Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión plenaria celebrada los días 12 y 13 de marzo de 2015.

Con la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión plenaria celebrada los días 12 y 13 de marzo de 2015, que entiendo que es aprobada por asentimiento de la Cámara.

Y pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la propuesta de declaración institucional sobre la situación en el Sahara Occidental elevada al Pleno de esta Cámara por la Mesa y la Junta de Portavoces, a la cual esta Presidencia va a dar lectura.

Propuesta de declaración institucional sobre la situación en el Sahara Occidental, elevada al Pleno de la Cámara por la Mesa y la Junta de Portavoces.

«Las Cortes de Aragón se adhieren a la declaración adoptada en la sede del Parlamento de Navarra el día 21 de febrero de 2015 con motivo de la XIX Conferencia de los Intergrupos Parlamentarios "Paz y Libertad del Sahara Occidental", y, en consecuencia, acuerdan lo siguiente:

Uno. Recordar que el Sahara Occidental es un territorio no autónomo sometido al derecho internacional que nunca ha pertenecido al Reino de Marruecos y, por ello, se le exige que cese la ocupación ilegal del Sahara Occidental y el ejercicio del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.

Dos. Exigir al Reino de Marruecos la inmediata liberación de los presos políticos y de conciencia saharauis y que cesen las violaciones de derechos humanos en las prisiones que controla, garantizando la integridad física y psíquica de los presos.

Tres. Instar a las Naciones Unidas a que promueva sin más dilación la solución justa y definitiva del conflicto del Sahara Occidental, solución que pasa por llevar a la práctica el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui mediante la celebración del referéndum.

Cuatro. Denunciar el expolio de los recursos naturales en el Sahara Occidental por parte del Gobierno de Marruecos y exigir a las empresas que operan en la zona el respeto al derecho internacional y a los derechos de la población saharaui.

Cinco. Considerar necesario, a la vista de la grave situación que se vive en el Sahara Occidental, que la Minurso amplíe sus funciones y cometidos. Por ello, se insta a Naciones Unidas a que dote a la Misión de potestad para la vigilancia y salvaguarda de los derechos humanos de la población saharaui en los territorios ocupados.

Seis. Exigir a la Unión Europea que haga efectiva la cláusula de respeto a los derechos humanos establecida en el Acuerdo Preferencial con el Reino de Marruecos.

Siete. Realizar un llamamiento en relación con la situación dramática de soledad y desarraigo de las mujeres saharauis —de la que la ciudadanía tiene una insuficiente información—, víctimas de la violación de los derechos humanos, con especial referencia a las mujeres desaparecidas en los territorios ocupados.

Ocho. Instar a las instituciones públicas de España a continuar e incrementar, si cabe, el apoyo solidario y humanitario tanto a la población refugiada en los campamentos de Tinduf como a los habitantes saharauis de los territorios ocupados.

Nueve. Rechazar la celebración del Foro Crans Montana y exigir a sus organizadores que reconsideren la decisión de celebrar el encuentro previsto en Dajla por ser un territorio ocupado ilegalmente y vulnerar el derecho internacional.

Asimismo, las Cortes de Aragón, conscientes de la responsabilidad histórica, legal y política que el Estado español tiene con la situación en el Sahara Occidental, hace un llamamiento al Gobierno de España para que:

Uno. Exija al Reino de Marruecos el escrupuloso respeto a los derechos humanos en los territorios ocupados del Sahara Occidental y el cese de las vulneraciones de derechos que sufre la población saharaui. Asimismo, le instan a que trabaje activamente en el seno de la Unión Europea para que la Minurso vea ampliadas sus funciones también a la vigilancia y salvaguarda del cumplimiento de los derechos humanos en el Sahara Occidental.

Dos. Revise la situación de Hassanna Aalia y le otorgue al activista saharaui el reclamado asilo político, recordando, en ese sentido, las resoluciones y declaraciones de distintos parlamentos del Estado español.

Tres. Otorgue un estatus diplomático a la representación del Frente Polisario en España como único y legítimo representante del pueblo saharaui, así reconocido por la ONU. Asimismo le instan a que se reconozca a la RASD.

Cuatro. Promueva las iniciativas políticas necesarias encaminadas a lograr una solución justa y definitiva en defensa del legítimo derecho del pueblo saharaui a su autodeterminación, mediante un referéndum libre y regular, como paso final al proceso de descolonización inacabado.

Cinco. Priorice, como miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, las cuestiones relativas al cumplimiento del Plan de Paz para el Sahara Occidental y promueva las competencias de la Minurso en lo relativo a la supervisión de los derechos humanos en la zona y actúe en el mismo sentido en su participación en el Grupo de Amigos.

Seis. Intensifique la cooperación y la ayuda humanitaria con la población saharaui, tanto en los campamentos de refugiados como en los territorios ocupados.

Finalmente, en relación con el papel de la sociedad española, las Cortes de Aragón:

Uno. Invitan a los medios de comunicación a que traten el conflicto del Sahara Occidental con la misma importancia y relevancia que le confiere la sociedad, y animan a tantas personas solidarias a que a través de las redes sociales difundan y denuncien la situación del Sahara Occidental.

Dos. Se comprometan a facilitar las relaciones institucionales y políticas de este Parlamento con el Parlamento saharaui.

Tres. Animan a los ámbitos universitarios, judiciales y administrativos a seguir trabajando por el esclarecimiento de las actuaciones contra los derechos humanos ocurridas en el Sahara Occidental.

Cuatro. Expresan su agradecimiento a las asociaciones, federaciones y colectivos solidarios y sociales que trabajan día a día unidos por la amistad con el pueblo saharaui y cuyo único fin es lograr un futuro en libertad para el pueblo hermano. En ese sentido, consideran encomiable el trabajo de la Asociación Internacional de Juristas.

Cinco. Solicitan a las formaciones políticas, ante la celebración de las elecciones municipales, autonómicas y generales en 2015, y debido a la gravedad del conflicto del Sahara Occidental, un compromiso claro de defensa de la legalidad en el Sahara Occidental en los respectivos programas electorales.

Seis. Hacen un llamamiento a todo el tejido asociativo y al conjunto de las instituciones a que contribuyan al mejor éxito de la Eucoco 2015, que se celebrará en Madrid el próximo otoño.

La presente declaración institucional se remitirá al representante del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, al Gobierno de España, a la Comisión Europea, a la Delegación del Frente Polisario en España, al Gobierno de Marruecos y al Congreso y Senado de España.

Zaragoza, 25 de marzo de 2015.»

Se somete al asentimiento de esta Cámara. Bueno, queda aprobado por asentimiento de la Cámara.

Y pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la comparecencia de la presidenta del Gobierno de Aragón, a solicitud de veintidós diputados del Grupo Parlamentario Socialista.

Para la presentación de la comparecencia, tiene la palabra la señora Broto por tiempo de diez minutos.

Comparecencia de la presidenta del Gobierno de Aragón para explicar los motivos de la disminución en Aragón de beneficiarios que reciben las prestaciones reguladas en la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Gracias, presidente.

Señora Rudi, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho, señor consejero, para tener el triste y cruel récord de ser los primeros en el desmantelamiento de la Ley de dependencia?

Se lo hemos dicho muchas veces, pero no solo nosotros, también la Asociación de Directores y Gerentes, la Cámara de Cuentas, el Justicia de Aragón, el Espacio de Servicios Sociales. El Tribunal de Cuentas reconocía que el 30% de los dependientes aragoneses no tenía ninguna prestación.

La primera, la pionera en el desmantelamiento de la ley.

Señor consejero, señora presidenta, con alevosía, han incumplido la Ley 39/2006, del 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y la atención de las personas en situación de dependencia, la ley en materia de servicios sociales más importante de ese país. Una ley que reconoce un nuevo derecho, un derecho subjetivo, un derecho social y que supone un paso importantísimo en el Estado del bienestar.

Mire, señor consejero, en el año 2013, la presidenta Rudi —por utilizar sus datos— nos decía que se estaban atendiendo a veinte mil noventa y ocho personas. Hoy, con los datos publicados de diciembre, que ha costado mucho que se publicaran, son diecisiete mil setenta y seis personas, tres mil veintidós personas menos atendidas en esta comunidad autónoma. Día a día, mes a mes, vamos comprobando cómo los datos nos dan cuenta del abandono de los dependientes y de sus familias. Desde que ustedes gobiernan, son siete mil trescientos noventa y seis atendidos menos. A 31 de diciembre, siete mil veintitrés personas dependientes esperando la prestación. Teniendo en cuenta que además, ya en junio, tienen que ser atendidos los dependientes moderados, serán dieciséis mil personas, dieciséis mil personas que tienen reconocido ese derecho no están recibiendo la prestación.

Y usted, señor consejero, nos ha hablado muchas veces en este Parlamento y nos ha dicho que ustedes lo que quieren dar es calidad, que lo quieren es que las personas dependientes tengan un servicio de calidad, como si la universalización no fuera un derecho que tienen todas estas personas.

Y nos habla de servicios. Nos hablaba de que no quieren prestaciones en el entorno familiar, sino que lo que quieren es dar servicios. Pero, fíjese, con sus datos, la Cámara de Cuentas, en su informe 2012-2013, nos dice que las personas que están recibiendo servicio son el 57%, que no se han desarrollado los servicios de prevención ni de teleasistencia ni servicio de ayuda a domicilio. Usted, como digo, habla muchas veces de que no le gusta el que las personas tengan unos servicios en el entorno familiar, unas prestaciones en el entorno familiar. La verdad es que duele muchas veces que diga esto cuando dice, sobre todo, que esas personas en el entorno familiar no tienen la prestación adecuada. ¿Usted cree que las personas, que los familiares que están atendiendo a sus dependientes no les dan los servicios adecuados?

Y por otra parte, ¿ha leído usted la Ley de dependencia, señor consejero? El artículo 3 dice que «se recomienda la permanencia de las personas en situación de dependencia en el entorno siempre que sea posible». Conoce usted nuestra comunidad autónoma, conoce la dispersión. Pero fíjese, fíjese en ese dato que usted nos da de los servicios, fíjese en qué ha quedado. Mire, desde que ustedes gobiernan tenemos seis mil doscientas noventa y cuatro prestaciones menos en el entorno familiar. Pero es que vinculadas al servicio, tenemos mil ciento trece prestaciones menos. ¿Plazas residenciales? Veintiocho menos que cuando llegaron al Gobierno.

Fíjese, cuatro años, un mandato. Fíjese en qué se traduce en positivo: doscientas cuarenta y una personas más atendidas en centros de día. Es el resumen de su mandato con todo lo que ustedes han destruido. ¿Qué le parece, señor consejero? ¿Qué le parece este dato? ¿Qué nos puede decir? ¿Qué explicación nos da?

Mire, la Cámara de Cuentas, en su informe 2012-2013, habla de diez mil ochocientos ochenta y siete expedientes pendientes de resolución, y lo dice muy claro, lo dice muy claro. ¿Sabe cuál es la razón? Insuficiente consignación presupuestaria. ¿Qué quiere decir eso? Falta de voluntad política.

Pero es que, fíjese, teniendo en cuenta que no han cumplido con los plazos de resolución y que la media que han tenido en la resolución en 2012 ha sido de cuatrocientas setenta y tres días y en 2013 de quinientos treinta y uno, fíjese, la media de esos diez mil ochocientos ochenta y siete expedientes es de ochocientos sesenta y dos días. Pero además de que deja a esas personas sin un derecho subjetivo, fíjese, es que lo que debe por los retrasos en esas prestaciones en 2012 es de diecinueve millones y en 2013 de veinticinco millones. Fíjese, esa es la herencia que deja: todas esas personas sin atender más toda esa deuda que ha generado por no gestionar el sistema.

El Justicia le habla de inactividad reiterada y le advierte de riesgo de responsabilidad patrimonial. Señor consejero, ha sido, desde luego, un desastre; un éxito si lo que pretendía era desmantelar este derecho, si lo que pretendía era desmantelar la Ley de dependencia.

Mire, en este momento, la gestión que están haciendo, aparte del copago, fíjese, es que las personas dependientes y sus familias pagan más, copagan más, vuelven a pagar, repagan, una cantidad que es la misma que lo que aporta el Gobierno de España para aplicar la Ley de dependencia. ¿Qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo en la gestión en este momento? Fíjese, hay personas a las que su PIA les plantea —discapacitados intelectuales—, les plantea plazas en residencia, y dice a continuación: «No disponible, no hay». Pero fíjese usted, si es que las entidades tienen plazas disponibles y no están cumpliendo el acuerdo marco. Señor consejero, lo que falta es voluntad política.

Fíjese, en este momento, muchos dependientes aragoneses que están esperando la prestación han recibido una carta, han recibido una carta de su Instituto Aragonés de Servicios Sociales..., que sí que le preguntaría: ¿la han recibido todos? Han llegado hasta nosotros muchas cartas, pero le pregunto si la han recibido todos. Eso lo desconozco. Fíjese lo que pone en esta carta. Les dice que como la propuesta de su PIA, pendiente de ser aprobada por el IASS, establece como recurso idóneo el servicio de ayuda a domicilio y no está disponible, les dice que lo contraten directamente con una empresa privada en un listado —en un listado que aparece; lo he visto en su página— de empresas acreditadas. Me gustaría saber o que nos explique cómo se ha hecho esa acreditación.

Y, por otra parte, si han cumplido la ley, señor consejero, porque fíjese, el artículo 14 de la ley dice que el catálogo de servicios tendrá carácter prioritario, lógicamente, la oferta pública de la red de servicios sociales; que en caso de que no haya red pública de servicios sociales, se concertarán plazas, lo que ocurre con las residencias. Y resulta que ustedes, sin pasar por esos procesos —ya me lo va a explicar—, lo que hacen es plantear a los dependientes que contraten ya con empresas privadas, con empresas privadas que, fíjese, les dice usted que vayan a solicitar la revisión. Y lo que le pregunto es: ¿cuál es la atención que van a tener, señor consejero?

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señora Broto.

La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Termino enseguida.

Señor consejero, querría que me contestara a todo esto y que me dé explicaciones del porqué de este desmantelamiento.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Broto.

El turno del consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia por tiempo de diez minutos.

El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, presidente.

Comparezco en nombre de la presidenta del Gobierno de Aragón para explicar los motivos de la situación de la dependencia en la Comunidad Autónoma.

De entrada, quiero decirle, señora Broto, que para saber dónde estamos y para saber sobre todo adónde vamos, hay que saber de dónde venimos, en esto y en todos los ámbitos de la vida. Y no se pongan nerviosos.

Para explicar los motivos de la reducción de beneficiarios en dependencia, hay que remitirse al comienzo de legislatura. En el segundo semestre del año 2011, se constataron una serie, digamos, de irregularidades o de erróneas interpretaciones en materia de dependencia, que voy a resumir en tres aspectos. Primero, una altísima tasa de prestaciones económicas en el entorno familiar, vulnerando lo estipulado en la ley; en eso sí que era Aragón la número uno, en eso Aragón era la número uno, en el incumplimiento de lo estipulado en la ley.

Un número de beneficiarios computados que no era igual que el número de beneficiarios reales. Una vez realizadas las correspondientes depuraciones, unas por indicación del Ministerio; otras, a través de nuestros servicios técnicos, y otra, por indicación del Tribunal de Cuentas —no de la Cámara de Cuentas—, el número de beneficiarios, que era de veintisiete mil quinientos treinta y seis en el mes de mayo de 2011, pasó a ser de veinte mil doscientos treinta y dos. La diferencia, ustedes saben perfectamente a qué se debe, entre otras cosas, por algo tuvimos que devolver catorce millones de euros al ministerio.

Y, en tercer lugar, unas necesidades de gasto que no eran acordes con la consignación presupuestaria. El presupuesto del año 2011 en materia de dependencia hecho por ustedes para las prestaciones ascendía a 84,7 millones. Pues bien, quiero recordarles que tuvimos que implementar una modificación presupuestaria de 13,4 millones de euros, ni más ni menos, que para garantizar el cobro de la dependencia a aquellas personas que tenían el derecho reconocido, para los que ya estaban cobrando, ni siquiera presupuestaron la cantidad necesaria para garantizar el pago a los que ya estaban cobrando la dependencia. Eso es lo que había.

¿Qué hemos hecho? En primer lugar, lo que hicimos fue atender las conclusiones del análisis de la dependencia realizado por el ministerio, junto con todas las comunidades, en el año 2012. Por cierto, con dos años de retraso, porque había que haberlo hecho, según la ley, en 2010. Y esas conclusiones, recogidas también por cierto por el Tribunal de Cuentas, hablan de servicios, servicios y servicios, habla de priorizar los grandes dependientes y habla de homogeneizar la interpretación de la Ley de dependencia entre comunidades autónomas.

Y en ese informe del Tribunal de Cuentas que está relacionado con esta cuestión dice, por ejemplo, en el año 2014, que «hay una anómala —lo dice el Tribunal de Cuentas— distribución entre servicios y prestaciones económicas en el entorno familiar», y señala a las comunidades autónomas incumplidoras en esta materia, entre ellas, Aragón. También allí salíamos campeones, en materia de dependencia.

Le quiero recordar que, atendiendo a lo que dice la ley, a lo que dice el análisis de la dependencia y a lo que dice el Tribunal de Cuentas, en 2011, solamente se podía computar un 37,6% de servicios en materia de dependencia, y en 2014, gracias al giro de la política de dependencia de este Gobierno, son el 48,4% del total de beneficiarios que tienen como prestación asignada un servicio o una prestación económica vinculada al servicio. Todavía estamos lejos de la media nacional, pero nos estamos acercando.

¿Qué hemos hecho más? Realizar el máximo esfuerzo económico posible teniendo en cuenta la disminución, que usted sabe, en los presupuestos generales del Gobierno de Aragón, pero, no obstante, le quiero recordar que dos de cada tres euros se han destinado por parte de este Gobierno todos los años, fuera cual fuera el presupuesto, a garantizar el Estado de bienestar, a gasto social, aproximadamente tres mil millones cada ejercicio.

Y dentro de ello, le quiero recordar que el IASS, que es a quien compete esta cuestión, ha aumentado su presupuesto un 1,35% respecto al 2014 y un 6,48% respecto al 2103, fundamentalmente para esta cuestión que ahora nos ocupa.

Además, tenga en cuenta —y ya lo hemos hablado— que el importe aportado por el Estado ha ido disminuyendo en estos años desde los 75,4 millones del 2009 hasta los veintiséis del 2014, tanto por lo que corresponde al nivel mínimo como al nivel acordado.

Pero también le quiero señalar que la disminución más importante de treinta millones se produjo entre el año 2010 y el 2011, cuando se pasó de 73,3 millones a 44,2, treinta millones menos en este periodo que, como usted sabe, no corresponde a mandato del Partido Popular, y a alguien habrá que pedirle explicaciones. Y eso ha supuesto que la aportación del Gobierno, con sus recursos propios y sin contar con la aportación del Estado para la dependencia, se haya mantenido en cifras estables, aproximadamente, en torno a ciento cincuenta y dos millones de media entre el 2011 y el 2015; en el año 2015, son ciento cincuenta y cinco millones de euros.

En definitiva, se ha pasado de una aportación del Estado en materia de dependencia, de prestaciones fundamentalmente, de un 52% en el año 2009, a un 17% en 2014. El resto lo aporta el presupuesto del Gobierno de Aragón con recursos propios del Gobierno de Aragón.

Otra cuestión importante que quiero señalar: la apuesta decidida de este Gobierno para dos cuestiones importantes en materia de dependencia y que a veces nos olvidamos, que son mayores y discapacidad, y ahí están los acuerdos marco que se han puesto en marcha, el de mayores ya hace unas fechas, para el periodo 2015, 18,63 millones y mil quinientas cuarenta y ocho plazas, y el de discapacidad, que está ahora resolviéndose, con 144 millones para el periodo 2015-2019, con dos mil ochocientas cincuenta y siete plazas.

Le quiero recordar también, ya que ha dado datos, que entre el 2011 y el 2015 ha habido seiscientas cuarenta y nueve plazas más de mayores y doscientas ochenta y cuatro de discapacidad, y son datos que también, por cierto, son verdad.

Y también le quiero recordar —usted lo ha comentado, es importante y los colectivos lo indican cada vez que tienen ocasión— la decisión de este Gobierno de eliminar el cómputo del patrimonio para establecer los criterios de copago para dependientes discapacitados. Es una decisión voluntad del Gobierno de Aragón que por cierto no se corresponde con lo que han hecho otras comunidades autónomas.

¿Qué hemos hecho también? Cumplir con una materia pendiente, con una asignatura pendiente en materia de dependencia, que es el desarrollo de la ayuda a domicilio y de la teleasistencia. Por cierto, el Tribunal de Cuentas debería haber tenido en cuenta —y valga la expresión— que el 29 de abril de 2013 se publicó la Orden que desarrolla el servicio de ayuda a domicilio y de teleasistencia, cuestión pendiente en materia de dependencia, cuestión pendiente. Las dos cuestiones se están desarrollando, como usted sabe, en colaboración con las entidades locales, y ya le adelanto que la preocupación que me ha trasladado respecto a la carta tiene bastante que ver con el hecho de que el Ayuntamiento de Zaragoza no ha querido firmar el convenio de encomienda de gestión para desarrollar la ayuda a domicilio. En consecuencia, a los zaragozanos dependientes cuyo PIA establece la ayuda a domicilio como recurso idóneo hay que darles una solución. Pregúntele al Ayuntamiento de Zaragoza por qué no ha querido firmar este convenio, ¡pregúnteselo!

En teleasistencia, sabe que hemos asumido la parte que aportaba el Inserso; a su vez, se han firmado convenios con diferentes entidades públicas por valor de un millón doscientos cincuenta y cinco mil euros en el 2014 y 1,4 millones, casi 1,5, en el 2015, y también aquí le quiero decir que pregunte a la Diputación de Huesca por qué no quisieron firmar el convenio, cosa que por cierto hicieron el Ayuntamiento de Zaragoza, la Diputación de Zaragoza, el Ayuntamiento de Teruel, la Diputación de Teruel y muchas de las comarcas de la provincia de Huesca, aunque quedan algunas.

Respecto a la Cámara de Cuentas, varias cuestiones. Hay una cosa que no ha leído de lo que dice la Cámara de Cuentas, en la página 42, donde dice que «a pesar de ser excepcional, priman en exceso las prestaciones económicas en el entorno familiar por encima de los servicios», lo dice la Cámara de Cuentas en su informe, pero usted no lo ha leído, lo leo yo.

También habla la Cámara de Cuentas del incremento de adjudicación de plazas dentro del acuerdo marco de mayores, lo dice también la Cámara de Cuentas, y habla por cierto, efectivamente, de ese plazo de resolución pero le tengo que indicar, y constaba en nuestras alegaciones, que en el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, se establece un plazo suspensivo máximo de dos años para estas resoluciones, que añadido a los seis meses que establece la propia normativa de dependencia, son novecientos doce días, con lo cual los ochocientos sesenta y dos días de retraso están dentro del plazo legal que establece este Real Decreto 20/2012, y consta en las alegaciones que, por cierto, no ha tenido en cuenta la Cámara de Cuentas, y valga la expresión.

En definitiva, luego le diré hacia dónde queremos ir...

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Tiene que terminar, señor consejero.

El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia (OLIVÁN BELLOSTA): ..., le he explicado de dónde venimos y le he explicado dónde estamos. Luego explicaré, como digo, dónde queremos ir.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias señor consejero.

A continuación, señora Broto, puede replicar al señor consejero. Dispone de cinco minutos.

La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Gracias.

Señor consejero, termina diciendo que nos va a explicar a dónde va, pues, ahora es que nos da lo mismo, lo que deseamos es que vaya donde quiera, pero que no tenga nada que ver con la gestión, la dependencia ni con los servicios sociales. [Aplausos.]

Mire, señor consejero, la herencia. Después de cuatro años, usted todavía viene con el papelito, porque tampoco me ha escuchado lo que le he dicho, a explicarnos la herencia, que nos la ha explicado ya muchas veces, ¡que ya nos la sabemos! Ahora, lo importante es la herencia que usted va a dejar después de cuatro años, ¡esa es la importante!

Mire, diez mil personas esperando ser atendidas, el balance, fíjese, más de seis mil personas que usted ha sacado del sistema, y lo positivo, doscientos cuarenta y uno.

El Tribunal de Cuentas, si se lo he dicho, lo dice, 57% todavía de personas que reciben prestación en el entorno familiar. Lo que le quiero decir es que usted, que tanto ha dicho, que tanto ha presumido, que lo ha transformado en servicios, no ha sido así, no ha sido así, porque no ha hecho nada, ni una cosa ni la otra.

Mire, todo lo que usted ha hecho con la Ley de dependencia ha sido, desde el principio, coger unos argumentos, repetirlos, que el corifeo del Parlamento los repita y nada más, y nada más.

Y, fíjese, primero empezaron diciendo que el Gobierno anterior había pagado a los muertos. Les costó bastante descubrir que era mentira, porque eso ya sabe usted que es mentira, pero mientras tanto lo seguían diciendo. Que los datos no estaban depurados, y llegaron al ridículo, al ridículo, señor consejero, de darle unos datos a la consejera, que restó los datos dos veces, y eso usted lo sabe. Lo sabe, lo ha reconocido. Es así. Dos veces.

Han dicho miles de veces que, además, a los datos que se tenía había que restar los dependientes moderados. Yo le he oído aquí a usted y a otros parlamentarios decir: «No, es que a los siete mil hay que restarles los tres mil que son dependientes moderados». Pues, no. Es que los dependientes moderados que tenían el derecho antes de modificar la ley tienen derecho, son siete mil. Pero nos ha costado tres años que reconozcan que son siete mil.

«Queremos dar servicios», dicen. Que no dan servicios ni nada. Es que no dan ni servicios ni nada. Y le vuelvo a repetir: dígalo, dígalo otra vez, diga aquí en el parlamento que las personas que están atendidas por sus familias no tienen la atención adecuada. O sea, le pido, por favor, que lo vuelva a decir.

Mire, lo único que han hecho con esto ha sido desmantelar y privatizar, porque la carta... Me dice usted —es que usted es especialista en esto, especialista en dar la culpa a los demás— que el IAI no lo cobran, que lo cobran algunos que no tienen derecho; ahora, la culpa de que no tengan teleasistencia, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación de Huesca. Dígame usted, dígamelo, cuándo planteó el convenio a esas instituciones. Dígamelo. Es que usted es especialista en echar la culpa a los demás. Lo ha hecho siempre.

Mire, está muy contento de que el copago..., dice que no hay copago para los discapacitados. ¿Y los dependientes? ¿Usted cree que los dependientes sí que tienen que tener el copago? El acuerdo marco. Pero que recorte ha habido en el acuerdo marco, señor consejero. ¿Usted se siente orgulloso?

Mire, yo, esta mañana escuchaba un debate en un medio de comunicación sobre la Ley de dependencia. Hablaban diferentes personas sobre este tema. Hablaba el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes y la portavoz del Partido Popular, y la portavoz del Partido Popular decía: «Es una ley que no es sostenible, no puede aplicarse porque no es sostenible, porque como el presupuesto del Gobierno de España no puede llegar al 50% de las comunidades autónomas, pues, no es sostenible». Fíjese, como si la responsabilidad del presupuesto del Gobierno de España no fuera también del Gobierno de España. Pero yo preferiría que usted me dijera eso. Preferiría que usted nos dijera aquí «no queremos aplicar la ley de dependencia, no nos gusta y, por lo tanto, a los dependientes no les vamos a dar este derecho, que es un derecho subjetivo». Porque lo que ha hecho aquí durante cuatro años ha sido marearnos, volviéndonos con los datos, que da vergüenza que después de cuatro años siga igual, y lo que ha hecho es desmantelar una ley y desmantelar un servicio...

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Tiene que terminar.

La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Lo único que le digo es que qué triste herencia, qué triste herencia y de qué forma más cruel los ha dejado. [Aplausos.]

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Broto.

Seguidamente, es el turno... Ah, no, la dúplica del señor consejero. Tiene cinco minutos para duplicar.

El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, presidenta.

Señora Broto, no sé cómo es tan osada cuando sabe perfectamente que hay documentos que demuestran que buena parte de lo que ha dicho, si no todo, no se corresponde con la realidad. [Rumores.]

30 de junio de 2011, de la Dirección General del Imserso a...

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Silencio, señorías.

El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia (OLIVÁN BELLOSTA): ... don Luis Miguel Bo Ferrer, director general de Atención a la Dependencia: «Se ha identificado un importante número de personas que han fallecido, pero que continúan dados de alta en su sistema de dependencia. La cantidad a devolver resultará cercana a catorce millones de euros». [El señor diputado Sada Beltrán, desde su escaño y sin micrófono, se expresa en los siguientes términos: «Está mintiendo».]

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Señor Sada, por favor.

El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia (OLIVÁN BELLOSTA): «En consecuencia, la cifra mensual a recuperar resultará próxima a los dos millones de euros.» Aquí está la carta. Fecha de registro —me imagino que lo registraron ustedes— en el mes de junio de 2011.

Ayuntamiento de Zaragoza. Ayuda a domicilio. Comunica el Ayuntamiento de Zaragoza el día 9 de febrero de 2015 que no va a gestionar ni a corto ni a medio plazo el sistema de ayuda a domicilio por tener que licitar un contrato específico que en este momento no ven viable.

[El señor diputado García Madrigal, desde su escaño y sin micrófono, se expresa en los siguientes términos: «¿Pero han pagado lo que deben?»]

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Señor consejero, por favor, un momento. Un momento. Señor consejero, un momento, que no le está dejando hablar. Un momento, no le quiero interrumpir.

Le está interrumpiendo... Señor consejero, un minuto. Señor Sada, ruego, por favor, guarden silencio y permitan al señor consejero decir... Guarden silencio. Guarden silencio. Continúe.

El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Teleasistencia. No me hacen falta documentos. Yo, personalmente, estuve con los tres presidentes de diputaciones —evidentemente hay otros testigos— y les ofrecí a los tres la colaboración del Gobierno de Aragón para copagar la teleasistencia. Teruel y Zaragoza asintieron; Huesca, no. Ellos sabrán por qué. Pregúntele al señor Cosculluela, que prefiere pagarlo con sus recursos, rechazando el ofrecimiento del Gobierno de Aragón.

Más datos, más datos. La eficiente gestión de la dependencia en la etapa anterior tiene en mi opinión —seguramente no lo comparte— un hecho evidente: ¿usted sabe cuál es la diferencia entre lo que suponía gasto por dependiente en el año 2009 o 2010 con respecto a la media nacional? Del orden de mil seiscientos/mil novecientos euros. Cinco mil novecientos en Aragón, siete mil ochocientos en España. De alguna manera, si ustedes miden, como miden siempre, la calidad en términos económicos, estará conmigo en que se estaba prestando la ayuda a la dependencia con menos calidad en Aragón que en el resto de España. Pues bien, en estos momentos, la diferencia es de cuatrocientos euros. Se ha producido una aproximación tremenda desde esa diferencia de mil novecientos a los cuatrocientos actuales. Seis mil doscientos sesenta y seis, seis mil seiscientos sesenta y cinco en España. Utilizo su criterio: gasto igual a calidad; evidentemente, más gasto, más calidad. Y son datos que lo demuestran.

Más cuestiones que tampoco dicen. Aragón supera la media nacional en atención residencial: 20% en Aragón, 14% en España. [El señor diputado García Madrigal, desde su escaño y sin micrófono, se expresa en términos ininteligibles.] Datos del Sisap, señor Madrigal.

Prestaciones económicas vinculadas al servicio. Aragón supera la media nacional: 21% en Aragón, 7% en España.

Y si atendemos lo que dice el Tribunal de Cuentas o la Cámara de Cuentas, estará conmigo que estos datos son positivos. Los dos, Tribunal de Cuentas, cuando analiza dependencia a nivel del Estado, y Cámara de Cuentas, cuando lo hace a nivel nacional, ponen el acento en la necesidad de apostar por los servicios. Usted no lo ha leído, yo lo he leído. Página cuarenta y dos del informe.

¿Adónde vamos? Tengo un minuto diecisiete para terminar. Pues, vamos, ni más ni menos, a un escenario en el que se cumpla estrictamente la ley, y en mi opinión, cumplir la ley es acercar los servicios a un porcentaje aproximado de un 60%-65%. Estamos en un 48% en estos momentos. Nos queda todavía mucho, nos queda todavía mucho por recorrer.

En segundo lugar, establecer como excepcionales de verdad las prestaciones económicas en el entorno familiar para menores, y así está establecido, y para personas, fundamentalmente del medio rural, que no tengan a su disposición o en proximidad un recurso en forma de servicio. Para eso es la excepción y no para otras cosas.

En tercer lugar, me gustaría, y creo que a ustedes también, que hubiera una colaboración total de las Administraciones Públicas, dejando al lado los colores políticos, en materia de dependencia y otras cuestiones de servicios sociales, cosa que no está pasando ahora, y he puesto el ejemplo de ayuda a domicilio y teleasistencia.

En cuarto lugar, que se valore la calidad de los servicios de verdad, no la cantidad. Y en este contexto, que se tenga en cuenta que el coste por dependiente se tiene que aproximar a la media de España, como de hecho se está haciendo. Una apuesta decidida por la discapacidad —creo que estará conmigo— y a partir de todo ello, un cambio de conciencia social que ustedes provocaron sobre la dependencia, para que la gente entienda que la dependencia no es una prestación económica en el entorno familiar y que entienda claramente que son servicios. [Rumores.]

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Silencio, señorías.

Tiene que terminar. Gracias.

El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Ese es el horizonte y es el escenario que me gustaría que tuviera la dependencia, esté o no esté de consejero.

Muchas gracias. [Aplausos.]

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Señorías, ruego guarden silencio desde los escaños.

Escuchamos al señor de la tribuna, y la señora Luquin en estos momentos, que es la portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que tiene la palabra, ruego la dejen hablar. [Rumores.]

Puede intervenir, señora Luquin. Tiene cinco minutos.

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidenta.

Buenos días, señorías.

Informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de los ejercicios 2012 y 2013. Casi tres mil aragoneses murieron mientras esperaban la dependencia. Mil ochocientos noventa y ocho fallecidos llevaban guardando una media de mil cuarenta y tres días. El Gobierno dejó sin resolver diez mil ochocientos ochenta y siete expedientes, con lo que ahorró el pago de veinticinco millones de euros.

¿Hacia dónde vamos, señor Oliván? Con usted, hacia el abismo, hacia la demolición controlada de la dependencia de Aragón. Por los retrasos, incumplimientos y deficiencias en la gestión en materia de dependencia, debería usted pedir perdón a las personas que llevan esperando una prestación reconocida por la ley y que usted no se la ha dado, debería pedir perdón a esos mil ochocientos noventa y ocho fallecidos que llevaban guardando una media de mil cuarenta y tres días y debería de pedir perdón por los diez mil ochocientos ochenta y siete expedientes, con lo que se ahorró el pago de veinticinco millones de euros. Perdón y marcharse en silencio por la puerta de atrás, usted y la directora del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Esa es la gestión que usted puede poner hoy encima de la mesa. Lamentable y bochornosa, y que encima salga usted aquí a sacar pecho no sé exactamente de qué.

Señor consejero, se lo digo sinceramente, si ustedes no han creído nunca en esta ley, si ustedes no han creído que era un derecho, se lo he dicho muchísimas veces, que hubieran sido valientes y hubieran derogado la ley. Pero ustedes no son ni valientes para asumir las consecuencias y las decisiones que adoptan y, por lo tanto, las responsabilidades políticas.

En Aragón, ha perdido un 7,7% de personas beneficiarias, siendo la segunda comunidad autónoma que más lo hace. Hay menos número de dependientes recibiendo cualquier prestación. Datos del último informe del Imserso, que no lo escribe Patricia Luquin ni el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Esas son cifras que ponen en evidencia su gestión. El verdadero problema, señor Oliván, el verdadero problema y de fondo de este asunto es que hay una falta de oferta de más de la mitad de los servicios, y usted lo sabe. Lleva viniendo aquí, porque hoy no es el primer día..., le hemos preguntado por este tema durante toda la legislatura. Siempre nos dice exactamente lo mismo, que iban a potenciar la red de servicios, y es falso. Sabe que hay una deficiencia evidente, y ustedes han sido incapaces de poner a funcionar una ley que, sí creían en ella, sinceramente, no ha estado entre sus prioridades ni en su agenda política.

Pero lo último que nos encontramos es la prestación económica vinculada al servicio de ayuda a domicilio. Y le tengo que hacer una serie de preguntas que me gustaría, señor consejero, que antes de que usted abandone la consejería —no hemos conseguido echarlo, pero estoy segura de que en mayo lo conseguiremos—, por lo menos, conteste algunas de las preguntas y dudas que tenemos nosotros, usuarios y muchas de esas personas que, efectivamente, han recibido una carta y que no saben exactamente cómo actuar.

La primera: ¿se puede ofrecer una prestación económica vinculada al servicio de ayuda a domicilio cuando esta no se ofrece en la red pública de servicios sociales directamente o con una empresa concertada?

¿En base a qué acto legal o administrativo se sostiene esta oferta y la consiguiente acreditación de unas empresas para un servicio que no es centro de día ni residencia?

¿Cómo puede un dependiente contratar un número de horas y de servicios sin saber lo que pondrá su programa individual de atención que se revisará posteriormente? ¿O será la empresa la interesada en contratar el máximo de horas posible dentro de cada grado de dependencia?

¿Quién y cómo se responsabilizará del cumplimiento del nuevo programa individual de atención y de la atención de calidad que se debe prestar según la ley? ¿Los trabajadores de la propia empresa privada? ¿Los profesionales de los servicios sociales públicos? ¿Cómo lo sabe el dependiente que contrata ese servicio de ayuda a domicilio?

¿Saben ustedes que el precio de este servicio de ayuda a domicilio es de dieciséis euros más IVA, es decir, 17,6 euros la hora y que para un dependiente, por ejemplo, de grado 2, que contratara 1,5 horas/día todo el mes, tendría que pagar setecientos noventa y dos euros más veinticuatro de cada domingo que recibiera el servicio, es decir, cerca de novecientos euros al mes?

Estas preguntas, me gustaría, desde el respeto, si les tiene respeto a todas estas personas que han recibido esos expedientes, que han recibido esas cartas —termino ya—...

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Tiene que terminar, señora Luquin.

La señora diputada LUQUIN CABELLO: ..., que usted, hoy, en su última comparecencia en materia de dependencia, tuviera la dignidad y la decencia de poderlas contestar.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Luquin.

A continuación, turno de Chunta Aragonesista. Señora Martínez.

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, presidenta.

Buenos días, señorías.

Pues, último Pleno de la legislatura, y terminamos hablando de dependencia.

Señor consejero, luego tendré opción y oportunidad de decirle que tiene usted muchos suspensos en su gestión, y la dependencia, evidentemente, es uno de ellos.

El motivo de esta interpelación era para ver cuáles son los motivos que explican el retroceso que ha sufrido Aragón en la aplicación de la Ley de la dependencia. Mire, la realidad actual es que estamos en el furgón de cola en aplicar esta Ley de la dependencia, y esto está dejando a muchas personas sin ninguna prestación, tanto económicas como residenciales, y usted, aquí, viene a sacar pecho. Yo creo que, al menos, debería tener un poco más de humildad y decir que no lo han gestionado bien o que, al menos, no pueden cumplir con todas las prestaciones que tienen pendientes.

Estamos —yo, al menos, y mi grupo parlamentario también— hartos del aluvión de cifras que se dan, nosotros, los grupos de la oposición. Chunta Aragonesista le expone y le dice los números de denuncias, de expedientes sin tramitar, de números de días de demora para resolver expedientes. Pero, señor consejero, después, usted, cuando utiliza las cifras, las cifras que ustedes manejan, solamente las utiliza de escudo y de arma, las utiliza de escudo y de arma, pero así no se solucionan los problemas, señor consejero.

Los motivos. Yo creo que el informe de la Cámara de Cuentas nos lo ha dicho: no hay consignación presupuestaria. Aragón, hoy por hoy, no tiene la suficiente consignación presupuestaria para atender a la dependencia. Se han reducido los ingresos que vienen del Gobierno de España para aplicar esta ley, pero les he oído muy poco, muy poco, reclamar en Madrid que necesitaban más dinero. Les he oído muy poco. Si consideran que el dinero es insuficiente, yo creo que el Gobierno de Aragón tenía que haber hecho una apuesta más firme y más decidida y luchar por que se recibieran más fondos. Y yo creo, señor consejero, que ustedes no han hecho eso.

Usted habla aquí de otros motivos y a mí me deja realmente preocupada, porque dice: «Es que se están dando muchas prestaciones económicas en el entorno familiar». Y nosotros lo que queremos es aplicar correctamente la Ley de la dependencia y aumentar el otro tipo de prestaciones». Señor consejero, es que eso no lo están haciendo, eso no lo están haciendo. Ustedes están restando de un tipo de prestaciones y no están aumentando los recursos asistenciales en la medida que se requiere para poder aplicar bien esta ley.

Hubo un incremento..., bueno, ya sabemos que no hay consignación o que no ha habido consignación presupuestaria suficiente para atender todas las prestaciones que se requieren. Sabemos y conocemos de los retrasos que tiene el Gobierno de Aragón, de los retrasos que ha acumulado por no hacer frente a estas prestaciones en su debido momento y, claro, la pregunta es por qué no se ha dotado mejor económicamente la partida para atender a la Ley de dependencia. Yo creo que esa es la pregunta.

Y el motivo, señor consejero, si usted, aquí, hoy, no nos dice otra cosa, porque la herencia, al menos, a este grupo parlamentario no le vale y muchísimo menos a las personas que están pendientes de recibir la prestación, la herencia ya no sirve, señor consejero, es por qué no se le ha dotado más.

Porque usted no puede salir a esta tribuna ni nadie del Gobierno de Aragón, que es lo que vienen haciendo habitualmente, y decir que dos de cada tres euros se los gastan en servicios sociales, en mantener el Estado del bienestar, en sanidad y en no sé qué; eso, usted no lo puede decir aquí porque luego la realidad es que ustedes no están atendiendo a las personas, esa es la realidad, señor consejero.

Por terminar y por concluir, a este grupo parlamentario que represento le gustaría que nos dijera si con la consignación presupuestaria que hay para el año 2015, ustedes pueden satisfacer todos los pagos que van a tener.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias señora Martínez.

A continuación, Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. Señor Blasco.

El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Gracias, señora presidenta.

Buenos días.

Bien, si de algo podemos decir que hemos debatido con frecuencia en estas Cortes ha sido sobre la Ley de la dependencia, tanto sobre la aplicación de la misma como de la situación en la que nos encontramos y, evidentemente, la primera conclusión, que se está viendo también en esta última comparecencia al respecto, es que lo que ha brillado por su ausencia es cualquier ánimo de consenso; yo creo que eso queda claro y estamos oyendo, yo diría, que auténticas barbaridades en un extremo en el que parece que la Ley de dependencia realmente no importa al Gobierno y que ha sido un elemento que no se ha tenido en cuenta.

Repasando los antecedentes que hemos tenido sobre esta ley, que, insisto, ha habido muchos debates al respecto, una de las primeras cosas que dije en las primeras intervenciones era que había que reconocer que la Ley de la dependencia era una buena ley, una ley que aceptábamos y que todos compartíamos, pero que había nacido con serios problemas, serios problemas de financiación, y esos problemas de financiación se han venido arrastrando desde su origen, y, de hecho, con posterioridad, al poco tiempo de su aprobación, ya se vio que era prácticamente imposible de cumplirla tal y como venía expuesta, y eso es una realidad. Una realidad que, además, se ve agravada porque, al poco tiempo de aprobar esta ley —hay que tener en cuenta que es del 2006—, al poco tiempo se inició la crisis, con los problemas que eso ha derivado en cuanto a la financiación. Y la financiación es un elemento sustancial en esta ley, nos guste o no nos guste. Y en estos momentos, ¿es insuficiente? Evidentemente, es insuficiente hoy y era insuficiente hace siete años.

Es decir, nos encontramos con una característica de la ley y es que no se hizo la financiación adecuada e, incluso, visto lo visto, ni siquiera se conocían los perceptores a los que iba dirigida, es decir, yo creo que había ahí una laguna que se ha ido conociendo posteriormente, se ha ido trabajando y se ha ido reconociendo, pero tenemos que partir de esa base y, seguramente, no buscamos ninguna culpa, simplemente queremos afirmar que la Ley de dependencia es una buena ley, que surgió con unos graves problemas, sobre los que ha habido que seguir trabajando.

Todo ello hace que las decisiones que se han tenido que tomar vayan dirigidas fundamentalmente a priorizar y a buscar aquellos perceptores que están más necesitados a la hora de que se cubran estas necesidades.

¿Que por qué se han disminuido las prestaciones, como parece que se pretende solicitar con esta comparecencia? Bueno, yo creo que el consejero ha entrado en unos datos, la oposición en otros datos, y, desde luego, todos están bastante alejados, pero, en cualquier caso, lo que a nosotros nos parece más importante es si la situación es susceptible de mejorar, si podemos seguir avanzando en esta ley, cómo podemos seguir haciéndolo con el mayor consenso posible, aunque, insisto, esta ley se ha convertido más en un arma arrojadiza que en un arma de consenso.

Yo creo que ese es el principal problema que tiene esta ley, una ley que, evidentemente, no satisface a todos, una ley a la que evidentemente le falta mucho por desarrollar, una ley a la que le falta un gran número de perceptores a los que llegar.

También es cierto —lo ha dicho el consejero y eso lo hemos apoyado cuando ha salido— que a nosotros nos parece correcto que se sustituyan las prestaciones económicas por las prestaciones de servicio, y eso también lleva un tiempo de adaptación.

Es decir, nos encontramos con una ley que a pesar de que ya tiene prácticamente nueve años es una ley con graves dificultades de aplicación.

Los dos tercios que se aplican a los servicios sociales, sanidad, etcétera, eso es cierto, es cierto con los presupuestos en la mano. ¿Son suficientes? Evidentemente, todo es mejorable, pero es que parece que nos volvemos de espaldas, y aquí, yo hago cuentas de vez en cuando, aunque sea así de memoria, cuando se dicen las cosas, y haría falta que el presupuesto se Aragón se multiplicase por tres; para llegar a todo lo que aquí se ha planteado que tenemos que hacer y que hará este Gobierno o que tiene que hacer este Gobierno y el que venga, hay que multiplicar el presupuesto de Aragón por tres. Eso, ni quitándoles todo el dinero a los ricos que dicen podríamos conseguirlo.

Es decir, vamos a ser realistas, vamos a trabajar con lo que tenemos, y a nosotros nos parece que eso es importante.

El Partido Aragonés ya dijo en una moción, en unas enmiendas que hizo a una proposición no de ley no hace mucho, cuál era nuestro posicionamiento al respecto, y eran tres puntos importantes: adoptar con la mayor celeridad posible todas las medidas para garantizar el cumplimiento de esta ley; potenciar su aplicación y solicitar al Gobierno de España que cumpla que con la... [Corte automático del sonido.]

Con todo eso, nos gustaría que, en definitiva, esta ley pasase a ser de consenso y no, insisto, un arma arrojadiza.

Muchas gracias, señor presidente.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Blasco.

A continuación, Grupo Parlamentario Popular. Señora Susín, puede intervenir.

La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, presidenta.

Señorías, comparezco en nombre del Grupo Parlamentario Popular.

Me permitirán que recuerde algunas de las cosas que aquí se han dicho.

Y miren, pueden hacer ustedes los análisis que quieran y como quieran, pero los datos son los que son.

Yo sí que quiero decir una cosa, puesto que es verdad que muchas veces se ha puesto en cuestión que la Ley de dependencia naciera con la financiación adecuada para ser sostenible. Y ya que es el último debate de legislatura en esta materia, sí que me gustaría decir algo: hoy, en este país, no se cuestionan la sanidad o la educación como derechos universales y todavía los servicios sociales siguen siendo graciables por parte de los gobiernos, de cualquier color y de cualquier partido político, por una cuestión de financiación. Al final, los servicios sociales están al albur de otras inversiones o de otras cuestiones. Yo creo que es un planteamiento y un debate que en la próxima legislatura tiene que estar encima de la mesa, y es que los servicios sociales no son graciables, los servicios sociales son universales y debemos garantizar esa financiación, y sí que lo hemos reclamado muchas veces, señora Luquin, señora Martínez, sí que lo hemos reclamado.

Yo creo que la gran pelea de la presidenta esta legislatura ha sido precisamente reclamar una financiación para Aragón acorde con las características de nuestra población y acorde con las características de los servicios que tenemos que prestar. Por encima de diferencias políticas, ese tiene que ser el debate y esa tiene que ser la garantía que la próxima legislatura todos nos planteemos.

Y, efectivamente, como ha recordado el consejero y como hemos dicho las corifeas, que usted llama señora Broto —supongo que también llamaría así a su portavoz de educación en la pasada legislatura—, en Aragón, se daba una alta tasa de prestaciones económicas de cuidados en el entorno familiar vulnerando el espíritu de la ley, y yo estoy convencida de que se la ha leído, pero la ley, como le ha dicho el consejero, considera una excepción la prestación en el entorno familiar con las excepciones que el consejero ha puesto de manifiesto, y el objetivo es precisamente otorgar la máxima protección a las personas en situación de dependencia cuyo bienestar, no lo olvide, a pesar del discurso que haya hecho aquí hoy, debe constituir nuestra última aspiración; lo era de la ley y lo debe ser de nosotros.

Puede comprobarse cómo en el transcurso de estos cuatro años se ha producido un descenso de prestaciones económicas y una aproximación a la media nacional. Se ha incrementado la ratio de servicios frente a la de prestaciones económicas de cuidados en el entorno familiar.

Hemos pasado de un 37,69% en mayo de 2011 a un 48,40% en diciembre del 2014. Las prestaciones en Aragón —y yo lo quiero volver a recordar— suponían entonces un 62% frente a la media nacional, que era un 45%, y no me atrevo a definir eso con un nombre porque es claro.

Las prestaciones de servicios solo llegaban al 37,98%. Estamos hablando entonces de prestación de servicio de residencias públicas, de centros de día o de prestaciones vinculadas al servicio. Pero, además, si partimos del informe presentado por la Cámara de Cuentas en relación con los datos de beneficiarios, de los doce mil seiscientos cuarenta y un beneficiarios que hay hoy, no difiere de la existente en el año 2009, señora Broto, que eran doce mil trescientos cincuenta y cuatro.

Y recordaré yo también en ese papel de corifea que usted me ha otorgado, que aunque sé que no les gusta, durante el año 2011 hubo que dar de baja a siete mil trescientos cuatro fallecidos que figuraban como beneficiarios de prestaciones de dependencia.

Mire, señora Broto —no lo ha dicho el consejero, lo voy a decir yo—, esa carta la firmaba Purificación Causapié Lopesino, directora general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales del Partido Socialista, que no lo firmaba un director general del Partido Popular. La firmaron ustedes cuando todavía estaban en el Gobierno antes de que Zapatero abandonara el barco. [Aplausos.]

Y también le recordaré yo, aunque sé que no le gusta, que además de devolver un montón de millones al Ministerio de Sanidad, hubo que hacer también una importante modificación presupuestaria en el segundo semestre del 2011 para incrementar esa partida de dependencia escasa prevista por el Gobierno saliente, para efectuar el pago de las prestaciones económicas que ya estaban reconocidas y asegurar que esas personas que ya tenían reconocidas esas prestaciones económicas pudieran seguir cobrando hasta final del ejercicio 2011, algo que no había quedado garantizado por su Gobierno, señora Broto. Y no es hablar de herencia, si la herencia ya la dejaron ustedes. Es hablar de las consecuencias que durante esos cuatro años tuvo la herencia que ustedes nos dejaron.

Pero además de garantizar e invertir la tendencia en Aragón, como ha hecho el consejero —acabo ya—, no se han aplicado nuevos sistemas de copago y se ha aprobado esa Orden de desarrollo del servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia que debería estar aprobada desde el año 2006 y que ustedes tampoco aprobaron y que, además, han firmado ya veintiuna entidades locales, y todas aquellas que no lo han firmado, como el Ayuntamiento de Zaragoza o como la Diputación Provincial de Huesca, asumirá el Gobierno de Aragón directamente.

Nada más, y muchas gracias. [Aplausos.]

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Susín.

Y ya, la comparecencia terminará con la intervención del señor consejero para responder a las cuestiones planteadas.

Dispone de cinco minutos, señor consejero.

Y, por favor, ruego guarden silencio.

El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, presidenta.

Voy a responder a las cuestiones que se han planteado.

Señora Luquin, respecto al Informe de la Cámara de Cuentas, ya he expuesto antes mi punto de vista del conjunto de lo que dice, que también dice cosas que los grupos de la oposición aquí no señalan. También yo lo he expuesto.

Pero quiero dar un dato al respecto; lo he dado alguna vez, pero, bueno, como ustedes no lo recuerdan, lo recuerdo yo, y es que estamos hablando de personas que no están cobrando la dependencia aun teniendo derecho, cuestión que —lo reconozco— también me preocupa a mí, pero le quiero decir que en estos momentos hay prácticamente dos mil menos que el 1 de mayo de 2011, dos mil personas menos en lista de espera de la dependencia. Siete mil dieciséis a 31 de diciembre del 2014, nueve mil doce al 1 de mayo del 2011. Es un dato objetivo. Ahí lo dejo.

Hay otra cuestión que también le quiero recordar —lo he explicado también alguna vez— para entender el porqué de las cosas, porque ustedes dicen que hablamos de números, pero los números explican muchas cosas.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Señorías, por favor, guarden silencio.

El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Una prestación económica en el entorno familiar le supone al Gobierno de Aragón, al IASS, actualmente, de media, 289,66 euros al mes; una prestación económica vinculada al servicio supone cuatrocientos cincuenta y ocho euros al mes, y una plaza residencial supone mil cuatrocientos sesenta y cuatro euros al mes. Evidentemente, el esfuerzo económico que se hace por parte del IASS para dar altas vinculadas al servicio o plazas residenciales es mucho mayor que el necesario para dar de alta prestaciones económicas en el entorno familiar, y eso explica la secuencia de altas y, por desgracia, también el número de personas que tienen que esperar. Porque dar de alta siguiendo lo que dice la ley cuesta más dinero y es más complicado, pero en todo caso supone cumplir la ley.

[El señor diputado Sada Beltrán, desde el escaño, se manifiesta en términos ininteligibles.]

Señor Sada, yo no le estoy... Me está molestando, señor Sada.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Continúe, señor consejero.

Señor Sada, permita continuar al señor consejero.

El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Respecto a la carta informativa a los usuarios en materia de ayuda a domicilio, ya lo he comentado, hay algunas entidades locales, entre ellas el Ayuntamiento de Zaragoza, que no han firmado el convenio de encomienda de gestión para el desarrollo de la ayuda a domicilio con recursos propios del Gobierno de Aragón, porque iba también con la financiación.

En definitiva, a estas personas que tienen en el PIA como recurso adecuado ayuda a domicilio de Zaragoza capital, donde el Ayuntamiento no resuelve esta cuestión, el Gobierno de Aragón tiene que dar una solución, y la solución es que, a través de una prestación económica vinculada al servicio, concierten con una empresa privada la resolución de ese servicio. Y simplemente esa es la cuestión. Igual que pasa con las prestaciones económicas vinculadas al servicio que ayudan al usuario a copagar una residencia privada. También está establecida para eso, y como usted bien sabe, también para centros de día. Esa es la cuestión que explica la carta.

Señora Martínez, aparte de que tengo el mismo derecho que usted a hablar aquí y exponer mis ideas y mis puntos de vista, que parece ser que me lo niega, le voy a dar unos datos de altas de dependencia que se están tramitando, y además voy a explicar por qué se están tramitando así. Se están tramitando cuatrocientas altas de dependencia en atención residencial en centros concertados de mayores; otras ciento cincuenta, en centros concertados de discapacidad; novecientas treinta y nueve, en prestación económica en el entorno familiar, y ochenta y tres vinculadas al servicio.

Me preguntarán por qué en el entorno familiar. Se lo explico. Dos razones: una parte, atendiendo a la problemática de menores de más de seis años y menos de dieciocho, que necesitan atención postemprana, y en tanto en cuanto se desarrolla esta cuestión como recurso dentro de la cartera de servicios sociales, entendemos que es adecuada una prestación económica para sufragar los gastos de este colectivo, que no es poco importante, por cierto.

Y en el otro apartado, personas mayores, de avanzada edad, en el medio rural cuya entidad local no ha suscrito el convenio de encomienda de gestión para el desarrollo de ayuda a domicilio y no existen en ese territorio empresas privadas que lo presten. En consecuencia, en tanto se subsanan estas dos circunstancias, si se subsanan, hemos entendido que era conveniente asignarles una prestación en el entorno familiar con carácter excepcional, que es lo que marca la ley.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Tiene que terminar, señor consejero.

El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Sí, diez segundos.

Una cuestión que creo que es importante, señora Martínez. ¿Sabe usted por qué Madrid nos paga menos? Pues, simple y llanamente, porque Madrid ha atendido dos cuestiones: el análisis de la dependencia que había que hacerlo obligatoriamente y el dictamen del Tribunal de Cuentas, donde se dice que para corregir la partida de un exceso de prestaciones económicas en el entorno familiar, el Real Decreto 1050/2013 prima los servicios para el cálculo del nivel mínimo que consigna a las comunidades autónomas. Por eso, Aragón cobra menos que antes, y esto es consecuencia, les guste o no les guste a los de la oposición, de la situación de la que partíamos. [Aplausos.]

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Muchas gracias, señor consejero.