Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la Ley 5/2017 creó la Agencia de Integridad y Ética Públicas. Se trata de un ente público dependiente directamente de las Cortes de Aragón que debía asumir las competencias que establece esa ley para garantizar, coordinar e impulsar la integridad y la ética públicas.
En lo que se refiere a este tipo de entes, la situación es muy dispar si comparamos lo que ocurre en las diferentes comunidades autónomas. En algunas de ellas sí que funcionan ya este tipo de entes; en otras está previsto en las leyes, pero no se han creado, como pasa en Aragón, y en otras existen, pero se han suprimido o está prevista, está próxima su supresión. En Andalucía funciona la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción; en la Comunidad de Madrid, la Comisión Antifraude; en Navarra, la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción; en Extremadura, el Comité Antifraude, y en Castilla-La Mancha, la Oficina de Transparencia, Integridad y Participación; en Galicia —y esto es importante— es el Consejo de Cuentas, la institución equivalente a nuestra Cámara, el que asume la competencia de prevención de la corrupción en el sector público autonómico; en la Comunidad Valenciana existe la Agencia Valenciana Antifraude, pero en enero Vox planteó su supresión; en Baleares ya se ha suprimido la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción; en Murcia existe el Consejo de Transparencia, pero se va a suprimir y a transformarlo en un comisionado de la transparencia; en Castilla y León se creó por ley la Oficina de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción, pero aún no se ha creado, y pasa lo mismo en Asturias con la Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción.
Si volvemos a Aragón, la Agencia de Integridad y Ética Públicas tiene como funciones, entre otras, la de actuar contra el fraude, la corrupción y el clientelismo, y contra cualquier actuación que en perjuicio de los intereses generales infrinja los códigos de conducta y buen gobierno. Y también tiene, entre otras, la función de investigar o inspeccionar posible caso de uso o destino irregulares de fondos públicos.
La ley preveía en cuanto a la organización de la agencia que los órganos directivos fueran el director y tres subdirectores (de evaluación, de investigación, de régimen interior), y la comisión ejecutiva, que estaría integrada por todos ellos. Y todos ellos, además, debían ser elegidos por las Cortes de Aragón.
Bien. A pesar de haberse creado la agencia por ley de estas Cortes hace casi cuatro años, todavía no han sido elegidos sus miembros ni, en consecuencia, se ha puesto en funcionamiento. Sin embargo, las funciones que se atribuyen a esta agencia son claves para la promoción, impulso y garantía de la integridad y ética públicas en nuestro sector público.
Señorías, con la Agencia de Integridad y Ética Públicas ha ocurrido algo similar a lo que aconteció con la Cámara de Cuentas. Como saben, se creó con carácter unipersonal por Ley 10/2001, con el Auditor General al frente, pero no se constituyó hasta 2010 y eso fue gracias a la reforma legal operada con la Ley 11/2009, que la configuró no como órgano unipersonal, sino como órgano colegial integrado por tres miembros. La experiencia, señorías, demuestra que para que la agencia de integridad pueda ponerse en marcha podría ser necesaria una revisión de su regulación legal, de forma que una nueva configuración pudiera hacer más factible su constitución. Habría más opciones. Existiría la opción de impulsar las reformas legales necesarias para que dos instituciones plenamente consolidadas, como son el Justicia de Aragón y la Cámara de Cuentas, pudieran asumir sus funciones.
En todo caso, señorías, es urgente desatascar la situación, tomar las decisiones políticas y parlamentarias necesarias para que las funciones atribuidas a la agencia se ejerzan de forma efectiva. Y esto es sencillamente, de forma constructiva, muy abierta, lo que planteamos en la iniciativa. En primer lugar, que reconozcamos, que estas Cortes reconozcan la necesidad de avanzar en la promoción, impulso y garantía de la integridad y ética públicas en el sector público de Aragón. Estoy seguro de que todos compartimos esto, pero para eso hay que dar pasos. Y por eso, para alcanzar ese objetivo, también planteamos que nos comprometamos a estudiar e impulsar a la mayor brevedad, por los cauces reglamentarios, las actuaciones necesarias para constituir la Agencia de Integridad y Ética Públicas y, si es necesario, que introduzcamos, que planteemos introducir en su ley de creación las modificaciones para que se pueda poner en funcionamiento; o plantearnos como otra opción impulsar las reformas necesarias en las leyes reguladoras del Justicia y la Cámara de Cuentas para que estas instituciones sean las que puedan asumir y ejercer las funciones actualmente atribuidas a la agencia.
Como ven, señorías, dejamos abiertas todas las opciones porque entendemos que de lo que se trata es de abrir o, mejor dicho, reabrir el debate, de que empecemos a hablar, de que nos sentemos y de que seamos capaces de desatascar la situación. Pido, en consecuencia, el voto favorable a esta iniciativa.

El señor vicepresidente primero (CELMA ESCUIN): Gracias, señor Soro.
Señor Sanz, tiene la palabra.

El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, presidente.
Debatimos hoy sobre la Agencia de Ética e Integridad Públicas de Aragón. Izquierda Unida apoyó la creación de esa agencia. En palabras de la señora Luquin decía que tanto la ética como la integridad deberían de ser inherentes al ejercicio de la política en ese debate. Yo lo suscribo. Dos cuestiones importantes. Votaremos que sí, por lo tanto, y votaremos que sí también siendo conocedores de que el desarrollo de la agencia o el intento de puesta en marcha de la agencia para resolver las cuestiones que ha presentado, que ha planteado el señor Soro ha sido una constante durante la anterior legislatura por parte del presidente de esta Cámara, el señor Sada, que intentaba precisamente buscar el cómo desatascar aquellos conflictos o aquellas cuestiones de carácter técnico, presupuestario o competencial que estaban haciendo imposible el cumplimiento de la ley acordada y también —y más importante— el desarrollo concreto de estas funciones por alguna de las instituciones llamadas, en cualquier caso, habida cuenta de que habrá que buscar una solución, llamadas a resolverlo en el momento en que esa solución se encuentre. Yo creo que la propia iniciativa lo reconoce, pero el hecho de que existan, precisamente, dificultades no es óbice para afrontarlas. Yo en eso estoy de acuerdo con usted, señor Soro. Y, asumiendo también la parte de responsabilidad que me toca como miembro de la Mesa de la legislatura pasada, que no fuimos capaces de resolver esta cuestión, asumo esa parte de responsabilidad. Pero, como digo, que las dificultades existan no es óbice para no afrontarlas y, en ese sentido, es necesario garantizar que, con capacidad, más allá de la retórica, existe un espacio, existe un órgano que vele, precisamente, por el cumplimiento de las funciones, que no son otras que las de evitar el fraude, la corrupción y el clientelismo, y todo lo que eso implica en sus múltiples facetas en el ámbito del trabajo institucional aragonés. Por lo tanto, votaremos que sí, entre otras cosas también porque no tiene ningún sentido tener una ley y no cumplirla. Vamos a afrontar este debate diligente y debidamente, y vamos a poner solución a una cuestión que debería estar ya resuelta, y en eso coincidimos.

El señor vicepresidente primero (CELMA ESCUIN): Gracias, señor Sanz.
Señor Moreno.

El señor diputado MORENO LATORRE: Gracias, presidente.
También le agradezco, señor Soro, que traiga esta proposición no de ley, dado que nos parece importante, primero, respaldar toda la iniciativa, encaminada a vigilar que la ética y la integridad públicas se cumplan desde todas las instituciones y las instancias de nuestra comunidad autónoma. No se sorprenda, pero también nos llama la atención que se aprobara la ley para su creación en 2017 y se relajaron, entiendo, estos siete años que han transcurrido y que no encontraran el momento en ponerla en marcha, también para adaptarla a cambios legislativos en otras materias, sin que se haya llegado a crear la Agencia de Integridad y Ética Públicas que propugnaba esta Ley 5 de 2017.
Qué bien hubiera venido que existiera esa agencia y que hubiera tenido para registrar los lobbies como el que contemplaba el capítulo cuatro de la ley, para haber controlado el despliegue no planificado y descontrolado de las renovables en todo nuestro territorio, algo que ya se advirtió en su momento por el Colegio de Geógrafos de Aragón en su manifiesto sobre la energía en Aragón.
Estamos en una nueva legislatura y pensamos que les hubiera sido más fácil cuando estaba en su mano como Gobierno crear esta agencia, pero nunca es tarde. Por eso les digo que vamos a votar a favor. Coincidimos también en que, para facilitar la aplicación, también coincidimos que puede ser buena solución que las labores que se encomienden a la agencia —y dado que no está creada— sean desempeñadas por el Justicia y la Cámara de Cuentas, al ser instituciones ya existentes y que podrán hacerse cargo de las tareas pensadas para la agencia. Ya no son ajenas a la naturaleza de ninguna de las dos. Así que apoyaremos la proposición no de ley.
Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (CELMA ESCUIN): Gracias, señor Moreno.
Señor Arranz, de Vox Aragón.

El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Gracias, señor presidente.
Desde Vox damos la máxima importancia a la integridad y ética públicas. Coincidimos, aunque deben ser virtudes que deberían ser inherentes a la propia política. Por ética pública se entiende que los actos y las resoluciones, que las políticas y prácticas que adopten o lleven a cabo las instituciones y las administraciones públicas contribuyen al bien común. La ética pública incluye también al sector privado, en la medida en que se relacione con el sector público. La integridad obliga a regirse por principios, valores y reglas que busquen el bien común, la verdad, la honestidad, el cumplimiento del deber, la responsabilidad y la excelencia en la actuación de los servidores públicos; que aquellos que un día dimos el paso en política y ocupamos un cargo público o un puesto en la Administración vengamos a servir y no a servirnos, rechazando toda corrupción, malversación, tráfico de influencias, uso en beneficio propio de información privilegiada y todo tipo de comportamientos que obedecen a la falta de ética y/o moral a la hora de gestionar lo público.
Una vez más nos vienen la izquierda y la extrema izquierda a exigirnos que hagamos —con mucha urgencia además— lo que ellos no hicieron en las pasadas legislaturas, que ocuparon el Gobierno. Chunta Aragonesista estaba en el Gobierno en 2017, en 2018 y en la mitad del 2019, y no lo hicieron, por supuesto —y en el 2020—. En este caso, en junio de 2017, hace siete años, se aprobó la Ley 5/2017, que creó la llamada Agencia de Integridad y Ética Públicas. Por lo visto, lo de promover, impulsar y garantizar la integridad y ética públicas no iba mucho con las políticas de la izquierda y, dicho esto, la ley se guardó en un cajón. Se creó formalmente tal agencia, pero ni siquiera se eligieron sus miembros ni se puso en funcionamiento. Afortunadamente, la Administración pública y nuestro ordenamiento jurídico ya prevén todo tipo de organismos, controles, mecanismos de fiscalización que velan por el cumplimiento de la integridad y ética públicas. Contamos con instituciones y organismos a tal fin que velan por ello, como pueden ser la Cámara de Cuentas, Intervención General, el Justicia de Aragón, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, la Fiscalía, etcétera, etcétera. La propia iniciativa parlamentaria ya habla de algunos de ellos, atribuyéndoles competencias similares compartidas con esta Agencia de Integridad y Ética Públicas que se pretende impulsar, entendiendo el propio proponente que igual es más recomendable promover ciertas reformas en las normas que regulan estas instituciones u organismos y dotarles de más recursos, de más personal para que sigan realizando su labor como organismos independientes. Nos interesa que sean organismos independientes.
Por todo lo dicho, unido al alto coste que supondría impulsar tal agencia conforme a los datos que manejamos y al coste de las agencias u oficinas similares creadas en otras comunidades o regiones, nos lleva a votar en contra de su iniciativa.
Muchas gracias. [Aplausos].

El señor vicepresidente primero (CELMA ESCUIN): Gracias, señor Arranz.
Señora Sánchez, socialista, del Grupo Socialista.

La señora diputada SÁNCHEZ GARCÉS: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Soro, pide usted a través de esta iniciativa el compromiso de estas Cortes y lo pide bien para —y leo textualmente—, como dice su iniciativa, «estudiar e impulsar las actuaciones necesarias a fin de constituir la Agencia de Integridad y Ética Públicas o bien para impulsar las reformas necesarias para que otras instituciones estatutarias puedan asumir y ejercer las funciones que actualmente tiene atribuidas la Agencia de Integridad y Ética Públicas». Pues le adelanto, señor Soro, que contará con el compromiso y con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista para llevarlo a cabo bien de una manera o bien de otra, porque tanto la creación como las funciones, organización, nombramientos, ceses y demás deberes y obligaciones de la agencia sobre la que hoy debatimos están recogidos en los artículos ocho a veintiocho del capítulo dos de la Ley 5/2017, de 1 de junio, de integridad y ética públicas, una ley que busca promover, impulsar y garantizar la integridad y la ética públicas en el sector público aragonés y también en las personas y entidades que se relacionan directamente con él. Una ley que fue impulsada por el primer Gobierno de Javier Lambán, muestra de la voluntad clara de ese Gobierno socialista de la rendición de cuentas y de la transparencia, una voluntad muy distinta a la del actual Gobierno Partido Popular y Vox, que, si no fuera por el control que realizamos la oposición a su labor, incumplirían sistemáticamente. Una ley que fue aprobada por unanimidad en estas Cortes en ese verano del 2017 y que supuso un hito nacional, ya que fue una ley pionera e innovadora y sirvió de ejemplo a muchas comunidades autónomas.
Durante los gobiernos de Javier Lambán han sido varias las actuaciones derivadas de la aprobación de esta ley, como, por ejemplo, el régimen de conflictos, intereses e incompatibilidades de las autoridades y cargos del sector público de Aragón, un régimen mucho más amplio del que había anteriormente, o la creación de esa oficina...

El señor vicepresidente primero (CELMA ESCUIN): Un momento, un momento, señora Sánchez, un momento. Por favor, bajen el tono de voz y, si pueden, se callen.
Siga, señora Sánchez.

La señora diputada SÁNCHEZ GARCÉS: Gracias, presidente. Estaba siendo bastante molesto, la verdad.
Como decía, han sido varias las actuaciones y entre ellas estaba la creación de esa oficina de conflictos. También, a través del Portal de Transparencia estaban —y digo bien en pasado— actualizadas las agendas de actividad institucional de los miembros del Gobierno y de altos cargos. En definitiva, son muchas las actuaciones llevadas a cabo en el cumplimiento y en el desarrollo de esta ley, pero es cierto que falta esa puesta en marcha de la agencia que hoy debatimos y que, como vuelvo a repetir, depende directamente de estas Cortes de Aragón.
Desde el Grupo Socialista somos conocedores de que no es una tarea fácil, pero no por ello es imposible. Debemos pensar bien cómo crear esa estructura, que no suponga un pulso económico y que, sobre todo, sea eficaz y sea útil. Le puedo asegurar —y así lo decía también el señor Sanz— que, la pasada legislatura, el presidente de estas Cortes, el señor Sada, puso todo su empeño en crear y poner en marcha esta agencia, pero lamentablemente no lo consiguió debido, como decía, a su complejidad.

El señor vicepresidente primero (CELMA ESCUIN): Gracias.

La señora diputada SÁNCHEZ GARCÉS: Sí. Acabo ya. He tenido que ser interrumpida por unos segundos. Por favor, presidente, termino ya. Pero, como hablamos, nada es imposible, así que lo que debemos intentar es buscar entre todos esa forma de poner en marcha esa agencia, cumplir con la ley. Y por ello votaremos que sí.
Muchas gracias. [Aplausos].

El señor vicepresidente primero (CELMA ESCUIN): Gracias, señora Sánchez.
Señora Marín, del Grupo Popular.

La señora diputada MARÍN PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, hoy el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista desempolva una ley que data del año 2017 e insta a las Cortes de Aragón a constituir la Agencia de Integridad y Ética Públicas, creada por una ley de ese año, de 2017.
Esta ley tiene una historia cuando menos interesante. En 2017 Podemos propuso una agencia que en su texto inicial pretendía suplantar funciones encomendadas a fiscales y a jueces, creando un comisionado político que, como dijo la señora Allué, que fue ponente de aquella ley, era más parecido a la Stasi que a otra cosa. Violaba el derecho a la intimidad, vulneraba los artículos quince, dieciséis y diecisiete de la Constitución española en las personas que servimos a lo público y también quebraba la división de poderes. Después en ponencia se suavizó un poquitín, pero aun así quedó una ley de control sobre lo que ya está controlado —ahora me explicaré— y además salía extraordinariamente cara a los aragoneses —también sobre esto me explicaré—. Porque ese control, señor Soro, ya lo lleva a cabo la Cámara de Cuentas, lo lleva a cabo el Justicia de Aragón, lo llevan a cabo los juzgados y los tribunales, lo lleva a cabo el Tribunal de Contratos, lo lleva a cabo la Intervención General, lo lleva a cabo el Foro de Contratación, lo lleva a cabo la Fiscalía o lo puede llevar incluso a cabo la Policía Judicial. Pero en aquella época no podían permitir, Podemos en este caso, los cauces democráticos o que fueran los cauces democráticos quienes llevaran a cabo este control y preferían hacerlo ellos mismos. Con lo cual, crearon o intentaron crear esta agencia a través de esa ley, que, como usted muy bien ha dicho, dependía directamente de las Cortes de Aragón. Pero, claro, no solamente este es el problema, sino que, además, había que hacer cuentas. E hicimos esas cuentas y esa agencia para controlar lo que ya está controlado salía alrededor de unos cinco millones de euros. Y yo le pregunto cómo pagarlo. ¿Cómo lo pagamos? ¿Subimos los impuestos a los aragoneses? Yo creo que es lo que ustedes desean, subir los impuestos a los aragoneses. Es decir, subimos los impuestos a los aragoneses para quitarles sus derechos y su libertad.
Miren, al final de esta historia, porque ya se me acaba el tiempo, señorías, nos trasladamos siete años después y usted, señor Soro, que formaba parte del Gobierno de Aragón, y usted, señora Sánchez, que también formaba parte del Gobierno de Aragón, no hicieron nada en siete años para poner en marcha esta agencia y ahora piden que sea un Gobierno del Partido Popular, que no estamos a favor de ella porque, como le digo, en nuestra comunidad autónoma hay otros mecanismos de control y no hace falta hacer otra agencia más para que hagan lo mismo que ya están haciendo esos mecanismos de control, aparte de que, puestos a gastarnos cinco millones de euros, ¿qué quiere que le diga?, yo prefiero dárselo en derechos a los aragoneses que quitárselos en derechos.
Señorías, como siempre, frente a ustedes, frente a su ánimo de controlar y frente a su gasto ilimitado, nosotros defendemos la libertad.
Gracias. [Aplausos].

El señor vicepresidente primero (CELMA ESCUIN): Gracias, señora Marín, gracias.
Pasamos a la votación.
Presentes, cincuenta y nueve. Emitidos, cincuenta y nueve. A favor, veintiocho; treinta y un noes; cero abstenciones. No sale adelante la proposición no de ley.
Turno de explicación de voto.
¿Señor Sanz?
¿Señor Moreno?
¿Soro? Señor Soro.

El señor diputado SORO DOMINGO [desde el escaño]: Sí, presidente. Gracias.
En primer lugar, gracias a los diputados y diputadas de Izquierda Unida, Teruel Existe y el Partido Socialista por apoyar esta iniciativa.
Señor Arranz, sin ánimo de polemizar, de verdad, yo no exijo nada, que me ha dicho: «Usted exige, la izquierda viene a exigir»... Yo no exijo nada. Es una iniciativa que tuve mucho cuidado en redactarla; no puede ser más ligera, menos imperativa. Me faltó pedir perdón por presentarla en el texto. De poco ha servido. Y, señor Arranz y señora Marín, yo sí estuve ocho años en el Gobierno, pero es que este ente no tiene nada que ver con el Gobierno, que depende de las Cortes. Y ahora son ustedes los que tienen mayoría en estas Cortes. Pero, mire, que no sorprende su voto porque el Gobierno PP-Vox de Aragón está a la altura de los Gobiernos PP-Vox de la Comunidad Valenciana, de Baleares o de Murcia. Era previsible que pasara lo que ha pasado.

El señor vicepresidente primero (CELMA ESCUIN): Gracias, señor Soro.
Señor Arranz.

El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS [desde el escaño]: Señor Soro, pues, si somos tan previsibles, no lo traiga si no lo quiere, pero nosotros vamos a seguir siendo previsibles porque somos seguros, somos confiables y votamos en conciencia siempre.
Gracias. [Aplausos].

El señor vicepresidente primero (CELMA ESCUIN): ¿Señora Marín?
Pasamos al siguiente punto del orden del día. No, que no quiere hablar.
Señora Marín.

La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el escaño]: Mire, señor Soro, sí que es verdad que esa agencia después se hizo depender de las Cortes de Aragón, porque cuando se creó no dependía de nadie, o sea, era una agencia que controlaba sin ser controlada. Dependía de las Cortes de Aragón, pero, si hoy el Partido Popular y Vox tienen la mayoría en las Cortes de Aragón, en estos últimos ocho años la han tenido ustedes [aplausos], con lo cual, han tenido ustedes tiempo más que suficiente para crear esta agencia. Ustedes no la han creado porque saben que es extraordinariamente cara, que es una duplicidad de lo que ya se lleva a cabo por otros organismos que están en nuestra comunidad autónoma. Y reitero: prefiero o preferimos el Partido Popular y Vox gastarnos esos cinco millones de euros en darles a los aragoneses lo que necesitan que en quitárselo.
Muchas gracias. [Aplausos].

El señor vicepresidente primero (CELMA ESCUIN): Gracias.
Siguiente punto del orden del día: debate conjunto y votación separada de las proposiciones no de ley 259/24, sobre el rechazo a cualquier tipo de violencia contra quien piensa diferente, presentada por el Grupo Socialista; proposición no de ley sobre la tolerancia y contra la violencia política, presentada por los Grupos Popular y Vox.
Turno único para la presentación y defensa de las iniciativas de los grupos proponentes y, en su caso, para la modificación de los términos de la iniciativa.
En primer lugar, tiene la palabra el señor Villagrasa.