Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

Proposición no de ley núm. 252/12, relativa al rechazo a las medidas sobre empleo público.

El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, señor presidente.

El día 11 de julio de 2012, en el Congreso de los Diputados, el señor Rajoy, el presidente del Gobierno central, anunció una batería de medidas que suponen el mayor recorte de derechos sociales, de injusticia social, el mayor en la historia de la democracia. Una serie de medidas que afectaban, por ejemplo, a todos los ciudadanos al incrementarse los impuestos indirectos (el IVA) de forma indiscriminada, de modo que no se avanzaba hacia un sistema tributario progresivo para que paguen más quienes más tienen o más ganan, sino que, por el contrario, se incrementaba la carga fiscal haciéndola recaer más en quienes menos ingresos tienen, que tienen que destinar mayor parte de sus ingresos al consumo. La subida del IVA, por este lado, más cuestiones como la liberalización de horarios comerciales —la puntilla al pequeño comercio—, impulsada además con otras medidas también en materia de comercio, o, finalmente, lo relativo, medidas relativas a los empleados públicos.

Medidas que posteriormente, unos días después, se incluyeron en el Real Decreto Ley 20/2012, posiblemente uno de los reales decretos de los que más hemos hablado en esta Cámara porque es un conjunto de medidas absolutamente injustas y que además invaden de forma muy grave las competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón. Así, las medidas que se refieren a empleados y empleadas públicas dejan en papel mojado lo que establece el Estatuto de Autonomía de Aragón al reconocer, al atribuir a la Comunidad Autónoma de Aragón, el artículo 75, la competencia compartida sobre régimen estatutario de los funcionarios públicos de la comunidad autónoma. Competencia compartida y, por tanto, que incluye la posibilidad, la competencia para desarrollar legislación básica estatal. Ese desarrollo legislativo se queda en nada cuando desde el Estado se decide todo. Y es lo que está ocurriendo en este caso. El Estado ya decide cuáles son las condiciones salariales, sociales, sindicales de los funcionarios públicos con carácter general sin que a la Comunidad Autónoma de Aragón le quede ningún margen de maniobra, ninguna posibilidad de desarrollo legislativo. Y eso, señorías, supone una gravísima invasión de nuestro autogobierno. Pero, además, medidas injustas, medidas que hacen recaer la crisis en quienes no la han provocado, medidas que hacen recaer la crisis en la parte más débil, medidas que hacen recaer la crisis, las consecuencias de crisis en quienes más fácil tiene el Estado obtener beneficios económicos, como son los empleados y empleadas públicos.

Estas medidas, que afectan en primer lugar a los propios derechos salariales, a arrebatar a los empleados y empleadas en torno a un 7% de su salario de una forma absolutamente confiscatoria e injusta, pero también que afectan a derechos laborales, derechos laborales en diversos ámbitos regulados en el Estatuto Básico del Empleado Público. Cuestiones como, por ejemplo, las que afectan a la negociación colectiva del personal laboral. A partir de este momento, los órganos de gobierno de las administraciones, el Gobierno de Aragón podrá suspender o modificar convenios colectivos, acuerdos ya firmados. Eso es un paso atrás impresionante en los derechos laborales de un sector muy importante de nuestra sociedad. Más derechos laborales vulnerados: los relativos a los permisos por asuntos particulares. La reducción de seis a tres días, la desaparición de los días adicionales al cumplir el sexto trienio... En definitiva, arrebatar a los empleados públicos derechos que habían consolidado y que habían adquirido hace tiempo. O la declaración de que los veintidós días de vacaciones hábiles, los veintidós días hábiles de vacaciones dejan de tener carácter mínimo. Se abre, por tanto, la puerta a que se reduzca el número de días de vacaciones de las que merecidamente podrán disfrutar los empleados y empleadas públicas. O también la prestación económica en situación de incapacidad temporal, que se ve mermada con este real decreto ley.

Pero, además de medidas que vulneran derechos de carácter social, hay medidas que vulneran derechos de carácter sindical. Se declara en el real decreto ley que dejan de tener validez, que dejan de surtir efecto todos los pactos, acuerdos, convenios colectivos suscritos en materia de derechos sindicales en materias muy diversas (tiempo retribuido, nombramiento de delegados sindicales, dispensas totales de asistencia al trabajo, etcétera). Todo eso queda sin vigor y se tendrá que aplicar en el futuro de forma estricta lo que establece el Estatuto de los Trabajadores, la Ley orgánica de libertad sindical y el Estatuto Básico del Empleado Público. Por tanto, algo que en Derecho laboral siempre ha sido fuente del derecho y de obligado cumplimiento, como son los pactos y acuerdos, queda sin efecto, queda derogado por este real decreto ley. O, por último, la declaración general del decreto ley de suspender y dejar sin efecto con carácter general todos los acuerdos, pactos y convenios que afecten a los empleados públicos del sector público y que se opongan a lo establecido en el real decreto ley.

El resultado, señorías, es sencillamente, como digo, una normativa contraria que vulnera las competencias autonómicas, que deja a los funcionarios y funcionarias desprotegidos, pero además en una tremenda inseguridad jurídica —hasta dónde se podrá llegar con la excusa del déficit público a la hora de privar a los funcionarios y funcionarias de sus derechos laborales, sociales, sindicales—, y, en definitiva, algo impropio de un Estado social y de un Estado de derecho.

Lo que planteamos en la proposición no de ley es que se rechacen por estas Cortes estas medidas. Hay alternativas, hay otras formas de impulsar el crecimiento económico, y no siempre actuando en los gastos, siempre reduciendo gastos, siempre echando mano al bolsillo de la parte más débil.

Termino. Se ha presentado por el Grupo de Izquierda Unida una enmienda que no solo vamos a aceptar, sino que agradezco expresamente. Cuando se registró esta iniciativa, el día 13 de julio, todavía no había decreto ley; luego hubo decreto ley. Lo que se hace en la enmienda es completar nuestra iniciativa. Simplemente hace referencia al Real Decreto Ley 20/2012 y también a la reforma laboral, la Ley 3/2012, esa ley que, entre otras cuestiones, es lo que echa a la calle, a la huelga general de 14 de noviembre, espero, a miles y miles de aragoneses y aragonesas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.

Efectivamente, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ha presentado una enmienda. El diputado señor Romero la va a defender por tiempo de cinco minutos.

El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida va a apoyar la proposición no de ley presentada por Chunta Aragonesista.

Hemos, como bien ha dicho su portavoz, presentado una enmienda. Pretende complementar la iniciativa de Chunta Aragonesista. Pensamos que tal cual ha planteado el texto venía bien el complementar cuál es la disposición legislativa que atañe a las medidas que el Gobierno está tomando con respecto a los trabajadores. Y las medidas especialmente son dos: la primera, la que se recoge en el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad; y la segunda, y aprovechamos en la enmienda para reiterar la necesidad de derogar la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma laboral, evidentemente por considerarla gravemente perjudicial para los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras.

Esta mañana hemos debatido varias iniciativas sobre el empleo, sobre el empleo público y sobre la reforma laboral, y hemos tenido la oportunidad, a petición del Grupo Socialista, de que compareciera el consejero de Economía y Empleo para valorar las consecuencias ocho meses después, casi nueve meses después de la aplicación de la reforma laboral. Nos ha sorprendido esta mañana que el consejero haya hecho una alusión en el sentido de que el modelo laboral de proteger a los trabajadores es el causante de la destrucción de empleo, algo inédito, que no habíamos escuchado nunca, porque creo que todo el mundo somos conscientes de que el desempleo no solo lo está causando la reforma laboral, que evidentemente está contribuyendo, sino el no tener un modelo económico que sea capaz de vertebrar la economía, que sea capaz de hacer una apuesta por el territorio, sino que hemos tenido un modelo económico basado exclusivamente en dar pie a que los mercados incidan en él, manipulen en él, y, de alguna manera, un modelo poco sostenible que, cuando la burbuja, como bien saben, se ha desinflado, nos ha traído las consecuencias que nos ha traído.

Dicho esto, la reforma laboral es, evidentemente, el principal caballo de batalla que Izquierda Unida pone sobre la mesa como la principal medida que deberíamos no solo rechazar, sino intentar hacer mayor esfuerzo y presión para que sea retirada, que sea derogada por las Cortes Generales, por el Congreso de los Diputados.

Recientemente estamos viendo cómo está aumentando el desempleo, estamos viendo cómo se están disparando los expedientes de regulación de empleo, estamos viendo cómo los contratos indefinidos están decreciendo y estamos viendo cómo está creciendo la precariedad, está creciendo un sistema laboral que no corresponde con los tiempos en los que estamos, que no corresponde con la protección de los trabajadores y las trabajadoras.

Dicho esto, la iniciativa que presenta Chunta Aragonesista la circunscribe especialmente al Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio. Y ahí hay varias medidas que, evidentemente, siguen siendo o son un retroceso añadido hacia los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Entre las varias medidas hay una que ha sido muy criticada y que ha sido objeto de muchísimas quejas y de muchísimas cartas enviadas a la Defensora del Pueblo en el sentido de que la Defensora del Pueblo presente un recurso de inconstitucionalidad sobre este real decreto por entender que la paga extra de Navidad no puede ser derogada, como lo ha hecho el Gobierno, y por entender que, aun siendo derogada, hay días que se deberían contemplar y que, por lo tanto, la Administración tendría que remunerar a los trabajadores porque se habían devengado con anterioridad a la publicación del real decreto.

En ese sentido, les tenemos que decir desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida que nos parece insuficiente el que el Gobierno haya aceptado la enmienda de estudiar la posibilidad de realizar el pago a los empleados públicos de la Administración de la comunidad autónoma, y seguiremos intentando que eso sea una realidad, porque creemos fehacientemente que tienen derecho.

Y, con respecto a la iniciativa, simplemente decir que la enmienda de Izquierda Unida lo que pretende es recoger la amplitud de todos los derechos que este Gobierno se está cargando, que este Gobierno está, desgraciadamente, quitando a los trabajadores y a las trabajadoras.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.

Grupos parlamentarios no enmendantes. Empezamos por el Partido Aragonés. El señor Blasco, por tiempo de cinco minutos, puede intervenir.

El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gracias, señor presidente.

Tenemos delante una proposición no de ley de Chunta Aragonesista que, hasta el momento de aceptar la enmienda, hablaba de las condiciones laborales de los empleados públicos, y con la incorporación ahora de la enmienda que se propone por parte de Izquierda Unida realmente volvemos a hablar de la necesidad de derogar una serie de reales decretos leyes, el Real Decreto Ley 20/2012, así como la Ley 3/2012, de 6 de julio.

Hemos hablado ya largo y tendido en diversas ocasiones sobre estas leyes, sobre estos decretos, y siempre desde el Partido Aragonés hemos lanzado un mensaje que a nosotros nos parece claro. La crisis es para todos. La crisis no es un tema que tengamos que pensar que solo afecta al sector privado, en el cual en estos momentos más de cinco millones seiscientos mil ciudadanos se encuentran en paro, o que pueda parecer que esto solo afecta a las empresas o solo afecta a los bancos. Creemos que, por desgracia, la crisis afecta a todos y a todos los sectores. Debemos ser conscientes de esa realidad porque todos, al final, estamos involucrados, y a nadie nos gustan ni apoyamos los ajustes ni los recortes o como ustedes los quieran denominar. Pero es verdad que todos debemos ser solidarios a la hora de buscar las soluciones.

Y en estos momentos de crisis hay que repensarse muchas cosas. Nosotros también hemos hablado en muchas ocasiones de la necesidad de racionalizar las estructuras tanto en el ámbito de lo público como en el de lo privado, de hacerlas más eficaces y más eficientes, de estudiar cómo se prestan los servicios, qué medios se deben disponer. Y reconozcamos —yo creo que tenemos que reconocer— que el capítulo I en los presupuestos de cualquier institución pesa mucho. Es un volumen importante sobre el que es necesario pensar, y, desde luego, a nadie se le ocurre plantear que por esto tenga que haber un ERE en el sector público. Lo que sí que estamos diciendo es que, para racionalizar, para conjugar los ingresos y los gastos, para que salgan las cuentas, todos tenemos que ser solidarios. Y, desde luego, no se entendería que, mientras en el sector privado se están llevando a cabo grandes sacrificios, mientras los ciudadanos tienen que pasar por grandes sacrificios, en el sector público pareciese que no pasa nada. Eso, a nosotros, nos parece injusto.

También nos parece injusto que solo se demonice o parezca que el sector público es el culpable de todo. Ni mucho menos, pero entendemos que es importante mandar mensaje, mensajes de que a nadie nos gustan los recortes, que nadie queremos más ajustes de los necesarios, pero que debemos ser responsables con la situación y entre todos tratar de buscar las mejores salidas posibles para todos. Y hay que trabajar en beneficio de la causa. Y la causa, en estos momentos, no es otra que procurar la salida de la crisis, generación de recursos económicos, generación de riqueza y disminución del desempleo. Si conseguimos hacer eso entre todos, habremos conseguido el gran objetivo. Si parece que solo nos preocupa determinado sector, será preocupante, porque esto es cosa tanto del sector público como del sector privado.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco.

El Grupo Parlamentario Socialista. El diputado señor Larred fijará la posición de su grupo por tiempo de cinco minutos.

El señor diputado LARRED JUAN: Gracias, presidente.

Señor Soro, el Grupo Parlamentario Socialista va a votar que sí al rechazo de las medidas sobre el empleo público aprobadas por el Real Decreto 20/2012, de 13 de julio, por lo que representa no solamente de atentado contra los empleados públicos, sino también de atentado para la inmensa mayoría de los españoles.

La verdad es que el Partido Popular ha creado con este real decreto una herramienta, desde mi punto de vista, muy eficaz para conseguir sus tres objetivos: el primer objetivo es arruinar al país; segundo, cargarse el sector público; y tercero, desmantelar el Estado del bienestar.

¿Por qué digo que van a arruinar al país? Sencillamente por la obcecación que el Partido Popular tiene en la reducción del déficit. Pero ¿cómo? A través única y exclusivamente de políticas de recortes que van a profundizar más todavía en una recesión, una recesión que se va a ver ahondada gracias a la aprobación de este real decreto 2012, con menos empleo, con más despido, con menos inversión pública, con más recortes salariales...; en definitiva, con una bajada importante del consumo. Y eso es la ruina para España.

Para conseguir el segundo objetivo, que es cargarse el sector público, han articulado dos mecanismos infalibles: uno, la reforma laboral, y el otro, el real decreto del que estamos hablando, el 20/2012.

Con la reforma laboral, a través de despidos colectivos que afectan nada más y nada menos —o pueden afectar— a un millón de empleados públicos, despidos que no van a ser con criterios de utilidad pública, desde luego que no: van a ser cuando a la Administración de turno le venga en gana. Hoy saben ustedes que hay ciento y pico mil empleados públicos que están en la calle. Ese es el ejemplo yo creo que más claro. Por mucho que se empeñe el secretario de Estado de Administraciones Públicas, el señor Beteta, en decir que el empleo público está creciendo, yo suavemente le tengo que decir, suavemente, que no es verdad, la realidad es muy distinta. La oferta pública de empleo está congelada, y el número de trabajadores laborales temporales e interinos está bajando drásticamente. Y lo peor es que esto para el futuro tiende a ir mucho peor.

El segundo mecanismo al que me refería, el real decreto del que estamos hablando, el 20/2012, con una detracción de sesenta y cinco mil millones de euros entre el 2012 y el 2014, quiere hacer —solo con políticas de recortes, claro está—, quiere hacer recaer gran parte de estos recortes sobre el sector público, sobre los empleados públicos. Nada más y nada menos que seis mil trescientos quince millones de euros. ¿A través de qué? A través de reducirles el sueldo. La paga extra, que nunca se iba a tocar, representa el 7% del sueldo. Y el señor Rajoy siempre decía que no iba a tocar, que no iba a rebajar el sueldo de los funcionarios. Un incumplimiento grave. Reduciendo las empresas públicas. Va a implicar esta reducción, lógicamente, más paro. Quitándoles los días de libre designación, bajándolos de seis a tres. Quitándoles los días por antigüedad. Quitando liberados sindicales. Rebajando también la prestación por incapacidad temporal transitoria, o sea, bajándolo... Los tres primeros días, en vez de cobrar el 100%, van a cobrar el 50%.

En definitiva, señorías, se puede asegurar que, con la reforma laboral, un millón de empleados públicos pueden verse mañana en la calle. Hoy, como ya les he dicho, son más de cien mil. Y, ahora, a esta situación, que podemos considerar todos de dramática, hay que sumar los efectos que va a tener el Real Decreto 20/2012, con unos recortes grandes de los derechos de los empleados públicos y con una rebaja del sueldo.

Por eso, señorías, yo creo que podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, que el día 13 de julio de 2012 fue un día negro para España, fue un día negro para la inmensa mayoría de los españoles, con estos recortes, con unos recortes de sesenta y cinco mil millones de euros, el mayor recorte de la historia en el país de España, el mayor recorte de la historia. Es un recorte que va a llevar y está llevando ya, de hecho, a millones de españoles a la ruina y nos va a conducir a más recesión y a más paro, paro incluso de los que parece que lo tenían seguro, que eran los empleados públicos.

Y el presupuesto, los presupuestos generales, el borrador de presupuestos generales del 2013, desde luego, no va a paliar esta situación; más bien al contrario, porque va a recortar servicios públicos y la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos.

Por todos estos motivos, señor Soro, nosotros también rechazamos estas medidas y, lógicamente, votaremos a favor de su PNL.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Larred.

Pasemos al Grupo Parlamentario Popular. El diputado señor Lafuente, por tiempo de cinco minutos, tiene la palabra.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Larred, ¿sabe cuál fue un día negro para España? El día en el que el señor Zapatero tomó posesión. Ese sí que fue un día negro para España. [Aplausos.] Y de esos vientos, las tempestades que hoy nos toca vivir.

Miren, señor Soro, vamos a hablar de la proposición no de ley. He leído con real detenimiento su propuesta, se lo digo sinceramente. Creía que iba a aportar algo, y no sabía el sentido en que la presentaba. Pero la basa, en su exposición de motivos, en dos temas: el primero, relata una a una las medidas aprobadas por el Gobierno respecto de los funcionarios públicos en todo el ámbito nacional; y la segunda, justifica con esas medidas que queremos desmontar los servicios públicos y destruir el empleo. Miren, siempre se van a los extremos. Pero ¿por qué siempre al Partido Popular nos ven como algo que quiere destruirlo todo, como que queremos apisonarlo todo? ¿No saben que, al negarlo todo, se descalifican a ustedes mismos?. Con esos argumentos, no consiguen llegar a la sociedad —se lo digo sinceramente. Pero, miren, todo lo contrario: lo que se pretende es precisamente garantizar la sostenibilidad de un sistema y el futuro de los funcionarios. Si ustedes no lo ven, el problema no lo tenemos nosotros. El futuro de la función pública.

Porque además es que no hay mayor ciego que el que no quiere ver, señor Soro. Y además eso le puede pasar por tres motivos: no se quiere ver la realidad por miedo —es un motivo—; no se quiere ver la realidad porque no le gusta —es otro motivo—; y otro, que es porque se creen sus mentiras, y entonces tampoco se quiere ver la realidad. Elija el que quiera, porque no hay más que esos tres.

Y he seguido leyendo su proposición no de ley, en la que los malos, los malísimos del PP quieren acabar con la función pública. Pero, fíjese, en la proposición no de ley, en la parte dispositiva, dice textualmente: «rechazar las medidas adoptadas por el Gobierno central con respecto a las condiciones laborales de los empleados públicos y que estas sean dejadas sin efecto». Y ¿sabe lo que he hecho? Seguir con el papel a ver lo que ponía por detrás. Y el papel está en blanco, señor Soro. Mire bien. En blanco. Me he puesto ahí un punto para ver si empezaba usted. Porque lo que no se puede decir es: «Y no hagan esto, ni esto, ni esto», y no decir nada más. Ustedes tienen que plantear una solución. Ustedes son un grupo parlamentario, un partido político serio, y ustedes tienen que decir: «No, y lo que falta en la caja —porque, señor Soro, en la caja falta— lo quitamos de las pensiones». O «Lo que falta en la caja lo quitamos de los servicios públicos». O «Lo que falta en la caja lo quitamos de los juzgados». Pero usted es un partido político serio. Aquí tiene que poner dónde lo quita, porque no está. Y usted se puede pelear contra lo que quiera, y los papeles se dejan poner de todo, pero es que no está, y de algún sitio habrá que sacarlo. Eso implica una palabra, que yo en algún debate en comisión la tengo siempre en el frontispicio, que se llama «responsabilidad». Porque los toros, señor Soro, desde la barrera se ven muy bien. Los toros, desde la barrera, desde la barrera de la indefinición, se ven tremendamente bien. ¿Sabe en lo que coincidimos ustedes y nosotros? En que a ustedes no les gustan las medidas. Señor Soro, ni a nosotros. A toda esta bancada tampoco. Pero ¿qué le parece, que nos levantamos por las mañanas —hasta allá, hasta muy allá—, nos levantamos por las mañanas intentando a ver las medidas que puedan presionar? No, señor Soro. Las acatamos por responsabilidad, porque queremos una garantía de futuro y porque hacemos lo que tenemos que hacer, que ojalá alguien lo hubiera hecho cuando se tenía que haber hecho. [Aplausos.]

Señoría, ¿usted entiende que no podemos vivir a crédito? ¿Qué, si usted no pone detrás del papel de dónde lo sacamos, va a tener que pedir préstamos? Y no es que no los pidamos. Si quiere lo pedimos... El problema es que no nos lo dan. No podemos seguir viviendo a crédito, y hay que empezar a recortar. ¿Que no le gusta? Ni a nosotros nos gusta, pero hay que hacerlo.

Señor Soro, mire, yo he sido funcionario de la Administración Central del Estado, soy funcionario de la comunidad autónoma y he sido jefe de personal de la Administración local. Conozco la función pública perfectamente. Solo me he encontrado una cosa —y espero que además algún día se reconozca por determinada parte de la sociedad—: grandísimos profesionales que están acatando estas medidas porque, viendo que la crisis les toca, y les toca con medidas sacrificadas, ven que al lado —y lo decía el señor Blasco— no les ha costado la paga extraordinaria, señor Soro: les ha costado el puesto de trabajo. Y, si aquí van a pagar unos y los otros nada, eso no hay quien lo entienda.

Mire, señor Soro —y acabo—, la sociedad nos medirá dentro de unos años por los que hicieron algo y por los que vieron que unos hacían algo, en función de eso tomarán sus decisiones. En alguna comunidad autónoma ya las han tomado.

Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lafuente.

Entiendo, señor Soro, que ha fijado ya su posición respecto a la enmienda porque lo ha hecho en su intervención. En consecuencia, podemos pasar a votar la proposición no de ley con la incorporación de la enmienda de Izquierda Unida.

Señorías, comienza la votación. Señor Boné... Que era para que me indicara. [Risas.] Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y uno. A favor, veintisiete. En contra, treinta y cuatro. Queda rechazada la proposición no de ley.

Pasamos al turno de explicación de voto.

Señor Romero, puede intervenir. Brevemente, por favor.

El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el escaño]: Sí. Muy rápido, señor presidente.

Quería solamente intervenir para dar las gracias al Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista por haber aceptado la enmienda, pero no puedo reprimirme de hacer un comentario sobre la intervención del portavoz del Partido Popular. Mire, hoy en El País dice: «Los trabajadores despedidos por ERE aumentan en agosto hasta el 27% del total». Como seguramente ustedes dicen que El País es tendencioso y seguramente girará en torno al centroizquierda [rumores], les vamos a leer uno del Abc, que seguramente no gira en torno al centroizquierda, donde dice: «Los trabajadores afectados por el ERE hoy suben un 53,3 hasta agosto y se duplican los ERE por causas económicas».

Mire, tiene usted razón: no hay mayor ciego que el que no quiere ver y no hay mayor sordo que el que no quiere oír. Usted tenga por seguro que lo que les ha costado tres décadas a trabajadores y trabajadoras, hombres y mujeres, construir, en menos de un año, se lo han cargado. Podrán tener empleos baratos, pero que sepa que no irán a la huelga con resignación: irán con cabreo y, además, no los van a domesticar.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.

Señor Soro, puede intervenir.

El señor diputado SORO DOMINGO [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

Quiero, en primer lugar, agradecer al Grupo Socialista y al Grupo de Izquierda Unida el apoyo a la iniciativa, y también al Grupo de Izquierda Unida, como he dicho antes, agradecerle la enmienda, que ha actualizado la iniciativa que acabamos de votar y que acaba de rechazarse.

Señor Lafuente, yo a usted le he oído mucho más como diputado de la oposición que como diputado de un grupo que apoya al Gobierno, y recuerdo lo vehemente que era también usted en su actividad parlamentaria como diputado de la oposición. Podría recordar, podría ver algún video de lo que decía usted, y lo constructivo que era usted y el montón de soluciones que aportaba. Mire, mañana, precisamente, tengo una interpelación de política tributaria, que es la primera interpelación después de las tres preguntas a la presidenta —ese momento en el que la Cámara no está muy atenta—. Supongo que me escuchará usted con mucha atención porque mañana —no se preocupe— le voy a llenar la parte en blanco de la hoja, le voy a decir de dónde se pueden obtener recursos, señor Lafuente. Porque le ha fallado el subconsciente, dice usted. ¿De dónde lo quita?, me pregunta. Que no se trata solo de quitar: que se puede poner, que se puede avanzar en una política tributaria justa, equitativa, progresiva, que hay mucho recorrido tributario para que no paguen siempre los mismos. Y, sobre todo, mire, que diga que nuestros empleados y empleadas están..., eso, y encima agradecidos, me parece ya una falta de respeto. Están encantados de la vida de disponer de menos días de libre disposición, encantados de la vida de que les quiten ustedes el 7% del sueldo, encantados de la vida con estas medidas. De todas formas, señor Lafuente, ya iremos viendo, efectivamente. La sociedad se pronuncia. Y no solo en las urnas, que les cuesta a ustedes entenderlo: la sociedad se pronuncia en las urnas y también en las calles, en las plazas, en las huelgas, en las manifestaciones. Dentro de unos pocos días oiremos la voz de la sociedad también y veremos lo contenta que está la sociedad con las medidas del Partido Popular.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.

¿Señor Blasco? No va a intervenir.

¿Señor Larred? Puede intervenir.

El señor diputado LARRED JUAN [desde el escaño]: Sí. Gracias, presidente.

Señor Lafuente, la verdad es que ustedes, el Partido Popular, en tema de empleo público, no saben dónde están, no saben dónde se tienen que dirigir, han hecho ustedes muchas promesas que no pueden cumplir, y curiosamente parece que de todo esto tenemos la culpa nosotros. Es curioso.

Le insisto en que el día 13 de julio fue un día negro porque el ajuste de esos sesenta y cinco mil millones va a recaer siempre en las espaldas de los más desfavorecidos en España. Siempre recae en los mismos. Por eso es un día negro.

Desde el Partido Socialista vamos a oponernos siempre, desde el principio estamos oponiéndonos rotundamente a este real decreto, porque lo consideramos injusto y porque va a propiciar que no haya paz social, y porque va a propiciar que España se vaya a la ruina si esto no lo echan ustedes para atrás.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Larred.

Señor Lafuente, puede intervenir.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el escaño]: Pues muchas gracias, señor presidente.

Señor Romero, mire, aquí podrá usted decir lo que quiera, y la sociedad a los del Partido Popular nos dirá en las calles lo que quiera, pero, en el sector sanitario, a los que les han montado una huelga en Andalucía ha sido a su Gobierno. [Aplausos.] Hace tres días. Adiós discurso, señor Romero.

Mire, señor Soro... Claro, es que esto es muy fácil. Hablar sin responsabilidad implica unas cosas, y con responsabilidad, otras. Adiós discurso. Señor Soro, mire, con todo el respeto del mundo, la vehemencia no implica oposición ni gobierno: implica convicción, que es radicalmente distinta al gobierno o a la oposición.

Segunda cuestión: en ningún momento yo he dicho que los funcionarios estén agradecidos, en ninguno. Lo que le he dicho es que están resignados porque ven al lado que a ellos les ha costado la paga extraordinaria, pero a otros el puesto de trabajo. Esas han sido mis palabras.

Y tercera cuestión —y acabo—. Mire, la sociedad dice que no solo se pronuncia en las urnas, que también se pronuncia en la calle. Y ¿sabe lo que hace la gran mayoría? No se pronuncia. Nunca se olvide de los que no salen a la calle, que son una gran mayoría y tienen tanto respeto o más que los que salen con toda la legitimidad del mundo a la calle.

Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lafuente.