Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

El señor PRESIDENTE: Va a dar comienzo la sesión plenaria extraordinaria [a las diez horas quince minutos], que, como todos ustedes saben, tiene un punto único en el orden del día: comparecencia del Justicia de Aragón al objeto de presentar los informes sobre la actividad de dicha institución durante el año 1998.
Según la ordenación del debate, intervendrá en primer lugar el señor Justicia de Aragón sin límite de tiempo. Finalizada su intervención, haremos un receso de diez minutos, para que los señores portavoces puedan ordenar sus notas y, a continuación, seguiremos con la intervención de los portavoces de los grupos.
Para que pueda presentar su informe, tiene la palabra el señor Justicia.

El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): Con la venia del señor presidente. Señoras y señores diputados.
Cumplo gustoso el mandato impuesto por los artículos 35 y 37 de la Ley del Justicia, de comparecer para defender la memoria o el informe anual del Justicia. Es la cuarta vez que comparezco ante esta cámara. Además del día de hoy y del día que tomé posesión, he comparecido otras dos veces a petición propia ante la comisión correspondiente. Y puedo anunciarles ya a ustedes que he solicitado comparecencia, y así se me ha concedido: el 15 de octubre, para defender un informe con relación al consumo abusivo de alcohol.
El informe que ahora voy a presentar fue presentado ante esta cámara en tiempo y forma, y fue publicado por el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón. Sin embargo, la Mesa de esta cámara decidió por unanimidad retrasar la lectura de este informe a la nueva legislatura. Lo cual, por otra parte, a mí me parece bien, porque el informe del Justicia debe mirar más hacia el futuro que mirar hacia el pasado.
Como ustedes ya conocen, esta memoria recoge la actividad del año 1998; como ustedes ya conocen, yo fui nombrado Justicia el día 25 de mayo. Cada Justicia responde de aquello que hace, pero, señoras y señores diputados, yo les transmito a ustedes toda la información de que disponemos para someterla a su consideración.
Quiero decirles que doy especial importancia a este acto, doy una importancia muy grande, porque yo creo que el Justicia, en su actuación diaria, debe actuar con discreción, pero, sin embargo, es bueno que se sepa aquello que hace. Debe actuar con discreción, porque la función fundamental del Justicia es, recordando al que gobierna que las leyes las tiene que cumplir todo el mundo, empezando por aquel que gobierna, la defensa de los derechos y libertades de los aragoneses. Y, para proceder a la defensa de los derechos y libertades de los aragoneses, considero que es fundamental actuar con discreción.
Miren, es humano que cualquier administración, que tiene, a priori -me he encontrado siempre-, una buena predisposición hacia la labor del Justicia, cuando se enfrenta con un problema, si el problema está razonado, tienda a darle la razón al Justicia, pero en privado. Es mucho más difícil -y digo que es humano- que en público, suscitada la polémica, suscitada una controversia más grande, la administración tienda a reconocer que ha podido cometer un error. Y, por eso, como yo tiendo -como función fundamental de esta institución- a resolver los problemas concretos de los aragoneses, en general, procuro actuar con discreción. Lo cual no quita para que hoy sea muy importante el que ustedes tengan conocimiento de todo aquello que yo he realizado.
Con relación a mi informe, debo decirles que lo he dividido en cuatro partes: la situación interna de la institución, las quejas, la defensa del ordenamiento jurídico aragonés y, por último, como la ley me impone, el hacer un estudio sobre los menores.
Con relación a la situación interna de esta institución, en primer lugar, me referiré al personal que nombré. Ustedes ya conocen y tienen en la memoria su cualificación profesional, estoy convencido de ella, pero es a ustedes, en definitiva, a quienes les corresponde juzgarla.
Querría destacar una cosa: que, de las quince personas que yo pude nombrar el día que llegué al Justicia, once son mujeres, y, de ellas, la asesora jefe y la jefe de gabinete. La segunda cosa es la apertura de oficinas en Huesca y en Teruel. El Justicia de Aragón ha tenido una especial preocupación, al acceder a la institución, por acercar ésta a Huesca y a Teruel. En el mes de julio del año pasado abrimos oficinas en los dos sitios. Yo me he desplazado personalmente tanto a Huesca como a Teruel para recibir quejas de aquellos que han querido verme.
Miren, voy a darles unos datos: durante los seis primeros meses de funcionamiento de esta oficina, se presentaron ochenta quejas en Huesca, que dieron lugar a la apertura de sesenta y ocho nuevos expedientes. Además, se atendieron -porque ésa es la labor del Justicia- ciento cincuenta y tres consultas. En Teruel se presentaron ciento treinta y cuatro quejas, que dieron lugar a cuarenta y dos expedientes. La Diputación General de Aragón nos cedió unos locales, tanto en Huesca como en Teruel, y se comprometió a preservar el anonimato de los ciudadanos que acudían allí a vernos.
Para completar estos datos, puedo darles datos del año 1999 que no están recogidos en la memoria que ustedes tienen a su disposición. Puedo avanzarles que el número de quejas presentadas en Huesca y en Teruel durante este período de tiempo se han duplicado con relación al mismo período del año anterior. En Teruel, durante ese período de tiempo hubo dieciocho quejas, por cuarenta y nueve este año; y en Huesca hubo cuarenta y nueve quejas, por noventa y una este año.
Con relación al presupuesto, usted lo tiene allí. Únicamente quiero apuntar dos cosas: partí de un presupuesto de doscientos cuarenta y nueve millones, y, en el presente año, en el año 1999, lo reduje en 1,7%, afectando a gastos corrientes esta reducción, pero incrementando los gastos en publicaciones y en compra de libros.
Bueno, he realizado una labor de difusión de la institución y del Derecho foral aragonés. Tienen ustedes la lista en la memoria de todos aquellos lugares donde he estado. Me van a permitir que no se la lea. Yo les puedo decir que he ido de promedio 1,5 veces a la semana a distintos lugares de la geografía aragonesa, desde el noreste hasta el suroeste, dando conferencias, sobre todo, sobre el Derecho foral aragonés. Me he desplazado sobre todo fuera de Zaragoza y puedo decirles que a todos los sitios donde he sido invitado he acudido. Y también les anuncio que cualquier invitación que me hagan para acudir a cualquier sitio con mucho gusto la aceptaré.
Respecto a publicaciones, hemos editado el año pasado un libro sobre los antecedente históricos de la justicia constitucional en el Reino de Aragón, cuyo autor era don José Iglesias, y luego les diré las publicaciones que en este momento tenemos a punto de presentarles con relación al Derecho aragonés.
En cuanto a la tramitación de quejas, quiero decirles que esta institución ha tramitado el año pasado mil ochenta y una quejas, de las cuales, setecientas cuatro se han abierto durante el tiempo que yo he sido Justicia, y trescientas setenta y siete corresponden al mandato del anterior Justicia, don Juan Bautista Montserrat. Como ustedes pueden sin duda ver, el año pasado se tramitaron mil cuatrocientas treinta y cinco quejas, y los años anteriores novecientas noventa y tres y mil sesenta y una. ¿Quiere esto decir que ha disminuido el número de quejas que ha tramitado el Justicia durante el año anterior? No; lo que ha cambiado es el criterio con el que registramos las quejas.
Miren, el Justicia anterior -como otros defensores del pueblo: hay que decirlo en honor a la verdad- tramitaban cada expediente, cada documento que se presentaba, como una queja independiente. Así, el año anterior -y lo tiene usted citado- hubo ciento treinta y nueve expedientes que coincidieron sobre un tema determinado; otros cincuenta y cuatro sobre un tema de función pública, y ciento noventa y siete son de agricultura. O sea, en lo que yo hubiera computado como tres quejas colectivas, hubo cuatrocientos asuntos. A mí me parece que, por dar claridad a esta institución, y para que ustedes tengan en definitiva un mejor conocimiento de lo que son las cosas, he preferido, a partir de esa fecha, cuando se presenta una queja colectiva, registrarla como una única queja y no como cuatrocientas o quinientas quejas.
Puedo también avanzarles algunos datos de lo que ha sido el primer semestre del año 1999. Hemos tramitado seiscientas quejas, con un aumento, respecto a lo que es el promedio del año anterior, de aproximadamente un 10%. Durante el año 1998 se han realizado ciento once recomendaciones. En la memoria que ustedes tienen se dice que, de esas ciento ocho, cuarenta y ocho las hizo el anterior Justicia, y sesenta y tres las hice yo.
Bueno; se hace referencia al número de sugerencias que se habían realizado. El 31 de diciembre, cincuenta y tres habían sido aceptadas, cuarenta y cuatro se encontraban pendientes de resolución, y ocho no habían sido contestadas. Hoy, de esas ciento once, conozco muchos más datos. Entonces, de esas ciento once puedo decirles que ochenta y una han sido aceptadas, trece han sido rechazadas y quince organismos no me han contestado.
Tengo datos con relación a los seis primeros meses de este año, que son datos muy significativos. Durante los seis primeros meses de este año he tramitado seiscientos expedientes y he hecho cien recomendaciones, o sea, he hecho casi las mismas recomendaciones durante seis meses que durante todo el año anterior.
Quiero decirles que, por otra parte, la solución de las cuestiones que se plantean al Justicia no se realizan exclusivamente a través de las sugerencias y recomendaciones que hace. Después de haber sido Justicia un año y algo, uno se da cuenta de que hay un número importante de casos, entre el 30% y el 40%, en que los problemas se resuelven por la mera intervención del Justicia. El hecho de pedir información mueve en algunos casos a la administración o constata la existencia de un error, e inmediatamente, sin necesidad de que el expediente continúe, la administración la resuelve.
Hay que decir, valorando esto -pero insisto: es a ustedes a quienes en definitiva les corresponde valorar la actuación del Justicia-, nos parece que trece recomendaciones rechazadas no es un número cuantioso; es un número más bien escaso. Admitamos que en algún caso nosotros también podemos estar equivocados, y hay casos en los que la administración, aunque no estemos equivocados, es muy difícil que nos dé la razón por la trascendencia última que todo aquello puede tener. A mí me preocupan, más que esos trece casos en los que no nos han dado la razón, los quince casos que han quedado por contestar. Esto no es bueno, porque en definitiva deja al ciudadano sin la posibilidad de ver reconocido su derecho.
Y yo les planteo a ustedes si no sería bueno que en el futuro se realizara una modificación de la Ley del Justicia, en el sentido de considerar si, en lugar de esperar un año o año y medio para que estas Cortes tengan conocimiento de cuáles son aquellas instituciones que no han contestado al Justicia, en un período de tiempo prudencial, pero mucho más breve, estas Cortes tuvieran conocimiento de aquello para que actuaran de acuerdo con la forma que estimaran conveniente.
Yo, en este momento, cumplo con el deber que me impone la ley de dar cuenta a estas Cortes de quiénes han sido los que no han contestado al Justicia; son los siguientes: tres veces el Departamento de Cultura de la DGA; dos, los ayuntamientos de Zaragoza y Cadrete; una, el de Burbáguena; otra, el de Lagata; otra, el de Tamarite de Litera; otra, el de Calanda; otra, el de Torralba de los Frailes, y otra, el de Sestrica. Faltan dos de los trece, pero son expedientes que en este momento se encuentran en tramitación.
Con relación a las quejas -y entro en la segunda parte de este informe-, con relación a las quejas, yo querría decirles que en general en las quejas lo que apreciamos desde el Justicia es la existencia de defectos formales en la tramitación. No se discute muchas veces la cuestión de fondo, sino el procedimiento utilizado para adoptarlo. Yo, en este sentido, me permito con carácter general sugerir a este gobierno -como en conversaciones privadas le sugerí al gobierno anterior- si no sería bueno que, en cada departamento o en cada consejería de la Diputación General de Aragón, no existiera un letrado (o un letrado para varios, si no se quieren ampliar los gastos) que asesorara al consejero (porque el consejero normalmente tiene una especialidad determinada, y sus directores generales también la tienen), si no sería bueno que existiera alguien que evitara esos errores formales en la toma de decisiones que a veces nosotros apreciamos.
De las quejas les diré que aproximadamente se reparten en la misma proporción entre la Diputación General de Aragón y la administración local: un tercio, un tercio, y el resto se refieren a la administración del Estado. Sin duda alguna -y por eso me voy a referir en primer lugar-, son los funcionarios los que más se quejan ante el Justicia. El año pasado se incoaron ciento veintiséis expedientes, frente a ciento setenta del año anterior. Ha disminuido el número, pero puedo decirles -porque tengo los datos en la mano- que el año anterior, cuando muchos funcionarios acudieron con un mismo asunto, se tramitó como asuntos diferentes, y yo he considerado que si veinte, treinta o cuarenta recurren una decisión de la administración, en definitiva, es el mismo asunto y no es más que una queja colectiva.
Hemos hecho dieciséis recomendaciones y sugerencias, de las que catorce han sido aceptadas y dos han quedado sin respuesta. El año anterior se realizaron ocho recomendaciones, de las que la mitad fueron rechazadas.
Quiero destacar tres casos. En primer lugar, se solicitó la reforma de los estatutos de la Universidad de Zaragoza para resolver un problema relacionado con el acceso a plazas de profesor asociado. La Universidad aceptó la sugerencia y convocó el claustro. Pese a que hubo ciento cincuenta votos a favor y sólo veintiuno en contra, no pudieron ser modificados los estatutos de la Universidad, porque faltó el quórum suficiente, que es un quórum cualificado, para modificar los estatutos. Desde entonces, varias recomendaciones -de esas quince que les he dicho que se han quedado sin resolver- relacionadas con este tema han quedado sin respuesta.
Cabe destacar, por la relevancia desde el punto de vista de la defensa de los derechos lingüísticos, el problema surgido en la fundación municipal centro de la tercera edad del Ayuntamiento de Graus, en la que, en definitiva, se rechazó por el tribunal calificador la presentación de unos documentos que justificaban méritos porque estaban en catalán. Nosotros consideramos que había que darle la posibilidad que establece la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas de subsanar un defecto posible que se aprecie, y así se hizo, y fueron en definitiva admitidos estos documentos.
Y una tercera sugerencia es una sugerencia conjunta realizada a la administración periférica del Estado y al Ayuntamiento de Monzón. Se apreciaron irregularidades producidas en el procedimiento de selección llevado a cabo para ejecución de una convocatoria para cubrir una determinada plaza. Debo decirles que hicimos una sugerencia en el sentido de que parcialmente se revocara ese procedimiento de selección, y, así como el Inem la aceptó, el Ayuntamiento de Monzón la rechazó, aunque, como quien dirigía la convocatoria era el Inem, finalmente prosperó nuestra postura.
Quiero decirles -y esto se refiere a este año, pero creo que es bueno que ustedes lo sepan, porque es un problema vivo que en este momento está en la sociedad- algo relativo a la función pública en el año 1999. Nos han presentado bastantes quejas ciudadanos de la provincia de Huesca y de Teruel, que se quejan de que las oposiciones no se realizan en Huesca y en Teruel. Es esto verdad, como también lo es que hay casos en los que es imposible realizar las oposiciones en Huesca y en Teruel; pero, además de sugerir que en todos aquellos supuestos en que se puedan realizar en Huesca y en Teruel que así se haga, hemos sugerido una cosa práctica muy concreta, por lo menos con relación a la provincia de Teruel. El autobús llega a una determinada hora -no sé si son las diez o las once de la mañana-; pues hemos pedido al Gobierno de Aragón que, cuando hay varios turnos, uno de los turnos en el que se incluyan a todos los procedentes de la provincia de Teruel se haga de tal manera que empiece más tarde de las diez de la mañana, que creo que es la hora a la que llega el autobús. Se trata de evitar gastos, dispensas y molestias a las personas que así se encuentran.
Con relación al tema de educación, durante este año la educación no universitaria no ha estado transferida. Sin embargo, hemos actuado en algunos casos solicitando información y no haciendo sugerencia formal, pero expresando nuestra opinión sobre la forma de resolver el problema que se nos planteaba. En general hemos tenido -quiero decirlo- una buena acogida de los organismos de la administración del Estado.
En esta materia más que en otra, lo que se presenta ante el Justicia son pequeños problemas. A veces se discute una beca de doce mil pesetas, que, si en el conjunto de la comunidad autónoma, no tiene mucha importancia, sí que quiero decirles a ustedes que nosotros se la damos, porque para ese chico a lo mejor depende el que realice unos determinados estudios y que tenga un determinado futuro profesional.
Concretando más, apreciamos problemas de escolarización -y esto nos preocupa, porque insistimos especialmente en la defensa de este tipo de personas- de niños necesitados de sistemas educativos especiales. A nuestro juicio, habría que ampliar las plazas de educación combinada, compartiendo centros de integración con centros de educación especial. Respecto a los problemas de admisión en centros, queremos dejar constancia de que, al aumentar la ratio de veinte a veinticinco, ha disminuido muchísimo el número de quejas que se han presentado.
Tras una visita realizada, queremos dejar constancia del excelente funcionamiento del CRIET de Alcorisa. Podría estudiarse -y se lo sugiero a estas Cortes- la ampliación de esta experiencia a otros lugares de Aragón, como forma de potenciar la calidad de la enseñanza y la integración de los niños aragoneses que viven en pequeñas localidades.
Un asunto al que Aragón debe dar mucha importancia es tratar de evitar en la medida de lo posible los desplazamientos que generen desarraigo. No puede olvidarse que probablemente uno de los problemas más importantes que tiene Aragón -para mí el más importante-, a medio y largo plazo, es la falta de personas, sobre todo en determinados lugares del Somontano de Huesca y de la provincia de Teruel, y en especial de jóvenes. Yo creo que todo lo que se haga para evitar el desarraigo de estas personas es muy importante para el futuro de Aragón. Desde esa perspectiva, a mi juicio, debe estudiarse también la inaplazable ampliación de los estudios universitarios en Huesca y en Teruel, de los que también por vía de queja hemos tenido conocimiento.
Se han tramitado varios expedientes que plantean la forma de cómo debe resolverse el tema de la utilización de las lenguas en Aragón. La postura del Justicia -y así se lo hemos manifestado a la consejería correspondiente- es que debe fomentarse la utilización de las lenguas como medio de comunicación y de manifestación cultural, y debe evitarse una hipotética utilización de las lenguas -digo hipotética, porque no tengo constancia de que nunca se haya producido- como forma de imposición o como forma de exclusión, entre otras cosas, porque ello perjudica sobre todo a los más desfavorecidos.
Este año hemos hecho -y se lo apunto- una recomendación sobre el acceso al colegio Tomás Alvira, que ha sido admitida por el ayuntamiento.
Pasando al tema de agricultura, se ha producido una disminución sólo aparente en el número de quejas, que han pasado de ciento sesenta a treinta y dos, pero es que había muchas quejas colectivas. Había muchas que se referían a un proceso expropiatorio. Las más numerosas son las relativas a los procedimientos de concentración parcelaria, en las que los que se quejan no están conformes con la finca de reemplazo. Suele haber un componente subjetivo en estos casos muy importante.
El siguiente grupo más numeroso (son seis) son las planteadas en relación con las subvenciones a la política agraria común. Sobre ellas no se ha hecho recomendación alguna, por entender ajustada a Derecho la actuación de la administración, rozando en algunos casos la actuación de los particulares un presunto fraude.
Con relación a la peste porcina -y me parece interesante que estas Cortes con vistas al futuro tengan en cuenta esto- hemos constatado que hay ganaderos integrados que son propietarios de la explotación, pero no del cerdo. Con relación a la peste y a la indemnización, hemos encontrado casos (vamos, todos los casos) en los que la indemnización se ha pagado al propietario, y no se ha pagado al dueño de la explotación, que también sufrían unos perjuicios, entre otras cosas, una cuarentena de cuarenta o cincuenta días. Nosotros proponemos a este gobierno y a esta cámara que estudien con vistas al futuro, porque afecta en gran medida a Aragón (porque, sobre todo, en la provincia de Huesca, hay muchas granjas que lo único que hacen es alquilar el local y la granja), que estudien la posibilidad de que las indemnizaciones se entreguen, como además es normal en las indemnizaciones, a los que resulten perjudicados, que en esos casos son tanto el propietario de los cerdos como aquel que tiene la granja.
Se han planteado quejas con relación a la posibilidad de regulación, al amparo del Decreto 20/97, instalaciones ganaderas sobre las que ha recaído resolución judicial, y apreciamos varios casos de falta de garantías por parte de las comunidades de regantes a la hora de sancionar. Hay numerosos caminos que siendo públicos son ocupados por particulares.
Con relación a Hacienda, en la mayoría de los casos lo que se denuncian son errores. La mera actuación del Justicia tiende a resolverlos. Queremos dejar constancia también de la mejora en la efectividad de la coordinación entre el catastro y los principales ayuntamientos de Aragón, en los casos de discrepancia, y, también, la buena predisposición del catastro respecto a nosotros.
Este año abrimos un expediente de oficio en materia de Hacienda para estudiar si era cierto, como diversas personas habían puesto en nuestro conocimiento, que había cierto retraso en la liquidación del impuesto de sucesiones. Decía -es cierto- que podía perjudicar al contribuyente (porque a veces necesitaba vender el piso) y también a la administración. Piénsese que el año pasado se reducía el plazo de prescripción de cinco a cuatro años. Constatamos que había un cuello de botella en la tramitación de estos expedientes en la fase de evaluación, haciendo sugerencia en el sentido de dotar de más medios a la Diputación General de Aragón, que fue aceptada por el gobierno.
Hay bastantes quejas en municipios pequeños sobre la distribución de contribuciones especiales, y hemos recibido muchísimas peticiones de información sobre la nueva ley de derechos y garantías de los contribuyentes.
En ordenación territorial, urbanismo y vivienda, con relación a ordenación territorial, se aprecia un aumento sensible de los expedientes, que han pasado de cincuenta y nueve a ochenta y dos. En general giran en torno a la concesión o denegación de licencias. Hay también varias quejas sobre la falta de calidad de las obras realizadas. En algunos casos se refieren a la declaración de ruina.
Quiero citarles -y a los que les interesa el Derecho- que hemos tenido una sugerencia sobre un tema muy curioso: la titularidad pública o privada de una frecatena, que en algunos lugares del alto Aragón es un callejón que evita la medianería.
En vivienda llama la atención que no hay muchas quejas. Hay, por contra, muchísimas consultas, que no dan lugar a la apertura de expediente, pero sobre las que damos información a los que vienen a vernos. Se ha realizado sugerencia en el sentido de recomendar a la DGA -y esto es un tema que solicitamos que sea tenido en cuenta- que se mejore la información que se da a los futuros compradores de vivienda sobre posibles ayudas económicas, evitando que se pierdan por desconocimiento. Las quejas más significativas son las que hacen referencia a vicios de construcción de viviendas públicas. Debería de actuarse con más diligencia a la hora, a nuestro juicio, de exigir responsabilidades a los técnicos y constructores.
Otro tema que ha planteado problemas ha sido el baremo de adjudicación de viviendas de promoción pública. Más que pueda estar mal hecho el baremo o no, lo que creemos es que deberían aclararse algunos aspectos del mismo. Hemos hecho sugerencia en el sentido de que los comuneros promotores de viviendas puedan acceder a las subvenciones en viviendas a precio tasado.
Con relación a medio ambiente, hemos tramitado sesenta y tres expedientes. Uno de ellos -antes era uno de ellos, hoy ya son más-, de oficio. En la actualidad se encuentran -podemos decir- en tramitación dentro del Justicia todos los temas polémicos que sobre el medio ambiente hay en esta comunidad. Hicimos una recomendación sobre el tema de parques eólicos en La Plana de Zaragoza, sobre protección de vías pecuarias, sobre la situación de las pistas de esquí de Javalambre, sobre el desdoblamiento de la carretera nacional 232, llamada carretera de Castellón. En este sentido quiero decir que asesores del Justicia fueron varias veces a aquel lugar y, después de alguna reunión con el director general correspondiente de la Diputación General de Aragón, propusimos una serie de soluciones. Básicamente eran tres: reducir la mediana, cambiar un camino que había de paso de ganado y reducir el terraplén, que finalmente han sido aceptadas y que evitan que esta carretera se introduzca dentro del galacho correspondiente.
También hemos abierto recientemente -quiero decirles- tres expedientes de oficio sobre las obras en la carretera A-226, que es el eje del Maestrazgo. Se hacen a veces obras, y los desechos de las obras, lo que sale de las obras, se arroja a los lados, sin tener en cuenta el medio ambiente. Creo que en esto deberíamos de ser más cuidadosos.
También hemos abierto otro expediente sobre la forma en que se tramitan las denuncias de los agentes de protección de la naturaleza, y otros sobre las zonas de especial protección de las aves en Monegros, que afectan a los planes de regadíos.
El mayor número de quejas, la mitad, se refieren -como en años anteriores- a la vulneración del reglamento de actividades molestas: ruidos, vibraciones, olores, polvo, falta de salubridad. En particular, los vecinos se quejan de las molestias causadas por los ruidos. En la mayoría de los casos, quiero decirles que los particulares se quejan con razón de la actuación de otro particular y, a veces, indirectamente también, de la administración por no controlarlo. Estamos realizando un estudio especial, que presentaré en su momento ante esta cámara, sobre esta materia. Pero hay que reconocer que, en general, la actuación de los ayuntamientos en esta materia no es satisfactoria. No se produce el celo necesario para garantizar el derecho a la tranquilidad y el descanso. Este problema se ve en muchos casos agravado porque se produce de noche. Yo solicito al gobierno y a esta cámara, en nombre de una inmensa mayoría de ciudadanos aragoneses, que con toda firmeza todas las administraciones públicas, porque todas ellas tienen competencia, hagan esfuerzos para que en la medida que ellas puedan lleven a cabo una actuación decidida para establecer unos horarios de cierres de determinados establecimientos que actúan por la noche.
Solicitamos también del Gobierno de Aragón en este tema que proceda a la transposición de directivas comunitarias a la legislación interna, sobre todo en materia de concentración parcelaria y de parques eólicos. Y hemos recomendado que se señale con claridad cuál es la cantidad mínima en la ley de unidades mínimas de cultivo.
Con relación a la ordenación territorial, obras públicas y servicios públicos, hay algunos casos que hemos tramitado en los que los ciudadanos se quejan de que las expropiaciones no se pagan en debido tiempo. Son varios casos en que los pequeños ayuntamientos no pueden cubrir las necesidades mínimas que les corresponden. Encontramos en algunos casos falta de rigor en la tramitación de expedientes de contratación local -los tienen ustedes reflejados-, y hay muchos casos en que los ciudadanos acuden a quejarse del funcionamiento de determinados servicios públicos: el tren, los teléfonos, los autotaxis y los cementerios son los más frecuentes. En muchos casos somos conscientes de la dificultad que tiene para los pequeños municipios prestar los servicios públicos obligatorios. Quiero decirles que este año hemos intervenido en un problema suscitado por el transporte público en Montecanal, hemos intervenido muchas veces además, y, según nos comunicaron ayer los quejosos -hoy lo he visto ya en el periódico-, el asunto está en vías de solución mediante un acuerdo entre Ayuntamiento de Zaragoza y los interesados.
Respecto a la asistencia social, distinguiré dos partes: la parte que hace referencia a asistencia sanitaria y psiquiátrica. Miren, yo creo que de las cosas que funcionan peor en esta comunidad, ahora, hace cinco, hace diez, hace quince años, es este tema. Probablemente es una de las cosas que, en su conjunto y en aspectos parciales, peor funciona en esta comunidad. A nosotros se nos presentan muchos casos, que además no se solucionan, de familiares de enfermos mentales en relación con la asistencia que se les presta. Hay muchos casos en los que no se obtiene ninguna solución satisfactoria desde aquí, y, entonces, como hay varias administraciones, lo transmitimos al Defensor del Pueblo.
Algunas quejas exponen la falta de asistencia psiquiátrica en régimen de hospitalización para enfermos mentales crónicos, precisados de un ingreso de media o larga estancia. Se detecta escasez de plazas y consiguientes listas de espera que pueden retrasar el ingreso muchos, muchos, muchos años, con el sufrimiento que genera en las familias, porque, cuando en una familia hay una persona con un determinado grado de discapacidad psíquica, afecta también a la salud del resto de la familia. En eso están de acuerdo todos los psiquiatras. Se quejan de que no hay sistemas, no hay medios para atender al régimen de custodia cerrado. Faltan medios, también, para atender a los jóvenes que padecen trastornos de agresividad, psicopatías, que les llevan en ocasiones a cometer acciones delictivas, manifestando carencias del sistema sanitario en orden a su rehabilitación.
Consideramos nosotros fundamental la resolución del problema competencial para evitar que cada administración (Servicio Aragonés de Salud, Insalud) actúe descoordinadamente en perjuicio del servicio que se ha de prestar al paciente.
Respecto a la tercera edad y otras personas con discapacidad, quiero decirles que desde que entré en esta casa nosotros realizamos visitas periódicas a todos los centros de tercera edad, discapacitados, donde hay niños, de nuestra comunidad. Un asesor del Justicia, todas las semanas, al menos va a uno de ellos. Durante el último semestre del año 1998, fuimos a seis residencias donde había personas de la tercera edad, tanto públicas como privadas. Son muy frecuentes las quejas que nos presentan los ciudadanos por la tardanza en tener acceso a una plaza. Nosotros sugerimos al consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo la elaboración de un estudio real sobre las necesidades de las personas mayores en los diferentes núcleos poblaciones.
Con relación a personas con discapacidad, hemos visitado siete centros distintos, especialmente los que acogen a niños y a jóvenes. Las quejas que se presentan en la institución reflejan que los recursos no son suficientes.
Y en materia -y en esto quiero insistir-, en materia de supresión de barreras, se incoó un expediente de oficio relativo al desarrollo reglamentario de la ley, que se ha resuelto con dos sugerencias distintas. En primer lugar, hemos sugerido al Gobierno de Aragón, y a todos los ayuntamientos, que antes de dar licencia se haga un informe expreso sobre si se cumplen los requisitos específicos que exige la ley de barreras. Y, por otra parte, hemos pedido al Gobierno de Aragón (se lo hemos pedido recientemente y nos parece que es importante no dejar pasar esta oportunidad) que adapte una directiva europea que se acaba de publicar en la que se establece qué condiciones deben tener las tarjetas de aparcamiento, para poder ser utilizadas no sólo en todas las ciudades de Aragón, sino en todas las ciudades de España y en las de la Unión Europea. Tendrá que adaptar el Gobierno de Aragón nuestra legislación, que no es complicado, a lo que dice la directiva europea, para que así nuestros discapacitados gocen de estos privilegios antes. Antes de conocer esta directiva, nos dirigimos al Defensor del Pueblo proponiéndole que sugiriera al gobierno de la Nación que cualquier tarjeta de aparcamiento sirviera dentro de todo el territorio nacional.
En trabajo, hemos tramitado veintiocho quejas. Hay un descenso, un descenso que no se debe, como en otros casos, a la existencia de quejas colectivas, sino que se debe, como ha sucedido y lo hemos comprobado en los juzgados de lo social de toda la comunidad autónoma, a nuestro juicio, a una mejora en la situación laboral. En general, las quejas que recibimos se refieren a funcionamiento de empresas particulares, por lo que el Justicia no puede supervisarlas, sin perjuicio de que siempre he intentado cumplir con el mayor interés el deber de la información y orientación. A veces es una falta de información lo que da lugar a la queja.
En el tema de formación se han formulado quejas referidas a las actuaciones de la Diputación General de Aragón en el ejercicio de sus competencias en el proceso de selección de alumnos para participar en los cursos de formación e inserción profesional. Hay un caso que estudiamos, que, desde un punto de vista doctrinal, es muy interesante (y no me voy a referir a él extensamente, pero hay un estudio muy profundo sobre el mismo), sobre los límites a la discriminación positiva en materia de enseñanza y formación. Hay que admitir que se favorezca a determinados colectivos, pero nosotros no somos partidarios de que se excluya a una persona que tiene interés en formarse en una cosa de forma absoluta. Hicimos una sugerencia que fue admitida por el Gobierno de Aragón, pero el tema se ha vuelto a plantear de nuevo.
En materia de desempleo ha habido varias quejas sobre extinción de prestaciones, irregularidades en el proceso de concesión de las mismas, reclamación de cantidades indebidamente percibidas.
Queremos dejar constancia de que, en el conflicto suscitado por la fábrica Inespal de Sabiñánigo, el Justicia se entrevistó con algunos afectados, dirigiéndonos a la empresa para que tuviera en cuenta que, si era imprescindible tomar alguna medida reductora de puestos de trabajo, se hiciera con el menor costo social posible. Finalmente hubo acuerdo entre los trabajadores y la empresa, manifestándonos ambos su satisfacción por la forma en la que habíamos intervenido.
En materia de seguridad social, hemos tramitado ciento ocho expedientes. Tenemos también el problema de que no es una competencia transferida a nuestra comunidad autónoma de forma plena. Por eso, nosotros lo que hacemos es informar, orientar y, en algunos casos, manifestar nuestra opinión, pero no por vía de sugerencia o resolución. Ha habido bastantes casos en los que han acudido personas a quejarse de que no estaban conformes con la valoración que se había hecho de una posible pensión de invalidez por incapacidad permanente; pero debemos decir que, en estos casos, la actuación del Justicia es muy limitada porque se basa en un criterio médico que nosotros directamente no podemos combatir, no podemos supervisar, ya que esa discrecionalidad no corresponde a nuestras competencias. Hay también discrepancias o dudas sobre cotizaciones, y también tramitamos una queja que afectaba a un grupo muy numeroso de personas, que eran antiguos mutualistas de la mutua nacional de previsión de la administración local. Les dimos la razón.
En sanidad, se han formulado un número importante de quejas, superior al de años anteriores; también hemos informado y hemos manifestado nuestra opinión, porque en muchos casos afectaba al Insalud la actuación que se pedía que supervisáramos.
Los expedientes referidos a cuestiones relacionadas con la infraestructura sanitaria han puesto de manifiesto que la configuración actual de la red sanitaria de Aragón, con diferentes administraciones competentes, hace que resulte de enorme complejidad y pueda dificultar la exigencia de responsabilidades cuando las distintas administraciones implicadas se eximen unas a otras. Esto se ha puesto de manifiesto especialmente en algunos supuestos, como el expediente abierto de oficio relativo a la asistencia prestada en Brea de Aragón a raíz de la muerte de un vecino de dicho municipio, o en el expediente abierto relativo a la financiación de tratamientos de logopedia a niños con síndrome de Down, que a continuación comentaremos.
El grupo más numeroso de quejas en materia de sanidad se ha referido a la financiación de tratamientos y gastos sanitarios. Frecuente ha sido el número de personas que han venido al Justicia a manifestar su desacuerdo con esto. Nosotros hemos tratado de informarles y manifestar nuestra opinión, y, en aquellos casos en los que, no siendo susceptible de la prestación, se podía acudir a una prestación asistencial, que sí que podía realizarla la Diputación General de Aragón; hemos hecho sugerencia en este sentido.
De singular interés resulta para nosotros la falta de financiación de tratamientos de logopedia a personas afectadas por el síndrome de Down. Hicimos una recomendación a la Diputación General de Aragón en el sentido de que financiara esto, como se hace en algunos otros lugares. La admitió, pero dijo que la competencia para pagarla finalmente era del Insalud.
Con relación a cultura y patrimonio, quiero en primer lugar dejar constancia de que, en este momento, Aragón está inmerso en un proceso de recuperación de un importante legado patrimonial, que, por diferentes causas, se encuentra fuera de nuestro territorio. La institución del Justicia no puede permanecer impasible ante una reivindicación unánime de los aragoneses y, dentro de los límites de sus competencias, no escatimará esfuerzos en apoyar y facilitar cualquier actuación tendente al retorno del patrimonio aragonés hoy disperso. Me centraré en tres temas concretos en sede de patrimonio.
Una actuación sobre San Pedro el Viejo. Personalmente realicé varias visitas a San Pedro el Viejo, y propusimos que se hiciera un plan director y que si hiciera un plan de la manzana. El plan de la manzana está sin realizar, y creo que debería de realizarse por un grupo de expertos que recogieran una opinión plural y múltiple. Hay un problema: si el edificio que se apoya sobre el ábside debe o no ser derruido. Es una cuestión discutible, pero, en definitiva, creo que deben ser los expertos los que opinen. En todo caso, se consiguió que se adjudicara una importante cantidad concreta para iniciar las obras de rehabilitación.
Con relación a la Puerta Cinegia, plaza de España, se presentó también otra queja ante el Justicia. En esta queja detectamos que, no en el fondo, sino en la forma, no se habían cumplido los trámites del procedimiento para rectificar el acuerdo. La administración nos contestó en el sentido de que esta extralimitación de la comisión en sus atribuciones fue, obviamente, por un error involuntario en la interpretación de las normas. A mi juicio, éste es un caso que revela bien cómo no sólo en según qué consejerías, sino también en según qué comisiones, debería siempre haber un experto jurídico. Cuando se reúnen cuatro catedráticos de arte, no tienen por qué saber cuál es la forma en la que toma acuerdos una determinada comisión, y, aun sin quererlo, llegan a tomar decisiones que no son ajustadas a Derecho.
Bueno, abrimos un expediente sobre el retraso en la tramitación de expedientes de declaración de bienes de interés cultural, se apreció el retraso, lo admitió la administración, y contestó diciendo que había escasez de medios personales y que la tramitación era muy complicada, por lo que hicimos recomendación en el sentido de superarla. Y se hizo otra, que les puedo contar si ustedes quieren con más detalle, actuando de oficio en las pinturas góticas de Bubierca, en la que la administración actuó para protegerlas.
En interior, la mayoría de los asuntos han derivado de multas, de la potestad sancionadora de la administración. En general, los expedientes estaban bien tramitados y hemos apreciado una buena colaboración de los más importantes ayuntamientos de la comunidad aragonesa, igual que de las jefaturas provinciales de tráfico, a las que en algunos casos nos hemos dirigido. En algunos casos, sin embargo, vemos que se han incumplido trámites formales del procedimiento, que suponen pérdida de garantías, y así se lo hemos hecho manifestar.
En materia de extranjería, lo que a nosotros nos plantean son retrasos en la tramitación de expedientes de concesión de visado o de reagrupación familiar. Se han denunciado irregularidades en la expulsión administrativa. Como no tenemos competencias sobre el tema, además de informar, lo hemos remitido al Defensor del Pueblo.
En materia de defensa, sobre la que tampoco tenemos facultades directas, hemos actuado informando y remitiendo al Defensor del Pueblo en casos de prestación social sustitutoria y de retraso en la orden de la incorporación a destino.
En sede de justicia, los ciudadanos se refieren a su disconformidad con las resoluciones judiciales en muchos casos, pero el Justicia, obviamente, no puede someter a examen las resoluciones judiciales. Les informa, en todo caso, de los trámites que pueden seguir para impugnarlas. Hay algunos casos en los que se cuestiona la actuación profesional de abogados y procuradores, hay varios casos, en los que sin prejuzgar tampoco el asunto les informamos de cuáles son los diversos trámites que pueden seguir para defender sus posibles derechos. Hay casos en los que se discute la denegación de asistencia jurídica gratuita y hay algunos casos también en los que se plantean temas sobre materia penitenciaria, como traslado a otro centro, denuncia de malos tratos, solicitud de mediación para ingreso de un penado en un centro de desintoxicación de drogodependencias, que remitimos al Defensor del Pueblo, sin perjuicio de hacer algunas discretas gestiones para ello.
Paso a la tercera parte de mi informe: defensa del Estatuto de Autonomía. Hemos realizado diversas actuaciones, alguna de ellas que puede que no sea conocida. Hemos actuado en el proyecto de ley de ordenación farmacéutica. La representación de un grupo de afectados por la regulación del sector farmacéutico se dirigió a esta institución solicitando un informe sobre algunos aspectos del proyecto de ley de ordenación farmacéutica de Aragón, al considerar algunos artículos de dudosa legalidad. Nosotros consideramos que el proyecto no violaba los derechos individuales o colectivos reconocidos por los ciudadanos en el Estatuto, no siendo competencia de esta institución realizar valoración alguna sobre las opciones de política legislativa reflejadas en el contenido de las normas, pues no le corresponde al Justicia de Aragón supervisar la actividad política de las Cortes de Aragón, legítimas representantes del pueblo aragonés y titulares de la potestad legislativa propia de la comunidad autónoma.
Hicimos un informe también -pasando a otro tema- sobre las competencias del Justicia de Aragón en relación con la administración local aragonesa. Solicitamos un convenio al Defensor del Pueblo, y el Defensor del Pueblo mostró sus reticencias, y presentamos un informe en defensa de lo que consideramos que era así, con una interpretación amplia de la sentencia del Tribunal Constitucional 142/1988. Puedo decirles -como ustedes ya conocen- que informamos y supervisamos la actuación en nuestra comunidad de la administración tanto local como provincial. Hicimos un informe sobre el proyecto de ley informático y de protección de datos de la administración en la Comunidad Autónoma de Aragón. Lo presentamos a presidencia de gobierno. La opinión del Justicia es que las funciones que tiene esta agencia en otros lugares no las debía de asumir el Justicia.
También actuamos en la cuestión de lo que se llama el monte Vega del Tajo o Albarracín. Otra comunidad autónoma, Castilla-La Mancha, pretendió el deslinde de un territorio que era aragonés. Nos dirigimos al Gobierno de Aragón solicitando que ejercitara todo tipo de actuaciones y acciones en defensa de la integridad territorial de nuestro territorio, y así se hizo, y puedo decirles que el problema está resuelto de forma favorable para los intereses de Aragón.
En cuanto a tutela del ordenamiento jurídico de Aragón, quiero decirles que se ha producido un descenso significativo en el número de expedientes, pero porque ha variado el criterio. Antes, cada vez que se dictaba una norma reglamentaria por el Gobierno de Aragón, el Justicia abría un expediente de oficio para revisar si estaba bien hecha o no. Nosotros hemos rechazado controlar sistemáticamente a la administración por esta vía. En algún caso, en uno, hemos apreciado la existencia de un problema, y así se lo hemos dicho a la administración.
La actuación en defensa, tutela del ordenamiento jurídico aragonés se ha realizado en diversos campos. Uno, ante el Consejo General del Poder Judicial. Un grupo numeroso de magistrados presentó un escrito ante el Justicia quejándose de que unos cursos que habían realizado, de doscientas cincuenta horas, no eran reconocidos como méritos a la hora de justificar especialización en Derecho aragonés, como mérito para concursar. Nosotros nos dirigimos al Consejo General del Poder Judicial en el sentido de considerar que esto podía alterar o vulnerar alguna resolución dictada hace ya más de diez años por el Gobierno de Aragón. El asunto ha sido complicado y ha dado lugar a diversos trámites. Creo, según me anunciaron -no tengo notificación real-, que en el consejo que ayer se hizo iba a ser aprobado este punto, pero ha costado más de nueve meses.
Y luego hicimos un informe sobre la orden de vedas de 3 de julio de 1998, por considerar que esta orden no era un mero acto administrativo, como se pretendía, sino una norma de carácter reglamentario, y, como norma de carácter reglamentario, tenía que pasar a través de la Comisión Jurídica Asesora. Fue atendido por el Gobierno de Aragón.
Con relación al Derecho aragonés, debo decirles que es de los temas que con más interés he realizado: el desarrollo y difusión del Derecho aragonés. Quiero decirles que nuestra actuación ha sido múltiple y plural en diversos temas. Primero, hemos hecho una sugerencia a la universidad, en el sentido de que los planes de estudio de la Universidad de Zaragoza incluyeran el estudio del Derecho aragonés. Nos parecía elemental. La universidad ha admitido la sugerencia del Justicia, haciendo constar que se va a incluir en el futuro plan de estudios de la Facultad de Derecho. Va a haber dos cursos de Derecho aragonés; quizá tres, porque puede haber uno también de Derecho público. Ahora bien, como no sabemos con certeza cuándo va a entrar en vigor ese plan, hemos considerado que no hay que perder el tiempo y hemos convocado un curso subvencionado por el Justicia de treinta horas para todo el mundo, para todo el que quisiera, para el estudio del Derecho público y privado aragonés. La inscripción fue masiva, a pesar de que cobramos una pequeña cantidad: cinco mil pesetas -nada que es gratis se valora de forma debida-. Puedo decirles que a las cuarenta y ocho horas (antes), el cupo que teníamos, que era la capacidad máxima del aula magna, que es la capacidad más amplia de la Facultad de Derecho, estaba plenamente cubierto, y que tenemos una lista de espera que supera en ciento cincuenta para un nuevo curso.
Tengo que decirles también que es motivo de satisfacción que se pidió su intervención como profesores a juristas muy prestigiosos de nuestra comunidad, y ni uno solo rechazó la intervención en este curso. Debo anunciarles que se inicia la segunda parte de este curso ahora, pero tan pronto se acabe éste iniciaremos otro curso, y así lo haremos mientras no se estudie en la Facultad de Derecho el Derecho aragonés como asignatura.
Hemos subvencionado dos cursos dirigidos a posgraduados. Uno a jueces, con ciento cincuenta jueces y fiscales, con ciento cincuenta horas, y otro de doscientas cincuenta horas dirigido a posgraduados y personas que estudian los dos últimos cursos de la Facultad de Derecho. También hemos subvencionado (porque creemos que es bueno dirigirnos a los profesores que dan clase en nuestros institutos y colegios) en el ICE un curso de Derecho aragonés a nuestros profesores, al que han asistido cien personas, cien profesores distintos, para que éstos, a su vez, divulguen el Derecho aragonés, que, como ustedes saben, es una de las señas, quizá la más importante, de identidad de este pueblo.
Este año convocamos ocho conferencias en el paraninfo de la Facultad de Derecho, que es el aula con más capacidad que tiene en este momento la Universidad de Zaragoza, para estudiar el proyecto de ley de sucesiones, ya ley aprobada por esta cámara. Quiero decirles que su capacidad es de cuatrocientas veinte personas, y estuvo llena las ocho horas que duraron las conferencias.
También quiero decirles, como ustedes ya conocen, que este mismo año, con la colaboración de estas Cortes, publicamos y distribuimos en todos los periódicos de Aragón un tríptico que se hizo en el Justicia con una tirada de ciento veinte mil ejemplares, en el que se hacía a nivel divulgativo una explicación de la Ley de sucesiones en Aragón. Con la colaboración del Gobierno de Aragón y del Colegio de Abogados, hemos editado seis mil ejemplares de la Compilación de Aragón y de la Ley de Sucesiones, con su correspondiente índice. Hemos convocado el premio Jerónimo Blancas, destinado a fomentar el estudio del Derecho aragonés. También tenemos dos becarios para el estudio del Derecho aragonés. Hemos firmado, para facilitar el estudio del Derecho aragonés, convenios de colaboración con el Consejo General Poder Judicial, con la Fiscalía General del Estado, con la Universidad de Zaragoza y con el Colegio Notarial.
En el Foro se ha celebrado su octava sesión de forma satisfactoria, tanto por la asistencia de juristas como por el alto nivel de las ponencias presentadas. Este año se presentará, por primera vez -dentro de un mes- en su historia, el Foro en Teruel capital.
Para facilitar el estudio del Derecho aragonés y divulgarlo entre todos los aragoneses, se presenta por un asesor de esta institución, y también magistrado, don Francisco Polo Marchador, en Radio Nacional de España, en el programa Todo Noticias, un programa de cinco minutos, del que ya hemos hecho más de cien programas en este tiempo en que estamos actuando, y en el que se ha hecho una divulgación sencilla y amena de lo que es nuestro Derecho.
Queremos dejar constancia de que, por primera vez, la memoria del Justicia recoge toda la jurisprudencia de nuestros juzgados y tribunales, referente al Derecho civil de Aragón. Probablemente es el único sitio donde está.
Hemos iniciado un ambicioso programa de publicaciones. Con fecha 11 de octubre vamos a entregar una versión de los Fueros de Aragón en versión romance. Y puedo decirles que se publicarán las tres versiones conocidas (la de la biblioteca de la Universidad de Zaragoza, la de la Biblioteca Nacional, la de Miravete) y una que ha descubierto el profesor Antonio Pérez en la Sorbona en París. Irá acompañada de un vocabulario de seis mil cuatrocientas palabras que permita la comprensión del aragonés de aquella época.
Es sólo una parte del programa de publicaciones que va a realizar el profesor Antonio Pérez, entre los que esperamos publicar también el Miguel del Molino.
También se va a publicar este año un libro con subvención importante del Justicia, y siendo autores sus asesores, en el que se recogen, con sus correspondientes índices alfabéticos, las sesenta leyes más importantes de Aragón. Hubo uno que se publicó hace diez años, pero ahora está claramente superado.
El 15 de septiembre se inició el plazo para la presentación de trabajos sobre un tratado de Derecho público aragonés (que no hay ninguno, no ha habido nunca ninguno), que ha dirigido el profesor Embid. Para que tengan ustedes idea de la importancia de esta obra, estará entre novecientas y mil páginas.
A todo ello, quiero añadir que yo, personalmente, he dado más de cincuenta conferencias -con relación al Derecho aragonés- en ayuntamientos, colegios, institutos, centros de tercera edad y, en general, en todos los sitios. Creo que no he denegado ni una sola invitación para dar una conferencia sobre Derecho aragonés a lo largo de toda la geografía escolar.
Quiero decir que firmamos un convenio con Ibercaja, en el cual se nos subvenciona el 50% de todas estas publicaciones de Derecho aragonés, y quiero también explicarles -tienen la lista allí, pero con mucho gusto, si quieren, se la ampliaré- que prácticamente todos los días viene un colegio, también personas de la tercera edad, a visitar la sede del Justicia, están aproximadamente una hora, se les entrega información sobre el Justicia, y yo recibo, si estoy en la institución, a todos, recibo al 80% de ellos y hablo con ellos entre veinte minutos o media hora, y contesto las preguntas que me han realizado. Algunos de los hijos de los que hoy están aquí conocen directamente estas visitas.
Respecto -y con esto acabo ya- al informe especial de menores, quiero decirles que a lo largo de este año, con esta materia de menores, a la que prestamos especial atención, porque el Justicia protege sobre todo a aquellos que tienen menos capacidad para defenderse a sí mismos, hemos realizado dieciséis recomendaciones, cuatro sugerencias, un recordatorio de deberes legales. Salvo tres, todas las recomendaciones han sido aceptadas.
En protección quiero anunciarles que este año (1998) han estado sujetos a protección de la administración los siguientes menores: setenta y tres en Huesca, cincuenta y uno en Teruel y quinientos setenta y cinco en Zaragoza. Se han realizado por la administración cuarenta y tres actuaciones urgentes, retirando treinta y tres menores de su casa. En el año anterior el número fue superior, esto hay que decirlo.
Gran parte de las intervenciones que el Justicia realiza en esta materia son de oficio, dadas las especiales características de las personas afectadas, que, lógicamente, no suelen dirigirse a la institución exponiendo los problemas que plantean. Al menos en diez casos en esta materia de protección hemos actuado de oficio. Todas las semanas visitamos, al menos, un centro de niños que se encuentran en esta situación. En la fecha en la que esta memoria se publicó habíamos visitado siete centros.
Notamos un incremento constante en las fugas que se producen de estos centros. Muchas de ellas se producen por menores inmigrantes, que tienden a unirse de nuevo a su familia, y en otros, por menores con alteraciones psiquiátricas o trastornos conductuales.
Destacamos la importancia del problema de acogimiento de familiares con adoptivos, que está funcionando bien y que hay que, a mi juicio, fomentar en mayor medida. Es mejor que un niño vaya a una familia que vaya a un centro determinado.
Reflejamos el acierto que ha supuesto la creación del albergue municipal de Zaragoza, con la construcción de los llamados módulos familiares, que permiten la acogida temporal de menores junto a sus familias, evitando la separación familiar. Habría que intentar que hubiera en más sitios de esto.
Se ha producido un aumento considerable de las solicitudes de adopción internacional: de ciento ocho se ha pasado a ciento treinta y nueve. Ha habido numerosas quejas. Hay que decir que es un tema muy complicado el de la adopción internacional y que ha habido varias quejas. Queremos destacar, en esta materia especialmente, el grado de colaboración prestada por la administración a nuestra institución.
En materia de reforma han estado sujetos veintitrés menores en Huesca, treinta y siete en Teruel y setenta y tres en Zaragoza. Las medidas que se adoptan son de todo tipo, pero en general la libertad vigilada. Yo creo -es la opinión del Justicia- que hace falta más personal de base, que controle la libertad vigilada. Probablemente hacen falta más asistentes sociales.
Realizamos una visita al centro San Jorge, único en Aragón para internamiento penal de menores. Hemos realizado recomendación a la administración para que se tomasen medidas para evitar las fugas, y la situación -creemos- de ese centro ha mejorado tras diversas inversiones.
Hemos realizado también -y lo encontrarán en mi estudio- un detallado estudio sobre la futura ley orgánica reguladora de la administración de justicia a menores. Recogemos la valoración que en su momento hizo la administración de que, para que la transferencia se haga en debidas condiciones, es necesario que, al menos, sea acompañada de ochocientos ochenta y ocho millones. Ése fue un primer informe, aunque se apuntaba que podría haber otro posterior, en el que la cifra quedara aumentada.
Y, con relación a los menores discapacitados, somos conscientes de la especial situación en que esto se encuentra, y por eso hemos realizado visitas a estos centros, hemos realizado ocho visitas. En algunos casos, como en la residencia El Cariño, hemos realizado varias visitas a ese centro, viendo cuál era la situación real en la que se encontraba. Hemos tramitado varios expedientes de oficio.
Con esto acabo mi informe y quedo a la disposición de todos ustedes, y con mucho gusto escucharé la opinión que ustedes tengan, puesto que, como ustedes saben, el día que yo vine a estas Cortes dije que intentaba actuar con sentido común, y sentido común se tiene por la opinión de lo que a uno le rodea.
La opinión de estas Cortes, para el Justicia, siempre será un importante punto de referencia a la hora de actuar.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Fernando García Vicente, Justicia de Aragón, por su informe.
Y ahora suspendemos la sesión durante diez minutos.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión con la intervención de los portavoces de los grupos parlamentarios.
Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Mixto, Izquierda Unida, don Jesús Lacasa.

El señor diputado LACASA VIDAL: Señoras, señores diputados.
Señor Justicia de Aragón, hemos leído con mucha atención y hemos escuchado ahora mismo sus palabras, con esa misma atención, en el sentido de que su institución nos merece un gran respeto, porque creemos que en ella están depositados muchos valores y, sobre todo, unos aspectos que yo quiero recalcar en la intervención que voy a tener a continuación.
Yo creo, además, señor Justicia, que usted tiene una tarea por delante importante. Sus predecesores en el cargo tenían una misión difícil, que era la puesta en marcha de una institución que había tenido un precedente histórico, pero que, en un Estado constitucional, democrático, social y de derecho, era completamente distinta a la que había conocido en el pasado.
Y esto podíamos decir que está conseguido. Yo creo que hoy nadie discute que el Justiciazgo de Aragón tiene una función en el ámbito de los equivalentes, de los ombudsmen que existen en otras partes y en otras geografías del mundo y también del Estado español.
Pero yo creo que a usted, igual que a esta cámara autonómica, nos corresponde o nos compete una tarea diferente. Yo creo que, cuando usted deje su mandato (si es que no repite después de cinco años), cuando usted deje su mandato, yo creo que el Justicia de Aragón, el Justiciazgo, debe haber conseguido lo que esta comunidad autónoma va a conseguir: un crecimiento importante. Yo creo que Aragón no va a ser el mismo una vez complete las transferencias que tiene adjudicadas por la reforma estatuaria, y el Justiciazgo tampoco lo va a ser.
Porque yo creo que, cuando en Aragón residan plenamente todas las competencias que el Estatuto de Autonomía nos otorga, yo creo que el volumen de las quejas y la capacidad de intervención que tiene el Justicia de Aragón a partir de ese momento va a ser impresionante y va a ser muy diferente a la que es ahora. Ya lo es en estos momentos, a partir de la asunción de la educación y de la enseñanza no universitaria. Yo creo que ahí ya tenemos un nuevo eslabón que a usted le permite intervenir en cuestiones en que antes se decía que eran competencia del Defensor del Pueblo: es el Ministerio de Educación y Cultura el que tiene la competencia. Hoy ya no. Hoy, en Aragón, hay un aspecto importantísimo de la política social y que afecta a decenas de miles de personas, como es la educación en el grado no universitario.
Y ¿qué decir cuando se complete la transferencia en materia sanitaria? Yo creo que todo eso es una revolución para la comunidad autónoma: personal, políticas de primer orden que afectan a la calidad de vida de los ciudadanos, y sobre las cuales el Justiciazgo tiene que decir muchas cosas. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido la institución va a sufrir, a lo largo de esta legislatura, una evolución importante, que yo espero que sea para bien y para beneficio de las gentes más necesitadas de ayuda de nuestra comunidad autónoma.
Es más, yo creo que eso supondrá -y en esto ya estoy haciendo alguna sugerencia- una cierta reconversión interna, en el sentido de que creo que tendrá usted que incorporar a sus equipos de trabajo asesores especializados en materias educativas, en materias sanitarias, a medida que vayamos incorporando estas competencias, para que eso cobre una fuerza, una potencia dentro de la institución, y sea capaz de hacer frente al número de quejas y al número de problemas que los ciudadanos, sin duda, le van a plantear en estos nuevos campos, que ya son o van a ser competencia inmediata de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Nosotros creemos que la institución tiene mucha importancia porque tiene atribuidas competencias relevantísimas.
Dice que el Justicia de Aragón, en el artículo 33 de nuestro Estatuto, tiene como competencia, como misión específica, la protección y defensa de los derechos individuales y colectivos reconocidos en este Estatuto. Pero, si vamos al artículo 6, vemos que los derechos y libertades, deberes fundamentales de los aragoneses, son los establecidos en la Constitución. Por lo tanto, el campo de actuación del Justicia de Aragón es muy amplio. No se ciñe -y lo sabemos- exclusivamente a las competencias que tiene nuestra comunidad autónoma en estos momentos, sino que tiene un amplio abanico de posibilidades, que usted -como ha señalado en nuestro informe- ejerce, está ejerciendo, a través de intervenciones, de requerimientos, de interesarse por unos asuntos que en un momento determinado plantean problemas. Y ahí yo creo que tiene usted un campo importante de actuación.
¿Cuál es -en nuestra opinión- la misión fundamental del Justicia de Aragón, en estos momentos, en esta sociedad, en Aragón?
Pues, en nuestra opinión, usted tiene que ser el valedor de aquellos que no tienen voz, el valedor de aquellas personas que tienen mayores dificultades de inserción en una sociedad como la nuestra. Una sociedad supuestamente desarrollada, pero una sociedad en la que se dan desigualdades; una sociedad en la que hay algunas capas de la población que viven muy bien, otras tienen un nivel de vida aceptable; pero no conviene que olvidemos algunos informes como, por ejemplo, los de Cáritas, que nos recuerda todos los años, y precisamente cuando llegan las campañas de Navidad, que hay en Aragón en torno a doscientas mil personas que viven en el umbral de la pobreza, la llamada pobreza relativa, y unos miles de personas, una cifra menor, pero también importante, que viven en el campo de la pobreza absoluta o de una cierta exclusión social y marginación.
Esas personas no pueden valerse por sí mismas. Esas personas necesitan un apoyo, y esas personas tienen que encontrar en el Justicia de Aragón un valedor de esos derechos, que, probablemente, tienen sobre el papel, que las leyes probablemente les conceden, pero que muchas veces no conocen los caminos para poner en marcha, no conocen cómo llegar a las ayudas públicas, porque les faltan mecanismos de integración social, y es muy difícil conseguirlos.
Es decir, yo le animo a que sea usted ese valedor de esas personas, en estos momentos, en esta sociedad, una sociedad tecnificada, evolucionada, de la información, porque hay capas muy importantes de gente que están quedando excluidas. Usted tiene que ser una ayuda, una guía, una luz, en el camino de gente que se está quedando al margen del desarrollo, que se está quedando, por lo tanto, sin capacidad de participar en una sociedad abierta y en una sociedad social y progresista.
Centrándome ya en aspectos que usted ha comentado en su informe, yo no le voy a hacer un análisis cuantitativo; yo creo que no entro en si usted ha resuelto más quejas, menos quejas... Yo creo que estas cuestiones pueden tener un cierto interés estadístico, pero a mí no me resultan los datos más relevantes en esta materia.
Sí veo que hay todavía un determinado volumen de recomendaciones, sugerencias o recordatorios, que usted practica, y que las administraciones públicas, en su conjunto, o no responden -y hay un número demasiado elevado todavía de falta de respuesta-, o responden tarde (quedan pendientes durante demasiado tiempo, y por lo tanto pueden llegar a ser ineficaces), o, en algún caso menor, son rechazadas. Y, en ese sentido, tanto por parte de la comunidad autónoma, de la administración de la comunidad autónoma, como del Estado, como de la local, hay casos de retrasos y hay casos de, incluso, contestaciones negativas.
Yo creo que hay que hacer un llamamiento desde estas Cortes para que las distintas administraciones sean lo más diligentes posible con el Justiciazgo; lo cual no quiere decir siempre, evidentemente, darle la razón, pero sí, por lo menos, con la diligencia máxima en atender las sugerencias, recomendaciones y recordatorios, de forma que sean operativos y sean positivos para nuestra comunidad autónoma.
Debo celebrar, desde Izquierda Unida celebramos que se hayan abierto las oficinas de Huesca y de Teruel. Creemos que la articulación territorial de Aragón es importante, que la función del Justicia no resida sólo en una capital central del Valle del Ebro, capital donde, por otra parte, se concentra la mayoría de los recursos, la mayoría de las infraestructuras de los servicios, etcétera, etcétera; de la población también.
Pero no hay menos que recordar que en Huesca y en Teruel tenemos una serie de problemas, sobre todo demográficos (a los que luego podemos aludir), a los que usted también ha hecho referencia, que es importante que sean atendidos en la propia sede de las capitales de esas dos provincias, que creo que es importante.
Usted ha mencionado la importante, también, tarea, labor cultural y de difusión, que yo creo que es importante que continúe, desde el punto de vista de las publicaciones, de la promoción de cursos, etcétera, y me atrevo a sugerirle que continúe en esa labor de recuperar el Derecho propio de Aragón y difundir estos aspectos, pero no sólo abarcar la historia, el Derecho civil, etcétera, sino también abarcar una vertiente que es muy importante en Aragón, que es todo el tema de los derechos humanos.
Creo que, desde ese punto de vista, desde una perspectiva -digamos- del problema de los derechos humanos, no sectorial, sino muy amplia, usted también puede tener una tarea importante, en comparación con otras instituciones, pero puede tener un campo de desarrollo en el momento en que celebrábamos, hace poco tiempo, el cincuenta aniversario de los derechos humanos, un campo también interesante en esta materia.
Y entrando ya en lo que han sido aspectos materiales de su intervención, no aspectos simplemente formales, sino aspectos materiales importantes de su intervención, creo que hay uno que a mí me llama mucho la atención y me da que pensar: es toda la materia importante, precisamente porque está ligada a los colectivos más necesitados de apoyo, lo que se podría llamar el gran capítulo del bienestar social.
Ese gran capítulo del bienestar social, o la falta -por así decirlo- de bienestar social que sufre una serie de sectores de nuestra sociedad que se ven apartados de ese -digamos- status de cierta comunidad, de cierta calidad de vida, que les permitía integrarse y ser autónomos.
Está claro que la mejor política de bienestar social es la que conduce a la autonomía individual, la que conduce a la integración. Por lo tanto, eso quiere decir trabajo; eso quiere decir inserción educativa; eso quiere decir una serie de posibilidades que no se pueden reducir a políticas asistenciales. Para mí eso está claro y para Izquierda Unida es evidente.
La política social es una política integral que va a la raíz de los problemas. Por lo tanto, no se puede considerar como una mera ayuda asistencial, sino que es ver en su conjunto cuáles son en su conjunto y promover los mecanismos (como dice la Constitución y el Estatuto de Autonomía) para resolver las dificultades que lo impiden.
El empleo es una cuestión fundamental y, por lo tanto, todas las actuaciones que se hagan para que los colectivos con dificultades tengan un puesto de trabajo, información adecuada para acceder a ese puesto de trabajo, son pocas. Es lo que nos demandan, además, los colectivos sociales.
Cuando hablamos con colectivos de discapacitados, lo primero que nos dicen es: «Sí, está muy bien: barreras arquitectónicas, etcétera: hay mucho por hacer, pero lo que queremos es un puesto de trabajo que nos permita integrarnos en la sociedad.» Ahí hay que seguir insistiendo, hay que seguir potenciando.
Yo creo que es una laguna que tienen en estos momentos, todavía, las políticas. En ese sentido, habría que hacer una valoración de lo que supone, por ejemplo -y yo le animo a que lo haga, a que lo tome usted en consideración-, lo que está suponiendo en esta comunidad autónoma el ingreso aragonés de inserción. Hay una parte de la política social de la comunidad autónoma, está ese instrumento, pero ¿hasta qué punto estamos consiguiendo que ese instrumento esté sirviendo para integrar y para, de alguna forma, dar posibilidades de desarrollo a las personas que de él dependen en una medida u otra? Yo creo que hay un capítulo importante que desarrollar.
Y, luego, yendo a uno de los colectivos importantes que usted ha tocado y sobre los que está trabajando, hay uno que nos puede preocupar a todos: el tema de mayores. Usted, en una parte de su informe, lógicamente, habla del tema de mayores y de la importancia que tiene en nuestra comunidad autónoma.
Creo que es muy gráfico cuando habla de las grandes listas de espera que tiene el Instituto Aragonés de Servicios Sociales en materia de dar solución a los problemas de nuestros mayores en la comunidad autónoma. Y usted empieza a destacar algunos datos estadísticos que son escalofriantes. Por ejemplo, el alto índice de envejecimiento de nuestra comunidad autónoma. En el año 2001 en Aragón habrá más de doscientos cincuenta mil aragoneses mayores de sesenta y cinco años, señorías. Éste es, sin duda, un problema capital en esta comunidad autónoma. ¿Qué vamos a hacer para ayudar a asistir y a hacer válidos a los mayores de nuestra comunidad autónoma, en la medida en que, además, van teniendo problemas y necesidades de asistencia?
Yo creo que este problema es fundamental, que es un problema demográfico, un problema de todo tipo, pero también es un problema social y asistencial.
Y hay una parte de su informe que es muy revelador. Usted hace un recorrido, y, lógicamente, yo creo que usted coincidirá -y lo dice en alguna parte de su informe- en que cada vez más hay que tender a políticas sociales que propongan que el anciano, el mayor, permanezca el mayor tiempo posible en su domicilio. Por lo tanto, cuán importante es que la comunidad autónoma haga más política de ayuda a domicilio, de centros de día, pero realmente centros de día con servicio de estancia diurna, es decir, que fomente la autonomía del anciano, del mayor, en la medida de lo posible, etcétera. Una serie de ayudas (de teleasistencia, etcétera) que es imprescindible dotarlas y aumentarlas.
Pero está claro que llega un momento en el que tiene que intervenir una situación de ayuda más intensa, más dura, en el sentido de que hay que provocar el ingreso en una residencia. Residencias que, cada vez más, tienen que ir reconvirtiéndose de residencias de válidos a residencias de asistidos. Hasta aquí estamos completamente de acuerdo. Pero ¿qué panorama nos encontramos? Pues un panorama -y usted lo refleja con algunas pinceladas-, un panorama muy desigual en cuanto a la calidad, incluso baja calidad en algún caso, de la asistencia que se está dando a los mayores, a los ancianos, en las residencias.
Y hay un párrafo en la página once mil setecientos tres del informe publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón que dice: «De las visitas realizadas a estos centros se ha constatado la adecuada atención, en general, que se presta a los asistentes, si bien las condiciones materiales de los establecimientos difieren bastante entre ellos.» Lo cual quiere decir que hay una realidad objetiva en la que no se puede decir que haya un trato similar a nuestros mayores en las distintas residencias que usted ha tenido ocasión de visitar.
Y hay un párrafo más revelador todavía: «En general, se ha detectado la escasa cualificación profesional del personal que atiende a los ancianos, especialmente en las residencias privadas.»
Aquí hay un párrafo sobre el que Izquierda Unida de Aragón quiere pararse un momento. Quiere pararse un momento para que lo escuche el Justicia, para que lo escuche la cámara, y para que lo escuche el Gobierno de Aragón, porque ¿qué efectos suponen las políticas privatizadoras en materia social? Debemos detenernos. No debemos ver las políticas de gestión privada de la asistencia social sólo como un problema económico, sólo como un problema de gestión, sino como un problema de calidad del servicio que se presta y de igualdad de acceso al derecho social que debe ser básico para los ciudadanos.
Yo creo que hay derechos sociales básicos en los cuales el Estado, la comunidad autónoma, tienen que garantizar que sean prestados con un carácter homogéneo a nuestros ciudadanos y a nuestras ciudadanas. Y aquí hay un problema que usted detecta, que yo creo que es un problema que hay que poner encima de la mesa: la asistencia que hoy se recibe en las residencias privadas es desigual en lo material y con escasa cualificación en la formación de los trabajadores de estos centros, y éste es un tema preocupante. Es un problema sobre el que el Gobierno de Aragón debe reflexionar y debe adoptar las medidas dirigidas a reorientarlo, a aumentar, probablemente, la oferta de residencias o de instituciones desde el lado de lo público, y, desde luego, a garantizar en las privadas unos mínimos muy claros en la asistencia material y también en la formación, la cualificación y el número de personal que tiene que estar al frente de esas instituciones. Si no, iremos por un camino problemático, por un camino complejo y por un camino en el que se irán agravando las desigualdades día a día.
En el capítulo del bienestar social -por llamarlo de esta manera- hay otro apartado que a nosotros, evidentemente, nos preocupa, que es todo el tema de los discapacitados.
Yo me he referido antes a que la primera cuestión que nos dicen todos los colectivos de discapacitados es el tema del empleo. Esto es evidente. Pero un segundo aspecto que nos dicen es que hay una ley de las Cortes de Aragón...; hubo una polémica en su día con el reglamento -usted la recoge también en el informe-, con la tardanza en la aprobación de ese reglamento. Pero hay que hacer una exigencia y un seguimiento detallado de qué actuación están acometiendo los poderes públicos para realmente eliminar las barreras que impiden la integración de los colectivos discapacitados, en un sentido amplio (físicos, psíquicos o sensoriales) en nuestra sociedad.
Y yo creo que ahí hay un problema, que usted revela a lo largo del informe, de insuficiencia de recursos en distintas materias, que también es una llamada de atención para que el Gobierno de Aragón tome cartas en el asunto y opere con contundencia, con urgencia y con rapidez, porque creo que desde ese punto de vista no hay suficientes recursos en viviendas en la asistencia a los colectivos de discapacitados con menor capacidad de autonomía personal, que hay que insistir y que hay que intentar seguir paliando.
El tema de menores. Yo creo que es un tema que es reiterativo. Usted hace un informe especial, precisamente porque esta cámara demostró la sensibilidad muy particular con el tema de menores. Es un tema que nos preocupa in extenso.
Usted ha dicho que ha hecho una serie de visitas a los centros. Me gustaría que en su respuesta fuera un poco más explícito.
¿Qué realidad está encontrado en los centros de menores? Y, en particular, hay uno que ha centrado siempre la polémica y ha centrado siempre la atención; más de uno, pero, en este caso, el centro San Jorge es un centro que a nosotros siempre nos ha preocupado y siempre hemos sugerido la necesidad de plantear una alternativa a este centro, que creemos que, en estos momentos, no cumple las funciones que debería cumplir en el mantenimiento, en lo que es la protección de los menores de una forma adecuada.
Por supuesto que compartimos aspectos de acogimiento preadoptivo, etcétera, que usted ha planteado la necesidad. Esto es una tarea difícil, porque tiene que intervenir la sociedad, tienen que intervenir hombres y mujeres dispuestos a este acogimiento, es una tarea en la cual el gobierno puede hacer, pero hay que hacer entre toda la sociedad; no es una tarea sólo de los poderes públicos.
Pero querría un poquito más de explicitación en materia de menores, porque creo que hay que marcar la incidencia en su discurso en materia de menores.
Hay una competencia que no es de la comunidad autónoma, pero donde usted la ha citado: el tema sanitario. Que se han incrementado las quejas en este capítulo. Nos parece normal, porque la salud es un bien principal para cualquier ciudadano, es un aspecto sin el cual es difícil poder avanzar en ningún otro capítulo. Y nosotros vemos que se reiteran, o que aparecen con mayor fuerza, aspectos en materia sanitaria que nos preocupan; aspectos como las listas de espera. Son redundantes con, quizá, otros informes y quizá otras situaciones, en las cuales esas listas de espera requieren que haya un llamamiento del Justicia a una agilización en materia de listas de espera; pero esto esta revelando, por lo tanto, o una mala gestión de la administración sanitaria, o una falta de recursos preocupante, en la medida en que estamos en un proceso de ir hacia las transferencias en materia sanitaria. Luego debemos hacer un llamamiento para que se intensifiquen las actuaciones en el Insalud, para que la transferencia, cuando se produzca en Aragón, no venga con los problemas que originan estas listas de espera que usted denuncia y que, en un momento determinado, pueden colapsarse.
Hay otros aspectos, por ejemplo, muy conocidos, como el problema de los pediatras en el mundo rural, sobre todo -es un problema ya conocido-, y otros problemas que usted manifiesta. Pero, desde luego -y usted ha puesto el acento en él-, el tema del problema del plan de salud mental y la asistencia en materia de salud mental es algo grave, y nosotros, también, Izquierda Unida de Aragón, lo ha manifestado en estas Cortes en reiteradas ocasiones. Hay un plan de salud mental, pero no vemos que se esté ejecutando, ni siquiera vemos los recursos suficientes para avanzar en procesos de desinstitucionalización. Es decir, vemos pacientes que están permanentemente en instituciones hospitalarias, pero que podrían pasar a otros tratamientos alternativos. Hay otras posibilidades de atención en materia psiquiátrica. Evidentemente, la reforma psiquiátrica cuesta dinero, cuesta mucho dinero, pero hay que ir avanzando hacia ella, para que los pacientes agudos que, evidentemente, solamente deban estar hospitalizados sean los que estén hospitalizados, pero el resto, aquellos pacientes que pueden ir integrándose en otras fórmulas, vayan integrándose en fórmulas diferentes que, en estos momentos, no hay posibilidad de desarrollar.
Usted menciona el problema de los jóvenes con psicopatías, usted menciona una serie de problemas muy candentes que, o se solucionan inyectando dinero y buena gestión profesional, o es muy difícil avanzar. Pero, en este capítulo, usted señala y marca con el dedo -con un dedo digamos acusador, aunque sea un dedo con buenas obras, pero un dedo acusador- un desencuentro y un desentendimiento entre administraciones. Usted no lo ha citado verbalmente, pero yo lo he leído en su informe.
Usted dice: el Insalud se lava las manos diciendo que el tema de la competencia en materia psiquiátrica es de la Comunidad Autónoma de Aragón. El Servicio Aragonés de la Salud dice que no, que la asistencia hospitalaria, por lo tanto, debería ser todavía o debería tener un referente en el Insalud. Y, entre tanto, entre unos y otros, en ese terreno de nadie, nos movemos y vemos las carencias y las insuficiencias. Yo creo que este informe, aun dicho con palabras suaves, es un toque de atención muy severo al Insalud y un toque de atención muy severo al Servicio Aragonés de la Salud, para que armonicen sus políticas y para que se pongan de acuerdo en cómo avanzar, por lo menos hasta que haya la transferencia. Porque luego, evidentemente, sí que estará claro dónde residen todas las competencias en un momento determinado. Pero hoy, en estos momentos, se está planteando esta dificultad que usted con acierto y con cierta dureza señala, porque es cruda y es una realidad.
Ha mencionado aspectos de educación, cuando el informe del año noventa y ocho no era competencia de la comunidad autónoma. Ya le digo que ahora le animo a que en sus equipos intensifique la atención a la educación, porque le van a llegar, estoy convencido de que le van a llegar más problemas, más quejas. Es normal, porque el tema educativo es un tema importante, y vemos que ha habido prácticamente quejas en todos los órdenes: desde infraestructuras, personal, becas: todos los aspectos importantes.
Me gustaría centrarme en un par de ellos. Hay uno que a Izquierda Unida nos preocupa, que es todo el tema de transporte escolar. Es decir, hoy hay niños y niñas en la Comunidad Autónoma de Aragón que tienen que soportar todos los días rutas escolares, que van más allá de esa media hora que teóricamente o legalmente deberían soportar, y es un problema en que yo creo que debe hacerse un recordatorio expreso al Gobierno de Aragón, ahora que está la competencia transferida, para que ponga todos los medios y todos los recursos para que los niños y las niñas no estén soportando transportes, idas y venidas excesivas, que pueden provocar efectos perjudiciales, y, a la vez, faciliten ese transporte, porque es la forma de no desarraigar completamente a los niños, no enviándolos cinco días a la semana a una ciudad distinta de donde residen habitualmente.
Y usted ha planteado, en materia de enseñanza, y también ligados con otros aspectos, problemas en la enseñanza en materia lingüística; problemas, por una parte, de quienes se han manifestado contrarios a la cooficialidad -y lo manifiesta en su informe-, contrarios a la cooficialidad del catalán, y denuncias también de quienes están propiciando la educación en lengua aragonesa en distintos lugares de la comunidad autónoma.
Yo creo que el Justicia de Aragón, primero, tiene que servir para evitar desde luego cualquier tipo de conflicto en materia lingüística; tiene que conocer la opinión de estas Cortes de Aragón: estas Cortes de Aragón tienen una posición clara en materia de política lingüística, que es el impulso de una cooficialidad, el impulso de una política legislativa en materia de multilingüismo en esta comunidad autónoma, respetuosa con las hablas locales de cada lugar. Eso yo creo que es perfectamente compatible, y, nadie, nadie debe poner en marcha banderas, debe poner en marcha mecanismos de discordia civil en materia lingüística. Eso sería una irresponsabilidad gravísima. Usted, como institución, y todas las Cortes de Aragón también, tenemos que decir que en política y materia lingüística no cabe el enfrentamiento, cabe el desarrollo de las líneas por las que estas Cortes de Aragón se han pronunciado, que son líneas de tolerancia y son líneas de defensa de las lenguas propias y de las lenguas minoritarias, en las cuales cada uno ha nacido y se ha educado: el aragonés, el catalán y, por supuesto, el castellano o español. Son las tres lenguas, de las que, evidentemente, algunas se hablan solamente en unas zonas determinadas de nuestro territorio. Que hay que garantizar la enseñanza de la lengua materna en condiciones. Por eso, si hay diferencias entre el status de los profesores de la lengua aragonesa con los profesores de la lengua catalana, e incluso de las dos lenguas, porque necesitan el impulso en su desarrollo y en su implantación educativa, creo que es bueno que el Justicia haga hincapié en estos temas, como así creo que debe hacer.
Cuarto capítulo más importante de lo que hoy nos ha citado: son temas de medio ambiente, muchos, muy complejos y, prácticamente, en los más importantes no ha presentado todavía las conclusiones. Usted nos ha hablado de temas tan sensibles y que hoy están empezando a ser tan preocupantes, que hay ya casi conflictos de orden público, como el tema de Santa Liestra. Es un tema que creo que, aunque no sé si usted va a tomar parte en el asunto -porque en el informe habla de posible remisión al Defensor del Pueblo-, es un tema en el cual o usted o el Defensor del Pueblo tendrían que tomar cartas en el asunto, antes de que el problema realmente sea más complejo de lo que ya es.
Y ha hablado de otros aspectos muy importantes en materia medioambiental en que no me da tiempo a detenerme, pero que creo que van a ser otros de los grandes capítulos sobre los que el Justiciazgo debería lograr esa mediación, ese encuentro para que los problemas de la compatibilidad, del desarrollo con los derechos de las poblaciones que ven afectadas o son agredidas por infraestructuras de impacto duro puedan verse encauzados por los cauces correctos, que a veces las administraciones públicas, desgraciadamente, no hacen todo lo suficiente, para intentar cauces de mediación, cauces de diálogo, y llegar a soluciones y a encuentros con una institución como la suya, en el ámbito del pactismo, tan alabado y tan reconocido en general en Aragón. Porque éste es uno de los capítulos en los cuales empezamos a salirnos de la posibilidad de guardar un mínimo de paz social en esta materia.
Bien; yo no quiero extenderme más. Simplemente aludir que en defensa del Estatuto usted habla, apunta el problema del artículo 29. Es un problema que todos conocemos, que ya se debatió en esta cámara; pero como vamos a volver a debatirlo, porque vuelve a haber otra vez iniciativa parlamentaria para restituir la competencia en estos momentos en las Cortes de Aragón... Hay varios grupos parlamentarios que confirman esta iniciativa parlamentaria y se va a volver a debatir, con la esperanza de que se pueda solucionar de una vez ese conflicto que provoca idas y venidas entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que esperamos zanjar de una vez con la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía de nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, confiamos que estos problemas se solucionen.
Y solamente dos apuntes para finalizar, dos palabras sobre aspectos que también nos preocupan desde Izquierda Unida de Aragón. Uno es la materia penitenciaria. Es un problema en que, aunque seguramente será el Defensor del Pueblo quien más competencias tenga sobre la materia, el Justicia de Aragón, en la medida en que el Estatuto de Autonomía le encomiende una protección muy amplia de los derechos y libertades individuales, las personas privadas de libertad son un colectivo para nosotros muy sensible, y al que nosotros queremos garantizar al máximo sus derechos y la protección de sus mínimos vitales, que yo creo que todo el mundo necesita, incluso los privados de libertad.
En estos momentos tenemos instalaciones penitenciarias obsoletas y problemas en varios centros penitenciarios, tenemos dudas para la aplicación de la legislación penitenciaria en aspectos alternativos al ingreso, al internamiento en prisiones; queremos ver cómo estos aspectos van encajando y pueden ser mejorados, en un momento en el que vemos que realmente ni las infraestructuras, ni los recursos, ni la adaptación de lo que hay a lo que debería ser, según la Ley penitenciaria y el nuevo Código penal, no encajan perfectamente esas fichas. Y le pediríamos también que hiciera un esfuerzo en esta materia.
Y un último aspecto, una última llamada o sugerencia. Este año hemos tenido un conflicto, si usted quiere menor, mínimo, pequeño, en materia de temporeros. Este año ha surgido un conflicto en la Almunia. Pero tengamos cuidado: no vaya a ser que el año que viene tengamos un foco de conflicto en más lugares de la comunidad autónoma.
El otro día, el consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, el señor Larraz, en su comparecencia en las Cortes, habló de un simposio a principios del año que viene, para abordar de forma interdisciplinar el problema de los temporeros y procurar soluciones preventivas, que no deben ser tan difíciles, como que las gentes que vengan aquí vengan con unos contratos determinados, sin el acoso de mafias, con alojamiento garantizado, etcétera, etcétera. Son ese tipo de cuestiones las que debemos garantizar, entre autoridades centrales del Estado, Comunidad Autónoma de Aragón, etcétera.
Yo le animaría al Justicia de Aragón a que también tomara cartas en este asunto, no sé si incorporando esta iniciativa del gobierno de este seminario interdisciplinar, o de cualquier manera que sea posible, para que el año que viene minimicemos o evitemos por completo problemas en la integración de las personas que vienen y que son fundamentales. Porque sin las personas que vienen a trabajar, sean inmigrantes de allende de nuestras fronteras, o sean de otras comunidades autónomas del Estado español, sin estas personas, el campo español, el campo aragonés no tendría viabilidad, no podríamos recoger las cosechas en muchos de los lugares, y daría lugar a unos conflictos de orden económico y social muy relevantes. Pero que no terminemos -digamos- de amargar la fiesta, porque una falta de previsión provoque unos conflictos que nadie desea, y que estamos hoy en disposición de prevenir y de evitar.
Yo simplemente quiero felicitarle, quiero impulsarle y animarle para que siga trabajando. Usted fue Justicia de consenso. Creo que tiene una buena base de partida para hacer ese trabajo, para hacer crecer el Justiciazgo en unos cinco años, sus cinco años de mandato, que creo que van a hacer que la institución y el conjunto de la comunidad autónoma experimenten un crecimiento para bien -espero- de los ciudadanos y las ciudadanas.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
¿El señor Justicia quiere responder individualmente?
Tiene la palabra.

El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): Con la venia del señor presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Comparto absolutamente sus preocupaciones por este tema. Son preocupaciones también mías. Y, con relación a alguno de los temas, porque voy a entrar directamente a cada uno de ellos, pues voy a tratar de contestarle.
Habla usted del aumento que va a suponer para la institución los temas de sanidad y de educación. Desde luego, yo no voy a pedir nada a esta institución, pero creo que serán conscientes también de que, de la misma manera que va a suponer que el presupuesto de esta comunidad se aumente, el Justicia va a controlar muchas más cosas. Esto lo preví en el momento que nombré a mi equipo, y puedo decirle a usted que hay una especialista en educación, es una catedrática de matemáticas, pero con amplia experiencia docente en institutos.
Y luego me habla del tema social, de competencias. También está previsto: la asesora jefe es magistrada, especialista de lo social, con experiencia en una sala de un tribunal superior, antes de venir aquí.
Comparto plenamente con usted lo que es la función del Justicia. La función del Justicia es recordarle al que gobierna que todo el mundo tiene que cumplir las leyes y tiene que amparar sobre todo a aquellos que tienen menos capacidad de defensa -y lo dije el día que vine aquí a estar con ustedes-: menores, discapacitados, personas con algún tipo de limitación, extranjeros: son los que deben tener mayor protección del Justicia. En este sentido, nosotros intentamos hacerlo. Verá que he insistido especialmente en el tema de menores, de discapacitados, de personas enfermas.
Tiene usted razón: en el discurso no he hablado del tema de derechos humanos. Creo que hago referencia a él, pero de todas maneras es un tema que me preocupa. Le puedo decir que he realizado algunas actuaciones con relación a este tema. Por ejemplo, he escrito personalmente un artículo sobre la protección de los derechos humanos en la infancia, que está publicado en la revista de administración pública que tiene la Diputación General de Aragón; he dado una conferencia en el claustro de profesores de la Universidad sobre esto; otra en la Facultad de Derecho; otra en la facultad pública de Derecho de la Universidad de Navarra; en el Colegio de Abogados de Pamplona; en la Lucas Mallada también he hablado del tema de derechos humanos, en una cosa que organizó la Diputación General de Aragón; el otro día estuve apoyando un tema de derechos humanos, estuve fuera de España -y créanme que ni me gusta viajar al otro lado del Atlántico ni estar tantas horas en avión-, realicé un apoyo y di una conferencia sobre un tema de derechos humanos. Créanme que es un tema que me preocupa, aunque no lo haya citado. Lo tenía en el discurso, pero al final he abreviado. Tiene usted toda la razón.
Con relación al tema de San Jorge, bueno, conozco bien el tema de San Jorge, además no de año y pico que estoy aquí; lo conozco de antes, por la actividad que yo tengo. Yo creo que el tema de San Jorge es mejorable, se lo digo sinceramente. Yo no estoy satisfecho del todo por cómo funciona. Es difícil tener a menores en un centro que no es un centro de internamiento clásico; quizá hay bastantes medios, y, sin embargo, probablemente se pueden aprovechar mejor. Creo que ahí todas las administraciones hace tiempo han hecho un importante desembolso, hay muchas personas allí. Pero, quizá -y lo digo por temas concretos que he tenido antes de venir aquí-, faltan especialistas en temas concretos, y luego falta la posibilidad de que no se vayan de allí, entren y salgan con toda facilidad, ¿no? La verdad es que conozco temas concretos de gente que estaba allí, que entraba y salía, que se quedaban embarazadas, cometían delitos... Bueno; debería haber algún tipo de control mayor del que ha habido por lo menos.
Quiero decirle con relación a las listas de espera que nunca estaremos satisfechos con relación a las listas de espera. Pero tengo que decir dos cosas: primero, que han disminuido de manera muy sensible (eso creo que en algún lugar lo decimos); y, segundo, que esa labor beneficiosa que el Justicia tiene de que, sin necesidad de dictar resoluciones, a veces resuelve los problemas... Una cosa que hemos comprobado es que, cuando el Justicia pide información sobre una persona que está en lista de espera, pasa a estar delante y a esa persona la atienden, a esa persona al menos le resolvemos el problema; claro, que es a costa, a veces, de otra.
Tema de medio ambiente. Pues estamos trabajando bastantes temas de medio ambiente. Lo que pasa es que el tema del medio ambiente es un tema muy complejo y hacer un informe bien de medio ambiente requiere un cierto período de tiempo. Hombre, hemos hecho uno importante -lo que pasa es que se acabó este año- sobre la situación de los montes en Aragón. Puedo decirle que sólo tienen el 15% de los montes, menos del 15%, catálogo de explotación, o sea, que no hay un plan permanente de explotación. Eso nos preocupa. O que menos del 20% de los montes de Aragón públicos están deslindados. Probablemente eso lo presentaré. Lo presenté al gobierno anterior, pero me parece que es un tema que con vistas al futuro tiene tal importancia, que lo presentaré como un informe especial.
En el tema de los ruidos estamos trabajando mucho. Ya he dicho que me parece insatisfactoria la situación, la actuación del conjunto de administraciones en el tema de ruidos. La gente se queja con razón y nadie se enfrenta a ese problema, probablemente, porque ha habido problemas otras veces cuando se han enfrentado.
En el tema de temporeros comparto su opinión. He tenido problemas muy graves de temporeros: Fraga... En fin, conozco asuntos muy graves. Mire, quiero decirle una cosa que no he planteado aquí. Creo que, probablemente, el mayor problema que tenemos en Aragón es que somos pocos y además muy mayores -usted lo ha recogido en mi informe-, y, entonces, veo el tema de la emigración no como un problema, lo veo más bien como una solución. La verdad es que si pudiéramos incorporar a nuestra comunidad gente que viene a trabajar, pues sería estupendo. Tengo una especial sensibilidad. La mayoría de los temporeros son portugueses, y no olvide que yo estoy casado con una portuguesa.
Bueno, pues nada más.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Justicia.
¿El señor diputado quiere replicar brevemente?

El señor diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]: No, señor presidente.
Simplemente quería agradecer las explicaciones del Justicia, y nada más.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene ahora la palabra el representante de Chunta Aragonesista, don José Antonio Labordeta.

El señor diputado LABORDETA SUBÍAS: Señor presidente. Excelentísimo señor don Fernando García Vicente.
En primer lugar, nuestro grupo quiere mostrar la satisfacción de que sea usted la persona que ocupa el cargo de Justicia, cargo muy considerado durante unos años por la opinión pública y que contaba con gran ascendencia sobre los aragoneses, siendo uno de los defensores del pueblo al que más número de personas acudían, y que esperamos que vuelva con usted a recuperar el rango que tuvo.
Seguimos pensando -y por eso la defendemos y estamos aquí- en la gran importancia de la institución que usted representa, por dos aspectos: primero, porque sirve fundamentalmente para analizar a través de sus informes la efectividad de los poderes públicos, y, en segundo lugar, porque muestra el grado de queja y de insatisfacción de los aragoneses frente a ellos.
En el informe hablaba usted -y era uno de los temas que yo le iba a preguntar y que usted lo ha resuelto- de la descentralización de Huesca y de Teruel. Y mi pregunta iba más o menos a si realmente esa descentralización le había producido satisfacción a la institución. Usted dice efectivamente que sí, porque el número de quejas había aumentado, y en Huesca y en Teruel, en 1999, ya se había duplicado.
Anteriormente, en los informes anteriores, venía una encuesta siempre en la que se comparaba la institución del Justicia con otras instituciones similares a nivel nacional. De pronto, esa encuesta desapareció, y la pregunta nuestra es: ¿volverá usted a presentarla? Porque era muy interesante, ya que marcaba la repercusión en la opinión pública de cada uno de los territorios del Estado español y, sobre todo, marcaba la prioridad -para orgullo nuestro- que tenía el Justicia de Aragón frente a las demás instituciones. No sabemos por qué, en un momento determinado, desaparece y, realmente, a nosotros nos gustaría volverla a tener en los próximos informes que usted haga.
Uno de los problemas con el que usted empieza el informe es el problema del presupuesto. Yo supongo que todo dirigente de un organismo pensará que el presupuesto es muy justo. Ahora, sin embargo, usted ha reducido -nos lo ha dicho- en un 1% el gasto y, sobre todo, ha reducido el gasto en el capítulo de personal, que ha gastado tan sólo el 86% del presupuesto. Debemos felicitarle, porque éste es un capítulo por donde se puede marchar muchísimo dinero y, a veces, en algunas instituciones se ha marchado y no ha habido manera de controlarlo. Y que usted, desde el momento que ha entrado, controle eso, para nosotros es una enorme satisfacción.
Sabemos que en la institución había una serie de plazas, que usted se comprometió a convocar esas plazas y a cubrirlas, y, en este momento, no sabemos si se han convocado y se han cubierto. Son la plaza de responsable del departamento de administración (grupo A), y la del chófer; no tener un chófer particular como se tenía, sino que sea un chófer profesional de la casa, que siempre sería bastante mejor.
Como usted ha dicho, éste es un informe que no es del todo de usted. Es un informe en el que usted toma posesión el 15 de mayo y, naturalmente, comienza a partir de ese momento. Aunque usted tome también el informe anterior, realmente su compromiso comienza a partir del 15 de mayo, con un problema también grave: en el año noventa y siete, por una serie de problemas que usted conoce que sucedieron con el Justicia anterior y las Cortes, no existió informe. Entonces, la aparición de este primer informe es realmente muy interesante, porque trae una voz nueva tras más de dos años sin traer un informe.
Hay un aspecto que a nosotros siempre nos preocupa mucho, que son los pendientes. Es decir, cuando se presentan los informes o las quejas, hay quejas que se resuelven, hay quejas que no se resuelven, que quedan pendientes, y hay algunas que ni se contestan. Por ejemplo, la Diputación General de Aragón tiene un 44% de temas pendientes; la administración central, según el informe que usted tiene, hasta un 80%, y, curiosamente, hay una recomendación a las Cortes que no ha tenido respuesta. Yo entiendo que la administración pública, la administración autonómica o la administración estatal, decidan no contestar, rechacen las contestaciones, pero lo incomprensible es que las Cortes, un tema de las Cortes no haya tenido respuesta. No es que esté pendiente, sino que no ha tenido respuesta. Y nos gustaría saber, si usted nos lo puede decir, por qué este tema se ha perdido por los pasillos de esta casa.
Un aspecto muy interesante que me parece a mí de su informe es que la mayoría de la tramitación de las quejas se hace de manera personal. A mí esto me parece fundamental. Es decir, el ciudadano no manda un papel, un escrito, sino que se acerca directamente a la institución y hace su queja personal. Y es un poco lo que hablábamos al principio también de lo que pasa en Huesca. Es decir, en el momento en que el ciudadano puede hacer su queja de modo personal, el número de quejas hacia la administración aumenta, porque el ciudadano se siente que es él el que la está haciendo, y no a través de unos papeles, sobre todo, además, en un país donde a mucha gente, a un gran número de ciudadanos, les es muy difícil escribir un papel, escribir un folio explicando los problemas que ellos tienen. El que haya este acercamiento personal lo que muestra es la popularidad de la institución, que, sobre todo, rogamos que usted siga aumentándola y manteniéndola de una manera fuerte.
Luego nos da usted las quejas distribuidas por materias, y vemos que la función pública tiene el mayor número de quejas. Pero en medio ambiente, que en este momento está como muy de moda, en boga, nos encontramos que tampoco hay muchas quejas, no hay un gran número de quejas, y, entonces, también nos quedamos un poco extrañados, por ver que es un número reducido de quejas respecto al medio ambiente, cuando en la prensa, cuando en muchos medios nos encontramos con que el medio ambiente es uno de los temas de mayor popularidad y que la gente participa y que, además, la gente -lo estamos viendo diariamente- está tomando cada vez más conciencia con respecto al medio ambiente.
Por organismos vemos que quien más quejas recibe es Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, y, dentro de la administración periférica, cuando usted toma posesión, la que más quejas recibe es Educación y Ciencia. Entonces, como usted dice, al no estar en el Gobierno de Aragón este ministerio, entonces, usted lo que hacía era intentar resolver, de la mejor manera, a través de la dirección provincial, las quejas que usted recibía. Hoy, ya, traspasada la educación al gobierno autónomo, supongo que a partir de ahora el número de quejas va a ser bastante mayor y bastante más importante.
En las relaciones institucionales, en el capítulo tercero, yo creo que ahí es donde usted muestra uno de los puntos más enriquecedores, más comprometidos y con mayor compromiso, por muchísimas cosas: porque usted es consciente de que la labor didáctica de lo que usted representa, de la institución que usted representa, con todo lo que significa el Derecho foral aragonés, el Estatuto de Autonomía, etcétera, a través de su persona, el ir explicándolo en todos los sitios me parece que es una de las cosas más importantes que está usted haciendo en estos momentos, para que los aragoneses tengamos conocimiento de su institución y sepamos valorar, realmente, lo que usted significa, y que no veamos como hasta ahora, como lo ven muchos aragoneses todavía, un señor que está subido en la plaza de Aragón y al que Felipe II le cortó la cabeza, y que lo hemos recuperado los aragoneses un poco por -digamos- folklorismo. Mucha gente ha pensado que era una especie de folklorización de la historia de España intentar recuperar la figura del Justicia de Aragón, y, poco a poco, los aragoneses nos estamos dando cuenta, todos en general, de la importancia que tiene esta institución. Entonces, el que usted haga lo que está haciendo, trabajos, cursos, estudios, que se pueda estudiar... Cosa en que yo me he quedado sorprendido: que no se estudie Derecho foral aragonés en la Facultad de Derecho de Zaragoza, pues es algo en que yo me quedo bastante asombrado. Tampoco se estudiaba historia de Aragón en la Facultad de Letras y hubo una gran polémica sobre eso. Supongo que poco a poco lo iremos recuperando. Que los letrados aragoneses salgan y no conozcan el Derecho foral aragonés, me parece que eso puede representar problemas -usted lo sabe- muy graves a la hora de la legislación, a la hora de tomar decisiones, a la hora (sobre todo, en lo que toca a un abogado) de aconsejar al cliente cuál es el camino que tiene que tomar.
Vemos, por ejemplo, que usted recibió visitas escolares de más de quinientos alumnos. Y hay cosas que a mí me parece que están muy bien, y que es por ahí un poco por donde debería a veces llevarse el camino, siempre que se pudiera, que es que el 22 de diciembre del año noventa y ocho usted recibe a las mujeres de los trabajadores de Inespal. Es decir, el 22 de diciembre del noventa y ocho -es decir, cuando todos estamos preparando las navidades- estas mujeres vienen a visitarle a usted directamente porque piensan que usted es la única persona, la única institución capaz de poder solucionar el problema, un problema muy grave para ellos de reestructuración de Inespal en esos momentos en Sabiñánigo. No sé. Usted dice que la solución fue satisfactoria para las dos partes. Yo no sé exactamente si fue muy satisfactoria, pero el que estas mujeres, de pronto, piensen que pueden venir a la institución y que esa institución, además, va a participar en la entrevista entre las dos partes, yo creo que es un motivo de orgullo, en un momento determinado, que estas mujeres sepan que la única institución capaz, en esos momentos, de hacer esto es usted.
Usted me parece que se siente contento con los cinco minutos del programa de Radio 5. Yo no lo he oído nunca. Y me parece que ahí tendríamos que insistir más todos. Tenemos que insistir más porque, precisamente, Chunta Aragonesista ha presentado una moción sobre la vecindad civil. Es decir, el que en este momento los aragoneses no sepan todavía lo que es la vecindad civil esto es un poco dramático. Que haya muchos aragoneses viviendo en Barcelona o en Madrid que pierdan la vecindad civil, o sea, que pierdan su carácter jurídico de aragoneses porque no lo saben, porque no saben que tienen que ir al registro civil a decir: ¡oiga!, que yo quiero seguir siendo aragonés, y, claro, que eso lo intentemos resolver con un programa a través de Radio 5 Todo Noticias... Pues yo creo que ahí el Justicia debería imponer, en más emisoras de radio y en más cadenas de televisión, un programa para explicarlo a los ciudadanos.
Yo recuerdo que, en tiempos, en un programa de la SER, el Justicia Emilio Gastón hacía (me parece que era los lunes por la tarde) un programa en el cual la gente se quejaba, se quejaban al Justicia directamente a través de ese programa, y, entonces, don Emilio Gastón intentaba un poco dirigir hacia dónde deberían ir las quejas de esos ciudadanos. Estoy hablando del principio de la institución del Justicia de Aragón. Hoy día los ciudadanos ya saben que usted tiene un edificio, que se puede ir allí y que no hace falta, a lo mejor, ir a una radio determinada. Pero yo creo que sí, que debería un poco ir por ahí, porque es un poco doloroso encontrarte gente universitaria, gente que está ocupando cargos en la administración de Madrid, en empresas importantes, y que, de pronto, les hablas de la vecindad civil, y no tienen ni idea de lo que es esto ni saben que en el Derecho foral aragonés hay una manera de seguir siendo aragonés aun estando en Madrid.
La segunda parte usted la dedica a la defensa de los derechos individuales y colectivos reconocidos en el Estatuto de Autonomía, y va usted explicando consejería por consejería, y, de vez en cuando, hay cosas que las hemos tratado en alguna comisión. Por ejemplo, usted se queja de la falta de una ley de pastos y rastrojeras. Precisamente hubo, al final de la legislación anterior, un intento de sacar una ley de pastos y rastrojeras y, por los problemas de terminar la legislatura, esto desapareció. Parece ser que hoy día, por ejemplo, hay determinados cargos políticos de este gobierno que dicen que no, que sería mejor no tener una ley de pastos y rastrojeras porque eso funciona muy bien, y, sobre todo en la provincia de Zaragoza y en la provincia de Huesca, hay un pacto entre campesinos y ganaderos, con lo cual, los pastos y las rastrojeras funcionan perfectamente. Pero parece ser que en Teruel esto no es así, y entonces parece ser que en Teruel hay muchos problemas con los pastos y rastrojeras, y realmente habría que sacar una ley, aunque ya le digo que hay algún alto cargo de la administración que dice que es mejor que no existiera ley y que se siguiera aplicando la costumbre.
Luego vienen los expedientes de economía, los expedientes de industria... En industria hay un expediente que a mí también me preocupa -usted dice que se va a hacer un amplio estudio-, que es la explotación de alabastro. Es decir, en Aragón estamos sufriendo cómo se nos explota nuestra riqueza, nuestras materias primas y se las llevan fuera, y, a veces, sin poder impedirlo. Es decir, hay una especie como de bien común, de interés común, de no se sabe muy bien qué, que se nos llevan..., y, a veces, se nos llevan cosas tan importantes como puede ser el alabastro, y ahí usted habla de que se está haciendo un amplio estudio, pero no explica más. Entonces, a mí es una cosa que realmente me preocupa por eso, porque estamos viendo cómo en muchos sitios o nos cierran las minas o, cuando hay una pequeña riqueza minera, se nos la llevan fuera del territorio.
En ordenación del territorio hay una cosa que a mí siempre me preocupa. Por ejemplo, hay un expediente que versa sobre una queja relativa a la molestia de carácter higiénico-sanitario que originaba un establo de equinos. Es decir, un señor tiene una casa, al lado le ponen un establo de equinos, le ponen me parece que son cuarenta o cincuenta toneladas de estiércol en la pared, los hijos llegan a tener tiña, es decir, es un problema tremendo. El ayuntamiento se desentiende no se sabe por qué, y varios años después este problema sigue todavía en proceso en el contencioso-administrativo. Es decir, ¿no podría la institución del Justicia intentar que un caso como éste, que es un caso tan sangrante, obligara al ayuntamiento de la localidad a que tomara una decisión para que esa gente que está viviendo en esa casa no tenga que aguantar ese establo de equinos que se coloca después? Porque no es que se levantara la casa donde están los caballos. No; los caballos vienen después, los caballos o los mulos, etcétera.
A veces, cuando lees el informe te quedas un poco como diciendo: bueno, muy bien, esto está denunciado, pero luego la administración hace lo que le da la gana. Entonces yo no sé cuál sería la solución. Por ejemplo, la instalación del servicio telefónico en Montoro de Mezquita. Yo recuerdo que recorriendo el Maestrazgo me encontré una cosa realmente asombrosa. En La Iglesuela del Cid una familia que vivía en una masía intentaron ponerse un teléfono, cuando todavía no había teléfonos móviles, y entonces Telefónica les comunicó que, para llevarles el teléfono a su masía, tenían que pagar una cantidad de doce millones de pesetas. Entonces, esto de poner el teléfono en la provincia de Teruel debe ser una de las cosas más difíciles del mundo. Menos mal que ahora, con la aparición del móvil, supongo que habrá algunas zonas con cobertura y ya los de Teruel podrán hablar. Pero aquí tenemos lo de Montoro de Mezquita, donde la gente se compromete a poner cuatrocientos teléfonos, todo funciona, y entonces es la Diputación Provincial de Teruel la que tampoco contesta, y ahí se queda toda esta historia paralizada.
Otro de los problemas -lo ha dicho mi compañero, diputado de Izquierda Unida, Jesús Lacasa-, otro de los problemas graves de ordenación del territorio es el problema de la política de los grandes embalses. Yo creo que lo estamos viendo ya. Éste es un problema muy grave que tenemos en este territorio y que no sabemos cuál va a ser la solución, pero que habrá que buscar una solución.
También ha marcado él otra cosa que a nosotros, al Grupo Chunta Aragonesista, nos preocupa. Es la política lingüística. Es decir las Cortes han decidido cuál es la política lingüística, y lo que hay que hacer fundamentalmente es denunciar todos aquellos intentos de tergiversar el Estatuto de Autonomía y la ley de la política lingüística. Porque no podemos caer un poco en lo que ha caído Valencia con estas radicalidades. Aquí está muy claro, aquí, como ha dicho Jesús Lacasa, hay tres (son el catalán, el aragonés y el castellano), y, entonces, esto lo tiene usted que defender por encima de todo, porque creo que es usted la institución que realmente puede prohibir y no permitir la manipulación, como a veces se puede intentar sobre esto.
En cultura, las quejas son siempre las mismas: son la conservación del patrimonio, etcétera. Yo querría preguntarle hasta qué punto los ciudadanos podemos denunciar al Justicia aquellas partes del patrimonio que, siendo privadas, siendo de propiedad privada, vemos que diariamente se van hundiendo, y que el propietario no hace nada por solucionar este problema. Muchos de los monumentos que tenemos en esta región a veces son monumentos de propiedad privada, y vemos cómo esos monumentos de propiedad privada la familia que los tiene o la gente que los tenga los va dejando caer, los va dejando hundirse, a veces ermitas del siglo XI, que tampoco es como para dejarlas caer así como así.
Un aspecto que a mí me ha llamado la atención, quizá porque yo estoy ya muy cerca de esa situación, es la tercera edad. Usted hace una cosa que me parece magnífica, que es visitar las residencias de la tercera edad. Yo le insisto en que no deje de hacer eso, porque estamos viendo muchas veces que hoy día en la sociedad actual hay dos grandes negocios especulativos, sobre todo, con las personas, que son la tercera edad y los niños. Y estamos viendo cómo, ante la necesidad de quitarse a los ancianos de casa, la gente los entrega con toda la buena voluntad, o con mala voluntad, a instituciones privadas, a familias privadas, a gente que está viviendo en pisos, abuelos de noventa y tantos años están metidos en pisos, y, por eso, el que usted haga esta visita a las residencias de la tercera edad y controle... Además, yo creo que también sería bueno que controlasen, a veces, pisos que están casi hasta sin declarar, y, sin embargo, sabemos que allí viven cinco, seis, siete, ocho ancianos en unas condiciones muy precarias y -como ha dicho el diputado de Izquierda Unida- controladas por gentes muy poco especializadas.
Una de las cosas que yo le iba a pedir para el próximo informe es que haga usted conclusiones de algunos temas. Y me resulta curioso que aquí sí que hace usted conclusiones. Es el único capítulo que yo he leído en que habla usted de conclusiones. Por ejemplo, usted habla de la tercera edad, del problema del abandono, de la soledad ignorada o desatendida; habla de una cosa importante, que es intentar la simplificación y el buen orden para la obtención de plazas. Efectivamente, a veces es tan complicado... Tenemos que pensar que en este país todavía tenemos muchísima gente, aunque sepan leer y escribir, cuyo grado de analfabetismo es muy alto, es decir, les es muy difícil rellenar un papel, saber cómo tienen que hacer las cosas, y hay un aspecto jurídico que es la administración legal de los bienes de mayores cuando están imposibilitados para hacerlo, aunque no hubieran sido declarados incapaces, es decir, me resulta curioso que usted aquí plantee una serie de conclusiones, cosa que me parece muy bien.
Luego hay un dato que es un poco estremecedor. Las personas mayores de sesenta y cinco años en Aragón son casi el 18%, mientras que la media nacional es del 14%, es decir, que superamos en cuatro puntos a la media nacional de España. Lo que significa es, efectivamente -y todos lo sabemos-, que somos una población absolutamente envejecida y que ese problema que se ha planteado de la traída de los inmigrantes habría que empezar a planteárselo de una manera muy clara, con todos los peligros -digamos- ideológicos que eso lleva, que lo estamos viendo, hasta hace muy pocos días, en Austria, con el triunfo de la extrema derecha, porque desaparecida, digamos, la posibilidad de enfrentarse con las organizaciones de izquierdas o de izquierdas poderosas, entonces, ahora se inventa la ultraderecha el espantajo de que los inmigrantes son los que vienen y nos quitan el puesto de trabajo, y ahí estamos viendo el caso dramático de Austria de hace muy pocos días.
La política penitenciaria, efectivamente, también es una cosa que a nosotros mismos nos preocupa, y la prueba es que, hace unos días, en la Comisión de Derechos Humanos, tratando un tema de un muchacho que muere en la cárcel de Torrero, la comisión decide ir a visitar las cárceles de Aragón, y supongo que también podemos darle un informe de cuál es nuestro punto de vista, que somos poco jurídicos y más ciudadanos, o más viscerales.
En interior, me asombro de que solamente hay cuatro expedientes. Tres son para reagrupamiento familiar y uno por irregularidades en el trámite de expulsión de un ciudadano a Ghana. ¿Cuál es la razón por la que los inmigrantes no se acercan a la residencia del Justicia? ¿Por qué no se acercan?, ¿por qué no realizan quejas, cuando ellos posiblemente son también una de las capas sociales que sufre mayor violencia por parte de la sociedad donde viven? ¿No conocen la institución?, ¿les es muy difícil?, ¿no se atreven? Es decir, a mí me ha extrañado que, habiendo tal cantidad de problemas con los inmigrantes, tan sólo le hayan llegado a usted -por lo que dice usted en el informe- cuatro expedientes: tres de un intento de reagrupamiento y otro por irregularidades en el trámite de expulsión.
Grave problema, efectivamente, es el problema de la psiquiatría. Yo creo que la psiquiatría en Aragón es uno de los temas que tenemos peor solucionado.
Y ahora pasamos ya, un poco para ir terminando, al tema de los menores. La primera pregunta que nos hacemos en el Grupo Chunta Aragonesista es: ¿hace falta un defensor del menor en Aragón? Nosotros creemos que no. Nosotros creemos que el papel de defensor del menor en Aragón lo debe asumir, como lo está asumiendo en estos momentos, usted, es decir, el Justicia, que, con su informe anual sobre la situación del menor en Aragón, convierte este punto en referencia para todas las personas interesadas en este tema y cuya visión contrasta muy bien, a veces, con los informes triunfalistas de los sucesivos gobiernos que ha habido por aquí.
Su informe muestra muchas deficiencias, algunas de las cuales se han tratado aquí en las Cortes. Por ejemplo, incumplimiento del plan integral del menor, fugas de menores de centros de reforma (por ejemplo, hay un caso doloroso de la residencia San Jorge, que se escapan tres muchachos en un coche, tienen un accidente, una de ellas se mata en el accidente), y luego hay una cosa en que yo me he quedado absolutamente asombrado, que dice que la solución para que no se escapen es poner más puertas de seguridad. Bien. Se volverán a escapar. Yo creo que ésa no es la solución. Yo creo que la solución es otra. La solución es la educación de estos chicos. Si ponemos más puertas, bueno, pues intentarán romper más puertas.
Hay estancias de niños en albergues de transeúntes del ayuntamiento de Zaragoza, que es una institución que no tiene por qué tenerlos. Luego hay gravísimas denuncias sobre la residencia de disminuidos psíquicos de El Cariño. Y lo que también esperamos es que la política actual del gobierno respecto a los menores cambie, y cambie en muchas cosas. Por ejemplo, en cerrar las grandes macrorresidencias, donde los profesionales no pueden trabajar porque es muy difícil (y, sobre todo, con los chicos hay que trabajar de una manera muy directa), y habilitar pisos, habilitar minirresidencias. Y hay un problema que nos preocupa. Es decir, si los servicios del menor se ubican en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, es decir, se ubican en ese macroorganismo que es el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, ¿no quedará reducido a un rinconcito el asunto de los menores y, por lo tanto, usted tendrá muchísimo más trabajo, procurando que ese organismo de los menores no desaparezca?
Yo quiero terminar diciéndole que piense usted que representa a una institución neutral, que puede ser la única que vigile la política hacia los ancianos y hacia los niños, en todos los aspectos, en una etapa en que ambos -y repito- se están convirtiendo en un gran negocio, como lo estamos viendo. Es decir, hoy día ya empieza a haber negocios especulativos buscando lugares para llevar a los ancianos, fundamentalmente, y el que usted esté ahí vigilando esta política, además de otras muchísimas cosas que puede hacer usted, yo creo que para todos los aragoneses -esperemos- va a ser como una tranquilidad saber que está usted, como decía un poeta aragonés, vigilando en lo alto del faro.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El señor Justicia tiene la palabra.

El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): Con la venia de señor presidente.
Señor Labordeta, le agradezco su intervención y le agradezco su apoyo personal. Piense que es una institución esta unipersonal y que saber que se cuenta con el apoyo de esta cámara resulta ciertamente alentador.
Comparto con usted plenamente lo que dice sobre la importancia de esta institución, que, a veces, he tenido alguna discusión sobre competencias con el Defensor del Pueblo y he pensado que en el año 1130 hay constancia escrita de que en Aragón teníamos Justicia, y que -ya lo sabe usted igual que yo- hay quien opina que en Aragón hubo Justicia antes que rey, y que, cuando se reunieron debajo de la Peña Oroel, en San Juan de la Peña, en Jaca, para elegir el primer rey de Aragón, antes eligieron un Justicia que dirimiera las disputas que podía haber entre aquellos aragoneses que empezaban la reconquista por, básicamente, el reparto de aquello que estaban conquistando.
Debo decir la verdad. No conocía la existencia de esa encuesta. No sé por qué se dejó de hacer, y el año anterior no había. Yo miré el informe del año anterior, y desconozco el motivo de esa encuesta. Yo sí que le puedo decir que todas las semanas, por lo menos un día, me voy de Zaragoza, y recorro sitios y estoy en uno, y muchas veces más de uno (uno y medio), y la verdad es que lo que sí que le debo decir es que recibo -entiendo que es a la institución- una acogida, en todos ellos, calurosa, amable y respetuosa con la institución del Justicia.
Contestando concretamente a sus preguntas... ¿Plazas cubiertas? No lo he dicho: lo tenía escrito: lo lamento: he tenido que correr un poco en algunas cosas. Las dos plazas que usted me dice están cubiertas. La de jefe de servicio de administración está cubierta por una funcionaria de la Diputación General de Aragón, la sacamos a concurso y se cubrió así, y la de chófer también está cubierta por un chófer que es funcionario de la Diputación General de Aragón. Lo hice enseguida, anunciaba la cobertura de esas plazas. Lo que pasa es que se han cubierto en este año, en el año noventa y nueve, no en el noventa y ocho, pero están cubiertas y funcionando a plena satisfacción.
¿Quejas pendientes? En realidad, yo apuntaba que en cuanto a las quejas quedaban pendientes unas determinadas, pero he seguido la trayectoria de esas quejas hasta hace dos días, que cerré el tema. En realidad, están sin contestar quince quejas. Yo comparto con usted la preocupación que me suscita, y así lo he dicho, por el tema de los que no me contestan, no por mí, por la falta de deferencia que puede suponer respecto a la institución, sino por la indefensión en que colocan al ciudadano. En definitiva, aquí estamos todos los que desempeñamos una función pública para tratar de resolver problemas a la gente, y, claro, si no nos dan esa posibilidad, pues de alguna manera pensamos que nuestra función no se está cubriendo.
Son sólo quince. Yo por eso recomendaba, si esta cámara quiere, plantearse el tema de que, si en lugar de esperar un año y medio a que en la memoria se conozca quién no me ha contestado, no sería bueno que pudiera, pasados tres meses -un período prudencial, hay que pensar-, pasados tres meses, poder comunicar de alguna manera a esta cámara quién no contesta al Justicia. En algunos casos no contestan, y le puedo decir que hemos llamado personalmente a algunos de los que no nos han contestado, pero son ayuntamientos tan pequeños que no tienen más que un contestador. No hay un secretario, no hay nadie allí, y no hemos podido hablar con ellos. Le puedo decir que hemos llamado a todos, pero hay cuatro casos en que es así. En otros casos no nos contestan porque en Aragón, al Justicia no gusta llevarle la contraria, y, entonces, en lugar de decirnos que no, lo que hacen es no contestarnos.
Número de quejas en medio ambiente. Yo creo que hay una suma de quejas de medio ambiente que es importante. Yo estoy contento de cómo funciona la persona que se ocupa de ese tema. Lo que pasa es que las quejas de medio ambiente son más complicadas de tramitar que otras. Los informes de medio ambiente son informes complejos. Tenemos acabado uno sobre la situación de los montes, vamos a acabar otro sobre la situación de los ruidos, hemos pedido información a múltiples municipios. Créame que conocer la situación de todos los montes de Aragón es un tema complejo, pero es un tema que a mí me preocupa especialmente, tengo una especial sensibilidad. Porque yo creo que, además de defender -como bien ha dicho usted- a los menores, a los discapacitados, a las personas de la tercera edad, el Justicia tiene que defender en la era moderna lo que se llaman los intereses sociales difusos. Hay intereses en que nadie se ve afectado directamente por ellos. Hay un monte en un pueblo, y los del pueblo lo que quieren es que talen la madera, a lo mejor, y nadie va allí a decir que no. Y ¿quién asume esa representación? Incluso para ustedes es difícil asumirla en algún momento, porque hay personas que les votan, y tal. Y yo creo que, en ese sentido, ésa es la labor del Justicia que, en cuanto que no depende de la situación inmediata, puede en la época moderna desempeñar como una función fundamental.
En lo que ha dicho usted sobre la vecindad civil estoy absolutamente de acuerdo con ello, pero completamente de acuerdo. Creo que es una de las cosas más importantes que habría que hacer ahora. Mire, yo me ofrezco a todo el que quiera que vaya a explicar esto, y estoy dispuesto a ir a cualquier casa regional de España que me invite para hablar de la vecindad, y la Ley de Sucesiones se la he mandado a todas las casas regionales que hay en España o centros aragoneses que conozco. Es que es verdad lo que usted dice. Hay mucha gente que no sabe que si se va a Barcelona o a Madrid, y está diez años allí, y no hace manifestación expresa ante el registro civil, deja de ser aragonés, y su vecindad se convierte en vecindad común, o catalana, o vasca. Y eso habría que explicárselo a la gente, para que opte por lo que quiera. Me preocupa ese tema. Yo estoy dispuesto a eso. Si ustedes tienen capacidad de influencia para que me inviten, díganlo, que yo iré allí donde me inviten a decir aquello. Me invitaron al Principado de Andorra, donde hay un grupo de personas muy interesadas por el tema aragonés. Está la Casa Aragonesa, y fui: estuve una tarde allí, llegué a las seis de la tarde, di la conferencia, cené con ellos, y me vine al día siguiente a las ocho de la mañana porque tenía que hablar en la facultad a las doce. Estoy dispuesto a hacerlo, y creo que es una enorme preocupación.
Lo de los medios de comunicación social. Yo creo que tiene usted toda la razón. Habría que hacer algo más de lo que se está haciendo. Bueno, hemos puesto esa primera piedra. Yo le digo una cosa. Soy consciente de lo que usted dice, y usted es una persona que ha trabajado en medios de comunicación social, y sé la importancia que esto tiene, y no descarto el entrar en televisiones públicas o privadas, y algo de eso estoy haciendo. Algún día, si quiere, con mucho gusto se lo explicaré. Pero yo, a veces, podría intervenir algo más, pero tengo la preocupación de no tener un exceso de personalismo en aquello, y eso me retiene algunas veces a salir más de lo que salgo.
Tema del alabastro. Lo iniciamos el año pasado y lo hemos resuelto ahora. Efectivamente, lo comparto con usted; he hablado y he estado allí con los de La Zaida, con los de Caspe, con los de toda esa zona. No puede ser que se saque allí el alabastro y que luego se trabaje en Italia, que el valor añadido se quede en Italia. Me parece a mí que allí hay dos problemas: uno de formación, tener expertos en esos temas, y un segundo problema de comercialización, que habría que fomentar la comercialización del alabastro en los mercados naturales a los que ahora va, para que estas personas pudieran sacarlos adelante. En fin, yo comparto con usted esa preocupación.
Bueno; me hablaba de un tema de higiene, de estiércol colocado cerca de una casa, y me decía que no sabía por qué el Justicia no había hecho nada, que había un pleito contencioso... Mire, es que la ley es la que es, y la ley dice que, cuando se inician las actuaciones judiciales, inmediatamente el Justicia tiene que dejar de intervenir. Entonces, eso es así y, como yo exijo a los demás que cumplan las leyes, yo soy el primero en exigirme, para tener fuerza moral (porque yo no tengo otra fuerza que la moral), yo soy el primero en exigirme el cumplimiento de esto.
Eso hace, por ejemplo, que en el tema de Santa Liestra yo no pueda entrar. Como usted sabe, hay querellas, por lo menos hay tres procedimientos (hay dos archivados y reabiertos en Barbastro); pero hay una querella criminal en este momento en la Audiencia Nacional. Bueno, pues eso veda la posibilidad de actuación, con independencia de otras consideraciones.
Quiero decirle que, en todo caso, me he reunido con las personas y he tratado de buscar situaciones positivas, en fin, de mediar, de poner racionalidad a todo este asunto, pero difícilmente puedo hacer algo de manera formal.
La cuestión lingüística. Lo he dicho: soy partidario de que se impulsen las lenguas, como manifestación cultural y como medio de rehacer las cosas, que hay una ley que lo dice. Y eso es así y no tiene vuelta de hoja. He llamado a la cautela general, no dirigida a nadie en concreto y a ningún caso específico, porque la lengua es eso; pero no se puede utilizar nunca la lengua con otra finalidad distinta. Y, en ese sentido, comparto su preocupación.
Patrimonio privado. ¿Si cualquiera puede pedir aquí una protección del patrimonio de titularidad privada? Desde luego, que venga, lo recibiremos encantados. Hay una asesora que se dedica exclusivamente a eso. Todo el mundo no puede ejercitar acción judicial, pero puede venir a nosotros. A veces, es patrimonio valioso, pero no está catalogado, no es objeto de protección. Pues si, efectivamente, lo estimamos, lo que habrá que pedir a la Diputación General es que primero le dé esa protección y, luego, que asuma las medidas concretas de protección. Pero lo haremos con mucho gusto. Es uno de esos intereses difusos que yo creo que el Justicia en la era moderna debe defender.
Visitas a centros. Hemos realizado visitas y, en algunos casos, hemos visto que no estaban bien. Hemos hecho dos recomendaciones con relación a los centros. La recomendación es a la administración: vaya usted y controle. Porque nosotros hacemos dos cosas: ir allí y ver lo que está; pero controlar que la administración controla. Y ha habido dos casos que nos ha parecido que no estaban bien. No le damos una publicidad enorme. No, no se la damos. Pero a la administración nos dirigimos y le decimos: «Vaya usted y mírelo». Y en dos casos concretos no nos ha gustado la situación en que estaba aquello.
Le agradezco la sugerencia que me hace usted de hacer conclusiones con vistas al futuro. Lo hemos hecho en uno. En otros no he sacado formalmente conclusiones, pero he estado todo el rato sacando conclusiones. Cuando he dicho que el aspecto psiquiátrico es uno de los que está peor, la conclusión va por delante antes de empezar el examen del asunto. Y, en otros casos, también la sugerencia es una conclusión, es la forma de conclusión que con carácter concreto hace el Justicia. Pero tendré en cuenta lo que usted me dice.
En política penitenciaria, mire, hemos intervenido en algunos temas concretos. La política penitenciaria la controla la administración central del Estado, lo que son actuaciones concretas, paso de grados, traslado de centros, drogadictos, etcétera. Créame que en algunos casos hemos actuado, a pesar de que la ley no nos admite una sugerencia formal, y en más de una y más de dos y más de tres veces he llamado personalmente, en casos, por ejemplo, de chicos drogadictos que tenían que salir de un centro de rehabilitación para ingresar en la cárcel, he llamado al delegado del gobierno. En general, las recomendaciones han sido atendidas. No son recomendaciones escritas, porque el Justicia, además de todo lo que hace todos los días formalmente y por escrito, también tiene una capacidad de influencia en la sociedad aragonesa, hablando con todos ustedes y con otras personas, que utiliza pero que no queda obviamente reflejado en sus informes. Y, por ejemplo, créame que en el tema de personas que están en fase de rehabilitación y que tienen que entrar a cumplir, pues he hecho gestiones ante la fiscalía o ante el delegado del gobierno, y en general han sido bien atendidas.
Se plantea usted la paradoja de que hay pocos emigrantes que acuden a esta institución. Las razones, algunas, las ha apuntado usted. Yo creo que por desconocimiento. Piense que en los países de donde vienen la situación de derechos humanos está a un nivel muy inferior al nuestro. Allí lo que se plantean exclusivamente es el supervivir, y no los derechos humanos en la medida en la que nosotros justamente defendemos. Eso es así por desconocimiento. Yo creo que también existe un recelo del emigrante a -y eso lo he visto en todas mis actuaciones profesionales- acudir a cualquier organismo que sea público, porque piensan que es una forma por la que pueden ser identificados. Desconocen que el Justicia es la única institución que no da nunca publicidad de las personas que a ella acuden. En ese sentido, se podría hacer algo más de lo que hemos hecho y le agradezco a usted su sugerencia.
En definitiva, a veces, cuando nos lo plantean, hacemos gestiones. El otro día hice yo una gestión: una emigrante que estaba en trámite, que había pedido la residencia porque convivía con un aragonés, y necesitaba el papel porque tenía que hacerse una operación a vida o muerte y corría prisa. Bueno, puedo decirle que hice una de esas llamadas a la una, y que, al día siguiente, a las nueve de la mañana, el tema estaba ya resuelto, y creo que ya la han operado en Barcelona. Era un problema muy complicado. Hacemos gestiones, que, a veces, como no es materia específica, no podemos reflejarla formalmente en nuestros escritos.
Yo comparto con usted la opinión del defensor del menor. Yo creo que no hace falta un defensor del menor. Claro, yo no soy quizá el más indicado para decirlo, porque asumo esta institución. Yo quiero decirle que dedico mucho tiempo al tema de la defensa del menor, es un tema que siempre me ha preocupado, la tesis doctoral ya la hice sobre un tema de este tipo, y he llevado la parte referente a menores en todas las fiscalías donde he estado, incluso siendo jefe -que no suele ser habitual- lo he llevado durante muchos años. He buscado una persona adecuada para eso, que era una fiscal que se ocupaba del tema de menores en la fiscalía de Lérida. Y ya ve que hacemos un informe riguroso. Yo creo que la autoridad que en Aragón ustedes le dan al Justicia no la tendría una institución de nuevo cuño. Y, por eso, no sé si podría cumplir las funciones que nosotros intentamos hacer de la mejor manera posible.
Y, con relación a las fugas y a las puertas de seguridad, su paradoja viene de otra paradoja anterior a la nuestra, que es que, claro, se escapaban, pero es que no había puertas. Entonces, lo primero que se le ocurre a uno decir es: ¡oiga!, pongan puerta, una puerta que se cierre y se abra con alguna dificultad, que a lo mejor es lo primero que hay que hacer; luego habrá que hacer lo que usted dice. Yo en esto creo que hay que tender a la prevención siempre, y la prevención es por vía educación. Ahora, piense que son personas difíciles, piense que el trato es un trato complicado, porque no se puede actuar como se actúa en una cárcel y que hay que actuar por la persuasión, pero son personas que tienen a veces psicopatías, a veces algún tipo de desarraigo social, que hacen que la relación no sea una relación normal.
Le agradezco, en todo caso, como digo, todo lo que me ha dicho. Lo tendré en cuenta, y muchas gracias por todo.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Justicia.
Señor diputado.

El señor diputado LABORDETA SUBÍAS [desde el escaño]: Agradecerle la contestación y animarle a que siga como hasta ahora, y que sepa que nuestro grupo está con él, apoyándole en todo lo que creemos que es conveniente para nuestra tierra.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Labordeta.
Tiene ahora la palabra la señora Costa, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Señor presidente. Justicia. Señores diputados, señoras diputadas.
Es una satisfacción para mí intervenir en este Pleno en nombre del Grupo Parlamentario Aragonés, con respecto al informe anual del Justicia de Aragón, porque el Justicia es una de las instituciones más importantes de nuestra tierra aragonesa. Así lo señala el propio Estatuto de Autonomía al determinar que el Justicia es, junto a estas Cortes, al presidente de la comunidad y a la Diputación General, uno de los cuatro pilares de la Comunidad Autónoma de Aragón. Pero aún es mayor su importancia cuando miramos la historia de nuestro pueblo, del pueblo aragonés, de cuya identidad el justiciazgo es seña indiscutible. Y todavía más cuando, sin acudir a la historia, sino a la presente realidad social aragonesa, resulta indiscutible el reconocimiento que, cada vez más los ciudadanos tienen ya de esta institución.
No voy a detenerme sobre el análisis minucioso de las diferentes quejas que ya se han hecho por mis antecesores y han sido contestadas por el Justicia, sino al funcionamiento de esta institución señera en Aragón.
A este respecto, creo necesario considerar algunos factores. Por un lado, me consta que esta comparecencia excede el trámite del mandato legal de rendir cuentas de su gestión, porque el Justicia ha mantenido, entre sus principales referentes de actuación, la transparencia y una relación fluida con las Cortes. Y pienso que puede venir a estas Cortes, a comisiones, cuantas veces desee sin necesidad de variar la ley, como él ha propuesto. Será bien recibido y escucharemos con atención sus indicaciones.
En esa relación, y ése es otro factor, se debe valorar la necesaria independencia de la institución del Justicia, aunque siempre matizada por la confluencia de criterios y posturas, siquiera generales, entre estas Cortes y las líneas de actuación del Justicia (como la política lingüística, de la que se ha hablado anteriormente) o la confluencia que debe existir en todas las legislaciones aprobadas por esta cámara.
Quizá una forma de perfilar esos matices es acudir a las misiones que el Justicia tiene encomendadas en la protección y defensa de los derechos individuales y colectivos; en la tutela del ordenamiento jurídico aragonés, velando por su aplicación, y en la defensa del Estatuto. Por ejemplo, atendiendo a la indicación del Estatuto respecto a que el Justicia podrá supervisar la actuación de la administración de la comunidad, hemos comprobado todos y estimado imprescindible que esa supervisión se extienda a otras administraciones, ya que el ciudadano aragonés, que es realmente el destinatario de nuestras iniciativas en nombre de las instituciones, exige, con razón, que sus quejas e inquietudes sean atendidas de la forma más cercana y eficaz posible, sin que se vea obligado a ir de una ventanilla a otra.
Para lograr esa cercanía y eficacia, el propio Estatuto de Aragón señala que debe existir una coordinación con el Defensor del Pueblo español, y así lo intentó el Justicia durante el año que nos ocupa (1998), sin que fuera posible ultimar un convenio por una posición entonces inaceptable del Defensor del Pueblo, quizá celoso de sus propias competencias, quizá desoyendo la sensibilidad ciudadana. ¿Qué ocurrirá con este tema en un futuro, Justicia?
Frente a todas estas premisas, hay algunos datos que no admiten reservas. Me refiero, y es motivo de que nos felicitemos todos y felicitemos -claro está- al propio Justicia, el notable incremento de la implicación de los ciudadanos con la institución y de la propia institución con la sociedad aragonesa. Este hecho se demuestra en el aumento del número de consultas y quejas recibidas y resueltas. Sin duda, a ello ha contribuido en parte la apertura de las oficinas delegadas que el Justicia ha establecido en Huesca y en Teruel, aplicando la descentralización que tantos deseamos y que el Justicia mismo antepuso entre sus propósitos al acceder al cargo.
Demasiadas veces hemos visto cómo, desde otras entidades o instituciones, se planteaban similares propósitos descentralizadores que luego eran palabras al viento. Esta vez no ha sido así, afortunadamente.
Desde el PAR, un partido que valora el equilibrio del territorio y la descentralización como una de las más firmes bases del futuro de esta tierra, yo le animaría a incidir en esa línea. Abundo en este agradecimiento, pues conozco el esfuerzo personal que hace visitando cualquier rincón, grande o pequeño, de nuestro Aragón; cuando es invitado en semanas culturales por diversos colectivos sociales para dar a conocer la figura del Justicia, su pasado, el momento presente. Personalmente, he asistido a algunas de esas charlas, ¡y pardiez que su información ha sido amena! De su intento para ser eficaz da cuenta, como he dicho, el aumento de quejas.
Su entrada en Internet (www.eljusticiadearagon.com) hará que los ciudadanos tengan un mayor y mejor acceso a las actividades del Justicia, incluso con la opción de expresar sus aspiraciones.
Todo lo indicado, las quejas y su resolución, ofrecen un panorama muy valioso de las aspiraciones y de las preocupaciones de la sociedad aragonesa. Por eso, este informe anual tiene un valor y podría estar entre los libros de cabecera de muchos; desde la queja por demasiadas cigüeñas en el campanario de una iglesia o valoración del conocimiento del Derecho aragonés -como él ha dicho- en los concursos del traslado de jueces y magistrados, por poner dos ejemplos.
Ha señalado el Justicia los ámbitos fundamentales en que ha intervenido (medio ambiente, patrimonio, contribuciones, vivienda, actividades molestas, descentralización universitaria, etcétera) y, sobre todo, hacia los servicios más desprotegidos (mujeres, menores, transporte escolar -yo añadiría transporte sanitario-, discapacitados, mayores), con especial referencia a su informe sobre el consumo de alcohol en menores.
Todos esos ámbitos, y en concreto esos sectores sociales, deben ser los principales beneficiarios de la actividad del Justicia, porque, estableciendo la protección que en mayor medida requieren, haremos un Aragón mejor, y ésta es la obligación de todas las instituciones.
Estimo, valorándolo muy positivamente, que el Justicia ha encontrado en sus competencias el camino para atender esa demanda a través de las quejas de oficio. Ése es un buen camino por el que transitar a favor de los menos favorecidos, que seguramente no tienen acceso por sí mismos ni al Justicia ni a la justicia social.
En cuanto al informe especial sobre el alcohol y menores que he citado, he tenido oportunidad de repasarlo porque nos lo va a presentar en la comisión correspondiente. He quedado, de verdad, admirada ante el mismo. Creo que será un buen punto de partida para afrontar entre todos un grave problema.
Y yo le rogaría que pudiera plantearse en un futuro, dentro de estas quejas de oficio, analizar la problemática de la mujer del medio rural, enlazándolo con el desarrollo poblacional. Podríamos tener un conocimiento más profundo que nos debería hacer tomar decisiones y ayudas concretas.
No quiero pasar por alto, aunque no me detendré demasiado en ello, los datos referidos al control de gasto en la institución, porque pensamos que ahora se sigue el criterio correcto, resolviendo indeseables situaciones anteriores y aplicando los fondos destinados a la actividad propia y no a otras acciones.
Gracias a ese criterio, ha sido posible profundizar en la imprescindible difusión y estudio del Derecho aragonés, nuestro Derecho, tanto socialmente como entre los profesionales, sumando nuevas publicaciones, dirigiéndose a la Universidad, manteniendo becas, concursos, programas de radio, programas -como él ha dicho- y publicaciones sobre los Fueros de Aragón, sobre la sesenta leyes más importantes de Aragón. También le animo a perseverar en todo ello, porque usted como yo sabemos que, en contra del tópico, lo del aragonés no es tozudez, sino que es tesón en la defensa de lo propio y de lo que creemos justo.
Al hilo de esta cuestión referida al Derecho aragonés, quisiera resaltar un asunto que el Partido Aragonés estima trascendental: se trata del desaparecido artículo 29 de nuestro Estatuto.
He aludido antes a la independencia del Justicia, y ahora, con respecto a ese asunto, es momento de manifestar que esa independencia no le priva de implicarse en cuestiones que son del máximo interés para la comunidad, y más aún cuando afectan directamente a las misiones que tiene encomendadas. ¿Podría o debería participar el Justicia en esta cuestión? Creemos que sí, haciendo oír su autoridad, que despejaría la confusión que, a mi juicio, permanece y es perjudicial.
Conozco que el Justicia expuso que, al amparo de los autos dictados por el Tribunal Supremo, y por la prudencia que le aconsejaba no tomar postura entonces acerca del desaparecido artículo 29, prefería no pronunciarse. Creo que, a pesar de los meses transcurridos desde esa comparencia, a finales del año pasado, seguimos, por muchas razones (entre otras, también por opinión de los tribunales aragoneses), con el artículo 29 sobre la mesa, con la duda sobre la interpretación de la vigencia o no de este artículo. Y tenemos iniciativas presentadas en estas Cortes para resolver este artículo 29, para que sea incluido como 28 bis en el Estatuto aprobado en 1982.
Y aún introduciré un argumento más, arriesgándome en un terreno que conoce mucho mejor que yo. Estamos hablando de foralidad, de fueros, y sobre ellos se sustentaron en el pasado los derechos individuales y la capacidad de autogobierno colectiva. Si queremos, en un futuro, recuperarla, con todos los condicionantes a que nuestra época obliga, pero recuperarla, al fin y al cabo, por respeto a su pasado y por su proyección hacia el porvenir de Aragón en autonomía plena, hay situaciones y oportunidades, Justicia, que no podemos eludir. Ésta es una, y seguramente vendrán otras. Por ello, insisto con tesón, que no es tozudez.
En otro orden de cosas, opino también que, con su esfuerzo, el Justicia ya ha conseguido (y en el futuro lo conseguirá más, así lo deseo, porque no podemos permitir lo contrario) traspasar la frontera que separa todavía la sensibilidad de algunas administraciones respecto del cumplimiento de las sugerencias y recomendaciones emanadas desde la institución. Un poder que no es ejecutivo ni sancionador, sino que se sustenta en otro tipo de autoridad, necesita de esa sensibilidad para que sea efectivo y aproveche a esta tierra. De ahí que, entre todos, también desde la sociedad, poco a poco debemos ir consiguiendo la justicia también a través del justiciazgo.
Para terminar, como reflexión general, pienso que es necesario exponer que el balance global es satisfactorio. La mayor implicación de los aragoneses con su justicia, la mayor actividad de la institución, la apertura de un nuevo procedimiento tan flexible -y vuelvo a insistir en ello, porque personalmente me ha gustado mucho- como son las quejas de oficio, y el resto de los aspectos que ya he explicado y que el Justicia incluye en su informe, conforman un resultado alentador y unas perspectivas muy esperanzadoras.
Desde el PAR, partido aragonesista, le ruego que siga trabajando por la tutela de nuestro ordenamiento jurídico aragonés.
Recordando que el Justicia fue elegido por unanimidad, quiero expresar un deseo: ojalá que, al término de sus cinco años de mandato, podamos mantener la unanimidad en una valoración positiva de su gestión. En sus primeros meses, que hoy analizamos, creo que así es, y estoy convencida de que lo seguirá siendo.
Es el deseo del PAR, al que añado una firme voluntad de colaboración para las misiones que tienen encomendadas, en beneficio de Aragón y de todos los aragoneses.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
El señor Justicia tiene la palabra para responder.

El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): Señor presidente.
Muchas gracias, señora Costa, por sus palabras. Me siento apoyado después de haberle oído a usted, y me transmite ilusión y alas para seguir en esta tarea que, de por sí, es muy ilusionante.
Estaba seguro de que no iba a ser de otra manera. Usted y yo, en alguno de los temas que hemos hablado, ya hemos... Recuerdo una reunión hace ya bastantes años, en la que usted era representante de una asociación y yo ocupaba otro puesto, en la que se planteaba el tema de horarios de cierres y problemas de consumo de alcohol, y recuerdo que, cuando yo decía: «es que tiene que haber una ley de horarios en Aragón, porque no puede ser que vengan aquí, desde otras comunidades, problemas de drogas, de alcohol y tal», estábamos en un Gobierno Civil y el gobernador decía: «¿Y qué hace un chico a las cuatro de la mañana?», y usted decía: «Un chico, a las cuatro de la mañana, lo que tiene que hacer es irse a la cama, y así, de paso, yo, que soy su madre, también aprovecharé para dormir». Coincidíamos en aquello.
Me ha planteado varias cosas en concreto, y yo le contestaré.
Convenio con el Defensor. Mire, yo propuse al Defensor hacer un convenio para tratar también de los temas de administración local y provincial que ya tratamos. La verdad es que él no lo consideró oportuno. Yo le digo una cosa: yo sigo tratando de los temas sobre el control de la administración provincial y local y nadie me lo impugna. Hay un pacto tácito de que eso va a seguir así aunque no se va a modificar la ley. Todos los demás defensores también están haciendo lo mismo que yo.
Le agradezco lo que ha dicho usted sobre las oficinas delegadas, soy un convencido. Yo no digo que soy de Zaragoza, yo he nacido aquí, pero cuando, a veces, los ciudadanos de Huesca y Teruel se quejan, tienen toda la razón para quejarse y hay que haber vivido allí. Yo he vivido año y medio en Teruel y diez años en Huesca, y hay que ver que, en algunas cosas, tienen razón para quejarse.
Le puedo adelantar que la oficina delegada está funcionando bien y, además, con un coste mínimo. Entre las dos, nos supone un coste de un millón y medio de pesetas. Es verdad que la Diputación General de Aragón nos ha cedido los locales, y yo ahora pido al consejero que se ocupa de estos temas que, cuando se haga el edificio, cuando se acabe el edificio de Teruel, ese despacho que nos tiene reservado para oficina allí que nos lo mantengan. No pedimos nada más que eso y una línea de teléfono, y, con eso, nosotros ya nos defenderemos.
Ha tratado usted un tema que me parece de importancia realmente grande: el tema de la mujer en el medio rural.
Mire, yo he dicho una cosa que es verdad: creo que el mayor problema que tiene Aragón es despoblación y envejecimiento, y eso, a mi juicio, está relacionado con otro tema, que yo lo he apuntado antes, pero creo que tiene usted la razón: mire, en los pueblos donde las mujeres se quedan a trabajar, esos pueblos no se despueblan. Ésa es la pura realidad. Si hay trabajo para las mujeres -usted piense en lugares donde hay una factoría-, ese pueblo sigue adelante; si no, tenemos o que los hombres se van o los tiones, que los tiones, como institución de Derecho aragonés, es una institución muy bonita, pero que no ha sido nada beneficiosa para la historia de Aragón.
Es fundamental, como usted ha dicho, el fomentar como se pueda que las mujeres trabajen, que tengan guarderías, que tengan centros donde dejar a sus hijos en el medio rural para que puedan estabilizarse allí, porque ellas estabilizan la población en el medio rural. Me parece muy importante lo que usted dice.
Bueno, me han preguntado varios el tema del artículo 29. Voy a manifestar mi opinión. Todo es discutible en este punto, y, bueno, se puede pensar lo que se quiera.
Mire, yo creo que, para resolver el tema del recurso de casación, hay varias vías: una vía es la judicial, otra vía es la legislativa. Las dos vías, estará usted conmigo, son igualmente legítimas.
Para mí, ahora, el Tribunal Supremo ha resuelto por vía judicial una cuestión: el Tribunal Supremo ha dicho que es competente el Tribunal Superior de Justicia de Aragón para conocer de este recurso. Esto lo ha dicho con claridad. Yo, como Justicia, no voy a ser quien ponga en tela de juicio la competencia de Aragón después de haberlo reconocido el Tribunal Supremo. Yo siempre estaré por apoyar cualquier resolución que diga que tenemos competencia en algo, eso es así.
Además, yo también quiero decirle que me parece que es el Tribunal Supremo quien tiene que resolver estos asuntos. Se lo digo después de haber informado cientos de cuestiones de competencia a lo largo de mi anterior vida profesional. Las cuestiones de competencia las tiene que resolver, por definición, un único tribunal, y ése es el Tribunal Supremo. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón sólo tiene competencias para resolver determinados recursos de casación en materia foral, determinados. Si un aragonés y una aragonesa litigan en Barcelona sobre materia relativa al Derecho foral, eso va al Supremo, no viene aquí. Pero en las cuestiones competenciales, lo que es determinar la competencia, lo tiene que determinar el Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo, la Sala Primera, reunida en pleno, ha resuelto esto. Y, como le digo, yo, a esa opción, que es una opción positiva para Aragón, no le pondré ningún inconveniente, estaré junto a ella.
¿Que hay otras vías, la vía legislativa? Bueno, corresponde a esta cámara el decirlo, yo no interferiré nunca en la labor de esta cámara. Respetaré la soberanía popular si, además de considerar que se ha resuelto por esa vía, tiene que estar resuelto por otra; yo, en eso, voy a ser absolutamente respetuoso. Pero me he pronunciado, me pronuncio con relación a una vía de solución. Aquí estamos para resolver los problemas, y, para mí, este problema está resuelto. ¿Que además se le quiere dar otra solución? Bueno, ustedes verán, son ustedes libres y yo, insisto, no interferiré en la opinión, para nada, de esta cámara.
Le agradezco todo lo demás que ha dicho con relación a mi persona, y créame que tendré en cuenta todo lo que ha dicho para mi actuación futura.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Justicia.
Señora diputada.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR [desde el escaño]: Simplemente, agradecer sus explicaciones.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Es el turno ahora del Grupo Parlamentario Socialista, y tiene la palabra su portavoz, la diputada Mercedes Gallizo.

La señora diputada GALLIZO LLAMAS: Gracias, presidente.
Yo quiero, en primer lugar, dar también la bienvenida al Justicia de Aragón en su primera comparecencia ante el Pleno de las Cortes de Aragón para dar cuenta de su gestión en el año noventa y ocho, una gestión que ya sabemos que fue compartida con la persona que ocupó el cargo anteriormente, ya que, como es sabido, Fernando García Vicente tomó posesión a finales de mayo de 1998. Es, por lo tanto, una comparecencia especial, en la que se da cuenta de lo realizado por dos equipos y por dos justicias distintos.
Y quiero también resaltar que este Justicia significa de una manera muy particular la capacidad de acuerdo de los grupos políticos, y que mi grupo, que apoyó en su momento su elección, la elección de este Justicia, reitera aquel apoyo político a Fernando García Vicente en la convicción de que ese consenso inicial ni debe restar mordiente a sus críticas ni tiene que significar ningún tipo de complacencia con su gestión por nuestra parte, como se verá en la intervención que voy a hacer.
Es, desde luego, el Justicia de Aragón una institución cuya capacidad, incluso cuya independencia, son importantes si lo comparamos con otras figuras similares de otras comunidades autónomas. Ésa es una seña de identidad que le confiere la historia, que le confiere nuestro Estatuto, y ello, en nuestra opinión, le otorga un nivel de exigencia mayor. No puede limitarse a ser una figura administrativa, sino que tiene que ser una institución muy comprometida con los problemas de la gente y, en particular, con la defensa de los derechos ciudadanos y del propio Estatuto.
Con el extraordinario respeto que nos merece la historia y que nos merece la figura tradicional del Justicia del Reino de Aragón, con el reconocimiento de que la institución actual es heredera de aquélla, también queremos resaltar que ya hace doscientos diez años que se hizo la revolución francesa, y después de ella otras muchas revoluciones, y que hoy tenemos la tarea de hacer las instituciones útiles a la sociedad en la que vivimos; una sociedad moderna, con una complejidad cada vez mayor en su organización, y una sociedad que está en las puertas de un cambio de milenio, con problemas nuevos y, sin duda, con una organización, con una estructura burocrática excesiva.
Precisamente porque, como he reconocido antes, el Justicia de Aragón es una institución principal de nuestra comunidad autónoma, quiero, desde el principio, destacar que por ello le atribuimos el máximo nivel de exigencia en el cumplimiento de su función; al menos, la misma que nos imponemos estas Cortes y que imponemos al presidente y a la Diputación General de Aragón.
Hacía decir una escritora francesa, Marguerite Yourcenar, en las Memorias de Adriano, nada menos que al emperador Adriano, que quienes nos dedicamos a la cosa pública somos funcionarios del Estado (somos servidores del pueblo, diría yo, que era el sentido que tenía la palabra «funcionarios del Estado» en ese momento), y no césares. Y desde ese espíritu, que creo que compartiremos, quiero desarrollar esta intervención.
Pero antes de entrar en el detalle de lo que en su informe dice el Justicia, quiero hacer todavía otra consideración inicial. La existencia de una figura tan importante, como lo es la del Justicia de Aragón, no debe difundir una falsa idea, como sería la de que se trata de un intermediario entre los gobiernos y los ciudadanos. La ciudadanía elige directamente a sus representantes, en nuestro caso a los diputados y a las diputadas de estas Cortes, y, como tales, estamos a disposición, debemos estar a disposición de cuantas iniciativas, sugerencias o propuestas nos transmitan las personas que nos han elegido.
Estas Cortes, me permitirán ustedes esa licencia, tienen que ser la casa del pueblo, de todas las personas que viven en Aragón, y no sólo la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos, que tiene una función específica en ese sentido: también el conjunto de tareas de las Cortes de Aragón, sus comisiones, están abiertas, deben estar abiertas a la participación ciudadana.
Desde el Grupo Socialista querríamos que esta legislatura se caracterizase, además de por otras cuestiones de relevancia, por significar una profundización en la expresión democrática y participativa de nuestras instituciones. Esta idea también la he concluido después de leer cuantas quejas llegan al Justicia porque las instituciones no tienen los mecanismos suficientes para informar a la ciudadanía de los entresijos de su propio funcionamiento, y además porque, lamentablemente, no está generalizada en las instituciones más importantes, y en particular en los ayuntamientos, la figura del defensor o la defensora de los ciudadanos. Desde el Grupo Socialista tomamos nota del interés que esta figura tiene, una figura cuya necesidad venimos defendiendo y que forma parte de la manera en que los progresistas entendemos el funcionamiento de la administración, y vamos a proponer su puesta en marcha en los ayuntamientos que no dispongan de ella, y en particular en el Ayuntamiento de Zaragoza, que es, lógicamente, el más afectado.
Yo he leído con detenimiento el informe del Justicia, y, desde luego, se contienen en él muchas cosas interesantes. No voy a referirme a todas ellas en esta intervención, aunque eso no quiere decir que echemos ninguna en saco roto.
El informe del Justicia revela algunos de los problemas que las personas que viven en Aragón tienen; revela también algunas de las carencias de nuestras instituciones, y también revela el punto de vista de quienes, desde la responsabilidad de su trabajo en esa institución, proponen unas cosas y desechan otras o las colocan en un segundo plano. Voy a centrarme en lo que me ha parecido más sustantivo de cada uno de estos aspectos, pero todavía quiero hacer otra consideración previa.
Las quejas que se presentan expresan, desde luego, problemas reales, pero a menudo sabemos que ésos no son los problemas más importantes que la gente tiene, ni siquiera son los problemas que afectan a un mayor número de personas, y voy a poner un ejemplo. En lo relativo a la vivienda, que todas encuestas dicen que es uno de los motivos de preocupación más importantes para los ciudadanos, hay muy pocas quejas, y las quejas que llegan al Justicia se refieren a vicios, a defectos en viviendas de protección oficial, al baremo para la adjudicación de viviendas; pero no hay ciudadanos que denuncien que las administraciones públicas en Aragón apenas han promovido la construcción de viviendas de protección oficial, que el precio de los pisos ha subido en un porcentaje escalofriante y que la mayoría de las personas no pueden acceder a ese derecho básico que es la vivienda.
La defensa de los derechos de los ciudadanos que el Estatuto encomienda al Justicia exige la atención, la reflexión, el estudio y el contacto diario con la realidad de nuestra sociedad, independientemente de que se expresen o no quejas. El Justicia lo sabe, y en ocasiones actúa de oficio ante determinados problemas que le parecen de interés, y le felicitamos por hacerlo.
En concreto, nos ha parecido muy oportuno y muy interesante el estudio que se hace sobre las residencias geriátricas y su llamada de atención sobre la insuficiencia de los servicios de atención residencial que oferta la administración, dato todavía más grave porque, como se señala, Aragón es, quizá, la región geográfica europea cuyos habitantes tienen una edad media más elevada. Hay que crear más plazas en residencias y hay que mejorar y actualizar las pensiones de jubilación, eso también nos parece que hay que destacarlo, porque la carencia de medios económicos es el mayor factor de desigualdad. Nuestro grupo tiene una gran sensibilidad sobre este tema y vamos a plantear algunas medidas en el próximo debate de los presupuestos de la comunidad autónoma en este sentido.
También nos ha parecido muy oportuno que se iniciara un expediente de oficio sobre el aumento de la violencia entre menores y sobre las acciones que se están realizando en centros educativos para prevenir la violencia. Pero también tengo que decir que nos llama la atención que no se relacione la violencia entre menores con la marginación y la pobreza, con la carencia de servicios en algunos barrios, con la desestructuración de los núcleos familiares, con la violencia en el seno de la familia.
Y, justamente, hemos echado en falta alguna referencia del Justicia en su informe al problema de la violencia doméstica, sobre todo al problema de la violencia que se ejerce contra las mujeres, porque el Justicia debe velar por los derechos de las personas en Aragón, y los malos tratos afectan a los derechos más básicos y más elementales de las personas, y porque en Aragón, en 1998, cuatrocientas sesenta mujeres denunciaron malos tratos por parte de sus compañeros o maridos. Me parece que es un dato tan terrible que es incomprensible que ese dato se ignore.
También hemos echado de menos una referencia general a la desigualdad que se mantiene en la sociedad entre hombres y mujeres, porque el Justicia debe velar para que se promuevan las condiciones adecuadas para que la igualdad del individuo -dice el Estatuto, y supongo que se refiere a las personas- sea real y efectiva, y debe remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los aragoneses -y supongo yo que también de las aragonesas- en la vida política, económica, cultural y social. Y no sabemos de ninguna iniciativa que haya tomado el Justicia en esa dirección, y sabemos, sin embargo, que el colectivo femenino es uno de los que sufre con más importancia o con más crudeza muchos de los problemas de los que se habla en este informe, y, concretamente, el colectivo femenino es el que ha sufrido en una medida más importante la pérdida de puestos de trabajo en 1998.
Quiero mencionar también otra ausencia que me parece seria. En el informe del Justicia no se habla de la pobreza en Aragón. Se hace referencia, es cierto, a algunas quejas acerca de que, en ocasiones, no se detallan las razones de la denegación a algunas personas del ingreso aragonés de inserción, y se le da mucha importancia a que los procedimientos sean los correctos. Pero a mí me gustaría también que el Justicia fuese más allá de eso, y creo que debería ir más allá, porque, en Aragón, apenas ochocientas personas percibieron el ingreso aragonés de inserción en 1998, y tenemos a cuatro mil trescientas sesenta familias (veintisiete mil ochocientas personas) en lo que se llama «pobreza extrema», percibiendo ingresos inferiores a doce mil pesetas al mes, y tenemos a seis mil ciento ochenta familias en lo que se llama «pobreza severa». Y no dudamos de que el IAI haya servido, desde luego, para algo, que se haya gestionado adecuadamente en función de la ley que lo regula y que se puede mejorar con la acción del Justicia; pero la verdad es que no es suficiente para ayudar a todas esas personas a salir de la pobreza, y que habrá que hacer algo más.
Yo no sé si la administración tiene los recursos suficientes para abordar la atención a estas personas, pero seguro que puede dedicar más que lo que dedica a políticas para erradicar la pobreza, y más de lo que el Gobierno de Aragón ha dedicado en estos años. Pero el Justicia debería ser implacable en la denuncia de estas situaciones. Y me permitirá el Justicia que le diga que yo he tenido una sensación, al leer el informe y al escuchar el resumen que nos ha hecho esta mañana, de que, a veces, parece que vivamos en la Arcadia de los buenos burgueses, solamente preocupados por que nuestro bienestar se administre con eficacia.
Y no me ha gustado tampoco que se despache en cuatro líneas la problemática de las personas internadas en las cárceles de nuestra comunidad autónoma, alegando que nuestra comunidad autónoma no tiene competencias y que se da traslado de estos casos al Defensor del Pueblo. Tampoco en otras materias tenemos competencias, y el informe sí manifiesta una preocupación sobre varios de esos problemas (por ejemplo, respecto a la sanidad o respecto a la Seguridad Social), y me parece bien que lo haga; pero las personas internadas en las cárceles de nuestra comunidad autónoma son también sujetos de derechos.
Y diré más: yo creo que el nivel democrático de una sociedad se define por algunas cosas sustanciales, y una de ellas es el trato que dispensa a las personas que han cometido delitos. No me gusta, y se lo digo con pesar, que una denuncia de malos tratos en una cárcel se despache con un sello hacia otra institución y que, aun no teniendo competencias, el Justicia de Aragón no haya hecho ninguna gestión sobre este caso. Sus predecesores en la institución, que tampoco tenían competencias, al menos, visitaron en alguna ocasión las cárceles, y yo le sugiero que usted también lo haga.
También el nivel democrático de nuestras sociedades se define por la política que se sigue hacia las personas que acuden a ellas desde otros países en busca de un futuro mejor. La integración de las y los inmigrantes es hoy un problema candente en nuestra sociedad, así como el trato que reciben de ciudadanos y autoridades de nuestro país. Sabemos de incidentes relacionados con actitudes racistas y xenófobas, y sabemos también de las penosas condiciones de vida de muchas de estas personas. Sin embargo, en el informe apenas hay una referencia a cuatro expedientes, tres sobre reagrupación de familiares y uno sobre la expulsión de un ciudadano extranjero, que reflejan, desde luego, cuáles han sido las quejas formuladas a la institución, pero no la realidad de los problemas que sufren estas personas.
Yo estoy segura de que el Justicia querría disponer de muchos más medios humanos y materiales para hacer muchas de las cosas que digo, muchas de las cosas que podría o que debería hacer, pero también es cierto que el Justicia selecciona una parte de su personal con discrecionalidad y que en esa selección determina, de alguna manera, en qué dirección se va a trabajar.
El Justicia de Aragón no puede ser tampoco una institución más, una institución como las demás, con los mismos defectos que las demás en sus preocupaciones, su funcionamiento o en su misma forma de expresión. No pueden embarrarse en la pequeña queja del propietario o en tantas demandas de funcionarios de reconocimiento de sus derechos, incluido el derecho de que el paso por los altos cargos de la administración consolide sus niveles. Y, ¡ojo!, yo no digo que no se deba responder a esas quejas; señalo que ésa, en nuestra opinión, no debe de ser una actividad sustancial entre las suyas, no puede ser el Justicia una institución que pierda crédito y peso entre una ciudadanía a la que tiene que contribuir a dinamizar.
Señala su informe, en algunos terrenos, un cierto descenso cuantitativo en las consultas, que explica también que tiene que ver con una diferente organización de las mismas. A mí, sinceramente, no me preocupa ese posible descenso, sino la percepción de que la institución va perdiendo un cierto prestigio social y va dejando de ser una referencia de colectivos y personas como instrumento de defensa comprometida de derechos y libertades.
Y quiero decirle al Justicia que está muy lejos de mi estilo y de mi intención el hacer un reproche de carácter personal a quien ostenta la titularidad de la institución en este momento. Tómelo en lo que le valga, como una llamada a la reflexión, a una reflexión de tipo general, que no sólo le compromete a usted, sino que yo creo que nos compromete a todos. Porque de la misma manera que desde nuestro grupo y desde nuestra posición ideológica de izquierdas y progresista, como es lógico, hemos percibido algunas deficiencias en su informe o hemos señalado algunos desacuerdos con el mismo, con la misma contundencia -o mayor, si cabe- hemos de señalar que en muchas cuestiones pone el dedo en la llaga respecto de algunos problemas.
Hemos citado algunas cosas, pero quiero referirme a algunas más. Por ejemplo, nos parece muy importante la referencia que se hace a las dificultades que tienen los pequeños ayuntamientos para prestar los servicios mínimos obligatorios. Éste es un elemento de desigualdad importante para las personas que, en función de donde vivan, disfrutan o no de los derechos que les corresponden. Desde el Grupo Socialista vamos a apoyar decididamente que la política comarcalizadora que ha iniciado el Gobierno de Aragón contribuya significativamente a remediar este problema.
También, que existan servicios de comedores escolares en el conjunto de la comunidad autónoma y que se mantengan al máximo los centros escolares en las pequeñas localidades, que, obviamente, son un instrumento fundamental para evitar la despoblación.
Grave nos parece también la denuncia que se hace sobre las deficiencias y retrasos en la catalogación de los bienes de interés cultural en la provincia de Huesca, y que nos tememos que es extensible a otras zonas. Nos ha parecido que la respuesta de la anterior Dirección General de Cultura y Patrimonio era una respuesta muy autojustificativa y bastante burocrática, y ya anunciamos que el Grupo Socialista va a presentar al nuevo Gobierno una iniciativa, en el sentido de dedicar una atención urgente y decidida al inventario y a la protección de los bienes de interés cultural de nuestra comunidad.
También queremos destacar, dentro de los temas relativos a la sanidad, las deficiencias denunciadas en la asistencia psiquiátrica y, sobre todo, la escandalosa carencia de recursos para la asistencia psiquiátrica en régimen de hospitalización para enfermos mentales crónicos, que el Justicia denuncia en su informe.
También anunciamos que vamos a trasladar esta preocupación al consejero de Sanidad y vamos a requerirle la búsqueda de una solución a corto plazo para subsanar esta situación, acabando con el lamentable peloteo que hasta ahora han manifestado las instituciones competentes -o quizá habría que decir incompetentes-.
De la misma manera, nos hacemos eco de la problemática en relación con las personas afectadas por alguna discapacidad y reiteramos nuestro compromiso de seguir luchando por la eliminación de todo tipo de barreras. Y, en esta línea, propondremos al presidente de esta cámara que, en los Plenos que vayan a ser retransmitidos por televisión, se cuente con una persona que traduzca el lenguaje oral a la lengua de signos.
Hay varias cuestiones sobre las que se sugiere un desarrollo legislativo, de las que el Grupo Socialista toma nota para estudiarlas en cada caso.
Sí que nos parece y compartimos con el Justicia una cierta urgencia en la elaboración de una ley que regule las fundaciones en nuestra comunidad autónoma. Dice el informe que la situación de falta de regulación es preocupante, pero que se puede agravar por la habilitación de nuevas formas de gestión de los centros sanitarios de la red pública a través de fundaciones. Yo quiero decirle al Justicia que puede aliviar su preocupación, porque, mientras en Aragón hay un Gobierno apoyado por este Grupo Socialista, no se privatizará ni se gestionará a través de fundaciones la sanidad pública.
Por lo que se refiere a los temas de trabajo, nos gusta que el Justicia manifieste su interés por el problema del desempleo y por la situación de quienes se encuentran afectados por el mismo, así como su sensibilidad hacia las cuestiones relacionadas con este tema. Y nos gustaría mucho más que extendiese esta preocupación hacia la precarización del mercado laboral y el aumento de la temporalidad en el empleo, que se está convirtiendo en una seña de identidad de esa economía que va bien para algunos, pero no para todos.
Yo quiero manifestarle también una discrepancia en este apartado. Hace el Justicia una sugerencia para que, en cierto curso de formación e inserción profesional que se impartía exclusivamente para personas de etnia gitana, se permitiese inscribirse a ciudadanos que no pertenezcan a la misma, para que no se vieran excluidos totalmente de sus derechos. No vamos a hacer aquí un debate de fondo sobre lo que significa la discriminación positiva, que nos llevaría mucho más lejos, pero la discriminación positiva es una medida fundamental para cualquier gobierno, para cualquier política progresista. Sabemos que hay personas que no comparten este criterio y que piensan que, teniendo libertad de acceso a todos los ámbitos de la actividad, uno ya se va integrando en lo que quiere, y que eso es la igualdad de oportunidades. Yo ya sé que no es el razonamiento que el Justicia hace en este caso, pero, al hacer insistencia en que no se discrimine a los otros, cuestiona inevitablemente el propio concepto.
No querríamos que se trajesen a esta comunidad autónoma debates que se han producido en otras y que han sustituido los servicios dirigidos a las mujeres, por ejemplo, en el marco de medidas de acción positiva, por servicios a la familia. Ya sé que es extrapolar exageradamente el tema, pero, por si acaso, pongo la venda antes de que se haga herida, que a veces es útil hacerlo.
Para terminar, diré que, obviamente, señalé al principio que no me podía referir a todos los asuntos que el informe recoge, que he destacado los que al Grupo Socialista le han parecido más importantes, como es lógico, desde nuestra posición ideológica de izquierdas y progresista. No he hablado mucho de algunos temas que, aunque ocupan muchas páginas del informe, quizá tienen un carácter menos social o menos general.
Como grupo que apoya al Gobierno, nos vamos a comprometer en corregir, de lo justamente denunciado y que sea de nuestra competencia, aquello que esté en nuestra mano. Ojalá sepamos o podamos hacer lo que otros no supieron o no pudieron.
Querría yo por último, y ahora sí acabo, en nombre del Grupo Socialista, fijar en esta cámara nuestra voluntad y nuestro compromiso de intentar que Aragón sea un territorio en el que los derechos de la gente se respeten con escrúpulo.
También, que en este final de un siglo que ha vivido tantas conquistas democráticas, nos propongamos eliminar lo que de burocrático todavía tiene nuestro sistema, nuestras instituciones, y que hagamos de la democracia algo cotidiano al alcance de todas las personas.
Yo le pido al Justicia que trabaje también por este objetivo y que sea implacable en la exigencia a las administraciones en general, al Gobierno que mi grupo apoya y a estas Cortes.
Nada más.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Para responder, tiene la palabra el señor Justicia.

El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): Señor presidente. Señora diputada.
Le agradezco su intervención y le agradezco la crítica que ha realizado a algunos aspectos de mi actuación. Gracias a las críticas, uno consigue mejorar.
Voy a tratar alguno de los temas que usted ha planteado y con los que ha mostrado, en algunas cosas, algunas discrepancias y, en otras cosas, opciones de futuro.
El tema de la creación de otros defensores del pueblo o defensores del ciudadano, en ayuntamientos... Bueno, ésta no es una función que me corresponda a mí fijar, y será esta cámara quien la fije.
Yo les puedo decir que en Aragón ha habido tradicionalmente un Justicia mayor y otros justicias menores (o zalmedinas, que les llamaban). Ustedes se pueden plantear si esto es necesario o no.
Lo que querría que se plantearan es una cuestión previa que se planteó en Aragón y se resolvió de una determinada manera: esos defensores que hay en ayuntamientos, en pueblos y ciudades, ¿van a depender del Justicia mayor, o de quien los nombra? Esa es la cuestión. Antes dependieron del Justicia mayor. ¿Ustedes creen que es mejor (y se lo planteo y resuelvan lo que quieran) que dependan del Justicia mayor, o que dependan de quien los nombra? En fin, es una cuestión que esta cámara se planteará como quiera.
Violencia doméstica. Me dice que no me he planteado el tema de la violencia doméstica, que ha habido trescientos cuarenta casos de denuncias en Aragón. Usted me dice por qué no me he planteado el tema de la violencia doméstica: porque ha habido denuncias, y la Ley del Justicia me impone que, cuando hay una denuncia ante un juzgado o tribunal, yo no pueda intervenir. Eso es la pura realidad.
¿Quiere esto decir que no esté preocupado por el tema de la violencia doméstica? Estoy preocupado por el tema de la violencia doméstica. He estado en otros sitios, otras épocas, donde el tema de la violencia doméstica me llegaba y lo asumía con todo interés y haciendo todo lo que podía por pelear contra ese tema, y hay actuaciones anteriores mías. Lo que pasa es que yo, cuando desempeño una función, soy respetuoso con las competencias que a mí me dan; si me dieran distintas, yo lo asumiría.
Mire, tanto me he enfrentado al tema de la violencia doméstica que puedo decirle que su partido, el Partido Socialista, organizó en Huesca unas jornadas para tratar de cinco temas que consideraba fundamentales hace dos años en la sociedad oscense, y uno de los temas que consideraron muy importante (y yo coincido con ellos) era el tema de la violencia doméstica. Para este como para otros temas, llamaron a tres o cuatro especialistas en cada una de las materias..., a mí me llamaron a esa mesa redonda.
Quiero decirle que tengo un compromiso, pero que yo creo que, en este momento, debo asumir las competencias que tengo, y aquí estuvo alguno de los que estuvieron en aquellas jornadas.
Desigualdad entre el hombre y la mujer. Me dice que yo no he tratado del tema de la desigualdad del tema entre el hombre y la mujer. ¡Hombre!, me preocupa el tema de la desigualdad entre el hombre y la mujer, es un tema éste que es importante. Yo, en mi informe, no me he referido a él, pero sí que me he referido al empezar, de una manera sutil.
Mire, yo quiero dar ejemplo, no decir palabras, con relación a esto. Yo he dicho que, de las quince personas que podía haber nombrado, de las quince, once son mujeres y cuatro son hombres, y la asesora jefe y la jefe de gabinete son mujeres. Yo creo que ésa es la forma de darle importancia a la mujer: colocándola en el sitio que se merece. En ese sentido, puede que no haga declaraciones, pero actúo con mi ejemplo.
El tema de la pobreza. Me dice que no he hablado. Es verdad, tiene usted razón, yo no he hecho ningún estudio general sobre el tema de la pobreza. He hablado de temas concretos: asistencia social, cómo hemos procurado resolver problemas mediante los medios asistenciales que ahí había.
Bueno, debe entender que mi informe se refiere a los seis primeros meses de actuación, y usted sabe lo que cuesta poner en marcha una institución a la que nunca uno ha pensado que va a llegar. Con un verano por medio, en realidad, han sido sólo tres meses lo que he tenido para hacer frente a todo aquello. No descarto, desde luego, enfrentarme a este problema -como usted dice-, y crea que me preocupan muchas de las cosas que usted ha dicho con relación a ese tema.
Me dice que he dado una sensación de Arcadia real. Mire, le voy a decir una cosa que no he dicho en mi informe: yo, durante los seis primeros meses de este año, he tramitado seiscientos expedientes, aproximadamente; aunque no es importante, un 10% más que el año anterior. ¿Sabe cuántas recomendaciones he hecho con relación a esas seiscientas?: he hecho cien, noventa y nueve exactamente, he hecho noventa y nueve recomendaciones. En todo el año pasado se hicieron ciento once. Le puede parecer mucho, le puede parecer poco, pero le doy un dato comparativo con el tema del Defensor del Pueblo: el Defensor del Pueblo tramita al año veintitantos mil expedientes, ¿y sabe cuántas recomendaciones realiza?: trescientas cincuenta. Yo, con seiscientas, he hecho cien, luego soy bastante exigente, creo yo, a la hora de actuar. Lo que pasa es que hay algunos casos en los que las personas que vienen no tienen razón o, a veces, durante la tramitación del procedimiento, se consigue resolver el asunto (por ejemplo, lo de Montecanal, que se resolvió ayer, o la carretera de Castellón, que también se ha resuelto).
Cárceles. Me habla de las cárceles en un doble sentido: me dice que hago bien en entrar en el tema de prestaciones sanitarias y laborales, y, sin embargo, en las cárceles, no, y que no he visitado las cárceles.
Le quiero contestar, en relación con eso, dos cosas distintas. En primer lugar, ¿sabe por qué entro en el tema de sanidad y no entro en este otro?: porque ésta es una competencia que tenemos recogida en el Estatuto, aunque todavía no la tengamos transferida; el tema de las cárceles, no. Y hay una ley que dice que yo fiscalizo la actuación de la administración en aquellas materias que son competencia de la comunidad. Lo pueden cambiar...
Yo, fíjese, con el Defensor del Pueblo he tenido una cierta controversia, porque yo quería ir más lejos de lo que podía, más lejos de lo que la ley dice, y, de hecho, estoy yendo más lejos. Pero créame que la ley dice lo que dice, y, si yo quiero exigir a los demás que la cumplan, debo ser el primero que la cumpla.
¿El tema de las visitas a las cárceles? No las hago ahora, pero yo he estado cincuenta veces en la cárcel, puede que más. Conozco el tema de las cárceles bastante bien. He intervenido en motines fortísimos, donde se ha abierto la puerta y se ha dejado ir a una persona, motines gravísimos, de todo tipo. El único caso de secuestro por piratería que ha habido en España, y procedente de un motín de una cárcel francesa, con unos gangsters de verdad... Le digo: conozco la cárcel, he ido muchas veces, he ido muchísimas veces a la cárcel; pero una función es una función y otra función es otra función. Y le digo lo de antes: no sé si hago mal o no, pero yo -creo que hago bien- procuro cumplir la ley tal y como está establecida.
Me plantea un tema con relación a las fundaciones, y que no tenga miedo. La verdad es que he recogido en mi informe todo lo que hizo la institución del Justicia. Yo, esa recomendación, no la hice, creo que figurará a nota pie de página que no la hice. Tomo nota de lo que usted dice, pero, en definitiva, la hizo el Justicia don Juan Montserrat.
Y, con el tema de la discriminación positiva, que es lo último que ha hablado, creo que no hay una discrepancia entre usted y yo. Mire, la tesis que yo mantengo es que sí a la discriminación positiva, no tengo ningún problema: en mujeres, en tipos de etnias y tal. Al mismo tiempo, mantengo la tesis que mantiene el Tribunal Constitucional: sí a la discriminación positiva, pero no absoluta. O sea, es lícito decir que se cubra el 70% de las plazas por un colectivo determinado, pero no se puede decir que todas las plazas se cubran por un colectivo determinado, porque eso es discriminación absoluta total. Eso lo dice el Constitucional, es doctrina del Tribunal Constitucional y la cito allí, está citada en mi informe.
Y en este caso, ¿sabe cuál era el motivo?: cuando se plantea un curso de formación y aparece un señor que dice «oiga, es que yo también quiero intervenir en ese curso de formación», yo, mire, estoy por proteger que la gente se forme y que, en lugar de treinta, haya treinta y uno, me parece muy bien que haya treinta y uno, yo no digo que lo excluyan. En ningún momento, si lo ve en mi recomendación, dije que excluyeran a alguno de los otros veintinueve; dije que, en lugar de treinta, hubiera treinta y uno... Bueno, creo que es la doctrina del Tribunal Constitucional, pero, en fin, todo en esta vida se puede discutir.
En todo caso, le agradezco todas las sugerencias que usted me ha realizado. Las tendré en cuenta, las tendré en consideración, y créame que, en todo caso, su punto de referencia será un punto de referencia muy positivo para la actuación del Justicia.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Justicia.
¿La señora diputada quiere replicar?

La señora diputada GALLIZO LLAMAS [desde el escaño]: No querría yo entrar en polémica con el Justicia, porque no ha sido ése el interés de este grupo al hacer mi intervención. Una intervención, desde luego, con una carga crítica, pero una carga crítica que yo apuntaba para la reflexión colectiva y de la que creo que convendría que hiciésemos un serio intento de abordarla.
En cualquier caso, las críticas que yo hacía o las deficiencias que he señalado en las actuaciones del Justicia no eran unas críticas a la persona, al compromiso personal de quien ostenta en este momento el mandato del Justicia. Lejos de mi intención el determinar si usted tiene o no un compromiso personal con las personas víctimas de malos tratos o quienes están en las cárceles.
Yo estaba hablando de lo que, en la opinión de este grupo, tiene que ser el compromiso de la institución con las personas que están sufriendo una carencia en sus derechos, en derechos a veces tan elementales como el derecho a la vida, y que, independientemente de que se tengan o no competencias en una materia y que sean o no objeto de tratamiento por parte de los tribunales, es preciso decir algo, porque no sólo nos definen las cosas que decimos, sino que también nuestros silencios definen muchas veces algo que forma parte de nuestra manera de entender la vida.
Y yo ya he dicho también que el tema de la discriminación positiva es un tema largo, y no vamos a hacer aquí, ahora, una discusión concreta sobre ese asunto.
En cualquier caso, yo sí que quería llamar la atención sobre que el hecho de que el Justicia haga una recomendación en este sentido, de cara a muchísimas personas que en esta sociedad no entienden esas medidas de discriminación positiva; personas que, desde la óptica de la normalización, no entienden la importancia que tienen las medidas de discriminación positiva para alcanzar la igualdad de aquellos que viven en una situación desigual. Desde esa óptica, quizá se entienda en un sentido equivocado el oponerse a que sean tomadas tan literalmente las medidas de discriminación positiva. Pero, en cualquier caso, no quiero entrar en esa polémica, que nos llevaría mucho más lejos.
Agradezco que el Justicia haya aceptado las críticas y el tono de su contestación.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Para dúplica, señor Justicia.

El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE) [desde el escaño]: Le agradezco también el tono de su intervención.
Yo, lo que quería era manifestar, no considerar nunca una crítica personal, pero quería dejar bien claras algunas cosas patentes, como mi compromiso anterior en el tema de cárceles o en el tema de las mujeres. Quería dejar bien claro cuál era mi actitud personal, con independencia de que yo, institucionalmente, en este momento considero que debo jugar un determinado papel.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Es ahora el turno del Grupo Parlamentario Popular, y tiene la palabra su diputado don Ángel Cristóbal Montes.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Señor presidente. Señoras y señores diputados.
Seré breve, entre otras cosas, porque el acto se ha alargado, y porque tampoco tengo que hacer ningún listado de reclamaciones al Justicia -ya ven que no traigo ningún papel-, porque pienso que esas reclamaciones, esas peticiones, esas quejas, las hacen los ciudadanos, y nosotros, aquí, en cuanto el Justicia es un comisionado de las Cortes, dialogamos con él de problemas generales y tratamos no de escarbar en puntos concretos, no de hincar el diente o descubrir pequeños fallos o defectos en la gestión del Justicia (que, si los hubiera, pues también pueden señalarse y la crítica es lícita), sino más bien de un cambio de impresiones anual que tiene el Pleno con el Justicia, amén de otros temporales y sectoriales que tiene la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos con ocasión de los informes específicos, monográficos, que presenta el Justicia, que ésos sí son relevantes, importantes (ya está anunciado uno sumamente importante y el Justicia lo ha recordado en esta cámara).
Conozco al señor García Vicente, Justicia de Aragón, desde hace mucho tiempo, muchos años. Hemos trabajado juntos en la docencia; he seguido su carrera profesional (primero en la Universidad, luego en la Fiscalía), y, desde luego, el Grupo Parlamentario Popular votó a favor de su nominación, de su designación como Justicia de Aragón, y creo, como ya tuve ocasión de decir en una sesión en la legislatura anterior, en la Comisión de Peticiones, que acertamos, acertamos por no designar un político.
Los dos justicias anteriores tenían una carga política, y lo hicieron bien, lo hicieron francamente bien: uno, instalando la institución, y el otro, desarrollándola y dándole un nivel muy estimable; la actuación de Juan Bautista Montserrat fue una actuación señalada, digna de elogio. Lo hicieron bien, pero tenían una carga política, y una carga política que, desde luego, no utilizaron en su gestión, eso sin ninguna duda. No actuaron nunca políticamente, supieron diferenciar perfectamente su pasado, su partido político, con la responsabilidad y con las exigencias que el cargo les demandaba. Pero no pudieron evitar, porque va ligada a la naturaleza de las cosas, la suspicacia, el decir: ¿a quién estará beneficiando?, ¿quién influirá políticamente en él?, ¿en quién pensará, desde el ángulo político, cuando toma esta determinación o cuando asume esta postura?
Pues bien, en el caso de Fernando García Vicente, esa suspicacia, esa duda no es posible. No ha tenido nunca ningún compromiso político con ninguna fuerza política, no ha militado en ningún partido, es un técnico, un buen técnico, un buen profesional del Derecho, y por eso creo que acertamos. Acertamos en lo objetivo y en lo subjetivo, acertamos en la persona y acertamos en sus circunstancias. Y no olvidemos nunca, como decía Ortega, que «yo soy yo y mis circunstancias».
El señor García Vicente es una garantía, es un aval de que su actuación en el campo delicado, en el ejercicio del cometido que tiene encomendado por el Estatuto, lo está haciendo con altura, con imparcialidad, con objetividad y con gran profesionalidad, que es lo que hace falta en este tipo de actuaciones.
Mi intervención va a ser meramente referencial. Yo no voy a entrar en detalles, porque el informe explica suficientemente todas y cada una de las actuaciones del Justicia, y, globalmente, a mí me parece muy positivo, y, desde luego, el juicio del Partido Popular al respecto es favorable.
Lo que yo querría hacer es una reflexión general, porque debates como éste (para eso están los sectoriales en la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos), a mi entender, y puedo estar equivocado, son para hacer planteamientos genéricos, para hacer formulaciones abstractas y para intentar crear un clima de colaboración, de concordia y de conjunción de esfuerzos entre el comitente (en este caso, la cámara legislativa) y el comisionado (en este caso, el Justicia de Aragón), porque no debemos olvidar nunca que el Justicia de Aragón es un comisionado de esta cámara.
El Justicia de Aragón tiene un nombre rimbombante: nada más y nada menos que «Justicia de Aragón». Y, como es un nombre con calado histórico, la imaginación se nos desborda con facilidad, y hoy, aquí, esta mañana, he oído cosas que, muy bien, me parecen perfectas, pero que, indudablemente, ni son de este tiempo ni parece que sean de esta ocasión. Parece que se estuvieran refiriendo al Justicia de verdad, al Justicia histórico, a aquel poder real que fue el Justicia de Aragón, y no se están refiriendo al Justicia real, no virtual, al Justicia real, el de nuestros días, el del Estatuto de Autonomía de Aragón, que, como decía el señor García Vicente hace un momento, tiene perfectamente limitado el campo de sus competencias, y puede hacer ciertas cosas y no puede hacer otras muchas cosas (la mayor parte de las cosas no las puede hacer). Entonces, hay que afinar el tiro y hay que sujetarse en lo que realmente se puede hacer.
El Justicia de Aragón no es el Justicia de Aragón histórico, esa institución que decía López de Haro (que escribió el mejor trabajo sobre el Justicia de Aragón en 1926, en la editorial La España Moderna, que tantas cosas bonitas publicó), decía: «Es una institución que añoran los aragoneses». Y probablemente la añoraban, porque tiene un calado histórico, tiene un fondo histórico, tiene una trayectoria histórica muy meritoria, muy estimable.
Pero es que el Justicia de Aragón no es (aunque se llame igual) el Justicia de Aragón histórico: es otra cosa bien diferente.
El Justicia de Aragón histórico es una figura importante, fue una figura importante, con un cometido importante, pero que hemos sublimado, quizá, en exceso. No fue ese paladín de los derechos del pueblo, no fue ese defensor de las libertades públicas aragonesas a ultranza, no fue ese hombre que peleó en todas las batallas en defensa de los ciudadanos: fue el producto de un pacto entre el rey y la aristocracia, exclusivamente.
El primer nombre no es «Justicia de Aragón», el primer nombre es «juez medio». ¿Y por qué se le llama «juez medio»? Pues porque media, porque está en mitad, porque se le pone en mitad. Los reyes, en Aragón, no tenían suficiente poder para quebrar la cerviz de la aristocracia -cosa que les apetecía mucho-, y la aristocracia no tenía el poder suficiente para imponer siempre su criterio -y a veces lo imponía- al rey, y surgían conflictos entre esos hijosdalgo, infanzones, caballeros, ricoshombres, surgían conflictos con la realeza.
¿Y cómo entienden que se pueden solventar esos conflictos? Pues nombrando un juez que no sea ni de uno ni de otro (ahora, advierto, al juez lo nombra el rey, en principio; después, son las Cortes, pero, en principio, lo nombra el rey), que va a mediar en los conflictos entre unos y otros y entre los conflictos de los ricoshombres, infanzones y caballeros entre sí.
Dice la tradición, y probablemente dice bien, que Aragón fue tierra de libertades. Ciertamente, pero esto también hay que saberlo tomar según y cómo. De libertades, para su momento, en su tiempo. Pero, claro, las libertades aragonesas históricas, contrastadas con las libertades de nuestros días, se quedan en paños menores, son un simple remedo, un simple símil, una copia pequeña; pequeña en cuanto a la amplitud, pero pequeña también en cuanto a los destinatarios. Las libertades de Aragón eran libertades de unos pocos. Este territorio, como cualquier territorio hispánico, era un territorio de aristocracia; había cuatro brazos y uno solo de los brazos, y tardíamente, representa a las ciudades, pero tampoco al ciudadano liso y llano, sino a la gran burguesía de la ciudad.
Es un Aragón de libertades en el que dicen: «no sólo existía el privilegio de firma y manifestación -importantes, que realizaba el justicia-, sino que era un territorio en el que el hogar era inviolable -no se podía penetrar en él ni siquiera para hacer presos a los moradores-, en que nunca existió la pesquisa -salvo para los funcionarios públicos-, en el que no hubo tormento -no se aplicaba el tormento- ni confiscación de bienes -salvo para los traidores, pero era tan fácil dar el título de traidor a alguien que había quebrantado la fidelidad al rey...-, y en el que no era posible -y esto es importante en el país del pacto, la tierra del pacto, y en el país del standum est chartae- que los aragoneses renunciasen por pacto a sus libertades».
Todo eso tiene valor, ciertamente, pero hay que saberlo aquilatar y hay que saberlo colocar en el tiempo. Lo que no se puede es pasar hoy por aquí y pensar que estamos ante un Justicia que lo puede todo -sus poderes son limitados-, un justicia que puede meterse en pleitos propios y ajenos y que puede resolver problemas que son de él y problemas que no son de él. No se le puede pedir que resuelva usted el problema de los malos tratos, que resuelva usted el problema de las bajas pensiones, el problema de la asistencia de no sé qué genérica, de las cárceles, etcétera, etcétera, porque eso no es competencia del Justicia de Aragón. ¡Y enhorabuena que no lo es!, porque «zapatero, a tus zapatos», es decir, cada cosa en su sitio, cada cosa en su lugar y cada cosa tiene su momento y su oportunidad.
Pues, bien, retomando ese hilo histórico que les comentaba, el Justicia de Aragón nace en las Cortes de Ejea de 1265. Antes se había planteado la creación en las Cortes de Zaragoza en 1264 y no se estimó pertinente, y al año siguiente se estima pertinente como un compromiso. Y, a partir de entonces, va desarrollando una función, al principio, estrictamente aristocrática, y después se va ampliando. Los privilegios de firma y manifestación, que eran los dos privilegios fundamentales aragoneses, sólo se aplicaban en un principio a la aristocracia, el pueblo logra entrar en ellos muy tardíamente, y el Justicia logra protegerlos después de pasar varios siglos.
El Justicia de Aragón gana prestigio, pero no nos olvidemos de la realidad de las cosas: las figuras se aquilatan con su comportamiento, se aprecian con su comportamiento, con su actuación, pero las figuras se desgastan con el tiempo. El Justicia de Aragón, con el tiempo, llega a ser prácticamente una institución hereditaria -ahí están los Cerdán, sucediéndose los padres y los hijos y los nietos; ahí están los Lanuza, hasta el último ajusticiado, el Lanuza quinto-, es decir, se transforma prácticamente en un cargo hereditario en el seno de familias aristocráticas, lo cual no era, precisamente, un sello de grandeza, un sello de entrega a los intereses del pueblo.
Entonces, desnudemos los mitos, bajemos a la realidad, llamemos las cosas por su nombre y tomemos el hilo conductor del Justicia de nuestros días. El Justicia de Aragón se llama igual hoy que hace cinco siglos, «Justicia de Aragón», aunque el nombre de «Justicia de Aragón» fue el último: primero se llamó «juez medio», después se le llamó «justicia de Zaragoza», después se le llamó «justicia del rey», luego «el justicia» exclusivamente y, luego, «justicia de Aragón», que el fue el nombre final. Hoy se llama igual, «Justicia de Aragón», pero no es parecido en nada.
Si hubiera que buscar un precedente del Justicia de Aragón, ni siquiera habría que buscarlo en el histórico Justicia de Aragón: habría que buscarlo en la figura del ombudsman, habría que ir nada menos que a Escandinavia, aunque dicen que los escandinavos, a su vez, se fijaron en el Justicia de Aragón.... Bueno, también se puede leer en algún autor inglés que, cuando Simón de Monfort amplía la Cámara de los Comunes en 1265 -Simón de Monfort había sido preceptor del rey Jaime I de Aragón-, cuando amplía la Cámara de los Comunes y nombra dos caballeros por cada condado y dos burgueses por cada ciudad, que se había inspirado en las Cortes de Aragón con sus cuatro brazos, que era el parlamento más democrático, a la sazón, existente en Europa... Bueno, pues puede ser, pero eso son leyendas, eso son tradiciones bellas, tradiciones, bellos cuentos de hadas que no vienen al caso.
El Justicia de Aragón actual está inspirada en una idea fundamentalmente escandinava, el ombudsman, la idea del ombudsman, que genera nuestro Defensor del Pueblo y después, como colateral, genera en los territorios figuras con uno u otro nombre, pero que en el fondo son inspiración del Defensor del Pueblo y, a su vez, inspiración del ombudsman. El ombudsman es una figura de la democracia, de la democracia escandinava, una buena figura, que crea una persona para defender a los ciudadanos contra los excesos de la administración, fundamentalmente. Sólo eso, pero nada más que eso: proteger a los ciudadanos contra los excesos de la administración, porque la administración tiende a excederse en todas partes; la administración no sólo tiende a crecer sin límite, sino que tiende a abusar del poder.
Decía Buckland, el gran historiador inglés, que todo poder, por naturaleza, es maligno. Quizá la cosa no sea tan exagerada, pero hay algo de verdad en eso. El poder tiende, primero, a perpetuarse; después, a extenderse y a crecer sin límite, y, luego, a eliminar al máximo las cortapisas, las limitaciones, los controles y cualquier cosa que implique el ejercicio restricto del poder, incluso en democracia. Y, por eso, la ventaja, la bondad de la democracia, el gran secreto de la democracia no es que niegue el poder, que sería imposible, no es que se oponga sistemáticamente al poder: trata de controlar el poder, y unas veces lo consigue y otras veces no lo consigue. En la mayor parte de los casos y en las cosas serias, se consigue un cierto control del poder, y ésa es la quintaesencia del modo de vida democrático. Y el Justicia de Aragón responde a esos planteamientos.
Yo recuerdo, cuando elaboramos el Estatuto de Autonomía de Aragón, en los años ochenta, ochenta y uno -y digo recuerdo porque formaba parte de la comisión redactora del Estatuto de Aragón, y algo tiene de mi pluma el Estatuto de Aragón-, recuerdo, cuando nos planteamos esta figura, la figura del Justicia de Aragón, en lo primero que estábamos pensando era en el Defensor del Pueblo signado en la Constitución del setenta y ocho. No había otro punto de referencia, no volvimos los ojos hacia el siglo XIV o el siglo XV o el siglo XIII, indudablemente, no volvimos los ojos porque eso era imposible. Sabíamos que el nombre tenía que ser «Justicia de Aragón», como el nombre del parlamento tenía que ser «Cortes de Aragón», y el nombre del ejecutivo, esto ya más dudoso, parece que tenía que ser «Diputación General de Aragón», aunque ahí no hicimos justicia histórica, porque, en Aragón, la Diputación General no era precisamente el gobierno, no era precisamente el ejecutivo.
Pero, en fin, se mantuvieron los nombres y se mantuvo la trabazón histórica que parece obligada en estos casos, parece conveniente establecer una línea de conducta, una línea de actuación que engarce con los orígenes y que permita un seguimiento histórico no a saltos, sino con una cierta armonía, y poder decir, como dicen los ingleses, «tenemos instituciones de no sé qué siglo». Lo que pasa es que los ingleses, es verdad, tienen instituciones de no sé qué siglos; aquí es verdad a medias. ¿Por qué? Pues porque, primero, éste no ha sido un país tradicionalista; segundo, porque la historia nos ha jugado siempre graves jugadas en esta tierra, y tercero, porque no hemos sabido hacer lo que han hecho los ingleses.
Los ingleses son muy tradicionalistas, pero tienen una cosa maravillosa: tienen lo que Popper ha llamado «el compromiso mayor que ha conseguido un pueblo en los tiempos modernos», el compromiso entre el escepticismo y el racionalismo. Los ingleses son profundamente racionalistas y profundamente escépticos. Berlin, Isaiah Berlin, que es un profesor lituano afincado en Gran Bretaña durante muchos años, dice que el valor supremo del mundo moderno es el escepticismo. Pues bien, los ingleses son profundamente escépticos, creen en lo suyo, pero desconfían de lo suyo. Y por eso han conseguido esa vía media, magnífica, de mantener la tradición, pero reformada. Y por eso se ha podido mantener. Aquí no, aquí no hemos sabido nunca mantener la tradición porque, cuando se ha querido mantener, ha sido a ultranza, y, cuando se ha querido reformar, ha sido pegándole un hachazo para acabar con ella, y así nos ha ido.
Pues bien, cuando nos planteábamos en la comisión la existencia del Justicia de Aragón, hubo un movimiento tendente a rebasar -y se consiguió, lo que es curioso-las competencias estrictas del Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo se ocupa únicamente de la defensa de los derechos y libertades, y, aquí, la primera competencia del Justicia de Aragón, efectivamente, es la defensa de los derechos y libertades individuales y colectivos de los aragoneses, pero tiene dos añadidos que no tiene ninguna otra figura similar en los territorios españoles ni tiene el Defensor del Pueblo: la tutela del ordenamiento jurídico aragonés y la defensa del Estatuto de Aragón. Y estos dos cometidos valen su peso en oro, porque en Aragón existe un Derecho propio civil (y, luego, también público; pero civil, fundamentalmente) y existe un Estatuto que necesita de la tutela, y, en distintas oportunidades, los sucesivos justicias han ejercido esta función de tutela del Estatuto. Y estas dos funciones, a las que ha hecho referencia el Justicia en su exposición aquí, esta mañana, son -para mi modo de ver, al menos- dos funciones características y sumamente definidoras de la función, de la actuación y de la figura del justicia.
La historia, decía el conde León Tolstoi, sería una cosa estupenda si fuera verdadera. Y, ciertamente, es así. Y, algún tiempo antes, Voltaire había dicho que la historia está escrita a base de jugarretas hechas a los muertos.
Bueno, a mí me gustaría que mi intervención aquí, esta mañana, fuera para evitar que le hagan una jugarreta al muerto Justicia de Aragón en la persona del vivo Fernando García Vicente, actual Justicia de Aragón; que no lo comparen con el Justicia, porque la comparación no es posible, y, sobre todo, que no le pidan la luna. Él es un cargo democrático en un país democrático; el Justicia de Aragón era un cargo aristocrático en un país no democrático, profundamente aristocrático, profundamente clasista y discriminador. Y, entonces, aquél podía dar lo que podía dar, y éste puede dar lo que puede dar.
En democracia, el político es esclavo de las leyes y el cargo es esclavo de las leyes, y el señor García Vicente es un esclavo de las leyes, del ordenamiento jurídico, y no puede ni debe salirse de él porque estamos en un Estado de derecho. Entonces, pídanle lo que puede dar.
Y lo que puede dar lo ha dado a plenitud. Basta leer ese informe para darse cuenta de que ha trabajado, como trabajaron sus antecesores, ha trabajado a fondo y ha cubierto un volumen de actividad realmente estimable. Ahí están el número de quejas que ha tramitado, el número de recomendaciones, el número de sugerencias, el número de resoluciones, el trabajo editorial que ha desarrollado, las becas que otorga la institución, etcétera, etcétera. Un trabajo a fondo.
Recordando a Shakespeare en una frase que después hizo famosa Carlos Marx, «has trabajado bien, viejo topo» (aunque no sea muy viejo), «has trabajado bien, viejo topo». Y eso es lo que merece el pláceme y eso es lo que merece el reconocimiento aquí, esta mañana, y ésta es la reflexión que a mí me suscita la presencia del querido amigo García Vicente y el conocimiento de su gestión, que yo no esperaba que fuera menor de la que ha sido ni con menos brillo del que ha sido.
Por lo tanto, la cámara, en cuanto comitente -por lo menos, ése es el parecer del grupo parlamentario-, reconoce la buena gestión del señor García Vicente, le anima a seguir en esa línea y, desde luego, no le va a pedir la luna en ningún momento. Si necesita de nuestra ayuda, la tendrá; pero él sabe perfectamente cuáles son sus cometidos, cuáles son sus limitaciones, qué puede y qué no puede hacer, en qué puede meterse y en qué no puede meterse. Y, mientras se mantenga con esa mesura, con esa ponderación, con ese equilibrio, con esa elegancia, que es propia de un caballero, como es don Fernando García Vicente, la cámara estará servida.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El señor Justicia tiene la palabra.

El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): Sí, muchas gracias, señor Cristóbal Montes, por su informe y por las consideraciones que ha hecho sobre mi persona. La verdad es que yo llevo ya veintidós años en la Facultad de Derecho y él estaba al lado en esa Facultad, era ya un maestro consumado, y durante quince años compartimos, pared con pared, nuestro trabajo. Por eso, quizá, ninguno de los dos seamos imparciales al hablar el uno del otro.
Yo quiero decirle, sin embargo, que, en fin, yo creo que la historia de Aragón hubiera sido diferente sin el Justicia. La semana que viene voy a reunir a los que creo que son los mejores expertos en Aragón, en la historia, los voy a reunir para ver cómo se escribe, precisamente, algo que no se ha hecho nunca: la historia del Justicia y la influencia que ha tenido en el Derecho de Aragón, y los citaré porque creo que es algo que merece la pena plasmar.
Respecto al tema competencial, yo comparto que tengo lo que tengo y que no tengo más que autoridad moral y que la tengo que administrar con mucho cuidado y no ir más allá de lo que voy. Todo esto es relativo, o sea, la función del Justicia será la que ustedes me den.
Ya saben que hubo dos proyectos de Estatuto, el más conocido y otro que se llamo «de los notables», que hizo gente como el antiguo rector de la Universidad, como Rocasolano, Palá... Y en este proyecto de Estatuto, que no se llegó a aprobar por las circunstancias que ustedes ya conocen, se definía la labor del Justicia y se decía, en relación con el Justicia, cuatro cosas: primero, que resolvería con carácter ejecutivo todas controversias que surgieran entre administraciones que estaban dentro de la comunidad autónoma; segundo, que sus resoluciones serían ejecutivas contra la administración; tercero, que resolvería los recursos de casación en materia de Derecho foral, y, cuarto, que sería la primera autoridad de Aragón, excepto cuando estuviera el presidente de la república.
Me preguntarán: ¿esto es bueno?, ¿esto es malo?, ¿esto pasó hace unos años, cuando ya estaba el principio de división de poderes establecido? Me preguntarán quizá ustedes: ¿esto es bueno?, ¿esto es malo? Permítanme que no les responda porque, como pueden imaginarse, yo soy parcial en este tema.
Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García Vicente.
Concluido el debate, se levanta la sesión [a las catorce horas y veinticinco minutos].