Intervinienen: Echeverria Gorospe, Yolanda - Lacasa Vidal, Jesus - Queralt Solari, Carlos - Pons Serena, Rosa Maria
El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor Yuste. Y sepa que será bien recibido siempre que quiera venir a esta comisión.
¿Algún otro portavoz?
Pasamos al punto número cinco: debate y votación de la proposición no de ley 138/01, sobre la modificación, reconocimiento, declaración y calificación de grado de minusvalía, presentada por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.
Para su defensa, tiene la palabra su portavoz, señora Echeverría.
Proposición no de ley núm. 138/01, sobre la modificación del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía.
La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias, señor presidente.
Señorías.
En enero de 2001 se publica el Real Decreto 1971/1999, que cambia las normas de valoración para el reconocimiento de minusvalía. Este nuevo decreto representa un recorte y, en algunos casos, la suspensión de las pensiones no contributivas a personas afectadas por el virus del sida, porque este decreto endurece esas condiciones a la hora de acceder al cobro de esa pensión.
Es un colectivo de unas doce mil personas en el Estado español, la mitad de las que padecen sida, que son veinticuatro mil, y, de esos veinticuatro mil casos, en Aragón existen mil ochenta y dos personas afectadas.
Estas personas, además, tienen una serie de problemas añadidos, en muchas ocasiones problemas que tienen que ver con las drogodependencias, y también problemas sociales, problemas de desempleo, porque, queramos o no, lo cierto es que lo siguen teniendo complicado a la hora de acceder a un puesto de trabajo. Así que esa pensión de unas cuarenta mil pesetas representa en muchos casos la única ayuda que tienen, y no van a poder disponer de ninguna otra.
Lo cierto es que el aumento de la supervivencia, con los nuevos tratamientos de antirretrovirales, hace que la enfermedad se haya convertido en una enfermedad crónica. Pero hay que reconocer que esta enfermedad sí que es diferente a otras enfermedades crónicas, porque es necesario, además, establecer una serie de medidas sociales.
El decreto del pasado enero de 2000 no recoge aspectos psicológicos, no alude a los nuevos indicadores de infección, como es la carga viral, que se configura como un elemento pronóstico en relación con la evolución de la enfermedad, ni tampoco tiene en cuenta los efectos secundarios de los fármacos.
Entre los nuevos criterios del decreto, se exigen los ingresos hospitalarios para recibir ayudas económicas, cuando todos sabemos que esta enfermedad se ha convertido en este momento en una enfermedad ambulatoria; también se exige la condición de que los enfermos tengan menos de cincuenta linfocitos para que se les reconozca el 33% de discapacidad, cuando la Organización Mundial de la Salud considera que, por debajo de doscientos linfocitos, el sistema inmunológico está casi destruido; finalmente, ese nuevo decreto tampoco tiene en cuenta las enfermedades asociadas al virus del sida a la hora de hacer el cómputo, como pueden ser la tuberculosis o las neumonías.
Con esta iniciativa que presentamos pretendemos que se modifique ese decreto, que endurece los criterios de minusvalía entre la población afectada por el sida y que supone en muchos casos la suspensión de pensiones a estos enfermos. Pensamos que es un retroceso en la asistencia y en los derechos de estas personas y que abandona la línea que se había mantenido hasta ahora de considerar como criterios válidos los criterios aplicados por la Organización Mundial de la Salud.
Pretendemos que se bareme con un 33% de minusvalía a cualquier persona con virus del sida que tenga doscientos linfocitos CD4; que se considere suficiente el tratamiento crónico y la asistencia continuada; que se tengan en cuenta las enfermedades asociadas; que se revisen las calificaciones de minusvalía que se han visto afectadas por este real decreto y, finalmente, que se dicten instrucciones para que estas modificaciones se contemplen por igual en todas las comunidades autónomas.
Nada más, y muchas gracias.
El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora Echeverría.
A esta proposición no de ley, hay dos enmiendas, presentadas por Izquierda Unida y el Partido Popular.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Lacasa, de Izquierda Unida.
El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías.
Para expresar, en primer lugar, nuestro acuerdo, por supuesto, con la finalidad de la proposición no de ley.
Todos somos conscientes de una comparecencia muy interesante de la Comisión Ciudadana Antisida, de los hermanos franciscanos de la Cruz Blanca, de la Asociación Gaspar y de la Asociación OM-SIDA, en la cual se puso de manifiesto esta problemática. Nosotros ya habíamos trabajado -creo que otros grupos también- con alguno de estos colectivos ante las primeras noticias de alarma que tuvimos cuando se modificó el real decreto y cuando apareció con claridad el problema, y era que personas que tenían unos derechos determinados a una pensión no contributiva, con un sistema de valoración anterior, de la noche a la mañana descubrían que, estando en el mismo estado de enfermedad, perdían esa prestación y podían quedar en algunos casos muy dañados socialmente, muy vulnerables, porque el hecho de tener un determinado número de linfocitos o no, etcétera, es un dato que puede quedar muy bien científicamente, pero, luego, los efectos de esa medicación todos sabemos que son notables y, de cara a la continuidad y a los puestos de trabajo, a veces dan bastantes problemas. Por eso, el hecho de que acudieran a las Cortes es una voz de alarma ante una situación que en algún momento parecía insostenible.
Desde ese punto de vista, y después de una pregunta que le hicimos al consejero Larraz, sus respuestas de sensibilidad, de poder actuar desde la comunidad autónoma en esta dirección, después de la comparecencia de estos colectivos, en la que todos los grupos dijimos que recogíamos el espíritu de su planteamiento, llega esta proposición no de ley, que ya digo que nosotros vamos a apoyar globalmente.
Y, simplemente, aportamos una modificación, por considerar que aclara y recoge mejor lo que se pretende, y una adición que amplía un aspecto que no está contemplado.
La modificación es en el punto uno, en el apartado a), donde hay una redacción un tanto confusa, y lo que nosotros planteamos es que existe una redacción mucho más clara, y es que «se recupere el criterio de calificación de discapacidad, en lo referido al recuento de linfocitos, que existía con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 1971/1999». Es decir, que, de alguna manera, se retorne a una situación en la que se pueda garantizar ese acceso a la prestación para aquellos casos de enfermos de sida. No dejan de ser enfermos, aunque sea una enfermedad que ya pasa de ser mortal y aguda a ser una enfermedad en muchos casos crónica. Pues en estos casos también tiene una necesidad clara de atención social.
Y una enmienda de adición al punto primero en la cual se diga que en la baremación se tengan en cuenta también los factores sociales complementarios y que esa puntuación, de alguna forma, se aplique en la valoración, puesto que -y ése fue también uno de los elementos de la comparecencia- parecía lógico que estos factores sociales fueran tenidos en cuenta, y no sólo factores estrictamente sanitarios. Estamos ante un colectivo que en muchos casos tiene repercusiones que no sólo son sanitarias, sino que también son sociales.
Por eso queremos que se incorpore esa valoración, y creemos que estos dos aspectos mejoran de la proposición no de ley.
Muchas gracias.
El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor Lacasa.
Para la defensa de la enmienda por el Partido Popular, tiene la palabra su portavoz, señor Queralt.
El señor diputado QUERALT SOLARI: Gracias, señor presidente.
Señorías.
Vamos a decir de entrada que estamos de acuerdo con esta proposición no de ley, pero pensamos que no es este parlamento el sitio donde debía presentarla.
Señora Echeverría, usted tiene diputados en Madrid que podían haber recogido las conclusiones de comparecencia del mes pasado con respecto a este decreto de minusvalía, las consideraciones que se hicieron aquí. Si lo ha hecho, aquí sobra, y si no lo ha hecho, es en Madrid donde tenía que presentarlo. Porque para escuchar una exposición de la filosofía del sida, en la que estamos todos de acuerdo, que no hacemos más que repetirla en todas las comisiones, en todas las legislaturas, pues no merece la pena. Y si, encima, nos presenta usted una proposición no de ley para aplicar unas conclusiones y, encima, las deja incompletas, como ha hecho, pues entonces aún lo entendemos menos.
Bueno, dicho esto, queremos decir que estamos de acuerdo con esa proposición, no podía ser de otro modo, y por eso se la hemos enmendado.
Quería comentar las enmiendas y, si acaso, luego también me gustaría comentar las enmiendas del portavoz de Izquierda Unida en aras a agilizar luego su posición o no.
El primer punto pensamos que era confuso y que está más claro con la enmienda que ha presentado el señor Lacasa.
En el segundo punto, el otro día hablábamos que si nos metíamos con la atención hospitalaria exclusiva, no nos lo haga usted al revés ahora, solamente dedicado a la atención crónica o tratamientos continuados. Vamos a hablar de la atención integral, tanto la hospitalaria como la que se haga ambulatoria o domiciliaria.
Por otro lado, también olvida usted las secuelas de los tratamientos con fármacos antirretrovirales, que son muchas veces los que condicionan el estado del paciente seropositivo.
Y, por último, también estamos de acuerdo con aplicar los factores sociales, que también a nosotros se nos pasó por alto, si no, también lo hubiéramos enmendado en este sentido. Que pensamos que deben ser considerados a la hora de baremar este tipo de enfermedades, que, como hemos dicho, es una enfermedad muy heterogénea, muy difícil de valorar, y que pensamos que en estos casos, cuanto más elementos contemos para ser lo más precisos posible en el grado de discapacidad, mejor que mejor.
Nada más. Muchas gracias.
El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor Queralt.
Intervención del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. Señora Costa, tiene la palabra.
La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias, presidente.
Señorías.
Según los últimos datos acumulados de la vigilancia epidemiológica del SAS (diciembre del año pasado), la realidad del VIH (sida) en Aragón se conforma con la existencia de ciento sesenta y siete casos en Huesca, ochenta y siete en Teruel y ochocientos cincuenta y cuatro en Zaragoza. Es esencial señalar que este registro se refiere a casos de sida y no a casos de seropositivos, por lo cual no es el fiel reflejo de la realidad actual.
El Decreto 1971/1999, que ya se ha nombrado, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía, tiene por objeto, como ya conocerán, la regulación del reconocimiento de grado de minusvalía, el establecimiento de nuevos baremos aplicables, la determinación de los órganos competentes para realizar dicho reconocimiento y el procedimiento a seguir. Todo ello, para que la valoración y calificación del grado de minusvalía sea uniforme en todo el Estado, como debe ser, garantizando así la igualdad de condiciones para el acceso del ciudadano a los beneficios, derechos económicos y servicios que otorguen los organismos públicos correspondientes.
De acuerdo con el apartado 10 de dicho real decreto, se dictan normas especiales para la valoración de la discapacidad en casos de infección por VIH, ya que se trata de una situación basada en circunstancias clínicas muy heterogéneas, como ya se ha dicho también: «El grado de discapacidad incluido en cada clase en la infección por sida es el que se atribuye la enfermedad índice y dependerá de sus secuelas, si las hubiere, y de su cronicidad». De esta forma, yo entiendo que deben establecerse unos criterios de valoración en los que se tengan en cuenta el diagnóstico, el grado de discapacidad, la necesidad de tratamiento continuado y la presencia o no de episodios anuales de enfermedades relacionadas con su inmunodeficiencia, y aquí añadiría también los enormes problemas sociales colaterales a esta enfermedad.
Los grados de discapacidad que se establecen van desde el 0%, en el caso de que el diagnóstico sea nulo, hasta el 75%, cuando el paciente está diagnosticado y precisa un tratamiento continuo y es muy grave.
La competencia de la Comunidad Autónoma de Aragón en esta materia se circunscribe a la ejecución de las funciones y servicios que correspondían al Instituto Nacional de servicios sociales, entre los que se encuentra el reconocimiento del grado de minusvalía, pero siempre según las directrices recibidas. Hasta aquí, todo correcto.
El problema surge, como ya se dice en la exposición de motivos de esta proposición, porque el decreto antes mencionado modifica los criterios para clasificar la minusvalía, lo que nos lleva a un recorte de las pensiones no contributivas en personas que deberían tenerla.
Desde el PAR, estamos de acuerdo en lo que solicita la proposición en todos sus puntos, y no me cabe ninguna duda de que nuestra consejería de Sanidad asumiría con mucho agrado la modificación de este decreto que beneficiaría a los enfermos de VIH, e incluso revisar las minusvalías que se hayan visto afectadas por la aplicación de este decreto. Así me lo ha hecho saber y así lo comunico.
De mis palabras se traduce fácilmente que el voto del PAR va a ser afirmativo.
Muchas gracias.
El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora Costa.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señora Pons.
La señora diputada PONS SERENA: Gracias, señor presidente.
La iniciativa que nos presenta hoy el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista es la materialización de la voluntad ya manifestada por los grupos parlamentarios hace un poco más de un mes en esta misma comisión, cuando compareció la Comisión Ciudadana Antisida de Aragón, que nos hizo saber y nos puso de manifiesto las dificultades de ese colectivo para poder mantener ese grado de minusvalía que les posibilitaba la percepción de las pensiones no contributivas.
Por otra parte, decir que la Diputación General de Aragón es una mera gestora de esa normativa que establece el Gobierno central, y, en esa gestión, les toca hacer los reconocimientos del grado de minusvalía. Por tanto, el Departamento de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Gobierno autónomo no tiene competencia alguna en la determinación de esos criterios, que deberán tenerse en cuenta a la hora de reconocer el grado de minusvalía en los casos de la infección de VIH y en cualquier otro. El Gobierno central ni siquiera le ha consultado al Gobierno autónomo acerca del establecimiento de esos criterios.
Como ejemplo, citaremos que, con la modificación del real decreto, no se contempla el diagnóstico de la enfermedad como criterio de valoración en sí mismo, de tal forma que ha desaparecido la asignación de un grado de minusvalía determinado. Decir que el centro de control de enfermedades de Atlanta barema en un 33% de minusvalía a cualquier persona que se le declare una infección de VIH, y eso lo podemos poner frente a ese 0% de minusvalía que reconoce el actual decreto.
La última información que ha tenido el Gobierno de la comunidad autónoma o que se ha remitido por parte del Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales al Gobierno autónomo dice que están manteniendo reuniones entre la Secretaría General de Asuntos Sociales y los representantes de personas afectadas por la enfermedad. De estas reuniones se deduce que el conflicto se produce más por las dificultades que tienen estas personas para acceder al mundo laboral que por la situación propia de discapacidad. Tiene más importancia el rechazo social que la propia discapacidad.
El Departamento de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Gobierno autónomo es consciente de estas dificultades que está teniendo este colectivo, y ya ha manifestado que va a estudiar uno por uno, individualmente, los casos que, debido a esa nueva baremación, puedan quedarse sin esos recursos, sin esas pensiones que tenían antes de la modificación del decreto.
También, desde el Gobierno de la comunidad autónoma se apoyará el establecimiento de ese consenso entre el ministerio y las asociaciones de personas afectadas por la enfermedad.
Decir que ya se tienen datos, se ha realizado un estudio por parte del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, el pasado mes de abril concretamente, y se constató que, del total de personas reconocidas por infección de VIH en la Comunidad Autónoma de Aragón, con los nuevos baremos del Real Decreto 1971, diez no alcanzaron el grado de minusvalía del 33%, veinticinco alcanzaron el grado de minusvalía de entre un 33% y un 64% y veintisiete personas obtuvieron un grado igual o superior al 65%.
No obstante, independientemente de que el Gobierno autónomo esté buscando alternativas hacia esas pensiones de minusvalía por VIH, dado que el pronóstico de la enfermedad puede tener mejoras y, sin embargo, persistir esos problemas sociales asociados a la enfermedad, nos parece positivo apoyar esta iniciativa que nos presenta Chunta sobre la modificación del Real Decreto 1971, que permitirá evitar la generación de situaciones injustas en un colectivo de personas que, independientemente de la mejor evolución de la enfermedad, mantienen una situación social desfavorable.
Por lo tanto, como ya he dicho, el Grupo Parlamentario Socialista votaremos a favor de esta iniciativa.
Gracias, presidente.
El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora Pons.
¿Necesitan que se suspenda la sesión durante unos minutos?
La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Creo entendido que el señor Queralt estaba de acuerdo con que la primera enmienda de Izquierda Unida, que puntualiza... Totalmente de acuerdo, entonces. No hace falta.
El señor presidente (GARCÍA LLOP): Entonces, ¿procedemos a la votación? O, si quiere, paralizamos dos minutos...
La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Digo que no hace falta cortar para aceptar...
El señor presidente (GARCÍA LLOP): Nos hace llegar cómo va a quedar o no lo explica si quiere.
La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: No hace falta, ya lo sé.
La enmienda número 1 de Izquierda Unida, que es una mejor redacción del primer punto, 1.a), se acepta.
El Partido Popular también está de acuerdo con que esta enmienda de Izquierda Unida es mejor que la que ha elaborado el Partido Popular, que clarifica mucho más la de Izquierda Unida, con lo cual descartamos la enmienda número 1 del Partido Popular al punto 1.a) y nos quedamos con la de Izquierda Unida.
Y las demás enmiendas se aceptan todas.
El señor presidente (GARCÍA LLOP): De acuerdo. Pasamos, en ese caso, a la votación.
¿Votos a favor de la proposición no de ley? Por unanimidad.
¿Explicación de voto?
Tiene la palabra la señora Echeverría.
La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias, señor presidente.
Quería puntualizar dos cosas al señor Lacasa, de Izquierda Unida: primero, que esta iniciativa fue presentada antes de la comparecencia de los afectados por el virus del sida en esta comisión, y segundo, que se presentó aquí, entre otras cosas, porque la Comisión de Afectados necesitaba y quería en que esta iniciativa se mojasen los parlamentarios aragoneses y también en Madrid, y por eso se llevó a esta comisión.
Y agradecer el apoyo a esta iniciativa, que yo creo que se ha mejorado con las aportaciones tanto del Partido Popular como de Izquierda Unida.
Nada más.
Gracias.