Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

El primer punto, lectura y aprobación, lo dejamos para el final, y pasamos al segundo punto: comparecencia del consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, a petición propia, acompañado de la directora general de Bienestar Social y Familia y del director general de Salud Pública, al objeto de explicar la puesta en funcionamiento del Plan de inspección en materia de centros y servicios sociales de Aragón, así como los cambios normativos a realizar en materia de inspección de centros sociales.

Tiene la palabra el señor consejero por tiempo de diez minutos.

Comparecencia del consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, acompañado de la directora general de Bienestar Social y Dependencia y del director general de Salud Pública, al objeto de explicar la puesta en funcionamiento del Plan de inspección en materia de centros y servicios sociales de Aragón, así como los cambios normativos a realizar en materia de inspección de centros sociales.

El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, presidente.

Buenos días a todos.

Como ha comentado el presidente, comparezco a petición propia para explicar en detalle el Plan de inspección de residencias, que de alguna manera es consecuencia de un compromiso que asumí en la última comparecencia en esta comisión cuando tuve oportunidad de comparecer para hablar de los expedientes abiertos en relación con determinados problemas de algunas residencias. Ese día comenté que nuestro compromiso era evitar que situaciones como esa se volvieran a producir; que íbamos a actuar de manera decidida en una cuestión que, sí o sí, tiene que ejercer la Administración, que es velar por el cumplimiento de las leyes en el ámbito que sea; y que en ese sentido íbamos a poner en marcha un Plan de inspección de residencias para, fundamentalmente, velar por el interés de las personas que se han acercado a la Administración para ser atendidas en residencias propias o en residencias concertadas, habida cuenta de que, por las circunstancias que sean, no pueden ser atendidos directamente por sus familiares o no se pueden valer individualmente.

Me acompañan a mi derecha la directora general de Bienestar Social y Dependencia; a mi izquierda, el director general de Salud Pública, habida cuenta de que el plan, como luego veremos, se ha elaborado de manera conjunta, porque las dos direcciones generales, con sus correspondientes ámbitos de inspección, van a actuar al respecto. Voy a hacer una breve exposición de las cuestiones más generales del plan; luego pasaré la palabra primero a Cristina Gavín y después a Francisco Sancho para que amplíen los detalles del plan en la parte que les concierne.

¿Por qué hemos decidido poner en marcha este plan de inspecciones? Por una serie de razones. En primer lugar, porque, como antes he comentado, hay una situación que se identificó y que ya he descrito en relación con unas determinadas residencias. Pero este no es el motivo fundamental. El motivo fundamental es que estamos hablando de una actividad que conlleva un volumen de reclamaciones por parte de la ciudadanía importante; que requiere por parte de la Administración una autorización previa de todos los centros (propios, concertados o privados); que exige de la Administración un seguimiento de los centros ya autorizados, en el sentido de velar por el cumplimiento de la normativa; y que, además, según la Ley de servicios sociales, exige a la Administración también una función de asesoramiento a los responsables y también a los usuarios respecto a las obligaciones por lo que respecta a los primeros —son responsables— y a los derechos por lo que respecta a los usuarios.

Todo eso nos ha obligado a instrumentar una necesaria coordinación entre distintos órganos para lograr el mayor control y optimización de esta función inspectora, y para ello es necesario o era necesario..., entendimos que era necesario diseñar un instrumento de planificación, ordenación de la inspección que se concreta en el Plan de inspección de centros sociales del año 2012.

Todo ello dentro del marco de calidad que establece el título séptimo de la Ley 5/2009, de servicios sociales, del que cuelga el plan de inspecciones de residencias, una herramienta que va a permitir ejercer la inspección de una manera más óptima, más eficiente y dotando al sistema de una mayor transparencia. Y con tres objetivos fundamentales: primero, velar por el respeto de los derechos reconocidos a los usuarios de las residencias, como objetivo fundamental; segundo, controlar el cumplimiento de los requisitos materiales y funcionales de los centros establecidos legalmente en los diferentes decretos que hay al respecto; y, en tercer lugar, como antes he comentado —y esto está establecido en la Ley 5/2009—, proceder a instrumentar medidas para informar y apoyar a los responsables y usuarios de las residencias o de los centros de servicios sociales.

Para ello hemos analizado las herramientas de inspección que hay a disposición de la Administración y hemos entendido conveniente una adecuada coordinación, fundamentalmente entre la Dirección General de Bienestar Social y Dependencia, que es la que tiene autoridad y competencia en materia de centros, y la Dirección General de Salud Pública, en tanto en cuanto muchas de las cuestiones que afectan a la inspección o al cumplimiento de las normas de estos centros son competencia, precisamente, de esta Dirección General de Salud Pública.

Para ello se firmó un acuerdo de colaboración entre ambas direcciones generales para articular la inspección de los centros de servicios sociales, tanto residencias de mayores como residencias de discapacitados y centros de día. Y todo ello dentro de las funciones específicas de la Dirección General de Bienestar Social y Dependencia, dentro de las funciones específicas de la Dirección General de Salud Pública, y atendiendo al artículo 85.4 de la Ley 5/2009, cuando dice que la labor inspectora en el tema de residencias, que recae fundamentalmente en la Dirección General de Bienestar Social y Dependencia, debe contar con las colaboraciones oportunas de servicios de inspección de otros departamentos de la Administración autonómica. A tal efecto quiero comentar también que ya hemos mantenido contactos con la Dirección General de Trabajo y la de Consumo para articular la ampliación de esta colaboración de cara a la inspección de centros en diferentes cuestiones que afectan a los centros, porque hay también cuestiones laborales sobre las que tiene competencia la Dirección General de Trabajo.

Actualmente hay un marco normativo. Consta de dos decretos: el 111/92, que establece las condiciones mínimas de los servicio de establecimientos sociales especializados, y el Decreto 82/89, que crea y organiza el registro de entidades, servicios y establecimientos de acción social. Pero ya anuncio —aunque luego lo ampliará Cristina Gavín— que se está elaborando una ley para cumplir la disposición transitoria primera de la Ley 5/2009 en el sentido de que se ha de regular con norma o con rango de ley el régimen de habilitación de las entidades, centros y servicios sociales públicos y privados, además de las bases para integrar la calidad en las prestaciones de los servicios sociales, lo concerniente al registro de entidades y régimen de inspección, infracciones y sanciones. Y, asimismo, como desarrollo de la parte del registro que contemplará esta ley, se está elaborando un reglamento de autorización, acreditación y registro de centros y servicios sociales.

En definitiva, lo que pretendemos, ni más ni menos, es cumplir con nuestra obligación, velar por los derechos de los ciudadanos que han confiado en la Administración para que se les preste un servicio social, bien en un centro privado, un centro público o un centro concertado. Y digo velar o confiar en la Administración porque es la administración la que tiene que velar porque los derechos que tienen respecto a un cuidado en condiciones se tienen que cumplir con arreglo a las normas.

Ya sin más paso la palabra a Cristina Gavín para que amplíe un poquito más el contenido del plan, y después intervendrá Francisco Sancho para explicar fundamental la colaboración, la coordinación entre las dos direcciones generales.

La señora directora general de Bienestar Social y Dependencia (GAVÍN CLAVER): Continuando con la previa, sí que he de comentar que este plan, como actuación prioritaria, establece que vamos a inspeccionar todos los centros privados y públicos que nunca se habían inspeccionado. Vamos a hacer una rotación o unas inspecciones por los doscientos noventa y dos centros sociales que actualmente tenemos constancia de que existen en Aragón, y en este primer año, en esta primera anualidad del plan que acaba de comentar el consejero, vamos a iniciar las inspecciones, que en algunos de ellos he de decir que nunca jamás se había abordado.

Una de las también conclusiones del plan y que consideramos importantes, y así nos lo indicó el consejero, fue hacer una memoria anual que contendría las actuaciones efectuadas en el ámbito de la comunidad autónoma en ejecución, es decir, nosotros vamos a inspeccionar todas las residencias, todos los centros sociales de Aragón en este año 2012, y a final de año o principios de 2013 emitiremos una memoria anual con el diagnóstico de situación de lo que nos hemos encontrado y de cómo están los procedimientos administrativos. Y luego también vamos a potenciar la mejora continua del funcionamiento de la inspección. Esta realizará una autoevaluación del grado de cumplimiento de los objetivos que hemos indicado en el plan y de las líneas de actuación previstas en el plan de actuación, que creo que todos ustedes tienen —se les envió adjunto a esta propuesta—. En ella también plasmaremos los resultados, en esta memoria, que presentaremos antes, como he dicho anteriormente, de final de enero de 2013.

Voy a ampliar lo comentado por el consejero en cuanto a la normativa actual. Se está trabajando en la elaboración de la ley que da cumplimiento a la disposición transitoria primera de la Ley 5/2009, de servicios sociales, teniendo por objeto el establecimiento del régimen de habilitación de las entidades, centros y servicios sociales tanto de titularidad pública como de privada, así como establecer las bases para la integración de la calidad en la prestación de los mismos, configurar el registro de entidades, así como el régimen de inspección y de infracciones y sanciones.

Cabe indicar que esta ley conllevará, asimismo, la derogación del título décimo de la ley, así como de los artículos 80, 81 y 82 de la misma. Además de cumplir el mandato legal, se hace necesaria la aprobación de una norma legal para dar claridad y concretar aspectos de la Ley de servicios sociales que no están claros y regulados y que generan problemas en la práctica aplicativa. Esto quiero decir que, como ya indicó el consejero en su anterior comparecencia, nosotros, a la hora de evaluar los expedientes que habíamos encontrado, aquellos que comentó el consejero —los de prioridad uno y prioridad dos—, tuvimos que hacer un ejercicio importante a la hora de establecer las sanciones administrativas y el procedimiento de la propia inspección. Por lo tanto estamos trabajando ahora en esta nueva ley, que próximamente ustedes aprobarán —aprobarán o no—, se verá en las Cortes.

Los aspectos que hemos identificados son los siguientes: problemas de calificación de los supuestos de infracción de las residencias de personas mayores para incoar los procedimientos sancionadores por infracciones graves y muy graves; registro de entidades privadas, ya que no se aborda el de las públicas; y autorización y acreditación de entidades privadas, no de entidades, centros y servicios públicos.

El procedimiento de aprobación de esta ley, como comentaba antes, seguirá lo establecido en los artículos 122 y siguientes del Reglamento de las Cortes, debiendo el Gobierno de Aragón remitir dicho proyecto de ley a las Cortes acompañado de una exposición de motivos, que verán próximamente.

El desarrollo de esta ley y de los mandatos contenidos en la Ley de servicios sociales se está elaborando, como asimismo, y como comentaba el consejero, el reglamento de autorización, acreditación y registro de centros de servicios sociales, que vendrá a derogar los decretos que actualmente están en vigencia: el Decreto 111/1992, de 26 de mayo, y el Decreto 82/1989. Esto es, vamos a fusionar estos dos decretos en un solo reglamento. ¿Y por qué? Porque, además de lo que dice la propia normativa, también hemos detectado que tenemos ciertas disfunciones entre la parte de registro y la parte de inspección de centros. Tenemos actualmente dos bases de datos que no se hablan entre sí, es decir, nos es muy difícil identificar un expediente dentro de la misma dirección general tal y como estaba organizado. Y afortunadamente llevamos ya un par de meses trabajando en ello y nos está clarificando la situación de ciertos expedientes. El procedimiento de aprobación de la norma será el de los reglamentos contenidos en los artículos 47 y siguientes de la Ley 2/2009, del Presidente y del Gobierno de Aragón.

Por lo tanto, próximamente vamos a hacer una modificación de la normativa. Estamos trabajando ya en ello. Y asimismo hay una línea estratégica en el Plan de Servicios Sociales de la que próximamente informaremos aquí en esta misma comisión. Y se prevé que, como hemos indicado en el propio plan, estas normas estén finalizadas al final de este año 2012.

Gracias.

El señor director general de Salud Pública (SANCHO CUARTERO): Muchas gracias. Buenos días.

Primero, lo que quiero decir es que me satisface estar compareciendo por una razón: porque tengo la oportunidad de hacer visible lo que son las funciones de Salud Pública. También quiero decir que los servicios de Salud Pública tienen implantación en todo el territorio aragonés a través de lo que son las zonas farmacéuticas y las zonas veterinarias y que, naturalmente, evidentemente, los profesionales que lo están llevando a cabo son fundamentalmente farmacéuticos y veterinarios, aunque dentro de la dirección general, sobre todo en los servicios centrales y provinciales, también tenemos médicos de Administración sanitaria. Por lo tanto, abarcamos todo el espectro de lo que es la salud pública o la promoción de la salud.

El objetivo primordial de lo que es la Dirección General de Salud Pública es la protección de la salud de los ciudadanos, y para ello tenemos unas herramientas que en este caso son normativas, normativas europeas, nacionales y autonómicas.

Dentro de nuestras competencias y nuestras funciones —están definidas también por la Unión Europeas, definidas como funciones esenciales de salud pública— simplemente haré mención a lo que en este caso nos afecta, que es la vigilancia y evaluación de la salud y el bienestar de la población (en este caso sería la población residente de las residencias, población anciana), identificación de los problemas de salud y los riesgos de la salud de la comunidad, las funciones de la protección de la salud, la prevención de las enfermedades, la promoción de la salud y la garantía de una salud pública y un personal sanitario competente.

Estas funciones esenciales son la base para que las direcciones generales de Bienestar Social y Salud Pública y cada una de nuestras competencias hayamos firmado un convenio, un convenio de colaboración para la inspección de centros adscritos a la primera y que tiene como finalidades las siguientes —están relacionadas con las que he dicho antes—: la protección de la salud individual y colectiva de la gente que está en residencias; optimizar los recursos de la consejería, tanto materiales como de personal; y añadir al protocolo normal de vigilancia y control de los centros sujetos a inspección periódica, tanto por parte de veterinarios como de farmacéuticos, cinco inputs más de los habituales que se hacen.

Quiero poner en conocimiento que en cada inspección de los centros o cada inspección que se hace en cualquier centro donde se manipulan alimentos se sigue un protocolo, un protocolo que el funcionario que lleva el control y vigilancia tiene que rellenar. En el protocolo inicial creo que hay unos cincuenta puntos de inspección. Nosotros, lo que hemos hecho, a estos cincuenta puntos de inspección, unir, sumar cinco más, que son: mantenimiento general del centro; la unidad de almacenamiento de alimentos, para que en caso de emergencia haya comida suficiente para abastecer al centro durante dos o tres días; la unidad de servicios higiénicos de usuarios y personal; la unidad de lavandería, y las atenciones de salud, que solamente las realizarán los farmacéuticos y que se refieren al control de la constancia escrita de las prescripciones de fármacos en residencias. Con estos cinco apartados cubrimos un amplio espectro y lo que hacemos es establecer una forma, un sistema de alertas que, ante cualquier incidencia, van a saltar unas alarmas, se van a encender unas luces rojas. Entonces, nosotros, dentro del protocolo de actuación, lo que vamos a hacer es poner en conocimiento de Bienestar Social estas incidencias para que se pongan los medios para corregirlas.

Nuestra obligación como gobierno es actuar; forma parte de nuestras funciones de control y supervisión, que están amparadas normativamente. Lo que vamos a conseguir es tener un sistema de control y vigilancia coordinado y que será capaz de hacer saltar las alarmas en el caso de detectar alguna incidencia en relación con los ancianos y sus condiciones de vida. Y lo que pretendemos es que este sector de la población, el más vulnerable y a veces indefenso, esté más arropado y protegido. En definitiva, de lo que se trata es de que esta población, que muchas veces requiere de más atención por parte de la Administración, en este caso por el departamento, se vea más arropada. En definitiva, el aprovechar toda la capacidad que tenemos inspectora desde la Dirección General de Salud para que, en caso de que haya alguna deficiencia o algún riesgo para la salud colectiva o individual o carencia de higiene, ponerla en conocimiento y actuar en consecuencia.

Por mi parte, nada más. Muchas gracias.

El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Y solamente para terminar, a modo de resumen, se ha comentado, pero yo quiero hacer hincapié en tres ideas: primero, lo que hacemos es cumplir con la obligación de la Administración pública competente en esta materia; en segundo lugar, un objetivo fundamental, que es velar por el cumplimiento de los derechos que tienen los residentes que, como han comentado antes, han confiado en la Administración como veladora del buen estado de los centros y del cumplimiento en estos centros de todas las normas que contiene la legislación; y, en tercer lugar —y eso estaba en nuestras manos y creo que también es cometido de cualquier Administración hacerlo—, optimizar al máximo los recursos en este caso, y en este caso dar un paso más de cara a coordinar al máximo dos áreas de inspección que coinciden en unos mismos centros y que, actualmente o hasta ahora, estaban actuando una de otra totalmente de espaldas. Eso además, como he comentado, de la conveniente coordinación que se va a establecer con Trabajo y con Consumo.

Muchas gracias.

El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, señor consejero.

A continuación tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, la señora Luquin.

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, dar la bienvenida al consejero y a los directores generales que le acompañan, agradecer la explicación y también a las personas que les acompañan.

La verdad es que, viendo el despliegue de un consejero, dos directores generales y luego la gente que les acompaña, o falta plan o sobran comparecientes, porque realmente pensamos que para que venga el consejero, para que vengan los directores generales de Bienestar y de Salud Pública, y como resumen se nos diga que vamos a cumplir con la ley, velar por los derechos de las personas que están en los centros y, como novedad, la optimización de recursos, queremos pensar que lo que falta es plan. Estamos seguros de que no sobran comparecientes ni directores generales, sino que lo que falta es plan.

Se lo digo porque, escuchándoles... La verdad es que, si no quieren crear alarma social, dan la sensación de alarma social, porque, primero, viene vinculado este plan con los expedientes que se abren a determinado tipo de residencias, pero creo que es importante que se transmita un mensaje de tranquilidad, que en la inmensa mayoría de las residencias y de los centros de esta comunidad autónoma no pasa absolutamente nada, y yo creo que eso es fundamental e importante. Se creó una determinada alarma social cuando se abrieron los expedientes. Y, sobre todo, creo que el objetivo, y no me cabe ningún tipo de duda, por parte del departamento es garantizar la calidad de la prestación del servicio y, sobre todo, garantizar la asistencia con todas las condiciones y todas las garantías de los usuarios, pero creo que es importante que se resalte que, de las casi trescientas residencias, que sepamos, se abrieron veinticinco expedientes; cinco fueron las que están cerradas —los datos que tenemos nosotros—, y cuarenta y nueve residentes han tenido que ser reubicados, que eso yo creo que era el objetivo fundamental y prioritario. Y yo creo que debe ser el objetivo fundamental y prioritario de este plan, y sobre todo de la actuación tanto de la Dirección General de Bienestar Social como de la de Salud Pública, como en este caso del consejero, garantizar que la prestación de esos servicios se da con todas las garantías.

Pero yo creo que es importante que se vaya a insistir por parte del departamento y de las direcciones generales, porque, si no, da la sensación de que tenemos a nuestros mayores en situación de riesgo general, escuchándoles, y yo creo que eso no es así. Y yo estoy a favor de que se hagan todo tipo de inspecciones y de controles absolutamente para garantizar que, efectivamente, las personas que están residiendo y que están en esos centros sociales tienen todas las garantías de calidad, de prestaciones, etcétera.

Por otro lado, cumplir la normativa. Lógicamente. También se habla de modificar la normativa. Nos gustaría saber cuándo tienen previsto exactamente poder traer la ley. Pero cuidado también con lo que nos preocupa a este grupo parlamentario: ese cumplimiento de la normativa, lógicamente —pensábamos que se cumplía; por lo visto, no se debía de cumplir la normativa—, y esa modificación de normativa, porque creemos que tiene que ser muy garantista y que no se puede crear inseguridad. Es decir, hemos escuchado —no lo he oído hoy en las declaraciones, pero sí que lo he oído otras veces— que es excesivamente burocrática, que se necesita agilizar los trámites para poder clausurar algún tipo de residencias en casos de deficiencias graves. Nos gustaría que, sobre todo, lo que se vaya a garantizar es la calidad del servicio, garantizar la seguridad de las personas que son residentes, pero también garantizar que se cumpla escrupulosamente con la ley, que hay todas las garantías de seguridad jurídica. Yo creo que eso es importante a la hora de la normativa: primero, que se cumplan las normas (obligatorio, porque además es de obligado cumplimiento), pero además también que haya una seguridad jurídica para evitar luego circunstancias que no sean deseables. Por lo tanto, cambios normativos, los que hagan falta, pero con toda la seguridad jurídica encima de la mesa para evitar problemas.

Se estaba hablando de la necesidad... Creo que estamos hablando del número de inspectores, que pasan de seis a doscientos cincuenta y seis profesionales, y la idea es inspeccionar... Se hacían dos inspecciones anuales, pero, según ha dicho la directora general de Bienestar Social, algunos centros no se habían inspeccionado nunca, y la idea es pasar a hacer cuatro inspecciones anuales —creo que era la idea—, pasando de seis inspectores a doscientos cincuenta y seis. Entiendo que esos profesionales son aquellos profesionales que se encuentran en la Dirección General de Salud Pública. La duda es no vayamos a vestir un santo para desvestir otro. Me imagino que esos inspectores que se encuentran en Salud Pública ejercerían algún tipo de funciones dentro de la propia dirección general y no sé si, en aras de esa optimización o reorganización, les sobraba tiempo antes, si es que se va a hacer de otra determinada manera o vamos a garantizar que se cumplen todas las funciones que tenían que hacer de inspecciones de salud pública y que, además, van a poder contribuir y trabajar en la inspección de centros sociales, de los centros. También nos preocupa si la formación es la misma formación, si se piensa dar más formación o una formación adecuada, porque no sabemos..., desde luego, este grupo parlamentario no sabe si la formación exacta que se tiene por parte de estos inspectores, que era el trabajo que estaban desarrollando en Salud Pública, es suficiente para poder desarrollar esta nueva labor de inspección de lo que son los centros sociales.

Por lo tanto, desde este grupo parlamentario entendemos que cumplir la ley... —de obligado cumplimiento, pero que se estaba haciendo—, que hay que lanzar un mensaje, transmitir un mensaje de tranquilidad en decir que la inmensa mayoría de las residencias o de los centros... Además, resaltar que esas cinco residencias que se han cerrado son residencias privadas. Yo creo que, además, hay que resaltar que, en el caso —que sepamos nosotros— de residencias públicas y que dependen directamente del departamento, no hay ningún tipo de expediente o ningún tipo de sanción, y, desde luego, que el cumplimiento normativo tiene que ser de obligado cumplimiento, porque sí que es... Las cinco líneas de actuación, que nos parecen obvias (velar por el respeto de los derechos reconocidos a las personas destinatarias y usuarias de los centros)... ¿Se entiende que, si tenemos que velar por el respeto de los derechos reconocidos, es que no se estaba velando por los derechos reconocidos? Nos gustaría que se nos contestara y que fuera afirmativamente.

Pero, en el control del cumplimiento de los requisitos materiales y funcionales establecidos para el funcionamiento de los centros sociales, el punto número uno dice algo tan grave como: «Inspección de centros y servicios sociales carentes de autorización. Será inspeccionada la totalidad de los centros que presenten irregularidades...» —y ahora no sé dónde tengo el siguiente punto—. Seguía hablando... Directamente se sobreentiende que hay una serie de centros que están abiertos y que en estos momentos no tienen autorización, y que, por lo tanto, se les va a dar de plazo este año, el 2012, para poder tener autorización. ¿Tienen algún tipo de estadística o saben cuántos centros se encuentran en estos casos sin autorización? Porque nos parece realmente grave, porque, desde luego, lo que ha fallado han sido mecanismos de control y mecanismos previos. Si es así, que se nos diga, porque, si no, yo creo que sí que estamos transmitiendo determinada alarma social o, desde luego, que no han funcionado ni los controles ni la inspección y que, durante determinado tiempo, las residencias y los centros sociales de esta comunidad autónoma no velaban por los derechos de las personas que se encontraban allí y, desde luego, no se garantizaba la prestación de la asistencia. Yo creo que no es así, sinceramente. Yo creo que luego se ha tenido que actuar, se ha tenido que actuar en el caso de veinticinco expedientes, pero sí que nos gustaría que se transmitiera tranquilidad y que, desde luego, este Plan de inspección lo que quiere es mejorar y ser más riguroso, pero que en ningún momento se han puesto en peligro ni la seguridad ni la calidad de la prestación de las personas que se encuentran en los centros sociales y en las residencias.

Por lo tanto, nos parece importante que haya una evaluación de los planes. Saben que este grupo parlamentario reivindica siempre que un plan no deja de ser una herramienta para poder realizar determinadas actuaciones y determinados mecanismos, en este caso de inspección, pero que es fundamental hacer planes de evaluación, planes de evaluación para saber si se cumplen los objetivos, cuáles son los puntos débiles y cuáles son los puntos fuertes. Y luego también una memoria, memoria que nos gustaría... No sé si necesitamos que sea una memoria económica, porque sí que hemos visto que en algunos casos se habla de incidir en la formación, de incentivar, de coordinar, y la necesidad que se iba a poner para la función inspectora... La Dirección General de Bienestar Social y Dependencia procurará la dotación de todos los medios adecuados y la colaboración con los restantes órganos y organismos. ¿Cuál es esa dotación de mecanismos y cuál es esa dotación de medios adecuados?

Por lo tanto, sí que nos gustaría saber cuándo la ley..., transmitir calma y no crear alarma social en los centros sociales de Aragón y que el Plan de inspección en materia de centros sociales sea un plan que lo que quiera es prevenir. Y, efectivamente, todo lo que vaya encaminado a garantizar derechos y a garantizar la calidad de la prestación, bienvenido sea.

Muchas gracias.

El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, señora Luquin.

A continuación tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, la señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señor consejero, señora directora general, señor director general y el resto del equipo que les acompañan.

En principio, cualquier medida que contribuya a mejorar la calidad de la prestación de los servicios públicos, evidentemente, es bienvenida. Lo que sucede es que creo que, sinceramente, ustedes habían lanzado demasiadas expectativas sobre lo que iba a ser esto que ustedes nos han presentado finalmente. De hecho, no sé si es porque han considerado que eran seis hojas y media —de las seis páginas y media, una página referida a la normativa vigente, y podemos seguir quitando—, igual han tenido que plantear alguna otra novedad para la comisión de hoy como puede ser el anuncio de una nueva ley, de un nuevo reglamento, etcétera, etcétera; pero lo cierto es que yo también me he quedado desconcertada cuando he visto, cuando vi lo que ustedes nos remitían. Y, eso sí, he de decir que agradezco expresamente que antes de que hayamos llegado a la comisión hayamos tenido la información que hoy nos ocupa.

Pero me da la impresión de que está todo un poco distorsionado. De hecho, de lo único que se ha hablado prácticamente es de ancianos, de personas mayores. Yo tengo bien claro que, en este sentido, la responsabilidad tiene que ir más allá porque estamos hablando de la responsabilidad que le compete directamente a su departamento, y, por supuesto, concretamente a la Dirección General de Bienestar Social y Dependencia, y hablamos de familia, hablamos de menores, hablamos de infancia, hablamos de personas con discapacidad... En fin, creo que es bastante más amplio. Pero es cierto que ustedes parece que vienen como a dar la impresión de que van a resolver un problema concreto, que es el problema del que ya hemos hablado en varias ocasiones, que tenía que ver con las residencias de mayores que estaban en situación muy irregular, según estaban señalando.

Hay, no obstante, también un anuncio en la propia resolución que se plantea, que puede dar a pensar que pueden ir las cosas bastante más allá, o que tendrían que haber ido más allá, porque ustedes dedican una parte de la resolución —y me refiero en este caso a la directora general— para hablar de la situación diferente que estamos viviendo en estos momentos, de todos los cambios que ha experimentado nuestra sociedad. Y lo que cabría esperar es que, por lo tanto, el plan se adecue a esos cambios, pero realmente es que no hay una relación en absoluto, no hay más que meras referencias teóricas en las que todo el mundo podríamos estar de acuerdo.

Me ha sorprendido muchísimo, nos ha sorprendido la brevedad del plan. Más parece un protocolo de actuación que otra cosa, sinceramente. Eso es lo que parece. Además, es un plan anual. No hay una perspectiva global sobre el tema. Y lo mínimo que podía haber habido también es una explicación de cómo es posible que se pueda mejorar la prestación y se pueda mejorar el servicio de inspección y se pueda, por lo tanto, controlar mejor y resolver los problemas que puede haber sin que se toque nada la plantilla, es decir, coste cero total. Entonces da la impresión de que había un montón de personas impresionantemente grande viviendo..., pero, vamos, como reyes y reinas. No quiero pensar eso porque no es así tampoco, pero es muy difícil entender que, si no se refuerzan realmente los recursos, los medios para poder ejercer estas funciones de inspección de forma adecuada, se pueda considerar que se va a obtener algo muy distinto.

Por ejemplo, la pregunta que yo me planteaba es: ¿qué es lo que van a hacer diferente realmente que no se hacía hasta el momento, dónde están los fallos detectados que hay que mejorar? Porque, antes de tener este plan, yo creo que lo correcto es presentar un estado de la cuestión, cómo están las cosas, cómo están para que podamos saber y para que podamos evaluar cuáles son los objetivos y cuáles son finalmente los resultados de la aplicación de este plan. Pero no hay una valoración inicial, no hay ninguna exposición de cuál es la situación, no hay ninguna mención expresa a los fallos que tiene el sistema en el momento actual, que tenía. Eso es así.

Y, cuando —voy a ir directamente a algunos de los puntos— se plantea, por ejemplo, que va a haber un incremento de un 5% en el número total de visitas de inspección realizadas en el año 2012 con respecto a las realizadas en el año 2011, yo..., ¿qué quiere que le diga?, me parece que es bastante poco. Todo lo que van a mover, tantas personas que van a mover, ¿y van a realizar un 5% más de inspecciones? A lo mejor es que no se estaban haciendo tan pocas inspecciones o es que realmente este plan —perdone que le diga— mejora en poco lo que había antes. Pero ¿un 5%? ¿Con un 5% piensan ustedes que van a dar un salto cualitativo suficiente como para poder garantizar que hay una mejoría? Yo no lo veo. Vamos, no es que no lo vea yo: es que se deduce de estas páginas que ustedes nos plantean aquí.

También hay cuestiones sorprendentes. ¿Cómo es posible que en las inspecciones de centros y servicios sociales carentes de autorización les permitan que hasta que acabe este plan, es decir, hasta que la vigencia llegue al final (es decir, diciembre), puedan resolver todo lo que tengan que resolver, y, sin embargo, a los centros con acreditación y autorización les dan un plazo máximo de dos meses? ¿Por qué un centro que no tenía autorización merece tanto? Merece tanto entre comillas. Pero esa es otra cuestión también que le agradecería que me explicara.

Hay también alguna otra cuestión que me parece que queda un poco en el aire. Por ejemplo, cuando se señala que se incrementarán los medios... Ya me he referido a ello, pero díganos exactamente de dónde va a salir el coste, cómo se van a mover también presupuestariamente en el ámbito de su departamento las cuantías.

Respecto de los incumplimientos actuales, yo ya me quedé muy sorprendida de que usted me dijera que tenían información de las irregularidades en aquellos centros de mayores en el mes de octubre y que no saltara a la luz pública el tema hasta el mes de marzo, abril. Así fue, cuando vino la directora general a explicar aquí la cuestión. Eso fue, así fue. Es decir, desde octubre hasta febrero o marzo, en ese período, no hubo una explicación por parte del Gobierno del desastre que estaba sucediendo —desastre entre comillas, por supuesto— en el ámbito de las residencias de mayores. ¿No tenían ustedes servicio de inspección cuando empezaron? ¿No hicieron nada durante ese período? Eso está escrito, está transcrito y es así. Es decir, entran ustedes a gobernar en verano, y nos tenemos que enterar en febrero, marzo —perdone, pero no le sé decir ahora exactamente la fecha— de las irregularidades que había, y a través de los medios de comunicación. Entonces, los primeros que fallaron ahora en esta etapa han sido ustedes. Eso es lo que nos tendrían que explicar: esto no iba bien, esto lo tenemos que mejorar y mejoraremos por aquí.

Respecto de los plazos, ¿qué plazos se establecen para el desarrollo? Porque dicen: mejora del sistema informático, formación continua del personal inspector... Claro, como la comparecencia era para explicar la puesta en funcionamiento, yo creía que ustedes iban a explicar en detalle cómo iban a funcionar —porque el texto ya lo tenemos—, cómo van a hacerlo. Lógicamente, todo plan, si es algo más que un protocolo o una declaración de lo que van a hacer, tiene que venir acompañado también de una periodización interna de cada una de las medidas que anuncian que se pone en marcha. Yo hubiera agradecido, por supuesto, que en la información que se nos ha pasado, que se nos ha transmitido, aparecieran también estos datos, y entonces podríamos quizá valorar un poco mejor la cuestión.

Sí que me sorprende que ustedes han hablado de modificar la ley. Aquí no hay ninguna referencia. Tampoco en el texto, ni en la resolución de la directora general, ni en el acuerdo, ni en el texto ya del plan tampoco hay ninguna referencia. Es decir, ¿esto es un plan provisional hasta que tengamos...? No. Por eso ya digo que es que estoy un poco sorprendida. Y sigo al pie de la letra el texto.

Concluyo con una referencia: cuando habla de la información, en el último punto, la última línea, de la evaluación del grado de cumplimiento, ¡qué curioso que ustedes no incluyan una valoración también sobre la suficiencia o insuficiencia de los medios para cumplir con los objetivos que ustedes se plantean! Creo que es algo que tendrán que hacer, porque, si efectivamente todo funciona correcto, de una forma como ustedes esperan y como nosotros esperamos que funcione, de la mejor manera posible, lo mínimo es también valorar si los mecanismos que se han puesto en marcha, también los recursos, el número de personas, el hecho de que hayan movido o desplazado funciones —gente que realiza unas funciones realiza otras—, eso no ha tenido ningún coste negativo, sino todo lo contrario. En esta última línea, yo les pediría que incluyeran ese apartado porque no aparece referenciado; quizá dentro de las propuestas de mejora para el año 2013. En el año 2013, ¿tendremos otro plan anual o qué tendremos después? Creo sinceramente que era mucho ruido para pocas nueces.

Gracias.

El presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, señora Ibeas.

A continuación tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, el señor Blasco.

El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días, señor consejero, señores directores generales, directora general y personas que le acompañan.

Para nosotros, el hecho de que se presente en esta comisión una solicitud de comparecencia para explicar cómo se va a poner en funcionamiento un Plan de inspección en materias tan sensibles como son los servicios sociales nos parece bien. Siempre nos parecerá bien con independencia del número de personas que vengan. Lo importante es el contenido, y eso es a lo que a nosotros nos parece que nos tenemos que ceñir.

Todo lo que suponga, evidentemente, además, mejora en el ámbito del respeto, de velar por el respeto del derecho de los usuarios todavía nos parece mejor, y cuantas más mejoras seamos capaces de introducir a esos niveles más seguros estaremos de que el sistema funciona, de que funciona bien, de que son respetados los derechos, de que se cumplen los requisitos, de que las residencias son las adecuadas... Porque la alarma social no se produce cuando todo funciona bien o cuando el ciudadano está seguro de que existen los mecanismos que hacen que los sistemas funcionen bien, sino cuando existen las dudas sobre el procedimiento o sobre las fórmulas de los sistemas.

No fue bueno empezar diciendo que había veinticinco expedientes sobre una serie de residencias. No fue bueno porque eso sí que genera una cierta alarma social, aunque es verdad que en algún momento se deben empezar a proponer las medidas que hagan que, al final, todas las residencias —y a eso es lo que nos parece que tiende este plan—, todas las residencias cumplan con la normativa. A partir de ese momento, seguro que la alarma social desaparecerá. No digo que exista; digo que no tiene por qué existir porque exista un Plan de inspección, sino más bien todo lo contrario.

Han hablado ustedes también de un tema que a nosotros nos parece importante, y, efectivamente, ha dicho la directora general una frase muy expresiva: que hay dos bases de datos que no se hablan. Yo creo que eso es importante. Todos los esfuerzos que tienen las administraciones, a veces, somos incapaces de ponerlos en contacto. Yo creo que el que exista una coordinación en un tema de inspección cuando existen las posibilidades abiertas, en este caso, en las dos direcciones generales nos parece lo más apropiado y lo más adecuado. Incluso digo que aún se tendría que extender a veces a otros niveles también de la Administración, porque, efectivamente, existen en muchas ocasiones ya unos medios que se utilizan, que trabajan, que se emplean, que dan unos resultados, que al final, por falta de esa coordinación, son incapaces de traspasarse los datos unos a otros, y al final, en ese sentido, yo creo que es una buena idea. El hecho de que en este caso se busque una coordinación dentro del propio departamento nos parece también muy apropiado.

Y nos parece también muy apropiado por lo que supone —ya he hecho algo de referencia a eso— de preventivo. Es decir, yo creo que tener un plan actualizado, un plan que tenga ya unas medidas claras, unas medidas que se sabe que se va a exigir el cumplimiento, tiene también un buen carácter de preventivo, porque todo el que se dedique a estos temas, tanto en lo público como en lo privado, porque yo creo que también es bueno insistir en que no va a haber —hablábamos no hace mucho en otras comisiones— distintas varas de medir, sino que la normativa es para todo, para lo público y para lo privado... Todo lo que sea el tener un plan claro, específico, concreto, en vigor, en uso —por decirlo de alguna manera— tiene también una buena parte de prevención, y eso es muy importante a la hora de —insisto— lo que centra yo creo la comparecencia y lo que centra esta actuación, que es el respeto a los derechos de los usuarios.

Todo lo demás ahí está. Se puede decir si será mucho o poco, si se harán más o menos inspecciones, cómo se harán, si será con un personal u otro, pero a nosotros, en esencia, lo que nos parece es que es bueno que exista este plan, que se lleve a cabo, que se actualice, que se mejore y, a partir de ahí, que se tomen las medidas necesarias para que el sistema siga funcionando, que creo que es lo que, al final, los ciudadanos nos van a pedir.

Nada más, y muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, señor Blasco.

A continuación tiene la palabra el señor Alonso por parte del Grupo Socialista.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señor presidente.

Nuestro grupo también da la bienvenida al consejero y a su equipo y agradece que nos hayan mandado con antelación el plan de residencias.

Querríamos empezar hablando sobre cómo vemos el tema contextualizándolo en unas coordenadas. Y las coordenadas que nosotros nos marcamos o vemos es que, en los últimos veinticinco años, la vida, la longevidad ha aumentado mucho, en estos veinticinco últimos años, y eso lleva a un mayor deterioro físico y psíquico del anciano. Cualquiera que se lea la página 21 y las cuatro o cinco siguientes del documento de las cuatrocientas medidas allí verá las relaciones que hay entre envejecimiento y dependencia.

Por tanto, eso tiene que ir también marcándonos que el modelo de residencia anterior que nosotros teníamos, que Aragón tenía, de las necesidades anteriores, no responde a las necesidades actuales que los aragoneses demandan. Y luego después, sobre todo, de que hay dos acontecimientos muy próximos en el tiempo, que son la Ley de la dependencia y la Ley de servicios sociales de Aragón, en donde hay un antes y un después respecto a los derechos y obligaciones de los ciudadanos vulnerables que necesitan la atención de los servicios públicos.

Hace veinticinco años predominaban las residencias gestionadas por órdenes religiosas; después irrumpieron las residencias privadas. Pero lo que está claro es que, después de la Ley de la dependencia y después de la Ley de servicios sociales de Aragón, puestas en marcha por los equipos anteriores a ustedes, nos plantamos en el segundo semestre del 2010, y es cuando vimos que no..., el Gobierno socialista no tuvo tiempo ni posibilidades de seguir completando una regulación más exigente, no pudimos sacar la ley de calidad o de acreditación que ha nombrado la directora general y no tuvimos tiempo de sanear el sector —estoy hablando de esas fechas del segundo semestre del 2010—. Dice usted, señora directora, que están trabajando en ello; además del Plan de inspección, que siguen trabajando en el desarrollo de la Ley de servicios sociales, de esos artículos y esos capítulos y en sacar adelante esa ley de calidad.

Intentamos nosotros que todas las residencias que pudiesen adecuarse a la nueva normativa lo hiciesen cuanto antes, aunque fuese en intentos lentos, aunque fuese en fases. De ahí que los expedientes que usted ha nombrado, y que creo que usted nombra como motivo de este Plan de inspección nuevo que plantea, esos expedientes que yo he tenido el gusto de leer, tengan las numerosas actas de visitas a los centros porque, efectivamente, señor Blasco, no es que..., no se hablan, pero se escriben. Las secciones que conforman el servicio posiblemente haya que mejorar... Posiblemente no: estoy seguro —coincido con usted y con la directora general— de que tienen que coordinarse mejor, pero se escribían. En los expedientes hay muchas cartas en las que se mandan las actas de una sección a otra.

En ningún expediente figura ninguna propuesta de los técnicos en que se proponga cierre de residencias, en ningún acta de las que yo he leído consta certificado de las inspectoras de la Diputación General de Aragón de que hayan detectado malos tratos o situación peligrosa. Sí constan deficiencias muy sensibles y que se les propone subsanar, muchas veces con la labor, que muchas veces ha dado resultado... Por ejemplo, me consta que había en Huesca una inspectora muy persistente que consiguió con su diálogo, con su trabajo, con su visita día a día... Una residencia que creo que se llamaba la Catedral cerró, cerró en tiempos ya nuestros. ¿Por qué? Porque hubo una labor continuada y de demostrar que aquello no era viable.

A las residencias que, una vez visitadas varias veces, la inspección veía que no se podían adecuar a la normativa se les orientaba a que fuesen cesando en la actividad, bien por decisión propia o por decisión administrativa. Porque, claro, las residencias que han cerrado son las que tienen ocho abuelos y dieciséis camas, seis abuelos y nueve camas, que son más bien casi pisos que residencias, aunque no voy a entrar en ese matiz. Porque, efectivamente, no había esos malos tratos, no detectaban los inspectores malos tratos ni situaciones peligrosas, pero, efectivamente, sí que había posturas y tratos que eran francamente mejorables y que han hecho bien ustedes en arrancar... Coincido con el señor Blasco: fallaron en la alarma que crearon, pero han hecho ustedes bien en arrancar y decir: «Bueno, se han marcado unas fechas y tiramos para adelante».

Nosotros lo hubiéramos hecho de otra manera; lo hubiéramos hecho de la forma siguiente. Creemos que es un error seguir manteniendo ese Decreto 111, que usted ha nombrado como uno de los decretos a mejorar rápidamente o a cambiar, el de mínimos, por aquello que decía al principio: porque la demanda y la forma de ser y las necesidades que ahora planteamos los usuarios de los servicios sanitarios y sociales, que es lo que nos ocupa, son distintas a las que eran cuando se promulgó este Decreto 111.

La Ley de la dependencia, la Ley de servicios sociales, Ley de calidad: esa es la que tiene que fijar las condiciones de los centros, las ratios de personal. Como no nos dio tiempo a elaborar esa ley, tuvimos en el 2010 un problema, que creo que allí pueden mirar un poco en el espejo y hacer la prueba del algodón. Se trata del acuerdo marco para el concierto de plazas. En el 2010, cuando el gobierno anterior a ustedes promulga aquel acuerdo marco, ya sacó y estableció unos mínimos en aquellos pliegos mucho más exigentes que los del Decreto 111 para que solo las residencias que cumplían esos mínimos pudiesen acceder a los conciertos. Esos requisitos venían a ser un avance de la futura normativa, que espero que coincidamos cuando usted, que a la ley la critica porque tiene poca concreción, como casi todas las leyes, señora directora general —las leyes ya las desarrollarán con decretos, con órdenes, con reglamentos, y esperamos verlas—... ¿Que ustedes quieren contar con el consenso? Cuenten. ¿Que ustedes no quieren contar? Háganlo. Nosotros ahí les decimos que criticamos y cuestionamos las formas y les decimos que hicieron bien en decir: estas residencias, que hay tantas actas, que hay historiales que vienen desde 1996-2005, pero que solamente el SC4/12, el SC5/12 y el S112/12 son las que yo tengo constancia de que se han cerrado y son las que tienen esa demografía que antes les he nombrado, son las que requieren esa claridad que usted demanda a la ley, pero que, con el decreto, la orden o los reglamentos que ustedes promulguen, ustedes le darán esa claridad que ahora demandan a la ley.

Desde luego, se lanzan a un Plan de inspección con cinco líneas: la de velar por el respeto a los derechos de las personas, la del cumplimiento de los requisitos materiales, funcionales y funcionamiento, la de información y apoyo a responsables y a usuarios de los centros, la de optimizar la efectividad inspectora y la de evaluar los grados de cumplimiento de esta normativa.

Efectivamente, el artículo primero, nos parece muy bien que traten de poner orden y control en las secciones, que, vuelvo a repetir, aunque estaban poco coordinadas, sí que hay cartas que se cruzan remitiendo actas cuando las inspectoras en sus actas han reflejado situaciones llamémoslas incómodas, francamente mejorables, pero que nunca se dice que ha habido unos malos tratos; por lo menos, yo no lo leí en las actas. Vuelvo a decir: también a mí algunas actas me herían un poco la susceptibilidad, pero diciendo que hay que adecuarla, porque yo ya he nacido en estos temas con las nuevas leyes que reglamentan todo este tema, como es la de dependencia y como es la de servicios sociales.

Me parece muy bien que en su artículo segundo quieran incluir los centros privados y los públicos, y también los propios del Gobierno de Aragón, porque a veces, señora Gavín, creando esa alarma, se ve la paja en el ojo ajeno y no se ve la viga en el propio. Me estoy refiriendo al caso desgraciado, que les ha ocurrido a ustedes y nos podría haber ocurrido a nosotros, de Alagón. En este sentido me parece muy oportuno que ustedes no solamente se centren en los privados, que, efectivamente, son los que más incumplen; en los públicos, porque, efectivamente —yo se lo he dicho a usted y se lo he dicho también al consejero—, en muchas residencias públicas están haciendo los alcaldes muchos esfuerzos para, año tras año, con partidas presupuestarias muy pequeñas, ir adecuando las barreras, los temas de alarmas, los temas de las despensas, etcétera, poco a poco, porque tampoco andan muy sobrados los ayuntamientos que gestionan estas residencias para hacerlo, y allí habrá que tener cuidado porque hay sensibilidad para mantener estos temas.

Hay textos que habría que adecuarlos a la realidad, efectivamente. Vuelvo a repetir: coincidimos en que el Decreto 111/1992 hay que actualizarlo a la normativa.

Por otra parte, yo creo que ha incluido usted una frase en su... Porque la labor que han hecho ustedes —le vuelvo a decir— la respetamos. Creo que era una opción política, y ustedes optaron. Discrepamos en la alarma que usted y el señor Bermúdez de Castro y en las formas que ustedes manejaron, usted y el señor Bermúdez de Castro. En eso discrepamos, y permítanos la discrepancia, pero de las actas que las inspectoras tenían anteriormente en esos expedientes, que usted, en el acta que usted ha mandado hacer para hacer la foto fija de cómo se encuentran esas diecisiete residencias, ha incluido el histórico —por llamarlo de alguna manera—, y a partir de ahí ha añadido lo que las inspectoras han visto en su última visita para hacer la foto fija de la residencia, usted aporta una frase que anteriormente ninguna inspectora de la DGA, que nunca habrá visto en nuestras palabras que critiquemos su actuación —las respaldamos porque son pocas y, además, el amplio espectro en el que tienen que actuar es demasiado amplio para el poco número de inspectores que tienen ustedes en ese sentido y que teníamos nosotros—..., añade una frase en todas en donde dice... Propone el cierre, la inhabilitación del titular, la multa, inicia el expediente sancionador y añade una frase que, desde nuestro punto de vista, es peligrosa, que dice: «generando riesgo grave para las personas usuarias residentes». Esa frase yo creo que encasqueta mucho, que encasilla mucho a la consejería y a usted misma, porque, si usted detecta ese grave riesgo para las personas usuarias y lo plasma así con esa frase, que yo la respeto —usted lo ha puesto; anteriormente, yo no lo veía en ningún acta de las muchas que leí—, ¿qué hacen que no van a la fiscalía? ¿Qué pasaría si tenemos un hecho desgraciado?

Le digo esto porque quizá haya que trabajar en el tema de inspección que usted nos presenta, pero también haya que avanzar en eso que tenía que haber hecho estos seis meses antes de crear esa situación de alarma: en desarrollar la Ley de servicios sociales, suprimir los artículos que usted ha dicho que quiere suprimir y lanzar la ley de calidad. Ahí es donde yo querría haber llegado. Porque, efectivamente....

El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Señor Alonso, le ruego que vaya terminando.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Voy terminando, sí.

Me centraré ya en lo último, que es cómo lo piensa hacer usted. Pues usted piensa hacerlo con inspectores de Consumo. Nosotros hemos visto aquí al director general de Consumo venir —y a los anteriores, cuando el Partido Popular estaba en la oposición—, y reivindicaban lo poco que cobraban, los pocos que eran, el gran trabajo que tenían. No sé cómo los van a involucrar ahí. Usted viene e involucra a inspectores de Salud Pública en este tema, lo cual también nos da un cierto peligro —termino, señor presidente—. ¿Por qué? Los inspectores de Salud Pública tienen entre sus competencias vigilar los alimentos que compramos y comemos, vigilar los métodos de los mataderos, vigilar los mercados, los abastos, las tiendas y los restaurantes, los comedores colectivos, las labores de sanidad preventiva...

Los veterinarios de zona, a los que usted estos años —porque todos tenemos un recorrido—, a los que usted estos años quería poner en el mapa para centrarlos en Salud Pública y que, según fuentes del departamento que hemos leído recientemente —creo que fue el domingo—, en boca de de personal de su departamento, no se llega a todo, que actúan por prioridades, que a lo que se llega, se llega, que en verano todos sabemos lo que pasa porque hay más riesgos de toxiinfecciones, que las inspecciones que antes se hacían cada tres meses ahora se hacen cada cinco... Esto son fuentes emanadas de gente de su departamento, en particular de su dirección general, que tienen tanta legitimidad para ser escuchadas como las que escuchábamos nosotros a ustedes cuando usted venía como sindicalista o la gente que le rodea a usted anteriormente a reivindicar el papel de los médicos y sanitarios de Salud Pública; o sea, que hay que escucharles también a estos. Y se quejaba de que no asumían los nuevos trabajos. Entonces, claro, yo veo que, si han pensando en soltar a los trescientos... Porque, claro, entre los objetivos hay dos cosas discordantes. Tanto el consejero en prensa como usted aquí, señora directora, han dicho que van a hacer una acta de inspección a todas las residencias de Aragón; y, sin embargo, en el plan que nos lee y que la señora Ibeas ha nombrado también, solamente se marca un objetivo de un 5%. Pero ¿han pensado en soltar a todos los veterinarios a ver las residencias? ¿Han pensando en reconvertirlos? ¿Han pensando en formarlos? ¿Han pensado en especializarlos?

El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Señor Alonso, por favor, vaya... ¡Señor Alonso!, vaya concluyendo, por favor.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Porque en una línea sí que dice usted que los va a formar. Creo que el tema merece un poquito de por favor. Entonces, creo que, en este tema, nosotros... Resumiendo. Piénsense los temas antes de actuar, que no por mucho madrugar amanece más temprano. Estas cosas, que son temas sensibles, hay que hacerlas como ustedes crean que hay que hacerlas, con prontitud, con rapidez, pero, ¡ojo!, piensen las consecuencias que pueden tener y los mimbres que ustedes tienen para hacer los objetivos que ustedes enmarcan, porque, claro, en enero de 2013, usted —y le agradecemos eso— se marcó un compromiso de venir aquí con la memoria del 2012. Vamos a ver lo que hay, pero, de momento, usted está prisionera de la legislación que tiene, y, de hecho, en las dieciocho residencias más las otras nueve —creo que son—, en las dieciocho más las ocho del segundo bloque, que decía el señor consejero, de momento está prisionera de la normativa que usted tiene, y, por tanto, normativa que tendrá que cumplir y respetar, a no ser que la cambie.

Muchas gracias.

El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, señor Alonso.

A continuación tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario Popular, la señora Susín.

La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, señor presidente.

Quiero darles en primer lugar la bienvenida una vez más a estas Cortes al consejero de Sanidad y a los directores generales de Bienestar Social y de Salud Pública que hoy acompañan en esta comparecencia al consejero. Aunque hayan asistido a alguna crítica vacía hoy respecto al tema de las formas y no tanto del fondo, es un ejemplo de que hasta ahora no existía coordinación en este tema, y este plan, definitivamente, afronta la coordinación. De hecho, la propia señora Luquin lo ha dicho: pensábamos que se cumplía la normativa, y no se cumplía. Se ha respondido usted sola, señora Luquin. Esta es la motivación de que hoy los tres estén aquí y de que hayan venido a presentarnos este plan.

Agradecerles también que antes de finalizar este período de sesiones hayan dado traslado a estas Cortes del Plan de inspección, dando cumplimiento a un compromiso del consejero, cuando hace escasos tres meses nos decía en esta misma sala que ya se estaba elaborando este Plan de inspección de centros y servicios sociales para el año 2012, y que, además, viene a reforzar el compromiso de inspección de los centros y servicios sociales de Aragón como una herramienta que va a permitir ejercer dicha tarea de una forma óptima y eficiente, dotando al sistema de una mayor transparencia, y que en mi caso no dudo que va a tener continuidad.

El consejero, en su comparecencia, como hoy, demostró el firme compromiso de su departamento para que hechos como los que se habían detectado en algunos expedientes, y que malamente ha intentado justificar el señor Alonso, no volvieran a ocurrir en ninguna de las residencias y centros de nuestra comunidad autónoma.

La situación que ya conocíamos nos lleva a concluir que la autorización de nuevos centros y el seguimiento de los ya autorizados, así como el asesoramiento a los responsables y usuarios de los centros y la necesaria coordinación con otros órganos para lograr un mayor control y optimización de la función inspectora, hacían necesario este instrumento de planificación y ordenación, como es el Plan de inspección de los centros sociales, en este caso para el año 2012.

Evidentemente, la prioridad debe ser inspeccionar, en coordinación con la Dirección General de Salud Pública, la totalidad de las residencias de personas mayores, de discapacitados y los centros de día, así como conocer aquellos que presentan irregularidades y que no disponen de la preceptiva autorización de funcionamiento por no contar con el informe favorable de la inspección de los centros. Y, por supuesto, deben ser también inspeccionados los centros propios del Gobierno de Aragón o los centros públicos, puesto que debemos actuar, señor Alonso, de manera ejemplarizante.

Lo ha dicho el consejero: este es un instrumento que servirá para agilizar y profundizar la función inspectora de la Administración, para poner fin a la impunidad de la que algunas residencias hacían gala en el desarrollo de sus funciones y que de ninguna manera este Gobierno podía consentir.

Nuestra obligación, o su obligación como Gobierno, es actuar, y más si forma parte de las funciones de control y supervisión amparadas normativamente. Normativa que, además, como ha manifestado la directora general, se está refundiendo y clarificando en aras a la prestación de un mejor servicio con mayores garantías de calidad. La nuestra, como Parlamento, es asegurarnos de que cumplen ustedes no solo con su compromiso, sino también con su obligación, supervisando y garantizando que estos centros cumplan con todas las prescripciones legales y que sus residentes gocen, por supuesto, de las mejores condiciones de vida.

Por mi parte, señor consejero, señores directores generales, les reitero una petición que ya le hice al consejero en su anterior comparecencia respecto a la situación de las residencias y centros sociales en Aragón. Les agradecemos, por una parte, la celeridad con la que este Gobierno ha tomado medidas en garantizar en estos centros las mejores condiciones. Decía la señora Ibeas que el tema venía de octubre. El tema saltó en septiembre. En marzo, el consejero estaba aquí compareciendo, y, mientras tanto, que yo sepa, ustedes no se quedaron de brazos cruzados, sino que continuaron con esos expedientes y llegaron a cerrar o a tomar las medidas que tenían que tomar sobre los centros. Pero les pedimos, este grupo parlamentario les pide que a partir de ahora resuelvan de inmediato las posibles situaciones de irregularidad que puedan producirse, que no permitan que la situación que se ha producido en nuestra comunidad autónoma —y esto no es alarmismo: es realidad— vuelva a producirse y que, en caso de suceder, los responsables, por supuesto, no queden sin castigo, aunque, como ha dicho el señor Alonso, fueron deficiencias muy sensibles, pero simplemente deficiencias, en un intento vano de justificación. A mí, señor Alonso, cualquier deficiencia en la calidad de vida de nuestros mayores o de los discapacitados me parece muy grave.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, señora Susín.

Para responder a los comparecientes, tiene la palabra el señor consejero por tiempo de diez minutos.

El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Muchas gracias, presidente.

Voy a intentar responder a las cuestiones que se han planteado. En alguna de las cuestiones pediré a mis compañeros de mesa que complementen lo que yo pueda decir.

Respecto al plan, al tamaño del plan, vamos a ver, creo que todos estamos cansados de ver planes estratégicos de muchos kilos de peso y muchos kilos desde el punto de vista económico. También estamos cansados de ver muchos planes de estos que acaban en la estantería. Quiero decir con esto que, aquí, lo que se pretende es cumplir un objetivo y que en el mínimo tiempo posible y con recursos propios se ha articulado un documento que es un plan, nos guste o no nos guste, que tiene por objetivo lo que he comentado antes: velar por el cumplimiento de unos derechos, apostar por el cumplimiento de la normativa y la obligación de la Administración pública, en este caso de esta consejería, y, por supuesto, buscar la máxima coordinación entre los recursos de inspección que tiene a su disposición esta consejería.

Es verdad que no tiene un preámbulo como cualquier otro plan de los que estamos acostumbrados a evaluar o a leer, y no tiene un preámbulo porque, precisamente, desconocemos la situación de la que partimos, y ese es uno de los motivos por los que se hace el plan de inspecciones. Desconocemos la situación de la que partimos. Estamos hablando de que todas las residencias, la mayor parte, cumplen, y, efectivamente, yo lo quiero creer, yo me lo creo incluso, pero no tengo constancia de que sea así, y quiero tener constancia, quiero tener constancia de que la mayor parte de las residencias, como seguramente será, cumplen con la normativa. Pero nadie puede asegurar en estos momentos que es así, y es una duda que, como comprenderán, ningún gobernante se puede guardar en el tintero. Y eso obliga de entrada a saber cuál es la situación de cada una de las residencias en relación con el cumplimiento de las normas establecidas. Y no es alarma social. Cumplir con las normas, cumplir con la ley no es crear alarma. Cumplir con la ley no es crear alarma. Lo que crea alarma es no cumplir con la ley.

Y, además, una cuestión. El hecho de que hayamos comenzado este proceso de inspección, porque ya ha comenzado, el hecho incluso de que nos hayamos tomado en serio la reinspección y la inspección y el procedimiento sancionador, en su caso, de las residencias con expedientes que nos encontramos en el mes de octubre han significado que muchas de las residencias que podían tener alguna deficiencia han actuado en consecuencia y están mejorando la calidad de sus servicios para ajustarse a la normativa. Y eso creo que ya, por el simple hecho de manifestarlo, ya es bueno, porque marca bien a las claras que la intención de este Gobierno es velar por el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos y por el cumplimiento de las obligaciones de las residencias, y esto ya determina que muchas de ellas, que pudieran estar, como digo, en situación irregular o con alguna deficiencia del grado que sea, se lo están tomando en serio para subsanarlas incluso antes de que procedamos a la inspección. En el caso de que no lo vieran posible, y ahí están los ejemplos, algunas de ellas han decidido incluso cerrar antes de arriesgarse a la sanción —de tipo económico, de tipo de cierre— procedente en cada caso. Y hay dos ejemplos que lo demuestran.

Tiene razón, señora Ibeas —hemos hablado de ancianos; quizá nos hemos centrado en este tema—: son todo tipo de residencias: ancianos, discapacitados, también centros de día. Lo que son centros asistenciales de cualquier tipo.

Hay una cuestión que quizá no ha quedado clara, y es la organización que se va a seguir de la inspección, y voy a intentar explicarlo, pero voy a pedir la colaboración de mi compañero Francisco Sancho para complementarme.

Vamos a ver. Se incrementa la inspección que articula directamente la Dirección General de Bienestar Social y Dependencia en un 5%. La inspección que venía haciendo Salud Pública, que ahora amplía sus ítems, como ha comentado, a más cuestiones, ya se estaba realizando en los centros residenciales, pero solamente para unas cuestiones concretas, y ahora amplía su ámbito de actuación, y va a pasar de dos a cuatro inspecciones anuales, con la obligación que tiene cualquier funcionario, no solamente los de Salud Pública, de avisar al órgano administrativo competente en la materia, la Dirección General de Bienestar Social y Dependencia, de cualquier irregularidad que perciba en relación con los centros asistenciales que esté inspeccionando como consecuencia del ejercicio de sus competencias. Y eso es lo que vamos a hacer. Salud Pública va a inspeccionar todas las residencias. Tiene trescientas y pico personas en el territorio, en todo el territorio —y de ahí el prácticamente cero coste económico—, que se dedican habitualmente a esto. Van a ampliar su ámbito de actuación. Y, en el momento en que detecten alguna irregularidad que concierna a Bienestar Social y Dependencia, lo pondrán en comunicación de Bienestar Social y Dependencia para que se actúe sobre esa residencia, además de las que se van a inspeccionar de oficio por parte de Bienestar Social y Dependencia. De esta forma, todas van a ser inspeccionadas, en una labor de coordinación que creo que con mi explicación queda clara.

Efectivamente, señora Luquin, hay centros sin autorización. Y comprenderá que tampoco podemos proceder a sancionarlos de un día para otro, sino que lo conveniente, precisamente para no crear la alarma social de la que ustedes nos acusan, es darles un margen para subsanar las deficiencias, en algunos casos exclusivamente administrativas, que han provocado no tener esa autorización de apertura.

La ley que hemos comentado queremos y pensamos que estará finalizada, en cuanto a lo que es el texto, que luego seguirá su proceso normativo correspondiente, para finales de este año.

Y, señor Alonso, a lo que sí me comprometo, y usted lo sabe, es, en este tema y en todo lo que tenga que ver con regulación en esta materia, a hablar todo lo que tengamos que hablar para llegar a un acuerdo —lo mismo le digo al resto de los grupos—, porque estas cuestiones creo que tienen que estar al margen de cuestiones partidistas, como bien ha apuntado la señora Luquin. En todo este proceso estaremos abiertos a hablar y a debatir antes de que se introduzca la ley en el ámbito parlamentario.

Hay más cuestiones que tenía aquí apuntadas. Ha comentado, señora Ibeas —creo que al resto de cuestiones más o menos le he respondido—, que hemos estado mucho tiempo sin decir nada después de haber encontrado veinticinco expedientes. Los encontramos en octubre. Inmediatamente se procedió a lo que creo que teníamos que hacer, que era comprobar mediante una reinspección si las circunstancias que se constataban en esa documentación se seguían manteniendo, y es lo que hicimos inmediatamente. Es un proceso que, evidentemente, tuvo su tiempo, y, a partir de ahí, se iniciaron los procedimientos administrativos correspondientes a cada uno de los casos en función de las circunstancias detectadas en cada una de las residencias.

Señor Alonso, me sorprende, porque no era el motivo de esta comparecencia, que dedique la mayor parte de su tiempo de intervención a justificar algo que, como digo, no era motivo de esta comparecencia.

Respecto a lo de la puntualización del grave riesgo, voy a pasar la palabra a mi compañera de mesa, pero creo que cuando se pone eso es porque en algunos casos, efectivamente, habría grave riesgo. No me discutirá que existe grave riesgo para la salud y otras cuestiones, en este caso de los ancianos, por el hecho de que se cierre una residencia por la noche y se deje a los ancianos sin vigilancia durante toda la noche con los ancianos dentro. Eso creo que, dadas las circunstancias por las que muchos ancianos pasan, no es una práctica que vaya precisamente a favor de limitar el riesgo para la salud y para otras cuestiones de estos ancianos.

Respecto a la modificación de la normativa, ya he comentado que en todo este proceso estaremos a su disposición para hablar de lo que tengamos que hablar.

Y, respecto a coordinación, que ha apuntado que quería conocer en más profundidad, de la Dirección General de la Salud Pública, creo que la he explicado en la primera parte de mi intervención.

La señora directora general de Bienestar Social y Dependencia (GAVÍN CLAVER): Gracias.

Yo únicamente comentar, como bien decía el consejero, que las actas las escriben los inspectores de centros sociales, y, como usted sabe y como usted pudo comprobar durante las cuatro jornadas de trabajo, el tiempo que estuvo, no han cambiado ni los inspectores ni ha cambiado la legislación; solamente ha cambiado el titular del departamento, es decir, la gestión del departamento. Sí, empezamos en octubre, cierto es, empezamos en octubre a detectar esto —finales de septiembre, si no recuerdo mal—. Tomamos posesión en agosto. Porque lo que usted ha comentado aquí, que fue el resumen de toda la jornada de trabajo, como digo, eso a nosotros no se nos comunicó; lo tuvimos que averiguar fruto del trabajo que venimos haciendo desde agosto. Quiero decir que no han cambiado ni la legislación ni el cuerpo inspector; lo único que hemos hecho ha sido incrementar la efectividad de la inspección creando este Plan de inspección y este acuerdo de colaboración con diferentes cuerpos inspectores. Y en primera instancia tenemos Salud Pública, pero, como ha comentado el consejero, estamos trabajando también con Consumo y con Trabajo. Quiero decir que nosotros, únicamente, lo que hacemos es hacer el trabajo y dedicarnos en cuerpo y alma a velar por las personas que están en esta situación y que lamentablemente encontramos. Ojalá no hubiéramos tenido que empezar a hacer un Plan de inspección, pero realmente es en lo que nos estamos volcando en el Servicio de Planificación.

Luego, para añadir, sí que quiero decir que las quejas registradas desde el año 2000 hasta ayer son quinientas cinco quejas. El promedio anual de quejas registradas en el Servicio de Planificación y Ordenación de Servicios Sociales son cuarenta y dos. Desde agosto, que llegamos nosotros, hasta octubre recibimos doce quejas. Quiero decir que yo, personalmente, abrí los registros de esas quejas. Y, además, debo decir que, en 2010, hubo cuarenta y una en el sentido de que de las cuarenta y dos quejas que habíamos recibido actuamos en cuarenta y una. Y, como promedio mensual de las quejas recibidas, tenemos unas dos o tres mensuales.

Quiero decir que es una prioridad para la dirección general y para la consejería colaborar todos los cuerpos de inspectores que estamos bajo la coordinación del consejero y, evidentemente, haremos cumplir la legislación y mejoraremos la legislación que tenemos actualmente porque, como usted sabe, después del decreto del noventa y dos, salió el código de edificación técnica, el nuevo código, que también estamos aplicando. Por lo tanto, vamos a ir en línea con la normativa de otras comunidades autónomas que aquí en Aragón, porque ustedes no tuvieron tiempo en el año 2010, no pudieron poner en marcha, y nosotros vamos a trabajar ahora.

Gracias.

El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Va a concretar un poco más Francisco Sancho el tema de la coordinación entre Dirección General de Salud Pública y Bienestar Social.

El señor director general de Salud Pública (SANCHO CUARTERO): Voy a seguir el orden para tratar de aclarar alguna duda que se presenta.

Lo primero que quiero hacer constar es que yo no veo aquí ninguna alarma social. Lo que se trata de hacer es crear un sistema de detección de problemas que se puedan dar dentro de las residencias. Y lo que se trata de hacer es establecer una comunicación entre Bienestar Social y Salud Pública, de cara a que, si nosotros detectamos cualquier problema de higiene en los residentes o higiene en el establecimiento, de unas competencias que se refieren a Bienestar Social, se lo vamos a comunicar. Eso lo establecemos en un protocolo. Pero, además, como funcionarios, tenemos la obligación de denunciar cualquier aspecto que incumple la ley. Eso lo dice la Ley de la función pública, de hace un montón de años. Yo, cuando he entrado en esta sala, no me he alarmado por ver detectores de humo; al contrario: me he tranquilizado. De lo que se trata es de establecer un detector de humo, por llamarlo de alguna manera, en esas residencias.

Voy a seguir.

Antes, mis antiguos compañeros —ahora ya, como director general, tengo otras funciones— de Salud Pública, tanto veterinarios como farmacéuticos, tenían una visión muy parcelada de lo que era la inspección. Se referían sobre todo a higiene alimentaria. Hay un decreto de 1989 que le quiero especificar al señor Alonso, que hace ya veintitrés años de este decreto, donde se relatan todas las funciones que tienen los veterinarios de Administración sanitaria. Después hay una ley posterior de farmacéuticos que también así lo da. El informante que ha tenido el periodista que publicó ese artículo yo creo que se lo tiene que leer —es muy legítimo que así lo haga—, y en ese decreto vienen las competencias que tienen los profesionales de la salud pública. Y se lo voy a recalcar: son de promoción de la salud, de educación para la salud, de vigilancia, de higiene alimentaria, de salud ambiental, de legionela, de aspectos relativos a los manipuladores de alimentos... Bueno, y un montón de cosas más. Un montón de cosas más que, además, curiosamente estaban reflejadas en un plan estratégico que hizo su Gobierno en 2006, pero que, cuando nosotros tomamos posesión o cuando yo tomé posesión de mi cargo, sorpresa fue que no se había hecho absolutamente nada, que no se había adelantado. Y lo que sí que es cierto es que en estos veintitrés años, e incluso en estos seis años que no se ha hecho nada, la salud pública o las estrategias de salud pública van encaminadas hacia los determinantes de salud, y en eso tenemos que estar. Y lo que usted me ha dicho es una visión un tanto anticuada y parcelada de lo que es la salud pública.

Después —ya es a título personal—, no me ubica, pero nos tomamos un café, y las próximas reuniones ya me ubicará. Y yo lo único que no he sido nunca es sindicalista, salvo en estar afiliado, y yo no he estado compareciendo nunca aquí ni reivindicando absolutamente nada. Que no, que no, que no...

En cuanto a otras dudas que se les han presentado a la señora Luquin y a la señora Ibeas, les quiero decir que sí se cubren todas las funciones y cargas de trabajo en cuanto a la gente que tenemos en el territorio. No es ningún problema ni una sobrecarga de trabajo establecer cinco puntos más de inspección, que son simplemente de observación. O sea, los profesionales que están en el territorio llevan muchos años trabajando y saben perfectamente..., cuando entran, perciben unos signos que les están diciendo si eso está bien o está mal.

¿Formación suficiente? Por supuesto. Son médicos, farmacéuticos y veterinarios. Licenciados; algunos, doctores, y con mucha experiencia. Yo pongo la mano en el fuego por la formación de los profesionales de salud pública.

Y, en definitiva, lo que se va a hacer es controlar unos cuantos aspectos más, muy pocos, que no cuesta absolutamente nada, no les supone un sobreesfuerzo añadido a los inspectores, pero que sí que establecen el sistema de detección que queremos establecer para cualquier riesgo que se pueda prever, o que se detecte, o que sea real ponerlo en contacto de las autoridades que sean: Bienestar Social para que intervenga o incluso nosotros, que tenemos capacidad para clausurar y hacer suspensiones cautelares de actividad.

Creo que he sido claro. De todas maneras, me tienen a su disposición —no aquí, sino en la dirección general— por si tienen alguna duda más.

Muchas gracias.

El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Pues, por nuestra parte, nada más, salvo agradecer el tono de las intervenciones, y espero que la explicación haya sido suficiente.

El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, señor consejero y directores generales.

Suspendemos brevemente la comisión para despedirles.