, hoy por hoy, está en el 14%, y además esa manifestación voluntariosa también es contradictoria con la disminución -que creo recordar que aproximadamente son unos trescientos millones- que hace el Estado en las aportaciones para los municipios. También se han visto sensiblemente reducidas las aportaciones de las diputaciones provinciales a los municipios cuando, en realidad, es un órgano que está precisamente y fundamentalmente, además de para otras funciones, pero fundamentalmente, para asistencia de los municipios, y claro, el que la Diputación General de Aragón haya podido aumentar la aportación que dedica a los municipios no creemos que sea suficiente para las necesidades que tienen estos municipios.
Consideramos que debe haber una coordinación entre todas estas instituciones; tanto entre la aportación que hace el Estado como entre las aportaciones que hacen las diputaciones provinciales y las que hacen las Comunidades Autónomas debiera haber una coordinación, potenciar esas aportaciones e incrementar los fondos que vayan a paliar estos problemas de financiación municipal. Esta es una aportación que puede venir en un futuro y que, desde luego, por parte de nuestro Grupo, vamos a apoyar.
Prácticamente, es lo que quería comentarle. De lo que he deducido de su exposición, a mí me han preocupado estos tres problemas principales que, lógicamente, debemos intentar resolver entre todos, puesto que a todos nos afectan, tanto desde los órganos de Gobierno como, fundamentalmente, desde estas Cortes, regulando las leyes que sean convenientes para esa coordinación, para ese fomento y para esa ampliación de fondos a los municipios.
Nada más. Gracias.

El señor Presidente (BIARGE LÓPEZ): Muchas gracias, señor Esteban.
Para responderle tiene la palabra el señor director general.

El señor director general de Administración Local y Política Territorial (SALANOVA ALCALDE): Muy brevemente. Simplemente, respecto del secretario de los municipios, efectivamente, el problema está ahí y, como dato casi anecdótico, en este momento hemos convocado un curso básico de formación municipal, precisamente para intentar ayudar en ese camino a los secretarios que están interina o accidentalmente, o sea, que no son de carrera, sirviendo en ayuntamientos e incluso a diplomados universitarios que, en su momento, pudieran estar interesados en servir a ayuntamientos, y darles unas nociones de tipo general, dentro de la limitación de tiempo y espacio que hay, procurando no agravar el problema legal, en el sentido de que estas situaciones lo que luego provocan es una especie de derechos adquiridos de los que sirven, lógicamente, en estas plazas, que luego dan lugar a problemas jurídicos, como se dieron ya hace unos años con el tema de hasta qué punto se podía primar o no primar la antigüedad en las plazas.
Desde luego, ese problema, como he sañalado antes, es competencia del Estado, y a mí me parece que tendría una solución fácil. Dadas las inmejorables relaciones que existen con la Dirección General de la Función Pública, en la Subdireción de la función pública local, siempre ha sido una constante insistir, incluso les he mandado memorandos explicativos, en el sentido de que legalmente no habría ningún problema en que nosotros indicáramos al Estado qué oferta de empleo era necesaria, teniendo en cuenta las necesidades reales de la Comunidad Autónoma, que, como se han hecho otras veces, nos delegara la formación y, luego, de alguna manera, le aportáramos nosotros, incluso, al propio Estado un número adecuado para las necesidades, porque hay un hecho sociológico también evidente, y es que cada vez más el secretario-interventor tiende a quedarse en la región de procedencia. Hay numéricamente muy pocos que una vez ingresados se vayan a Galicia o Andalucía, como decía antes, normalmente la tendencia es quedarse en su zona de origen.
¿Podría solucionarse de alguna forma? Como es natural, estos temas, como luego se juntan con un planteamiento necesario a nivel nacional, a lo mejor estaría incluso dispuesto a admitirse con una óptica regional, pues, luego, a nivel nacional no se pueden llevar adelante.
Desde el punto de vista de la financiación, que me parece que es el único que puedo emitir opinión, evidentemente, a mí me parece, como dice su señoría, que avanzar en el campo de la coordinación entre las instituciones que cooperan con los municipios y hacer un esfuerzo sería rentable para todos, en el sentido de que se lograría una mayor eficiencia en la asignación de los recursos.

El señor Presidente (BIARGE LÓPEZ): Muchas gracias, señor director general. Tiene la palabra el señor Arola en representación del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Diputado AROLA BLANQUET: Muchas gracias, señor Presidente.
Es difícil contestarle, señor Salanova, porque nos ha aportado usted datos, ha descrito una situación... La primera pregunta personal que me hago es si esta comparecencia no se debería haber encuadrado antes, cuando en estas Cortes discutimos la comunicación sobre organización del territorio que remitió en su día el Gobierno y que protagonizó el señor Biel. Porque los datos que usted aporta se encuadrarían más en un primer documento o en una primera discusión que no en este momento. En este momento, desde el punto de vista político de esta cámara, debería haber cosas que ya se tendrían que haber cumplido, y esto va a ser fundamental en mi intervención, que tiene que ser -entiendo yo- una intervención política.
Esta Cámara ha aprobado lo que coloquialmente llamamos un "nonólogo" el 28 de noviembre de 1991, hace ya casi un año, y establecía en su primera resolución, aprobada por unanimidad en las Cortes, que entendíamos que las fases que debía comprender la organización, o una nueva organización del territorio, una nueva teoría, una nueva práctica, una nueva legislación -le leo-, eran las siguientes: uno, maza municipal -que yo recuerde, esta Cámara no lo ha recibido-; dos, competencias locales y descentralización en cascada -vale lo dicho para la primera-; tres, robustecimiento de las haciendas locales -manifiestamente, no, y después, además, incidiré en este tema-; cuatro, mancomunidades de municipios -es una cosa que se está desarrollando en sí misma, es una ley del año ochenta y siete-; cinco, las provincias; seis, otros municipios especiales; siete, comarcalización; ocho, Zaragoza y su área metropolitana; nueve, la modernización de la gestión y los recursos humanos. Entiendo que en estas Cortes no se han debatido y no se han visto ninguno de los seis primeros puntos, resueltos y aprobados por unanimidad en esta cámara, y usted sé que es el director general, no es el Consejero, pero es el más cercano, en teoría, dada su responsabilidad política dentro de la estructura de la consejería correspondiente, a estas responsabilidades, si no me equivoco.
En esa resolución se daban también otros plazos, se concretaban otra serie de plazos. Y, por ejemplo, cuando se habla del modelo de organización territorial y de la Ley sobre la Administración local aragonesa, se decía que de las Cortes lo recibirían en un plazo no superior a nueve meses, incumplido también por parte de la Diputación General de Aragón, de la Consejería de Presidencia.
La descentralización en cascada. Pues nos encontramos con la misma situación. Es decir, no se ha producido el cumplimiento de los acuerdos que al respecto se establecieron. Sí, obviamente, el de la comarcalización, pero, como político, pregunto: si nos hemos puesto de acuerdo en un calendario de nueve puntos, y los seis primeros no se cumplen, eso entraña en sí mismo una dificultad añadida a la hora de debatir el séptimo punto, porque la ordenación no fue gratuita, porque la ordenación no es la que remitió la Diputación General de Aragón, porque estas Cortes reordenaron este calendario en un tema tan importante como la organización del territorio, y dieron plazos, y, por lo tanto, sólo el séptimo, y no los seis primeros, han sido objeto o pueden haber sido objeto de debate político en esta cámara.
Desde mi Grupo Parlamentario ya hemos dicho varias veces que la labor fundamental de esta cámara, sea en Comisión, sea en Pleno, es de debate político y no de meros receptores de información, porque pueden existir otros medios para recibirla, por ejemplo, por escrito, y, por ejemplo, de forma previa a la celebración de una reunión para que discutamos, señor Presidente, en la Comisión de elementos políticos fundamentalmente y no tanto de elementos técnicos, muchas veces de cifras, que damos por buenas por el mero hecho de que sean productivas.
Hay más elementos de duda que a mí se me plantean siempre que abordo este tema de la organización del territorio, que no es la primera vez, y es que yo le pregunté en nombre de mi Grupo al señor Rosell, delegado territorial de la Diputación General en Teruel, precisamente sobre este "nonólogo", es decir, cómo estaba el estado de la cuestión, en sesión celebrada el martes, 16 de junio. Y respondió al respecto: "Estamos realizando un trabajo de análisis de la situación de la provincia, de análisis de los diferentes municipios o de las zonas determinadas para ver cuáles de ellas ya se están concentrando sus habitantes en esas zonas determinadas, y, tal vez, apuntar por nuestra parte que algunas de estas zonas serían las que deberían desarrollarse, y otras, con el tiempo, irán, no digo desapareciendo, pero con una tendencia casi, casi, a la desaparición". Esta es la lectura textual de lo que dijo el delegado territorial en Teruel sobre el estado de la cuestión el 16 de junio. No casa demasiado este director general con lo que otra dirección general, como puede ser la suya, nos viene a decir que está haciendo, no casa demasiado.
No les leo lo del Plan especial de Teruel para no cansar a sus señorías. Pero debo decir también una cosa: el propio señor Rosell dijo que su comparecencia se limitaba a una parte del Gobierno y no a la otra, a la que coincidía con la responsabilidad y militancia política que él tenía; a lo mejor eso es lo que justifica su desconocimiento. Si alguien tiene dudas, señorías, aquí está el Diario de Sesiones, repito, de la comparecencia del 16 de junio de 1992.
Por lo tanto, políticamente hablando, que es lo que yo creo que debemos hacer en esta cámara, la organización del territorio, que es, en el fondo, lo que motiva, entiendo yo, su presencia hoy aquí, tiene elementos de dificultad política por incumplimientos, por adelantamientos en unos plazos sobre otros, etcétera.
Podemos llegar a analizar alguno de los problemas que usted también ha dicho, por ejemplo, el problema de la financiación de las haciendas modernas. Yo preguntaría y recordaría que esto también fue objeto de resolución por parte de esta cámara el día 28 de noviembre de 1991, y leo para general recuerdo de sus señorías: "Uno de los objetivos a que no debe renunciarse en el proceso de organización territorial de Aragón es al de potenciar la creación de un fondo autonómico de cooperación con las haciendas municipales con carácter incondicionado y con criterios de suficiencia financiera, autonomía financiera y solidaridad". Desde el 28 de noviembre hasta hoy, por parte del ejecutivo, por parte de los grupos que lo soportan, en el sentido político de la palabra, esos mismos Grupos que votaron a favor de esta resolución la única cosa que han hecho es derrotar las enmiendas de los presupuestos de 1992, las que presentó el Partido Socialista con tal objeto.
Pero, confiados en que están dispuestos a llevar adelante esta resolución que ellos mismos aprobaron, recuerdo a esta cámara que hemos vuelto a presentar una ley por la que se crea el fondo aragonés de participación municipal, que responde a los criterios de suficiencia, autonomía financiera y solidaridad, parecida a la que ya derrotaron con sus votos los Grupos que sostenían al Gobierno en la pasada Legislatura, a pesar de que el entonces portavoz en aquel tema del Partido Popular dijo -y esta cita sí que no es textual- que la derrotaba por disciplina, pero que tenían el compromiso de traerla en el plazo de un mes, y que si, pasado un mes de esa votación en concreto, el Gobierno no la remitía, como había quedado claro en el debate, ellos lo harían. Los meses del Partido Popular deben ser de larga duración política, que no cronológica. De todas maneras, ahí está el Diario de Sesiones de esta casa y la memoria parlamentaria a la hora de hablarles. Tendrán ustedes, señores parlamentarios, ocasión de pronunciarse nuevamente sobre la creación de este fondo en la proposición no de ley.
Y finalmente, decirle, señor director general, que ésta sería la posición política de este Grupo, por lo tanto, no le discuto ni una sola de las cifras que usted ha dado, pero decirle que desde el Grupo estamos observando que son contrarios a veces los hechos con los dichos, nos suele pasar a todos, esto es evidente. Pero, claro, cuando desde esa Dirección General, desde esa consejería, se está produciendo una política de subvenciones que no coincide en absoluto con el diseño que usted nos ha planteado sobre los problemas fundamentales que tienen que soportar los ayuntamientos, y nos parece que esa política de subvenciones es un auténtico cajón de sastre, creemos que hay unos recursos que podrían haberse utilizado mejor.
Permítanme que les recuerde, con la problemática que usted ha planteado, algunas de las subvenciones que se están dando desde esa consejería, no voy a ser muy exhaustivo. Por ejemplo, rehabilitación de la casa consistorial; pavimentación de calles; cubrimiento de acequias; compra de ambulancias -hay una comisión de transporte sanitario, usted lo debe saber perfectamente-; compran ustedes vehículos y motocicletas; adquisión, otra, de ambulancias; un alcoholímetro; reparación de la plaza de toros, terminación de iglesias -nosotros teníamos la duda de si esto estaba en Ordenación del Territorio o en Cultura, la sorpresa es que quien lo subvenciona es, al final, la consejería de Presidencia-; reforma del cementerio; restauraciones de ermitas; obras de apertura de mataderos municipales -ni Agricultura, ni Sanidad: lo subvenciona la consejería de Presidencia-; reformas de centros; instalación de calefacciones; reparación de tuberías... Esto es ni más ni menos que el libro de monipodio hecho subvenciones, no en el sentido estricto del libro de monipodio, pero, en todo caso, en nuestra opinión política, señor director general, lo que usted hoy ha planteado aquí es una suma poco coherente.
Y, para terminar, darle simplemente unas cifras que muchas veces se discuten, que muchas veces se discuten. Las subvenciones concretas que a la hora de organizar el territorio han ido a municipios se reparten de la siguiente manera según la adscripción ideológica de los municipios: Partido Socialista, veintiocho millones, 15%; Partido Popular, doce millones, 6%; ayuntamientos gobernados por el PAR, ciento treinta y cinco millones de pesetas, 73%; Izquierda Unida, cero, y 0%, claro; CDS, siete millones, 3,8%; e independientes, un millón quinientas mil. Señoría, yo sé que su responsabilidad es la de contribuir a la mejora de la organización del territorio, la nuestra también, dígale a quien proceda que con esto, que está sacado de los listados de la Diputación General de Aragón, que se publica en el Boletín Oficial de Aragón, estamos entrando en un difícil camino para conseguir el consenso en la construcción, necesaria por otra parte, de la organización del territorio.
Y nada más. Muchas gracias, señor Presidente.

El señor Presidente (BIARGE LÓPEZ): Muchas gracias, señor Arola. Tiene usted la palabra si desea responder.

El señor Directo General de Administración Local y Política Territorial (SALANOVA ALCALDE): Como es natural, sus señorías han aludido a una serie de temas, que a mí algunos de ellos, por supuesto, me superan muy ampliamente, pero me parece obligado decirle algo.
En principio, yo querría simplemente, de alguna forma, justificarme de forma general diciendo que yo he acudido aquí a alguna comparecencia sobre el estado de situación de los municipios y mancomunidades de Aragón, que podía haber sido cualquier otra la redacción del motivo de mi comparecencia, y, seguramente, en ese sentido, si hubiera sido oportuna mi presencia, hubiera enfocado la comparecencia con arreglo a otros datos. Como he indicado al principio de mi exposición, he creído que el enunciado al que yo tenía que contestar no me permitía otra forma de hacerlo, dentro de un tiempo mínimamente sensato, que ateniéndome a cuatro o cinco aspectos estructurales de la Administración municipal en Aragón.
Como es lógico, respecto de la resolución aprobada por las Cortes, a la que se ha referido su señoría, mi opinión tiene que ser una opinión humilde, matizada, puesto que está a otro nivel la toma de decisiones. Simplemente, desde un punto de vista de opinión, insisto, creo que el decálogo aprobado -tengo dudas, no sé si mi interpretación es correcta- desde luego, en la propuesta de la Comunidad Autónoma no había un orden de prioridades temporales propiamente dicho, sino un decálogo, diríamos, como los Mandamientos de la ley de Dios, en que no tienen, diríamos, de alguna manera, un orden prioritario de uno sobre otro, sino que todos deben ser cumplidos por todo buen cristiano.
En realidad, respecto de los plazos, efectivamente, no cabe negar el calendario. Efectivamente, entiendo que, con arreglo a esa resolución, se ha producido cronológicamente, un retraso en la presentación de algún proyecto. En la Dirección General en la que yo trabajo, todos los documentos a los que se refiere esa resolución están, por decirlo de alguna manera, en elaborado estado de ejecución, lo que ocurre es que yo hoy simplemente -insisto que no querría sustituir a ninguna otra persona con mayores competencias que yo para hacer estas afirmaciones- pienso que dentro del catálogo general de temas hay algunos, lógicamente, cuya presentación definitiva tiene que estar en consonancia con otros, y, por lo tanto, entiendo que la lógica es que, a la vista del resultado de unas determinadas actuaciones, se presenten en estas Cortes otros proyectos que vayan por el camino que las Cortes han manifestado con más detenimiento.
Pienso que pudiera ocurrir que un cúmulo de leyes presentadas de forma conjunta quizás pudieran, incluso, dispersar la atención en su trámite parlamentario. Como digo, ésta es una opinión absolutamente personal, y que, por lo tanto, no puede ser imputable más que a mí, puesto que en estos temas, como es natural, mi Consejero y el Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón son los que deberían haber... Insisto también en que, de alguna forma, no sé si prudentemente, respondo a lo preguntado, puesto que mi presencia aquí había sido preparada para tratar de un tema muy concreto.
También exclusivamente desde el punto de vista técnico, y cumpliendo con la misión que me ha traído aquí, que es la de informarles a ustedes, a sus señorías, y no entrando en ningún juicio de valor sobre el tema, yo querría poner de manifiesto las dificultades que entraña el tema del fondo de cooperación municipal incondicionado, del que tantas veces se ha hablado en esta casa, y que también en la Dirección General que está a mi cargo hay numerosos estudios, numerosas simulaciones, numerosos proyectos de disposiciones normativas, prácticamente una, desde luego, por año, con objeto de intentar que esto se pudiera llevar a la práctica. A nadie se le oculta las dificultades prácticas del invento: simplemente por razones económicas, como ocurre siempre.
En estos momentos la Comunidad Autónoma tiene un presupuesto determinado, se ha dicho ya, se ha anunciado que este año va a producirse una reducción. Pero también -yo lo conozco, como es natural, por mi relación directa, e incluso por manifestaciones producidas públicamente y en el periódico-, que el Consejero de Presidencia manifestó reiteradamente que se está estudiando muy a fondo el incluir en la Ley de Presupuestos de este año una referencia al tema. Evidentemente, creo que el tema, de alguna forma, hay que llevarlo a través de ley de presupuestos, porque, como digo, si no, podría ser inviable económicamente una ley de alguna forma paralela, que luego no tuviera fondos para llevarse a cabo.
Desde el punto de vista de la reflexión, insisto, puramente técnica, la dificultad del tema, y, por supuesto, la necesidad para los municipios, se manifiesta en los propios hechos que podemos manejar y a los que yo me puedo referir. Por un lado, un posicionamiento claro del Tribunal Constitucional en la Sentencia de 24 de mayo del noventa, por ejemplo, al resolver los recursos de inconstitucionalidad de Cataluña y Galicia contra los Presupuestos Generales del Estado. No se permitía a esas Comunidades Autónomas el cambiar los créditos, los módulos de reparto de la participación de los municipios en los tributos del Estado, en el sentido de que lo tienen así dicho en el Estatuto de Autonomía de una forma, digamos, vaga, insistiendo en que eso no es posible simplemente porque, de acuerdo con la Constitución y con la Ley de Haciendas Locales, la suficiencia financiera de las entidades locales, ese primer apartado, es una obligación estatal, una obligación dentro de lo que es la justicia distributiva del conjunto del territorio del país. Pero es que, además, las dificultades también se ven en la práctica en las comunidades autónomas que tenemos a nuestro alrededor. Y en estos momentos, que yo conozca, hay cinco comunidades autónomas que tienen fondos que podríamos llamar incondicionados, que son: Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura y Cataluña. El de Cataluña es un caso distinto porque un fondo de dos mil y pico millones de pesetas lo destina exclusivamente a los consejos comarcales, por lo tanto, es otro tema distinto; pero en estas otras cuatro Comunidades Autónomas sí que se ha avanzado en esa línea.
Y yo, entonces, pondría sobre la mesa la reflexión de qué cuantías se están jugando. En el caso de Andalucía, en el presupuesto del año noventa y dos se ha aprobado un fondo de cuatro mil millones de pesetas para incondicionado; el presupuesto de la Comunidad Autónoma es de un billón quinientos veintiséis mil millones. En el caso de Castilla-La Mancha se ha aprobado otro fondo de dos mil millones, porque, en realidad, es de cuatro mil, pero lo incondicionado sólo es la parte de dos mil, con un presupuesto de ciento sesenta y ocho mil millones. En el caso de Extremadura, de mil trescientos veinte millones, con ciento doce mil millones de presupuesto. Y en el caso de Murcia, mil millones, con setenta mil ochocientos cincuenta y tres millones de presupuesto.
Estos datos, ya digo, los he expuesto simplemente intentando aportar la información que yo
como técnico poseo, para, de alguna forma, justificar la dificultad del tema. Como es natural, estos temas en el fondo dependen de una voluntad política, es un tema de asignación de recursos, pero lo que yo quiero explicar aquí es que cuando se hacen los estudios, cuando se hacen los planteamientos económicos, a veces la voluntad viene dificultada por las posibilidades reales de distribución de fondos.
En el artículo 39 de la Ley de Haciendas Locales se dice claramente que los municipios tendrán derecho a participar en los tributos propios de las comunidades autónomas. La Comunidad Autónoma de Aragón no tiene tributos propios, tiene tributos cedidos, que fueron en su momento cedidos con objeto de financiar los servicios que eran transferidos. De manera que, lógicamente, si detrae ingresos de su presupuesto o transfiere a su vez competencias y, por lo tanto, transfiere el dinero con ellas, tiene que dejar de prestar servicios o endeudarse, no hay más dinero.
En estos momentos, yendo en puridad a hacer un poco de filosofía, como estoy intentando hacer sobre el tema, sí que es verdad que desde que se produjo el cálculo de los impuestos cedidos para financiar esos servicios transferidos, se han producido unos efectos financieros favorables en la Comunidad Autónoma, en cuanto a que la recaudación de esos impuestos decidos ha mejorado. Digamos que, de alguna forma, sería el margen más moralmente defendible de cuantía pero, en cualquier caso, si aplicamos números matemáticos, estaremos llegando a cantidades seguramente del orden de los quinientos, seiscientos millones de pesetas.
Insisto en que esta larga ampliación de datos que he suministrado a sus señorías aprovechando esta comparecencia es sólo informativa, y, como es natural, insisto en que está claro, evidentemente, en que en él la decisión, en último momento, es una decisión política y que se trata de una asignación de recursos, pero en ese aspecto me parecía interesante hablarlo.
Finalmente, el otro tema que ha abordado su señoría ha sido el tema de la política de subvenciones, en el tema de política de subvenciones en aquellos lugares donde hay un margen discrecional, como es natural, todo es opinable. En el caso del Departamento de Presidencia, hay una parte del programa de cooperación local, que son las transferencias corrientes, que se destina siempre a la mancomunidad con arreglo a unos módulos, cuotas de constitución o gastos de funcionamiento. Por lo que se refiere a lo que son transferencias de capital, este año deben de ser del orden de los doscientos, ciento noventa y ocho, doscientos millones que también han ido a mancomunidades. Ha habido un programa específico de policías locales que, en ese sentido, es lo que les da unidad, aunque en la relación del Boletín Oficial de Aragón puedan parecer dispersos, todo eso que se puede leer de vehículos, motocicletas, alcoholímetros, sonómetros, etcétera, en el fondo es un programa de ayuda a los municipios para equipar y modernizar las policías locales y, en ese caso, puedo afirmar que han sido apoyados todos aquellos municipios que han solicitado la subvención. Efectivamente, en ese programa denominado "Cooperación con la Administración local", lo que su señoría denominaba "cajón de sastre", lo que se intenta es, de alguna forma, ayudar, dar aquellas ayudas que no tienen encaje concreto, bien por no haber un programa específico, bien porque esos programas están agotados desde el punto de vista económico, a necesidades que piden los municipios.
Como es natural, el problema de las subvenciones, y sus señorías lo conocen perfectamente, a veces viene determinado por las propias peticiones que se reciben. Hay veces que -yo soy el primero en mi gestión-, dicho de una forma absolutamente llana, daría un coscorrón al ayuntamiento a la vista de su petición. Desde el punto de vista muchas veces del técnico que gestiona, a veces parecen minucias o cosas que desde el punto de vista absolutamente teórico son intrascendentes. Muchas veces también comprobamos luego que desde el punto de vista de esa viveza de la vida municipal, que no podemos ocultarla desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de la opinión de ese pueblo, hay veces que prefieren arreglar una ermita o arreglar el reloj de una torre que lo que a lo mejor uno consideraría que es lo más adecuado, que es mejorar de una vez por todas el alcatarillado u otras cuestiones. Es el mismo problema que ocurre cuando a un municipios que te viene a pedir consejo porque está endeudado hasta las cejas, vas inmediatamente el capítulo de gastos y le dices: recorta en fiestas. Y te dice el alcalde que eso no lo puede hacer porque ante el pueblo no lo puede defender. Inmediatamente, el técnico asume y admite esa afirmación, sencillamente porque es una afirmación de tipo intuitivo, que parte de una comprensión de los problemas a pie de calle, que muchas veces los números y los baremos objetivos no pueden sustituirla. Sencillamente, de alguna forma, en esos núcleos pequeños muchas veces, como antes he intentado decir, no desde un punto de vista absolutamente técnico y racional como el de las administraciones, su vida cotidiana, su ilusión, su verdadero interés son cuestiones que, muchas veces, al que no vive allí, al que mire desde la lógica de los planteamientos de las inversiones generales, no lo entiende ni lo comprende, pero a veces es lo que ese ayuntamiento quiere y, de alguna forma, admitiendo esa autonomía municipal, esas peticiones son realmente las que se conceden. Y ya digo que, a veces, discrepando, técnicamente por supuesto, de la cuestión.
Respecto del tema de los porcentajes de reparto político, yo, realmente, no puedo contestar taxativamente al asunto. En mi Dirección General, desde luego, en los expedientes no consta el partido político que hace la subvención y que la tramita, y se recibe a todo tipo de alcaldes. Puede haber un aspecto que, por una parte, podría matizar esa cuestión, y es que a veces la desconfianza humana y lógica política en que sea atendida la subvención hace que se pida menos, y eso a veces ocurre. Creo de todas formas que para hacer una valoración definitiva del porcentaje de subvenciones, las cifras que he anotado y que se han manejado, que vienen a ser del orden de los doscientos millones de pesetas, no deben de llegar todavía porque debe de ser una época muy anticipada del presupuesto, quizás, lo que creo, es que la valoración definitiva debería esperar al final del ejercicio para entonces tener en cuenta el cálculo general de esas subvenciones ya hechas.

El señor Presidente (BIARGE LÓPEZ): Muchas gracias, señor Salanova.
¿Hay alguna respuesta, señor Arola? ¿Alguna de sus señorías desea formular alguna pregunta? ¿Hay alguna objeción que hacer al acta que ustedes ya conocen?
Muchas gracias, señor Salanova, por su presencia, muchas gracias por sus amables explicaciones.
Se levanta la sesión. [A las catorce horas y veinticinco minutos.]