Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón
Proyectos de Ley
Debate y votación de la enmienda a la totalidad de devolución al proyecto de ley del instituto aragonés de servicios sociales.
Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón n°: 022 de Plenos (IV Legislatura)
Intervinienen: Tomas Navarro, Carlos Maria - Biel Rivera, Jose Angel - Yuste Cabello, Chesus - Sanchez Bellido, Mª Carmen Milagro - Borraz Ariño, Antonio
El señor Diputado TOMAS NAVARRO: Presidente. Señorías.
El debate que ahora iniciamos tiene una enorme importancia en opinión del Grupo Parlamentario Socialista, puesto que nos encontramos ante una iniciativa legislativa que ha elaborado y presentado el Gobierno de Aragón sobre una de las materias fundamentales hoy para nuestra Comunidad Autónoma: cómo gestionar las transferencias en materia de servicios sociales.
En diciembre del pasado año se cerraba un proceso de negociación iniciado a finales de noviembre del noventa y tres, y del que los socialistas hemos dicho en varias ocasiones que viene a culminar el proceso de consolidación del sistema público de servicios sociales en Aragón, ya que, con la transferencia del Inserso recibida, podemos considerar que Aragón puede llegar a tener definitivamente una red única de servicios sociales. Esto que afirmamos a buen seguro que todos los Grupos Parlamentarios de estas Cortes lo suscriben, porque son unas consideraciones compartidas por todos los colectivos sociales y por las instituciones y organismos que, tanto desde la iniciativa pública como desde la social, vienen haciendo que sea posible el sistema público de servicios sociales.
Cuando en este mismo salón de plenos de nuestras Cortes se aprobó la Ley de ordenación de la acción social en Aragón, quedó latente el deseo de todos de poder culminar nuestro techo competencial, cuestión esta que debe ser fruto de un consenso básico, puesto que la construcción de Aragón es tarea de todas y de todos. También se evidenció que en aquella ocasión la Comunidad Autónoma se dotaba de una legislación específica, en materia de servicios sociales, innovadora, progresista y participativa. A lo largo de estos años, no sólo en Aragón, sino también en el resto de las comunidades autónomas, el sistema público de servicios sociales ha conocido un proceso de desarrollo y consolidación dentro del conjunto de los sistemas de protección social. También a lo largo de este tiempo se han conocido sucesivos acontecimientos que vienen a querer cuestionar el llamado "estado del bienestar". Iniciativas muy variadas y diversas se conocen sobre estos intentos de desvirtuar y desmantelar las redes de solidaridad y justicia social que entre todos hemos construido.
Los servicios sociales son un sector emergente dentro de la lógica del mercado; pero ello no debe hacer olvidar que la administración pública tiene que garantizar el entramado básico que sustente la prestación de los servicios sociales a todas y a todos los ciudadanos, ya que sólo así podemos garantizar que ejerzan los derechos que les asisten. Para ello es razonable pensar que tenemos que dotarnos de instrumentos económicos y organizativos adecuados.
El proyecto de ley sobre el que hoy debatimos, presentado a esta cámara por el gobierno de coalición PP-PAR, es un texto, a nuestro juicio, confuso, equívoco en sus intenciones, escasamente coherente con lo que vienen siendo los servicios sociales en Aragón y -permítanme también decir- mal ejemplo de cómo se deben plantear los temas para nuestra Comunidad Autónoma.
El texto presentado es, formalmente, el tercero de los textos conocidos sobre este tema que ha elaborado el Partido Aragonés. El primero de ellos ya lo presentó durante el anterior gobierno de coalición PP-PAR o PAR-PP -al fin y al cabo es lo mismo-, y, como siempre, alardeando de ser paladines de las políticas sociales, cuando la realidad de su gestión en esos momentos nos mostraba un enquistamiento en la gestión pública de los servicios sociales en Aragón. El segundo texto lo presentó públicamente de nuevo el Partido Aragonés, estando en la oposición, y esta vez abanderó la idea del consenso, de querer ser previsor y de que la postura que ellos manifestaron en aquel momento, de crear un instituto aragonés de servicios sociales, era lo único que podía garantizar una gestión eficiente de los mismos. Aquel texto ya fue objeto de críticas por parte de los agentes sociales, fundamentalmente porque carecía de coherencia y de consenso y era una apuesta por la privatización de los servicios.
El texto que ahora ha presentado el actual gobierno de coalición viene a repetir más de lo mismo, y lo que llama más poderosamente la atención es que ni siquiera han sabido aprovechar el rico debate que en nuestra Comunidad Autónoma se ha producido sobre las ventajas o inconvenientes de crear un instituto aragonés de servicios sociales o sobre las características que debería tener este órgano de gestión.
Sería injusto no reconocer desde esta tribuna que los impulsores más activos de este debate han sido los agentes sociales, y, más en concreto, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Y si hago este reconocimiento público es porque en varias ocasiones se ha querido mostrar este texto como fruto del consenso, un texto que recogía opiniones y sugerencias de los colectivos y asociaciones, cuando la realidad es otra. Y, así, nos encontramos ante un texto que podríamos definir como una obra menor de una confusión mayor.
¿Con quién está consensuado el texto? ¿Qué temas son los que han sido objeto de este acuerdo? ¿Cuántas sugerencias pueden señalar, señores proponentes del proyecto de ley, que ha recogido el texto de entre todas las aportadas por los agentes sociales en esta materia? ¿Por qué no se han pronunciado claramente con el texto de ley presentado por las cuestiones de control y participación que les han planteado en sucesivas ocasiones los agentes sociales? Podría seguir con la relación de preguntas, pero mucho me temo que como respuesta obtendría el silencio.
Hace unos días, en el periódico de mayor tirada de la prensa regional leíamos un titular que decía: PP y PAR liman sus diferencias sobre la ley. Es decir, que ustedes mismos manifiestan que, después de haber presentado el texto de ley, tienen que hablar una y otra vez porque no acaban de ponerse de acuerdo. Explíquennos, me gustaría que hubiera tenido el señor Consejero la oportunidad de explicarnos por qué razones no se han aprovechado las oportunidades de diálogo que ha tenido. Y antes de presentar el proyecto de ley, por otra parte -y justo es decir que nadie lo habría negado-, nos ha presentado un texto tan cargado de confusión, hasta tal punto, que su socio de gobierno le está manifestando discrepancias. Estas discrepancias no son nuevas, ya que también las hemos conocido en otros momentos, cuando ambos partidos de la coalición de gobierno han mantenido públicamente diferencias de fondo y no sólo de forma; diferencias sobre la negociación de la transferencia del Inserso en su momento y sobre el texto de ley presentado ahora a estas Cortes.
A ninguna y a ninguno de los señores Diputados de estas Cortes se le oculta que el asunto Inserso es una de las cuestiones que el PAR ha puesto sobre la mesa del pacto de gobierno como uno de los temas claves. Aun así tenemos que leer en los medios de comunicación cómo intentan desviar el debate que hoy iniciamos sobre el proyecto de ley presentado, y emplazan a primeros de 1997 para decidir si el instituto que se quiere crear mediante la aprobación del proyecto de ley por estas Cortes debe o no estar formado sólo por los servicios sociales transferidos, o también por los que actualmente gestiona el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo a través de la Dirección General de Bienestar Social, o mitad y mitad... Mitad y mitad de no se sabe qué, porque, en realidad, ni el texto presentado ni los posicionamientos públicos del señor Consejero sobre el tema aclaran casi nada.
Aunque, señorías, algo sí parece que está claro, y es el hecho de que allá por el mes de enero próximo, según corran los vientos de la coalición de gobierno, decidirán qué hacer con una parte sustancial de la estructura organizativa del Departamento. Mientras tanto, la cohesión interna de la coalición de gobierno conocerá nuevos vaivenes o se desvirtuará. Las transferencias del Inserso serán efectivas desde el 1 de julio, y estas Cortes empiezan hoy a debatir el proyecto de ley presentado, sin que sepamos realmente qué se piensa hacer con la nueva estructura organizativa. Por tanto, estamos asistiendo a todo un ejercicio de redoble de tambores para ocultar, a nuestro entender, desavenencias más profundas.
Aunque se haya utilizado el señuelo de un llamado plan operativo para preparar la integración del Inserso en la organización de la administración pública aragonesa, lo único que sacamos en claro es que para los dos partidos del actual gobierno de coalición la confusión es norma y guía para el debate de su proyecto de ley que han presentado en estas Cortes.
Señor Consejero, si tan preocupado está por ser eficiente en su gestión y por ser lo más operativo posible, no entendemos por qué no ha presentado a estas Cortes un texto de ley para la creación del instituto aragonés de servicios sociales que recogiera al menos las cuestiones más relevantes que se expresan en el llamado plan de modernización de la administración aragonesa, cuyo proyecto de ley fue precisamente debatido ayer en estas Cortes. Flaco favor, señor Labena, hace usted a sus compañeros de gobierno cuando presenta un texto que entra en claro choque con el proyecto estrella que con tanto ahínco ha defendido el Consejero de Presidencia. Cuestiones como el régimen presupuestario, el régimen de personal, el régimen patrimonial, las características que han de tener los organismos autónomos son algunos de los temas que vienen a enmendar la estructura del texto que usted ha presentado.
La primera oportunidad que este gobierno de coalición tiene de explicarnos a los aragoneses cómo entiende la reforma de la administración pública lo hace presentando un texto de ley para la creación de un organismo autónomo, el IAS, que, a buen seguro, si se aprobara tal y como parece que ustedes pretenden, sería un verdadero cuello de botella por el que se ahogaría la modernización de la que vienen alardeando.
Los Diputados del Grupo Parlamentario Socialista no queremos contribuir a esta confusa ceremonia, y por ello hemos decidido presentar esta enmienda a la totalidad al proyecto de ley, solicitando que sea devuelto a la Diputación General de Aragón. Ante el texto presentado es la única salida razonable, ya que el Grupo Parlamentario Socialista no es contrario a que se cree este organismo autónomo. Nuestra opinión se plantea porque no estamos por la ambigüedad y confusión contenidas en el texto que ustedes han presentado. Si lo que quieren es que los señores Diputados y las señoras Diputadas asuman como suyo un tema de tanta relevancia social como el que hoy nos trae aquí, preséntese un texto con coherencia, rigor, bien articulado, bien articulado normativa y jurídicamente y que responda al sentir mayoritario de las entidades y colectivos sociales, es decir, de las ciudadanas y de los ciudadanos.
Pero esto no ha sido así. Por eso el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado esta enmienda a la totalidad. Somos conscientes de que, con esta iniciativa legislativa que el gobierno ha tomado algunos de los rasgos básicos que hasta ahora habían caracterizado a los servicios sociales en Aragón pueden empezar a desvanecerse, y pongo como ejemplo los servicios sociales de base, como puerta de entrada al sistema público de servicios sociales, tal y como recoge la LOAS; la propia participación de los agentes sociales en la gestión y control del organismo que se pretende crear; el reconocimiento de que la gestión de prestaciones y servicios sociales provenientes del sistema público de la Seguridad Social se nutren de las cotizaciones de empleados y empleadores; la estructuración de un sistema público de servicios sociales como una consecuencia lógica del mantenimiento del estado de bienestar; los principios básicos a los que debe ajustarse la acción social de la Comunidad Autónoma de Aragón, de acuerdo a la Ley de ordenación de la acción social en Aragón; la homologación del personal que se pueda adscribir a este instituto, sin menoscabo de sus derechos y con la efectiva participación negociadora de los agentes sociales que le representan. Esta relación de señas de identidad, que entendemos debe acompañar a una iniciativa legislativa, como la que ahora estamos debatiendo, no se recoge en el texto presentado.
El Grupo Parlamentario Socialista -y voy finalizando, señor Presidente- entiende que con la devolución del texto al gobierno lo único que le pedimos es que se nos ofrezca un marco de debate y diálogo coherente, con el fin de que el organismo autónomo a crear pueda servir, efectivamente, para realizar una gestión eficiente, basada en la desconcentración de la gestión y con la efectiva participación de las ciudadanas y de los ciudadanos. En este esfuerzo, los Diputados y Diputadas socialistas de estas Cortes estamos dispuestos al diálogo y a consensuar si así fuera necesario.
Señor Labena, haga un ejercicio real de participación, reconozca que el texto que nos ha presentado no es bueno, y contrario a lo que quiere el Grupo Parlamentario Socialista, y tráiganos de nuevo una propuesta coherente, una propuesta consensuada. Para que no dude le ofrecemos nuestra colaboración.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Tomás Navarro.
Para turno en contra, el Portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, tiene la palabra.
El señor Diputado BIEL RIVERA: Gracias, señor Presidente.
Tenemos la impresión, señorías, de que el Grupo Socialista, mediante la presentación de este enmienda a la totalidad, solicitando la devolución del proyecto de ley, a la Diputación General de Aragón, desde nuestro punto de vista, no pretende otra cosa que sacar de quicio la cuestión -sacar de quicio tiene el inconveniente de que luego las cosas no funcionan bien-; sacar de quicio la cuestión, también desde nuestro humilde punto de vista de cuál es la labor del parlamento. Porque yo, señor portavoz del Grupo Socialista, me quedo con una de sus últimas expresiones: Hay que traer aquí un proyecto de ley consensuado. Si aquí viene el proyecto de ley consensuado, ¿qué pintamos los Diputados de esta cámara? Y ya podía dar por terminada mi intervención. Si aquí traemos un proyecto de ley consensuado, ¿dónde está el parlamentarismo?
Hay que consensuar el proyecto de ley en el parlamento, y cada uno de ustedes, cada uno de sus Grupos, cada una de sus señorías, representa legítimos intereses sociales, políticos, etcétera, etcétera, y ustedes transmitirán esos legítimos intereses en el debate que se producirá en este parlamento. Pero si el gobierno trae los proyectos de ley consensuados, acabaremos por no reunirnos, que es muy serio lo que les estoy diciendo, y lo digo con afán absolutamente constructivo. Porque yo podría entender una enmienda a la totalidad cuando hay en juego unos planteamientos ideológicos enfrentados, absolutamente enfrentados. Pero aquí no estamos discutiendo sobre los servicios sociales; estamos discutiendo sobre un instrumento de organización para la gestión de los servicios sociales: simplemente la posible creación de un instituto aragonés de servicios sociales, como existe en casi todas las comunidades autónomas que tienen transferidas el Inserso, y como existe, todavía a nivel del Estado, el Instituto Nacional de Servicios Sociales. Se pretende crear un organismo, un instituto que va a gestionar -según dice la propia memoria del proyecto de ley- más de veinte mil millones de pesetas, porque se ha demostrado que es útil crear ese instituto.
Yo podría entender, incluso, la enmienda a la totalidad que ha presentado el Grupo Socialista si no estuvieran de acuerdo con la creación de un instituto, y pensaran que la gestión de los servicios sociales la debería de hacer, directamente, el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo. "Mire usted: no estamos de acuerdo con la creación de un instituto, y, en consecuencia, solicitamos la devolución del proyecto al gobierno." Lo puedo entender, y es legítimo. Pero, claro, estar de acuerdo con un instituto, y pretender que aquí un órgano administrativo, prácticamente un proyecto de ley para creación de un organismo autónomo, venga ya consensuado con toda la sociedad, yo no lo puedo entender. Y que conste que hago esfuerzos por acabarlo de entender.
Entonces, ¿qué conclusión saco? Pues tengo la impresión de que lo que pretende el Grupo Socialista, primer Grupo de la oposición, es simplemente decir que hemos presentado una enmienda a la totalidad y vamos a intentar demostrar que las cosas están fuera de quicio, como cuando convierten el debate de si el instituto y la dirección general sí, o el instituto y la dirección general no.
Mire usted, ahí hay dos cuestiones totalmente distintas: una cosa es el instituto aragonés de servicios sociales, y otra cosa es que el Gobierno de Aragón, en el ejercicio de sus competencias, acuerde la creación organizativa que considere más procedente, pero que en esta ley no hay que prejuzgarla: será el gobierno quien, en acuerdo de Consejo de Gobierno, decida cómo se organiza el gobierno, una vez que esta ley esté en funcionamiento. Pero no confundamos una cosa con la otra, que tengo la impresión de que se está confundiendo.
Me consta, a pesar de todo, me consta que el Departamento de Sanidad y, especialmente, su titular, el Consejero señor Labena, ha tenido múltiples reuniones intentando acercar posiciones, para empezar, para conocer el criterio de todos los agentes sociales, me consta que las ha tenido. Pero no siempre es posible atender todas las consecuencias, y manda, en consecuencia, un proyecto de ley a las Cortes para que intentemos aquí el debate correspondiente, e intentemos el acuerdo correspondiente entre los distintos Grupos, en el ejercicio más sano del parlamentarismo. Porque hay que huir de los lobbies, hay que huir de los lobbies, término inglés que, prácticamente, significa que hay grupos de presión que intentan presionar a los parlamentarios. Esa es la expresión exacta de lo que dice la palabra lobby del parlamentarismo inglés. Y eso no es, porque este parlamento es perfectamente soberano, aunque la palabra exacta no es ésa; pero es -podríamos decir- cuasi soberano, para dejar claro que es aquí donde hay que discutir este proyecto de ley, y que es aquí donde tenemos que intentar un consenso, y me quedo con su afán constructivo de llegar a un acuerdo.
Yo subía a esta tribuna con la esperanza de pedirle al Grupo Socialista, dada mi ingenuidad, que retirara la enmienda a la totalidad, que la retirara, porque me consta que habrá acuerdos en el seno de la Ponencia y de la Comisión, me consta que habrá acuerdos y entendimientos; pero, claro, si de entrada nos espetan ustedes con una enmienda a la totalidad, a pesar de que están de acuerdo con la creación de un instituto, a pesar de que todas las comunidades autónomas tienen un instituto, a pesar de que la gestión de los servicios sociales se hará más eficazmente con la creación de un instituto, si a pesar de eso ustedes empiezan ya el planteamiento consensuador, con una enmienda a la totalidad, cuando no estamos discutiendo, lógicamente, nada fundamental, sino simplemente cómo se crea un instituto, yo, sinceramente, creo que no acabo de entender por qué se presenta la enmienda a la totalidad.
Otros Grupos Parlamentarios tampoco están de acuerdo con el texto de la ley, y han presentado enmiendas parciales; otros Grupos Parlamentarios han presentado enmiendas parciales, que yo supongo que estarán encima de la mesa y que intentaremos consensuar (unas se aprobarán, otras no se aprobarán...), y me consta que también el Grupo Socialista ha presentado. Pero si entendemos el funcionamiento de esta cámara, y me consta que lo entendemos todos, aquí el gobierno manda un proyecto de ley, con su legítimo derecho de autoorganización, pidiendo a la cámara que le dé un instrumento fundamental para la gestión de los servicios sociales similar al que funciona en otras comunidades autónomas y a nivel del Estado, y el Reglamento establece la posibilidad de presentar una serie de enmiendas, ahí es donde discutiremos cómo se organiza el instituto, cómo tiene que funcionar la intervención, qué representantes tienen que estar en el consejo rector del instituto, etcétera, etcétera. Pero ¡si eso es el abecé!, ¡si es que, desde nuestro punto de vista, eso es el abecé de lo que es la organización! Por eso sigo sin entender la presentación de esta enmienda.
Pero es que yo tengo la impresión de que el gobierno, que envió este proyecto de ley, si no recuerdo mal, en enero de este año... Es que es urgente que el instituto se cree, y es urgente porque el 1 de julio del año 1996 entra en vigor el Real Decreto 97/96, de 26 de enero, por el que se traspasan funciones y servicios, en materia del Inserso, a la Comunidad Autónoma; es que es urgente. Es que el 1 de julio de este año este instituto tiene que estar en funcionamiento, y, en consecuencia, también le anuncio que los Grupos que apoyan al gobierno por supuesto que van a hacer todo lo posible para que ese instituto sea una realidad bastante antes del 1 de julio de 1996.
Torpedear legítimamente -y que conste que no lo digo con ánimo destructivo-, tratar de poner chinitas en el camino de la puesta en marcha de ese instituto... A mí me parece que agradeceríamos, partiendo de la base de que me consta que tanto el Departamento de Sanidad como todo el gobierno tienen interés en que se llegue a un acuerdo, agradeceríamos la retirada de esta enmienda a la totalidad, y que hagan como otros Grupos, que me consta que también van a tener fuertes discrepancias frente al proyecto del gobierno, porque es su misión el tenerlas, es misión de los Grupos de la oposición plantear las fuertes discrepancias; pero ellos han optado por un procedimiento que a nosotros nos parece más razonable, y, desde ese punto de vista, entendemos, lógicamente, que no vamos a atender, por esta serie de razones, la enmienda de devolución, y, lógicamente, vamos a apoyar el proyecto del gobierno en el bien entendido de que también nuestros Grupos Parlamentarios van a hacer aportaciones al texto del gobierno, pero se hará en la Ponencia y en la Comisión.
El tema de los servicios sociales es un tema muy importante, es un tema fundamental, es un tema que afecta a unos colectivos importantísimos de nuestra población, es un tema que afecta a una gestión económica de más de veinte mil millones de pesetas. Se consensúa, en buena parte, aquella ya antigua Ley de ordenación de los servicios sociales; habría ahora que intentar un consenso respecto al instituto que tiene que gestionar fundamentalmente los servicios sociales que se transfieren por el Decreto de 26 de enero de 1996, y ahí es donde yo quiero solicitar, en nombre de nuestro Grupo Parlamentario, a todos los Grupos Parlamentarios de la cámara, que hagan un especial esfuerzo añadido para intentar llegar a algún tipo de entendimiento.
Las competencias de nuestra Comunidad Autónoma, en materia de servicios sociales, están claras tanto en el artículo 35 como en el artículo 36 del Estatuto de Autonomía de Aragón, creo que están claras. Esas competencias hay que ejercerlas de inmediato; hay que ejercerlas siempre, si es posible, mejor de lo que se han ejercido hasta ahora, y, para eso, un instrumento, simplemente un instrumento de gestión, prácticamente homologado en casi todas las comunidades autónomas, como es el que propone el gobierno, es un instrumento de gestión fundamental, para que la gestión -sirva la redundancia- del gobierno en esta materia sea todo lo eficaz que la ley demanda y que todos y cada uno de los Grupos Parlamentarios solicitamos a esta cámara.
Nada más, y muchas gracias.
El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL): Muchas gracias, señor Biel.
En el turno de fijación de posiciones de los Grupos Parlamentarios, tiene la palabra, por cinco minutos, el representante del Grupo Parlamentario Mixto, don Chesús Yuste.
El señor Diputado YUSTE CABELLO: Señor Presidente. Señorías, señores Consejeros. Señor Labena, en concreto. Buenos días.
Me corresponde presentar la postura de Chunta Aragonesista ante el proyecto de ley del instituto aragonés de servicios sociales enviado por el Gobierno de Aragón a esta cámara y que hoy celebra este debate de totalidad. Ciertamente, hoy es el primer día que estas paredes escuchan los primeros intercambios de opiniones de los Grupos Parlamentarios sobre el instituto aragonés de servicios sociales, y, sin embargo, ciertamente, fuera de estas Cortes, la sociedad aragonesa, los sindicatos, las ONG que conforman eso que se llama "iniciativa social", han abierto hace tiempo el fuego de este debate, y las posturas de unos y otros, las posturas de los Grupos Parlamentarios, expresadas en las ciento cincuenta enmiendas parciales presentadas a este proyecto de ley, ciertamente llegan ya bastante perfiladas.
Chunta Aragonesista, desde el primer momento, defendió la creación de un instituto, porque entendemos que esta figura permite que la gestión de la acción social pueda ser participativa, tal como exige, precisamente, nuestro modelo de sociedad, el modelo de sociedad que defendemos desde Chunta Aragonesista.
La otra figura posible, el otro modelo alternativo al instituto, el de la dirección general, puede ofrecer ciertamente mayores garantías en cuanto a control parlamentario, pero, desde luego, no ofrece cauces de participación. Para Chunta Aragonesista la acción social no sólo corresponde al gobierno, sino al conjunto de la sociedad. Desde luego que corresponde a los poderes públicos la responsabilidad de garantizar un sistema público de servicios sociales (éste es, desde luego, un principio fundamental para nosotros); pero no debemos olvidar que la acción social es una tarea de todos, un compromiso de toda la sociedad, y no sólo de quienes representamos determinados niveles de representación popular o de responsabilidad política; es una tarea de todos. Por eso apostamos por el modelo de instituto.
Sin embargo, el modelo que nos presenta el señor Labena apenas desarrolla los mejores aspectos que permite la figura del instituto, y, en cambio, consagra de forma firme, precisamente, sus características más negativas en nuestra opinión. El Gobierno de Aragón busca o, quizá, se conforma con un órgano de gestión y, bajo el argumento de mantener los niveles de eficacia del Inserso, plantea el gobierno evitar cualquier posibilidad de control sobre ese instituto. El proyecto de ley no se plantea la necesidad de corregir la única pega o la principal pega del modelo instituto, la falta de control; es más, podríamos decir que el Gobierno de Aragón parece feliz al crear un instituto aragonés de servicios sociales que no planifica, un consejo general que no controla y un director gerente dotado de manos libres en un reino de taifas. A nosotros, evidentemente, eso es lo que no nos gusta del proyecto del señor Labena.
Chunta Aragonesista quiere un instituto para garantizar una gestión más ágil, evidentemente, más ágil que si fuera una dirección general; porque entendemos que en servicios sociales, cuando tenemos que responder ante las necesidades de personas con discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, personas pertenecientes a la tercera edad o excluidos sociales, la agilidad es fundamental. Pero eso no puede implicar que el control deje de ser también fundamental o que deje de existir. Desde Chunta Aragonesista queremos un consejo general que no sea meramente consultivo, sino que tenga competencias ejecutivas, que dirija y controle al director gerente, que tome en sus manos la gestión directamente, y queremos que ese consejo general sea participativo, queremos que sea plural, queremos que, junto a la tradicional representación tripartita y paritaria, que forman administración, sindicatos y empresarios, exista también una representación, también paritaria, de los usuarios, de las ONG que desarrollan su tarea en este campo de la acción social y de los profesionales, trabajadores sociales, psicólogos, educadores...
Ciertamente, el "proyecto Labena" esboza tímidamente la presencia de las ONG en el proceso general del IASS, aunque, lamentablemente, la enmienda presentada por el Grupo del Partido Aragonés ha dado marcha atrás en este tema. ¿Existe una contradicción entre el Consejero y el partido, o debemos pensar que se ha tomado una decisión, vía enmienda, altamente significativa por parte del Portavoz del Grupo Parlamentario del PAR, señor Biel? Pronto sabremos exactamente adónde vamos a parar con este asunto. ¿Debemos albergar esperanzas de que durante el trámite de la Ponencia los Grupos que respaldan al gobierno, además de ese oneroso esfuerzo que supone pactar entre ellos, tendrán tiempo de buscar acuerdos con los Grupos de la oposición? Esa imagen tan dialogante...
El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL): Señor Yuste, por favor, vaya terminando.
El señor Diputado YUSTE CABELLO: No se ha encendido ninguna luz.
El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL): No es necesario que se encienda; en estos momentos lleva cinco minutos.
El señor Diputado YUSTE CABELLO: Voy concluyendo, no he controlado el tiempo...
Decía que si esa imagen tan dialogante que suele proyectar el Consejero señor Labena dará frutos. ¿Podrá abrir su modelo el Consejero para que quepamos todos los Grupos, para que todos los Grupos, al menos en una parte, nos podamos sentir identificados? ¿Se nos permitirá a cada Grupo aportar nuestro grano de arena para construir entre todos un IASS verdaderamente eficaz, ágil, participativo y controlado democráticamente? Esperemos que este proceso no sea tan tortuoso como el vía crucis del señor Aznar: ahora sí, ahora no, ahora la mano extendida, ahora el modelo inflexible, ahora pacto con el socio, ahora hablo con la oposición...
Ciertamente se dan las circunstancias, los argumentos para pedir la retirada de este texto y el envío de un modelo más acorde con el punto de vista que hemos expresado en esta cámara. Por pedir, que no quede.
Las ofertas de diálogo ciertamente hay que reconocer que no son habituales en este Gobierno de Aragón -a cada uno hay que reconocerle lo suyo-. Las ofertas de diálogo no han fructificado todavía, y las declaraciones de los portavoces de los Grupos que apoyan al gobierno nos dejan sumidos en grandes dudas sobre si al final el pacto va a ser sólo entre ellos. Sin embargo, desde Chunta Aragonesista consideramos que responder a este reto requiere el esfuerzo sincero de todos y cada uno de quienes representamos a la nación aragonesa; consideramos que un consenso enriquecedor repercutirá en la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Aragón, precisamente en los sectores más débiles de nuestra sociedad.
Por todo ello, como gesto que espero sea correspondido por el Gobierno de Aragón y por el PP-PAR, en la línea de lo que ha expresado el portavoz del Grupo del PAR, Chunta Aragonesista, como gesto -repito- no va a votar a favor de la enmienda a la totalidad presentada por el PSOE. Que nadie se llame a engaño: aún no se ha avanzado nada en ese consenso del que tanto se ha hablado en las intervenciones anteriores. Nuestra actitud va a ser firme, crítica; pero, desde luego, va a ser dialogante.
Señor Labena, lea mis labios, interprete correctamente nuestra abstención, el mensaje que le estamos enviando hoy: no deje fuera a la oposición, no deje fuera a las ONG, ni a los usuarios, ni, desde luego, a los legítimos representantes de los trabajadores: la acción social es cosa de todos.
Muchas gracias.
El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL): Muchas gracias, señor Yuste.
Por parte del Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón tiene la palabra la señora Sánchez Bellido.
La señora Diputada (SANCHEZ BELLIDO): Gracias, Presidente. Señoras Diputadas, señores Diputados.
La propuesta que hoy se debate plantea la creación del instituto aragonés de servicios sociales como instrumento para desarrollar una política autonómica de bienestar social.
No obstante, la propuesta entra también a determinar las competencias que corresponden a la Diputación General de Aragón y al departamento correspondiente. Si el instituto se crea a fin de desarrollar una serie de objetivos, de mejora del bienestar y de la calidad de vida, su efectividad estará en función, también, de los siguientes elementos: en primer lugar, de la orientación de la política social; segundo, de los instrumentos puestos para alcanzar los fines, es decir, la estructura y los presupuestos; y, por último, de la participación de la sociedad, articulada a través de las instituciones y organizaciones comprometidas en mejorar el bienestar y la calidad de vida, sobre todo de aquellos que tienen estos derechos menos garantizados.
Paso a analizar cada uno de estos tres elementos y su reflejo en el proyecto que hoy debatimos. En cuanto a la orientación política que determinará la acción social, en el proyecto de ley se determina quién la dictará, dejándola totalmente en manos de la DGA y del Departamento de Bienestar Social. Se cita como referencia al plan regional de servicios sociales, pero no se establece su contenido mínimo ni su forma de aprobación por estas Cortes, ni siquiera el protagonismo de los consejos de participación en su elaboración, consejos recogidos tanto en el proyecto de ley como en la Ley de la acción social. El proyecto deja al instituto como ente gestor de centros, servicios y prestaciones. Aparece, pues, una separación entre la planificación y la gestión. Creemos que no podrá ser efectiva la planificación lejos de una actuación concreta, y separar la planificación de la gestión terminará supeditando la política social a la política económica.
El segundo punto de mi exposición se refiere a la estructura y al presupuesto. La calidad, y no sólo la agilidad del instituto, depende de la estructura, y en la propuesta se recurre a una fórmula que introduce modos de hacer que, bajo nuestro punto de vista, favorecen la gestión privada del sistema de protección y que también está abierta, por tanto, a introducir fórmulas de flexibilización de las relaciones laborales de los trabajadores, dando facilidades al trabajo en precario. El modelo propuesto no garantiza el desarrollo de un modelo público, por el que Izquierda Unida apuesta claramente, dotado íntegramente por personal propio de la Diputación General de Aragón y sometido a control parlamentario. El modelo debe conducir, pues, a la plena integración de los trabajadores transferidos en el organigrama de la Diputación General de Aragón a todos los efectos; por otra parte, la homologación del personal transferido no puede producirse a expensas de un ahorro económico, ni pueden fragmentarse los tipos de trabajadores, creando diferencias en una misma administración. Izquierda Unida apuesta claramente por una gestión ágil y dinámica de los recursos destinados a los servicios sociales; pero también de todos los recursos destinados a otros servicios.
Una administración autonómica eficaz y eficiente no tiene necesidad ni excusas para ser parcelada en entes autónomos.
El presupuesto es el segundo elemento fundamental para desarrollar una política adecuada de bienestar social. La ley no establece directrices generales que orienten su distribución, ni cómo sería su vinculación al plan regional, con un desarrollo plurianual que garantice el trabajo continuado de la actividad social de ayuntamientos y organizaciones no institucionales. Tampoco se establece que los fondos destinados a ayudas para proyectos no puedan tener una utilización lucrativa por parte de estas organizaciones ni por las personas vinculadas a las mismas. La optimización de los recursos implica una coordinación entre diversas redes públicas de protección social, que eviten solapamientos y duplicidades. Tampoco esto queda garantizado en el proyecto.
El tercer y último elemento esencial para Izquierda Unida es la participación. Este proyecto establece una estructura de participación absolutamente paupérrima que de prosperar la propuesta, resultará, bajo nuestro punto de vista, una participación fundamentalmente institucional y burocrática. Así, la participación municipal no se liga a los consejos locales y comarcales de bienestar social, órganos esenciales recogidos en las LOAS que deberían de ser desarrollados y promocionados, ya que en ellos los agentes sociales tienen capacidad en la elaboración de planes y de programas de carácter social, a aplicar en los diferentes municipios y mancomunidades de acuerdo siempre con el plan regional.
El consejo general, tal y como viene definido en la propia ley, podría, por un lado, superponerse claramente al consejo aragonés de bienestar social, perdiendo este último potencialidad, y, por otro, dicho consejo viene orientado por la ley como elemento exclusivamente consultivo, lo que implica que será nula la capacidad de control, de seguimiento y de evaluación por parte de trabajadores y profesionales, a diferencia de como hasta ahora lo venían ejerciendo los sindicatos y las organizaciones empresariales. No hay que olvidar que el 70% de los recursos que van a gestionarse proceden de cuotas de la Seguridad Social. El modelo propuesto también implica la nula participación en el seguimiento y en la evaluación de la gestión por parte de la población usuaria.
Por otra parte, hay que reconocer el papel positivo que pueden jugar las organizaciones no gubernamentales de carácter social aportando sus iniciativas. Así, la administración pública debería también comprometerse en este proyecto a respetar la autonomía de la acción social voluntaria, reconociendo el valor de sus aportaciones como instrumento de solidaridad social, pero evitando que estos mecanismos sean una forma de precarización de servicios y de empleos.
Izquierda Unida apuesta claramente por desarrollar un sistema de servicios sociales público y de gestión directa, y, por tanto, en nuestra opinión, la ley debería recoger que los conciertos con entidades privadas tendrán carácter excepcional y partirán de la propia planificación de la administración, debiendo sustentarse de manera inequívoca en garantías de calidad y de control. La ley tampoco garantiza que cualquier concierto con entidades privadas deba ir acompañado de una mejor reasignación de recursos que permitan el crecimiento y la dotación del sistema público.
Para terminar, quiero citar algunas cuestiones no menos importantes que quedan fuera del proyecto: la relación del instituto con otros departamentos e instituciones a fin de dar mayor globalidad a la planificación de las acciones. Me refiero a salud, a educación... No se define el marco territorial ni las funciones de las direcciones provinciales; por lo que la descentralización queda como declaración de intenciones, sin plasmarse en la realidad.
En resumen, porque en este proyecto hay una separación entre planificación y gestión que resta efectividad a la entidad gestora, no garantiza el carácter público del modelo de gestión, no se establecen directrices presupuestarias que garanticen el trabajo continuado de la actividad social, y porque el modelo de participación propuesto es, a nuestro juicio, totalmente institucional y burocrático, por todo ello y por otras razones anteriormente expuestas, el Grupo de Izquierda Unida de Aragón también va a solicitar la devolución de este proyecto a la Diputación General de Aragón.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Sánchez Bellido.
Grupo Parlamentario del Partido Popular: tiene la palabra su portavoz.
El señor Diputado BORRAZ ARIÑO: Gracias, señor Presidente. Señorías.
Como portavoz en esta área del Grupo Popular, me corresponde exponer cuáles son las razones por parte de este Grupo para apoyar la creación del instituto aragonés de servicios sociales, que es de lo que en realidad hay que hablar aquí.
La primera razón es la existencia de una cobertura legal ampliamente desarrollada para llevarla a cabo, basándonos en nuestro Estatuto de Autonomía y su posterior reforma, en Ley orgánica de 24 de marzo de 1994, que en su artículo 35 declara competencia exclusiva de nuestra Comunidad la asistencia, bienestar social y desarrollo comunitario, y que, más específicamente, en su artículo 37 expone que corresponde a la Comunidad Autónoma la ejecución de la legislación en materia de gestión y prestación del sistema de seguridad social, del que forma parte el Inserso y que ya está transferido sobre el papel a nuestra Comunidad Autónoma y pronto será practica su efectividad. Esto es, nuestra Comunidad representada en estas Cortes, tiene la potestad de crear un sistema integrado de servicios sociales bajo la responsabilidad de la administración pública, y para ello creemos deseable y necesario la constitución de un organismo autónomo de ámbito comunitario.
Un segundo hecho fundamental sería que este organismo autónomo de naturaleza administrativa facilitaría el cumplimiento de los principios básicos de actuación en materia social, y muy especialmente los de planificación, solidaridad, universalidad y participación democrática, ya que la existencia del instituto hará sentir más cerca al ciudadano la institución aragonesa, dándole una opción real de participación a través de su consejo general con representación de entidades locales, colectivos sociales implicados, centrales sindicales y empresariales que participarían como órganos consultivos e informativos de forma bidireccional: usuario-administración, administración-usuario. Además, el instituto permitiría hacer efectiva la descentralización de estos servicios. Y, como ejemplo participativo, citaría el artículo 2 de la Ley del Consejo Aragonés de la Tercera Edad, de fecha 4 de abril, que dice: Al Consejo Aragonés de la Tercera Edad le corresponden funciones consultivas ante la Diputación General de Aragón", que hasta la fecha prácticamente no han podido aplicarse por falta del desarrollo estructural que lo contemplase. Esta es una buena ocasión para que, a través del instituto, colectivos como el de nuestros mayores, minusválidos, minorías étnicas, estén representados de forma real en la toma de decisiones en materia social que principalmente a ellos va dirigida. No olvidemos que, y sobre todo en el campo de servicios sociales, la colaboración interinstitucional e interdisciplinar son básicas para conseguir el objetivo base, que es el bienestar personal y colectivo de todos los aragoneses.
Un tercer hecho por la existencia del instituto sería que facilitaría la integración de centros, servicios, recursos y personal adscritos a servicios sociales, lo que les daría homogeneidad y haría posible la coordinación de programas y proyectos, con el aumento consecuente de eficacia y una mayor motivación, implicación y especialización de los trabajadores públicos -funcionarios y laborales-, lo que permitiría a la vez un tratamiento altamente profesionalizado, que no por ello deje de ser directo, personal y cercano al usuario (virtudes ellas que caracterizan a un organismo autónomo que simplifica y humaniza la burocracia administrativa), a la par que economizaría los gastos presupuestarios; la eficacia, la agilidad, es mucho más barata y más rápida.
Un cuarto hecho es que además éste es el tiempo apropiado para la creación del instituto, pues es inminente la ya comentada transferencia real del Inserso a nuestra Comunidad, lo cual se vería eficientemente facilitado si existiera el organismo receptáculo que aglutinara los servicios y medios tanto estructurales como humanos de dicho instituto con los ya existentes en materia social y dependientes de la Diputación General de Aragón. El Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo vería afianzada y clarificada su función, al que correspondería la labor directora, inspectora y coordinadora de los servicios sociales con otros servicios de su competencia. No olvidemos que a medio plazo también se han de transferir los servicios del Insalud, otro organismo autónomo de la administración central, y que, en el hipotético caso de que no existiera un instituto diferenciador, se entorpecería y dificultaría, por aglutinación y por la existencia de distintos niveles de desarrollo, los servicios sociales, sanitarios y laborales en nuestro ámbito comunitario.
Otro hecho fundamental y básico por el que el Grupo Popular se decanta por este proyecto de ley de creación del instituto aragonés de servicios sociales, es por la doble seguridad interventora que lo regiría, pues contaría con una intervención delegada propia, dependiente orgánica y funcionalmente de la intervención general de la Comunidad Autónoma de Aragón, y con una tesorería interna. Lo que permitiría una mayor rapidez y agilidad en la puesta en marcha de actividades y programas sociales, además de asegurar que los recursos a distribuir, incluyendo los económicos de ayuda individual, como son los del salario aragonés de inserción y las pensiones no contributivas, que habrá de gestionar la Diputación General de Aragón... estos recursos
-decía- lleguen antes y mejor a los ciudadanos aragoneses más desprotegidos, y que los convenios y conciertos con los colectivos y asociaciones que trabajan día a día en pro de las personas más desfavorecidas y marginadas de nuestra sociedad, tendrían un marco de referencia claro a quien dirigirse y un apoyo directo a sus justas pretensiones y demandas, evitando la paralización técnica de estas entidades no gubernamentales, que tan precisas son para la buena marcha de Aragón y de los que en él vivimos.
Por todo ello entiendo, y entiende el Grupo Popular al que represento, que este proyecto de ley es importante para nuestra Comunidad, pues integra de manera consecuente la eficaz gestión y control de los servicios sociales junto a la necesaria especialización de quienes van a atender dichos servicios, además de facilitar la participación directa de los movimientos sociales de tipo local y gubernamental o no gubernamental en pro de la obtención del fin primordial que ha de movernos y por el cual estamos aquí: la debida atención social al ciudadano aragonés y, por tanto, el aumento de la calidad de vida.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Borraz Ariño.
Terminado el turno de defensa de la enmienda presentada y el de fijación de posiciones por los Grupos Parlamentarios, vamos a proceder a la votación de la misma.
Se inicia la votación.
¿Votos a favor de la enmienda a la totalidad de devolución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista al proyecto de ley del instituto aragonés de servicios sociales? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veintidós votos a favor, treinta y seis en contra, dos abstenciones. Queda rechazada la enmienda a la totalidad de devolución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista al proyecto de ley del instituto aragonés de servicios sociales.
Para turno de explicación de voto, ¿desean los Grupos Parlamentarios intervenir?
Pasamos pues... ¿Algún Grupo Parlamentario más?
Grupo Parlamentario Socialista: tiene la palabra.
El señor Diputado TOMAS NAVARRO: Gracias, Presidente. Señoras y señores Diputados.
Después de las intervenciones que han precedido a la votación de la enmienda, y tras conocer el resultado de la votación, el Grupo Parlamentario Socialista se reafirma en las razones que nos han motivado a presentar esta enmienda. Como han podido comprobar, la aritmética parlamentaria ha funcionado: el texto de ley presentado pasa a debate en la Ponencia; ahí nos enfrentamos a un proceso incierto, a tener que volver a intentar conseguir lo que aquí ha faltado: consenso, claridad de objetivos y coherencia con el texto de la ley.
El texto de ley que ahora está sobre la mesa no ha sabido recoger las sugerencias y las aportaciones tanto de los agentes sociales cuanto de los organismos que se han pronunciado sobre este tema. Tal y como ha sido presentado ni siquiera viene a recoger aquellas cuestiones sustantivas que el decreto de transferencias del Inserso incluye, como es el concepto de caja única, al ser el Inserso un organismo prestador de servicios sociales de la seguridad social. Con lo que entendemos que se viene a romper el principio de igualdad entre todos los españoles.
Cuando se defiende la confusión jurídica y normativa del texto de ley presentado tal y como ha hecho el portavoz del Partido Aragonés, se nos están anunciando posiciones favorables a la privatización y a la desintegración del sistema público de servicios sociales en Aragón. Ya lo ha manifestado el señor Consejero en alguna ocasión: gestionan mejor las entidades privadas que las públicas. Si es así, no entendemos para qué se está presentando esta propuesta de ley. Los parlamentarios socialistas, que aceptamos que la creación de un organismo autónomo es una fórmula razonable, no estamos a favor de que a este organismo se le dote de una organización confusa, con solapamientos organizativos con el resto del departamento, con unas funciones de participación vacías de contenido y que olvidan el derecho de los ciudadanos y de las ciudadanas al control de los bienes y de los servicios públicos, máxime cuando ellos mismos -y esto es algo fundamental que deberemos tener en cuenta-, máxime cuando ellos mismos contribuyen a su propia existencia.
Ahora empieza el trabajo de debate en la Ponencia, y públicamente volvemos a ofrecer nuestra disposición al diálogo en aras del consenso. Por eso, una vez más, solicitamos a los dos partidos, Partido Popular y Partido Aragonés, partidos que forman el gobierno de coalición, que acaben con sus discrepancias, planteen a las claras sus objetivos, se pronuncien claramente por la defensa de un sistema público de servicios sociales en Aragón y posibiliten, junto al resto de los grupos políticos que componemos estas Cortes, el tantas veces reclamado, el tantas veces cacareado consenso.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Tomás Navarro.
Finalizado el debate y la votación del punto dos del orden del día, pasamos al punto tercero del orden del día, que es el debate y votación sobre la toma en consideración de la proposición de ley de medio ambiente para la Comunidad Autónoma, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
[Rumores.]
Advierto al público que no se pueden hacer manifestaciones en ningún sentido desde la tribuna; por lo tanto, ruego que retiren la pancarta y que las medidas de seguridad actúen.
Por favor, no me hagan desalojar la tribuna de público.
Procédase por el Secretario Primero de la Mesa a dar lectura del criterio de la Diputación General sobre la toma en consideración de esta proposición de ley.