Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón
Comparecencia del Presidente del Tribunal Superior de Justicia para informar sobre los datos recogidos en la Memoria sobre el estado y funcionamiento de los órganos jurisdiccionales en Aragón.
Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón n°: 038 de Serie B (III Legislatura)
Intervinienen:
El señor PRESIDENTE (CRISTOBAL MONTES): (Comienza la Sesión a las once horas y cuarenta y cinco minutos.) Comparece hoy ante la Comisión Institucional el excelentísimo señor Presidente del Tribunal Superior de Justicia, para celebrar una sesión informativa en relación al informe judicial del año 1991, que ha remitido a las distintas instituciones a petición propia con mucho gusto.
La Comisión Institucional, que presido circunstancialmente en este momento, va a escuchar las explicaciones del compareciente, el cual, amablemente, se someterá después a las preguntas e interrogantes que los Grupos y Diputados quieren presentarle.
Señor San Román tiene la palabra para su exposición.
Comparecencia del Presidente del Tribunal Superior de Justicia para informar sobre los datos recogidos en la Memoria sobre el estado y funcionamiento de los órganos jurisdiccionales en Aragón.
El señor PRESIDENTE del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (SAN ROMAN MORENO): Muchas gracias, señor Presidente.
Si ustedes están dispuestos a escuchar, les voy a facilitar la información, que no es otra que la contenida en la Memoria correspondiente al ejercicio del año judicial del año 1991. Constituye para mí un honor, a la par que una responsabilidad, comparecer ante la Comisión Institucional de las Cortes de Aragón para ofrecerles información sobre la situación, estado y funcionamiento de los órganos jurisdiccionales con sede en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Pienso que esta comparecencia es el ejercicio de un uso democrático, que no está dispuesto ni impuesto por ninguna norma, pero que si se quedase simplemente en esa formalidad tampoco resultaría muy positiva. La finalidad fundamental de la comparecencia del Presidente del Tribunal Superior de Justicia ante la Comisión Institucional de las Cortes de Aragón es ofrecer a las Cortes de Aragón la colaboración de la Presidencia y recabar la colaboración de las Cortes de Aragón, con las que sé que cuento de antemano.
Aunque la Administración de justicia sea una competencia exclusiva del Estado y sean pocos los artículos del Estatuto de Autonomía de Aragón dedicados a la Administración de justicia y a pesar de que estas competencias hayan sido, de alguna manera, según entiende la generalidad de la doctrina, recortadas por las sentencias pronunciadas por el Tribunal Constitucional en el mes de marzo de 1990, sin embargo, creo que es beneficioso para todos y, sobre todo, con cierto egoísmo, desearía que lo fuese para la Administración de justicia en Aragón, dar a conocer y tener informada a una comisión tan importante como es la Comisión Institucional, del estado y situación de la Administración de justicia.
Para facilitar las preguntas y observaciones que Sus Señorías puedan hacerme en esta comparecencia, voy a seguir, en principio, muy brevemente y de una manera sistemática, el orden, el método establecido en la Memoria remitida al Consejo General del Poder Judicial.
Empiezo entonces por el examen de funcionamiento de las distintas salas que componen el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. La sala de lo civil y penal, constituida, como el Tribunal Superior de Justicia, el 23 de mayo de 1989, se compone, desde el principio y hasta el momento actual, de su Presidente y cinco Magistrados. Ahora, desde el mes de octubre pasado, hay una vacante de Magistrado de carrera, al haber sido destinado a petición propia a presidir unas sesiones de la Audiencia Provincial. Esta sala, en los tres años que lleva de ejercicio, únicamente ha registrado diez recursos de tasación, de los cuales ha resuelto ocho, mañana se celebrará la vista del noveno recurso de tasación. Ha resuelto también seis cuestiones de competencia entre audiencias provinciales y una cuestión de competencia entre juzgados de primera instancia en distinta provincia.
Como sala de lo penal ha tramitado tan solo un antejuicio contra jueces y varias causas que se han instruido contra personas aforadas en los artículos 18, 6 y 25 del Estatuto de Autonomía de Aragón o del artículo 73.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, relativo a Jueces, Fiscales y Magistrados y en todas ellas, hasta ahora, se ha dictado auto de sobreseguimiento o archivo.
La sala de lo contencioso-administrativo es de las tres salas que componen el Tribunal Superior la que trabaja con un mayor agobio debido a la exorbitante carga competencial que soporta. Como saben ustedes, conocen en primera instancia, además, tramita todos los recursos contencioso-administrativos que se interponen contra las resoluciones pronunciadas por las instituciones autonómicas o diputaciones provinciales o ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Aragón, además de las competencias que tiene en relación con los órganos de la Administración general del Estado. Esta sala encontró un ligero alivio en su funcionamiento cuando, el 1 de octubre de 1990, se creó una nueva plaza de magistrado, y ahora, recientemente, a partir del 1 de abril, ha tenido efectividad la creación de una nueva plaza de magistrado en esta sala, suerte que ha permitido a la sala constituirse en dos secciones funcionales. No obstante, son insuficientes para atender el número de recursos que se registran en el año 1991. El año terminó con mil novecientos sesenta y un asuntos, recursos, seiscientos cincuenta y seis más que en el año 1989, y en atención a esas circunstancias se ha solicitado la creación de una sección tercera en la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia, una sala que, cuantitativamente, resuelve muchos recursos, pero que tiene muchos pendientes y, cualitativamente, es una sala muy aterizada.
En cuanto a la sala de lo social, por lo menos en Aragón, constituye uno de los aciertos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1 de julio de 1985, pues esta sala, que conoce de los recursos de suplicación en materia social y laboral que se interponen contra las sentencias pronunciadas por los juzgados de lo social del territorio de Aragón, resuelve, generalmente en un plazo inferior a los seis meses, los recursos que antes de su ubicación se remitían al Tribunal Central de Trabajo, que se suprimió al constituirse los Tribunales Superiores de Justicia. El Tribunal Central de Trabajo, debido a la escasa dotación de magistrados y al elevado número de recursos que tramitaba, tardaba años en resolver estos recursos.
En el año 1991, la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha registrado mil ochenta y siete recursos y ha resuelto más de ochocientos. Respecto a la Audiencia Provincial de Zaragoza, recientemente, a partir del día 1 de abril del corriente año, la creación del decimoquinto, o la dotación del decimoquinto magistrado de esta audiencia permitió la creación y la constitución de una nueva sección, la sección quinta de la Audiencia Provincial de Zaragoza.
La sección primera y la sección tercera conocen de causas y recursos de apelación interpuestos en materia penal contra los juzgados de nuevas sentencias pronunciadas por lo penal y los juzgados de instrucción en juicios de faltas; la sección tercera, la sección segunda, la cuarta y la quinta se dedican exclusivamente a conocer en lo civil de la sentencia de varios recursos que se interponen contra las resoluciones pronunciadas por los juzgados de primera instancia de Zaragoza, y de la provincia de Zaragoza. Funciona bien, pero tiene asuntos atrasados -no muy atrasados en la sala de la sección de lo civil, que es donde están trabajando con un mayor intensidad de trabajo- porque los que tienen procedimiento ordinario, emplena un año en su resolución; indudablemente, supondría un gran mejoramiento para la Administración de justicia el que un recurso de apelación no tardase un año, quizás un mes, pero mientras no se dote de un mayor número de magistrados a estas secciones no es posible conseguir reducir ese tipo de espacios.
La Audiencia Provincial de Huesca también realiza una labor importante. Está compuesta de su presidente y dos magistrados, pero, con el número de asuntos que actualmente registra, sería posible, y así se ha solicitado en la Memoria de 1992 para el año 1993, la dotación de una cuarta plaza de magistrado para esta audiencia provincial.
La Audiencia Provincial de Teruel funciona sin ningún problema; es una audiencia que tiene una carga competencial muy reducida. Lo que sí querría decir es que en relación con la Audiencia Provincial de Zaragoza, que en los años noventa y uno y noventa y dos se está consiguiendo o se ha conseguido, al menos, la dotación de todas aquellas necesidades que se sentían, a diferencia de lo que ocurrió en años anteriores, y no solo en los jurisdiccionales de Aragón, también se ha notado una notable mejoría, una mejor sensibilización, tanto del Consejo como del Ministerio de Justicia, en orden a la creación de nuevos órganos jurisdiccionales en Aragón.
En Zaragoza, concretamente el 1 de septiembre del 1991 entraron en funcionamiento los juzgados de primera instancia once y doce; en este mes, el día 5, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado un Real Decreto por el que se crean los juzgados de primera instancia trece y catorce, en Zaragoza, y los juzgados de lo penal de Zaragoza, números cinco y seis. Los juzgados de lo penal de Zaragoza están soportando una carga competencial muy elevada y la creación del cinco y el seis permitirá mejorar los servicios en ese orden jurisdiccional, sin perjuicio de que ya hemos solicitado la creación del número siete, porque los juzgados de lo penal ahora son los que soportan una mayor carga competencial en materia delectiva, que ha disminuido correlativamente en las audiencias provinciales.
Esto en cuanto a los órganos y a las necesidades personales. En cuanto a las medidas de medios materiales, la informatización consideramos que es fundamental para el mejor funcionamiento de los servicios jurisdiccionales; la informatización que existe actualmente en algunos juzgados de Zaragoza es muy rudimentaria, en este aspecto, en el mes de marzo, tuve el honor de tener una conversación con el excelentísimo señor Presidente de la Diputación General de Aragón, al que remití un escrito para iniciar unas conversaciones, al objeto de lograr un convenio entre la Diputación General de Aragón, el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia para la informatización, al igual que existen en otras Comunidades Autónomas tan próximas como La Rioja y Navarra y en otras, de los órganos jurisdiccionales en Aragón.
Otras necesidades de tipo material son: la terminación, la urgente terminación de las obras del nuevo edificio de los juzgados de Zaragoza; la construcción de un edificio para los juzgados en Jaca, porque, además de ser el actual insuficiente, no ofrece instalaciones adecuadas, y no digo ya de comodidad, para los funcionarios, y la reforma y acomodación del edificio del Banco de España, en Huesca, donde irían a instalarse todos los juzgados de primera instancia de todos los órganos jurisdiccionales de Huesca, ahora dispersos en tres edificios distintos.
Con ello termino mi exposición, pidiéndoles disculpas por la extensión de la misma, y me someto, quedo a su disposición para las preguntas o consideraciones que tengan a bien formularme.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE (CRISTOBAL MONTES): Muchas gracias, señor San Román.
¿Consideran los Grupos necesario el receso tradicional de diez minutos o un cuarto de hora o creen ustedes que podríamos continuar la Sesión sin suspenderla? En ese caso, los Grupos Parlamentarios, los Portavoces podrán exponer sus planteamientos y luego habrá un turno para los Diputados.
El Portavoz del Grupo Parlamentario Convergencia Alternativa de Aragón-Izquierda Unida tiene la palabra.
El señor DIPUTADO (BURRIEL BORQUE): Gracias, señor Presidente.
Yo quisiera comenzar agradeciendo al excelentísimo señor Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón su presencia, saludarla e, incluso, si me lo permite aplaudirla, y lo digo porque es una comparecencia que se celebra por decisión propia y que, cuando menos, expresa el reconocimiento que se hace a las Cortes de Aragón y, al mismo tiempo, pone de manifiesto la condición y el talante del compareciente; además, con un doble motivo, porque, efectivamente, las competencias que tenemos en la Administración de justicia en la Comunidad Autónoma son reducidas, incluso, desde el marzo del noventa, más reducidas de lo que pensábamos que estaban y, por tanto, esa consideración que esta comparecencia ofrece yo creo que es doble, y así debe ser reconocida. Por tanto, tenga el reconocimiento particular de este Portavoz y del Grupo al que represento: Convergencia Alternativa de Aragón-Izquierda Unida.
Y dicho esto, me gustaría, con brevedad, hacer algún tipo de breve reflexión. Creo que ninguna sorpresa causa el que comentemos que hay hoy una notable desconfianza entre los ciudadanos por la Administración de justicia, yo creo que es así, es bueno decirlo y no hay ningún problema en que se sepa, es más, a mí particularmente me parece que este es uno de los principales problemas de credibilidad que puede haber en una sociedad democrática. Desconfianza que nace -incluso, creo que hay algún estudio hecho sobre ello- de distintos factores: nace de las excesivas trabas procesales, posiblemente; nace, y entiéndase como lo digo, de las interferencias que existen, no en cuanto a la independencia, no en cuanto a la aplicación y ejecución de la Ley, a veces, incluso, entre el poder ejecutivo y la Administración de justicia; a los escasos, dramáticamente escasos, como se pone de manifiesto en la Memoria, medios técnicos de los que se dispone para administrar la justicia; a la falta de comunicación que existe, me consta, entre poder ejecutivo y Administración de justicia, muchas de las reformas que se plantean, si no estoy equivocado, se conocen a veces por la propia Administración de justicia, por la prensa, y, además, se conocen tarde, y, tal vez, también yo creo que se deben a la escasa autocrítica que hay dentro de la propia Administración de justicia. Muchas de estas deficiencias, una buena parte, sin duda alguna, se recogen en la Memoria; no haré consideraciones sobre la mayor parte de ellas, sino, en exclusiva, sobre las que en la Memoria se detallan.
La primera cuestión que destaca, que se pone de manifiesto, incluso, en la primera lectura rápida, es que en Aragón, en otras comunidades también, los problemas de escasez técnica son, como decía hace un momento, dramáticos. Me consta por experiencia personal que los pasillos del edificio del juzgado, cuando no los de la calle San Andrés, se encuentran cargados de legajos y papeles, que agentes oficiales y administrativos ocupan puesto fuera de los despachos, que es difícil en ocasiones saber a qué juzgado pertenece cualquiera de los funcionarios con los que uno se encuentra; es sorprendente que no desaparezcan expedientes, porque, desde luego, sería relativamente fácil perderlos entre la maraña de legajos y relativamente fácil sustraerlos por aquel que quisiese y tuviese la oportunidad de sustraerlos.
Yo creo que el problema de espacio físico, el problema de ubicación, es un problema que no solamente influye en lo que puede ser el funcionamiento técnico, sino también en el funcionamiento final y, por tanto, en el trato final y en la calidad de la justicia que se da a los administrados. Creo que este es un problema serio, es tremendo que la construcción del edificio de juzgados pendiente en esta Comunidad, si no me falla la memoria, tenga catorce años de retraso, creo que son catorce años los que lleva pendiente, que cuando el edificio se termine, si es cierto que se termina en julio, tengamos de nuevo necesidades de espacio y que haya que adecuarlo. Todavía no existan proyectos para el edificio que actualmente se usa en la plaza del Pilar; sigue existiendo una disposición de juzgados y, ahora que recientemente y afortunadamente la ampliación de juzgados se produce, todavía el espacio va a ser más indispensable; la Audiencia, el palacio de los Luna, se encuentra en la situación en la que se encuentra, y en Jaca, comentaba y comenta la Memoria, incluso, en Huesca, existe una gran dispersión, hay algún local que no se sabe de quién es y se está usando, según se dice en la propia Memoria, yo creo que son datos, decía hace un momento, dramáticos, pero la verdad es que ponen en evidencia con claridad cuál es la situación en la que se encuentra la Administración de justicia en esta Comunidad.
¿Qué se puede hacer desde esta instancia? Supongo que es una pregunta que merece la pena responderse, si esa alternativa existe. Yo creo que siempre se pueden hacer cosas; creo que siempre se puede instar, que siempre se puede procurar, que siempre se puede compartidamente exigir y que, cuando es razonable la exigencia, esa forma compartida de pedir debería ser uno de los fines, una de las posibilidades que entre todos nos planteásemos.
Yo quiero dejar constancia aquí, al hablar de este tema, de que quizá no fuese descarriado que todos los Grupos Parlamentarios, y, por lo tanto, me dirijo en general a todos, instásemos a quien corresponda, y corresponde a la Administración central, para que las medidas materiales que están previstas, algunas en la Ley, proyectadas otras, pendientes de proyección muchas de ellas, pero indispensables ya, se tomasen las providencias necesarias para que pudiesen estar en funcionamiento en el menor breve plazo posible, y en lo que valga la presión, la opinión de estas Cortes de Aragón, y hay instrumentos no cabe ninguna duda para poderlo plantear, yo creo que sería uno de los favores, si se puede entender así, que estaríamos en condiciones de procurar a la Administración de justicia. La Administración de justicia en Aragón ya que no es la Administración aragonesa, en términos amplios, dado las competencias que tenemos. Por tanto, ésa sería una de las reflexiones iniciales que a mí me gustaría hacer y que me gustaría señalar.
Pero, si me permite también, señor Presidente del Tribunal Superior, yo haría dos o tres preguntas que, al menos, me resolverían algunas dudas que tengo planteadas. La primera de ellas sería: ¿se está haciendo algo, se hace algo realmente desde las instancias aragonesas para procurar una adecuación en la formación judicial, en el reciclaje de los jueces? Lo digo porque tengo la impresión, permítame que lo diga con claridad, de que hay un cierto desinterés cuando se trata de adecuar los conocimientos técnicos a las nuevas necesidades que van apareciendo. En foro de derecho, celebrado recientemente en colaboración con el Justicia, creo que también con la Comunidad Autónoma, resultaba sorprendente que, a pesar de la gran cantidad de profesionales del derecho presentes, únicamente un par de jueces y usted estuvieran presentes a lo largo del mismo; yo creo que es sorprendente este tipo de cuestiones, por eso pregunto: ¿existen algunos mecanismos de adecuación, de reciclaje?, ¿se van a poner en marcha?, ¿se están poniendo en marcha?
Las mesas de seguimiento de la Administración de justicia, ¿están funcionando?, ¿funcionan?, ¿están previstas?, ¿se cree que pueden continuar existiendo? Yo creo que no sería descabellado que estas mesas, que tiempo algún tiempo existieron, al menos parcialmente, en Aragón, pudieran seguir en el supuesto de que no estén. Sería interesante que pudieran funcionar lugares de encuentro donde los distintos sectores que participan de la Administración de justicia, desde abogados a jueces, pasando por secretarios, por oficiales, por agentes, se reunieron para conocer, para intercambiar puntos de vista, comunicaciones, opiniones, formas de trabajo común.
En todo caso, porque lo desconozco y aunque sé que es un tema evidentemente complejo, me gustaría saber si estas mesas de seguimiento de la Administración de justicia, que creo que ése era el nombre que se les daba, siguen existiendo.
Una tercera pregunta, si me permite. Las cuestiones nuevas que aparecen exigen una atención jurídica a veces muy particularizada, como puede ser las cuestiones derivadas de la aplicación de la Ley de extranjería, ¿se están adoptando o no se podría crear algún tipo de cursos, de mecanismos de formación, para que la adecuación entre la práctica y la propia legalidad nueva respondiese a lo que yo creo que, en estos momentos, son necesidades que hay en esta sociedad, también en esta sociedad aragonesa?
Estas cuestiones quizá alguna otra al hilo de sus respuestas, son las que se me ocurren en esta intervención. De cualquier manera, reitero las gracias por su comparecencia en esta Comisión y, en todo caso, mantengo esa oferta, si así se quiere llamar, de intervención de las Cortes sobre todo en relación con la situación material que tiene la Justicia de Aragón ante la propia Administración.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE (BIARGE LOPEZ): Gracias, señor Burriel.
¿El señor Presidente San Román desea contestar individualmente a los Portavoces? Tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (SAN ROMAN MORENO): Muchas gracias, señor Diputado, por sus amables palabras y, además, por la radiografía, yo diría que casi perfecta, que ha hecho de la situación de la Administración de justicia en algunas de sus dependencias en Aragón y, muy concretamente, en los dos edificios que albergan a un mayor número de órganos jurisdiccionales en la ciudad de Zaragoza.
Ciertamente que es preocupante y hasta sonrojante para el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón el reconocer que las dependencias de la calle de San Andrés y las de la plaza del Pilar no ofrecen aquella dignidad que una oficina judicial debería ofrecer, no sólo a los ciudadanos, sino a los funcionarios que trabajan en ella. Para el ciudadano tiene que ser ciertamente alarmante, no digamos más para los profesionales del derecho, el reconocer, el ver, el observar que en los pasillos de los juzgados no existen los agentes judiciales que deben estar donde han estado siempre, sin perjuicio de que tengan sus medios técnicos y sus comodidades, porque desarrollan una función, un servicio público tan noble como puedan ser otros servicios públicos que se consideran de más elevada categoría.
Pero tampoco la terminación del nuevo edificio de los juzgados -que ya no se prevé para el mes de julio, sino que se prevé, como muy pronto, para el mes de octubre, y yo hasta dudo que sea en el mes de octubre, y eso para empezar la creación de nuevos órganos jurisdiccionales en Zaragoza- va a ser la solución, porque solo se van a poder instalar en ella, en ese edificio, veintiocho órganos jurisdiccionales, más el juzgado de guardia y la clínica médicoforense. El edificio quizá sea uno de los mejores concebidos en España para realizar un servicio como es el de la Administración de justicia, pero, claro, este proyecto se ha retrasado de una manera que ya ha superado el plazo previsto en los presupuestos generales del Estado, y por el Ministerio de Justicia, en concreto, para la construcción del edifico de los juzgados de Zaragoza. Como supongo ya saben, ha estado parada la construcción durante todo un año por falta de entendimiento, entre el Ministerio y la empresa constructora, para lograr una ampliación de la cantidad presupuestada para construir el edificio de los juzgados, como consecuencia de nuevas obras que surgieron y la prolongación en el tiempo de las obras más de lo deseable. Esperamos y confíamos que la terminación de este nuevo edifico permita ya reunir todos los órganos jurisdiccionales, y también personales, de Zaragoza en ese nuevo edificio y en el edificio de la plaza del Pilar previa su reacomodación. Como Su Señoría ha dicho, parece que todavía no está proyectada más que una planta, la planta que va a utilizar el decanato, y, como quiera que los juzgados de lo social son de los más dignamente instalados, en la calle Capitán Portolés, ésos, de momento, no se van a mover, además, todos los órganos judiciales de ese orden jurisdiccional están reunidos en un mismo y único edificio; sí se van a poder trasladar los juzgados de la calle Costa, se van a poder trasladar los juzgados de instrucción de la calle San Andrés al nuevo edificio y se van a instalar allí todos los órganos jurisdiccionales, no los de lo penal, que también están trabajando con mucha incomodidad, y todos los nuevos juzgados de lo civil y, de esa forma dignificaremos de alguna manera la prestación de los servicios de la Administración de justicia en Zaragoza.
Toda esa serie de problemas que Su Señoría ha expuesto los conoce la Presidencia de la Audiencia del Tribunal Superior de Justicia, pero es muy difícil solucionarlos mientras no dispongamos de más espacio y de espacios dignos. Entonces, los legajos estarán en su sitio y los funcionarios tendrán sus despachos y oficinas, de esta forma, trabajarán con la suficiente dignidad para ofrecer, a su vez, a los ciudadanos un muy digno servicio de la Administración de justicia, servicio que no se basa únicamente en la dignificación de las oficinas, sino también en que el trabajo que desarrollen los funcionarios esté bien hecho. En eso, normalmente, creo que en Aragón no nos podemos quejar, porque el esfuerzo de los funcionarios es, en general, importante y notable.
Ha tratado también, aunque no forma parte de las preguntas, un tema que yo creo que es muy importante para los funcionarios. Entre los problemas que afectan gravemente a la Administración de justicia está la antigedad y variedad de las normas procesales que rigen los procedimientos. A mi juicio, el legislador, sin necesidad de acudir a una reforma total y completa de la Ley de Enjuiciamiento Civil, podía haber aprovechado la coyuntura de la reciente aprobación de la Ley de reforma urgente de las leyes procesales para haber disminuido los juicios declarativos ordinarios y especiales que, como saben Sus Señorías, hoy los ordinarios son cuatro: el juicio verbal, la cognición, el de menor cuantía, que es el procedimiento tipo actualmente, y terminan en el juicio declarativo de mayor cuantía, pero que ya no se tramita ninguno porque el asunto requiere una cuantía superior a ciento sesenta millones de pesetas. Entonces, esto, y además unos juicios declarativos especiales, como son el procedimiento incidental, al que se remiten, como saben Sus Señorías, la Ley de arrendamientos urbanos, la ley de arrendamientos rústicos y toda una serie de leyes, pues cada norma activa que se publica en el procedimiento especial se remite normalmente al incidental, ahora a juicio de menor cuantía, pero con alguna matización; ahí tenemos la Ley de derecho fundamental del año 1978, de septiembre del setenta y ocho que, exactamente igual, se remite, en general, al procedimiento incidental.
El manejo, tanto por los señores letrados como por los jueces, de ese número de procedimientos, y no hablemos nada de los especiales, complica en grado sumo la tramitación de la Administración de justicia y hace que ésta pierda agilidad e, incluso, dé lugar a resoluciones no de fondo, sino nuevas tareas de procedimiento porque el seguido, al parecer, no ha sido el adecuado; toda esta serie de problemas crea unas disfunciones en la Administración de justicia que de alguna manera debe resolver el legislador, dejando uno o dos procedimientos declarativos al ejecutivo, suprimiendo toda una serie de procedimientos especiales que no tienen explicación alguna y ampliando el número de las medidas urgentes a tomar preprocesales.
También afecta a la agilidad el gran número de asuntos que se tramitan en el juzgado. En España faltan órganos de composición, hay algunos asuntos que no deberían llegar a tramitarse en los juzgados; todavía no me explico cómo las cámaras de comercio, durante tanto tiempo establecidas, no intervienen en aquellos procedimientos, en aquellas incidencias que se hacen entre comerciantes, como el depósito de mercancías, averías, etcétera. Y eso continuará igual mientras no se establezca una contienda judicial y todo este tipo de actos, los llamados negocios de comercio de jurisdicción voluntaria, se atribuyan a los juzgados y otras cosas así.
Y ya voy a entrar en las respuestas a las preguntas que Su Señoría me ha formulado. En cuanto a la formación y dotación de medios técnicos a los jueces y magistrados, ya hemos hablado de la informatización, pero, en cuanto a la formación y reciclaje de los jueces y magistrados, en Aragón, concretamente en este año, se están celebrando varias sesiones jurídicas sobre temas concretos y determinados, ahí no interviene el Tribunal Superior de Justicia, se eligen libremente los temas a debatir y se elige libremente al ponente que va a exponer el tema. Ya se han celebrado tres sesiones jurídicas: una, sobre el registro en los domicilios; otra, sobre responsabilidad civil y penal en el proceso penal, y otra, cuyo tema, en este momento, no recuerdo cuál fue. Además, todos los jueces y magistrados de la provincia de Zaragoza están celebrando seminarios a los que pueden acudir los señores magistrados de Huesca, de Alcañiz y de algún otro sitio, pero sin posibilidad de comunicaciones.
Periódicamente, se celebran, se van a celebrar, seis seminarios al año; para el próximo miércoles está señalado uno donde los señores jueces, pensando en que exista una ponencia sobre temas de actualidad, pues debatirán y discutirán sobre las posibles asentimientos que pueden lograrse. El acuerdo ataca, de alguna manera, interfiere en la independencia judicial; en materia jurisdiccional no hay órganos superiores ni el Consejo del Poder Judicial, ni el Tribunal Superior de Justicia. Esta es una de las cosas que también quería responderle a Su Señoría; el juez, el órgano judicial, es un senador colegiado absolutamente independiente, no tiene más sometimiento que la Constitución y el imperio de la Ley; y eso lo digo por ciertas suspicacias que levanta la independencia judicial. Ya he dicho que el juez, el órgano jurisdiccional, puede ser todo lo independiente que esté dispuesto a ser; a tanto llega la independencia de un órgano jurisdiccional, que puede dictar una sentencia contra una ley, no debe hacerlo porque el juez está sometido a la ley, pero puede hacerlo, luego vendrá la responsabilidad a lo penal, se anulará la sentencia y todo eso, pero puede hacerse, hasta ahí llega la independencia de los jueces y de los tribunales.
Entonces, en cuanto a la formación, ya digo que esto es bueno, son los primeros pasos que se organizan a través de un Consejo General del Poder Judicial. En este nuevo Consejo hay un área de formación de jueces y magistrados, y aparte de lo organizado en nuestro territorio por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, con las propuestas que han hecho los jueces y magistrados, ya digo que son seis las sesiones jurídicas que se van a celebrar en 1992, y otros seis seminarios entre jueces y magistrados. El Consejo organiza periódicamente jornadas, ya se han celebrado jornadas de orden nacional, recientemente, se ha celebrado una sesión jurídica para el estudio de la sentencia penal y son varias ya las organizadas y publicadas en el mes de enero para conocimiento de los jueces y magistrados. Lo que ocurre es que el número de asistentes fijado para toda España es muy reducido, concretamente, a las jornadas de la sentencia penal habrán ido únicamente, del territorio de Aragón, el señor Presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza, que, entre los solicitantes, es el único que ha sido aprobado para asistir a esa sesión jurídica que se ha prolongado durante tres días.
En cuanto a las mesas de seguimiento, prácticamente han desaparecido, ahora, actualmente, no hay ninguna, tampoco hay entre lugares de encuentro ante jueces y magistrados, salvo los que he dicho; periódicamente, indudablemente, los señores jueces se reúnen en la junta de jueces, que escucha normalmente si hay algún problema de personal, pues, aparte de que cada órgano debe resolver sus propios problemas de personal, no obstante, cuando toman decisiones que pueden afectar a los distintos cuerpos de la Administración de justicia, oyen a los oficiales corporativamente, y no hay otros medios de funcionamiento ni de control interno de la Administración de justicia.
En cuanto al tercer tema, sobre las cuestiones nuevas, entre las que ha citado, concretamente, la Ley de Extranjería, estos temas solo pueden resolverse a través de los cursos y seminarios que organiza el Consejo General del Poder Judicial, los jueces tienen muy pocos medios para su estudio, salvo la Ley. Los comentarios que hay de la Ley de Extranjería, aunque ya tiene cierta antigedad, no son muy extensos; además, concretando, al menos lo que yo conozco, los señores jueces asisten a este tipo de seminarios con mucho esfuerzo porque, en general, en todos los órganos jurisdiccionales son muchas las sentencias que tienen que poner diariamente, no muchas, diariamente, pero si que, diariamente, tienen sentencias y tienen muy poco tiempo para acudir a seminarios o para leer libros doctrinales; con que estudien globalmente ésa que publica el Parlamento y trabajen diariamente en sus sentencias, me parece que les queda muy poco tiempo para su vida personal y familiar, y poco tiempo, también, en general. No todos los jueces están en los juzgados denominados rurales, hay juzgados que tienen una carrera competencial muy elevada que mantiene al juez todo el día ocupado, por la mañana, en su despacho y, por la tarde, en su casa, trabajando y resolviendo asuntos. Con esto quiero decir que queda muy poco tiempo para seminarios, y menos para acudir, porque, claro, el señor juez, el magistrado que asiste a un seminario, luego se va a encontrar con que nadie le ha puesto la sentencia, porque, claro, corresponde a él dictar las soluciones del propio juzgado, y hay que tener en cuenta que es solo el juez el que dicta resoluciones, al menos el que resuelve todos los problemas judiciales que existen en el juzgado.
No sé si habré dado cumplida respuesta a todas las preguntas, si Su Señoría lo desea, puedo darle alguna aclaración.
El señor PRESIDENTE (BIARGE LOPEZ): Muchas gracias, señor San Román.
Señor Portavoz, ¿va a ejercer su derecho de réplica?
El señor DIPUTADO (BURRIEL BORQUE): Brevemente, señor Presidente. Si me permite, cuando hablaba de interferencias del poder ejecutivo, interferencias entre comillas, no desconocía, y reitero lo que usted ha dicho, y lo hago mío, la independencia, la capacidad de independencia que tiene la Administración de justicia; me refería a medidas de tipo político que de manera indirecta, no es que coarten la independencia, pero sí condicionan el funcionamiento por disposición legal de la propia Administración de justicia. Por ejemplo, la policía judicial, la dependencia al hombre del Ministerio del Interior a la Administración de justicia sería, en esos términos lo digo, una de las interferencias en cuanto a la actuación del poder ejecutivo en relación con la Administración de justicia, y creo que medidas como ésta o medida similares son medidas que no contribuyen precisamente a que la Administración de justicia tenga un nivel de aceptación colectivo amplio, como sería deseable y como es indispensable en una sociedad democrática. A eso me refería, y no a la falta de independencia de los jueces en la Administración de justicia.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE (BIARGE LOPEZ): Muchas gracias, señor Burriel.
¿Va a ejercer su derecho de réplica, señor San Román?
El señor PRESIDENTE del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (SAN ROMAN MORENO): Muchas gracias.
Ciertamente, ha citado usted un caso en el que todos los jueces estamos de acuerdo. Todos los jueces queríamos que la policía dependiese, no solo funcionalmente, sino orgánicamente, del poder judicial, de los órganos del poder judicial, pero en esa intervención no tiene, digamos, la culpa el ejecutivo, está en la ley; esa dependencia exclusivamente funcional de la policía judicial respecto de los órganos judiciales está en la ley, y, mientras la ley no se modifique, es hasta natural esa posible ingerencia del poder ejecutivo, porque puede hacerlo legítimamente, otra cosa es que sea la ingerencia legítima o no desde ciertos puntos de vista, pero mientras la ley no se modifique, no puede...
El señor PRESIDENTE (BIARGE LOPEZ): Muchas gracias, señor San Román.
Tiene el uso de la palabra el Portavoz del Grupo Popular.
El señor DIPUTADO (GIMENO FUSTER): Gracias, señor Presidente.
Algunas de las cuestiones que el Grupo Popular tenía planteadas ya han sido respondidas sobradamente por el señor San Román a preguntas del Portavoz de Izquierda Unida.
Quiero comenzar agradeciendo, en primer lugar, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón su presencia hoy aquí, ante esta Comisión Institucional, y, en segundo lugar, agradecerle también esa oferta de colaboración mutua que ha ofrecido para andar ese camino difícil, complejo, arduo que ambas instituciones, Cortes de Aragón y Tribunal Superior de Justicia, tenemos que recorrer en ámbitos distintos, pero que tienen que seguir trabajando conjuntas.
He recogido -yo he de decir que su Memoria no la he leído, tengo que reconocer el error- de los datos que usted nos ha dado, que en las tres áreas que tiene este tribunal, civil y penal, de diez casos, se habían resuelto ocho -un balance muy positivo- seis de conflictos de competencias. He recogido el dato, no sé si lo ha dicho, en cuanto a la segunda de las salas de lo contencioso-administrativo, ha dicho que andaba sobrecargada, pero que funcionaba bastante bien, y valga el calificativo. En cuanto a la sala de lo social, ha dicho, he querido recoger, que los casos son muchos, pero que el tiempo de solución de los mismos, de sentencia de los mismos, es aproximadamente de seis meses; es un tiempo yo creo que positivo, que bueno, que aceptable. Con relación a las tres Audiencias Provinciales, y son datos que he recogido, ha dicho que las tres de Huesca, Zaragoza y Teruel, funcionaban bien, salvo la de Zaragoza, que andaba un poco agobiada.
Una primera valoración que se puede hacer de su intervención y de la Memoria que ha presentado es positiva, cabe valorarla como buena, como positiva, entonces me cabía aquí una pregunta, que yo diría que casi la ha respondido: ¿qué razones motivan estos retrasos tan importantes en la Administración de justicia? Ha querido usted decir que hay factores materiales y factores personales; por lo que yo he podido recoger, son fundamentalmente los factores materiales los que determinan este retraso. Pero aquí me cabe una pregunta, una primera pregunta: ¿no cree, señor Magistrado, que una de las razones fundamentales de este retraso podría ser, y pongo entrecomillado, la interioridad en el desempeño de las funciones de los juzgados, al no haber en ellas jueces de carrera, incluso la propia temporabilidad en la ejecución de sus funciones de estos jueces?
El compareciente nos ha dicho que ha tenido contactos con el Consejo Superior del Poder Judicial, con el propio Ministerio de Justicia y con la propia Diputación General de Aragón, con el fin de llegar a un convenio que intente resolver, si no todos, porque eso es difícil, sí parte de los problemas que tiene el mundo de la justicia en Aragón. Me gustaría que hiciese una valoración en general, una valoración general del resultado de estas conversaciones y que nos lo manifestase.
Y una tercera reflexión, o una tercera pregunta, para que nos respondiese, dadas las carencias materiales y personales que tiene este Tribunal de Justicia de Aragón, nos gustaría a nosotros conocer la valoración que su presidente hace, no pormenorizada, sino en general, de las iniciativas que ha realizado, si es que han existido algunas, creemos que sí, y las respuestas que ha obtenido de los órganos que tienen competencias.
Gracias, Presidente.
El señor PRESIDENTE (BIARGE LOPEZ): Muchas gracias, señor Gimeno.
¿Desea usted contestar, señor San Román? Adelante.
El señor PRESIDENTE del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (SAN ROMAN MORENO): Muchas gracias, señor Diputado.
Muchas gracias por sus palabras y, desde luego, esta mañana, en lo que va de la Sesión, estoy aprendiendo muchas cosas. Dice la Constitución que el Consejo General del Poder Judicial estará constituido por doce vocales de extracción judicial y por ocho juristas de prestigio elegidos por las dos Cámaras. Siempre he dicho que me parece un error, desde mi punto de vista, que además de los doce vocales provinciales, se sigan eligiendo jueces y magistrados entre juristas de prestigio, porque nosotros tenemos la tendencia a creer que conocemos todos los defectos de nuestro funcionamiento, pero no es así, muchos de los defectos de funcionamiento de los órganos de la Administración de justicia nos los tienen que decir desde fuera, nos los han de decir desde fuera, porque, ya digo, nosotros no tenemos el conocimiento exclusivo de los defectos de funcionamiento de los servicios de la Administración de justicia. Por eso, es bueno, por eso para mí esta mañana es una de las más importantes lecciones que tuviera, muchos de los defectos, si no los desconozco, por lo menos me los recuerden, lo que pasa es que es muy difícil, como antes he dicho, responder a las preguntas que me ha formulado el señor Burriel.
Usted ha tocado también unas cuestiones muy interesantes, como es la integridad; además ¿qué ocurre en este tipo de órganos? Sucede que, aunque se ha hecho un gran esfuerzo en estos últimos años, y se viene haciendo un gran esfuerzo desde que se promulgó la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la creación, en la formación, en la selección de jueces y magistrados, ni aun con unas promociones tan amplias como han podido ser algunas, donde anualmente se convocaban trescientas plazas para jueces y fiscales, ni aun con esas promociones tan numerosas, se han logrado cubrir, las plazas de todos los juzgados de primera instancia del territorio nacional.
Un dato importante a este respecto es que el próximo día 12, de este mes, prestarán juramento nueve jueces nuevos, que vienen al territorio de Aragón a servir a la Administración de justicia, nueve jueces que salen desde el centro de estudios judiciales y que van a venir al juzgado número uno de Jaca, actualmente vacante, al juzgado de Monzón, al juzgado de Fraga, al juzgado de Barbastro, al juzgado número uno de Calatayud, al juzgado número dos de Tarazona, al juzgado de Calamocha y a los dos juzgados de Alcañiz que, actualmente, todos estos órganos están vacantes, algunos de ellos hace meses que están vacantes; los jueces que los han servido no han permanecido más de dos años en su primer juzgado, y ahora van a servir plazas de magistrados a Cataluña, al País Vasco, a Andalucía, a Galicia, con más dificultad, y a Aragón no, porque los jueces que vienen a servir en Aragón, tanto en Audiencia como en órganos unipersonales, han estado por lo menos tres años de magistrados en Cataluña o en algún otra Comunidad Autónoma. En Aragón, esa situación es favorable, porque no viene ningún magistrado de reciente ascenso, sino de magistrado que ya han pasado por otros juzgados u órganos servidos por magistrados.
Piénsese que, en poco más de año y medio, una jueza destinada en Zaragoza, en unos partidos judiciales de Zaragoza, ha pasado a ser magistrada jueza de un juzgado de Madrid; o sea, que, esto, como ya digo, no ocurre en Zaragoza, no va a venir gente solo con dos años de experiencia, cuando se está, como vulgarmente se dice, en mantillas; por muy bueno que sea, uno no se puede profesionalizar desde el momento en que toma posesión de su primer destino, uno se hace profesional en el ejercicio de la profesión, en el bueno y lento ejercicio de la profesión. Y éste es uno de los males que, de una manera más importante, afectan a la Administración de justicia: el gran número de jueces que, en los últimos años, están saliendo, y, aún así, no cubren todas las vacantes que hay. Ahora sale una nueva promoción de jueces, como he dicho, pero es que, dentro de poco, quedará vacante el juzgado de Daroca, porque asciende, a su vez a magistrado del juzgado de Ejea de los Caballeros, y los dos o tres juzgados que tenemos actualmente servidos por magistrados, no tardarán en quedarse vacantes, pues estos jueces pronto ascenderán a magistrados magnánimos, y, cuando asciendan a magistrados, como algún juez que esté en Andalucía no pida voluntariamente el destino a Daroca o alguno de los juzgados que quede vacante, y quedan vacantes hasta que salga una oposición, se cubra con alumnos del centro de estudios judiciales..
Este es uno de los males más graves de la Administración de justicia; ocurre que se están creando muchas plazas de magistrados y, como el escalafón de la carrera es uno solo, pues se nutren de los jueces, a medida que van constituyéndose órganos colegiados u órganos unipersonales regidos por magistrados van ascendiendo jueces, entonces, son muy pocos los jueces que hay en la carrera actualmente y muchos los magistrados.
Al reducirse el tiempo de estancia de los jueces, se reduce su experiencia, se reduce su capacidad de formación para servir en órganos que están sobrecargados, normalmente, de competencias, y, claro, indudablemente, los juzgados rurales sufren también esta penuria, esta carencia, juzgados como, por ejemplo, el de Calatayud, y, eso, que aún ha tenido suerte y ha estado bien servido con una jueza de provisión temporal durante dos años. Creo sinceramente que, a pesar de lo que se ha publicado en la prensa, esta señora jueza ha servido con dignidad y con responsabilidad en el juzgado de primera instancia, número uno, de Calatayud, y somos los primeros en lamentar esa situación, pero, claro, cuando quedo vacante el juzgado de primera instancia, número uno, de Calatayud, no hubo ningún juez, y, actualmente, está servido por jueces sustitutos, pues todos los juzgados están vacantes: el de Fraga, el de Barbastro, el de Monzón -en este juzgado ha estado destinado en comisión de servicios un prestigioso magistrado de la sala de lo civil y penal de Zaragoza, durante tres meses, porque el atraso era importante- El juzgado de Jaca actualmente está servido, en comisión de servicios también, por el juez del juzgado de primera instancia, número uno, de Huesca, pero, anteriormente, lo han llevado el juez de instrucción número tres, de Zaragoza y el juez de instrucción número diez, de Zaragoza, porque también el juzgado de primera instancia de Jaca tenía muchos asuntos pendientes y era necesario. Ahora estamos proponiendo el nombramiento de jueces sustitutos para el año 1992-1993, procuramos elegirlos o seleccionarlos, porque son muchas las peticiones que hay. Procuramos enviar a los pueblos o a las capitales de provincia a personas que puedan ofrecer un servicio, lo más digno posible.
Esa es la situación. Una de las cosas que, a mi entender perjudica gravemente a la Administración de justicia, es el escaso tiempo de permanencia de estos jueces en sus respectivos juzgados. Yo siempre lo que dicho es que, para que se pueda prestar una buena Administración de justicia, es preciso que el juez resida en el lugar y donde ha de prestar su función, durante el tiempo que esté en esa zona, porque no todas las circunstancias, de todos los ciudadanos, de todas las ciudades y capitales de provincia ni, incluso, de todas las Comunidades Autónomas son las mismas; la Comunidad Autónoma de Cataluña está industrializada, como la del País Vasco, pero tienen problemas distintos, la sociedad es distinta de la que pueda ser una sociedad, tan próxima, como la aragonesa, que tiene una población rural muy importante, sin perjuicio de la importancia urbana de alguna ciudad tan importante como Zaragoza.
Zaragoza, desde mi punto de vista, tiene la ventaja de que tanto los magistrados como los funcionarios que piden destino en Zaragoza es para permanecer en ella, para terminar su vida profesional en Zaragoza, cosa que no ocurre en otros sitios. Ya he dicho que a Zaragoza no viene destinado ningún magistrado recién ascendido de la categoría de juez, pero es problema en Cataluña, en el País Vasco y en otras Comunidades Autónomas, se da con mucha frecuencia, y, en Cataluña, es habitual que estén juzgados vacantes e, incluso, también plazas de magistrados, por esa razón.
Ciertamente, en este aspecto, creo que Aragón es una región privilegiada, no quiere decir que van... creo que, sinceramente hablando, las cosas marchan mejor que en otros sitios. Pienso algunas veces, digo, quizá con exageración, que estamos prestando a la Administración de justicia el mejor servicio que podemos prestar con los medios de que disponemos; indudablemente, se debe mejorar mucho, indudablemente que sí, sobre todo en algunos órganos, pero con los medios de que disponemos y con la carga competencial que soportan los órganos en general, no se pueden hacer las cosas mejor, pienso yo.
En cuanto a la valoración de las conversaciones de las que he hablado antes entre la Diputación General de Aragón, el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, para lograr un convenio de informatización de los órganos jurisdiccionales en Aragón, están en sus primeros planteamientos. El Ministerio de Justicia me ha envíado el pasado mes cuál es el proyecto, muy limitado y parcial, de informatización de los órganos judiciales; únicamente había pensado el Ministerio de Justicia en la informatización de la sala de lo contencioso-administrativo, que es una prioridad de la máxima urgencia, y poco más, luego algunos juzgados de primera instancia, a excepción de los que están informatizados, y los cuatro juzgados de lo penal, y no hay más en Zaragoza. Entonces, estos proyectos, estas limitadas realidades del Ministerio de Justicia las he trasladado a la Diputación General de Aragón, para que, con el número y la distinta clasificación de los órganos jurisdiccionales en Aragón, empiecen a efectuar los estudios y permitan llegar a ese convenio, si es que se consigue. La disposición de todas la instituciones es francamente favorable en este sentido.
Y, por último, me ha preguntado qué valoración hace el Presidente de los órganos de la Administración de justicia y de sus necesidades. Los medios materiales, indudablemente, contribuyen, sobre todo, al mejoramiento de la oficina judicial. A los jueces, los datos informáticos únicamente les permiten conocer la situación del órgano en cuestión de segundos, cosa que ahora no se puede lograr, pero la informatización a señores jueces no les va a facilitar ninguna tarea decisoria. La tarea decisoria es una competencia exclusiva del juez, personal, a la que no hay nadie que le ayude como no sea la ciencia, su conciencia y su sentido de la responsabilidad, y no hay más; los factores que intervienen son su formación, su sentido de la responsabilidad y su independencia para valorar y dictar una resolución jurídica.
Un juez, un magistrado que esté con un órgano judicial sobrecargado de trabajo, como están algunos de los órganos de Zaragoza, es muy difícil que pueda ofrecer a la par cantidad de sentencias, para que no se retrasen los asuntos a la hora de decidir, y calidad en las mismas. Si a eso se añade que muchos de los jueces titulares de Zaragoza están trabajando un año y otro con mucho esfuerzo intelectual y físico para mantener a su órgano en unas condiciones de normal funcionamiento, es muy difícil conseguir eso, como no sea con la creación de órganos jurisdiccionales nuevos, de manera que disminuyan la carga competencial de los órganos que están sobrecargados, y ya he expuesto las dificultades que ofrece, a mi entender, la creación de órganos judiciales nuevos servidos por magistrados.
No cabe duda que la oficina judicial dispone de unos medios todavía obsoletos; los autos, los expedientes, se están cosiendo con grapas, y según las órdenes ministeriales tendríamos que coser los agentes con aguja, en los juzgados he visto que se utiliza un taladro para taladrar y coser con cuerda, eso sustituye a un taladro para poder cortar la aguja. Estos medios tan rudimentarios, tan artesanales, podrían desaparecer de la Administración de justicia, porque se ofrece una impresión deplorable; los funcionarios están trabajando en estas condiciones, y ahora, los nuevos funcionarios no saben nada de coser autos, tiene que ser a base de grapas y poco más.
El señor PRESIDENTE (BIARGE LOPEZ): Muchas gracias, señor San Román.
¿Va a ejercer su turno de réplica?
El señor Portavoz del Partido Aragonés tiene la palabra.
El señor DIPUTADO (FORCEN BUENO): Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, como han hecho los anteriores Portavoces, agradecer al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón su presencia, su comparecencia ante esta Comisión, felicitarle por la Memoria que ha hecho, la cual sí que nos hemos leído de arriba abajo, y además le he de decir, no como Diputado, porque, tristemente, su contenido no es para disfrutar, pero sí que nos ha servido para darnos cuenta e incluso confirmar muchas cosas que algunos de este Grupo, que estamos también diariamente colaborando con la justicia, en el campo de la abogacía, pensábamos. Y felicitarle por esa objetividad, por esa sinceridad que tiene la Memoria, aunque no sea ni mucho menos favorable ni para Aragón, ni para los servicios de justicia que se imparten, pero creo que eso es bueno, porque es bueno que nos planteemos los problemas sobre la mesa, porque planteando los problemas sobre la mesa podremos adoptar las soluciones generales, y no muchas veces que planteamos el pequeño problema para, únicamente, parchear o no adoptar nunca una solución.
Como dice la introducción de la Memoria, no solamente se limita a cumplir con lo que el Consejo del Poder Judicial exige, hacer una Memoria prácticamente estadística, sino que también señala las deficiencias que existen y cómo se pueden corregir, y eso es lo bueno de esta crítica: el ver que se dirige al Consejo del Poder Judicial para ver cómo se pueden corregir.
A la vista de la Memoria, si la justicia la imparten hombres con unos medios económicos, materiales y económicos, y a través de un procedimiento, deberíamos decir que la justicia está muy mal, porque, como nos decía el excelentísimo señor Presidente, no tenemos ni medios humanos, ni medios materiales, y hasta los procedimientos son malos, y coincidimos con él; a pesar de eso, yo quiero romper una lanza en favor de todos aquellos que colaboran con la justicia porque, también nos lo decía, hacen todo lo que pueden y, en muchos casos, mucho más de lo que pueden.
Como hablo en tercer lugar voy a tratar de no repetir cosas que ya se han dicho, no tengo inconveniente, pero sí querría señalar algunas cosas. Nos llama la atención y he de decirlo, que Aragón, no solamente en muchas cosas, sino también en justicia, esté totalmente discriminado, esto se nos dice en la propia Memoria. En la Memoria se nos dice que la Ley de demarcación de planta judicial, que parecía que era una solución, lo que hace con Aragón, con muchos de sus juzgados, es discriminarlo totalmente, porque en provincias, en capitales o en lugares con menos necesidades, con menos demografía, se crean más juzgados que se los que crean en el propio Aragón y, sobre todo, en la propia capital, en Zaragoza.
Lo dice en su página dieciocho, parecía que la solución recogía los reales decretos citados y las órdenes de demarcación de la Ley de demarcación de planta judicial, pero, en cambio, solo de una manera muy parcial y limitada se atendía la creación de unos nuevos órganos provisionales, porque es que esas disposiciones que se han mencionado en el tercer apartado resultan engañosas y escasamente ilustrativas para contemplar la situación de la Administración de justicia en Aragón. Se compara las situaciones aragonesas con la de otras Comunidades Autónomas; a continuación, nos va diciendo y analizando cómo en capitales de provincia con menos necesidades se han creado muchos más juzgados, se han satisfecho esas necesidades, y en Zaragoza ni siquiera se ha cumplido lo que establecía la Ley de demarcación y planta judicial. Concretamente, es un hecho que yo quiero contemplar aisladamente, todavía no se ha cumplido con los once juzgados de instrucción, porque el juzgado número once de instrucción tiene desdoblado también el de vigilancia penitenciaria, pero queremos salir al paso, y es una pregunta que hacemos al señor Presidente, que recientemente, hace dos o tres días, parece que se decía que el juzgado de instrucción número once iba a desaparecer, los medios de comunicación así lo decían, lo cual lleva implícito, no solamente que se desdobla en la doble función de juzgado de instrucción y vigilancia penintenciaria, sino que, por lo visto, y esto lo desconocemos, lleva implícito el funcionamiento de las guardias, guardias que ya no son un día por cada juzgado, sino que tendrían que volver otra vez a ser semanales, con los consiguientes perjuicios y derivaciones de orden económico que ocasionaría al personal. Esta es una pregunta que haríamos al señor Presidente.
Es verdad, y lo dicen, que los medios humanos tienen que formarse; es evidente que cuando antiguamente un juez se pasaba -y posiblemente haya sido el caso del señor Presidente- ocho, diez, doce años en el juzgado de entrada, que se llamaban entonces, lo que hacía era una, dos, tres, cuatro sentencias semanales, no creo que fueran más, esto les permitía estudiarlas, autoformarse, que es lo importante, y adquirir esa experiencia para luego, cuando accedían a un juzgado de término, tal como entonces se llamaban, hacer dos, tres, cuatro diarias, que sé yo por magistrados que así era mucho más fácil. Esto pasa cualquier ámbito profesional de la justicia, abogados, procuradores, etcétera; no cuesta lo mismo resolver, enfocar y resolver un asunto a aquel profesional que lleva escaso tiempo que a aquél que ya lleva mucho tiempo, eso es evidente, como pasa en todas las profesiones.
Yo creo que lo ha recogido, se recoge en la Memoria, Memoria que, aunque el ponente es el señor Presidente, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, es objetiva y sincera, por no decir atrevida, porque trata también el tema de las personas, que no tenemos que censurar las como tales, tenemos que censurar el sistema o el procedimiento que las pone ahí, y que tienen que defenderse con los medios que tienen y resolver como pueden los asuntos.
Es triste estos juecesque duren tan poco en los juzgados, es triste que haya tantas vacantes, yo no sé, y también es otra pregunta que, al hilo, hago al señor Presidente, cómo funciona, qué experiencia hay del cuarto turno de juristas prestigiosos que pueden acceder a la magistratura, cuando hay tantas vacantes, no sé si es que no hay solicitudes, es que no se admiten esas solicitudes o es que no dan el resultado que, en un principio, se pensaba, y no lo digo por casos aislados o casos concretos, sino porque, en general, parecía que estos juzgados, las audiencias, era un poco una salida para cubrir con gente ya preparada, con gente de cierto prestigio.
También estamos de acuerdo con la falta de medios. Nos lo decía últimamente, todavía las leyes disponen que los asuntos o legajos se unan con cuerda floja; o en cuerda floja, esto que parece que la gente no entiende es que se una en cuerda floja, con la cuerda y la aguja se unían, es verdad, y también los abogados. No sé si hay riesgo de accidente en los juzgados, tengo un taladro de ésos que puede haber en un taller mecánico, es el mismo, porque el agujero con el punzón y la aguja que antes se hacía se ha sustituido por un taladro que perfora. La realidad es que todavía se sigue así, ya no digamos que no hay aparatos de informática, etcétera La escasez de medios no solamente existe en edificios, también en material es, digamos, clara y, desde luego, así una justicia no puede funcionar.
Sobre el tercer punto de que no hay medios humanos, también de acuerdo, señor Presidente; y no solamente los procedimientos en sí, sino con los procedimientos que existen, que son muchos, se deberían reducir, sino cómo nos sorprende a todos, cómo se modifican esos procedimientos o parte de esos procedimientos. Ahí está la última Ley de reforma urgente, de 6 de mayo, si no recuerdo mal, que entra en vigor al día siguiente, sin embargo a los de provincias el Boletín Oficial del Estado no les llega hasta un día o dos después y, si es un fin de semana, tres b cuatro días, después. Entonces, yo lo que digo es que en España, en nuestro país, en la Administración central, hay una inflación de leyes además de una inflación económica, creo que hay un desconocimiento por parte de los órganos centrales de las cuestiones que se hacen, y podríamos dar muchos ejemplos.
Un compañero decía que no hay independencia, estoy seguro de que el juez es independiente, de que el juez trata de ser independiente y, como en toda colectividad, la excepción confirma esa regla, pero es que a veces no puede ser independiente, no puede ser independiente y, sobre todo, nos lleva a lo que para mí es más difícil: a una inseguridad jurídica total. Luego se dice que la culpa la tenemos los abogados, y lo confieso porque, en momentos determinados, no saben si lo que están aplicando está en vigor o no está en vigor o no sabe si hay una ley que te ha llegado a tu despacho y el día anterior está en vigor, aparte de que nos obliga a todos los que colaboramos con la justicia a estar diariamente consultando el Boletín Oficial del Estado, -ya no digo el Aranzadi que esto era tradicional- pero éste llega a los ocho o diez días y, en fin, y no me quejo por el retraso, no se puede hacer antes, pero es que hay que estar viendo continuamente el Boletín Oficial del Estado, y esto produce una inseguridad jurídica total, que nos lleva a que la gente pueda desconfiar.
Siempre se desconfía de la persona que imparte justicia, no porque no sea independiente, pero es que está en su mano, la persona refleja la justicia en aquél que se la está aplicando en cada momento, que es el juez, que es el magistrado, y esto hay que acabar. Hay que hacer una reforma de la justicia, total no parcial, no con medidas que hemos tenido que tomar hasta que se publiquen, yo digo que lo que ha hecho una mayoría es coger los textos viejos y decir: artículo tal, lo han suprimido; el artículo once, se modifica en tal etc; ya me dirá usted qué se puede hacer, con esa escasez de textos que hay en los juzgados. En los juzgados, cuando vas a buscar un texto, un simple código civil, te encuentras con el que estaba en vigor hace diez años, y es así porque no han tenido medios para tener otra cosa y lo que hay está con anotaciones, con recortes, con fotocopias ahí incluidas.
Eso es lo que hay en la Administración de justicia, y eso lo recoge la Memoria, por eso felicito al señor Presidente, porque, si todos en la Sala de Gobierno lo hacen así, y se eleva a quien corresponda, se darán cuenta de cuál es el problema y de cuál es la situación. La solución no pasa por parcheos, pasa por una solución y una reforma total de la justicia, con el personal adecuado y formado. Y esto que estamos diciendo no ocurre solamente en Zaragoza y en Aragón, conocemos otras curias en las que estos problemas los tienen mucho más acentuados: la falta de jueces, la lentitud, el retraso; en Zaragoza, he de decir, en honor a la verdad, que todavía podemos estar de enhorabuena, todavía hay otras curias donde el problema está mucho más agravado.
Yo quería hacer estas reflexiones: para mí ha sido una satisfacción poder estar en las Cortes, poder estar en esta Comisión y poder, por ello, haberme leído esta Memoria, porque no todo el mundo se la lee, aunque seamos juristas, hemos de decir la verdad, leemos los resúmenes que se publican. A mí me ha dado la oportunidad de leerla, me ha dado la oportunidad de profundizar un poco más en cómo está la justicia en Aragón y, como dice el señor Presidente, creo que es bueno que esto se eleve a los poderes, en este caso concreto al Consejo del Poder Judicial, para que adopten o adapten las medidas oportunas para solucionar todos estos problemas humanos y materiales que existen. Con ello creo que habremos hecho una buena labor a la justicia en general.
También resaltar que, una vez más, Aragón; según dice la Memoria, está discriminado en relación con otras Comunidades Autónomas; vamos a ver si, de una vez por todas, en ésta, como en otras muchas cosas, Aragón está al nivel que debe estar, y el Gobierno central o la Administración central y la de justicia, en este caso, tratan por igual a todas las Comunidades Autónomas y no hace discriminación en beneficio de unas, porque eso lleva el perjuicio de otras.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE (BIARGE LOPEZ): Muchas gracias, señor Portavoz.
¿Va usted a responder, señor San Román?
El señor PRESIDENTE del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (SAN ROMAN MORENO): Muchas gracias al señor Diputado porque ha diseñado, con mucha amabilidad, una situación grave de la Administración de justicia, que nos está poniendo de relieve aquí, a pesar de que también se pone de relieve en la Memoria.
La Memoria no es que sea negativa, ni pretende ser negativa, la Memoria, lógicamente, se formula, se confecciona para poner de relieve a los órganos competentes del poder judicial el grado de funcionamiento de los órganos de la Administración de justicia. Concretamente aquí, en la Comunidad Autónoma de Aragón, se confecciona anualmente, porque así lo dispone la Ley Orgánica, y se lleva al Consejo para que tenga la información más real posible del funcionamiento y del estado de los órganos de la Administración de justicia en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Indudablemente, en la Memoria no se tratan aquellos órganos judiciales que no son problemáticos. Yo siempre he dicho que soy pareo en las alabanzas y me gustaría se más parco todavía en las críticas, la Memoria debe ser, al menos así lo entiende la sala del Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, una Memoria crítica hacia dentro, y por eso se ponen de relieve las situaciones que consideramos que son carencias de la Administración de justicia y las necesidades de la Administración de justicia en Aragón, para que, si de alguna manera pueden corregirse, se corrijan por los órganos competentes. Entonces, la Memoria del año noventa y uno no es negativa en su conjunto, ni podía serlo, ni debía serlo, lo que ocurre es que en ella se resaltan los defectos de funcionamiento para que traten de corregirse y para lograr un buen o un mejor funcionamiento de la Administración de justicia, en la concreta Comunidad Autónoma de que se trate.
Entonces, lo positivo, que lo tiene, y yo desearía decir que todos querríamos que, de la Memoria, fuese mucho mayor la parte positiva que la negativa, lo positivo en la Memoria está disimulado, no aflora, no aparece, y resulta que, como hicieron también en su día los distintos medios de comunicación, después de la rueda de prensa que celebré una vez, cuando tuve el honor de hacer entrega al señor Presidente de las Cortes de un ejemplar de la Memoria, la correspondiente a 1991, no resaltaban más que los datos negativos de Aragón. Me parece bien porque están en su derecho, y, además, me parece que en una sociedad democrática la denuncia crítica es necesaria para que esta sociedad democrática trate de mejorar lo que hay que mejorar.
Ciertamente, por primera vez, y así lo exponía en los anexos de la Memoria elevados al Consejo e, incluso, al Ministerio de Justicia, no me ha gustado nunca el método comparativo, pero la citación de la Administración de justicia en Aragón en los años noventa y uno y noventa y dos, sobre todo en el año noventa y uno y noventa, ha obligado a la Sala de Gobierno a establecer, a acudir al método comparativo, porque se daban desigualdades importantes en orden a la creación de órganos jurisdiccionales, tanto colegiados como unipersonales, respecto a las distintas Comunidades Autónomas. Eso fue lo que obligó y movió a la Sala de Gobierno a acudir a los datos de la Memoria facilitada por el Consejo en los años noventa y noventa y uno y a comparar y establecer las cifras de las estadísticas que nos permitieran establecer y estudiar las diferencias existentes entre algunas Comunidades Autónomas y la Comunidad Autónoma de Aragón.
La utilización de este método ha llevado a una mayor sensibilización del Consejo y del Ministerio de Justicia respecto de ese trato diferencial, posiblemente no pensado, ni querido ni deseado, respecto de la Comunidad Autónoma de Aragón, y tanto es así que -me parece que ya lo he dicho en mi introducción a la comparecencia- en el año noventa y uno se han creado los juzgados de instrucción de primera instancia números once y doce, de Zaragoza. El año noventa y dos, en lo que va de año noventa y dos, se ha constituido la sección quinta de la Audiencia Provincial de Zaragoza; el 1 de abril, por aumento de una plaza más en la dotación de la audiencia, aparece la quinta plaza de magistrado que está prevista en la Ley de Planta. Un aumento de plazas en la sala de lo contencioso-administrativo ha permitido crear dos secciones, constituir dos secciones, una plaza más en la sala de lo social de Zaragoza, y además, hemos conseguido que se restableciese la plaza del segundo magistrado de la Audiencia Provincial de Teruel, que había desaparecido en el año 1989, por las grandes disfunciones que provocaban esta desaparición.
Ya he dicho que está reciente todavía el Real Decreto, me parece del 5 de este mes, con el que se crea además los juzgados de primera instancia números trece y catorce, de Zaragoza y los juzgados de lo penal números cinco y seis, de Zaragoza.
En cuanto a los órganos de primera instancia de Zaragoza, la constitución de estos dos, del trece y del catorce, creo que deja a la Administración de justicia en Zaragoza, en el orden jurisdiccional civil, en situaciones de igualdad respecto a otras Comunidades Autónomas, y pienso que los juzgados de primera instancia podrán trabajar con una mayor comodidad y un menor retraso y deterioro de los servicios judiciales civiles. Otro tanto va a ocurrir con la creación de los juzgados números cinco y seis de lo penal e, incluso, ya se ha pedido la creación, para el próximo año 1993, del número siete, porque tanto los asuntos civiles como criminales van en un progresivo aumento.
A medida que se van creando órganos en lo social, se atiende mejor su demanda de justicia, se atiende no mejor, sino más rápidamente, y lo está demostrando el hecho de que ahora en Zaragoza casi todas las sentencias, tanto de los juzgados de primera instancia como de los juzgados de instrucción los juicios de faltas o de los juzgados de lo penal en las causas de que conocen se recurren a la Audiencia Provincial. Esto es un índice de que la Administración de justicia está funcionando por lo menos, ligeramente mejor. En cambio, ahora sufren el agobio las audiencias provinciales, tanto en los recursos procedentes de los juzgados de primera instancia, como de los juzgados de instrucción o de los juzgados de lo penal porque está aumentando de una manera muy progresiva, importante y alarmante el número de recursos de apelación que existen con este tipo de sentencias.
Entonces, el hecho de que se creen órganos judiciales va a permitir durante algún tiempo un mejoramiento del funcionamiento de los órganos, pero no tardará mucho tiempo sin que ese funcionamiento se deteriore de alguna manera por el elevado número de asuntos que ingresan ahora, y a eso me refería en la respuesta al señor Diputa4o de Convergencia, que le decía que, pienso yo, a medida que se van creando órganos la demanda social aumenta, y es un fenómeno que no sólo es propio de España, sino que ocurre en todos los países, al menos de Europa.
Por consiguiente, yo creo que en esta, llamémole, discriminación, entre comillas, entre el trato otorgado a otras Comunidades Autónomas y el trato otorgado a la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de creación de órganos y funciones ha habído un cambio. Sí se puede hablar de un, al parecer, aparentemente distinto trato hasta el año noventa, pero que ese distinto trato, si es que existió, y pienso que ha existido de alguna manera, sea deseado, o no deseado o querido o buscado, ha empezado a cambiar en el año 1991 y en 1992 sobre todo, de una manera importante. Espero que en cuanto a la atención de este tipo de necesidades sigan funcionando estas peticiones que desde Aragón se formulan.
En cuanto a supresión del actualmente juzgado de instrucción número once de vigilancia penitenciaria, no parece que ser que, de momento, sea así, porque en el Boletín Oficial del Estado del mes de mayo, en uno de los Boletines Oficiales del mes de mayo, ha salido anunciada la vacante del juzgado de instrucción número once de Zaragoza. Se ha pedido no sólo este año, ya desde el momento de su creación, el día 1 de marzo de 1989, según creo recordar, ya se pidió la separación de las funciones del juzgado de instrucción de las de vigilancia penitenciaria, porque saben Sus Señorías que, con anterioridad a la Ley Orgánica, había un juzgado de vigilancia penitenciaria para Aragón dedicado exclusivamente a las funciones de vigilancia penitenciaria que, además, extendía entonces su competencia a Navarra y La Rioja, a las prisiones o a los centros penitenciarios existentes en Navarra y La Rioja. Pero, a partir de la publicación de la Ley de demarcación judicial, de 28 de diciembre de 1988, y tal como se recogía en el anexo correspondiente, las funciones de vigilancia penitenciaria las desempeñaría un juzgado penal ordinario, entonces el Consejo, mediante un acuerdo de enero del año ochenta y nueve creó el juzgado de instrucción número once de Zaragoza, y le asignó las funciones de vigilancia de penitenciarías. Desde entonces, ese juzgado es el que desempeña esas funciones en exclusividad.
Como quiera que tiene unas funciones muy importantes, tanto como juzgado de instrucción como de vigilancia penitenciaria, se ha pedido desde entonces la separación de estas dos funciones, y la creación de un juzgado de vigilancia penitenciaria con exclusividad para Aragón. El Consejo, en su relación de necesidades que, periódicamente, anualmente, eleva al Gobierno de la Nación, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica, incluía la petición, tanto en la del año noventa como en la del año noventa y uno, de separación de las funciones de vigilancia penitenciaria del juzgado de instrucción número once, hasta ahora no se ha conseguido, pero se ha vuelto a reiterar en la relación de necesidades para la Comunidad Autónoma de Aragón previstas para el año 1993. Pienso que se logrará esta separación de juzgados y, en cuanto a la supresión del juzgado de instrucción número once, ya le he dicho que, recientemente ha salido anunciado un concurso en el Boletín Oficial del Estado.
Uno de los problemas que más nos preocupa ya lo he tratado antes, en la respuesta al señor Diputado Gimeno, es la formación de jueces y magistrados. En los tiempos tan difíciles por los que atravesamos, la falta de formación de los jueces es notable por el escaso tiempo que permanecen en los juzgados y por los órganos que van a servir cuando asciendan a magistrados. Antes permanecíamos catorce años de jueces, supongo que estábamos mejor formados porque teníamos tiempo para estudiar más detenidamente. Hoy, una vez que ingresan, es muy difícil la formación de los jueces y magistrados una vez que ingresan porque, desde el principio, van destinados a juzgados que tienen una carga competencial importante, y es muy difícil compaginar la tarea de formación con la de resolución de un número tan importante de asuntos que tienen.
Respecto al resultado del cuarto turno, es muy difícil generalizar, como es difícil generalizar en todo. Como saben ustedes, de cada número de plazas que se convocan, la tercera parte se reserva para juristas de prestigio, en el turno de jueces con seis años de ejercicio profesional y en el turno de magistrados con diez años de ejercicio profesional. Hasta ahora, el turno de jueces, a pesar de que ha habido por lo menos tantas solicitudes como plazas a cubrir, nunca se ha cubierto. Desconozco las razones porque no formo parte de ese tribunal, en cambio, el turno de magistrados funciona de distinta manera, pero es porque ha funcionado siempre de distinta manera. Este turno ha existido para los magistrados del Tribunal Supremo, como saben Sus Señorías, y este turno se ha cubierto siempre con los juristas de prestigio; ahora encuentran muchas dificultades, porque la Ley de incompatibilidades no permite a los catedráticos de universidad la reserva de su plaza en su universidad, como hasta ahora ocurría, entonces, hay una resistencia importante de algunos catedráticos o profesores de universidad a ser nombrados magistrados, a aspirar a magistrado del Tribunal Supremo, y esas otras dificultades también se notan en las capitales de provincias para el turno de magistrados, o sea, que, en realidad, no se puede decir que se pueda... Yo no tengo datos objetivos para hacer una valoración del resultado que están dando estas novedades de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1 de julio de 1985, ni por lo que se refiere al turno de jueces ni por lo que se refiere al turno de magistrados.
Sobre la carencia de medios humanos y materiales, ya hemos hablado, y Su Señoría ha planteado con mucho acierto la carencia de las transferencias, las cosas que ocurren, no sólo en los juzgados que se denominan rurales, sino en las oficinas del Tribunal Superior. En el Tribunal Superior, por ejemplo, no tenemos el Código Civil puesto al día en sus últimas reformas si no lo adquirimos; el Ministerio, que tiene su sección de publicaciones, y el Consejo, que tiene también su sección de publicaciones, no nos mandan los textos legales reformados hasta que no ha pasado un tiempo más que prudencial y es muy difícil, sobre todo en los juzgados rurales, encontrar cestos textos, en cambio, a lo mejor en los juzgados rurales sí van a encontrar la Ley de Reforma de la Enseñanza Universitaria, que es una ley que no se va a aplicar en los juzgados, pero un código civil, un código penal, todo este tipo de textos legales que se reforman con relativa frecuencia, pues no se tienen.
En cuanto a la legislación, pues la verdad es que poco podemos decir los jueces y magistrados. Lo único que podemos decir es apuntar que desearíamos que el número de procedimientos disminuyese, que fuesen procedimientos donde el ciudadano no se encontrase perdido y distanciado; el ciudadano, desde luego en los procedimientos judiciales, sobre todo en los de primera instancia, normalmente no ve al juez, no conoce al juez, y el ciudadano está deseando muchas veces el conocer al juez, a la persona que va a juzgar y que va a resolver su asunto. Eso es muy difícil en los actuales tiempos, con las leyes procesales que tenemos, no sólo inquieta al ciudadano el tiempo que tarda en resolverse su problema, sino que ni siquiera conoce al juez, y no oye más que los comentarios u otro tipo de comentarios que a veces son poco acertados. Esta situación lleva a la inseguridad jurídica, sobre todo, por lo que he dicho sobre la promulgación de las leyes y su publicación porque una ley tan importante como la de reforma urgente de las leyes procesales la hemos recibido aquí después de que había entrado en vigor, con posterioridad a su entrada en vigor, y sería importante que el legislador del Estado lo tuviera en cuenta.
De esta Ley de medidas urgentes para la reforma de las leyes procesales hay también otro detalle que afecta a Aragón. La cuantía del recurso de tasación en los juicios declarativos de menor cuantía, cuando la cuantía no era estimable, estaba establecida en tres millones de pesetas, ahora se ha elevado a seis millones de pesetas, entonces, si ya conocía muy pocos van a ser muy pocos los recursos de tasación foral que va a conocer el Tribunal Superior de Justicia, no creo que vayamos a conocer ninguna servidumbre de paso o de otra naturaleza establecida en la legislación de derecho civil de Aragón.
Con esto desearía haber dado cumplida respuesta a las preguntas que Su Señoría me ha formulado.
El señor PRESIDENTE (BIARGE LOPEZ): Muchas gracias, señor Presidente.
El señor Portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra.
El señor DIPUTADO (AROLA BLANQUET): Gracias, señor Presidente.
Como es obligado, también mis primeras palabras quiero que sean de agradecimiento al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón por su comparecencia hoy, aquí. Yo todavía recuerdo con agrado su comparecencia anterior, fue una de las comparecencias, intelectualmente hablando en un tema en el que desconozco, más enriquecedoras del año pasado.
Y si el anterior parlamentario hablaba de la inseguridad jurídica, entienda Su Señoría mi inseguridad parlamentaria al tener que abordar un tema en el que, desde luego, es infinitamente más lo que desconozco que lo que pueda conocer; intentaré también, como el año pasado, traducir una serie de sensaciones y hacerle una serie de preguntas sobre lo que Su Señoría ha expuesto. Y no espere nadie que yo haga en estos momentos una defensa cerrada de cualquier sistema, porque la peor defensa que se puede hacer de un sistema es que la haga aquel que lo desconoce y, por lo tanto, no creo que pueda ser éste mi papel.
Pero si que quiero decir que poder conocer esta Memoria me parece positivo con respecto al propio funcionamiento del sistema de justicia, porque, como usted mismo decía, es un elemento de corrección de esos defectos posibles, que no seguros, que puedan existir. De todo lo que ya se ha dicho, yo lo que quisiera sería conocer su criterio y le formularía la siguiente pregunta: ¿existe una revisión, una revisión activa, de las necesidades de la justicia y, concretamente, en Aragón? Si eso existiera o no, el juicio podría ser muy diferente. Quisiera transmitirle una serie de sensaciones, es decir, hablaba usted, como no puede ser menos, de oferta y demanda; en ocasiones, se tiene la sensación de que estamos viviendo en una sociedad progresivamente más pululante o con tendencia a una mayor utilización de la justicia, especialmente en algunos ámbitos, me viene a la cabeza el de la sanidad, por ejemplo, con la proliferación o con el aumento del recurso ante la justicia. ¿Comparte usted esta sensación? Hay otra sensación que también tengo, y es la inexistencia de órganos previos para que los ciudadanos pudieran evitar recurrir a la vía jurisdiccional, quisiera saber si eso es así, si puede ser así, si hay antecedentes.
Y, para cerrar esta intervención, quisiera decirle que, en mi opinión, no debe ser usted tan pesimista con respecto a que la informatización puede producir de mejora al trabajo de las personas, aunque no se me olvida tampoco que la décima ley de la informática es que hay personas a las que el ordenador les repele absolutamente, de forma que casi les produce una especie de alergia, aunque yo creo que la informatización es accesible, no sea tan pesimista.
Perdonen, Sus Señorías, esta intervención, si es que les ha defraudado, pero decía una vez Rodríguez de Miñón que esto de ser Portavoz le convierte a uno o le obliga a uno a ser una especie de enciclopedia andante, yo andante puede que sea, pero enciclopedia, les aseguro, Señorías, que no.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE (BIARGE LOPEZ): Muchas gracias, señor Portavoz.
¿Desea usted responder señor San Román?
El señor PRESIDENTE del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (SAN ROMAN MORENO): Con el permiso de Sus Señorías. Muchas gracias, señor Diputado, por su intervención, pero ha expuesto con claridad problemas muy interesantes a los que voy a responder, y quisiera hacerlo con la misma brillantez que Su Señoría ha utilizado para su exposición.
Me ha preguntado, en primer lugar, si existe una revisión activa de las necesidades de la Administración de justicia en Aragón. Las Memorias anuales que ha de elaborar la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, no sólo de Aragón, sino de todos los Tribunales Superiores de Justicia, deben exponer a los órganos de gobierno, al órgano superior de gobierno del Poder Judicial cuáles son, desde nuestro punto de vista, las necesidades, las carencias, las disfuncionalidades que en su territorio, en el caso en la Comunidad Autónoma de Aragón, ha detectado o piensa que ha detectado la sala del gobierno, a su vez, en su Memoria entran todos los informes estadísticos que recibe de todos los jurisdiccionales de Aragón.
Entonces, como he dicho antes, a la respuesta que he ofrecido al señor Diputado del PAR, la Memoria es crítica exclusivamente en ese sentido, en el de resaltar no resaltar sino exponer, ajustándose a la realidad que ella percibe, cuáles son las necesidades más inmediatas, más perentorias en Aragón, en todos los ámbitos en que la Administración de justicia puede tener una necesidad: en cuanto a la dotación de plazas de jueces y magistrados, a la dotación de medios materiales para los órganos judiciales -de personal no porque, normalmente, las secretarías están normalmente atendidas, salvo las de los juzgados rurales, que tienen un servicio en dificultades porque permanecen muy poco tiempo los funcionarios titulares- y las necesidades en medios materiales, tales como la informatización y los edificios, que se tienen en la Comunidad Autónoma de Aragón no sólo ya de presente, que son los que más nos inquietan, sino de futuro.
La Administración de justicia en Aragón, ante el importante aumento de órganos judiciales motivado por el aumento de las cargas competenciales que soporta, ha dejado a la Administración de justicia en Aragón en una situación de, en algunos casos, verdadera gravedad, como ocurre con los juzgados de Jaca, que ya he comentado antes, como ocurre en una ciudad como Huesca, de cuarenta y cinco mil habitantes, y que tiene órganos judiciales en un edificio propiedad de la Diputación Provincial, una antigua residencia; el juzgado de lo social está establecido en un piso en un edificio particular; el juzgado de instrucción número tres, en el edificio de la audiencia, y la audiencia desde luego, ahora ya resulta insuficiente para albergar al juzgado de primera instancia e instrucción número tres y al juzgado de lo penal y al crearse se ha establecido una audiencia. Entonces, al conocer estas necesidades y saber que el antiguo edificio del Banco de España había sido ya abandonado, el Ministerio de Justicia se preocupó por su adquisición pero esta data de, hace dos años, y todavía me parece que este año se va a confeccionar el proyecto de reforma.
En una ciudad como ésta que los órganos judiciales, que son, concretamente, tres juzgados de primera instancia e instrucción: uno de lo penal, uno de lo civil y uno de lo social, estén desperdigados en seis edificios distintos no es bueno. En Zaragoza, ya conocen ustedes la situación: dos juzgados de familia en un edificio de una comunidad de propietarios, en la calle Costa; tres juzgados de lo penal y dos de primera instancia en un piso de la calle Convertidos, propiedad del Ministerio de Justicia; cinco juzgados de instrucción en un edificio alquilado a una caja de ahorro en la calle San Andrés, y el resto de los juzgados en el edificio de la plaza del Pilar, además del juzgado de menores que está en el edificio de la calle Lagasca, propiedad de la Diputación General de Aragón.
Entendemos que esas son las necesidades más inmediatas, pero es que, además, a veces se nos escapan, y no quisiera en absoluto ser crítico, de ninguna manera, algunas situaciones. Hace unos dos meses me llamó el Gerente de la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia para decirme que el juzgado del edificio del juzgado de primera instancia e instrucción de Boltaña se había terminado. Bueno, es un edificio que había oído que se estaba construyendo, pero conocía el anterior, bueno, todavía no se ha inaugurado el edificio donde está instalado el juzgado de primera instancia e instrucción de Boltaña, pero estaba cómodamente instalado y dignamente instalado. Construir ahora en Boltaña un edificio de nueva planta, cuando hay tantas necesidades, por ejemplo, en Jaca, me parece no sé, no me parece... Y ya digo que no trato en absoluto de criticar nada, pero yo, al menos, hubiese preferido que se hubiese acometido ya la construcción del edificio de los juzgados de Jaca.
En cuanto al aumento de asuntos y causas, bueno, los delitos penales, ya poca intervención tiene la sociedad y los poderes públicos para evitar el que se produzcan, pero de alguna manera pueden los poderes públicos evitar que muchos asuntos vayan a los juzgados, ¿cómo? Creando instancias u órganos de composición de manera que los ciudadanos sólo llegasen a los juzgados en aquellos casos en que fuera imposible la composición de los distintos intereses en conflicto o en presunto conflicto. He puesto como ejemplo las cámaras de comercio, también me parece que es un órgano muy válido para tratar de resolver los problemas entre los comerciantes mientras no exista un conflicto de intereses; yo creo que un juez muy poco tiene que hacer en el depósito de mercancías cuando uno de los comerciantes dice que las ha recibido averiadas o perjudicadas, eso podría hacerlo, y además que tiene muchos más medios, las cámaras de comercio, que son organismos que tienen una amplia tradición e implantación en el mundo comercial e industrial. Otro tanto, y en eso insisto o he insistido en mis conversaciones o mis disertaciones con las compañías de seguros, digo sobre esa declaración voluntaria de accidente, eso tendría que implantarse en este país; todos, seguramente, hemos recibido de nuestra compañía aseguradora impresos para la declaración voluntaria, pero son todavía de muy reducida utilización. Tampoco las compañías de seguros, por lo que dicen, no sé si será aceptado, tampoco facilitan demasiado la labor de los juzgados; si tienen que pagar una indemnización no sé por qué no le pagan directamente, al perjudicado y no que depositan el dinero en el juzgado para que allí esté durante dos o tres meses, y la persona que ha de ser indemnizada no tiene esa cantidad durante dos o tres meses y el verdadero interesado no se beneficia en absoluto de ella; en los juzgados pienso que no tenía por qué estár ese dinero.
Ciertamente que en materia de indemnizaciones la sociedad está muy sensibilizada. Hoy vemos por los periódicos que es fácil leer que una persona intervenida quirúrgicamente denuncie o se querelle contra el médico, pero eso es en todo, en los accidentes de tráfico también. Lo que antes eran juicios de faltas en los juzgados de distrito, ahora han pasado a ser juicios verbales civiles en los juzgados de primera instancia, y el procedimiento tipo que se ha impuesto o se está imponiendo en los juzgados de primera instancia es el juicio verbal por reclamación de indemnizaciones en materia de accidentes de circulación. Pero eso, es un mal generalizado, incluso un personaje muy conocido de los Estados Unidos decía que todo ciudadano está buscando quien pueda ser responsable de algo que le haya perjudicado para reclamar la correspondiente indemnización.
O sea, que hoy algunos ciudadanos están buscando cómo pueden ser indemnizados de cualquier cosa, y por eso, la sociedad, en ese aspecto, también está incluida, y los juzgados lo notan. Hay casos en Zaragoza notables de indemnizaciones dadas por imprudencias a profesionales, médicos, arquitectos, de todos lados. Hoy en día yo sigo pensando, y lo he dicho muchas veces, que todos los profesionales persiguen el acierto, aunque no sea más que por vanidad, lo que ocurre que somos humanos y no queriéndolo nos equivocamos, y hoy se piensa que la equivocación ajena se produce siempre, en lugar de partir del principio de los profesionales, que se persigue el acierto en todas las decisiones que tomen; hoy el ciudadano normal parte de que el acierto no se persigue, se persigue en vía judicial, pero no se esfuerzan los profesionales por acertar siempre, que es lo que ocurre normalmente.
En cuanto al pesimismo que dice Su Señoría, es un pesimismo relativo, porque yo desearía que ya la informatización hubiese llegado a los juzgados de primera instancia, pero una informatización seria: el nuevo edificio de los juzgados está previsto para tener un solo ordenador, de manera que los veintiocho órganos jurisdiccionales que allí se van a establece7r funcionen con un solo ordenador o dos ordenadores, a lo sumo, por distintos órganos jurisdiccionales.
Yo creo que una informatización sencilla, al menos a mí, me viene muy bien, yo utilizo un ordenador personal como máquina de escribir y creo que es la mejor máquina de escribir que he tenido y, además, la más barata por los servicios que me presta y, si no manejase yo el ordenador, hoy creo que no podría hacer muchas de las tareas que hago. Lo comparo con el agricultor que dispone de tractor, con el tractor hoy puede realizar toda una serie de labores que antes con la yunta no podría hacerlo y, al menos a mí, el ordenador en ese aspecto me va muy bien. Quiero decir, además, que la Diputación General de Aragón, en un convenio que se celebró el pasado año, facilitó tanto al Tribunal Superior como al decanato de los juzgados de Zaragoza dos ordenadores para el manejo de los señores magistrados, y que en orden a la jurisprudencia civil, penal y fiscal, son medios importantes que a los magistrados le sirven para su trabajo diario, y esto nos lo facilitó la Diputación General de Aragón.
Y creo que habré dado respuesta a todas las preguntas u observaciones que el señor Diputado me había formulado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE (BIARGE LOPEZ): Muchas gracias, señor Presidente.
¿Las señoras Diputadas o los señores Diputados desean hacer alguna pregunta concreta? Tiene la palabra el señor Gómez de las Roces.
El señor DIPUTADO (GOMEZ DE LAS ROCES): Señor Presidente.
Corrigiendo un poco, no quiero hacer que a la pregunta corresponda una respuesta obligada, sino voluntaria, porque se trata de una crítica, ya lo anticipo, a una sugerencia que yace en la Memoria por la Sala de Gobierno a propósito de la puesta en práctica de los todavía no natos, por lo menos en la realidad, juzgados de primera instancia.
Se dice en la Memoria que, aunque la Ley 38/88 tiene prevista la constitución de juzgados de este orden jurisdiccional de carácter contencioso-administrativo, con competencia territorial de ámbito provincial en Huesca, en Teruel y dos en Zaragoza, lo cierto es que, hasta el presente, no se ha creado ninguno, pero se añade que, teniendo en cuenta la experiencia que ofrecen otros órganos con competencia territorial de ámbito provincial, considera la Sala de Gobierno que, en la medida legalmente posible, sería conveniente que esos cuatro órganos se constituyeran en Zaragoza, esto es, se prescindiera de establecerlos en Huesca y en Teruel. Yo casi me atrevo a decir que hablo por la colectividad de los representantes aragoneses presentes en este acto para, respetando el criterio de la Sala de Gobierno, advertir, casi con certeza, me hago responsable de la conjetura, que no estamos de acuerdo con ese criterio, y hay razones importantes. La independencia del poder judicial no debe desglosarse, orgánicamente hablando, de la organización conjunta de los servicios del Estado, y es muy importante que esos servicios se extiendan al conjunto del territorio, otra cosa es que en Zaragoza pueda haber no dos, sino cuatro juzgados de lo contencioso, siempre que se garantice la existencia mínima de ese servicio en cada provincia, porque otra cosa estimula la concentración, y por ahí empezó el centralismo.
Realmente, el disponer de servicios, no sólo en provincias, sino en comarcas es desde luego esencial para que no se produzca esa diáspora tremenda de poblaciones hacia las capitales mejor servidas, y en Zaragoza llegaríamos un día a pasar a Barcelona o a Madrid, inevitablemente en tiempos que, desde luego, nosotros ya no veremos, pero podría producirse. Pienso que hay que distinguir esos dos problemas, por lo mismo alguna vez en esta Cámara se ha suscitado qué sucede con los servicios docentes, la falta de servicios docentes de calidad y en número suficientes en las provincias hermanas de Huesca y de Teruel, igual que en otras provincias del resto de España, ha generado un empobrecimiento poblacional de las dos provincias. Creo que entre las funciones esenciales del Estado ha de estar la de mantener un esquema orgánico fijo en cada una de esas provincias, y no importa que trabajen poco esos jueces, porque con ello contribuiremos a que se formen. Esa carencia, a la que tan acertadamente se ha referido el señor Presidente del Tribunal Superior, podría remediarse en buena parte si esos jueces de lo contencioso en Teruel o en Huesca, en Huesca con más dificultades, pudieran madurar sus decisiones en vez de estar sometidos al terrible estrés de una Zaragoza donde juzgados de primera instancia tienen que dictar, teóricamente y cuanto menos, mil trescientas sentencias al año.
A mí me parece, y por eso decía que no quiero una contestación, pero sí me parece que no es desatinado trasladar a la Sala de Gobierno esta reflexión, una reflexión más que una pregunta, porque no se trata de que ahora nos corrija lo que, como criterio colectivo y corporativo, haya pensado la sala, pero sí que se tome en cuenta por la Sala de Gobierno que la organización de la justicia, debiendo ser funcionalmente independiente, orgánicamente necesita ensamblarse en el conjunto de un esquema que o se extiende a todo el territorio del Estado o, evidentemente, generará un abandono que primero será funcional y después será poblacional.
Nada más. Muchas gracias, salvo añadir mi enhorabuena sincera por la presencia del señor Presidente.
El señor PRESIDENTE (BIARGE LOPEZ): Adelante.
El señor PRESIDENTE del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (SAN ROMAN MORENO): Es una cuestión que nos ha inquietado a todos. En primer lugar, eso, con la ley en la mano, es una sugerencia de futuro, además de no muy próximo futuro, porque la creación de los ciento treinta y dos juzgados de lo contencioso- administrativo prevista en la Ley de enmarcación judicial, que data del año 1988, como Sus Señorías saben, todavía es un problema en el que no ha entrado el Consejo General del Poder Judicial, porque no se pueden improvisar, no pueden surgir de la noche a la mañana ciento treinta y dos magistrados de lo contencioso-administrativo que, en un orden tan especializado, puedan juzgar los asuntos en toda España, y además con acierto, conocimientos y preparación. Entonces, este problema, tal y como ha sido planteado por la Sala de Gobierno y sugerido al Consejo, legalmente no tiene ninguna solución, y si no es que no se reforman las leyes.
Pero sí ha querido que el Consejo General del Poder Judicial piense que si ha de resolver el problema, si es que se pretende resolver, de esa manera hay que echarle mucha imaginación para que la ley pueda modificarse en el sentido pretendido por la Sala de Gobierno. ¿Qué es lo que ha movido a la Sala de Gobierno a realizar esa sugerencia, esa exposición? Pues es la notable diferencia que, por ejemplo, existe entre la carga competencial que soporta el juzgado de lo penal de Teruel en relación con la carga competencial que soportan los cuatro juzgados de lo penal de Zaragoza. Los cuatro juzgados de lo penal de Zaragoza tuvieron, cada uno de ellos, en el año 1991, por término medio, seiscientas ochenta causas, el juzgado de lo penal de Teruel no llegó a las doscientas, entonces, el hecho de que existan órganos dentro de un mismo territorio, de una misma Comunidad Autónoma, que tengan una carga competencial tan notablemente diferente es lo que pretende que se reforme, o modificar, o evitar la sala del gobierno con su propuesta; propuesta que tiene muchas series de dificultades, y que habría que resolver, como muy bien ha dicho Su Señoría, sin perjuicio, sin perjudicar en absoluto los intereses legítimos de poblaciones como Teruel o Huesca; tendría que desplazarse allí el juez, uno de los jueces de lo contencioso-administrativo en su caso, para resolver allí, en el sitio, los asuntos, y tendría que tener una organización de una secretaría para poder seguir esos mismos asuntos en la capital de provincia, pero en sí, lo que se pretende con ello es que la distribución de carga de trabajo sea equilibrada entre unos órganos y otros del mismo orden jurisdiccional, eso es lo único que nos ha movido a hacer esa propuesta que es muy difícil que prospere.
En cuanto a los servicios, yo siempre he dicho que los servicios deben ser comarcales, se necesita un juzgado en Boltaña, Boltaña como población produce muy poco beneficio, si en una comarca como Boltaña existe un ambulatorio de la Seguridad Social con toda una serie de servicios, de manera que el ciudadano tuviese un servicio, no sólo en Administración de justicia, asequible y próximo sino también otro tipo de servicios, eso sí que es lo que, verdaderamente, podría ser interesante para todos los territorios; indudablemente, para el territorio de Aragón, la comarcalización de los servicios, el establecimiento de los juzgados en comarcas donde ciertamente haya un conjunto de servicios podría ser interesante e importante para los ciudadanos habitantes de esa comarca.
El señor PRESIDENTE (BIARGE LOPEZ): Muchas gracias.
¿Hay alguna otra pregunta?
Pues, muchas gracias, don José Ramón San Román por su amable disposición, muchas gracias por su espontánea, voluntaria comparecencia, y nuestro reconocimiento también por la sinceridad, la calidad, la precisión y la extensión de la información que ha vertido en su comparecencia y que, sin duda, ha explicado y enriquecido sustancialmente, de manera significativa e importante los datos contenidos en la Memoria del año noventa y uno, elaborada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Muchas gracias, y sin duda, en otros sucesivos actos, comparencia o no comparecencia, tendremos ocasión de intensificar esta relación que nos honra y que, sinceramente, deseamos que se intensifique.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (SAN ROMAN MORENO): Muchas gracias, señor Presidente, y muchas gracias, Señorías.
El señor PRESIDENTE (BIARGE LOPEZ): Tenemos, por favor, tenemos un acta, una minúscula acta del día 12 de mayo por aprobar, si no hay ninguna objeción, la damos por aprobada.
Se levanta la Sesión. (A las catorce horas.)