Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

Intervención de un representante del Grupo Popular. Lo hará su portavoz, el señor Suárez, que tiene la palabra.

Comparecencia del presidente del Gobierno de Aragón para explicar su posicionamiento sobre la corrupción en Aragón y las medidas arbitradas en esta legislatura para impedirla.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor presidente.

Bien, el Partido Popular había solicitado la comparecencia del presidente Iglesias para que explicara su posición. Esta comparecencia, evidentemente, va a ser decepcionante —con todos los respetos, dicho sea, para quien intervenga por parte del Gobierno—. Esta comparecencia estuvo precedida de una larga lista de avatares, no fue calificada, había informes a favor, fue recurrida, y cuando se saltaron o cuando se pasaron todos los escollos, irrumpió en escena el presidente Iglesias en un medio público cuando le preguntaron por qué esa dificultad en traer estas cuestiones (con la que estaba cayendo) en La Muela a la cámara; él dijo que él no tenía ningún problema en hablar de este ni de ningún otro asunto en las Cortes.

Pues, señorías, es evidente que tiene problemas, y muchos problemas, en hablar de esta cuestión, a la vista de que no está. No sabemos cuáles son las razones; a lo mejor es que no puede explicar determinadas cuestiones.

El Partido Popular, señorías, lleva un año intentando hablar de esta cuestión en esta cámara. Un año han tardado los grupos que sostienen al Gobierno en, al final, dejar hablar sobre lo que ha sucedido en La Muela, fundamentalmente, sobre la corrupción urbanística, señorías, que, como antes alguien, algún portavoz aquí decía, está vinculada a recalificaciones masivas, en las que se hinchan los bolsillos determinadas personas pero que más allá de romper la frontera de lo mediático ha acabado por ser un problema para la ciudadanía en estos momentos. Nosotros —y hablo en nombre del Partido Popular de Aragón y mi grupo— estamos preocupados por las manifestaciones de alcaldes, por las manifestaciones de concejales, por ver cómo esa sombra de sospecha se va extendiendo.

Y no cabe, señorías, no cabe más que pensar que en esta legislatura esta cuestión de la corrupción ha sido bastante agria en esta cámara. Fundamentalmente porque ha habido dos grupos que han estado mareando la perdiz, que han impedido —insisto— que durante un año se hablara de lo mismo..., de esta cuestión. El Gobierno, en lugar de dar la cara, de asumir o de hablar de responsabilidades políticas, se ha escondido, cuando no se ha limitado —y veíamos el otro día cómo el presidente Iglesias lo hacía— a hablar de lo que ocurre y sucede en otras comunidades autónomas. Solamente le ha interesado hablar de lo que sucede fuera; de lo que sucede aquí en Aragón no quiere hablar. Y las pocas veces que ha hablado porque ya no queda más remedio cuando son las preguntas al presidente, hemos oído un argumento que, más allá de ser un argumento, señorías, es una mera ocurrencia. Dice el presidente Iglesias que el juez es el que tiene que hacer el trabajo y que el juez es el que tiene la información.

Pues bien, señorías: y la responsabilidad política, ¿qué? ¿En donde está? Porque este asunto preocupa a los ciudadanos desde dos puntos de vista, preocupa desde dos puntos de vista: desde el punto de vista, señorías, penal y político. Insisto: mi partido lleva un año intentando hablar de esta cuestión. Y, antes de entrar a abordar qué es lo que ha sucedido en Aragón, quiero dejar clara la posición de mi grupo parlamentario.

Lamentamos y condenamos sin paliativos cualquier caso de corrupción, se produzca en donde se produzca y sea del partido que sea. Frente a la corrupción, señorías, solo cabe el rechazo social y la persecución judicial más drástica. Sobre los corruptos, señorías, debe caer todo el peso de la ley. Y cada uno, señorías, tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde en el marco de sus competencias.

Estamos en esta cámara, y yo he venido a hablar de responsabilidades políticas en Aragón. Y Aragón, por desgracia, por mucho que no nos guste, por mucho que le moleste al presidente Iglesias, no se ha librado de esta figura de la corrupción política. Como todos ustedes saben, se ha focalizado fundamentalmente en La Muela: una causa judicial donde se imputan delitos muy graves, como prevaricación, blanqueo de capitales, tráficos de influencias, uso de información privilegiada, cohecho, malversación, negociación prohibida y fraude en la concesión de subvenciones. Son delitos muy graves, señoría, que están vinculados al desarrollo urbanístico, a la corrupción urbanística.

Y corrupción urbanística —y aquí es donde pediría la atención— es abuso de poder de los cargos públicos, vinculado a la especulación inmobiliaria. Este detalle yo creo que no debería pasar desapercibido: abuso de poder de los cargos públicos. Y el urbanismo, señorías, claro que es competencia de los ayuntamientos, pero también es competencia del Gobierno de Aragón. Determinadas figuras de planeamiento tienen que ser aprobadas por órganos del Gobierno de Aragón. Pero, sin embargo, sin embargo, el presidente Iglesias lleva un año empeñado en asegurar que su Gobierno no tiene nada que ver con lo que ha sucedido en La Muela. No quiere saber nada de responsabilidad, pero esa afirmación es falsa. Ha negado —insisto— el presidente Iglesias cualquier tipo de responsabilidad en lo sucedido en La Muela.

Y, señor presidente, la responsabilidad penal —se lo dijo el otro día mi compañera, hoy se lo vuelvo a decir yo— la dilucidará el juez. En eso no nos ha cabido a nosotros la menor duda. El otro día usted se salía por la tangente, insinuaba —yo no lo entendí muy bien— no sé qué cuestiones respecto a algún juez determinado. Tiene usted, y se lo digo, una memoria muy particular y muy selectiva. Yo desde luego no dije que Montesquieu se había enterrado; creo que fue algún miembro de su partido referido a las modificaciones del Consejo General del Poder Judicial. Desde luego, señoría, que a Fungairiño —no sé si le suena a usted— no lo persiguió el Partido Popular. Al presente del Tribunal Supremo no lo ha perseguido el Partido Popular.

Pero, más allá de esta apreciación, señor Iglesias, hay algo —y esto es lo que usted no ha querido entender o no le ha interesado— que es la responsabilidad política, ética y social. Que esa existe, señor Iglesias, a pesar de que usted se ha negado. La responsabilidad política (se la voy a definir, así tendremos todos los conceptos claros) es la imputabilidad de una valoración por el uso del poder. Usted ha estado huyendo como alma en pena de esta responsabilidad. Usted, señoría, usted, señoría, ha intentado mirar para otro lado cuando los aragoneses podíamos leer en los medios de comunicación los informes de la policía, que aseguraba lo siguiente: las implicaciones políticas de María Victoria Pinilla con miembros del ejecutivo han sido decisivas para que se produjeran determinados delitos en La Muela. No es el Partido Popular quien lo dice, señor Iglesias. No es el Partido Popular. Lo dicen los informes de la policía: que sin esas relaciones no habría existido el caldo de cultivo por delitos relacionados con la corrupción urbanística. Y es ante ese tipo de afirmaciones ante las que usted no ha querido dar ninguna explicación. ¿A usted le parece que afirmaciones como esta no merecen asumir..., primero explicar, y luego asumir responsabilidades políticas? ¿A usted le parece razonable la callada por respuesta, y no haber querido explicar esas vinculaciones? ¿Le parece normal que con esas afirmaciones usted durante un año haya estado callado, no haya querido venir aquí a dar..., porque su grupo, los grupos que sostienen al Gobierno, han bloqueado sistemáticamente, señoría, las comparecencias?

Mire, señor Iglesias, se aprobó un plan general, que, para que usted lo entienda, es la matriz de todo lo que sucede después. Y en su Gobierno hubo dos posiciones: hubo una consejería, una consejería, que no estaba por la labor, hubo una consejería —tiene usted al consejero en aquel momento responsable a su lado, se lo explicará—, y, sin embargo, y sin embargo, al final, a pesar de esa oposición hubo otra consejería que dijo que sí. Usted ¿por qué labor estaba? ¿Por la del sí o por la del no? Porque el hecho cierto es que al final ese plan general se aprobó, que insisto que es el que da lugar, el que da lugar a todos los acontecimientos que con posterioridad se desarrollan.

Yo creo que esto merece explicaciones políticas, y, en su caso, señoría, asumir responsabilidades políticas. Usted debe decir con qué estaba: con el plan general, con el plan general que se aprobó definitivamente, o con la oposición de alguno de sus consejeros.

Bien, señorías, esto dio origen al caldo de cultivo, pero la cuestión no se para en el plan general. Es que, además, gracias a la investigación judicial hemos podido saber cómo determinados pasos urbanísticos han sido impulsados por consejeros, funcionarios, viceconsejeros, directores generales, señoría. Aparece allí una procesión de miembros de la Administración y miembros del Gobierno que créame que no es precisamente menor. Y usted podrá decir lo que estime oportuno, pero es evidente, señoría, que usted también tendrá que explicar por qué lo que un día se decía que no al poco tiempo acababa en la comisión oportuna y se decía que sí. Al final la señora alcaldesa pedía favores, pedía favores e, insisto, lo que un día era «no» al día siguiente acababa siendo «sí». Tenía la habilidad de buscar las claves, los resortes del poder, del Gobierno de Aragón, para lograr evadir los filtros que en determinadas comisiones se le ponían.

Se lo voy a volver a repetir: expedientes que no pasaban en una comisión al cabo de un tiempo pasaban, y qué casualidad, señoría, que en medio había llamadas, intermediaciones, de consejeros.

Yo, señor Iglesias, le pediría que explique esto y que asuma las responsabilidades políticas oportunas. Le vuelvo a insistir: las penales, esas le corresponderá dirimirlas al juez, pero al final yo le voy a hacer una reflexión en esta primera mi intervención. Si esas recalificaciones no se hubieran producido, no se habrían desencadenado los hechos que son gravísimos y que son comisiones de delitos. Y lo que sucede es que en esas recalificaciones, señoría, un día se dijo «no» y al día siguiente se dijo «sí», y en medio hubo intervenciones de los miembros de su Gobierno —se lo he vuelto a decir y se lo voy a volver a repetir unas cuantas veces—, y por eso mismo hay responsabilidad política en esta cuestión.

Yo le pediría que no sigan ustedes enrocados, que no sigan ustedes dando la callada por respuesta, y si al final, señoría, y si al final le preocupa esta cuestión, que yo creo que le debe preocupar, empiece a explicar estos hechos y empiece a asumir responsabilidades.

Nada más y muchas gracias. [Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Respuesta del presidente del Gobierno. En su nombre lo hará el señor Velasco, consejero de Presidencia. Tiene la palabra.

El señor consejero de Presidencia (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados.

Comparezco ante estas Cortes en nombre del presidente del Gobierno para explicar el posicionamiento del Gobierno sobre la corrupción en Aragón y las medidas arbitradas en esta legislatura para impedirla, a petición del Grupo del Partido Popular.

Ciertamente, dado el tema que el Grupo Popular ha propuesto debatir en el día de hoy, mi intervención debería durar apenas un minuto. Como norma, los miembros del Gobierno comparecemos ante esta cámara para dar cuentas sobre un asunto determinado, para explicar la información de la que dispone el Gobierno sobre un hecho concreto, o para cuestiones directamente vinculadas con el Gobierno. Pero hablar de algo que no solo no afecta al Gobierno de Aragón, sino que además no existe en nuestra región, afortunadamente, me debería ocupar, como les digo, muy pocos minutos. No obstante, por respeto a esta cámara, a sus diputados, a la Mesa de las Cortes, que ha calificado esta iniciativa, voy a tener una intervención algo más extensa que lo que este asunto debería requerir.

Se van a cumplir once años del Gobierno de coalición PSOE-PAR, una etapa institucional, por tanto, de cierta trayectoria y recorrido, hasta poco habitual en nuestra comunidad autónoma. Este Gobierno salió elegido de las elecciones de mayo del noventa y nueve, se celebraron posteriormente elecciones en 2003 y en 2007. De estas convocatorias electorales han salido miles y miles de cargos electos: alcaldes, concejales, diputados autonómicos, provinciales, consejeros comarcales, sin contar con aquellos que hemos tenido y tenemos el honor de formar parte del Gobierno de Aragón. Hoy, aquí, y si ustedes me lo permiten, señoría, me gustaría poner en valor, romper una lanza a favor de quienes participamos en la gestión pública. Quiero realizar una clara defensa de la clase política aragonesa [aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista], y también una lanza a favor de quienes confían en el sistema.

La corrupción política consiste lisa y llanamente en utilizar los cargos y las funciones públicas para beneficio personal a cambio de una recompensa, en lugar de utilizar estos mismos cargos públicos para todo aquello que las leyes democráticamente prevén. Les voy a dar algunos datos, por ejemplo, de las últimas elecciones autonómicas y municipales.

En las últimas elecciones municipales y autonómicas de 2007 se eligieron en Aragón sesenta y siete diputados regionales, más de cuatro mil doscientos concejales y setecientos noventa y ocho consejeros comarcales. De aquellas elecciones salieron mil ochocientos veintidós concejales del Partido Socialista, mil ciento tres del Partido Popular, novecientos ochenta y tres del Partido Aragonés, doscientos veintiocho de Chunta Aragonesista, cuarenta y siete de Izquierda Unida, como partidos mayoritarios. Pues bien, en estos once años ningún concejal, ningún diputado autonómico, ningún diputado provincial, ningún consejero del Gobierno de Aragón y ningún consejero comarcal ha sido condenado por corrupción. Ni un solo caso, de ningún partido político ni de ninguna coalición electoral.

Ningún miembro de partido político alguno está condenado en la Comunidad Autónoma de Aragón por ningún tipo relacionado con el cargo de corrupción. Somos una comunidad autónoma donde se hace la política con limpieza, con honradez, con respeto hacia la gestión de lo público y donde los sistemas de control funcionan con absoluta normalidad. De ello me congratulo y me felicito, y hago extensiva esta felicitación a sus señorías, a los miembros del Gobierno de Aragón, también a los ayuntamientos de la comunidad autónoma.

Desgraciadamente, en marzo de 2009 saltó el caso del Ayuntamiento de La Muela. Puede que haya intereses en que la resonancia del caso sea la máxima, en desprestigiar a la clase política, en hacer que las aguas no discurran de forma pacífica y en sus justos términos. En el caso de La Muela, dos años después de las investigaciones, no hay ni un solo imputado relacionado con el Gobierno de Aragón. Si no hay miembros del Gobierno de Aragón implicados, ¿qué tipo de responsabilidad política se nos puede achacar?

Señoras y señores diputados, en estos años no ha existido ningún tipo de corrupción política en Aragón, algo de lo que todos debemos estar orgullosos y satisfechos. En este sentido, en el barómetro de opinión de este último invierno, dado a conocer poco antes de las vacaciones de Semana Santa, solo el 1,5% de los encuestados consideró la corrupción política como el principal problema de la comunidad autónoma, después del efecto que tuvo mediáticamente el caso de La Muela. ¿Por qué la opinión pública aragonesa tiene esa percepción? Seguramente porque Aragón no tiene nada que ver con lo que ocurre en otras comunidades autónomas. [Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.]

Pero esos casos de corrupción no deben conducir al populismo de la antipolítica, a pensar que cualquier sistema es mejor que el actual, a poner en tela de juicio sistemas y entramados legales que han funcionado bien en la inmensa mayoría de los casos. Es cierto que los casos de corrupción entre representantes políticos e institucionales han generado un efecto pernicioso entre el votante democrático, entre el creyente y defensor del sistema. Suele ocurrir que, cuando se produce un aumento de cualquier tipo de delito, ciertos sectores sociales reclamen un endurecimiento de las penas: ocurre con accidentes de tráfico, ocurre con los casos de muertes por consumo de estupefacientes contra los traficantes y ocurre en los casos en los que la corrupción se encuentra ligada a la actividad inmobiliaria o urbanística, y muy cerca, por tanto, de las administraciones más cercanas al ciudadano.

Siempre es posible reformar, introducir mecanismos correctores, con más control. Si ustedes quieren, hasta más intervencionistas. El Gobierno de Aragón ha confiado plenamente en la labor, en la función y en la propia autonomía del poder judicial en todos sus niveles. De la misma forma, tenemos muy claras cuáles son las responsabilidades y las competencias de cada uno de los poderes del Estado. Tenemos muy claro quién ha de legislar y dónde, quién ha de gestionar y qué y quién debe juzgar las conductas anómalas o ilícitas. Cualquier mezcla de estos campos perfectamente acotados será negativa y no ayudará a solucionar el problema. Sin una defensa a ultranza de la autonomía de la judicatura, una independencia desde la cual se ha de trabajar, investigar, instruir y juzgar, es muy difícil que el tema que estamos abordando sea solucionado en sus justos términos.

En este sentido, el Gobierno de Aragón ha colaborado de forma absolutamente leal, íntegra y total con las instancias judiciales, remitiendo toda la documentación que se ha solicitado y rápidamente. Dejemos por tanto que quien tenga que trabajar lo haga; que quien tenga que investigar, investigue; que quien tenga que instruir instruya y, quien tenga que juzgar, juzgue.

No obstante, ustedes planteaban en esta comparecencia qué medidas habíamos arbitrado para evitar la corrupción. Pues, primero, que no exista. Segundo, que la legislación vigente en cada momento se cumpliera con rigor y, por tanto, velar por la pulcritud de los expedientes, por su claridad y por su transparencia. Pero no pidan al Gobierno de Aragón que agrave o atenúe penas, que sea un agente codificador o que inicie investigaciones en campos en los que ni tiene competencias ni las podrá tener jamás.

En el caso concreto de La Muela quiero recordar que los delitos que son imputados son de índole económica, no urbanística, dado que las actuaciones adoptadas por los responsables municipales se hicieron acordes según el juez a la legislación urbanística de entonces. Una legislación que tenía como referencia la Ley 6/98, de 13 de abril, de régimen de suelo y valoraciones, vigente hasta el 1 de julio de 2007, y aprobada por el gobierno del Partido Popular. Esa ley facilitaba el aumento de la oferta del suelo, haciendo posible que todo suelo que todavía no había sido incorporado al proceso urbano, en el que no concurrían razones para su preservación, pudiera considerarse como susceptible de ser urbanizado.

El modelo de «todo es urbanizable y por tanto todo se puede edificar» fracasó estrepitosamente y solo logró un aumento espectacular de los precios de las viviendas. Se construyeron más viviendas que nunca en el Estado, y sin embargo estas mismas viviendas fueron inalcanzables e inasequibles para amplias capas de la población española. Además, la presión urbanística provocó fuertes desequilibrios territoriales y ambientales, junto con un indeseable incremento de la especulación, que ha dado paso a escándalos de corrupción y a la consiguiente sensación de indefensión por parte de los ciudadanos.

Con la aprobación de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, del suelo, aprobada por el Gobierno actual, del Partido Socialista, se alteraron radicalmente los principios y objetivos de la normativa estatal sobre el suelo que había dispuesto el gobierno anterior. Pasamos a un nuevo escenario, en el que prevalece sobre cualquiera otros intereses en la regulación del suelo el interés general, de manera que se aborda un nuevo tratamiento del régimen de suelo, más sostenible ambientalmente; más volcado a dar respuesta a los problemas de los ciudadanos sobre movilidad, seguridad, servicios y especialmente el acceso a la vivienda; más transparente y más abierto a la competencia entre operadores económicos y más participativo.

Inmediatamente nos adaptamos nuestra normativa a esta realidad a través del correspondiente decreto y posterior proyecto de ley. Igualmente modificamos la Ley de ordenación del territorio y la Ley de Urbanismo. Por cierto, con la nueva Ley de Urbanismo algún grupo parlamentario criticaba su texto por intervencionista, por interferir en exceso en la actividad de los ayuntamientos.

Con la entrada en vigor de la Ley 3/2009, de urbanismo de Aragón, sería imposible aprobar la clasificación de suelo urbano no consolidado que existe actualmente en La Muela, porque no cumpliría con los criterios de consolidación. En todo caso, se debería desarrollar mediante planes parciales, donde la comunidad autónoma, la comisión provincial, tendría que emitir informe previo vinculante a su aprobación definitiva, cosa que no sucedía con la anterior ley, que era un informe preceptivo pero no vinculante.

Señorías, el Gobierno de Aragón es el primer interesado en aclarar cualquier cuestión de gestión política sobre la que se planteen dudas. La honradez política ha de llevar con plena seguridad a una mayor participación ciudadana. El desprecio a la ley en beneficio propio socava una de las estructuras que ha costado mucho tiempo conformar, en las que se basa el sistema democrático. No está claro que el incremento de las instancias de poder, de más regulaciones y normativas en momentos puntuales, de la necesidad de más instancias y permisos, de más informes preceptivos o vinculantes, sean el camino más recto para cortar las situaciones delictivas y punibles.

Las situaciones de corrupción no nos gustan a nadie. En este Gobierno, el nivel con el tema de corrupción es «corrupción cero». A ningún ciudadano le gusta que su comunidad autónoma aparezca en los mapas de la corrupción; afortunadamente Aragón no aparece en esos mapas.

Para terminar, señor presidente, quiero manifestar que el presidente de esta comunidad autónoma ha comparecido en seis ocasiones, ha hablado en seis ocasiones, ha contestado en seis ocasiones a los grupos parlamentario sobre este tema que hoy nos ocupa.

Muchas gracias. [Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.

Réplica del señor Suárez. Tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor presidente.

Mire, señor Velasco: el presidente de esta comunidad autónoma, en un medio público de comunicación, se comprometió, dijo que no tenía ningún inconveniente en venir a hablar de esta cuestión en esta cámara, y ha tenido todos los del mundo. Ha tenido todos los del mundo desde el momento en que ha estado presente y no se ha levantado de su sillón.

Dice usted que ustedes están por la defensa de la clase política aragonesa. El Partido Popular también, no le quepa la menor duda. Pero si eso va a suponer que no podamos hablar de los temas que a ustedes les incomodan, tiene usted un raro concepto de la defensa de la clase política aragonesa.

Habla usted de respeto y de que está satisfecho con los sistemas de control. Pues, mire, yo no sé ya cuántas veces tiene que decirle el Partido Popular que no estamos satisfechos con los sistemas de control, fundamentalmente porque ustedes han negado sistemáticamente todo tipo de información que a este Gobierno le pueda incomodar.

Y, bien, al final decía usted que el Gobierno de Aragón ha estado por la labor de aclarar todas las dudas. Pues les ha costado a ustedes nada más y nada menos que un año —a los grupos que sostienen al Gobierno— posibilitar que en esta cámara pudiéramos hablar de este tema. Y, mire, lo han hecho sistemáticamente: echar la culpa a la anterior ley —que, por cierto, ustedes apoyaron en un porcentaje altísimo de artículos, y por cierto, de la cual usted, creo, si no me falla la memoria, fue ponente—.

Pero, mire, al final, créame que no puedo entender esta afirmación. El señor Iglesias dice que no, pero la realidad —y ahí está el Diario de Sesiones— es que sí que apoyaron mayoritariamente los artículos de esa ley.

Los delitos, al final, señoría, los cometen las personas, no los cometen las leyes. La responsabilidad política, señoría, es de las personas, no es de las leyes. ¡Le preguntamos por las responsabilidades políticas, y ustedes nos dicen que la culpa es de la ley! Pero mire, señor Velasco, esto es complicado, esto es complicado de entender. Que una ley sea culpable créame que es bastante complicado. Porque, siguiendo su argumento, señoría, siguiendo su argumento, la ley es tan buena que ha conseguido que, salvo en un municipio, en los setecientos treinta municipios de Aragón no haya sucedido absolutamente nada [murmullos], si siguiéramos el argumento. Pero ni es una cosa ni es la otra, señor Velasco.

Yo le he preguntado aquí por las responsabilidades políticas. Sabe usted, sabe usted —y no cuente las cosas con medias verdades— que había unas aprobaciones que correspondían a órganos de carácter superior a los ayuntamientos. Y de hacer una cosa a hacer otra el resultado hubiera sido completamente distinto.

Mire, señoría: tienen responsabilidad política, ahora le explicaré por qué. A mí me gustaría que explicara lo siguiente: ¿por qué el 19 de julio en la Comisión Provincial de Urbanismo de Zaragoza se recalifican unos suelos que luego son objeto de una comisión de delitos importante, por cierto? En esa comisión se emite informe desfavorable, con el argumento de que no se había agotado el suelo urbanizable. Pues bien, tres meses después, señoría, tres meses después, a ese mismo plan parcial, a ese mismo planteamiento se emite informe favorable. Se lo voy a volver a repetir, porque usted no estaba atento: explique aquí en esta cámara cómo en tres meses se emite informe desfavorable, en medio hay idas, venidas, intervenciones de consejeros, viceconsejeros, directores generales, y, al final, tres meses después, en el mismo documento, señoría, se emite un informe favorable.

¿Es que eso no es responsabilidad política? ¿Es que no hubo presiones, señoría, para introducir en el orden del día de la comisión ese asunto? Usted sabe perfectamente quién es la presidenta de esa comisión; usted sabe que tiene dos superiores, señoría. ¿Eso no es responsabilidad política, al final? ¿No es responsabilidad política?

Mire, no son palabras mías, son de varios catedráticos de Derecho constitucional: la inocencia penal no implica inocencia política. El desconocimiento no es suficiente para enervar la responsabilidad política. Es responsable un consejero de lo que hacen las personas a las que otorgó su confianza. Y el gran fraude que ustedes están cometiendo es no querer asumir responsabilidades políticas; porque es evidente, señoría, que algo falló en el control del desarrollo urbanístico en el caso de La Muela. Y es evidente, señoría, que ustedes no ejercieron bien sus responsabilidades. Y es evidente, señoría, que ustedes fueron incapaces de atajar esa cuestión cuando ustedes podían.

Se lo voy a volver a repetir: en uno de los suelos, que es objeto de una comisión de delitos importantísima, primero se dijo «no». Intervino, ¿quiere que le diga quién intervino en esas conversaciones. Tengo aquí el listado. Intervino un tal señor Escó: ¿le suena a usted? ¿Le suena a usted, llamadas de teléfono: «te lo meto en el orden del día», «no te lo meto» (la directora general). ¿Eso no es responsabilidad política? ¿No es responsabilidad política que un consejero le diga a otro: llama a los miembros que tú tienes en la Comisión de Ordenación del Territorio, en la Comisión Provincial de Urbanismo, para que donde dijeron una cosa digan otra? ¿Eso no es responsabilidad política, señoría? ¿Qué es eso entonces? ¿Qué es eso entonces? ¿Qué es eso, señor Velasco?

Si quiere, sigo con el rosario de llamadas, y con las conversaciones. Hasta personal cerca de la Presidencia de Gobierno intervino (según consta, hemos podido leer en los medios de comunicación, en el sumario), a ver si se introducía en el orden del día el famoso SR-1. ¿Y eso no es responsabilidad política, señoría? ¿Cómo se funciona entonces en este Gobierno? ¿Funcionan a golpe de teléfono, a golpe de como les interesa?

¿Sabe lo que sucede? Hasta en el propio sumario se puede leer, lo hemos podido leer en los medios de comunicación: que en función del color político de los ayuntamientos, los planeamientos iban de una forma, iban de otra. Es que... [Murmullos.] No, no, en el sumario consta. ¡Es que fíjense, fíjense lo que se llega a decir! ¡Es que la señora Pinilla llega a decir que el único que puede solucionar este problema es el señor Escó, que es el que da las órdenes de todo!

Yo, señor Franco, créame que me sorprende la posición, la posición que ustedes están adoptando con este tema. Se habla de que el plan parcial ha salido por presiones políticas... ¡Y lo dice un funcionario de la Administración autonómica, no lo dice el Partido Popular! ¿Y todo esto no les hace a ustedes reflexionar? ¿No les hace a ustedes explicar realmente qué es lo que ha sucedido y por qué ha sucedido?

Yo les quiero hacer una reflexión: si realmente el urbanismo de Aragón, la aprobación de los planes, ha funcionado durante once años que ya llevan de gobierno como funcionó en el caso de La Muela, señorías, créanme que se me ponen los pelos de punta. Se me ponen los pelos como escarpias. Yo creía que esto era otra cosa y otra cuestión.

En cualquier caso —y voy acabando—, señorías, ustedes pueden seguir echando los balones fuera, pueden seguir hablando de lo que quieran. Ahora tiene usted otro turno, señor Velasco; podrá hablar usted de las comunidades autónomas, de lo que le parezca a usted razonable. Si va a hablar de otras comunidades autónomas, ya le anticipo que traiga su grupo ese debate: nosotros no tenemos ningún problema en hablar de la corrupción en España y donde haga falta. Ya se lo digo. Se ríe el señor Iglesias. Señor Iglesias, créame que tiene usted una memoria muy selectiva. Yo ya le pasaré la nota de los casos de corrupción que tienen ustedes en estos momentos en los tribunales; nos llevan mucha ventaja. Y lo digo con mucha tristeza, señoría. No sé, se ríen, pero las estadísticas están ahí. Ya, claro, señor Franco, ¿sabe lo que pasa? Que ustedes se conforman con leer solo una parte. Yo tengo la suerte de que leo una y la otra parte, y al final siguen ustedes siendo...

Y además le voy a decir una cosa, le voy a decir una cosa: yo en esta tribuna me siento muy legitimado para hablar de esto. ¿Sabe por qué? Porque el Partido Popular de Aragón estamos con las manos limpias. [Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.] ¡Estamos con las manos limpias, señor Velasco! Estamos con las manos limpias, señor Franco. ¿Sabe qué pasa? Que no tenemos ningún presidente condenado.

Nada más, y muchas gracias. [Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.]

El señor PRESIDENTE: Su turno de dúplica, señor Velasco.

Tiene la palabra.

El señor consejero de Presidencia (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor presidente.

Señor diputado, en sus palabras finales podía estar de acuerdo. Toda mi intervención ha sido para decir que podemos venir a esta tribuna con muchísima tranquilidad porque, si ustedes tienen las manos limpias, el Gobierno tiene las manos absolutamente limpias. Pero gestionando, porque para ser ladrón hay que tener... [Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario Socialista.] Para ser un chorizo hay que tener dos posibilidades: una, poder serlo, y otra, querer serlo. Y en nuestro caso no hemos querido ninguna de las dos cuestiones.

Por lo tanto, estamos de acuerdo. ¡Si lo que no sé es para qué viene a este debate aquí hoy! Yo creo que no está favoreciendo, ni quisiera tampoco deja aquí una imagen de un enroque político porque no queramos hablar del tema de la corrupción. ¡En absoluto! Lo que quiero decir es que si con el número de ayuntamientos que tenemos, con el número de gestión que hacemos, en sus alcaldes, nuestros alcaldes, los alcaldes de los otros grupos, nos aparece un caso en once años, no le podemos dar nosotros título de generalidad. Podemos hablar de este tema, podemos hablar de este tema; pero usted no puede plantearlo aquí como un elemento nuclear de esta comunidad autónoma. Porque está usted perjudicando muy directamente a sus alcaldes, a nuestros alcaldes y a los alcaldes de los otros grupos. Porque no es verdad, porque no es verdad.

Y que se pueda dar algún caso... Oiga, mire, si en la vida humana no se diera ningún caso de desviación sobre ley, ni necesitaríamos jueces, ni policías, y todos seríamos absolutamente bondadosos. Pero hay que reconocer que en términos objetivos, en términos absolutamente objetivos, podemos decir que la clase política aragonesa está limpia, y ese es un valor suyo y mío, y de todos los demás compañeros que compartimos la gestión pública.

Y por eso nos molesta tener que venir hoy a hablar de este tema. No porque queramos escondernos. ¡Que no, que eso saldrá, que el juez llamará a los que considere imputados, que habrá un juicio, que se plantearán todas las cuestiones, que eso no se puede ocultar, que eso es una realidad que está! Pero porque tengamos una realidad el Gobierno dice que nos negamos a aceptar que esta comunidad autónoma esté inmersa en un problema de corrupción.

A partir de ahí, mire, de verdad, no ponga usted nombres. ¡No ponga usted nombres! Hemos querido hacer una intervención, hemos querido hacer una intervención en términos absolutamente políticos. No ponga usted nombres. Porque si usted tiene alguna acusación, actúe en consecuencia. Pero no puede usted poner en esta tribuna nombres, porque un señor haya hablado de que habló con una persona de no sé qué. ¡No puede ser! En ese tema es usted muy injusto. Yo le pediría que tuviéramos un respeto personal lo más aquilatado posible, porque lo más fácil de este mundo es echar porquería sobre la mesa. Y no le voy a hablar de otras comunidades autónomas, no le voy a hablar de otras cuestiones, porque estamos hablando de lo que pasa en Aragón. Y el debate que usted ha traído es lo que pasa en Aragón. No le voy a hablar de otras cuestiones, porque estamos hablando de lo que pasa en Aragón. Y el debate que usted ha traído es lo que pasa en Aragón. Y tenemos que decir que nuestros ayuntamientos... Cuando usted está cuestionando el trámite urbanístico de los ayuntamientos, pregunte a sus concejales, pregunte a sus alcaldes, cuando plantean temas en las comisiones, si están detectando en esas comisiones que hay planteamientos... Por cierto, algunos de los que forman parte de esas comisiones también son del Partido Popular. Es decir, también son del Partido Popular. Y, por lo tanto, analícelo usted con más detenimiento.

Pero, en todo caso, en todo caso, lo que le quiero dejar perfectamente claro, perfectamente claro, es que puede sentirse satisfecho. Y, a partir de ahí, a partir de ahí, como estamos todos de acuerdo en que no toleraremos ningún caso de corrupción, actuemos en consecuencia, pidámosles a nuestros alcaldes, a nuestros concejales y a nuestros políticos que sigan actuando como lo han venido haciendo durante estos diez últimos años, que no han dado más que un caso que esté en el alero.

Y ahí me quiero quedar, señor diputado. De verdad que creo que podemos hacer una buena defensa. Nosotros no vamos a renunciar a debatir también sobre las cuestiones que ustedes quieran, no. Pero en este tema, en el único tema, en el único tema que es público, notorio y que no podemos negar, sabemos —y usted sabe, y me consta— que está en un proceso judicial, que ha sido objeto de un análisis pormenorizado, ha habido una investigación hecha durante bastante tiempo, se han desplazado medios potentes (no de la comunidad autónoma, de fuera de la comunidad autónoma) para hacer una investigación en profundidad; nos parece extraordinario. Ahora hay un juez que tiene que analizar todas esas cuestiones, imputará al que tenga que imputar, sentará en el banquillo al que tenga que sentar y condenará, si es que tiene que condenar, al que considere que ha cometido el correspondiente delito.

Está todo en la normalidad, está todo en la normalidad de un Estado de derecho. Y lo que está en la normalidad de un Estado de derecho dejemos que funcione con esa normalidad. Haremos un favor a la democracia.

Muchas gracias. [Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Velasco.

Turno de intervención de los restantes grupos.

Empezamos por Izquierda Unida, y en consecuencia tiene la palabra el señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor presidente.

Señorías.

Una vez más hablamos en esta cámara sobre corrupción. A mí, después de las veces que ya hemos hablado y de las que creo que vamos a seguir hablando, me gustaría saber bien en qué términos situamos el debate sobre la corrupción: si desde el punto de vista ético, del político, del jurídico, del legal, del oportunista, del electorero... Lo digo porque, vinculadas con este debate, están empezando a salir a la palestra cuestiones que me parecen básicas en lo que es un sistema democrático, que en este país ha costado mucho conseguir.

Lo digo porque empiezan a hacerse juicios paralelos, empieza a cuestionarse la presunción de inocencia, empieza incluso a cuestionarse la separación de poderes. Y fíjense que incluso en un día como hoy voy a seguir defendiendo el sistema democrático y la separación de poderes. Lo digo en un día en el que he conocido que un juez que investiga los crímenes del franquismo puede acabar en el banquillo acusado por quienes los cometieron. Pero sigo defendiendo el sistema democrático.

Bueno, vamos a hablar de corrupción. Primera cuestión para hablar con conocimiento de causa (separo lo que tiene que ver con droga, con mafias, con toda esa serie de cosas): el 92% de los casos de corrupción en este país ¿dónde se han dado? Ya se lo digo yo: en donde ha habido desarrollos urbanísticos. La costa, lugares interesantes desde el punto de vista urbanístico, y aquí en Aragón, pues, en La Muela. Siempre donde ha habido desarrollos urbanísticos.

Se habla de corruptos. Oiga, ¿cuándo hablamos de corruptores y de corruptoras? ¿Cuándo? Porque está claro que alguien cobra si alguien paga, ¿eh? ¿O se les está olvidando eso? ¿O se les está olvidando eso?

Y, a partir de ahí, ¿de qué hablamos? ¿Solo de la responsabilidad que haya o del daño que la corrupción y el sistema hace en todo el sistema democrático y en todo el sistema económico? Porque dañan a la política, es verdad; pero dañan a la economía, ¿eh? Porque estas prácticas, por las que algunos pagan —y yo no quiero hablar, pero a lo mejor algún intermediario tendría algo que decir, mucho, ¿no?, o algún dirigente de una empresa, o algún gabinete de no sé qué—... Pero, claro, es que resulta que incrementan precios; el de la vivienda, por ejemplo, que nunca debería ser objeto de mercado. Pero es que incrementan también obras y servicios, y tienen repercusiones en la inflación. Y falsean la competencia, señorías. Ese es otro de los problemas del que nunca se quiere hablar en este tema; hablemos.

Nosotros, además, pensamos que estos problemas de la corrupción van vinculados con un modelo económico productivo y financiero que, fíjense ustedes, en lugar de regular, defienden que se autorregule el mercado. Claro, si al final todo es objeto de mercado, pues ya saben: el mercado no es una ONG.

¿Les apetece entrar a regular estas cosas? El mercado financiero, el fraude fiscal, la economía sumergida, control sobre los beneficios exorbitantes... ¿Les interesa hablar, por ejemplo, también de financiación municipal? Porque, a lo mejor, si hablamos también de financiación municipal, resolvemos el grave déficit de los ayuntamientos, acompañado con una ley urbanística adecuada, y estaremos haciendo que las cosas puedan funcionar de otra manera.

Yo les invito, ¿eh? Pero fíjense: desde Izquierda Unida llevamos invitándoles ya desde hace mucho tiempo, hace mucho. Y lo hicimos en 2006, ya lo hicimos cuando les invitamos con los beneficios extraordinarios del Banco de Santander, del señor Botín, que ejercimos la acusación particular..., y nos quedamos solos. Lo hemos hecho cuando hemos llevado a la Fiscalía Anticorrupción casos como el de Seseña, porque en los sitios donde tenemos oposición, donde tenemos representación y tenemos documentación, hemos actuado, ¿eh? ¿Quieren hacer eso en todos los sitios donde estén? Nosotros les invitamos también.

Les hemos planteado también, y no nos han respondido, que incorporáramos a la legislación española el pacto de las Naciones Unidas contra la corrupción —tampoco—.

Lo hemos vuelto a hacer en noviembre de este año, ¿eh? En noviembre de este año, les hemos planteado a todos los partidos en el Congreso cuarenta y una medidas. Las que se nos ocurrían, ¿eh? Desde fraude fiscal, desde imposición fiscal directa, desde control de las retribuciones de los ex altos cargos cuando dejan de serlo, pasando por financiación de los partidos políticos, coste de las campañas electorales... Estamos esperando que nos contesten. Y seguro que tendrán alguna idea más, además de las de Izquierda Unida. ¡Seguro! Bueno, hablemos de ellas. Hablemos de ellas.

Empecemos, empecemos a hacer algo contra la corrupción. ¿Están dispuestos, por ejemplo, a imponer la separación provisional de cargos públicos de cualquier partido, cautelarmente, mientras estén implicados? ¿Están dispuestos a tomar medidas automáticas de expulsión contra los cargos electos...? Estamos dispuestos, ¿eh? ¿Lo están todos ustedes? Firmémoslo, cuando quieran.

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

El señor diputado BARRENA SALCES: ¿Están dispuestos a no conformar gobiernos locales o autonómicos, o de diputaciones provinciales, con quienes han actuado, hayan sido expulsados o hayan sido tránsfugas? ¿Lo están también? Cuando quieran lo firmamos.

Una última reflexión. Decía el señor Suárez: está la ciudadanía preocupadísima por los temas de la corrupción. Yo les puedo asegurar que no sé qué ciudadanía está preocupada. Porque, mire, he estado mirando los resultados de las elecciones de 2007, que son las últimas. Fíjense, en Castellón: el señor Fabra, un 3% más de votos. En Totana: el PP, resultados históricos. El PSOE baja, e Izquierda Unida, que llevó el tema a la Fiscalía Anticorrupción, barrida. ¡Sin concejal! [Risas.]

¡Sí! ¡Bueno! ¡Pues ríanse! ¿Yo qué quiere usted que le diga? ¡Eso es lo que nos ha pasado!

¡No! ¡Pero mire lo que nos ha pasado en Seseña!, ¿eh? Porque fíjense que en Seseña a nuestro alcalde, ¡el poder judicial ya la ha aplicado tres sentencias por demandas! Mientras que lo que nuestro alcalde llevó a la Fiscalía Anticorrupción aún no se ha empezado a ver.

¡Bueno, pues fíjense lo que nos ha pasado en Seseña! En las últimas elecciones generales, Izquierda Unida, cinco puntos abajo. El PSOE, siete puntos abajo, y el PP, diez puntos arriba. ¿A quién le preocupa la corrupción? ¡Le debe preocupar solamente a la izquierda! ¡A los otros les debe preocupar más, porque van subiendo...! Digo yo. No lo quiero decir, ¿eh? Son datos.

Acabo.

Miren: yo creo que en este caso concreto hay que ser conscientes también de una cosa: el momento especial que vivimos, en el que se impulsa clarísimamente el debate de la corrupción, yo creo que solo beneficia a la derecha, como acabo de demostrar con estos datos.

Y creo que también favorece al populismo oportunista que puede aparecer en estos casos, como sigamos poniendo en cuestión toda la clase política. Y creo que eso nos corresponde resolverlo a todos. Y creo que hay que resolverlo con seriedad. ¡Y creo que hay que abordar el problema! Y creo que hay que hacer todo lo posible para que al final la ciudadanía, sobre todo uno, no digan: «¡Esto es una mierda! ¡Son todos iguales! ¡Yo no voto!», porque al final la derecha sí que vota.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Turno de Chunta Aragonesista: la señora Ibeas tomará la palabra en su nombre.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor presidente.

Señor Iglesias.

Si hoy usted no ha querido comparecer, ya me dirá qué día, qué día va a comparecer.

El señor Velasco nos ha recordado que ha comparecido seis veces. ¡Obligado! Porque el señor Iglesias no puede delegar en nadie de su Gobierno, para venir a responder a las preguntas parlamentarias, una vez al mes que tenemos derecho la oposición. ¡Si no, tampoco habría venido! Esto es lo que estamos deduciendo, por lo menos en mi grupo.

Y cuando dijo en el último Pleno, señor Suárez, que no tenía ningún inconveniente en venir y pasarse aquí toda la mañana, lo está demostrando. ¡No tiene ningún inconveniente en venir y pasarse toda la mañana! Pero yo creía, señor Iglesias, que usted iba a ser... Iba a tener la talla suficiente como para hoy venir aquí y comparecer. Si el señor Velasco no entiende a qué se debe bien este debate, imagínese qué piensa mi grupo parlamentario. ¡Que por dieciséis veces nos han rechazado las solicitudes de comparecencia, por tres cuestiones diferentes! ¡Que llevamos esperando meses en las comisiones a que comparezcan varios consejeros del Gobierno de Aragón! Para que, encima, en el pasado Pleno, el señor Vicente se atreviera a decirle a mi portavoz, al portavoz en la Comisión de Obras Públicas, el señor Bizén Fuster, que, si estaba tan interesado por lo que le pasaba a algún miembro de la Administración, que ha tenido problemas con la justicia, o que está teniendo, o que puede tenerlos más graves, que hubiéramos preguntado antes. Cuando estamos esperando, señor Vicente, a que usted viniera a la comisión desde hace muchos meses. Desde hace muchos meses.

Desde luego, mi grupo sí que no entiende, no entiende algunas cosas. Hoy viene aquí a hablar de corrupción, pero, al parecer, ¡esto es la normalidad! Aquí no hay corrupción. ¡Yo he tomado literalmente lo que usted ha dicho! ¡Aquí estamos en la más absoluta normalidad! ¿Usted cree de verdad, señor Velasco, que en La Muela se está viviendo la estricta normalidad de un Estado de Derecho? ¡Pero usted paséese por La Muela! ¡Paséese por La Muela! ¿Usted cree que la gente en la calle entiende que un cargo público, una alcaldesa, que tiene imputaciones tan graves, tan graves...? ¡Realmente graves! El propio presidente Iglesias aludía a ello: habló de la existencia de personas acusadas de delitos gravísimos. ¡Luego, retomo sus propias palabras! Y sale de la cárcel porque puede pagar ochocientos mil euros, y vuelve a ocupar un cargo público, desde el que supuestamente cometió los delitos por los que en estos momentos está en la situación en la que está. ¡Y no pasa nada! ¡Y esta es la estricta normalidad! Es decir, que si en vez de tener una localidad, en Aragón tuviéramos sesenta, señor Velasco, ¿el problema sería más grave? ¿Habría más problema? ¿O es que si es uno, no es problema? Claro que es problema. ¡Claro que eso no es normalidad! Porque en estos momentos la situación del Ayuntamiento de La Muela no es una situación de normalidad. Y usted creo que lo tiene que saber. Luego, no hace ningún favor a la democracia saliendo a este estrado a decir lo que acaba de decir. ¡Hay una sensación de alarma!

Mire: me saca el tema del baremo de opinión. ¡Pero eso es que el baremo de opinión...! ¿Qué cree usted que hubiera respondido la gente en el mes de abril? ¿Qué cree usted que hubiera respondido la gente? ¡Pregunten! ¡Que pregunten directamente! ¿Es que a usted le parece normal esto? ¡No! A la gente no le parece normal. Porque a la clase política, a las personas, hombres y mujeres que tenemos una responsabilidad política, no solamente nos juzgan los jueces, sino que nos juzga la ciudadanía, día a día. Y esa es la diferencia.

Y mi grupo entiende que tiene que haber un proceso judicial. ¡Claro que sí! Y que hay que respetarlo. ¡Claro que sí! Pero mi grupo entiende también que nos debemos a la ciudadanía. Sin la cual, desde luego, no estaríamos hoy aquí, en estas Cortes. Y lo que se nos pide es transparencia, claridad. Y sobre todo tolerancia cero. ¡Pero cero de verdad! Cero de verdad, señor Velasco. Y eso significa adoptar actitudes políticas claras. ¡Claras! No se puede decir una cosa en un sitio, y otra cosa en otro. Además, en tan poco espacio de tiempo.

Pese a lo que pueda deducirse de palabras y de actitudes de gente como Camps, Matas, Pinilla, etcétera, etcétera, tenemos que ser capaces de trasladarle a la ciudadanía que, desde luego, no vale... ¡No es que no solamente no vale todo para estar en política! Es que en política se viene a estar por compromiso de servicio a la sociedad. ¡Y no hay otra cuestión! Porque es que en estos momentos no puede ser que se nos acuse, a quienes estamos intentando sacar adelante este tema, de que encima estamos pretendiendo que aquí, en Aragón, todo el mundo crea que está mal. ¡Hay problemas! Hay problemas, y habrá que resolverlos.

Y por mucho que usted me diga que en su Gobierno no ha habido nadie que haya sido... Que tenga una sentencia firme de un delito, que puedo estar de acuerdo con eso con usted, también tendrá usted que reconocer que muchas de las cosas, por no decir todas, de las que desde el punto de vista urbanístico se han hecho en La Muela, se han tenido que hacer y se han podido hacer porque había firmas de miembros del Gobierno, de miembros de la Administración, de funcionarios... ¡Vamos a ver! Vamos a ver: se vende suelo público municipal, señor Velasco. En la venta de un suelo público municipal, ¿tiene o no tiene algo que ver el Departamento de Política Territorial? ¿Tiene o no tiene algo que ver? ¡Porque es que entonces a lo mejor estamos ya todos perdidos!

La aprobación de planeamientos urbanísticos, señor Velasco: ¿tiene o no tiene algo que ver la Comisión Provincial de Ordenación Territorial, del Territorio? ¡Señor Vicente! ¿Tiene o tiene algo que ver?

Vale. Vale.

En la decisión de eximir o no de estudios de impacto ambiental a los proyectos urbanísticos, ¿el Gobierno de Aragón tiene algo que decir? Se ha ido el señor consejero de Medio Ambiente, señor Boné. ¡Tiene algo que ver! ¡Él, en su departamento decide si hay, si se eximen o no, finalmente, los proyectos de estudio e impacto ambiental. ¡Claro! Cuando menos, lo que podemos decir en mi grupo es que hay además unas diferencias de criterio... Yo no sé cómo decir. Sospechosas. ¡Sospechosas! Cuando se le obliga al Ayuntamiento de Zaragoza a un estudio de impacto ambiental, para un camping municipal, y sin embargo, para la venta de hasta doscientas hectáreas, oiga, en La Muela resulta que no tienen obligación de estudio de impacto ambiental... ¡Y ya nadie sospecha de nada! A todo el mundo nos parece normal, y seguimos adelante. Hay cosas, señor Velasco, que no son normales y que su Gobierno no ha explicado.

Mire: estamos esperando desde el mes de mayo del año pasado los informes del Inaga sobre estas cuestiones relacionadas con Medio Ambiente. ¡Mayo de 2009! ¡Oiga, que es que en tres semanas ustedes tenían que habernos enviado la información! Desde mayo de 2009. ¿Qué puede hacer un grupo parlamentario cuando pide información y tardan casi un año, y no la recibe? ¡Hombre! Nos dejarán sospechar. Nos dejarán decir que la cosa huele mal, porque, si la cosa no oliera mal, hubiéramos tenido esos informes en su momento.

Y, por otra parte, hay muchas contradicciones, hay muchas contradicciones. No es cierto que no haya habido ningún cargo público que haya sido objeto de sentencias con delito. ¡No! Usted sabe que ha habido un alcalde, precisamente de su partido, en Escucha, y lo sabemos bien, que lo ha habido. Sería muy discutible, porque fue el caso del señor Marín. Muy discutible.

Pero, en cualquier caso, el Partido Popular está acusando al Gobierno de Aragón de inacción en general. ¡Claro! Pero es que la presidenta...

El señor PRESIDENTE: Debe concluir, señora diputada.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí. Voy terminando, señor presidente.

La presidenta de la Comunidad de Madrid lo que señala es que están esperando a que se pronuncie el juez. ¡Curiosamente, lo mismo que se nos está diciendo aquí del Gobierno de Aragón! La presidenta de la comunidad dice eso, la secretaria general del Partido Popular dice que no hay nada nuevo, con las últimas informaciones del señor Bárcenas... El presidente del Partido Popular... Yo lo siento, pero es que el presidente del Partido Popular, señor Suárez, dice que hay que esperar al Supremo. ¡Pues imagínese que nos estuvieran aquí diciendo también lo mismo! ¡Es lo mismo! ¡No puede ser! No puede ser, porque no es creíble, porque al final vamos a acabar volviendo loca a la gente, y sobre todo ustedes, que se están lanzando la pelota de esta manera.

Sinceramente, el Partido Popular no aplica ni exige que se aplique el mismo código ético, en política, a todos los partidos, porque está manteniendo el propio Partido Popular privilegios de personas como el propio señor Bárcenas. ¡No voy a entrar! Pero es que el PSOE, fuera de Aragón, señorías... ¡Bueno! La vicepresidenta primera, del Partido Socialista; la vicepresidenta primera del Gobierno de Rodríguez Zapatero, la señora De La Vega, lo que dice es que los políticos están obligados a dar explicaciones y a adoptar una posición más firme ante la corrupción. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y lo dice contra la tibieza que está habiendo en el PP, en el Partido Popular, en muchos de los casos.

¡Claro! ¿Aunque no esté condenado, señor Velasco? La señora De La Vega dice que hay que dar explicaciones desde la clase política, aunque no haya condenas. Ella lo dice aunque no haya condenas, y usted hoy se está agarrando aquí a que, como no tenemos ninguna condena, todos quietos en la mata.

El presidente del Gobierno de Aragón y el secretario general, además, del Partido Socialista, dice que los jueces son los que tienen que juzgar. ¡Lo mismo que está diciendo el presidente del Partido Popular! ¡Lo mismo! Yo le he retomado lo mismo. Lo mismo.

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, comprendo su interés, pero ha más que duplicado su tiempo. Concluya, por favor.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Acabo. Sí, señor presidente. Muchas gracias por haberme permitido que me alargara más del tiempo que tenía previsto.

Y concluyo diciendo, señorías: sinceramente, tenemos una oportunidad para devolverle a la ciudadanía, o por lo menos para tratar de que se le devuelva a la ciudadanía la confianza en la clase política, y sobre todo la confianza en nuestro sistema político. Y por eso mi grupo ha presentado una iniciativa, una iniciativa legislativa, que pretendemos que pueda llegar hasta las Cortes Generales, para que se reforme la ley de enjuiciamiento criminal, de forma que el juez instructor pueda acordar de forma provisional la suspensión, la suspensión para cargo público de las tareas, de la misma manera que prevé una suspensión, que es finalmente el ir a la cárcel, durante un tiempo provisional.

Señorías, no tiene sentido que no utilicemos todos los instrumentos legislativos posibles. Y, si no existen, habrá que crearlos. Eso es lo que piensa Chunta Aragonesista, en vez de estar aquí alargando debates, que al final uno se va a casa, y la gente en la calle no entiende nada.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Turno del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. El señor Ferrer hablará en su nombre. Tiene la palabra.

El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías.

Yo quiero decir en primer lugar que desde el Partido Aragonés, estamos en contra de cualquier forma del corrupción dentro del ámbito privado o público. Pero, sobre todo, cuando se habla de corrupción política, porque entendemos que el uso del poder político otorgado a los representantes políticos en las instituciones por los ciudadanos debe ejercerse de una forma leal hacia la sociedad, buscando siempre el bien y el interés común, y el bienestar de la sociedad y del pueblo, como soberano último del Estado y de nuestra comunidad autónoma.

Sin embargo, señorías, todos sabemos que en todas las instituciones hay personas susceptibles de corrupción política, y que en todos los partidos políticos hay personas que con su actuación corrupta ensucian el buen nombre de la mayoría de los representantes políticos, que, día a día, trabajan y luchan teniendo como referente el desarrollo de un programa político que, en su opinión, va a beneficiar a una sociedad.

Como resultado, tenemos el desprestigio de nuestras instituciones, y de los representantes del pueblo. En suma, nuestro desprestigio.

Dicho esto, he de decir que, como todos saben ya, el Estado tiene tres poderes, bajo un principio esencial para su buen funcionamiento: el de la división de estos poderes: el poder judicial vela por el cumplimiento de las leyes, y, además, por la presunción de inocencia de los ciudadanos; en todos los procesos que lleva a cabo el poder judicial, a través de los actos de instrucción y los juicios en los que condena o absuelve a los acusados. Y todo el mundo es inocente, hasta que se demuestre lo contrario, en una sentencia judicial.

Una vez dicho esto, y según nos consta, por las intervenciones realizadas en este foro, respecto a las formas de corrupción más sobresalientes en Aragón en el último año, como, por ejemplo, el caso de La Muela, no debemos desconocer que las imputaciones que han hecho los jueces han sido por supuestos delitos de índole económica y por actuaciones personales.

El Gobierno de Aragón no puede vigilar a los ciudadanos ni controlar a los ayuntamientos, pues, como todos ustedes saben, estamos en un país en el que prima la libertad individual y respeta los ayuntamientos. El principio de la autonomía municipal, que consagra la Constitución, y, además, desde el Gobierno de Aragón, como no puede ser de otra manera, se apoya el trabajo de los jueces, y, desde el prisma de la presunción de inocencia, guarda cautela hasta que se pronuncian las autoridades judiciales correspondientes.

En el caso de La Muela, un juez ha investigado este asunto, apoyado por unidades especializadas de la policía.

Por parte del presidente del Gobierno de Aragón, se ha comparecido en seis ocasiones para hablar del tema de La Muela. Y no nos cabe la menor duda de que hablará todas las veces que se considere oportuno.

Desde la posición del Gobierno, son los delitos urbanísticos los que podrían salpicar su gestión. Y, sin embargo, señorías, las imputaciones que se han realizado por el caso de La Muela son por presuntos delitos de cohecho, negociaciones prohibidas, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas. Y el Gobierno de Aragón no tiene ninguna vinculación con este grave caso.

Hasta el momento, no se le ha acusado de nada, ni se le ha imputado nada. El juez lleva investigando este caso dos años, y no hay ningún problema con este Gobierno. Estamos seguros de que el deseo del Gobierno es que se haga justicia, que se investigue hasta el final, y que la ley se cumpla, como hace el Gobierno de Aragón en todos sus extremos.

Se ha pedido también en esta cámara que el Gobierno solicite la disolución del Ayuntamiento de La Muela. Y se ha criticado duramente por no haber procedido a hacerlo. Es preciso decir que, en treinta años de democracia en España, solo se ha disuelto un ayuntamiento. Y no me cabe la menor duda de que a nadie de los que estamos aquí nos gusta que personas que han estado en la cárcel, y que están acusados de delitos gravísimos, estén dirigiendo un ayuntamiento.

No se nos debe olvidar que en municipios donde ha habido alcaldes y concejales de ETA, y que han estado vinculados a la violencia de ETA, el sistema democrático no ha podido eliminar ni una sola acta de concejal. Estamos en una democracia que tiene reglas sagradas, señorías.

Con buen criterio, se pidió en este asunto informe al Consejo Consultivo de Aragón, como supremo órgano consultivo del Gobierno, y a la Comisión Jurídica Asesora, al no haber sido todavía nombrados los miembros del Consejo.

Esta emitió su dictamen, en el que desestimaba la procedencia de iniciar el expediente previsto en la ley para la disolución de los órganos de la entidad local afectada, y, por lo tanto, el Gobierno actuó en consecuencia, dentro de un margen de discrecionalidad que no rebasaba sus atribuciones legales.

El propio Justicia de Aragón, a requerimiento e informe de Chunta Aragonesista, informó que no cabía apreciar irregularidad alguna que pudiera ser objeto de una decisión supervisora, por su parte, y en este punto.

Es un procedimiento muy complicado, en el que varios principios pueden verse afectados: la garantía institucional básica de la autonomía local, el principio de la presunción de inocencia de los implicados, en tanto no concluya el proceso judicial, y respeto a la voluntad de los electores, realizada libremente, a través de elecciones democráticas.

En conclusión, respecto al objeto de la comparecencia, consideramos que desde el Gobierno de Aragón se ha actuado correctamente, respetando la autonomía local y el derecho básico a la presunción de inocencia. Se ha actuado en el marco de las normas, valorando la posibilidad de solicitar la disolución del Ayuntamiento de La Muela, solicitando informe al Consejo Consultivo de Aragón. Entendemos que la actuación ha sido correcta y proporcional.

Desde el Partido Aragonés no queremos que Aragón se convierta como otras comunidades autónomas que están todos los días en las portadas de los periódicos por caso de corrupción política, aunque haya otros que sí lo deseen.

Confiemos en el Estado de Derecho y seamos respetuosos con el poder judicial, y dejemos trabajar sosegadamente a los jueces, en el caso de La Muela, y en todos los demás casos.

El caso de La Muela es un hecho aislado, un único caso que se ha producido en setecientos treinta y un ayuntamientos aragoneses en treinta años de democracia, y de ninguna manera este hecho aislado puede empaña la labor de concejales, alcaldes, gobierno, consejeros comarcales, consejeros del Gobierno que están realizando.

Es decir, nuestro sistema democrático funciona y funciona muy bien. Desde el PAR confiamos en el Estado de Derecho y vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho desde hace treinta años, seguir trabajando por y para Aragón, aunque muchos no lo reconozcan, aunque muchos prefieran seguir difamando y descalificando a la clase política, desde el más profundo desconocimiento.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Turno del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Franco tiene la palabra en su nombre.

El señor diputado FRANCO SANGIL: Gracias, señor presidente.

Señorías.

Reconozco la legitimidad de todos los portavoces que han intervenido en esta cámara, y espero que también se le reconozca al grupo mayoritario de esta cámara el poder expresar su opinión y valorar lo que en este momento estamos debatiendo a petición del Grupo Popular.

Señorías, y como aclaración inicial, la iniciativa que presenta el Grupo Popular y que hoy debatimos fue calificada por la mesa de las Cortes el uno de diciembre. Desde el uno de diciembre, que está calificada, es la primera vez que ha solicitado que se hable de este tema y es la primera vez que se habla de este tema. Cuando el Grupo popular lo ha solicitado, nunca antes había solicitado esta iniciativa.

Evidentemente, el Grupo Popular quiere hablar no de la corrupción en La Muela. El Grupo Popular quiere hablar de la corrupción en Aragón, y en eso es en lo que nosotros no estamos de acuerdo, el que se eleve a categoría universal un hecho punible, vergonzoso, grave, como lo calificó el presidente del Gobierno en su sexta intervención sobre este tema el pasado Pleno.

Señorías, bueno, yo no sé por qué se habla de responsabilidad política. La responsabilidad política de un Gobierno sería no estar sujeto a la ley, y cuando a un gobierno le guste o no le guste la ley, y se la salta, este sí que es un tema de responsabilidad política. El Gobierno ha hecho lo que la ley propiciaba, y, si no, bueno, señor Suárez, usted, que sabe más que yo, y usted, que sabe más de ese tema, y que estará más metido que yo en ese tema, me lo podrá usted aclarar. Pero no ha habido ningún delito imputando a nadie del Gobierno, ninguno, ni acusación, ni imputación.

Con lo cual, ¿qué responsabilidad política en un gobierno?

Esa es la cuestión, y aunque no nos guste una ley, si resulta que es un ley vigente, no tenemos más remedio que aplicarla, es que si no caeríamos en prevaricación, y en responsabilidad política, señorías.

Yo no sé por qué el Partido Popular ha traído aquí esta iniciativa; bueno, no hay nadie acusado del Gobierno, no hay nadie imputado del Gobierno, resulta que no es un tema que le preocupe a los aragoneses.

En el reciente estudio de opinión, del barómetro de opinión, ocupa el lugar veintiuno. De las preocupaciones que tienen los aragoneses, el 1,5% de la población aragonesa está preocupada por este tema, el 1,5%, señorías.

Bueno, entonces ¿por qué lo trae, y más con lo que está cayendo? Porque, claro, yo no sé si desde que usted presenta la iniciativa hasta que solicite que se tenga que intervenir... Yo no reconozco su papel, pero le comprendo: ¡vaya papel!, ¡con lo que está cayendo y todo lo que tenemos alrededor! Hombre, señor Suárez, no queramos que, para igualarnos, extendamos la sombra de duda, siempre sobre temas de este tipo, altamente sensibles para nosotros, para todo el mundo, para toda la población. No, no, esto no es lógico. Esto no es, si me permite, honrado.

Hacer de una estrategia política en un tema tan sensible me parece..., al menos, a mí me crea una cierta preocupación por ese estilo de hacer políticas sencillamente, nada más. Y más en estos momentos.

El señor Rajoy no sale de casa estos días, señor Suárez, no sale de casa. No sale de casa porque no puede decir nada. Yo no me alegro de eso, de lo que ha pasado, vamos, ni de cerca: ni de cerca, ni de lejos. Pero, hombre, vamos a valorar y a medir...

Me acuerdo de que cuando era niño decíamos que había habido dos metros de nieve, porque, claro, mi dimensión, cuando era un poco más pequeño que ahora, claro, decías que cuánta nieve.

Hombre, sobredimensionar las cosas yo las entiendo, pero algunas cosas yo creo que no merecen la pena, que no merecen la pena. ¿Por qué entonces vienen estas cosas aquí? Pues vuelvo a decir: porque de alguna manera se quiere decir que en todos los sitios, y en Aragón también. En Aragón, no, en Aragón, no. Hay un hecho grave que está donde tiene que estar: ¿qué mayor garantía en un sistema democrático que un caso esté bajo la autoridad judicial? Esa es nuestra garantía. Es que, si no, no sabremos a qué jugamos, con qué jugamos. Interviene el Gobierno cuando resulta que creemos que... No, el Gobierno tiene que intervenir de acuerdo con las leyes y, cuando un juez cree que se ha conculcado, pues se ejerce y esa es nuestra garantía como ciudadano, señorías.

Bueno, no quiero extenderme, pero vuelvo a decir lo que yo creo que todos estos días estamos diciendo: en La Muela no estamos juzgando ningún caso político, hay un delito económico, delitos económicos, no urbanísticos. Delitos económicos donde personas, en un momento determinado, cometen un error grave, y se apropian de algo que no es de ellos, y en esto que tendremos la responsabilidad, por muy importante que seamos los que estamos aquí —muy importantes, quiero decir entre comillas: ya todos me entienden—. No; por encima de nosotros está la ley, y por encima de nosotros está que alguien pueda equivocarse, y cuando alguien se equivoca para eso está el poder judicial para actuar, y, si ese poder judicial entendiera que hay algo más, ya entraríamos entonces en lo que ustedes parece ser que quieren generalizar. Señorías, expresamos nuestro apoyo al Gobierno, que ha sido rápido en decir el juez que pida lo que necesite, que estamos a su disposición, y el reconocimiento de la autoridad judicial.

Por otra parte, a uno nos gusta cuando nos hacen los jueces unas cosas u otras, pero, hombre, actuar en función de lo que me va bien o lo que me va mal tampoco es adecuado. Yo creo que a los jueces hay que respetarlos por el propio sistema democrático, como ha dicho un portavoz anteriormente aquí, me guste o me gusten algunas actuaciones.

Señorías, podríamos hablar de otro tema que ha sido siempre aquí en esta legislatura recurrente, que es el tema de las empresas públicas, de la duda sobre las empresas públicas.

Por ley, señorías, la oposición tiene por ley reconocida la presencia en los consejos de administración, no información, sino estar en el consejo de administración que es donde se decide.

Ahora dicen que es que no podemos avalar lo anterior, que ahora no podemos renunciar a la información a que como diputados tenemos derecho. No dice nada de eso la ley. La ley dice: oiga, usted quiere estar aquí, tiene derecho a estar, así se hizo, por ley, para que no sea ninguna concesión del Gobierno. Un derecho que ha querido el Gobierno que tenga la oposición. En ninguna comunidad autónoma...

Bueno, son casos similares. Este es un tema de hacer política, una estrategia de hacer política. Bueno, el grupo al que represento en este momento de treinta diputados y diputadas no impedirá nunca ningún debate, ninguno, pero desde luego que se utilice un tema concreto grave para decir que todos somos iguales, en eso este grupo parlamentario, que tiene legitimidad para hacerlo hará oír su voz, desenmascarará la estrategia y, evidentemente, tomará posiciones. ¿Para qué? Para decirle al Gobierno que no se preocupe por este tema.

Vamos, ya están los jueces para eso en este momento. Señor Canals, preocúpese del problema que tenemos que resolver, que es el tema de la crisis y el tema del desempleo. Crisis y desempleo, señor Suárez, que vinieron generados por un tipo de política de la que ustedes son representantes.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Señor Velasco, tiene la palabra para responder a las cuestiones planteadas por los grupos.

El señor consejero de Presidencia (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor presidente.

Señores diputados.

Con respecto a Izquierda Unida, yo quiero hacer un planteamiento general, en el cual podemos estar de acuerdo en la mayoría de las cuestiones que plantea, es decir: hágase un debate amplio sobre corrupción, exíjase máxima transparencia en los temas y háblese del conjunto, ¿no?

Pero, al final, también tendrá usted que aceptar con nosotros que, bueno, que las leyes son las que tenemos, que los parlamentos son los que deciden y que las verdades absolutas... Es decir, ustedes plantean unas cuestiones que entienden que se deben llevar a cabo, pero que hay elementos que se han debatido en el Parlamento, que están, y hoy, yo creo que estamos todos de acuerdo en que todas aquellas medidas que clarifiquen, que controlen, que abran el sistema público, sea el de urbanismo o sea cualquier otro sistema, pues, va a ser beneficioso para la clase política, que yo creo que es importantísimo tenerlo, ¿no? Y que creo que todos podríamos estar de acuerdo.

Y, efectivamente, también estoy totalmente de acuerdo con usted cuando dice que para que haya corruptos, tiene que haber corruptores, ¿no? El que corrompe es porque se lleva algún beneficio, que habitualmente salen bastante bien de rositas. Si se condenara en la misma medida... Yo siempre pensé que al corrupto había que castigarlo el doble, porque ha tomado una decisión libre de ser político, de atender a la vida pública, y, por lo tanto, se ha autoexigido un comportamiento por encima del ciudadano normal, pero al ciudadano normal, el que viene a corromper, también le tendrían que castigar, y evitaríamos también muchísimas cuestiones cuando fuera una cuestión penal sobre la persona que se ha implicado en ese tema.

Señora Ibeas, puedo estar de acuerdo con usted, puedo estar de acuerdo con usted en que una persona que ha sido imputada, que ha sido encarcelada durante cuatro meses, que ha salido de la cárcel con una fianza, no debería estar ejerciendo el puesto de alcalde.

Pero fíjese bien, fíjese bien, usted, su grupo parlamentario, ayer, presentan una iniciativa para que se modifique el Código Penal. Si se pudiera hacer... [La señora diputada Ibeas Vuelta, del G.P. Chunta Aragonesista, se manifiesta desde el escaño en los siguientes términos: «La Ley de enjuiciamiento criminal».]

El señor consejero de Presidencia (VELASCO RODRÍGUEZ): La Ley de enjuiciamiento... ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque con la legislación actual, lo que usted está diciendo no se puede hacer. Y si no se puede hacer, a usted le parecerá mal. ¡A nosotros nos parecerá mal! ¡Pero no se puede hacer! [La señora diputada Ibeas Vuelta, del G.P. Chunta Aragonesista, se manifiesta desde el escaño en los siguientes términos: «¡Hay otras fórmulas!».]

El señor consejero de Presidencia (VELASCO RODRÍGUEZ): ¡No hay otras fórmulas! Le hemos explicado...

El presidente del Gobierno, en su última intervención, le explicó claramente que una cosa es lo que a usted le parezca bien, lo que a los ciudadanos les parezca bien, y otra cosa es lo que la ley, en este momento, permite. Y la ley no nos permite... ¡No estamos de acuerdo! No nos permite. Eso es lo que nosotros opinamos. Y lo hemos...

Vamos a ver, nosotros, como no nos sentimos en posesión de la absoluta verdad, pues, hasta consultamos. Y este tema, lo hemos llevado a consultas de nuestro máximo órgano asesor, que era la Comisión Jurídica Asesora, porque entonces era Comisión Jurídica Asesora. Lo hemos llevado. Y nos ha dicho y nos ha informado que no podíamos hacerlo. ¡Por eso le estoy diciendo esa cuestión! Y usted, no sé si tendrá más argumentos que pueda tener la Comisión Jurídica Asesora, que para nosotros es el máximo órgano al que pertenece.

Segundo tema: ¡sea usted precisa! ¡Juguemos a precisión! Que usted nos exige también a nosotros. El alcalde de Escucha está condenado porque un afiliado de Chunta Aragonesista le denunció porque había hecho uso de información que entendía profesional. Por eso está condenado, ¡por eso está condenado! Si usted ha leído la sentencia, ¡por eso está condenado! Y, además, en la propia sentencia, reconoce que no tuvo beneficio personal, ¡en la misma sentencia! Si quiere, las cotejamos, y el próximo día venimos aquí y las ponemos encima de la mesa. No son interpretables, es lo que está escrito. Por tanto, sea usted también precisa.

Lo que he dicho yo es que me alegraba de que entre todos los políticos que han estado trabajando en los diez últimos años no hubiera ningún caso, ninguna sentencia de corrupción. Yo me alegraba por los cientos, por los miles de personas que han estado en la vida política de nuestros ayuntamientos, de nuestras instituciones y que no tuviéramos ningún caso. Yo me alegro. No sé si a usted le parece bien.

La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): Continúe, señor consejero, por favor.

El señor consejero de Presidencia (VELASCO RODRÍGUEZ): Termino diciendo que en esta cámara están los máximos responsables políticos de los grupos políticos que actúan en esta comunidad autónoma. Hagamos todos los deberes, como creo que se han hecho en estos últimos años, y podremos ir con la cara bien alta delante de los ciudadanos. Y pidamos también que siga actuando, como lo ha hecho en esta comunidad autónoma, tanto la policía como la intervención del fiscal anticorrupción, como el de los jueces. Es decir, que se actúe sobre aquellas cuestiones que puedan inducir a pensar que alguien se pueda desviar.

Y, por supuesto —lo hemos dicho desde la primera intervención, lo hemos dicho—, no nos hemos escondido. ¡Si el caso de La Muela no se puede esconder! El caso de La Muela se va a saber todo, y queda mucho por hacer, porque, como digo, va a haber un juicio, ¡seguro! Y como va a haber un juicio, pues, van a tener que ir personas a declarar, y el juicio será público, y todos lo podremos escuchar. Pero está ese caso, el único caso que tenemos de gravedad, está en un proceso judicial normalizado. Y creo que si en algo se ha trabajado durante tiempo, recabando pruebas, analizando temas, y está para que sea judicializado, para que sea sometido a juicio y para que los jueces, a la vista después y con la defensa normal a que tienen derecho todas las personas, ¡dictamine!, ¡dictamine! ¡No hay nada que esté encubierto!

Por lo tanto, actuemos así, analicemos los temas con la seriedad que los debemos tratar. Y este tema, los ciudadanos lo entienden también si se lo explicamos bien, ¡si se lo explicamos bien! Y si todo el mundo que está en esta Cámara piensa que es, con el tema de la corrupción, cero, pues, estemos todos tranquilos, porque entre todos vamos a conseguir que en Aragón no haya corrupción.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Velasco.