Intervinienen: Gimenez Abad, Manuel - Mendi Fornies, Jose Francisco - Cristobal Montes, Angel - Bernal Bernal, Chesus - Bescos Ramon, Jose Maria - Pina Cuenca, Francisco
El señor Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales (GIMENEZ ABAD): Señor Presidente, señorías.
La política sobre administración pública de este gobierno se apoya o se está apoyando, fundamentalmente, en tres actuaciones: su eje central, como ustedes bien saben, es el Plan de renovación y modernización administrativa, que tras efectuar un diagnóstico de los defectos que aquejaban el funcionamiento de la administración, ha propuesto ochenta y ocho medidas, que fueron debatidas y aprobadas por estas Cortes y que, actualmente, se encuentran en el nivel de ejecución del primer plazo previsto en el propio Plan de modernización.
Pero también son muy importantes dos medidas de carácter legislativo que suponen dar una respuesta normativa legislativa a determinados planteamientos de carácter general que hace ese Plan de modernización. La primera norma en ese aspecto es la ley de la administración de la Comunidad Autónoma. Esta ley debía presentarse, se debía haber presentado hace tiempo ya por el anterior gobierno; de hecho, hubo una presentación de una norma, pero ésta pretende sustituir la ya anticuada ley del noventa y cuatro, que no es capaz de dar respuesta a la realidad administrativa actual de nuestra Comunidad Autónoma. Por eso, hacía falta una nueva ley y por eso hacía falta un nuevo marco que estuviera en consonancia con los planteamientos del Plan de modernización.
Y otro de los pivotes sobre los que debe apoyarse toda la política del gobierno en materia de administración pública será el futuro estatuto de la función pública de nuestra Comunidad Autónoma, que deberá regular la existencia en nuestra Comunidad de una función pública profesionalizada, de la carrera administrativa, de un sistema de selección objetivo y transparente, y que será posible cuando, tras muchos años de no haber sido capaz el gobierno de la nación de elaborar un estatuto de la función pública, el nuevo gobierno que ha entrado elabore un estatuto -lo lleva en su programa de gobierno- y nosotros podamos, de acuerdo con las bases que fije ese estatuto, proceder a su desarrollo.
Entonces, en este momento, nos centramos como tarea política, dentro de ese cuerpo de actuaciones que representa la política del gobierno sobre la administración pública, en la ley de la administración de la Comunidad Autónoma, y esta ley tiene dos cuerpos fundamentales o dos objetivos fundamentales: el primero de ellos es el desarrollar la legislación básica del Estado, es decir, desarrollar la aún no desarrollada por nuestra Comunidad Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en aspectos jurídicamente de la primera importancia, como es el régimen de los actos administrativos, su remisión de oficio, los recursos, régimen de órganos colegiados, etcétera, etcétera. Yo creo que hemos hecho un gran esfuerzo técnico para desarrollar con criterio y con una cierta capacidad de innovación -la que nos permite la legislación básica del Estado- estos apartados, y que realmente el producto que se ha obtenido con la ley es un producto de calidad.
En segundo lugar, y esto ya es más importante y representa las principales innovaciones de la ley: ésta tiene como objeto regular aspectos relacionados con el funcionamiento y la organización de la administración. Es decir, la ley hace una apuesta por trasladar al terreno normativo, por dar fuerza legal a determinados planteamientos del Plan de renovación y modernización administrativa.
Concretamente, ¿en qué aspectos se centra esta actuación normativa para vincular las acciones del Plan de modernización con nuestra ley de administración? En primer lugar, se trata -y se puede observar en la ley- de diseñar una organización administrativa, sencilla y flexible, capaz de adaptarse a las necesidades de programación política de cada momento. Esta organización pretende evitar los males del pasado, es decir, estructuras muy rígidas que provocaban una necesidad de cambios en el diseño del aparato burocrático, del aparato organizativo de la Comunidad Autónoma, cambios continuos y muy disfuncionales para el funcionamiento de la administración.
La ley da una respuesta, a través de unos mecanismos mucho más sencillos, en relación con la organización de la Comunidad Autónoma y, además, somete cualquier reforma organizativa a unos mecanismos de control por parte de los Departamentos de Presidencia y Economía, para evitar que exista un exceso de burocratización, un exceso de cargos, una tendencia a la inflación orgánica que, normalmente, ha podido observarse en las administraciones públicas.
En segundo lugar, otro de los ejes centrales de la filosofía que inspira la ley es el conseguir una estructura desconcentrada. La filosofía de la ley es que en los servicios centrales se planifique, se dirija y se controle, y en los servicios territoriales, con el aparato provincial o, en su caso, comarcal de la Comunidad Autónoma, resida la mayor parte de la actividad de gestión y ejecución de la Comunidad Autónoma. ¿Cómo se hace? Se hace potenciando la figura de los delegados territoriales, que se convierten en auténticos directores territoriales, directores políticos en el ámbito provincial de la acción del gobierno de la Comunidad Autónoma, naturalmente dirigidos por los responsables políticos que hay en el nivel central. Se refuerzan las competencias de esas delegaciones territoriales, permitiendo que los servicios periféricos de la Comunidad Autónoma, a cuyo frente habrá un director del servicio provincial, sean realmente organismos de gestión y ejecución.
Al mismo tiempo, se crean las oficinas delegadas, como compromiso del gobierno de cara al futuro, que son oficinas que tendrán un ámbito territorial inferior a la provincia, que, de acuerdo con el anteproyecto de ley de delimitación comarcal que recientemente se envió a las Cortes, podrán tener un ámbito comarcal o supracomarcal, al abarcar incluso tres comarcas, y que son una apuesta decidida en el camino de la desconcentración de la administración.
Importante capítulo es también el de la incorporación a la ley -y eso sí que es una novedad legislativa de primer orden-, la incorporación a la ley de instrumentos normativos que garanticen la eficacia y eficiencia de la administración pública y el que existan controles de eficacia y eficiencia. Para ello, se eleva a categoría normativa el principio de programación de actividad de la administración pública y, naturalmente, de determinación de unos objetivos que puedan ser controlados dentro de la dinámica de la dirección por objetivos. En segundo lugar, se obliga -pero ya jurídicamente- a que se racionalicen y simplifiquen los procedimientos administrativos; se regula también jurídicamente la utilización de medios informáticos y telemáticos por la administración, y se implanta también la obligación jurídica de efectuar auditorías administrativas del funcionamiento de los servicios para evaluar su eficacia y eficiencia. Es decir, se eleva a categoría de ley, a precepto jurídico, a obligación jurídica el que las administraciones estén controladas, se sometan a una serie de controles y haya una garantía de que el dinero que gastan los ciudadanos en la administración se gaste adecuada y ordenadamente.
Finalmente, se ha optado por regular también en la ley lo que se denomina administración institucional de la Comunidad Autónoma. No somos, como gobierno, partidarios de un crecimiento sin justificar de la administración institucional de la Comunidad Autónoma. En la Comunidad Autónoma se han creado una serie de organismos autónomos cuya justificación, en algunos casos, es dudosa. Por otra parte, el nivel de creación de empresas públicas y de entidades de derecho público que se someten a derecho privado la verdad es que, hasta ahora, ha sido ajustado.
Nosotros queremos regular, por economía legislativa, dentro de esta ley la administración institucional de la Comunidad Autónoma bajo una serie de principios: en primer lugar, que los organismos autónomos que se creen estén justificados, y para ello se exige -y es una novedad también en relación con la legislación del Estado- que se elabore siempre un plan inicial de actuación, en el que se justifiquen objetivos, se demuestre la mejora que supone su funcionamiento autónomo en relación con su funcionamiento centralizado y se especifiquen los recursos humanos y materiales que van a dedicarse al organismo autónomo.
En segundo lugar, y en cuanto a las entidades de derecho público que se someten al derecho privado y que ofrecen una tentación permanente de huir del derecho público en algunos aspectos de garantía, también se exige un plan para su creación de las mismas características y, además, se garantiza que el personal directivo y laboral se someterá a los mismos trámites de mérito y capacidad para su selección que el personal de las administraciones públicas ordinario, aunque el organismo se somete al derecho privado.
Y, finalmente, en las empresas públicas, naturalmente se establecen determinadas cautelas de control por parte del Departamento de Economía y Hacienda para justificar la necesidad de su creación, y también se establece que el personal laboral, no el directivo, sino el laboral al servicio de las mismas entre también con garantías de mérito y capacidad.
Así, los criterios que inspiran la ley son el conseguir una administración moderna, flexible, eficaz y eficiente, capaz de controlar sus gastos y capaz de dar a los ciudadanos, que son los que con sus impuestos sufragan la administración, la respuesta en servicios que merecen. Se ha intentado hacer una ley para cualquier gobierno y con vocación de permanencia; una ley de estas características nunca puede hacerse en contra de una determinada parte de la cámara, y solicitamos una actitud positiva de los diversos Grupos para poder llegar a una ley que tenga un amplio nivel de consenso. Observando las enmiendas que se han presentado, incluso la propia enmienda de devolución del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que si luego se observan las enmiendas parciales, pocas, y, en fin, dedicadas a temas muy puntuales, pues a veces se ve como una enmienda, no digo testimonial, porque una enmienda nunca es testimonial, pero sí como una enmienda que será fácil de convertir en enmienda puramente parcial en el diálogo que posteriormente se tenga en fase de Ponencia, y viendo las enmiendas creo que la posibilidad de consenso, esa posibilidad de acuerdo, esa posibilidad de hacer una ley de la administración que sirva para cualquier gobierno se obtendrá en el trámite posterior de Ponencia y Comisión.
Muchas gracias a todos.
El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL): Muchas gracias, señor Consejero.
Para la defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón don Francisco Mendi.
El señor Diputado MENDI FORNIES: Gracias, señor Presidente.
Desde luego, la enmienda del Grupo de Izquierda Unida tiene la virtualidad de ser una enmienda eminentemente política; yo creo que ésa es una tentación y el objetivo por el cual nuestro Grupo ha presentado una enmienda de devolución ante un texto que, efectivamente, podría tener la característica de aparecer como excesivamente técnico, y, por lo tanto, con un cierto atrevimiento a la hora de presentar una enmienda de devolución, no digamos ni siquiera una enmienda con un texto alternativo, que le corresponde, en todo caso, al gobierno, como fruto del contenido de este proyecto de ley. Pero hemos querido presentarla porque entendemos -y en el trabajo de equipo que hemos tenido tanto en el Grupo Parlamentario como en la organización de Izquierda Unida así lo hemos visto- que había que retomar el nunca finalizado, ni siquiera iniciado en esta cámara debate sobre el proyecto de ley que en este mismo sentido presentó el anterior gobierno de nuestra Comunidad Autónoma. Y hemos visto, hemos hecho la prueba del algodón, hemos comparado las diferentes cuestiones que iban en el articulado, en los principales títulos y capítulos de aquel proyecto de ley y del actual, que hoy estamos debatiendo en su trámite de totalidad, y hemos visto unas notables diferencias, y hemos visto -yo diría- un sustancial retroceso en algunas cuestiones que nos parecían, desde nuestro punto de vista, que aceleraban, agilizaban, el tratamiento de algunas cuestiones de la administración, pero, sobre todo, mejoraban la organización global de la Comunidad Autónoma en cuanto a la duplicidad, en cuanto a la simplificación que en aquel texto se contenía y que en éste se ha echado para atrás.
Hemos presentado esta enmienda, por lo tanto, por un sentido de obligación, por un sentido de necesidad, y yo diría también que por un sentido de ahorro y economía. Yo creo que esos tres aspectos centrales son los que van a recorrer el debate de este proyecto en el momento actual.
¿Por qué hemos tenido la necesidad de presentar esta enmienda a la totalidad? Pues, entendemos que hay una contradicción flagrante con el diseño de la administración que se contiene en el actual Estatuto de Autonomía de Aragón y en aspectos centrales del proyecto de reforma que, en este momento, está en tramitación en el Congreso de los Diputados. Y el Estatuto de Autonomía, hoy en vigor, entendemos que tiene una virtualidad, y es que evita, impide en la práctica la duplicidad de una administración periférica propia de la Comunidad Autónoma, y Aragón no se puede permitir tener en su territorio seis administraciones, no podemos compartir terreno administrativo, duplicado, triplicado, así hasta seis administraciones que, a veces, se superponen y conllevan un incremento importante del gasto público: la administración central, la administración autonómica, la administración de las diputaciones provinciales, las mancomunidades, las comarcas y las entidades locales. No es posible compartir materias, no es posible intentar tener una administración propia en cada uno de esos foros, de esos ámbitos territoriales, porque, al final, se acaban duplicando y acaban teniendo similitudes en la propia competencia administrativa.
Y en lo que hace referencia a esta ley, al tema autonómico, desde nuestro Grupo, nuestro punto de vista es que no debe tener la administración de la Comunidad Autónoma una administración propia en la periferia de nuestro territorio. Entendemos que, de acuerdo con lo que se dice en los artículos 44.3 y 45 de nuestro Estatuto, se impide esa posibilidad, puesto que, incluso, se llega a delegar en otras administraciones de tipo local.
Por otro lado, este proyecto de ley establece la provincia como centro básico de estructura de la administración de la comunidad autónoma en sus ámbitos provinciales, y entendemos que eso tampoco es favorecer ni facilitar el futuro de la organización comarcal, del desarrollo de las comarcas -que, por cierto, luego vamos a tener un importante foro de debate en la interpelación que se ha presentado-, y creo que hay que ir amoldando, hay que ir acordando los diferentes textos legales y las diferentes propuestas del gobierno a ese futuro también de la administración. En ese sentido, entendemos que esta ley va a fortalecer a las provincias frente a las comarcas o a las actuales mancomunidades o servicios más cercanos al ciudadano.
Entendemos que, además, supone una vulneración del espíritu y la letra de la administración única, que ha propuesto el Partido Popular y que ha defendido el Partido Popular, y que hemos defendido desde otros Grupos. Aquí no hay una administración única, ni hay una única administración: se duplican los trámites administrativos, de forma que los ciudadanos tengan que acudir a diferentes foros, tanto de la Comunidad Autónoma como de las entidades locales, para tramitar algunas cuestiones relativas a su administración.
En tercer lugar, supone la consolidación de los gobernadores civiles de Aragón, y hoy, que es el momento del debate, de la puesta en marcha de la aparente reducción del equipo de gobierno de nuestro país sobre la administración, el que tengamos que volver a recalcar la existencia de los delegados del Gobierno de Aragón en las provincias de Huesca y de Teruel, pues, lo siento, pero es un escalafón más en la estructura administrativa similar a los gobernadores civiles que hoy están vigentes en las diferentes provincias y los delegados del gobierno en la Comunidad Autónoma. Por lo tanto, si vamos a seguir descendiendo, creo que eso no ayuda a la consolidación administrativa en nuestra Comunidad Autónoma.
Por lo tanto, mantenemos la idea de supresión de estos delegados del gobierno, coherente con la que mantenemos a nivel estatal con la supresión de los gobernadores civiles. Por lo tanto, no a los gobernadores civiles en las provincias de Huesca y de Teruel. Entendemos que es una forma también de contribuir al ahorro del gasto y de la estructura administrativa.
¿Qué diría nuestro país si la Unión Europea nos pusiera delegados del gobierno de la Unión Europea en cada país? O ¿qué dirían a su vez los diferentes niveles territoriales si siguiéramos con ese eslabón en las cadenas administrativas?
En definitiva, hay un retroceso en el proyecto de ley, hay una contradicción con el Estatuto de Autonomía y hay una falta de control de la evaluación administrativa y del régimen de contrataciones, en las que, como señalaba anteriormente el Consejero, hay determinados aspectos de la ley que son muy prolijos en la contratación, pero hay otros en los que ni siquiera se menciona la posibilidad de ceñirnos a la Ley de Contratos del Estado para asegurar una contratación con todas las garantías públicas de nuestra legislación.
Se hace, por otra parte, una especial incidencia en la delegación de competencias, y no se habla casi nada de la desconcentración de las competencias, y creo que es un importante valor a la hora de hablar de nuestra administración.
Por lo tanto, sí que es cierto que Aragón necesita una administración mucho más cercana al ciudadano, a sus localidades y a sus comarcas, pero para lograr esto no es necesario que la administración exista en cada foro territorial, en los cuales se organiza nuestra propia Comunidad Autónoma. No hay que llevar toda la administración al ciudadano, sino que la administración esté cerca del ciudadano, y eso se puede conseguir perfectamente a través de las ventanillas únicas de las administraciones únicas de los ayuntamientos, que pueden gestionar, que pueden servir para ejecutar ese aspecto de la administración de la Comunidad Autónoma, y para eso no es necesario que la administración se repita con todos sus Departamentos y servicios en las provincias y luego se traslade incluso con sus propias oficinas territoriales a algunas comarcas, estando otros entes, como ya vamos a tener, tanto en las mancomunidades y, por qué no, en los propios ayuntamientos. Creo que el concepto que un destacado autor mencionaba del federalismo ejecutivo tendría que ser uno de los principios por los cuales nos podríamos regular, en el sentido de trasladar esa potestad normativa, que la podría tener, la podría seguir teniendo la Comunidad Autónoma, pero la potestad ejecutiva la podríamos trasladar al lugar más cercano a la ciudadanía, y podrían ser los ayuntamientos. No hay que hacer una nueva estructuración administrativa para trasladar la ejecución de los acuerdos de la Comunidad Autónoma y de las necesidades administrativas a cada foro de los diferentes entes territoriales y administrativos de la Comunidad Autónoma.
En resumen, desde nuestro punto de vista, ésta no es la ley que necesita la Comunidad Autónoma para organizar su administración; entendemos que ni es una buena ley ni va a ser una ley buena para el funcionamiento de la Comunidad Autónoma, y que, además, no está regulada por una serie de criterios políticos ni criterios de gobierno, y una legislación acorde con esos criterios, de forma que se engarcen adecuadamente.
Entendemos que, si se me permite, lo que se ha producido es que el gobierno ha hecho una ley de acuerdo con la administración hoy existente, en vez de tener unos criterios políticos para realizar la administración que él quiere tener. Creo que la administración se ha comido al propio gobierno, quizás como fruto de ese carácter netamente conservador, pero también tecnócrata al mismo tiempo, que sigue recorriendo al gobierno de nuestra Comunidad Autónoma, que sigue haciendo las leyes de acuerdo con la administración en vez de hacer leyes para mejorar o adecuar la administración a los criterios políticos que debería seguir teniendo este gobierno.
Por lo tanto, se ha dicho también que esta Ley completaba al Plan de modernización y completaba a la propia Ley del Presidente, pero, en todo caso, como señalaba Chrissy Lley, las leyes inútiles debilitan a las necesarias, pero ésta va a convertirse en una ley inútil.
Muchas gracias.
El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL): Para turno en contra, tiene la palabra don Angel Cristóbal Montes, del Grupo Parlamentario Popular, por un tiempo de diez minutos.
El señor Diputado CRISTOBAL MONTES: Señor Presidente. Señoras y señores Diputados.
Sin duda, nos encontramos en los inicios de la tramitación parlamentaria, del debate parlamentario de una de las leyes más importantes de esta Comunidad.
La Diputación General de Aragón tiene una superestructura política, y esa superestructura política ha sido normada, ha sido reglada por la reciente -aprobada en el año noventa y cinco- Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón; tiene una infraestructura administrativa, y esta infraestructura administrativa es la que va a ser normada por esta ley, con los aditamentos que sufra a lo largo de los cambios y modificaciones que experimente a lo largo de su tramitación parlamentaria, por esta ley de la administración de la Comunidad Autónoma.
Por ella se establece el régimen jurídico del aparato administrativo de nuestra Comunidad, su división, organización y funcionamiento, la actuación administrativa, los recursos, incluida una modalidad que viene de la Ley General de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, que es la decisión de ciertos recursos a través de comisiones, que es una experiencia extraordinaria y que puede mutar sensiblemente la piel de la administración, parte de la piel de la administración española. Y, asimismo, se establece la regulación de los organismos públicos y de las empresas de la Comunidad Autónoma, todo ello teniendo como punto de referencia la división que establece la Constitución entre las distintas reparticiones administrativas en nuestro país y, sobre todo, las bases sentadas por esa Ley importante del 27 de noviembre de 1992, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Y entremos en materia. Esta es la ley de los funcionarios, o va a ser la ley de los funcionarios de la administración pública aragonesa, de la administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, y cuando uno habla de administración y, por ende, de funcionario, pues pone uno o varios dedos en una o varias llagas. Esta es una realidad de nuestros días: el Estado administrativo. Decía Karl Loewenstein, un gran constitucionalista alemán, que en los tiempos modernos hemos pasado del Estado legislativo al Estado administrativo, y es cierto: los parlamentos cada vez valen menos, las instancias políticas cada vez se degradan más y, sin embargo, la administración, el ejecutivismo, el funcionario va siempre en aumento, porque la administración lo invade todo. Milton Friedman, otro gran pensador, decía que no hay nada más definitivo en la administración que lo provisional: en la administración todo es provisional y todo se transforma en definitivo, todo se queda para siempre, y es el único ente que no deja de crecer, que sigue creciendo.
Probablemente, quien mejor haya estudiado -aunque ya han pasado años-, quien mejor haya estudiado el fenómeno del funcionario o, vamos a llamarlo por su nombre, el burócrata, quien mejor haya estudiado el funcionamiento de la burocracia ha sido Max Weber y su escuela. Han destacado algo que, a mi modo de ver, es fundamental: Max Weber decía que no es posible la dominación política sin burocracia, que no es posible el poder político sin burocracia, y decía una gran verdad: sin poder burocrático no hay poder político. Y tenemos la prueba: ¿cuándo surgen los Estados modernos? A partir de los siglos XV y XVI, cuando se estructura un mínimo de administración, cuando en lugar de unos jueces itinerantes y en lugar de unos pocos funcionarios recaudadores de impuestos, surge un atisbo de administración, se estable en la capitalidad o en las grandes ciudades y empieza a funcionar, y ése es el comienzo del Estado moderno.
El Estado moderno va ligado a la aparición de una mínima burocracia, de un mínimo aparato, de una mínima administración pública. Decía Max Weber que no es posible la dominación política sin burocracia, pero añadía otra cosa que tiene la misma importancia o más que la primera: añadía que tampoco es posible dominación política ejercitada sólo por la burocracia, y ahí pone el dedo en la llaga. No es posible la dominación política sin la burocracia, pero la burocracia sola no puede ejercitar la dominación política, la burocracia, y se equivoca tremendamente quien piense que la administración pública, que la burocracia, que el funcionariado, puede ejercitar sólo la dominación política, el poder político. La imposibilidad de prescindir -dice esta escuela- de la burocracia para la administración del Estado moderno, esto es, el propio factor que sirve de base a su dominación, conduce al desarrollo de un ego profesional cuyos valores son la conciencia del deber -y éstos son los valores netos, valores positivos, valores destacables de la burocracia moderna-: la conciencia del deber, el concepto de servicio y la lealtad. Estos son los tres valores que caracterizan a la burocracia moderna, y son todos valores positivos.
La conciencia del deber: el profesional, el técnico, el burócrata, el funcionario, actúa siempre bajo la conciencia del deber, tiene un deber que cumplir y cumple el deber, un deber que va, que es atinente, que está directamente ligado a su competencia, a su calidad, a su cualificación profesional.
El concepto de servicio es lo mismo: el burócrata para funcionar bien tiene que funcionar dentro de un concepto de servicio, está al servicio público, forma parte de ese servicio público, realiza unas prestaciones, encaja dentro de la vocación de servicio hacia los administrados, que debe tener siempre y que tiene la administración.
Y, finalmente, la lealtad: el burócrata es fundamentalmente un hombre leal, tiene que serlo, porque él no dicta las decisiones, él ejecuta las decisiones o debería ejecutar las decisiones. Por lo tanto, la lealtad es básica. El burócrata, el funcionario, tiene que ser un hombre leal, un hombre leal, pero ¿a quién?: ¿a otro burócrata? No. Leal al poder político, leal a la decisión -lo cual no quiere decir que se tiña de partidismo, ni remotamente-, leal a la decisión política, porque a él no le corresponde tomar la decisión política.
Pues bien, Max Weber y su escuela dicen que estos tres valores, que son los que le caracterizan -repito-, la conciencia del deber, el concepto de servicio y la lealtad, estos tres valores -y esta es la parte importante- son valores de la subordinación y no de la autoridad autónoma, estos tres valores caracterizan siempre a la subordinación, no a la autoridad; el que tenga que tener, un funcionario, un burócrata, conciencia del deber, concepto de servicio y lealtad implica que es un subordinado, implica que está sometido, y está sometido ¿a quién?: a la autoridad política, a la decisión política, máxime en un país democrático, donde la autoridad política ha sido elegida por el voto soberano de los ciudadanos.
Por eso, el que quizá es el mejor continuador, el mejor epígono de la vieja escuela de Max Weber, Bendix, tiene, a mi modo de ver, un pensamiento que es clave en esta materia y que refleja perfectamente, que retrata perfectamente el estado de la cuestión. Dice: la burocracia es todopoderosa. Y es cierto: la burocracia hoy es todopoderosa y, al mismo tiempo, incapaz de determinar cómo debe ser empleado su poder. La burocracia lo puede todo, pero no sabe cómo debe ser empleado su poder porque ése no es su cometido; el cometido de la burocracia es obedecer, ejecutar, cumplir... a lo máximo, tener ideas, pero nunca tomar decisiones. Por eso, aunque la burocracia en nuestros modernos estados sea todopoderosa, no sabe nunca qué hacer, o no debe saber nunca qué hacer con ese poder. Porque si supiera qué hacer y lo hiciera en algún caso -recordemos la tecnocracia en España-, entonces, ¡Dios nos coja confesados!, y nunca, quizás, mejor dicho, porque cuando la burocracia se erige en poder, cuando la burocracia toma decisiones (la llamada tecnocracia), entonces las cosas van mal políticamente y, desde luego, ese estado racional y legal del que hablaba Max Weber, ese estado democrático se esfuma, o no puede existir, o no existe en ese momento.
Quizás una reflexión importante que habría que hacer en este momento mismo en España y en Aragón, en España y en Aragón: el papel del político y el papel del técnico, el papel del dirigente político, de la autoridad política, y el papel del burócrata, el papel del funcionario; y no mistificar, no confundir, no mezclar los papeles, porque toda mistificación es mala. Nos hemos cansado de oír, durante el régimen anterior fundamentalmente, que es particularmente malo que se politicen los cargos técnicos. Y es cierto. Politizar un cargo técnico es una equivocación tremenda, tan tremenda equivocación como politizar la vida judicial, la eterna, la permanente tentación. Politizar un cargo técnico es una tremenda equivocación, pero nos quedamos, cuando decimos esto, en la primera parte. Hay una segunda parte tan negativa como la primera, si no más: igual que es negativo y malo tecnificar... perdón, politizar un cargo técnico, es igualmente malo tecnificar un cargo político, tecnificar un cargo político. Cuando se tecnifica un cargo político se está huyendo de la política, se está colocando en el proscenio y en el protagonismo a quien no debe tenerlo: al burócrata, al funcionario, al empleado, y se está relegando y se está vejando y se está abandonando una responsabilidad, que es la responsabilidad política, que es indelegable -Delegatus delegare non potest, decía Locke-. El político en democracia es un delegado y, por lo tanto, no puede delegar: Delegatus delegare non potest.
En consecuencia, creo que es un momento, a la hora de abordar el debate de esta ley de la administración de la Comunidad Autónoma, de hacernos alguna reflexión sobre estas materias.
La burocracia, la administración pública está presente hoy en el Estado moderno por todos los lados, lo invade todo, marca la pauta, e incluso en los estados de estructura federal y en las sociedades liberales se ve en todo momento la presencia omnímoda de la administración, porque la mano del Estado se ha extendido mucho, llega a todos los rincones, lo regula y controla todo y quiere estar presente en toda actividad y situación que repercuta sobre el ciudadano, circunstancias que determinan inexorablemente que la red de la administración se extienda cada vez más y que el número de funcionarios crezca más y más. Sin embargo, todavía hay diferencias.
A mí me llama la atención, por ejemplo, cuando en Estados Unidos, una sociedad, un país federal con cerca de trescientos millones de habitantes y con una estructura administrativa importante y desarrollada y poderosa, prescindiendo de las fuerzas armadas, el personal federal de los Estados Unidos es de setecientas mil personas, mientras España, un país que no llega a cuarenta millones de habitantes, con una estructura unitaria, por lo menos parcialmente unitaria, y en trance de desarrollar un Estado autonómico, el personal de las administraciones sobrepasa el millón y medio; no sabemos exactamente cuántos tenemos, pero quizás nos acerquemos ya a los dos millones entre todas las administraciones ligadas o formando parte de la administración central y las Administraciones autonómicas, y, sin embargo, en Estados Unidos el personal federal no sobrepasa las setecientas mil personas, lo cual es bien significativo.
Me viene a la memoria, hablando de este tema de la burocracia, un hecho real. Cuando en 1960, el presidente Eisenhower -y esto lo conocen ustedes suficiente, sobradamente- se despide de la nación, porque le iba a sustituir el recién ganador, el gran residente John Fitzgerald Kennedy, dirige un mensaje, ese viejo general que había comandado la invasión de Europa, que todos decían que había sido un mal presidente, y que otros, los más cínicos, decían que había demostrado que así como Truman había demostrado que en Estados Unidos cualquiera podía ser presidente, con Eisenhower se había demostrado que Estados Unidos no necesitaba presidente... Pues bien, este viejo general lanza un mensaje muy significativo: pone en atención a la nación, advierte a la nación que hay un complejo militar industrial que está funcionando, que está presente en la vida y en la administración pública americana. Pues bien, tuvieron que pasar muy pocos años para que los analistas americanos dijeran que eso del complejo militar industrial de que hablaba Eisenhower, que era verdad, era insuficiente, que había que hablar de un complejo militar industrial burocrático, de un complejo militar industrial burocrático, porque la burocracia había metido también su zarpa a la hora de ejercitar por caminos torcidos, por caminos tortuosos, el poder político.
Hoy todavía se llega a más, hoy los últimos analistas americanos hablan de los triángulos de hierro, los triángulos de hierro de la vida política americana -lo que pasa en Estados Unidos pasa siempre un poco después en el resto del mundo occidental y, desde luego, en España-, hablan de los triángulos de hierro, y dicen: triángulos de hierro formados por organizaciones militares, contratistas privados y legisladores burócratas dispuestos a favorecer determinados intereses. Esta es la realidad.
La burocracia se ha extendido de tal forma que hemos llegado a tener -y esto se lo dedico al señor Mendi; sé que, a pesar de su filiación, es un hombre de talante libre... aunque es un hombre de izquierdas y es un hombre militante del Partido Comunista, es también un hombre profundamente liberal y un hombre racional e ilustrado- la aberración de la exageración burocrática a que llegó en los países del este. En los países del este de Europa, en los países llamados del socialismo real se llegó a la aberración total. De esos regímenes, un comunista, un ex comunista, el que fue Presidente de Hungría, András Hegedüs, yo creo que hizo la mejor definición que cabe hacer: son países, son sistemas de la irresponsabilidad organizada... son sistemas de la irresponsabilidad organizada. Pues bien, en esos países del este, ya en momentos muy tempranos, en los años cincuenta, hubo un precursor, hubo un hombre especial... ese libro que leíamos los mayores cuando teníamos muy pocos años, cuando estábamos en la adolescencia y que nos causó un impacto tremendo, al menos a mí es uno de los libros que más me impactó, el libro quizás del primer disidente, a comienzos de los años cincuenta, Milovan Djilas, un yugoslavo que fue el primer disidente, que escribió un libro verdaderamente premonitor y un libro que era un bisturí en la sensibilidad política de occidente y de oriente: se llamaba La nueva clase. ¿Y qué decía en el libro...?
El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL): Don Angel, por favor, yo le rogaría que fuese terminando.
El señor Diputado CRISTOBAL MONTES: Terminaré pronto, pero aún me queda un poquito, porque estoy en clase ahora... [Risas.]
El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL): Está siendo un debate muy interesante, pero...
El señor Diputado CRISTOBAL MONTES: Voy a seguir un rato más, señor Presidente.
No todos los días se puede hablar de cosas con buenos amigos, de cosas interesantes, y es bueno seguir hablando un poco, aunque sufra un poco la burocracia parlamentaria. [Risas.]
Milovan Djilas escribió La nueva clase. ¿Y qué es lo que decía? Pues decía, miren ustedes, que según la terminología y la concepción marxista, hay dos clases: la clase capitalista y la clase proletaria. Y así fue al comienzo de la revolución. Pero ha surgido una nueva clase, la nueva clase, y ¿cuál era esa nueva clase?: la burocracia política, la burocracia política que había trastornado por completo el esquema y que había desplazado no sólo a los capitalistas derrotados, sino también a los proletarios vencedores, y se había llevado todo el poder, y que, habiendo abolido la propiedad, sin embargo se quedaba con el usufructo, que era mucho más lucrativo que la propiedad de los medios de producción. Pues bien, en estos países todo fue reducido a una inmensa red burocrática, que lo asfixiaba, que entramaba y esterilizaba todo o casi todo.
Afortunadamente, ésa no es la situación en los estados democráticos, aunque, como decía hace un momento -ya termino enseguida, señor Presidente-, también ha crecido mucho la burocracia, pero ésa no es la situación. La administración pública tiene unos límites relativamente moderados, creciendo quizás en demasía, teniendo un ritmo de crecimiento quizás excesivo, y eso es lo que habría que atemperar, y aunque todavía es soportable, lo que no se sabe es si será soportable indefinidamente. La administración pública, repito, es una pieza esencial en el Estado moderno, pero tiene que estar sometida a control, actuando de acuerdo con pautas predeterminadas y acomodada a las reglas de organización y funcionamiento que establece el ordenamiento jurídico, que es lo que trata de establecer este proyecto de ley.
Y ahora, aunque sea muy rápidamente, entro en la enmienda. El Grupo Parlamentario Izquierda Unida ha presentado una enmienda a la totalidad, basada en tres motivos, en tres razones, defendibles políticamente, como todo en democracia, pues en democracia todo es defendible y todo es legítimo, siempre que se respeten las reglas del juego, como es natural. Los tres motivos son: por ir contra el diseño de la administración que define nuestro Estatuto de Autonomía, por existir una clara insuficiencia de los instrumentos de evaluación de la administración y porque el sistema administrativo no es capaz de responder al reto del Estado del bienestar para atender las necesidades y la prestación de servicios a los ciudadanos, lo que provoca una derivación del derecho público en derecho privado.
Señor Mendi, son respetables los motivos, pero son fácilmente atacables, fácilmente rebatibles. El proyecto de ley no va contra el Estatuto vigente, a pesar de lo que usted decía de que el Estatuto vigente no empuja o no propicia, en la medida en que lo haría el proyecto, la distinción entre administración central y periférica. Señor Mendi, la distinción entre administración central y periférica es simplemente un modo de hablar. Cuando, respecto al Estado, decimos que hay una administración central y una administración periférica, es una forma de hablar y de entendernos. No es cierto: sólo hay administración central, lo que pasa es que hay administración central instalada en Madrid y administración central instalada, por ejemplo, en la provincia de Huesca, que sigue siendo tan administración central como la instalada en Madrid, lo que pasa que situada en otro territorio. Y entonces, para entendernos, llamamos a eso administración periférica, pero sigue siendo administración central. Pues lo mismo vale, mutatis mutandi, para la administración central, entre comillas, de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Por existir una clara insuficiencia en instrumentos de evaluación de la administración. Puede ser, lo mejor es enemigo de lo bueno, pero puede tener usted la completa seguridad de que en este proyecto de ley hay unos criterios de evaluación que no existen en casi ninguna otra ley de las que regula la administración pública española. En varios artículos se habla de evaluación de eficacia, de evaluaciones de eficiencia, de evaluaciones de la actuación administrativa, que creo que, aunque a lo mejor se puedan extender más -y ya lo veremos en Ponencia-, es todo una premonición, todo un adelanto y todo un avance, y una modernización y una racionalización de la administración en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Y me quedo con la última: porque el sistema administrativo no es capaz de responder al reto del Estado de bienestar para atender las necesidades y la prestación de servicios a los ciudadanos. Esto ya tiene su miga, señor Mendi. El Estado de bienestar, el famoso Estado del bienestar. ¿Pero es que la administración pública tiene que transformarse en un gestor indefectiblemente del Estado de bienestar? ¿Es que tenemos que hacer llegar las prestaciones, las asistencias, las subvenciones, las ayudas, en definitiva, del Estado de bienestar, necesariamente, forzosamente a través de funcionarios? ¿Sabe usted, señor Mendi, que en la mayor parte de los países las organizaciones que administran -es decir, el funcionariado- los sistemas de asistencia social, de seguridad social, se llevan la parte del león? ¿Sabe usted que en Estados Unidos la incipiente seguridad social se ha transformado en un monstruo que autoconsume hacia dentro la mayor parte de los dineros públicos que debería derivar hacia terceros? ¿Sabe usted que no hay cosa más costosa que la administración del Estado de bienestar a través de los funcionarios? ¿Y sabe usted que hay una cosa que se llama la administración privada de los servicios públicos, que allí donde se ha ensayado da unos resultados extraordinarios, como constata una famosa ley, en la que se dice que todo servicio público prestado por particulares cuesta la mitad y presta el mismo servicio, y esta avalado con datos? Ese es un terreno peligroso, señor Mendi, un terreno vidrioso, en el que es mejor no entrar.
Como no es prudente tampoco entrar en la afirmación que usted hace en su enmienda de que derivamos del derecho público al derecho privado. En la administración pública no se puede derivar del derecho público al derecho privado; toda la administración pública es derecho público, y lo que usted quiere decir, o creo entender que quiere decir, es que entramos de nuevo en la satanización de lo privado y en la idolatría de lo público, y esto es algo que deberíamos intentar, al menos, ir abandonando. Lo público no es sagrado ni lo privado tampoco es sagrado. La sagrada propiedad de que hablaban en los siglos XVIII y XIX no es cierta, la propiedad no es sagrada, la propiedad es un derecho limitado y con una función social que cumplir, pero lo público tampoco es sagrado. Hemos vivido años en los que se santificaba lo público, aquellos años, a partir de la segunda guerra mundial, en que se decía la nacionalización es lo que interesa, planificación y nacionalización. ¿Y a qué condujo? Condujo a vastos conglomerados, a grandes empresas no racionales, no rendidoras, burocratizadas al máximo, que después ha habido que desmantelar costosamente, que ha habido que abandonar. Y hoy lo que está en marcha es la privatización, precisamente porque aquello no funcionó, y con un costo tremendo. Privatizar lo que antes fue nacionalizado está costando mucho, está extinguiendo recursos y está arruinando algunos países. Figúrese usted lo que supondrá el día que Francia tenga que meter mano de verdad, y la tendrá que meter, a la privatización de todas las nacionalizaciones, las viejas, las que se hicieron a raíz de la segunda guerra mundial, y las nuevas, las que hizo en el año ochenta y uno Mitterrand con la banca y los seguros -algunas ya han salido-. Costará Dios y ayuda, y costará un dinero; total, para volver al camino de siempre de zapatero, a tus zapatos: que lo privado se encargue de lo privado, y lo público, de lo público.
Y todo, pienso, señor Mendi -y no pretendo dar lecciones, Dios me libre-, porque ustedes tienen una visión ortodoxamente izquierdista de que el crecimiento del Estado debe ser constante e ilimitado, lo que les lleva a multiplicar sus fines, a intensificar su presencia y a considerar que las cosas van mejor cuando el ciudadano es sustituido por el funcionario, sin querer advertir, a pesar de las experiencias clamorosas al respecto, que un exceso de Estado -y esto es clave- conduce a la falta de libertad. En la misma medida en que crece el Estado, en la misma medida en que aumenta lo público, en la misma medida en que la administración se expande, en la misma medida en que los servicios públicos crecen, decrece irremediablemente la libertad del ciudadano, y no es una vieja utopía liberal o neoliberal, sino que es, sencillamente, la constatación de los hechos: cuanto más crece el Estado, menos sociedad; cuanto más crece el Estado y, por ende, la administración pública, menos libertad para el ciudadano.
Terminaría yo -es verdad, señor Presidente- leyéndoles, como vengo haciendo en otras ocasiones, un pensamiento de quien para mí es uno de los grandes faros del pensamiento del siglo XX, uno de los grandes filósofos y enciclopedistas del siglo XX, recientemente fallecido, que es Karl Popper. Vean qué pensamiento más bonito: Kant -Immanuel Kant-, Humboldt -Alexander von Humbolt- y Mill -John Stuart Mill- se esforzaron en fundamentar la necesidad del Estado, de manera que éste permaneciera en unos límites -el estado es necesario, pero es un mal necesario- lo más estrechos posible. Su idea era: necesitamos un Estado, pero queremos lo menos posible de él; lo contrario de un estado totalitario, ningún estado paternalista, autoritario o burocrático. En pocas palabras, queremos un miniestado. Yo me identifico plenamente con este pensamiento y, desde luego, llevo años, después de mi sarampión socialdemócrata [risas], luchando en esta dirección.
Muchas gracias.
El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL): Muchas gracias, don Angel Cristóbal.
Como parlamentario y funcionario, le agradezco realmente la exposición que nos ha hecho usted, verdaderamente magistral; lamentablemente, la burocracia de la cámara tiene también sus exigencias, y yo le rogaría que intentase atenerse a las mismas.
Para fijación de posiciones de los restantes Grupos Parlamentarios, tiene su tiempo de exposición el Grupo Parlamentario Mixto. Don Chesús Bernal.
El señor Diputado BERNAL BERNAL: Señor Presidente. Señorías.
Nos encontramos ante una nueva regulación de la administración de la Comunidad Autónoma, y esta regulación en realidad viene exigida por la necesidad de adaptar al ordenamiento jurídico aragonés las previsiones que estaban ya contenidas en la Ley española 30/92, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Pero es que, además, el proyecto de ley recoge las especialidades del régimen jurídico y de procedimiento que, en el marco de la legislación española, derivan de la potestad autoorganizativa de la Comunidad Autónoma.
¿Qué piensa Chunta Aragonesista de este proyecto de ley y qué piensa de la enmienda a la totalidad presentada y defendida aquí por el señor Mendi? Pues consideramos que el proyecto no contradice el diseño de administración previsto en el vigente Estatuto de Autonomía, entre otras cosas, porque el supuesto diseño de administración previsto en el Estatuto de Autonomía es más bien ambiguo, es más bien vago; está regulado en el Título III, de la administración pública en Aragón y, más concretamente, en sus artículos 43, 44 y 45, y, desde luego, no es que tenga que perfilar de una manera muy concreta un diseño de la administración. Consideramos que es necesaria la regulación legal que ponga fin precisamente a esa ambigüedad, a esa situación de indefinición estatutaria y que, en realidad, nos lleva a una provisionalidad normativa, que es ya anterior. Eso, en cuanto a la primera motivación para presentar esta enmienda a la totalidad.
En cuanto al segundo motivo aducido para la presentación de esta enmienda, aquel que hace referencia a la insuficiencia de los instrumentos de evaluación de la administración, hay que reconocer que una ley de la administración de Aragón no puede, es que no puede y casi ni debe regular todas las situaciones de evaluación; para ello hay otras figuras, para ello hay otros instrumentos, como el reciente Plan de renovación y modernización de la administración, recientemente debatido y aprobado en esta cámara. Además, hay que reconocer que ésta es una cuestión que se regula, que se encuentra enfocada de la misma manera, del mismo modo, tanto en las leyes de administración de otras comunidades autónomas como en la ya citada Ley estatal 30/92.
Y en cuanto a la tercera motivación, la tercera referencia, la del Estado del bienestar, he de señalar que desde Chunta Aragonesista, desde luego, consideramos que la consecución de ese Estado del bienestar es un derecho irrenunciable en cuya brecha hay que seguir. Pero también he de decir -seamos sinceros, señor Mendi- que dicho derecho no se menoscaba por la mera regulación de una ley de administración; seamos rigurosos, seamos claros y no mezclemos en este caso churras con merinas.
Por último, cabe considerar, desde nuestra perspectiva, que ante una situación como la que acabo de describir, la misión de una oposición como la que Chunta Aragonesista quiere llevar a cabo en esta cámara y en otras instituciones, la de una oposición constructiva, no debe ser la de negarse, mediante una enmienda a la totalidad, a la tramitación de un proyecto de ley que consideramos necesario, conveniente y urgente.
En consecuencia, nuestra labor, nuestra misión en esta cámara, ante un proyecto de ley como el que tenemos es, más bien, presentar enmiendas que traten de mejorar esa ley, y ese es el espíritu que ha guiado la presentación de las treinta y dos enmiendas del Grupo de Chunta Aragonesista, que, desde luego, debatiremos en su día.
Pero no me resisto a resaltar aquí cuatro de los objetivos fundamentales de esas enmiendas, que son: el primero, la priorización de la comarcalización frente a la organización territorial provincial de Aragón. Por ejemplo, contemplamos la creación de la figura del delegado comarcal y de las oficinas comarcales.
Un segundo objetivo que quiero destacar es el de la supresión -como decía el anterior portavoz, el señor Cristóbal Montes: no es bueno mezclar los políticos y los técnicos-, efectivamente, una cuestión que nos parece fundamental, que sería eliminar la condición, el requisito de funcionario público para ser director general, porque el director general es un cargo político; eso sí, exigiendo para ello la necesaria cualificación o la necesaria experiencia en la persona que desempeñe el cargo.
Un tercer objetivo que sí me parece necesario mejorar de esa ley -y nosotros estamos en esa línea- es reducir el plazo de dos años a un año del período exigido para proceder a la evaluación -efectivamente, aspecto interesante- de resultados de la comisión que habrá de resolver el recurso administrativo interpuesto contra la resolución de la solicitud del Ingreso Aragonés de Inserción.
Y, finalmente, un cuarto objetivo, de algo que me parece mejorable, es la exigencia de informe favorable de la Comisión de Economía de estas Cortes de Aragón para proceder a la creación de empresas públicas.
Estos son objetivos a los que Chunta Aragonesista no renuncia y que en el trámite tratará de que sean subsanados y mejorados, pero que, en todo caso, no justifican desde nuestro punto de vista la presentación de una enmienda a la totalidad del proyecto de ley.
Muchas gracias.
El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL): Muchas gracias, señor Bernal.
En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
El señor Diputado BESCOS RAMON: Señor Presidente. Señorías.
Intervengo en representación del PAR para manifestar ya, desde el principio, mi frontal rechazo a la enmienda a la totalidad propuesta por Izquierda Unida de Aragón. Evidentemente, este rechazo no deriva de ninguna manera de ningún pacto con ningún otro partido, sino que deriva de que los argumentos ofrecidos por Izquierda Unida son manifiestamente insuficientes.
El asunto puede ser estudiado desde un punto de vista legislativo y desde el punto de vista de la realidad social, jurídica e institucional.
Desde un punto de vista normativo, tiene razón el portavoz de Izquierda Unida cuando alude a que la gestión ordinaria de los servicios de las comunidades autónomas y, particularmente, de la Comunidad Autónoma de Aragón, quisieron entronizarse a través de las diputaciones provinciales. Se pensó, inicialmente -y en ese sentido existen diversos atisbos y existen menciones específicas en los distintos estatutos de autonomía-, que la gestión de las comunidades autónomas podía articularse a través de las diputaciones provinciales; sin embargo, ya casi desde el principio se vio que ello no era posible, y fue necesaria la creación de servicios provinciales en Huesca y en Teruel de la Diputación General de Aragón. Estamos hablando, por tanto, de servicios provinciales que han funcionado sin una base normativa suficiente durante mucho tiempo, durante demasiado tiempo.
A través de esta ley de administración de la Comunidad Autónoma de Aragón se aspira a establecer un soporte normativo, a concretar cuáles son los derechos, obligaciones, cuál es la función que desempeñan esos servicios provinciales, esas delegaciones provinciales. Evidentemente, es necesario consultar el proyecto de reforma del Estatuto, aprobado por estas Cortes en 1994 y que pende de la aprobación de las Cortes Generales, y en este proyecto de reforma de Estatuto de Autonomía de Aragón se prescinde, lisa y llanamente, de la situación anterior: se prescinde de la mención de las diputaciones provinciales como personas jurídicas a través de las cuales pudieran funcionar los servicios de la Diputación General de Aragón.
En definitiva, en este momento, entendemos que el mantenimiento desde el punto de vista normativo -ya existía, como digo, en la realidad, desde hace doce años- de un catálogo de derechos, obligaciones y de funciones de los servicios provinciales y de las delegaciones provinciales de Huesca y Teruel es auténticamente fundamental. Y es fundamental no solamente por consideraciones de tipo político, sino especialmente por consideraciones de tipo técnico y administrativo, por la idea del servicio público. Si el ciudadano aragonés no tiene unos servicios provinciales en Huesca o en Teruel, necesariamente tendrá que venir a Zaragoza, necesariamente se producirá una situación de total centralización. La enmienda de Izquierda Unida al suprimir esos servicios provinciales, realmente no ofrece una fórmula alternativa mediante la cual pudiera superarse esta situación y pudiera satisfacerse por parte de los servicios de la Diputación General de Aragón la problemática que puede tener el ciudadano aragonés residente en Pirineos, el ciudadano residente en Albarracín; tendrían que venir a Zaragoza para resolver cualquier incidencia en relación con las actuaciones de la administración pública. Podemos -y no hay ningún inconveniente para ello- discutir si en los poderes atribuidos a los delegados, si en los poderes atribuidos a los jefes de servicios provinciales debe realizarse alguna reconsideración, algún retoque, pero no cabe duda que es necesario el mantenimiento de los servicios públicos a favor y en beneficio de los propios ciudadanos.
Realmente, no acabamos de comprender los criterios mantenidos por Izquierda Unida, porque en las sucesivas enmiendas presentadas mantiene criterios iconoclastas, suprime todo: en la enmienda número 17 suprime los delegados de Gobierno de Aragón, en Huesca y Teruel; en la enmienda 20 suprime los servicios provinciales, suprime la organización territorial de la administración de la Comunidad Autónoma. Pero luego habla de que la ley debe desarrollar la desconcentración de competencias, además de la delegación. Esto ¿qué significa? Desconcentrar, señor portavoz de Izquierda Unida, es pasar competencias, pasar atribuciones, pasar funciones de un órgano administrativo a otro dentro de la misma persona jurídica, es decir, se pasa del órgano central al órgano periférico, del órgano existente en Zaragoza al órgano de Huesca, Teruel o el que sea, pero dentro de la misma persona jurídica: Diputación General de Aragón. Sin duda, lo que pasa es que el portavoz ha confundido desconcentración y descentralización. Porque el artículo 29 bis lo enmienda -la enmienda número 57- en el sentido de que la Comunidad Autónoma de Aragón llevará a cabo, siempre que sea posible, la desconcentración de competencias a otras administraciones, que se ajustará a las normas de derecho público. Sin duda, el portavoz quiere referirse a la descentralización.
Todo ello nos lleva a considerar que, desde luego, la enmienda no está suficientemente fundamentada; no tiene una base técnica suficiente, y que, desde un punto de vista político y administrativo, no puede apostarse por ella. La conclusión debe ser, por tanto, la inadmisibilidad de la enmienda a la totalidad, que es lo que manifestamos desde este Grupo, sin perjuicio de que aceptamos diversas enmiendas o intentemos diversos retoques, desde la propia exposición de motivos.
Nos ha sorprendido muy desfavorablemente la no mención en la exposición de motivos del Estatuto de Autonomía, y no sólo por razones reivindicativas o nostálgicas, sino por razones estrictamente técnicas. Evidentemente, la Constitución y el Estatuto de Autonomía constituyen el marco dentro del cual funciona la Ley de la administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Es necesario partir del Estatuto de Autonomía para conocer que la Comunidad Autónoma de Aragón tiene facultades para autoorganizarse; es necesario partir del Estatuto para conocer que la Comunidad Autónoma de Aragón tiene facultades para atender a procedimientos administrativos no comunes, a procedimientos administrativos derivados de sus especialidades; es necesario partir del Estatuto de Autonomía para conocer qué puede hacerse y qué no puede hacerse. Entendemos, por tanto, que es algo que, necesariamente, debe corregirse y debe corregirse rápidamente.
Existen otros aspectos, como la necesaria afirmación de que los convenios no pueden firmarse sin unas consignaciones presupuestarias anteriores. Los convenios con otras administraciones públicas se han firmado en épocas anteriores con notorias alegrías, y la firma de un convenio debe estar asegurada por la existencia de unos fondos presupuestarios. Aquella firma debe saber que tiene fondos que respalden la actuación administrativa que se permite realizar.
Otro aspecto en el cual necesariamente debe insistirse es el de la conexión entre la administración general y las empresas y organismos públicos, conexión que debe articularse a través de normas flexibles y adecuadas, precisamente en superación de los criterios -ya muy antiguos, ya muy trasnochados- de la Ley de Entidades Estatales Autónomas de 1958. Realizamos diversas puntualizaciones y propuestas que entendemos que permitirán una mejora en la ley; la ley, desde luego, es una ley ambiciosa, una ley útil, pero que presenta unas deficiencias que aspiramos a que sean objeto de corrección en la fase de tramitación.
En definitiva, por tanto, nuestro Grupo se opone a la enmienda a la totalidad, sin perjuicio de que se reserve el derecho a defender hasta donde sea necesario enmiendas parciales importantes.
Nada más.
El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL): Muchas gracias, señor Bescós.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista don Francisco Pina.
El señor Diputado PINA CUENCA: Señor Presidente. Señorías.
El Grupo Parlamentario Socialista lamenta la no coincidencia con Izquierda Unida en el rechazo total de esta iniciativa legislativa que ahora presenta el gobierno del Partido Popular y del PAR, y que pretende regular un tema estructural de la Comunidad Autónoma como es la organización y funcionamiento de su administración.
Nos vamos a limitar a razonar nuestra posición sin glosar la ley, sin responder a la presentación de la misma que ha hecho el Consejero, ni mucho menos intentando emular al profesor Cristóbal Montes, trayendo a colación pues la espléndida y permanente lección del político y del científico Max Weber; por cierto, ha puesto usted un empeño en diferenciar la posición del burócrata y del político, que nos tememos que piense usted -y no sólo usted- que el gobierno que nos gobierna no se haya aprendido la lección suficientemente.
Bien, a pesar de la imborrable desazón que produce, que a mí me produjo, personalmente, la lectura de La organización del desgobierno, de Alejandro Nieto, entramos en materia de una manera rápida y concisa. Nuestros argumentos para rechazar la enmienda a la totalidad los podemos resumir de la siguiente manera: pensamos, sinceramente, que no va contra el Estatuto de Autonomía de Aragón, no hemos encontrado argumentos fundamentados que nos hicieran compartir esa posición. Bien que lo lamentamos, y lo reiteraré, pero ni siquiera en el artículo 44.3, en el principio de economía, que trata de evitar la duplicidad de cargos y la proliferación de la burocracia; creo que es un argumento suficiente para ello.
La segunda razón que aduce Izquierda Unida -que pudieran considerarse insuficientes los instrumentos de la evaluación de la administración-, entendemos que puede enmendarse en el trámite, en el proceso de tramitación de la propia ley, no es una justificación para la devolución.
Ni tampoco, finalmente, pensamos que el Estado del bienestar se vea amenazado por las presuntas intenciones privatizadoras del gobierno de la derecha, a pesar de que la administración -y esto quiero resaltarlo-, sin sacralizarla, siendo cuidadoso con su dimensión, pensamos desde la izquierda que es garantía para los más débiles y ese espíritu nos anima en nuestras observaciones cuando tratamos de regular la administración de la Comunidad Autónoma.
En definitiva, creemos lealmente, bien a nuestro pesar, que no hay razones que justifiquen el rechazo al proyecto de ley y la no coincidencia que ello comporta. Entonces, hemos de ser consecuentes, porque en este caso nosotros ya hicimos nuestro propio retrato de la situación: el retrato de la situación, desde nuestro punto de vista, no es otro que el de la ley reguladora, el proyecto de ley reguladora de la organización y funcionamiento de la administración de la Comunidad Autónoma, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes del 15 de diciembre del noventa y tres, que el gobierno, el anterior gobierno socialista presentó para su tramitación. Desde entonces, no han cambiado las cosas en la administración ni en la realidad sociopolítica, porque ni siquiera la ampliación competencial presente ni la futura entendemos que pueda producir situaciones que no sean capaces de ser integradas en el diseño organizativo que el proyecto de ley nos presenta en este momento. Además, como no tenemos la posibilidad de hacer un pacto de gobierno con Izquierda Unida, pues no se justifica un cambio tan rápido y tan radical de posición. Entendemos, no obstante, las razones, algunas de las razones que ha dado y de las preocupaciones que el señor Mendi tiene al respecto: los delegados del gobierno en las provincias de Huesca y Teruel, la cercanía de la administración al ciudadano no debe de comportar su proliferación, etcétera. Iremos buscando los puntos de encuentro y de coincidencia en el trámite de la ley.
El proyecto de ley presentado por el gobierno tiene, a nuestro entender, notables similitudes; tanto es así que, en muchos casos, las similitudes son literales. También contiene diferencias, pero creo que, en conjunto, es un documento de trabajo razonable. Nos parece bien la incorporación que hace del Plan de modernización de la administración; creo que, incluso técnicamente, están muy bien incorporados estos principios de modernización. Sin embargo, sí que tenemos una reserva, y es que podría dejar la puerta abierta a un crecimiento inflacionista de la burocracia, que podemos corregir en el trámite parlamentario, como decía, mediante las enmiendas que el Grupo Socialista ya ha presentado: por ejemplo, el tema de las oficinas locales y la superposición burocrática que ello indica, pero creo que no es bueno, como he anunciado, centrarnos en el análisis del proyecto de ley, sino en la enmienda a la totalidad.
Sin embargo, comento alguna de las cuestiones que nos parecen fundamentales de resaltar. Por ejemplo, una carencia, una carencia importante: no sabemos por qué no se incorpora... o sí lo sabemos, pero no se ha justificado suficientemente la falta de regulación de las relaciones con la administración local. Desde luego que el objetivo no es la regulación, por parte de esta ley el objetivo no es la completa regulación de la administración local, es evidente, pero sí que nos parece que la regulación de la relación de la administración local con la Comunidad Autónoma, cuando tanta importancia tienen en la vida práctica las fórmulas de administración compartida, que se dan a través de los convenios, los consorcios, las delegaciones, incluso las encomiendas de gestión, etcétera, no pueden desconocerse cuando se trata de regular la administración de la Comunidad Autónoma.
También diferimos substancialmente en algunas cuestiones puntuales, pero significativas, como la concepción que se hace del secretario general técnico. Desde nuestro punto de vista, tienen menos competencias, o si tienen todas las competencias, como se recogen en el texto articulado del proyecto de ley, no pueden tener la cortapisa de ser funcionarios de la administración. Lo mismo sucede con los directores generales -se ha mencionado, pero es importante reiterarlo-: nos parece una contradicción flagrante con el propio texto del nuevo Estatuto de Autonomía en tramitación en las Cortes; aunque sea vigente o no, a mí me parece una contradicción flagrante con el propio texto del nuevo Estatuto de Autonomía, en tramitación en las Cortes. Que sea vigente o no, a mí me parece que la voluntad política es el momento de expresarla ahora, aparte de que nosotros conceptualmente pensamos que los directores generales, y máxime los secretarios generales técnicos, tienen que tener una capacidad política evidente.
Deseamos el pleno desarrollo de la carrera funcionarial, que asegure un correcto funcionamiento de la administración al albur de los cambios políticos, pero queremos que la acción política, el color político, para entendernos, del gobierno de turno se pueda apreciar con nitidez, y que no haya excusas en asumir claramente las responsabilidades de gobierno. Esa delimitación creo que la podemos conseguir, entre otras cosas, con la definición que proponemos para los secretarios generales técnicos y para los directores generales.
Aportamos otras mejoras, que desarrollaremos en el momento adecuado, que es el trámite parlamentario, como proteger los archivos informáticos, la posibilidad de inspección por el Justicia, etcétera. Estaremos vigilantes para que la ley no recoja el temor expresado por Izquierda Unida de que la administración se coma al gobierno; las enmiendas son consecuentes a ese respecto.
Es un proyecto de ley técnico, necesariamente técnico, esto es indudable, pero, además, es estructural y estructurador de la Comunidad Autónoma, por lo que requiere continuidad, y la continuidad implica un necesario consenso, que -debo señalarlo- le he escuchado manifestarse en ese sentido al Consejero, de propiciarlo, y nosotros, si ustedes se dejan, vamos a aportarlo.
Nuestra posición es -creo yo- un ejercicio razonable de hacer oposición, generoso incluso, y lo demostramos ahora, en este momento. ¡Demuestren ustedes que hacen un ejercicio responsable del gobierno, incluso generoso también, discutiendo, negociando y admitiendo las enmiendas que mejoran el texto! No digo esto a humo de pajas, o sea, hay un precedente: cuando pudieron haberlo demostrado, cuando ustedes estaban en la oposición, presentando un proyecto de ley que ustedes mismos reconocen tan parecido al suyo, impidieron su tramitación, y hemos perdido dos años y medio o tres en una regulación que ustedes consideran tan importante. A mí me parece necesario señalarles esta contradicción para que se apliquen en la tramitación de la ley.
En fin, evidentemente, como se desprende de mis palabras, no pretendemos hacer un debate técnico, tenemos la obligación de transmitir con claridad a la opinión pública, a los funcionarios, a los propios Diputados que no se interesan en exceso por una ley de estas características, tenemos que transmitir con claridad que tenemos la ocasión y los elementos precisos para aprobar una ley, una ley que defina con rotundidad y eficacia y con vocación de permanencia -también se ha citado-, de permanencia en el tiempo, que permita unos resultados sensatos y que, en definitiva, consiga que la administración sea más eficaz en su prestación de servicio a los ciudadanos.
Y, finalmente, queremos instar al celo del gobierno, que manifiesta un gran esfuerzo para presentar esta ley, y queremos instar el celo del gobierno para que tengan la misma actitud con otros proyectos de ley; no hay que hacer un esfuerzo de imaginación para decir que esta voluntad no la han tenido con los nuevos proyectos de ley de presupuestos o con la ley de regularización, que están impidiendo y torpedeando la eficacia y la incidencia de la administración autonómica en la vida económica y social de Aragón.
Y, en fin, esperemos que con semejante capital político, como se desprende de las intervenciones que van a tener ustedes, manifestado este capital político en términos de voto, pues sepan realmente aprovecharlo. Es un deseo que manifestamos a la cámara.
Gracias, Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Diputado.
Finalizado el turno de fijación de posiciones, vamos a proceder a la votación de la enmienda.
Se inicia la votación. ¿Votos a favor de la enmienda a la totalidad, de devolución, presentada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón al proyecto de ley de la administración de la Comunidad Autónoma de Aragón? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cinco votos a favor, cincuenta y ocho en contra, ninguna abstención. Queda rechazada la enmienda a la totalidad de devolución.
Para turno de explicación de voto. ¿Consideran necesaria su utilización los distintos Grupos Parlamentarios? Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra.
El señor Diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]: Gracias, señor Presidente. Señorías.
Desde Chunta Aragonesista hemos votado en contra de esta enmienda a la totalidad, porque entendemos que es bueno y es conveniente que haya una regulación legal que rompa la indefinición y que rompa la provisionalidad que hasta estos momentos envuelve, de alguna manera, a la administración de la Comunidad Autónoma.
Entendemos que el texto es suficientemente razonable como para que podamos participar en su mejora a través del trámite parlamentario, y entendemos, además, que hay aspectos que deben ser mejorados, pero con enmiendas parciales.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Su portavoz tiene la palabra.
El señor Diputado MENDI FORNIES: Gracias, señor Presidente.
Lamentamos no haber convencido con argumentos la posición política global del Grupo de Izquierda Unida sobre el proyecto de ley que nos presenta el gobierno.
En todo caso, sí que queremos resaltar nuestra extrañeza por las votaciones y la falta de convencimiento, en particular del Grupo de la Chunta Aragonesista, porque, como ya hemos manifestado a la hora de justificar nuestro voto, es muy difícil estar a favor de este proyecto de ley y, a la vez, estar en contra de la estructura que no fomenta una adecuada comarcalización de la Comunidad Autónoma. Yo creo que son cuestiones parejas, y cuando hablamos de la globalidad, esta ley está engarzada con un proyecto que no está de acuerdo con ese proyecto descomarcalizador, que no está de acuerdo con esa idea descentralizadora y que no está de acuerdo con esa idea de evitar esa duplicidad.
Y no entendemos tampoco la posición del Partido Aragonés en cuestiones centrales de esta ley, en -repito- ese tema no solamente de la comarcalización, sino incluso de la posición de los gobernadores civiles, sobre los que yo creo que coincidimos en bastantes cosas, al igual que en esa idea comarcalizadora y descentralizadora; no entendemos la posición del Partido Aragonés, que no ha tenido a bien apoyar nuestra enmienda a la totalidad.
Y agradecer los lamentos del Partido Socialista, pero, ¡claro!, lamentos son y en lamentos se quedan. Entendemos la dificultad del Grupo Socialista, que ya presentó un proyecto de ley, pero que yo creo que le hemos intentado dar más argumentos al Grupo Socialista, desde nuestra posición, incluso, porque evidentemente hemos observado un importante retroceso en algunas cuestiones básicas del proyecto que en aquel momento se presentó. En todo caso, estamos a la espera de que en el trámite de enmiendas podamos acercar posiciones, en aras al planteamiento global que defendíamos en nuestra enmienda.
Y agradecer el turno en contra del Partido Popular, del Diputado y profesor Cristóbal Montes, en el sentido de que -yo creo- que nos ha ilustrado con su exposición, una grata exposición en la cámara, como lo suelen ser todas y, además, de alto contenido intelectual y político, pero, al mismo tiempo, señalarle que desde ese agradecimiento hay una coincidencia en la exposición que ha hecho, sobre todo de crítica al funcionamiento de la burocracia, que asumiría, sin ningún problema, nuestro Grupo como parte de ese turno a favor de nuestra enmienda a la totalidad, por el peligro que nosotros vemos de en qué se puede ir convirtiendo este gobierno, y aunque estemos en posiciones políticas diferentes, y yo en este momento mantengo esas diferencias políticas con usted, hago un paréntesis, porque aunque he dejado el Partido Comunista, sigo en Izquierda Unida; quizá estemos en escaños diferentes, con esa pequeña variación, pero a partir de ese momento sí entendemos que esa crítica que usted ha hecho de una forma muy ilustrada puede ser aplicada a este gobierno, y es uno de los argumentos que yo he intentado explicar en mi exposición.
El riesgo que en este momento hay es que, efectivamente, no sólo la burocracia está instalada en el gobierno de la derecha, sino que la derecha de la burocracia forme parte del gobierno de nuestra Comunidad Autónoma, y ése es un riesgo que hoy asumimos, no porque sea derecha, sino porque sea burocracia, y las dos cuestiones, conjuntamente, quizá serán excesivas para el gobierno y los ciudadanos de esta Comunidad Autónoma. Ambas pueden ser criticables por separado; cuando se juntan, quizá ya sea excesivo para todos nosotros. Pero, en todo caso, sí que se lo quiero agradecer, y respecto a la reflexión que ha hecho, con la que no coincido políticamente, sobre el Estado del bienestar y que fundamentaba una buena parte de la enmienda a la totalidad, sí que me va a permitir estar en desacuerdo con esa opinión, porque entendemos desde la izquierda que en estos momentos que no son buenos, que no son excesivamente buenos para el Estado del bienestar, si el Estado del bienestar no lo asegura el Estado, posiblemente el bienestar de los ciudadanos no se lo va a asegurar nadie más. Yo creo que éste es el riesgo que en este momento hay a la hora de hablar de este plan de privatizaciones, como se ha definido en el reciente debate del Estado de la nación, legítimamente, por la mayoría que en este momento hay en el Parlamento, con los planteamientos que también se han trasladado en esta cámara, pero entendemos que ese bienestar social, repito, o lo asegura el Estado y el control público de las cámaras, el Parlamento y los ciudadanos, y de los agentes sociales y sindicatos, o, si no, nadie nos lo va a dar, y, desde luego, no lo va a poder delegar el Estado en los sectores privados, porque, si no, acabará pasando como -usted lo decía- en Estados Unidos, el ejemplo de la sanidad. Desde luego, Estados Unidos no es nuestro modelo, tampoco lo es Rusia, ni la de antes ni la de ahora, nunca lo ha sido para nosotros, pero, desde luego, tampoco lo es un modelo en el cual las privatizaciones acaban siendo tan burocráticas y asumiendo su propia burocracia, teniendo los mismos complejos y defectos que la burocracia estatal, y eso tampoco lo ha solucionado el sistema sanitario de Estado Unidos, como usted sabe. Yo creo que ése es el riesgo que hoy el Estado y los gobiernos, como parte de ese Estado, deberían asumir en la defensa de ese Estado de bienestar.
Por lo tanto, haciendo una cierta coincidencia que usted relataba sobre la necesidad de los presidentes de los gobiernos de Estados Unidos, desde luego, con actuaciones burocráticas de los gobiernos en este sentido, quienes al final parece que no hacen falta son los gobiernos y las actuaciones como las que aquí se nos han trasladado.
Simplemente, yo creo que es una reflexión interesante, yo creo que ha sido un debate importante, intelectual; desde luego si algunos de nosotros, y yo personalmente, intento ser más ilustrado, hoy lo soy, algo más, gracias a intervenciones como la suya.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Mendi.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
El señor Diputado BESCOS RAMON [desde el escaño: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, coincidimos con el portavoz de Izquierda Unida en que nuestro grupo político apuesta por la descentralización, pero apuesta por la descentralización con unas plenas garantías, con una plena responsabilidad, no por una descentralización puramente teórica, sino pragmática.
Evidentemente, las comarcas son nuestro objetivo, y en ese sentido y en esa línea vamos a ir. Lo que sucede es que la política es el arte de lo posible, es el arte de llegar a un compromiso entre lo que es necesario y lo que es posible en un determinado momento. Realmente, la tesis mantenida por Izquierda Unida conduciría de una manera inevitable a la centralización de todos los servicios de la Diputación General de Aragón en la capital de la Diputación, en Zaragoza, y no nos parece una solución adecuada.
Corresponde al Grupo proponente esbozar y abundar en los méritos, en los argumentos de tipo técnico y de tipo político que apoyarían esa enmienda a la totalidad. Realmente, no nos ha convencido, hemos de decirlo con total claridad, y de ahí que hayamos manifestado nuestro rechazo a la enmienda a la totalidad, sin perjuicio de que atendamos a la justificación de determinadas enmiendas parciales que sí nos parecen útiles y necesarias.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bescós.
Grupo Parlamentario Socialista.
El señor Diputado PINA CUENCA [desde el escaño: Señor Presidente.
Consideramos suficientemente explicada nuestra posición y, además, como el trámite del debate parlamentario se inicia ahora, no queremos ser un elemento de interferencia entre el presentador de la enmienda y el hacedor del turno en contra en este interesante debate con derivaciones doctrinales.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Diputado Pina.
Grupo Parlamentario Popular.
El señor Diputado CRISTOBAL MONTES [desde el escaño: Gracias, señor Presidente.
Muy pocas palabras. El voto ha sido en contra de la enmienda a la totalidad por las razones que se han aducido en el turno en contra, que se ha consumido en su momento.
Señor Mendi, no miente la cuerda en casa del ahorcado. No era mi propósito ése, ni mucho menos, no era mi propósito coincidir doctrinalmente con usted diciéndole al gobierno cosas que no le quería decir, que no tengo ningún derecho a decirles, sino más bien lo contrario: se podía hacer muy bien como ejercicio dialéctico, pero no coincide con la realidad.
Dice usted que el Estado del bienestar o lo asegura el Estado o se pierde el bienestar. Me parece que hay una pequeña confusión. Yo, quizás, no lo he sabido explicar suficientemente, porque me apremiaba el Presidente demasiado. Yo no critico su defensa del Estado del bienestar, a pesar de que, quizás, los límites del Estado del bienestar para usted y para su formación no sean los mismos que para mí y para mi formación, sino que critico que se confunda la sustancia con la forma, con el procedimiento. Es decir, usted cree -parece traducirse de su explicación y de la motivación- que si las prestaciones, las subvenciones, las ayudas, la asistencia, todo eso en que se define y materializa el Estado del bienestar, si no se presta a través del Estado, no se presta bien, y puede suceder al contrario: es lo que los americanos llaman la prestación privada de los servicios públicos, que hay suficientes ejemplos también en España. Un servicio público, una prestación, una asistencia puede existir y no tener por qué prestarla el Estado y, por lo tanto, pueden prescindir de los funcionarios, porque si la presta a través del Estado, normalmente la prestará mal, la prestará más cara y, sobre todo, multiplicará ad infinitum el número de funcionarios, mientras que si lo presta a través de un privado, el famoso concesionario, pues a lo mejor hay mayores ventajas que inconvenientes y, desde luego, no crece la administración pública.
Por lo tanto, yo no ataco al Estado del bienestar, a pesar de que podía tener ciertos problemas en cuanto a sus límites actuales y a su proyección, y sobre lo que significa sobre las economías y las finanzas de los Estados modernos occidentales, pero lo que critico es el planteamiento que usted hace en cuanto a la forma, y no entro en la sustancia, sino que lo que critico es la forma.
Y dice usted que, a lo mejor, en este gobierno de derechas que tenemos en Aragón -derechas es peyorativo; es un gobierno liberal conservador, un gobierno de centro derecha, un gobierno de coalición entre un partido estatal liberal conservador y un partido nacionalista, que es el PAR-, en este gobierno de derechas dice usted que la derecha de la burocracia a lo mejor tiene la tentación de hacerse con el gobierno; yo pienso que no. No sé que late detrás de esa expresión, la derecha de la burocracia; quizás late algún incienso o algún humo lejano de Torreciudad. No sé si usted se refería a eso, pero, desde luego, no lo creo, porque la historia no se repite nunca.
En España hemos tenido la tecnocracia, y todos sabemos lo que fue la tecnocracia, lo sabemos perfectamente, tenía nombre y apellidos, y no lo ocultaban en honor a la verdad y, por lo tanto, yo no lo critico. Los tecnócratas de los años cincuenta y nueve en adelante no ocultaban lo que eran, no decían nosotros no somos del Opus Dei; decían nosotros somos del Opus Dei. No lo ocultaron jamás, y, sin embargo, sabemos adónde condujo eso: a los enfrentamientos en el seno del gobierno entre el ala azul y la tecnocracia y, en definitiva, a una serie de escándalos que empezó Matesa y terminó como terminó. Esa experiencia -los pueblos no se equivocan dos veces, los pueblos no repiten-, esa experiencia -y no podría poner la mano en el fuego, pero me atrevería a hacerlo- no la volveremos a tener en España. ¿Por qué? Porque fue una experiencia muy dolorosa, muy costosa y, por lo tanto, irrepetible; otra cosa son casos aislados, pero la experiencia de dejar un gobierno democrático, un gobierno liberal conservador, un gobierno de derechas, si usted quiere, como éste, en manos del ala derecha de la burocracia, no se tendrá jamás y, desde luego, posiblemente tampoco lo quiera esa supuesta ala derecha de la burocracia. No se repetirá porque ahora hay un control político y unos mecanismos democráticos que entonces no existían, por suerte para nosotros.
Señor Pina, me ha gustado su intervención. Es un político fino y un político que sabe templar y que sabe decir las cosas en su momento. Nos vamos a dejar... -esa expresión gráfica que usted ha dicho-; si ustedes se dejan, nos vamos a dejar, porque queremos, efectivamente, consensuar en la Ponencia, y lo ha dicho el Consejero en la presentación del proyecto de ley: consensuar lo más posible esta ley. Esta ley tiene que ser una ley consensuada, igual que fue la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, una ley consensuada, que la votamos aquí, recordarán, en febrero del noventa y cinco, y, prácticamente, no hubo votos en contra, porque llegó cernida, llegó limpia, llegó consensuada, llegó plasmada. Pues lo mismo pretendemos con esta ley, porque ésta es una ley aséptica, tiene que ser una ley aséptica, tiene que servir, como usted decía, para cualquier gobierno: es la ley de régimen jurídico de la administración de la Comunidad Autónoma. Y ¿qué color político tiene? Ninguno, y si lo tiene, desgraciado color político y desgraciado gobierno que marque la impronta o el señalamiento político a una ley que debe ser ley de la infraestructura, ley del funcionamiento, ley de los esquemas y de la vertebración administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Coincido con usted en que los directores generales no deberían ser funcionarios, yo coincido plenamente y lo he defendido siempre, pero lo que pasa es que actualmente lo impone el Estatuto, y entonces en el proyecto de ley no se puede poner, porque sería poner la carreta antes que los bueyes, porque si se aprobase esta ley, y a lo mejor se aprueba, antes que la reforma del Estatuto -ya sabe usted que en la reforma del Estatuto desaparece esa limitación-, tendríamos un precepto inconstitucional, porque los estatutos forman parte del bloque de constitucionalidad y, en consecuencia, una ley aprobada en Aragón que en este momento dijera los directores generales no tienen que ser funcionarios sería inconstitucional de acuerdo con el derecho vigente, de acuerdo con la ley actual. Cuando se modifique el Estatuto, ya modificaremos también este precepto de la ley, ya se harán las modificaciones y adaptaciones -y con esto me refiero también al señor Mendi-: no se puede hacer una ley pensando en el proyecto de Estatuto, de reforma de Estatuto. ¿Por qué? Porque sería inconstitucional, porque aunque comulguemos en el espíritu y comulgamos en el espíritu, no se puede plasmar todavía en la letra de la ley. Cuando se apruebe la reforma del Estatuto, y ojalá sea cuanto antes y con las menos reformas posibles -que ése es otro cantar que hemos cantado aquí en distintas ocasiones, y ya veremos-, cuando se apruebe la reforma del Estatuto, entonces adaptaremos las leyes, entre ellas ésta, y fundamentalmente ésta, a la nueva realidad del derecho institucional, del derecho cuasi constitucional que es el Estatuto de Autonomía, que, como saben ustedes, el Tribunal Constitucional reiteradamente dice que forma parte del bloque constitucional.
Termino, señor Presidente.
Señor Pina, decía usted que a lo mejor, en base a lo que había dicho, a lo mejor el gobierno actual no había aprendido bien los señalamientos que en mi modesta intervención hacía. Mire, señor Pina, yo no pretendo dar ninguna lección al gobierno actual, y el que haga esa lectura se equivoca o me conoce poco, porque yo no estoy para eso, yo no estoy para dar ninguna lección. Yo pertenezco a uno de los partidos que forman... pertenezco en conciencia, con devoción y con convicción, a uno de los partidos que sostiene al gobierno y, por tanto, soy leal y disciplinado y no pretendo dar ninguna lección ni enmendarle la plana a nadie, y por lo tanto el gobierno no tiene por qué seguir mis señalamientos; pero una cosa es eso y otra es que yo renuncie a mi autonomía intelectual. Yo tengo derecho a pensar, y en cuanto tengo derecho a pensar, tengo derecho a plasmar mi pensamiento, siempre que no entre en clara colisión con una línea política que rompa la disciplina, y yo no la he roto, Dios me libre, no la he roto en mi vida, ni la romperé jamás, y, en consecuencia, me someto políticamente a los dictados del actual gobierno y del actual planteamiento político del gobierno, pero no renuncio a mi libertad de pensar y a tener la posibilidad de exponer públicamente, llegado el momento, cuál es mi pensamiento al respecto, se plasme o no se plasme, pero, desde luego, ni pretendo dar lecciones al gobierno, ni considero que el gobierno se aleja de mis enseñanzas, porque yo no soy precisamente un buen guía, un buen conductor, yo soy ligeramente anarcoide y, en consecuencia, no es bueno seguir mis enseñanzas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Diputado.
Entramos en el punto tres del orden del día, que es el debate y votación de la proposición no de ley número 50/95, sobre el acuerdo social, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Para la presentación y defensa de la proposición no de ley tiene la palabra un representante del Grupo Parlamentario proponente.
Diputado Ortiz de Landázuri, tiene la palabra.