Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

Interpelación núm. 8/11, relativa a la política general del Gobierno de Aragón en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora presidenta.

Señora consejera, la interpelación va sobre derechos de los ciudadanos y ciudadanas recogidos en la Constitución, recogidos en leyes estatales y recogidos en obligaciones que el Gobierno de Aragón tiene.

Le hablo de personas con discapacidad. El marco, sabe usted, primero la Constitución, tanto el artículo 9, que dice que «los poderes públicos promoverán»... [rumores]. No me oigo, señora presidenta.

La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): Señorías.

Continúe, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: El artículo 9.2, que es el que obliga a los poderes públicos a promover la igualdad; el 10, que habla de la obligación de garantizar el libre desarrollo de la personalidad; el 14, sabe usted, el de que todos y todas somos iguales ante la ley; el 49 ya habla específicamente de «obligar a las administraciones públicas a desarrollar programas para la integración de la discapacidad, sea sensorial, física o psíquica».

Por lo tanto, ese marco constitucional, ese que invocamos en tantas ocasiones, lo invoca hoy Izquierda Unida aquí.

El primer paso lo marca la Lismi, la Ley de Integración Social del Minusválido a nivel estatal, del año ochenta y dos. Veintinueve años han pasado ya solo, señora consejera.

Se intenta avanzar... Bueno, sabe usted que la Lismi a una de las cuestiones que obligaba o regulaba era a establecer la obligatoriedad de que en todas las posibilidades de oferta de empleo, tanto público como privado, existiera la obligación de hacer una reserva del 2% de plazas para personas con discapacidad. Eso, evidentemente, no se cumplía, no se cumple.

Conscientes de que aquello no se cumplía, en el año 2003 se regula la ley estatal de igualdad de oportunidades, de no discriminación y de accesibilidad en la sociedad a personas con discapacidad, que regulaba la accesibilidad en el empleo, en la vivienda, en servicios públicos, sanidad y educación; pero nosotros seguimos hablando de integración y accesibilidad en el empleo...

La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora presidenta.

Lo hacemos porque pensamos que las políticas de apoyo a la discapacidad deben implicar una apuesta radical por la promoción de la autonomía personal y por la igualdad de derechos, y, a partir de ahí, pensamos que la mejor forma de que una persona se desarrolle, tenga sus capacidades y pueda integrarse, pasa por su autonomía personal, y una parte de su autonomía personal tiene que ver con su autonomía económica, y, salvo que se sea millonario o millonaria, la autonomía económica al trabajador o trabajadora solo se lo proporciona el empleo y su salario.

A veces, aunque tiene empleo y tiene salario, no se lo han garantizado, pero eso es problema, ya sabe usted, de cómo y de qué manera se interpretan los derechos y de qué políticas liberales están siguiendo.

Pero recuerdo cómo tratamos de saber cuáles son las políticas de integración que el Gobierno de Aragón está desarrollando.

Me había quedado en la Ley 2003, que era la de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad a personas con discapacidad. Esa ley de 2003 decía que en el plazo máximo de dos años se establecería un régimen de sanciones para quienes no cumplieran las obligaciones que tenían de facilitar la integración y desarrollar la igualdad de oportunidades. Régimen sancionador que, en principio, afectaba a todo el mundo y, por lo tanto, también, y además yo creo que con más satisfacción, a las administraciones públicas, que son las que, además de legislar, deben cumplir la ley.

Bueno, pues ese régimen sancionador que tenía que estar en 2003, que decía dos años, 2005, no estuvo hasta 2007. Por lo tanto, ya sabe usted que en este país, lamentablemente, a veces hay que utilizar sanciones para que se cumplan las leyes. Esta había demostrado claramente que, con buena voluntad, no se cumplía. Estábamos hablando clarísimamente de integración y de eliminación de desigualdades, y a nosotros nos parecía bien que, dado que no se cumplía, se pusiera un régimen sancionador para ver si así se cumplía.

Bueno, pues está ese régimen sancionador desde 2007, y yo quiero preguntarle, señora consejera, si en Aragón, que es su responsabilidad, tenemos a todas y cada una de las personas que sufren una discapacidad de cualquier tipo, si están integradas, en qué sectores, si se integran en la Administración pública, si la Administración pública cumple esa obligatoria reserva de plazas del 5% que hay aquí en Aragón...

Creo que recordará usted que una iniciativa de Izquierda Unida aprobada en esta Cámara decía que el Gobierno de Aragón debía ampliar ese 2% mínimo al 5%. Le pregunto qué nivel de cumplimiento tiene en todo el entramado, en toda la red pública (entes, organismos autónomos, empresas públicas, institutos, todo aquello) y también qué noticia nos puede dar de cómo se cumple esta ley en el sector privado, en ese sector privado que tantas subvenciones le damos, en ese sector privado que le ayudamos a sobrevivir, y en ese sector privado que luego, a pesar de que ha recibido subvenciones, despide trabajadores y trabajadoras. Bueno, nos gustaría saber cuál es el nivel de cumplimiento en Aragón de esas obligaciones constitucionales legales y que, por otra parte, nos parece que son de obligado cumplimiento en una sociedad democrática y moderna como la que creemos que se da en nuestra comunidad. Esa es la primera parte de nuestra pregunta, señora consejera.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): Gracias, señor Barrena.

Señora consejera, puede tomar la palabra en su turno de respuesta.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señora presidenta.

Gracias, señor Barrena, por esta interpelación, compleja porque es muy técnica. Hay, como muy bien usted ha señalado múltiples normativas, estatales, de la comunidad autónoma, pero quizá falta todavía trabajar más. Eso es lo que considero, aunque voy a hacer yo también un repaso a las cuestiones que hemos venido planteando en esta materia desde la Comunidad Autónoma. Evidentemente, la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal convergen hoy en la estrategia de garantiza la participación de todos los ciudadanos como sujetos de derecho, y todas las ciudadanas, como sujetos de derecho. Por eso el reconocimiento del derecho de las personas con discapacidad a la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida.

La no accesibilidad se convierte en una forma de discriminación indirecta, puesto que genera desventajas que, por supuesto, pueden tener como resultado la desigualdad. La accesibilidad universal es un concepto que ha evolucionado, como bien usted sabe, en los últimos años. Hoy hablamos de diseño para todos, y eso es amplio. En nuestro país disponemos de un importante conjunto de medidas, como decíamos, avanzado; yo creo que hemos avanzado bastante en esta materia pero nos faltan cosas por hacer. Eso hay que reconocerlo para plantear, por supuesto, el trabajo de futuro.

La regulación de las condiciones básicas en estas materias se contiene en esa Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, y en las normas que la desarrollan. Se regulan las condiciones de accesibilidad en cada uno de los ámbitos de intervención, como bien ha expresado usted en su intervención. El hilo conductor de la normativa tiene como objeto que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos en condiciones de igualdad. Un año después de esta norma, y siguiendo lo dispuesto en ella, se aprobó el I Plan Nacional de Accesibilidad, que todavía está vigente porque su período era 2004-2012, que tiene como objetivo alcanzar esa accesibilidad universal en todos los entornos, productos y servicios para superar barreras que discriminen a las personas. También en el contexto internacional hay una gran sensibilidad en torno a la igualdad de oportunidades. Yo destacaría en el ámbito que nos ocupa la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, que España ratificó en el año 2008 y que dedica un importante espacio a la accesibilidad universal.

En la ley del año 2007 se establece, como bien decía también, el régimen de infracciones y sanciones. En Aragón nos regimos en esta materia por la ley de 1997, que conocemos como ley de barreras. Dicha ley establece el marco general en nuestro ordenamiento sobre estos extremos. Coordina las diferentes actuaciones entre las administraciones públicas e introduce el régimen sancionador. El cumplimiento del objeto de la ley así lo requería.

El decreto de 1999 establece las normas técnicas y los criterios básicos necesarios para desarrollar la citada ley. Recoge que las disposiciones contenidas en el mismo serán de aplicación a todas las actuaciones relativas al planeamiento, gestión, ejecución en materia de urbanismo, en la edificación, en el transporte, comunicación sensorial, y tanto en nueva construcción como, evidentemente, en reforma, ¿no? Este marco normativo se ha visto ampliado por la aprobación de ordenanzas municipales. Por eso decía antes que, evidentemente, esto es competencia de muchas administraciones, depende del ámbito del que hablemos. A mí, a este respecto, me gustaría reconocer el trabajo que están haciendo las administraciones locales, como lo refleja, por poner un ejemplo, la aplicación de ordenanzas desarrolladas por el Ayuntamiento de Zaragoza en materia de supresión de barreras, comunicación y transportes.

Desde el Departamento de Servicios Sociales y Familia hemos impulsado actuaciones para promover la accesibilidad, apoyando a entidades locales y a entidades sociales, para el desarrollo de programas de eliminación de barreras mediante la convocatoria de subvenciones con periodicidad anual. Iniciamos esta convocatoria en el año 2010, y la hemos convocado de nuevo para este presente ejercicio con una cuantía de doscientos mil euros. En el conjunto de la legislatura hemos colaborado en la financiación de obras de supresión de barreras contando también con el Plan E en centros de servicios sociales, titularidad de entidades sociales y también municipales. La inversión ha sido superior a los dos millones de euros.

Igualmente venimos convocando todos los años, a través de la orden de subvenciones, ayudas individuales para la adaptación de viviendas, domicilios particulares —este año se van a destinar a estas ayudas doscientos cincuenta mil euros—, y a través de la convocatoria del programa ISEAL se va a destinar, ya se viene haciendo también en los últimos años, para transporte adaptado en las comarcas este año 2011 ochocientos mil euros, a los que sumaríamos los seis millones de euros que se han invertido en esta legislatura, desde el año 2007.

Desde el Programa de Innovación para la Inclusión Social se han financiado igualmente proyectos destinados a supresión de barreras, que además generan empleo. En relación con los programas llevados a cabo con los edificios de titularidad pública, desde el Departamento se han llevado a cabo distintas obras de eliminación de barreras en sus centros e instalaciones. Asimismo, quiero destacar el acuerdo de colaboración con la Universidad de Zaragoza para la creación del Centro Aragonés de Investigación en Tecnología Asistiva, que tiene como uno de sus objetos la aplicación de tecnología para la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y personas mayores, y que, por supuesto, facilita también la vida y la autonomía de estas personas; a lo que habría que añadir un amplio elenco de actuaciones orientadas a fomentar la no discriminación y la accesibilidad universal. Por ejemplo pondría el del servicio de emergencias para situaciones de maltrato dirigido a mujeres víctimas de violencia de género. Saben que el teléfono 112 ya dispone de una traducción para personas sordas y puede canalizar la ayuda en estas situaciones.

En la actualidad, ¿en qué momento nos encontramos? Pues yo creo que estamos en un punto de inflexión motivado precisamente por ese período de los diez años, un poquito más de los diez años transcurridos desde la entrada en vigor de las normas técnicas aprobadas en el decreto que antes he mencionado que desarrolla la ley del noventa y siete de supresión de barreras. Transcurrido ese tiempo, es una ocasión propicia para analizar el estado de la cuestión en la sociedad aragonesa, en la Comunidad Autónoma, y programar propuestas de futuro para continuar avanzando en el cumplimiento de la ley. Por ello, como ya saben, se elaboró un estudio, que se encargó desde el departamento al CERMI, la plataforma que agrupa a la práctica totalidad de las entidades de la discapacidad, que se va a presentar al consejo para la promoción de la accesibilidad y eliminación de barreras. En él se hacen aportaciones interesantes acerca del estado de la accesibilidad física y de comunicación de diferentes edificios e instalaciones. El estudio expresa lo que se ha avanzado y los retos pendientes. Creemos, por tanto, que es un buen momento para trazar líneas de actuación futuras en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.

Usted estaba interesado también en el tema de la cuota, de la reserva del 2%. Creo que en esta primera parte no me da tiempo a darle algunos datos que tenemos del trabajo que se está haciendo desde la comunidad autónoma y en relación con las sanciones y con las infracciones, donde, bueno, he intentado en esta primera parte hablar más en general de la situación de las personas con discapacidad en cuanto a accesibilidad y de lo que hemos hecho en los últimos años en la comunidad autónoma.

Gracias, señora presidenta.

La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): Gracias, señora consejera.

Señor Barrena, puede salir a la tribuna en su turno de réplica.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora presidenta.

Y gracias, señora consejera.

Me quedo con que me va a pasar los datos que no los tiene; bueno, no hace falta que me los diga hoy. Toda su intervención ha sido en un 90% sobre la Ley de Supresión de Barreras Arquitectónicas, cosa que evidentemente hay que hacer, cosa que está sin acabar de hacer y cosa que desde luego ayudaría a eliminar barreras arquitectónicas. Yo creo que hay que distinguir también, porque se está avanzando en supresión de barreras arquitectónicas, pero se está avanzando muy poco en otro tipo de barreras, que tienen que ver con problemas sensoriales, auditivas, visuales, todo lo demás. Pero, mire usted, yo le he centrado el tema en el derecho constitucional al desarrollo de la persona y, por lo tanto, integración absoluta en la sociedad, y le he hablado de empleo, y la única vez que usted ha hablado de empleo ha sido para decir que los proyectos de supresión de barreras generan empleo, pero yo hablaba del empleo de las personas con discapacidad, que tienen también derecho a tener empleo.

Y, entonces, reconociendo como usted ha empezado por reconocer que es una situación compleja y que falta trabajar, por lo tanto está reconociendo que hay que avanzar más, pues entonces yo ahí le vuelvo a situar la pregunta. Nos interesa saber cómo y de qué manera en esta comunidad autónoma las personas que sufren algún tipo de discapacidad están integradas en la sociedad, y eso se llama tener acceso a servicios públicos, que sabemos que lo tienen, otra cosa son las barreras que puedan tener, integradas en el desarrollo de la sociedad, y sabemos que pueden ir al cine, pueden ir al colegio, con más problemas o menos pero pueden, pero de lo que tenemos dudas es de que puedan ir a trabajar.

Y como eso es lo que a nosotros nos preocupa, y más en tiempos de crisis, de eso es de lo que le preguntamos, porque nosotros tenemos la sensación de que no pueden ir a trabajar, al menos no todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad, porque los datos que nosotros tenemos y los quiero contrastar con los que usted tenga, nos dicen que ni las administraciones públicas, es decir, ni su Gobierno, del que usted forma parte, están cumpliendo esa obligación que tienen de al menos aquí, en Aragón, el 5%, que usted ha vuelto a hablarme del 2%: eso lo dice la ley estatal, pero aquí se aprobó una recomendación, en esta Cámara, de instar al Gobierno de Aragón a que elevara hasta el 5% esa reserva de plazas. Nos da la sensación, no, nos da la sensación, no, yo afirmo que no lo están cumpliendo. Y me encantaría que usted el próximo día me dijera: tome, señor de Izquierda Unida, ve usted como siempre piensa mal, lo estamos cumpliendo, le aseguro que me encantaría, pero no lo está cumpliendo ni el Gobierno de Aragón.

Además porque no puede cumplirlo, porque no tiene ni siquiera la red de puestos de trabajo adaptados a discapacidades de cualquier tipo, y excuso decirle lo que pasa en la empresa privada. Por lo tanto, yo creo que estoy de acuerdo con usted, falta trabajar, pues venga, no lo dejemos para pasado mañana, empecemos a trabajar.

¿Qué necesitamos saber? Primero los datos, para saber de verdad cuál es; segundo, si usted lo tiene por departamentos, para saber cuál le cumple y cuál no; si quiere luego pasamos a las empresas públicas; si quiere luego vamos a las empresas que adquieren, que les adjudican licitación de obra pública, a ver si cumplen las cláusulas sociales, a ver si las cumplen, a ver si ustedes les obligan a cumplir esa reserva. Ya sé que es complejo, ya sé que usted no licita, eso seguro que le toca más al señor Larraz, ya se lo recordaré después, pero evidentemente había que hacerlo.

Y luego, miren, nos da la sensación de que esto no se cumple porque se es muy tolerante con los incumplimientos y se es tolerante con los incumplimientos, porque no se aplica el régimen sancionador que habría que aplicar. La última pregunta que le hago, porque se enciende la luz roja (me gusta el rojo, pero dice que es que ya tengo que callarme).

La ley de la que hemos hablado dice que el régimen de infracciones y sanciones, régimen de infracciones y sanciones, debe ser objeto de tipificación por el legislador autonómico. Yo estoy en esta Cámara, que es el poder legislativo desde el año 2003, esta ley es de 2007, yo no he legislado sobre eso, porque ustedes no han traído aquí un proyecto. ¿Vamos a tener régimen sancionador para estos incumplimientos en Aragón? ¿Por qué no lo tenemos? Pues ahí lo dejo y, de verdad, señora consejera, si no tiene datos y me los va a facilitar cuando los tenga, no se preocupe, que lo entenderé perfectamente.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): Gracias, señor Barrena.

Señora consejera, para concluir, puede tomar la palabra.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señora presidenta.

Gracias, señor Barrena.

Bueno, el Departamento de Servicios Sociales también licita, sí que licitamos, y por supuesto que cumplimos con esa cuota cuando licitamos, eso en primer lugar, y entiendo que lo hacen el resto de los consejeros y consejeras de este Gobierno. Evidentemente, yo no he traído todos esos datos que me solicita, en cuanto a la Administración pública cómo cumplimos la cuota por departamentos, no tengo esos datos, intentaré facilitárselos. Pero, evidentemente, el tema del empleo y la accesibilidad al empleo es para nosotros una cuestión fundamental que se pueda hacer sin discriminación. Usted ha reconocido ahora que la situación económica y la actividad económica de las empresas está en horas bajas, hay muchas dificultades por todos los sitios, pero desde el Gobierno estamos haciendo nuestro trabajo.

La reserva del 2% la estamos vigilando, eso no lo hace mi departamento, pero, bueno, ahí sí que he solicitado información al departamento competente, y tengo que decirle que en el año 2010, el año pasado, en la campaña dirigida a verificar el cumplimiento de la cuota de reserva de este 2%, que se hace todos los años desde el año 2005, se han tramitado setenta y un expedientes, que el objetivo de esa campaña para verificar que se está cumpliendo es velar por el cumplimiento, de manera que la sanción es el último recurso, requiriendo primero a las empresas para que cumplan, y el resultado de esos setenta y un expedientes ha sido que se han contratado treinta y nueve trabajadores, se han declarado seis, se han hecho seis declaraciones de excepcionalidad, y se han detectado ocho infracciones, proponiéndose la correspondiente sanción. Por lo tanto, ese trabajo se está haciendo desde el Gobierno de Aragón. En este año 2011 también hay un importante volumen de expedientes a iniciar, si comparamos con el año 2010.

Pero yo tengo que decirle que hemos venido trabajando desde el Gobierno de Aragón en esta materia procurando que las personas con alguna discapacidad que tienen más dificultades de acceso al empleo, puedan o por lo menos en el caso de los centros especiales de empleo, que es el que le quería mencionar, no hayan tenido esas dificultades, y esto se ha apoyado desde el Gobierno de Aragón. Importantes medidas con nuevas ayudas para los centros especiales de empleo que llevamos a cabo en el año 2009, cuando se empezó a ver esa dificultad, y que hemos seguido manteniendo, y así lo reconocen las entidades que trabajan con las personas con discapacidad, que gracias a esos apoyos del Gobierno de Aragón no ha habido que hacer ERE y no ha habido que dejar la actividad en un sector con las dificultades que conocemos.

Ayer en esta Cámara creo que también se avanzó en relación con la reserva de un porcentaje en los contratos públicos para centros especiales de empleo, así como para primar a las empresas con mayor porcentaje de discapacidad. Bueno, pues es otra actuación.

Sin duda, nosotros compartimos con el CERMI, con usted, evidentemente, que el empleo es la mejor forma de conquistar mayores cuotas de autonomía en el camino hacia una vida independiente, y por ello, para hacer realidad esta vida independiente, hay que sumar la plena accesibilidad con medidas que permitan la integración social, integración laboral e integración social. Y en esa línea estamos trabajando. Inspección, sí, y sanciones, también. Pero sobre todo medidas que contribuyan a sensibilizar a la sociedad, a fomentar la contratación responsable y, en definitiva, a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Le decía que sí, que hay muchas cosas por hacer —eso lo reconocemos—, pero no hemos estado inactivos en esta cuestión, por los avances que antes le he comentado que hemos hecho. Y hay retos, y muy importantes, en esta materia. Evidentemente, el mismo, lo comparto con usted: la legislación autonómica; en esa línea vamos a ir trabajando. Permítame que en estos cuatro años, donde realmente en materia de servicios sociales se ha legislado mucho, pues esta materia no se haya quedado pendiente para los próximos años. Todo a la vez no lo hemos podido hacer. Pero evidentemente es un reto, y ahí está, ahí está pendiente.

Otro reto a mejorar: el control del cumplimiento de la normativa, fomentar la inversión y el desarrollo de nuevas tecnologías, fomentar el aprendizaje de accesibilidad en el ámbito universitario también y, de nuevo, como ya le he dicho, realizar campañas de sensibilización dirigidas a toda la sociedad, pero específicas también para profesionales, comunidades de propietarios. O sea, algunas específicas y otras generales. En esa línea, como le decía, vamos a continuar trabajando y seguiremos hablando de esta materia, informándole de todo aquello que hoy no haya podido hacer en cuanto a datos más concretos que usted me solicita.

Gracias, señor Barrena.

Gracias, presidenta.

La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): Gracias, señora consejera.