Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

Damos comienzo a la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario [a las diez horas y cuarenta y dos minutos].

En primer lugar, damos la bienvenida al consejero de Presidencia y Justicia y a las personas de su departamento que le acompañan.

El punto uno del orden del día, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, lo dejamos para el final, como viene siendo habitual.

Y damos comienzo al punto dos del orden del día: comparecencia del consejero de Presidencia y Justicia, a petición de seis diputados del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar acerca de la aplicación, grado de desarrollo y afección de la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de la convivencia de los padres, desde su entrada en vigor hasta el momento actual.

Para la exposición, tiene la palabra, por un tiempo de diez minutos, el señor Tomás. Cuando quiera.

Comparecencia del consejero de Presidencia y Justicia al objeto de informar acerca de la aplicación, grado de desarrollo y afección de la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de la convivencia de los padres, desde su entrada en vigor hasta el momento actual.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, señora presidenta, y buenos días.

Buenos días, señor consejero. Le agradecemos su comparecencia a esta comisión a petición del Grupo Parlamentario Socialista.

Hace más de dos años, dos años y medio, se aprobó la Ley de custodia compartida, y entendemos que es tiempo más que suficiente para justificar la solicitud de esta comparecencia, que tiene por objeto conocer el grado de aplicación y desarrollo de la Ley de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres, y que todos conocemos como «ley de custodia compartida», y de cómo esa ley, desde su entrada en vigor, ha afectado positiva o negativamente tanto a padres como, sobre todo, a los menores, a los hijos.

Hace aproximadamente un año, a partir de una interpelación presentada por el Partido Aragonés a usted mismo, tuvimos oportunidad de conocer y recabar algunos datos para tener alguna información sobre esta cuestión, cuando respondía a la interpelante —entonces, señora Herrero— acerca de cómo se estaba desarrollando la aplicación de esta ley, y también sobre los recursos y sobre los medios que desde el Gobierno se habían dispuesto hasta ese momento para hacerla efectiva.

En lo que respecta a esta comparecencia, nosotros no vamos a ir mucho más allá; es lógico que lo único que pretendamos es que se nos proporcione la información necesaria, la información precisa, que no dudamos nos trasladará en el turno de respuesta y de su dúplica acerca del funcionamiento, desarrollo y aplicación en el momento actual de esta ley.

En ese sentido, me permitirá que le planteemos alguna cuestión, señor consejero.

¿Usted considera que desde que se aprobó la ley, hace más de dos años y medio, esta ley cumple con los objetivos que había previsto y, especialmente, con un objetivo fundamental, por encima del resto, que es el de preservar y priorizar la estabilidad y el bienestar del menor?

Una segunda cuestión es si considera usted que con los medios y con los recursos actuales, esta ley se está desarrollando y aplicando de la forma más adecuada. ¿Dispone su Gobierno de algún estudio, de algún informe de las consecuencias que ha tenido para los padres, pero, especialmente, para los menores la resolución de procesos de separación sin mutuo acuerdo, sin pacto entre las partes, tras una sentencia impuesta por el juez de custodia compartida?

¿Considera, señor consejero, que el procedimiento de la mediación está funcionando adecuadamente? Hace un año, usted mismo, en aquella interpelación a la que antes hacía referencia, dijo que no estaba funcionando bien o, mejor dicho, que no estaba funcionando.

Yo creo que todos somos conscientes del aumento de las demandas en la jurisdicción de familia, de los atascos —ha aparecido en los distintos medios de comunicación—, de las listas de espera y de los retrasos a la hora de señalar los juicios. Aunque ha ayudado la ampliación de la dotación de la plantilla de psicólogos en relación a los informes psicosociales para desatascar los juzgados de familia, parece que esto no ha sido del todo suficiente para solucionar los retrasos a la hora de señalar los juicios. Y tampoco parece que la externalización haya contribuido plenamente a desbloquear y resolver el problema de la acumulación de asuntos en los juzgados.

Supongo que comparte con nosotros la preocupación ante la problemática del aumento de las cargas de trabajo en los juzgados de familia. Supongo que comparte también nuestra preocupación ante el bloqueo de los informes y los retrasos que se producen desde que comienza el proceso hasta su resolución. Y ante eso, es lógico que la solución pase por la creación del cuarto juzgado de familia, tal y como se desprende de las conclusiones del decanato de Zaragoza.

Señor consejero, desconozco, desconocemos… Supongo que es plenamente consciente de que la aplicación de esta ley y su puesta en marcha no está satisfaciendo a algunas madres ni a algunos padres. Creemos que usted, igual que nosotros, es consciente que se han constituido algunas asociaciones a partir de la puesta en marcha y desarrollo de la ley, que es consciente también de que la aplicación de esta norma está generando algunos problemas y efectos indeseados entre las partes en conflicto.

Y llegados a este punto, nos enfrentamos a dos cuestiones: por una parte, la de la resolución de los tiempos de espera, la de los atascos, como decía antes, y de las propias listas de espera para los señalamientos. Esta es una cuestión puramente aritmética y cronológica.

Y otra cuestión distinta es la de entrar en el fondo de la aplicación de la ley, y es aquí donde, llegados a ese punto, es inevitable que nos debamos hacer la pregunta de si estamos plenamente convencidos de que actualmente, en función de cómo se está desarrollando y de cómo se está aplicando esta ley para resolver y solucionar los conflictos entre las parejas y, lo más importante, si dos aspectos, uno, el de la vida diaria del menor (el material y el social y psicológico) está garantizado, y otro, si contribuye a garantizar su estabilidad y bienestar, que es por lo que, en principio, se aprobó esta ley con un amplio consenso. Y por otro, si los problemas que genera su aplicación están provocando el efecto contrario. Esa es la duda que después de dos años y medio comenzamos a tener.

Y partiendo de esa realidad, ¿qué fórmulas establecemos para evaluar los resultados, señor consejero? Y ¿qué mecanismos, para asegurar las coberturas de las necesidades físicas y materiales, pero también emocionales de los menores?

Establecer fórmulas y mecanismos que permitan al Gobierno disponer de la información adecuada y actualizada para evaluar el proceso y aplicación individualizada de la norma, debería ser un objetivo a tener en cuenta para garantizar de la forma más adecuada la integridad psicosocial de los menores.

En algún momento, ¿usted mismo se ha referido a algún tipo de observatorio de custodia compartida o algo similar?

Bien, podemos profundizar en ello. Cuente, si es así, con nuestro apoyo, porque entendemos que esta es una cuestión, que es una cuestión muy importante, la aplicación de la ley de custodia compartida, una ley en la que fuimos pioneros y, después de este tiempo, desde que se puso en marcha, es una cuestión que nos preocupa seriamente, y creemos que al Gobierno también, y a partir de ahí, entendemos que desde el Gobierno, independientemente de que es el poder judicial el que tiene que aplicarla, desde el Gobierno se tienen que establecer los medios, los mecanismos y los instrumentos para que esta ley, al final, que es lo que queremos todos, sea una ley que resuelva los problemas y que no cree problemas.

Gracias.

La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, señor Tomás.

A continuación, tiene la palabra, para su respuesta, el señor consejero por un tiempo de diez minutos.

El señor consejero de Presidencia y Justicia (BERMÚDEZ DE CASTRO MUR): Gracias, señora presidenta.

Buenos días a todos.

Señor Tomás, gracias por su exposición y por el tono de la misma.

Yo ya lo dije en la contestación que tuve la suerte de realizar el año pasado, en el mes de abril, a una interpelación de la señora Herrero en Pleno sobre el tema de la custodia compartida y el desarrollo de la Ley de custodia compartida, que para mí fue —ya lo dije entonces— una buena ley. Ya han pasado tres años y siempre es bueno que se haga un diagnóstico de cómo está funcionando la ley, y por parte del Gobierno, no hay ningún problema a hacer un observatorio o a que desde estas propias Cortes de Aragón, que yo pienso que sería lo más oportuno, se hiciese alguna ponencia o algo por el estilo que pudiese determinar cómo va funcionando la Ley de custodia compartida y cómo va evolucionando.

Fue esta Cámara la que puso en marcha una ley que no había en nuestro país, en España, y pienso que deben ser las Cortes de Aragón quienes dispongan de los medios para llevar a cabo una ponencia. Si ustedes determinan que sea el Gobierno quien ponga en marcha un observatorio de la Ley de custodia compartida, el Gobierno no tendría ningún problema en poner en marcha, desde el ámbito del Gobierno, un observatorio e, incluso, si se pidiese que el Gobierno de Aragón hiciese algún tipo de informe acerca de cómo funciona la aplicación de la ley, nosotros no tendríamos ningún problema en llevar a cabo la licitación de un informe para tener todos los datos, ¿no?

También hay que decir, antes de entrar más en profundidad en el tema, algo muy claro, y es la competencia. Es decir, el Gobierno de Aragón es competente en los medios humanos y materiales, en nada más. Ustedes legislan, nosotros ponemos los medios materiales y humanos, y el juez toma la determinación.

Por tanto, cuando en el petitum de la interpelación me preguntan cómo funciona la ley, pues, esa pregunta, que está muy bien formulada, pues, igual usted y yo se la tendríamos que formular, digamos, cuando comparezca aquí el señor presidente del TSJ, que pienso que es lo más oportuno, porque yo simplemente estoy para explicar cómo pone el Gobierno de Aragón los medios materiales y humanos y cómo creo que funciona la ley.

Por tanto, señor Tomás, comparto muchas de sus reflexiones, pero otras, yo pienso que las deberíamos de analizar en otros ámbitos, aunque muchas de ellas las comparto.

Yo, antes de nada y como introducción, diría que en ese momento yo no estaba aquí, pero que he hablado de la Ley de custodia compartida en otras comunidades y con el propio Gobierno de la nación, y yo pienso que era una ley necesaria, ¿no?, y pienso que es una ley positiva, que, como todas las leyes, hace cosas buenas, cosas malas, cosas que han funcionado mejor, cosas que han funcionado peor y, lógicamente, conforme vayamos conociendo más la ley, pues, entre todos… Si no me equivoco —y los que están aquí lo saben mejor que yo—, hubo sesenta y seis votos a favor, es decir, faltó un voto para aprobar la ley por unanimidad; entonces, esto sería para tenerlo en cuenta cuando haya que modificar la ley para que funcione de la mejor manera posible.

Me pregunta usted por el grado de desarrollo. Pues, el cien por cien.

También me pregunta sobre la carga de los juzgados. Hombre, en los juzgados, sí que del año diez al once, hubo un cambio brutal en la carga de los juzgados, aumentó la carga un 48%, una barbaridad —perdóneme la voz, pero tengo una alergia y por eso no hablo muy bien—, aumentó la carga de los juzgados un 48%, sobre todo por los procedimientos de modificación de las medidas, es decir, hubo una carga brutal en los juzgados. Y ya el Gobierno anterior intentó tomar medidas para que esta carga de los juzgados se solucionase, y nosotros hemos seguido trabajando en ellos, ¿no?

Tuvimos un hecho muy claro, tuvimos un atasco importante en los informes psicológicos, y eso no se lo voy a negar, un atasco importantísimo. Nosotros, cuando vimos este problema llegar —y ya digo que el Gobierno anterior estaba trabajando en ello—, tomamos dos medidas: una fue aumentar la RPT del Gobierno, más psicólogos, en dos plazas más, y otra cosa que hicimos fue, puntualmente, contratar a una empresa para que hiciera informes. Con eso pretendíamos dos cosas: que no siguiese creciendo la lista de informes —luego le daré los datos que tengo— e intentar bajar la lista pendiente de informes. Lo hemos conseguido a medias, es decir, hemos conseguido que no siguiese subiendo la lista de espera, pero yo tengo que decir que no hemos conseguido, en la medida de nuestros objetivos, rebajar la lista de espera de informes. Por lo tanto, habrá que reforzar más este tema.

En enero del año 2011, la lista de informes pendientes era de ciento treinta y uno. Esto fue un crecimiento exponencial hasta llegar al punto máximo, que fue en julio de 2012, con una lista pendiente de trescientos cincuenta y nueve informes. Es decir, desde que empezó la ley, la lista de informes subía exponencialmente y, a finales del año pasado, estaba en torno a doscientos sesenta y nueve. Es decir, conseguimos parar la sangría de que hubiera más lista de espera, conseguimos rebajar entre un 15 y un 20% la lista de informes pendientes, pero no hemos cumplido todos los objetivos de rebajar al cien por cien la lista pendiente de informes. Pero es uno de los temas que debemos de seguir intentando.

Por ejemplo, otro dato: a finales de 2011, los pendientes eran doscientos noventa, con un incremento de casi ciento ochenta en un año, y a finales de 2012, los pendientes eran doscientos sesenta y nueve. Con lo cual, de una manera muy importante, se ha llevado a cabo no la entrada de nuevos informes, pero no hemos logrado los objetivos, que sin duda uno de los principales es conseguir, de una vez por todas, rebajar esta lista de espera, y lo que vamos a hacer es llevar a cabo más contrataciones para intentar rebajar esta lista.

¿Por qué lo hacemos por esta vía? Nosotros, con el atasco de los juzgados, teníamos dos opciones: o reforzar los juzgados... Abro un paréntesis: yo estoy a favor de que haya un juzgado de familia más, no es competencia del Gobierno de Aragón, pero estamos de acuerdo en ello, estamos de acuerdo en que haya un juzgado más. Como decía, teníamos dos opciones: o reforzar con personal los juzgados o, como he dicho, reforzar vía informes.

Nosotros tenemos, hoy por hoy —la Administración de Justicia del Gobierno de Aragón no ha sufrido ningún ajuste de personal—, veinte personas de refuerzos. Estas veinte personas de refuerzos en los juzgados determinan dónde los ponemos en la comisión mixta entre los jueces y el Gobierno de Aragón; ahí determinamos el reparto de estas veinte personas. Por ejemplo, cinco van al Juzgado de lo Penal de Huesca. Reforzamos lo mercantil mucho también. O sea, reforzamos los juzgados en función de las necesidades de los juzgados, y entre ambas partes determinamos no reforzar los Juzgados de Familia. Y entonces, para mejorar su funcionamiento, lo que hicimos fue reforzar el tema de los informes.

Ese tema continúa igual, es decir, seguimos teniendo las veinte personas en refuerzo, no en familia, y seguimos reforzando el tema de los informes con un coste no muy amplio para el Gobierno de Aragón (no llega a los cien mil euros), pero sí que tenemos previsto que de aquí a final de año tengamos que reforzar el tema de los informes para conseguir que este atasco siga mejorando.

Me pregunta usted también por el tema de la mediación. Y le digo lo que le dije en la anterior comparecencia, que la mediación no acaba de funcionar. Es decir, los datos de mediación ya es una asignatura pendiente que nos tenemos que poner; la mediación, igual que con el anterior Gobierno, la mediación no funcionaba todo lo que debería de funcionar, tampoco funciona muy bien ahora. ¿Ha mejorado? Sí que ha mejorado, pero no ha mejorado todo lo que debería de mejorar. Yo, más claro no lo he podido decir.

Les pongo datos del año 2012: hubo veintiocho asuntos que fueron a mediación. De estos veintiocho, veintiséis concluyeron la mediación; en trece, hubo acuerdo; cuatro, hubo acuerdo parcial; en nueve, no hubo acuerdo, y dos están en proceso. Por tanto, los datos son escasos. Yo pienso que la mediación, sin duda, y ahora más, debemos intentar por todos los medios que los casos de mediación vayan mejorando para lograr que cada vez más temas se resuelvan por mediación.

También hubo un acuerdo en Cortes para que lleváramos a cabo una acción normativa, un protocolo de actuación en el tema de la mediación. Y también la directora general dictó una resolución el 2 de abril del año 2012 en la que se establece la organización y el funcionamiento de la gestión del apoyo técnico psicosocial de las unidades administrativas en materia de familia y en los juzgados y tribunales de Zaragoza. Se publicó el 24 de abril del año doce. Por tanto, también cumplimos el mandato de las Cortes en llevar a cabo esta resolución.

Digamos que estos son los temas que estamos manejando nosotros hoy por hoy en lo que es custodia compartida. Es decir, la ley, a nuestro juicio, sí que funciona bien; sí que deberíamos llevar a cabo un estudio profundo de la ley entre todos para ver cómo la podemos mejorar. Yo les propongo que si quieren hacer aquí algo desde las Cortes, si no hacemos un observatorio desde el Gobierno y el Gobierno, si hace falta que haga un informe, lo hará sin ningún tipo de problema.

Con respecto a los medios materiales y humanos, hemos tenido dificultades en el refuerzo de los juzgados, no podemos reforzarlos; hemos tenido también dificultades en el tema de los informes, aunque estamos reforzándolos y hemos conseguido que no aumenten y están bajando un poco. Vamos a seguir trabajando por ahí. Se nos pidió la acción normativa, y la hemos hecho, y vamos a reforzar la materia de mediación.

Usted me pregunta —y ya paso a la serie de preguntas que me ha hecho usted— por el tema de un informe sobre los datos de que disponemos. El Gobierno de Aragón como tal no dispone de datos, pero los hemos pedido al Consejo General del Poder Judicial, a la Oficina de Estadísticas. Están pedidos los datos por parte del Gobierno de Aragón y en cuanto los tengamos, se los pasaremos a los grupos parlamentarios, los datos como tal.

Hay un informe propio hecho por Molins —no sé si lo conocen ustedes—, un informe no muy detallado, pero un muy buen informe sobre la custodia compartida, que si no lo tienen ustedes, también el Gobierno de Aragón lo pondrá a su disposición.

Me pregunta si los medios actuales que pone el Gobierno de Aragón en el ámbito de la justicia son los necesarios. Hombre, yo pienso que el Gobierno de Aragón, tanto el anterior como este, han hecho un esfuerzo importante por poner en marcha esta ley y por reforzar todos los aspectos necesarios para que esta ley funcionara bien. Y, por tanto, yo creo que el Gobierno de Aragón sí que está cumpliendo para que esta ley funcione lo mejor posible.

Lo del cuarto juzgado de familia, le digo que estamos de acuerdo, y si se cumplen los objetivos, lo que le decía al principio: yo pienso que es muy bueno que entre todos hagamos un análisis de cómo funciona la ley. Yo pienso que la ley era una ley oportuna, era una ley importante, incluso, cuando nos hemos reunido con el Ministerio de Justicia, nos han pedido datos de cómo funciona la ley en Aragón para ponerla en marcha en más ámbitos de nuestro país. Por lo tanto, entiendo que es positivo reforzarla, mejorarla e intentar por todos los medios que cada día sea mejor.

Me dice usted que se han creado plataformas y asociaciones de afectados, que alguna de ellas, incluso, se ha reunido con la directora general hace poco, ¿no? Sí que es cierto, pero quien toma las decisiones no es el Gobierno ni son los grupos; es otro poder, que es quien toma las decisiones en cada uno de los casos.

Y, por tanto, ya para ir terminando, le digo lo que le he ido reiterando en esta comparecencia: el Gobierno de Aragón pone todo lo que puede y está en su mano, digamos que aporta todo lo que está en su mano para mejorar los medios y para que cada día, pues, en este caso, la custodia compartida vaya lo más rápido y lo mejor posible. Desde estas Cortes se hizo un buen trabajo, y seguiremos trabajando entre todos, pues, para conseguir que esta ley sea cada día una ley, como fue en su momento, nueva, una ley completamente diferente y una ley que ponía a Aragón en un horizonte que antes no tenía.

Muchas gracias.

La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, consejero.

Es el turno de réplica del señor Tomás por un tiempo máximo de cinco minutos.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias.

Supongo, señor consejero, que estará de acuerdo con nosotros en que no es lo mismo hablar de custodia con acuerdo previo entre las partes que cuando lo hacemos a partir de la imposición de la custodia compartida por vía judicial sin acuerdo de las partes, sin acuerdo de los progenitores, y partiendo, además, de un clima con un alto índice, normalmente, de conflictividad y de tensión.

Desde nuestro grupo, entendemos —faltaría más que no lo entendiéramos así— que la aplicación de la norma, como usted decía, no es competencia del Gobierno, evidentemente. Además, entendemos que la aplicación de la norma es complicada, puesto que hace referencia al derecho de familia, que es un derecho, digamos, difícil de homogeneizar. Y también insisto que su aplicación corresponde al poder judicial, que es quien tiene la competencia exclusiva. Pero de la misma forma, también entendemos —vuelvo a insistir— que es al Gobierno de Aragón a quien le corresponde disponer de los medios e instrumentos necesarios para que su aplicación se realice de la forma más correcta y más efectiva en las mejores condiciones, con un objetivo básico, que es el de priorizar ante todo la estabilidad y el bienestar del menor, de los hijos.

¿Cuál sería la situación ideal? La situación ideal sería la del acuerdo entre las partes, pero, lamentablemente, en muchas ocasiones, el juez está considerando la custodia compartida sin acuerdo como única opción ante el desacuerdo entre los progenitores. Ante ello, insistimos, el Gobierno debería buscar fórmulas para garantizar que, una vez dictada sentencia, el bienestar del menor esté salvaguardado.

Evidentemente, nos preocupa que se busquen fórmulas. La ampliación de la dotación de la plantilla de psicólogos, que es una fórmula que ha permitido elaborar y desatascar una parte de los informes psicosociales en los juzgados de familia para intentar evitar los retrasos a la hora de señalar los juicios, bueno, es una medida, no suficiente —usted mismo lo ha reconocido—, pero es una medida. Por tanto, le decía antes que nos preocupa —es una cuestión puramente cronológica y aritmética, la del número de expedientes—, nos preocupa que los expedientes se resuelvan, pero lo que nos preocupa más es que estos expedientes se resuelvan bien, que estos informes psicosociales se realicen correctamente, que se resuelvan bien. Y para eso se precisan especialistas, se precisan profesionales suficientemente preparados en este tipo de cuestiones.

Yo creo que este es un debate, el de las consecuencias de la aplicación de la ley y su incidencia, que está y va a estar presente en todo el proceso y desarrollo de la aplicación de la norma. Y es importante enfrentarse a este debate, enfrentarse a él, y hacerlo con planteamientos, digamos, no excluyentes, buscando soluciones de interés y —volvemos a insistir— atendiendo siempre al interés y al bienestar del menor.

Le cogemos la palabra en el sentido de que parece que desde el Gobierno están dispuestos a buscar algún tipo de fórmulas que permita hacer un seguimiento exhaustivo de la aplicación de la ley. La del observatorio podría ser una fórmula; vamos a ver si podemos avanzar en ese proceso. Esperaremos también los datos que ustedes nos puedan facilitar, cuando dispongan de ellos, a través del Consejo General del Poder Judicial.

No estaría mal que desde el Gobierno se avanzara y se planteara, independientemente de que no es una competencia del Gobierno, pero ustedes sí que pueden ayudar a la creación de ese cuarto juzgado de familia. Entendemos que podría ser muy positivo, sobre todo de cara a la nueva previsión que hay, con los nuevos espacios en la Ciudad de la Justicia. Y poco más, señor consejero.

Yo creo que desde el Gobierno tienen una preocupación que coincide con la nuestra, que es que disponemos de una ley, una ley que se aprobó hace dos años y medio; que cuando se aprobó entendíamos que podía ser una buena ley, que bien aplicada podría resolver problemas, no crearlos. Y, desde luego, a fecha de hoy y en vista de cómo se han desarrollado las cosas, de los atascos en los juzgados, de los retrasos en los informes, de la problemática que ha surgido en la aplicación de las distintas sentencias, nos preocupa —insisto— que sean, al final, los menores los paganos de una mala aplicación de la propia ley por falta, en este caso, de los medios suficientes. Esperamos que el Gobierno tome buena nota de ello y que disponga de los instrumentos, de los medios humanos y materiales para que la ley se desarrolle y se aplique de la forma más correcta.

La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, señor Tomás.

A continuación, es el turno de dúplica del consejero por un tiempo de cinco minutos.

El consejero de Presidencia y Justicia (BERMÚDEZ DE CASTRO MUR): Gracias, señora presidenta.

Señorías, cuando al principio hacía usted su reflexión inicial acerca de que la aplicación de la ley es complicada, dificultosa, nosotros compartimos absolutamente ese aspecto. Digamos que es una ley que en su aplicación, sin ninguna duda, tiene un punto de hecho complicado, de hecho dificultoso, y, sin ninguna duda, en algunos casos no exento de polémica, ¿no?

También comparto absolutamente que es mucho mejor que haya un acuerdo entre partes a que se llegue a una determinación judicial. Ojalá, ojalá que en todos estos supuestos de custodia se llegase a un acuerdo entre partes. Pero todos conocemos cómo se llega en muchas ocasiones a ese punto, donde prácticamente las relaciones son nulas. Y, por tanto, todos sabemos lo complicado que es en este caso que haya un acuerdo entre ambas partes para la custodia del niño, ¿no? Por tanto, es un tema muy dificultoso y con muchas dificultades.

Tema de los informes, que ya tuve ocasión de decirlo en la interpelación. O sea, el Gobierno de Aragón no se va a meter en qué línea van los informes. Pero, a ver, los informes los hacen psicólogos, buenos profesionales, gente preparada, gente que se dedica a eso, a hacer informes psicológicos. Es que no podemos —usted no lo ha hecho, ¿eh?—, no podemos poner en duda cómo están hechos estos informes, ni podemos pretender que los informes digan lo que queremos que digan nosotros. Oiga, son informes que hacen los profesionales. Además, me dicen: «¿Se resuelven bien?». Los informes dicen lo que dicen, porque los hacen profesionales. Y, por tanto, el Gobierno de Aragón, en ningún caso, en ningún caso se va meter en lo que dicen los informes. Faltaría más, que nos metiésemos en lo que dicen los informes de los psicólogos.

Acerca del cuarto juzgado, estamos a favor, igual que estamos a favor de los de Huesca. Es decir, el Gobierno de Aragón lo ha pedido y lo seguirá pidiendo, pero como no es competencia nuestra… Nosotros tenemos conocimiento de que el Gobierno de España no tiene intención de crear nuevos juzgados. A nuestro juicio, se equivocan, se equivocan, y entendemos que existen casos en los que es necesario ponerlos en marcha. El Gobierno de España se equivoca al no poner en marcha estos dos juzgados que son muy necesarios por el nivel de atasco que hay en los mismos.

Hombre, yo no creo que la custodia compartida en Aragón funciona mal porque el Gobierno de Aragón no pone los medios necesarios para que funcione bien, no es así, es decir, con muchos menos medios, con el anterior Gobierno, la custodia compartida funcionaba bien, y nosotros lo que hemos hecho es aumentar casi un 25% los medios para que funcione mejor si cabe. Es decir, se pone en marcha una ley, con una serie de medidas, y una de ellas supuso que hubiera muchas más peticiones de modificaciones de las custodias, con lo cual se pidieron muchos más informes, hubo un atasco tremendo en la anterior legislatura, que intentó solventarlo el Gobierno anterior, que no se quedó parado tampoco, y nosotros estamos intentado resolver ese problema. Pero de ahí a decir que la custodia compartida en Aragón no funciona bien porque el Gobierno de Aragón no pone los medios materiales, pues, hombre, no es así del todo, vamos, no es así del todo. Es decir, el Gobierno de Aragón pone todos los medios necesarios que puede hoy por hoy para que la custodia compartida funcione de la mejor manera posible.

Y lo dicho, nosotros seguiremos apostando por intentar desbloquear por todos los medios el tema de los informes. En cuanto tengamos capacidad para poder reforzar los juzgados de familia, los reforzaremos, siempre con el acuerdo de la comisión mixta entre el Gobierno de Aragón y el Consejo General del Poder Judicial, pero si no hay acuerdo en esa comisión, nosotros no cambiaremos el criterio, y entendemos que sí que es una buena idea que desde aquí o desde el Gobierno, que entre todos decidamos cuál es la mejor manera de conseguir tener un observatorio o una forma de saber exactamente cómo funciona la aplicación de la custodia compartida.

Muchas gracias.

La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, señor consejero.

Seguidamente, es el turno de intervención de los representantes de los grupos políticos, por un tiempo máximo de cinco minutos cada uno, para solicitar aclaraciones o formular preguntas sobre la información facilitada por el consejero.

Es el turno de la señora Luquin, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, señora presidenta.

En primer lugar, dar la bienvenida al consejero y a las personas que le acompañan y agradecerle la información y, sobre todo, la sinceridad. Es decir, no tienen medios, los informes siguen todavía con un atasco de doscientos sesenta y nueve, la necesidad de la creación de un nuevo juzgado de familia, que el Gobierno central se equivoca. Le agradezco la sinceridad. Algún tipo de medida, algún tipo de actuación concreta habrá que hacer, partiendo de la base de que este grupo parlamentario no está de acuerdo con esta ley, no estuvo cuando se promulgó, y no estamos de acuerdo con esta ley; no con la custodia compartida, que es diferente. No estamos de acuerdo en cómo se regula la custodia compartida en esta ley, y el tiempo, lamentablemente, nos está dando la razón. Hay sentencias que son auténticos despropósitos, despropósitos, porque lo que no se está teniendo en cuenta es el interés superior del menor, su bienestar y su estabilidad.

Por lo tanto, tenemos que partir de la premisa de si la ley ha cumplido el objetivo que en teoría tenía que marcarse, que era garantizar el bienestar y la estabilidad del menor y que por encima de cualquier cosa primara el interés del menor, y usted sabe que en muchos casos no está siendo así. Se está dando una segunda oportunidad a alguno de los progenitores para que pueda ejercer de tal, negando una realidad, que los progenitores somos antes, durante y después. Por lo tanto, no se tiene en cuenta el interés del menor en muchos casos, y de ahí, los graves problemas de sentencias que en estos momentos son absolutos despropósitos, porque la ley dice que tiene carácter preferente la custodia compartida, pero el problema es que se está convirtiendo prácticamente en una custodia obligatoria.

Nosotros le pedimos una relación de saber cuántas sentencias en custodia compartida individualizada por juzgados había dado, nos contestaron que no tenían competencias, pero que, a través de esa nueva información que han solicitado, nos gustaría saberlo. Sabemos que luego los jueces aplican las leyes como las aplican, pero también nos consta que se aplican de diferente manera en un juzgado o en otro, dependiendo también de la sensibilidad de cada juez.

Y el problema que tenemos es que estamos hablando de menores, que no se pueden hacer experimentos con ellos, que no se pueden hacer experimentos con ellos, y nos tememos que en este Gobierno y que en la pasada legislatura, sobre todo, en la pasada legislatura, lo que primó fue hacer una ley rápida, con una tramitación exprés, con la que no estábamos de acuerdo, frente a tener una buena ley de custodia compartida, y las prisas suelen ser malas consejeras, pero cuando, desde luego, se va a legislar, mucho perores. Y aquí se quisieron apuntar algunos el tanto de tener la primera ley y no preocuparse de que fuera una buena ley de custodia compartida. Porque en estos momentos, en esta comunidad autónoma, no se está aplicando la ley, no se está aplicando la custodia compartida, se está aplicando la custodia partida o repartida, que es otra cosa muy diferente, y, desde luego, creo que ese no era el objetivo para poder garantizar la mejor estabilidad y bienestar del menor. Custodia compartida es una cosa y custodia partida o repartida es otra, que es lo que en estos momentos tenemos.

Porque, ¿cómo se puede explicar una ley a la que le da igual que el menor tenga cero meses, un mes o doce años, que sea exactamente igual, y no se tenga en cuenta la opinión del menor en ciertos casos? Hay sentencias que, con bebés, se está aplicando la custodia compartida, y usted lo sabe, con bebés, y con niños de un año y de dos años, se está aplicando la custodia compartida. ¿Cree que eso, de verdad, es garantizar el bienestar y la estabilidad del menor? Se están aplicando custodias compartidas incluso en contra de los informes psicosociales; en contra de los informes psicosociales se están aplicando también custodias compartidas.

Por lo tanto, nos encontramos, desde luego, con una indefensión absoluta y creemos que es el momento de rectificar y de modificar la ley, que la ley se convierta realmente en eso, en que se pueda garantizar el interés y el bienestar del menor y que la custodia compartida se pueda ejercer como tal. Porque nos estamos encontrando con sentencias en las que el menor duerme en casa de un progenitor un día y al siguiente en casa del otro, y resulta que la persona que se divorcia tiene que ver más a la otra persona que cuando estaba casada. ¡Es un auténtico despropósito también!

La corresponsabilidad se ejerce, insisto, durante el matrimonio y luego, pero lo que no puede ser en estos momentos, que se ha querido teñir y tildar de una ley de igualdad, es que se parte de situaciones de desigualdad. Porque usted sabe que cuando una situación de partida es de desigualdad, aplicar políticas de igualdad o leyes de igualdad lo que hace es acrecentar la desigualdad. Y a día de hoy, seguimos acrecentando la desigualdad, porque no es verdad que estemos en posiciones de igualdad el hombre y la mujer. No es una ley progresista ni es una ley que trabaje y que garantice la igualdad entre hombres y mujeres, no es verdad, y es lo que se quiere vender.

Porque, además, es una ley que para ver cuándo se nombra el interés del menor nos tenemos que bajar casi al artículo 5, y eso significa algo, porque no es el objetivo de la ley.

Por lo tanto, yo creo que en estos momentos, sabiendo que hay atascos, sabiendo que los informes psicosociales se están haciendo como se están haciendo, muchas veces porque tienen la capacidad que tienen para poderlos hacer, porque hay ese atasco, y muchas veces no es a qué velocidad sacas los informes, sino cómo se están haciendo. Hay muchísimas quejas de los informes psicosociales, de cómo se están haciendo, pero es que, además, incluso con informes psicosociales positivos, el juez decide que va a dar una custodia compartida, porque le quiere dar una oportunidad a uno de los progenitores para la corresponsabilidad que no ha ejercido anteriormente. No tiene ningún sentido, ¡no tiene ningún sentido!

Yo creo que en estos momentos la capacidad que tiene esta Cámara es la de modificar la ley. Y yo creo que es el momento de modificar la ley, de tener la oportunidad de hacer una ley que garantice de verdad lo que significa la custodia compartida, que tenga como objetivo prioritario el interés del menor, su bienestar y su estabilidad, y eso sí que lo podemos hacer aquí, porque puesta en marcha y en funcionamiento esta ley, sabemos que no está cumpliendo el objetivo por el que, en teoría, se promulgó esta ley. Y los que están sufriendo son menores de edad en estos momentos.

En otros países, usted sabe que con el tema de custodia compartida, como ya llevan más tiempo desarrollándolo, se está echando marcha atrás, porque se está viendo que no está repercutiendo de forma positiva en los menores.

Por no entrar a valorar lo que, a veces, detrás, y por deformación profesional, sé yo lo que supone en un despacho negociar o no los convenios reguladores, porque se utiliza el tema de la custodia compartida y el solicitar la custodia como un chantaje, muchas veces, como chantaje, a la hora de negociar pensiones de alimentos, a la hora de negociar la casa, y lo sabemos las personas que hemos trabajado en esto y los que tenemos despacho, sabemos cómo funciona y para qué se utiliza. Por lo tanto, muchas veces se hace un uso perverso de lo que significa custodia compartida, porque no es el objetivo el interés del menor, sino que es otra cosa.

Por lo tanto, hay una grave indefensión en estos momentos. Sinceramente, creemos que se quiso avanzar y ser los primeros, y lo que teníamos que haber intentado es ser los mejores y haber hecho una buena ley, una ley que garantizara realmente que lo que prima es el interés del menor.

Porque, además, no sé dónde está escrito que con custodia individual o con los regímenes de visita no se tiene derecho a participar en la vida activa del menor, que parece que la custodia individual es que se la daban a alguien y con la custodia individual no volvías a ver al menor, y eso no es verdad. Porque en este país, además, existe lo que es la custodia…, y, por otro lado, tenemos luego lo que son las decisiones importantes que se toman conjuntamente. Nadie, ni una parte ni la otra pueden tomar decisiones importantísimas por parte del menor sin contar con la otra parte. Por lo tanto, no es verdad.

Hay una diferencia entre custodia y patria potestad, cosa que no existe en otros países; y aquí la patria potestad ha sido compartida casi en el 99% de los casos. Y la custodia era otra cosa. Y aquí se ha intentado mezclar lo que era la patria potestad con la custodia.

Y en estos momentos, insisto, tiene la Asociación de Custodia en Positivo, que yo sé que ustedes la conocen, y están viendo sentencias que son un auténtico despropósito a la hora de aplicarlas, que significan una inestabilidad absoluta en el menor y no dejar margen a que las personas tengan derecho a rehacer su vida.

Por lo tanto, yo creo que estamos en el momento en esta Cámara de poder modificar esa ley para que cumpla el objetivo que debería cumplir, que realmente se pudiera aplicar efectivamente una custodia compartida.

Y el problema —lo dijimos ya la pasada legislatura— es que empezamos a hacer la casa por el tejado. De lo que hay que hablar y en lo hay que insistir es en el tema de la mediación. La mediación es fundamental para la resolución de los conflictos de forma positiva y entre las partes, y aquí lo hemos hecho al revés: no tenemos tradición, ni cultura, ni mediación, pero sí que hemos decidido poner por ley el tema de la custodia compartida, y deberíamos haber empezado al revés, por trabajar con el tema de la mediación para intentar garantizar que se pueda llegar a acuerdos, que sí que son los que permiten luego, de verdad, poder ejercer la custodia compartida.

Cuando hay una custodia compartida mediante imposición en la que las dos partes, además, están eternamente en conflicto, hace inviable que la custodia compartida se pueda ejercer como tal; se ejerce otra cosa, que puede ser la custodia repartida o la custodia partida, y, desde luego, yo creo que ni era el objetivo —quiero pensar— de la ley, y quiero pensar que no es el objetivo para seguir manteniéndola.

Por lo tanto, creemos que ha llegado el momento de hacer una rectificación, una modificación de la ley para que los casos se vean individualmente, para que el carácter preferente no signifique que sea un carácter obligatorio y que se tenga en cuenta de verdad el interés del menor por encima del derecho de los progenitores a poder compartir la custodia.

Porque vuelvo a insistir que hay una falacia en la que se insiste que parece que si no tienes custodia compartida no tienes derecho a participar en la vida de tu hijo. Absolutamente falso, ¡absolutamente falso!

Hay regímenes de visitas…

La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Señora Luquin, le ruego que vaya terminando.

La señora diputada LUQUIN CABELLO: … que permiten —voy terminando— absolutamente el poder seguir formando parte de la vida del menor. Por lo tanto, yo creo que en estos momentos, insisto, sería interesante, una vez viendo cómo se está aplicando y yo creo que, realmente, no ha cumplido el objetivo único e importante, que debería ser el del interés del menor, que se modificara para que la custodia compartida sea exactamente eso y no lo que estamos viendo en estos momentos y en lo que está convirtiéndose muchas veces, en chantaje y, muchas veces, utilizando a los menores como arma arrojadiza en conflictos entre parejas.

Por lo tanto, le pediríamos desde este grupo parlamentario que se pudiera valorar la posibilidad de poder llevar a cabo la modificación de la ley.

La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, señora Luquin.

A continuación, es el turno de la señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora presidenta.

Buenos días, señor consejero. Y quería dar también la bienvenida a las personas que le acompañan.

Es muy preocupante que desde el propio Gobierno de Aragón se reconozca que, efectivamente, hay un problema real en la aplicación de la ley. Las consecuencias de la aplicación de la ley en estos momentos están trayendo problemas a familias, a personas y, fundamentalmente, en este caso, a menores, y ha pasado, ha transcurrido el tiempo suficiente como para que podamos hacer una reflexión sobre ello.

Usted se resiste a pensar que se puedan poner en marcha más recursos en estos momentos, y se ha referido al hecho de que el Gobierno está poniendo en marcha todos los recursos que puede, pero, sinceramente, hay que deducir que los recursos que se están poniendo en marcha no son suficientes. Y en estos momentos, estamos hablando de un tema en el que no podemos decir que aparcamos los problemas dos años o tres años, porque estamos hablando en muchos casos de menores que para los que un año, dos años, tres años, es toda una vida, y las relaciones familiares en este sentido tienen que ser consideradas como una prioridad.

Y que hay problemas, pues, nos lo reconoce usted, lo reconocen las personas que están implicadas personalmente en este tipo de casos y nos lo traen aquí a estas Cortes también las asociaciones, como ya se ha referido el anterior interviniente, la Asociación Custodia en Positivo. Pero, bueno, creo que todos conocemos a parejas que pueden estar pasando problemas, algunos lo resuelven y hay quien no lo puede resolver, y en estos casos, se están dando, en ocasiones, muy malas soluciones.

No se está garantizando con las sentencias actuales la cobertura de las necesidades físicas y emocionales de los menores, y con que hubiera un caso que no estuviera en estos momentos garantizando, ya sería suficiente como para intentar ver qué es lo que hay que mejorar. Esa es la cuestión, pero no es un caso, es bastante más de un caso.

La idea de la supervisión periódica de las medidas y, sobre todo, de la aplicación de la ley, yo creo que, de alguna forma ya, viene apareciendo en los últimos debates y, de hecho, en el debate que tuvimos el año pasado, pues, también salió a la luz y, al final, no sé, pero la cosa quedó un poco allí en el aire. La iniciativa que trajo en aquellos momentos el Grupo Aragonés con su interpelación y con la moción posterior sirvió —es cierto— para que pudiéramos abordar los problemas que podían estar surgiendo, y fue una pena que no se pudiera alcanzar un acuerdo sobre esta propuesta que usted está lanzando, que la realizó en aquellos momentos mi grupo parlamentario. Pretendimos que se pudiera mejorar o completar, en cualquier caso, centrar más el texto de la moción, incorporando un aspecto concreto con la idea de que se pudiera constituir una ponencia, una comisión especial para valorar el desarrollo de la ley. No fue asumida, no fue aceptada por el grupo que planteaba la iniciativa, y yo, en este caso, como portavoz de mi grupo, lo lamento, porque estábamos hablando en aquellos momentos…, podía ser mayo del año 2012 y, hombre, desde mayo del 2012 hasta abril del 2013, un año. Luego estamos perdiendo un año tontamente, porque ya llevábamos casi dos años de aplicación de la ley.

¿Qué es lo que nos parecía en aquellos momentos cuando ya estábamos debatiendo claramente sobre la propuesta? Pues, en primer lugar, que no se trataba de poner en tela de juicio la profesionalidad de las personas que están trabajando en la emisión de informes, en todo el proceso, evidentemente, y sí que el texto daba a entender que podían existir malas prácticas. Desde luego, creo que era un mal arranque. Y lo mismo sucedía con las normas de funcionamiento.

¿Qué era importante? ¿Qué sigue siendo importante, sobre todo, para mi grupo parlamentario? Que se dé cumplimiento al artículo 6.3 de la ley. Es decir, que antes de que se pueda adoptar la decisión, el juez, antes de que pueda adoptar su decisión sobre la guarda o sobre la custodia, ya sea de oficio, ya sea de parte, pues, que recabe, que pueda recabar los informes médicos, sociales o psicológicos de especialistas debidamente justificados e independientes relativos a la idoneidad del modelo, al ejercicio de la autonomía familiar y del régimen de custodia de las personas menores. Pero para eso hace falta tiempo, para eso hace falta dedicación, para eso hacen falta medios fundamentalmente y también hace falta formación de los profesionales. Y no lo hay, porque hay informes que se resuelven en dos patadas, valga la frase coloquial, pero es que es así, y no creo que debiera ser así. Tampoco sucede igual en todos los ámbitos, y tampoco, en este sentido, todos los jueces actúan de la misma manera.

Está claro que el termómetro no es que haya más custodias compartidas; esa, desde luego, es una idea que creo que tenemos que tener bien centrada, pero que las que se vayan a plantear se hagan en condiciones, y se hagan siempre pensando en el interés de las personas menores.

Por lo tanto, si se tiene que plantear una revisión o una modificación de la ley, desde luego, desde mi grupo, vamos a reiterar en estas cortes formalmente la constitución de un ámbito de trabajo para que se puedan escuchar a todas las partes, que fue lo que propusimos inicialmente en aquel mayo.

Claro, desde entonces ustedes estas propuestas que traen los grupos que apoyan al Gobierno las sacan adelante con el voto que les da la mayoría, pero es que de entonces a ahora, me gustaría saber qué es lo que se ha conseguido después de la aprobación de aquella moción, qué ha cambiado en las normas en ese protocolo de funcionamiento que a raíz, también, de una enmienda que realizó el Partido Socialista y que fue aceptada se podía plantear.

¿Se ha decidido o no se ha decidido incluir que la aprobación de los informes sea, por ejemplo, de forma colegiada? ¿Sí o no?

Se hablaba mucho de calidad técnica en los criterios que se podían utilizar. ¿Qué cambios ha habido? Porque, ¿de qué sirve entonces que desde el propio Gobierno, de los grupos que apoyan al Gobierno, se traigan a estas Cortes debates y, un año después, realmente, no haya habido ninguna valoración sustancial a raíz de esos acuerdos adoptados y se rechacen iniciativas también de la oposición?

Bueno, pues, creíamos entender que las cosas no se hacen así —sigo pensando que no se hacen así—, pero pensamos que podía haber habido ahí un margen de trabajo, un toque de atención para el propio Gobierno. Creo que no ha sido así, porque usted reconoce, y también entiendo que con mucha sinceridad, que las cosas no son lo que deberían ser, pero, claro, ¿y qué? ¿Qué hacemos con eso, señor consejero? Porque, si un año después, seguimos diciendo lo mismo que decíamos en mayo, es que estamos perdiendo el tiempo. Insisto: yo creo que en esta situación y en estos temas, hay que tener muchísimo cuidado y, por lo tanto, desde luego, espero que los grupos que respaldan al Gobierno respalden, a su vez, la propuesta que planteará mi grupo, porque entiendo que debería de ser así.

Posiblemente, los resultados, las conclusiones de esa ponencia, de esa comisión especial, deberían llevar una modificación de la ley, pero escuchemos a todo el mundo, porque, si no, estamos aquí contándonos las cosas en los grupos parlamentarios y no resolvemos las necesidades y los problemas que se están dando en estos momentos en la vida real. En la vida real, problemas como, por ejemplo, que no haya custodias revisables en todos los casos, que dependa mucho de los jueces y de los juzgados, que se estén determinando custodias compartidas sin hablar con los progenitores, que a veces los abogados se pongan de acuerdo antes incluso de que el juez escuche a los padres y las madres... Eso es fuerte, pero, claro, eso se está denunciando. Hay que pensar que cuando se denuncia, algo tiene que haber por detrás o, por lo menos, a mi grupo sí que nos importa conocerlo...

La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Señora Ibeas, le ruego que vaya concluyendo, por favor.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Concluyo.

En este sentido, le insto a que también desde el propio Gobierno realicen cuanto antes una valoración seria de la aplicación de esta ley, porque espero que también puedan venir a planteárnosla aquí pronto a estas Cortes.

Muchas gracias.

La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, señora Ibeas.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, tiene la palabra el señor Boné.

El señor diputado BONÉ PUEYO: Muchas gracias, señora presidenta.

Buenos días, señor consejero.

Bienvenido a usted y a la parte de su equipo que le acompaña en esta comparecencia, y muchas gracias por los datos que nos ha aportado, por la información que ha aportado.

Bien, parece ser que el objeto de la comparecencia, por lo que ha explicado el portavoz del Partido Socialista, era ver si la aplicación de la ley..., o sea, si la ley cumple los objetivos para los que fue aprobada, y si la ley ha venido a resolver los problemas que existían o ha venido a agravar las situaciones problemáticas que existían antes de la ley, según ha entendido este portavoz, cosa que agradezco en cuanto a la aclaración que ha hecho el portavoz del Partido Socialista, que no son otros que los beneficios a favor del menor, es decir, preservar al menor como objetivo fundamental y también respetar los derechos y deberes de los padres, de los progenitores, ¿no?

Simplemente, hay una cuestión que yo he debido oír mal, señor Tomás, y es que, perdone, cuando usted hacía referencia o describía un poquito algunos de los aspectos negativos de la aplicación de la ley y se preguntaba usted en voz alta si la ley había venido a resolver los problemas o el balance era más negativo que positivo, a continuación ha dicho —y digo que, a lo mejor, yo le he entendido mal— que, partiendo de esta realidad..., y ha hecho un discurso en el sentido de buscar las mejoras que habría que aplicar y tal.

Si yo lo he oído así, simplemente decirle que es una hipótesis, como decimos en el mundo académico, una hipótesis de trabajo: usted infiere que puede ocurrir esto, pero luego hay que aportar datos para demostrarlo y ver si se concluye realmente que lo que usted infiere como hipótesis se convierte en una tesis, en una realidad que, evidentemente, si es así, a partir de ahí, estoy totalmente de acuerdo con el discurso que usted ha planteado.

Pero es que este matiz me parece muy importante, porque yo aquí en esta comparecencia he visto muchas hipótesis de trabajo. Yo, como profesor de universidad, en una clase suspendería a bastantes alumnos cuando confunden las tesis con las hipótesis. Es que este es un tema muy serio, y creo que hay que diferenciar perfectamente cuáles son las intuiciones que tenemos sobre el tema, cuáles son los datos empíricos reales y, en consecuencia, a partir de ahí, evidentemente —y me parece muy interesante lo que usted ha planteado de que se haga un estudio en consecuencia—, a partir de ahí, es cuando se pueden adoptar conclusiones, no juicios de valor, que es muy distinto.

Por lo tanto, hay dos elementos conceptuales que yo querría destacar en mi intervención, porque es la posición de este partido. Nuestra posición, además de lo que he dicho sobre la ley, pues, hombre, sobre la ley nosotros estamos..., somos quienes la propusimos y ya se ha dicho que se aprobó con sesenta y seis sobre sesenta y siete votos en aquel momento, es decir, una inmensa mayoría. Evidentemente, es una ley pionera en España que, además, bueno, ha colocado a Aragón a la cabeza de una problemática que existía y que entiendo que esta ley tiene que contribuir a resolver y, sobre el problema, no vamos a seguir discutiendo, es decir, todos queremos preservar los intereses del menor y queremos que se respeten los derechos, los que tengan, que les correspondan a los padres.

Nosotros, señor consejero, no haremos juicios de valor sobre este tema; cada uno tiene conocimientos y experiencias de casos singulares individuales que podríamos cometer por nuestra parte la indiscreción de elevar a la generalidad y sacar conclusiones y acabar diciendo lo mismo que he denunciado hace un momento. No haremos juicios de valor a partir de casos individuales, ni estaremos por ninguna modificación de la ley basada en juicios de valor.

Si hay que hacer una modificación de la ley, como decía muy bien el señor Tomás, que se conozcan los estudios con datos objetivos, que se vean cuáles son las cuestiones que el legislador no contempló en aquel momento o que la aplicación de la ley ha evidenciado que hay que mejorar, y entonces las podremos estudiar, las que sean necesarias, pero no basadas en juicios de valor.

Reconoce el señor consejero deficiencias, que no son suficientes los recursos materiales, problemas en la mediación, problemas iniciales en informes psicosociales... Bueno, todo esto tiene solución, y yo le apuntaré alguna a continuación.

¿Cómo mejorar la aplicación de la ley? Se está hablando de un observatorio. Nosotros no tenemos ningún inconveniente a que haya un observatorio más, pero decía antes una portavoz que me ha antecedido en el uso de la palabra que a raíz de una moción que se aprobó en mayo de 2011, ellos plantearon una posible ponencia especial. Tengo que decir a sus señorías que un mes después, en el mes de junio, se aprobó una proposición no de ley en las Cortes de Aragón por la que se acordaba «constituir, por el procedimiento reglamentariamente establecido, una ponencia que realice el seguimiento de la aplicación de nuestro Derecho Foral y, en concreto, la jurisprudencia en los tribunales derivados de este». Es decir, la ponencia está. Más Derecho Foral que este no es fácilmente discutible. La ponencia está; otra cosa es que se ponga en marcha.

¿Que además de la ponencia, que está para esto y otras cuestiones relacionadas con nuestro Derecho Foral, se quiere poner un observatorio? No seremos nosotros quienes nos opongamos. Pero el instrumento, desde junio del año pasado, está, y es responsabilidad de estas Cortes, no responsabilidad suya, el poner en marcha esta ponencia, ¿vale? Por lo tanto, el instrumento lo tenemos y lo aprobamos por unanimidad en este caso.

En cuanto al protocolo y al manual de buenas prácticas, bueno, pues, sí que nos gustaría conocer si se está aplicando y cuáles son sus efectos.

En resumen —y termino, señora presidenta—, desde nuestro punto de vista, hay que separar lo adecuado o inadecuado de la ley de las dificultades intrínsecas de los problemas que trata (que, objetivamente, todos reconocemos que son problemas complejos) y de las dificultades en la aplicación. Son dos temas diferentes.

Para nosotros, la ley es perfectamente adecuada. ¿Que requiere mejoras? Sí, siempre que las basemos en datos empíricos y en estudios serios, no en juicios de valor.

¿Las dificultades materiales? Me permito sugerirle, señor consejero, que para eso hay un fondo de contingencia.

Si efectivamente se produce un problema de que hay ocho meses de retraso (por ejemplo, por decir una cifra)... Sí, cuatro en los informes, pero, al final, desde que se presenta esto, al final, en algunos casos, puede haber ocho, no lo sé, y aunque sean cuatro... Bueno, pues, para eso está el fondo de contingencia. Usted tiene capacidad para incrementar los medios materiales y los medios humanos, independientemente de que luego la comisión mixta esa que tienen los distribuya por un lado o por otro. Pero si las Cortes le dicen que haga usted lo posible por mejorar los medios humanos, usted lo puede hacer perfectamente en estos momentos, evidentemente, echando mano del fondo de contingencia.

No tenemos ninguna duda sobre la necesidad de la ley. Todo nuestro apoyo a cualquier medida que contribuya a mejorar su aplicación. Y para nosotros, las consecuencias desde que existe la ley en estos dos años y medio son más positivas que negativas, señor consejero, reconociendo además el esfuerzo que ustedes han hecho por incrementar esos recursos y esos medios.

¿Que son necesarios más? Pues, yo le animo a que ponga más, porque este sí que es verdad que es un problema que afecta a personas en una situación crítica, y que cuanto más tardamos en resolver el problema, más grave se convierte la situación.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, señor Boné.

Para finalizar, es el turno del Grupo Parlamentario Popular.

Tiene la palabra la señora Martínez.

La señora diputada MARTÍNEZ SÁENZ: Sí, gracias, señora presidenta.

Buenos días.

En primer lugar, dar la bienvenida de nuevo al consejero y a todo el equipo que le acompaña a esta su comisión.

Efectivamente, estamos hablando, señor Boné, de una norma muy importante de Derecho Foral aragonés, y eso no lo ha dicho nadie salvo usted. Me resulta curioso.

Vamos a ver, la Ley de custodia compartida, la ley que regula la igualdad en las relaciones familiares en el caso de ruptura de la convivencia de los padres, evidentemente, está hoy regulada ya en el código del Derecho Foral aragonés desde el año 2011. Es una ley que incide en aspectos sustanciales de lo que es la persona, de las relaciones personales; y, como siempre, todo este tipo de regulaciones son complejas, con complicadas para el legislador. Más aún en una ley que, efectivamente, ha sido pionera en la regulación de la custodia, del tipo de custodia compartida, una ley que ha hecho una opción por este tipo de custodia, salvo cuando la custodia individual fuera más beneficiosa para el menor.

Es una ley que, como se ha reflejado por alguno de mis predecesores, bueno, pues, ha influido en otras normas de otras comunidades autónomas, como la Comunidad Autónoma valenciana; y es una ley que creemos desde nuestro grupo parlamentario que va consolidándose poco a poco. Cada vez son más los datos que nos va dando el consejero en cada una de las comparecencias, en esta ocasión, en la interpelación anterior ante el Pleno de estas Cortes, en cuanto a lo que es la aceptación de la norma por parte de los profesionales, pues, tanto los jueces como los fiscales, como también los informes psicológicos, que han sufrido una tendencia favorable a la custodia compartida en relación a los informes de custodia individual que se hacían anteriormente.

Había un profesor de Derecho Administrativo que decía que «la ley lo puede todo, menos cambiar a un hombre, convertir a un hombre en mujer», bueno, pues, que la Ley de custodia compartida tiene un gran reto, la Ley que tenemos actualmente, que es establecer una normalidad en las relaciones familiares cuando se producen estos casos de ruptura en la convivencia. La normalidad —y en eso, estamos de acuerdo también con el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida— se produce no solamente cuando hay custodia compartida; también cuando hay custodia individual, porque esa custodia individual es más beneficiosa para el interés del menor. Y en ambos casos, se estaría aplicando, evidentemente, nuestra ley, nuestra norma foral.

Es cierto que, desde un punto de vista de la aplicación, que es a lo que ha venido hoy el consejero fundamentalmente, a explicar, es una…, las competencias de la comunidad autónoma están limitadas, es decir, el Estatuto de Autonomía marca una competencia simplemente para medios materiales y medios humanos. El ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y ejecutando lo juzgado, bueno, pues, le corresponde exclusivamente al poder judicial. Y está claro, como ha dicho el consejero —y en eso, creo que es muy importante que estemos todos de acuerdo—, que no se puede influir ni en el contenido de los informes que los equipos psicotécnicos realizan desde los juzgados ni tampoco, evidentemente, en el tenor de las sentencias que dicten los jueces. No estaríamos en un Estado de Derecho.

Es verdad que, tras dos años y medio de aplicación de la norma, estamos viendo una serie de efectos o de circunstancias que —y en eso estamos de acuerdo también, porque el consejero ya lo adelantó en su interpelación el año pasado ante el Pleno de las Cámara—, quizá, sería oportuna la creación de un observatorio específico de custodia compartida o de, también, bueno, no sé si ponencia sería la forma, pero quizá un estudio impulsado desde esta Cámara, bueno, pues, que pudiera determinar, en base a elementos objetivos, empíricos y profesionales, estrictamente profesionales, cuáles son los efectos que para los menores produce la aplicación de la custodia compartida.

Es cierto que —y en esto, quiero felicitar al señor consejero—, desde el punto de vista de su competencia, de su estricta competencia, han realizado ustedes un esfuerzo desde el minuto uno que tomaron ustedes posesión, al incrementar la plantilla de los juzgados. Bueno, pues, de cuatro psicólogos pasaban ustedes a seis psicólogos, y se ha realizado un contrato con una empresa externa para agilizar la gestión de los informes y evitar el colapso inicial. Igualmente, en los informes de los trabajadores sociales. Y eso, yo creo que es importante valorarlo, y más, sobre todo, en una época en la que los esfuerzos económicos que se están realizando por parte del Gobierno de la presidenta Rudi, bueno, pues son, como digo, importantes a valorar porque estamos en una situación de crisis realmente importante.

Lo ha explicado el propio consejero: también sería interesante la creación de un juzgado de familia, pero eso —y lo ha dicho también y lo ha repetido muchas veces en todas las comparecencias que el señor consejero ha tenido— no es competencia de la comunidad autónoma.

Por lo tanto, desde nuestro grupo parlamentario, agradecemos al señor consejero, las explicaciones que ha dado, como siempre, francas y yo creo que entendibles por parte de todos los que estamos. Se entiende que las normas, una vez que han entrado en vigor, tenemos que intentar, evidentemente, mejorarlas en la medida de lo posible —para eso estamos los legisladores; esta es nuestra competencia—, y desde el Ejecutivo, lo único que se puede pedir es eso, que es lo que se está haciendo, y por eso les quiero felicitar, bueno, pues, por la asignación de los medios necesarios para que la ley siga adelante y se pueda desempeñar, siempre en beneficio del menor.

Muchas gracias.

La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, señora Martínez.

Para finalizar este punto, es el turno del consejero para responder a las cuestiones planteadas por los grupos parlamentarios por un tiempo de cinco minutos.

El señor consejero de Presidencia y Justicia (BERMÚDEZ DE CASTRO MUR): Gracias, señora presidenta. Brevemente.

En primer lugar, a la señora Luquin, de Izquierda Unida, hombre, yo le pediría que no le dé la vuelta a lo que yo he dicho, ¿no? Yo he sido sincero. Es verdad, hace falta un nuevo juzgado de familia, y le he dicho que debemos seguir mejorando en cómo funcionan o cómo aportamos medios materiales para este tema. Pero, hombre, también debe reconocer que el Gobierno ha hecho un esfuerzo. Nosotros llegamos, pusimos dos psicólogos más —había cuatro; ahora hay seis— e, incluso, pusimos más gente al servicio de hacer más informes psicológicos. Nosotros no hemos tirado la toalla, y este año vamos a sacar un nuevo concurso para intentar que este nivel de informes sea el mínimo posible. Si no llegamos a hacer nada, no habría doscientos y pico pendientes; habría seiscientos, el doble. Es que hemos cortado la mitad. Es que hemos conseguido que sea la mitad lo que hay pendiente; es decir, algo hemos hecho. Por tanto, no le dé la vuelta a lo que yo he dicho. He sido sincero, pero, hombre, yo también, si usted estuviera aquí y si usted viera necesario un nuevo jugador, lo diría. Yo lo veo necesario. Y eso no es ir en contra de mi Gobierno o del Gobierno central o ser más sincero o no. Simplemente, que lo veo necesario, ¿no?

Usted ha hecho un relato muy interesante, pero, como ha dicho el señor Boné, muy discutible, ¿no? Hay cosas que yo… Yo, en temas de sentencias judiciales, no voy a opinar de ellas ni voy a decir qué me parecen ni qué me dejan de parecer. Creo que es mi obligación como consejero de Justicia no opinar de las sentencias judiciales. Y esto es opinable; hay sentencias mejores o peores. Yo no lo voy a decir. Pero sí que es cierto que a mí se me ha puesto mucha gente también en contacto, mucha gente estando más de acuerdo o más en desacuerdo; hay de todo. Incluso algún conocido me ha echado en cara su sentencia, como si fuera culpa del consejero la custodia compartida o no, ¿no? Hay un 20% actualmente en Aragón de sentencias…, un 20% de custodias compartidas, más o menos, aproximadamente.

Un tema, de los informes, que han dicho todos los grupos menos el Partido Aragonés y…, bueno, en este caso, Izquierda Unida y Chunta. Por favor, no pongan en duda los informes, que los informes los hacen gente profesional, con unos protocolos normalizados, y no los hacen a peso. Mirábamos los datos el miércoles pasado, y hace unos seis informes al mes cada psicólogo, más o menos. En torno a cuatro, siete; una media de cinco o seis informes al mes.

Claro, dice que hay mucha gente que se queja de los informes. Bueno, yo imagino que el que no esté a favor del informe se quejará del informe. Me imagino, ¿no? Y encima es que no son vinculantes; no son vinculantes los informes. Es decir, la sentencia no es el informe. No es vinculante. Por tanto, yo lo que pediría es que, por favor, no pongan en duda el trabajo de profesionales, que son independientes absolutamente. Y el Gobierno de Aragón, desde luego, no les va a decir, ni nosotros, ni aunque estuviesen ustedes aquí le dirían al psicólogo «oiga, haga todos los informes por esa vía, que todos los informes digan que custodia compartida». Oiga que no, que no, que no. Que un informe psicológico debe ser independiente.

Yo la veo a usted, señora Luquin, ya desde la anterior legislatura, que no le gusta nada la ley. Pues, también le digo una cosa: como diputada, ponga en marcha los procedimientos de modificación de la ley. Ponga en marcha…, que llevamos año y medio o llevamos veinte meses y aún no he visto yo…, que la veo así. Y creo que antes de tomar esa determinación…, y yo me pongo a su disposición, en vez de decir lo que decíamos entre todos, es decir, vamos a poner en marcha el observatorio; si todos ustedes lo creen necesario, la ponencia que decía el señor Boné…, pues, actívenla. Yo no soy quién, pero quien tenga que activarla aquí, que no sé quién es, si el señor Tomás, el señor Boné o el señor González o quién tiene que activar la ponencia esta del Derecho Foral, pues, actívenla, y de ahí, saquen un estudio. Y yo me comprometo como Gobierno —y esto no estaba en la comparecencia— a que, en el plazo mínimo posible, haremos un estudio de cómo está funcionando la ley. Eso lo aporta el Gobierno, y entre todos los demás, pues, aporten el observatorio o aporten la ponencia.

Señora Ibeas, yo no creo que haya un problema de aplicación de la ley. Yo no lo veo. Es decir, sí que es cierto que cuando se puso en marcha la ley, se dieron algunas situaciones que hicieron que los juzgados se bloqueasen. El Gobierno anterior tomó unas medidas que se quedaron cortas. Nosotros, esas medidas, las duplicamos, y tampoco han sido al cien por cien óptimas. Pues, vamos no a duplicar, pero sí a mejorar estas medidas para que a ver si de una vez por todas conseguimos que haya la mínima lista de espera, digamos, lo más corta posible, ¿no?

Nosotros no aparcamos el problema. Es decir, nosotros vimos un problema, hicimos refuerzos en los psicólogos, sacamos los informes, y vamos a seguir trabajando para mejorar y para que haya cada día menos informes pendientes. Y en este caso, no sé si haremos más refuerzos de personal o haremos una contratación nueva para conseguir que esta lista sea la menor posible. Le repito lo mismo: si el Gobierno actual no llega a tomar ninguna medida habría más de quinientos informes pendientes, y hay doscientos y pico informes pendientes, que no son pocos, ¿eh?, que no son pocos, pero al menos son la mitad de los que podría haber.

El tema de psicólogos, que ya lo he dicho antes, no lo vengo a poner en duda, pero también, contestando al señor Boné, decir que hay un protocolo normalizado que llevan a cabo los psicólogos, pero, claro, en este protocolo normalizado no se les dice lo que tienen que poner, claro, en muchas ocasiones, algunos no están de acuerdo con lo que pone en estos informes.

Yo, contestando al señor Boné, y estando de acuerdo con casi todo lo que ha dicho, yo le diría que lo mejor que se puede hacer es, de una vez por todas, saber exactamente cómo se está desarrollando la ley. Y yo le digo que por parte del Gobierno, no tenemos ningún problema en poner en marcha o poner encima de la mesa un informe. Yo me comprometo que en el plazo legal, quince o veinte días, licitemos un informe de a ver cómo funciona la aplicación de la ley. Luego ya, desde aquí, o desde aquí y desde el Gobierno, crear un observatorio, lo hablamos y lo creamos, y yo no veo ningún problema.

Yo creo que la ley tiene la suficiente importancia y, como decía la señora Luquin, porque hablamos de niños, que es necesario tener todos los datos. Entonces, yo estoy a disposición de esta Cámara y pongo los medios del Gobierno, y yo estoy seguro que tanto el TSJ como el juez decano no tendrán ninguna pega en echarles una mano para intentar que esta ley funcione de la mejor manera posible.

Hubo prácticamente el cien por cien de unanimidad, el 99% de unanimidad, pues, seguro, seguro que entre todos podemos conseguir que esta ley funcione de la mejor manera posible. Nosotros ponemos nuestros medios, y yo creo que entre todos podemos intentar que el termómetro que se pedía de esta ley, pues, por lo menos, sepamos cómo funciona y tomar las medidas adecuadas para que funcione de la mejor manera posible.

Y al Partido Popular, pues, agradecerle su intervención.

Muchas gracias.

La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, señor consejero.