Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón
Comparecencias - Comparecencias del Justicia de Aragón
Informe especial del Justicia de Aragón sobre «El maltrato a la infancia. Informe especial sobre los malos tratos en el seno familiar y la violencia de hijos a padres».
Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón n°: 113 de Serie A (VI Legislatura)
Intervinienen: García Vicente, Fernando - Perales Fernández, María Teresa - González Barbod, Gonzalo - Vallés Cases, María Yolanda - Mihi Tenedor, Encarnación
El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Buenas días, señorías.
En primer lugar, darles la bienvenida después del paréntesis veraniego. Iniciamos un nuevo período de sesiones, y creo que nada mejor que iniciar este período con el Justicia de Aragón, al que, por otra parte, también le doy la bienvenida, una vez más, a la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos.
Comenzamos la sesión [a las diez horas y treinta y seis minutos]. El punto número uno, como ya viene siendo costumbre, si les parece, lo dejamos para el final, y comenzamos con el punto número dos: informe especial del Justicia de Aragón sobre el maltrato a la infancia e informe especial sobre los malos tratos en el seno familiar y la violencia de hijos a padres.
Tiene la palabra el Justicia de Aragón para hacer su exposición.
El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): Con su venia, señor presidente.
Muchas gracias.
Muchas gracias, y quiero agradecerles a ustedes su presencia hoy aquí para escuchar el informe del Justicia de Aragón sobre un tema que, aunque haré mención a las administraciones (al Gobierno de Aragón, a los ayuntamientos, a las diputaciones provinciales), en realidad, a los que va dirigido es a la sociedad en general, porque el tema del maltrato en el seno familiar —voy a hablar del maltrato que reciben fundamentalmente los hijos, pero también me referiré a aquellos en los que los hijos son los actores de esto y haré al final una breve referencia al tema del acoso escolar— es un tema de la sociedad, es un tema de la sociedad civil, y son ellos los que deben hacer frente y son ellos los principales responsables, aunque la Administración tenga actuaciones que realizar para evitar situaciones de este tipo.
Quiero decirles que, con relación al primer supuesto, al tema del maltrato que sufren..., en el que las víctimas del maltrato son los niños, no hay un solo concepto de maltrato, pero yo voy a utilizar el concepto más amplio, que es el que utiliza el Parlamento Europeo. El maltrato es no solo el maltrato físico y psicológico, sean las lesiones físicas o las lesiones morales, sino que es también la negligencia física (o sea, no ocuparse del menor), el abuso sexual, la corrupción, la explotación laboral y el abandono del menor.
Hay que decir que los datos que les voy a dar —ya se lo anuncio— no son unos datos..., son reales, pero no quiere decir que sean fiables, porque, en todos los temas de maltrato, lo que hay es un grado de ocultación muy grande. Son pocos, o, al menos, no son todos los casos de maltrato que hay. Y, en el tema de menores, es todavía mayor la diferencia.
En este estudio manejamos datos de 2003 y del año 2004. Pues, bien, manejando datos del año 2003, lo cierto es que, en Aragón, doscientos dieciséis menores sufrieron maltrato en el ámbito de su familia en el año 2003, que dio lugar a cuatrocientas situaciones de maltrato familiar, que, ya les digo, no siempre es agresión; es también abandono, situación de riesgo y es negligencia. Y hay un dato que me parece ciertamente significativo: que el 12% de estos menores no había cumplido un año de edad. ¡Un año de edad! Como no es lo mismo el concepto de maltrato físico que el de los otros, es por eso que el hospital Miguel Servet detecta un número inferior de casos de malos tratos. Detectó sesenta y nueve casos, que, siendo menor, en todo caso es un número ciertamente significativo. Y los servicios sociales del Ayuntamiento de Zaragoza remitieron al IASS y a la fiscalía ciento treinta y siete expedientes correspondientes a menores en situación de riesgo o especial vulnerabilidad, porque colocar a un menor en situación de riesgo o especial vulnerabilidad también es un caso de maltrato. Insisto: esto es un problema de la sociedad en general; también de las administraciones, pero es un problema de la sociedad civil y de todos.
Puedo decirles que, con carácter general, en los malos tratos hay una tendencia creciente, que no quiere decir que se maltrate más ahora a los menores de lo que se maltrataba hace unos años, sino que la sensibilidad con este problema es mayor y los índices de detección yo creo que con todo son ahora más altos de lo que eran en la década de los noventa. Según un estudio realizado por el Ministerio de Asuntos Sociales y la Universidad Autónoma de Madrid, las tasas de maltrato infantil han pasado de 4,6‰ en la década de los noventa a unos 7,16 en la situación actual. Sin embargo, como les decía, las estadísticas no contribuyen a tener una visión exacta de la realidad del fenómeno.
Hay que decir que, si vulnerable es una mujer, un niño de un año es muchísimo más vulnerable, porque la posibilidad que tiene de denunciar el caso es nula. Por eso conviene decir que las administraciones y la sociedad en general tienen una labor a hacer ante una situación difícil, porque la protección de la intimidad del domicilio, que es donde generalmente se producen los malos tratos, supone una barrera importante.
La creencia que existe por parte de algunos padres —creencia inexacta, por supuesto— de que los hijos son suyos... Bueno, el Derecho romano, ya saben que... En Derecho aragonés nunca hablamos de patria potestad, y no porque los padres no tengan una obligación de educar a sus hijos, de cuidarlos de forma debida, pero en ningún fuero ni observancia de Aragón ni tampoco en las leyes actuales se habla de patria potestad. Porque, en el Derecho romano, la patria potestad era un derecho absoluto. El padre tenía ius vitae et necis, el derecho a la vida, y, como tenía derecho a la vida, lo podía matar; incluso vender como esclavo. Entonces, por eso, en todos los fueros de Aragón, para dejar bien claro que aquí teníamos una idea distinta de lo que debían ser las relaciones parentales, es por eso que nunca hablamos de patria potestad; hablamos de obligación y de deber de crianza, pero nunca de patria potestad. Pero digo que, por arrastre del Derecho romano, ha existido la impresión en el Derecho de que las facultades que tenían los padres sobre los hijos eran unas facultades muy amplias.
Luego, la verdad es que la dificultad de conocer esto es patente. Yo aquí apunto algo, lo apunto ante ustedes, pero en realidad se lo estoy diciendo a la sociedad. Miren, nadie tiene que tener la impresión de que ni el médico ni el maestro es el investigador de los malos tratos de nadie, pero el médico y el maestro tienen una labor importante que hacer, que es poner en marcha un procedimiento que serán otros los que deban llevarlo a cabo para que se investigue si hay malos tratos.
Por ejemplo —y en esto se ha avanzado, se ha avanzado en los últimos años sensiblemente—, todos los hospitales de Aragón ahora ya tienen un protocolo de maltrato para niños. Porque si un niño aparece con una herida en la rodilla..., bueno, todos los niños se caen, y no pasa nada, o con un golpe en la cabeza —todos los niños se dan algún golpe en la cabeza y todos nos lo hemos dado, y nuestros hijos—, pero, cuando un niño aparece con quemaduras en un lugar que normalmente se lleva tapado, es para sospechar algo; o, cuando un niño aparece con golpes en lugares contrapuestos del cuerpo, por ejemplo en el pecho y en la espalda, es también para sospechar algo; o, cuando un niño aparece con una herida sangrante en una hora en que ese niño debería estar en la cama, es para sospechar algo. Y la labor del médico es hacerlo constar —es decir, hay unas heridas sospechosas—, pero no debe ser él quien lleve a cabo la investigación; deben ser o el juzgado o bien los servicios asistenciales del Gobierno de Aragón quienes lo hagan.
Y también voy a referirme un momento, porque ustedes son portavoces de la sociedad y pueden transmitir esto, al tema de los maestros. Miren, la experiencia que yo tengo es que, cuando a un niño lo golpean en su casa, no lo llevan a la escuela hasta que no han desaparecido sus moraduras. Lo que tiene que hacer el profesor es, cuando un niño falta del colegio, ponerlo en conocimiento de los servicios asistenciales del Gobierno de Aragón o del ayuntamiento correspondiente para que estos se ponga en contacto con la fiscalía y esta con el juzgado, pidan una orden de entrada y registro y se presenten en debida forma en el domicilio, donde se va a detectar si hay o no malos tratos. En otros casos será muy difícil el conocerlos, porque —insisto— se le deja de llevar al colegio. Y no es el maestro quien tiene que hacer esa labor de ir a la casa; son los servicios asistenciales, porque la función del maestro es cuidar por el niño y detectar que hay señales que pudieran ser, pero la investigación, a mi juicio, la deben de realizar otros.
Hay que decir, en todo caso, que hay una responsabilidad social; que los otros familiares, que los vecinos, que los compañeros no pueden hacer la vista gorda y meter la cabeza debajo del ala.
Nos preocupan los malos tratos en general, pero voy a hacer una breve alusión al abuso sexual. No tenemos datos específicos, y probablemente no sea un caso muy significativo dentro de la comunidad autónoma, pero un solo caso bien merece la pena que digamos algo sobre ello. Hay una fundación, el Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia, que concluye que, en los casos de abuso sexual, solo la mitad de los que los sufren, normalmente niñas, solo la mitad lo revela, y solo acaban en una denuncia judicial y en un procedimiento judicial entre el 15 y 5% —esto es algo que nos debe hacer pensar—. Y que el agresor, en el 62% de los casos, es una persona conocida; en un tercio de los casos pertenece al entorno familiar, y en un 7%, solo en un 7%, es un desconocido. Y que la edad media de los menores o las menores que sufren abusos sexuales está en torno a los once años.
En el tema de la violencia doméstica, a mi juicio hay una serie de factores que son definitivos, y esto lo vengo diciendo hace mucho tiempo. El primer factor es haber sido objeto de violencia cuando se era menor. O sea, al que le han pegado pega, o el que se ha movido en un ambiente donde pegar es habitual acaba pegando. Este, a mi juicio, es el primer factor de riesgo. El segundo factor de riesgo es, a mi juicio, la bebida. Aquella vieja historia que contaban nuestros padres del marido que volvía a su casa borracho y pegaba a su mujer, yo creo que sigue siendo válida. Esto es un tercer factor. Y, luego, la bebida unida al desempleo es un detonante que en muchísimos casos también se da. El marido que no tiene empleo y que bebe y que... Bueno, se junta una situación difícil familiar y va a ello. Nueve de cada diez agresores tienen una formación que —diríamos— no es alta, pero hay que decir que, aunque esto sea verdad, casos de violencia familiar a niños hay en todos los grupos sociales. Y hay estudios de la Unión Europea que atestiguan que la situación económica es menos importante que el estar o no en desempleo y que beber o no alcohol o haber sido agredido en su momento. La situación económica no es un dato definitivo, aunque es verdad que, en determinados casos, la situación económica hace que la cura se pueda hacer —digamos— fuera del mundo oficial y que, por eso, sea más difícil detectarla. Yo insisto en que hay otros factores también, y esto es algo que nos debe hacer pensar. La vivienda, el tamaño y el grado de habitabilidad de la vivienda contribuyen a que sean mayores las disputas que se realizan en el ámbito familiar. Cuando la vivienda es muy pequeña, el ocio se tiene que hacer siempre en la calle, y, en la calle, el grado de control por parte de profesores, de sus padres, de sus familiares es menor, y, entonces, la vulnerabilidad o el riesgo ciertamente es mayor.
Insisto, hay que decir que este es un problema de la sociedad, que hay que fomentar la prevención, que hay que fomentar la detección, la intervención y seguimiento con intensidad en todos los casos; que debe ser mayor la sensibilidad de toda la sociedad, de los jueces, de la policía, de todo el mundo con ello y también —y esto es solo un tema pequeñito, pero hay que decirlo— que no hay que utilizar los niños nunca en las disputas familiares, y menos mintiendo con el tema de los niños, que eso también, aunque sea un tema puntual, pero no hay que dejar de decirlo.
Paso a otro tema, el tema de la violencia de hijos a padres. Los datos que tenemos es que es varón, de doce a dieciocho años, agresivo y violento, fundamentalmente con la madre. La hija, más con la madre, y el hijo, más con el padre, aunque, en general, el hijo es más agresivo que la hija. Es un fenómeno emergente y que se encuentra con una clara tendencia al alza. Las causas... No hay una sola causa por la que se produzca esto; es una situación multicausal. Yo creo que una sociedad tiene que respetar una serie de factores que no tienen nada que ver con la idea religiosa; más aún: yo diré que, incluso cuando no se tiene ninguna idea religiosa, hay que defender la existencia de una serie de valores cívicos con los cuales la sociedad tiene que funcionar, y hay que defenderlo con toda intensidad. Pero las causas son la existencia de una pérdida de valores por parte de los hijos. A los hijos hay que decirles —y así lo hacemos constar en nuestro informe— que deben admitir que, mientras vivan en el domicilio paterno, deben respetar ciertas pautas, que pueden ser dialogadas y consensuadas y todo lo que sea, pero hay algunas pautas que deben respetar, y una de las pautas que deben respetar es que no pueden dar lugar a enfrentamientos extremos con sus padres. Eso hay que decirlo desde cualquier lugar de la sociedad.
Las causas son varias, y, a veces, los padres tienen algo de responsabilidad en todo esto. Yo creo que hay un exceso de protección en algunos casos y hay un exceso de permisibilidad. Hay un exceso de consumismo: el chico quiere tener de todo y, además, de todas las marcas y de lo mejor. En eso hay una responsabilidad también, a lo mejor —y lo decimos—, de los medios de comunicación, que les enseñan a los niños cosas que no siempre se pueden tener —la vida está llena de frustraciones—, y por eso tratan de conseguir todo lo que quieren forzando las situaciones a unos límites a los que nunca se puede llegar.
Hay que decir que los jóvenes que pegan a sus padres o que maltratan a sus padres de una forma o de otra, porque no es tanto un maltrato físico, sino psicológico, en muchos casos también fueron víctimas de la violencia. Es la pescadilla que se muerde la cola.
En algunos casos, lo que aprecian los que se dedican a estos es un grado de autoafirmación de los menores frente a otros amigos, que presumen de mandar en casa. Eso es algo que delata que existe un cierto grado de enfermedad. En otros casos se aprecia una ausencia de la figura del padre, pero no diré que es que el padre no vive o el padre se ha separado o el padre se ha divorciado; en algunos casos, hay una ausencia de la figura del padre o de la madre porque el otro, hablando mal del padre o de la madre, el otro cónyuge borra la referencia del padre o de la madre. Y eso hay que decirlo que se da. Del padre o de la madre, del padre y de la madre. Y luego hay que decir que en algunos casos se trata de conseguir todo lo que se quiera, forzando las situaciones a un límite.
Hay que decir que en esta materia también se da, por causas muy diferentes, un grado de ocultación muy alto. Los padres no denuncian las agresiones que reciben por parte de sus hijos, y no las denuncian porque consideran que es, primero, un estigma social para sus hijos, pero también es un estigma social para ellos mismos; y, segundo, porque consideran que es el reflejo no solo del fracaso de sus hijos, sino también de su propio fracaso. A pesar de todo, en Aragón, en el año 2004 se detectaron diecisiete casos de hijos que maltrataron físicamente a sus padres.
Y voy a hacer una pequeña referencia, aunque no está recogido en el informe, a un tema que estoy seguro que a todos ustedes les preocupará, y yo les transmito esta información para que ustedes la tengan: los casos de acoso escolar. Es un fenómeno que está en alza o que, al menos, es más conocido ahora que lo que era antes. En el año 2004 hubo cinco casos en Aragón, tres leves y dos más graves; en el año 2005 hubo cinco casos, tres en un... Yo recibí al abuelo y a la madre en un lugar de unas cuencas mineras. Hay que decir que, ante la solicitud nuestra, en general, la Administración ha respondido con prontitud.
La postura que ha adoptado normalmente la Administración es la del cambio de centro, pero nosotros querríamos algo más. Yo creo que hay que hacer un llamamiento a la sociedad diciendo que no solo se trata de cambiar de centro, sino que esta conducta no puede quedar en la impunidad. No puede ser que saquen a un niño de un colegio y que a los que lo han sacado no les pase nada. Habría que hacer algo más.
Y luego hay que decir que, por casos que conocemos, detrás de esto, en algunos casos, lo que hay es una conducta de la familia de unos y otros. En pueblos, lo que hay es un enfrentamiento de dos familias, un enfrentamiento por motivos que no tienen nada que ver con las relaciones personales, sino a veces por relaciones patrimoniales o del tipo que sea, que lo han transmitido a sus hijos, y que, aun cuando se ha conseguido que los hijos mejoren la relación, son las familias las que de nuevo vuelven a actuar. Y hay casos en los que la coacción y la amenaza es tan grave que, ciertamente, a mi juicio, se debe tratar incluso en la vía penal.
Quiero decirles —y por eso lo he tratado hoy aquí— que es un tema que en la institución del Justicia nos preocupa porque son temas puntuales y también pensamos que hay un cierto grado de ocultación, porque todavía aquí existe la idea de decir al niño: «Bueno, esto siempre ha pasado. Defiéndete. Bueno, que te ayuden tus amigos. Espérale un día...». Y esta es una postura ciertamente peligrosa.
Yo creo que, dicho esto, que es un tema que nos preocupa, hay que hacer otra cosa —y lo acabo de decir ante los medios de comunicación—: también hay que actuar con discreción. Hay que actuar con discreción, o sea, hay que tener información, dar información de lo que está pasando, pero evitar cualquier efecto morboso. Yo llevo diecisiete años diciendo —y lo dije en Huesca, y algunos que están aquí me han oído decirlo en Huesca— que en estas materias de los malos tratos puede haber un efecto mimético. Entonces hay que dar información, hay que ser transparente, hay que analizar el problema, hay que buscar soluciones —el apoyo de todo el mundo es muy importante, también el de los medios de comunicación social—, pero hay que evitar siempre la información morbosa, que yo creo que desgraciadamente existe.
Y nada más, señor presidente. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de intervenir, y, si luego me lo permite, contestaré a lo que me digan los señores o señoras portavoces.
El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Muchas gracias, señor Justicia.
Es el turno de los grupos políticos. El señor Barrena se tiene que ir, según me ha dicho, ¿no? Pues, excusándolo, tiene la palabra la representante del Partido Aragonés, señora Perales.
La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señor Justicia. Bienvenido el equipo a esta comisión en este nuevo año parlamentario que comenzamos.
Comenzamos con un tema que cada año se presenta en estas Cortes y viene ahora con un informe un poco distinto, en el que ha introducido nuevos aspectos que debemos de considerar, debemos estudiar. Nos presenta un informe sobre los malos tratos en el seno familiar, en el que, además de la —por desgracia— conocida violencia de género y maltrato a menor, incorpora ahora, como decía antes, una situación que cada vez se produce también con más frecuencia, como es la violencia de hijos a padres.
Un informe, además, en el que han colaborado diversas entidades, como, por ejemplo, Cáritas Diocesana de Zaragoza o la Fundación Federico Ozanam, entre otros, y que por este motivo tiene para nosotros un especial valor, porque son profesionales que trabajan directamente con los menores y que conocen de verdad la realidad que viven en la calle.
Unas reflexiones hace usted en el informe que nos parece muy interesante que sean reconocidas. En primer lugar, y contrastando con quizá un estereotipo generalizado de lo que es el maltrato infantil o la violencia de género, la violencia doméstica, decir que no son exclusivos de una determinada condición social, de una determinada educación. Que nadie piense que solamente pertenece a una clase empobrecida o a unos niños que viven en una familia desestructurada. Lo cierto es que es una realidad que se da, desafortunadamente, en muchísimas situaciones que no son exclusivas de esto. Hay un dato en este sentido que llama la atención en su informe, cuando dice que el 60% de los niños —más de la mitad, por tanto— que sufren abuso sexual son hijos de parejas estables. Lo cierto es que nadie, a lo mejor, pensaríamos que esto se podría producir, y, de hecho, puede dificultar la realización de estadísticas o puede dificultar el que pensemos que esta situación se da. Ni siquiera el conocimiento, la educación, como decía antes, que en mayor o menor medida pueden tener los padres es del todo determinante; puede ayudar, desde luego, a que se produzca la situación, puede ser un factor de riesgo, pero, desde luego, no es determinante.
Otra reflexión en cuanto a la detección y notificación de los casos. En este apartado, desde luego, comparto con usted lo que comenta en el informe acerca de la responsabilidad del médico, del educador, del notificante, del que detecta el maltrato y lo notifica a los servicios sociales; dónde comienza su responsabilidad y donde debe frenarse o finalizar para no interrumpir posibles programas de intervención para facilitar la mejora del menor.
Y, por supuesto, sí que quería aprovechar este momento para felicitar a los trabajadores, a los profesionales que elaboraron en su momento esta guía para notificar y derivar situaciones de maltrato infantil en Aragón, que, desde luego, bajo mi punto de vista es una de las mejores que tenemos en todo el país. Se ha estudiado en muchas comunidades autónomas y han sido felicitados nuestros profesionales por ello.
Enlazando con esta reflexión, coincido también en que, si bien este momento de actuación —me refiero a lo que es la detección— está más o menos avanzado o estructurado, sí que hay que incidir mucho más en un trabajo desde las bases. Hay que establecer modelos preventivos para padres y para hijos, no solamente para uno de los dos —nadie nace aprendido—. Lo cierto es que hay manuales de instrucciones para muchas cosas —y si me permite este pequeño comentario—, pero para educar a un niño no tenemos, no hay ningún libro maestro que enseñe cómo hacerlo. Entonces, a lo mejor sí que habría que estudiar la posibilidad de que existieran servicios de orientación para los padres específicos, donde los padres pudieran acudir, las familias completas pudieran acudir y ver cómo se puede vivir y convivir en esta sociedad, vivir y convivir en la familia. Y los hijos, en el propio currículo aragonés se hace especial hincapié en introducir una educación en valores que capacite al niño, que capacite al joven en cómo vivir y convivir en esa sociedad que decía. Una educación en valores que, además, bajo nuestro punto de vista, lo cierto es que creemos que se había quedado un poquito relegada en la Ley de calidad y que ahora el currículo aragonés intenta introducir.
Vivimos, como decía antes, en una sociedad en la que no hay un libro maestro para educar, pero sí que... Por ejemplo, el otro día, José Angel Biel, el vicepresidente, en el debate de la comunidad, decía que el concepto de familia ha cambiado, que hemos de acomodarnos a ello. Hay que ofrecer nuevos programas, nuevos recursos que sean capaces de satisfacer las demandas que van surgiendo en nuestra sociedad. Cada niño es un mundo —creo yo, yo creo que creemos todos—, y dotar de recursos suficientes es verdaderamente difícil; a veces es casi una proeza.
En este sentido sí que diferimos un poquito de algunos comentarios que hace en el informe y creemos que el Gobierno de Aragón, de verdad, ha incrementado muchísimo, considerablemente, las dotaciones, tanto presupuestarias como de programas como de recursos, en este ámbito para ayudar a que los menores, en el caso de que ya entren dentro del sistema del Servicio de Protección de Menores, desde luego, sean capaces de regresar otra vez a sus familias.
En el informe hay un montón de propuestas, que, como decíamos antes, han introducido Cáritas Diocesana, ayuntamiento, Diputación General de Aragón, la Fundación Federico Ozanam. Algunas de ellas creemos que vienen teniendo una clara respuesta por parte del Gobierno de Aragón. También es cierto que todo ello pasa, como en el propio informe reconoce, por una dotación presupuestaria importante, adecuada, que se viene incrementando, pero seríamos inconscientes si no reconociéramos que siempre hay que incrementarla muchísimo más.
Hay también un apartado que, además, me ha alegrado muchísimo que lo introdujera, porque parece que a veces nos olvidamos de ello, y es el de los menores discapacitados. Yo creo que esto merece un apartado diferente, un tema aparte; que, efectivamente, es muy desconocido por todos, que hay muy poquitos estudios, tanto en España como en el resto del mundo, y que habría que valorar, porque lo cierto es que si, un menor, consideramos que es indefenso y que tiene muchas dificultades para poder denunciar un maltrato, si nos ponemos en la piel de un niño con discapacidad, desde luego, es muchísimo más. Además, hay que pensar: ¿qué es lo que se da primero: un niño sano que por un maltrato se convierte en un niño discapacitado, un niño discapacitado que es más indefenso y que todavía no puede denunciar una situación de maltrato y se convierte en un niño todavía más discapacitado? ¿Hablamos de niños discapacitados? ¿Hablamos de padres discapacitados? Lo cierto es que habría que valorar muchas cosas, y yo sí que le agradezco que lo haya introducido y también le agradecería, incluso, que si de alguna forma pudiera incentivar a otros profesionales, a otros defensores del pueblo para que se hicieran estudios de este tipo, lo cierto es que se lo agradecería.
En cuanto al apartado del maltrato institucional, es, como comentaba antes, donde podemos tener algunas diferencias en cuanto a las actuaciones propias del Gobierno de Aragón. Sí que le doy la razón y comparto con usted y con la demanda, además, generalizada de todos los profesionales con los que periódicamente mantengo reuniones la necesidad y la importancia de una firma de un convenio entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. Esto me parece absolutamente fundamental.
Y, luego, como decía al principio, una nueva cuestión que introduce en este informe, como es la violencia de niños a padres. No sé si esto es algo propio de la evolución de la sociedad, si es que antes no se conocía, si es que antes no se denunciaba. Lo cierto es que yo, que personalmente he trabajado en el Servicio de Protección de Menores ya hace algunos años, ya venía observando cómo venían padres que llegaban al Servicio de Menores y decían: «No puedo con el niño». Esta era la expresión quizá más común: «No sé que hacer con él, no puedo», y lo dejaban en el Servicio de Menores porque no sabían cómo responder. No sé exactamente a qué responde esta situación; supongo que esto habría que estudiarlo muchísimo más en profundidad. No creo que tampoco sean condicionantes ni siquiera los estudios del padre, ni siquiera, a lo mejor, esto que comentaba usted del alcoholismo... No lo sé, pero, verdaderamente, yo creo que merecería también un estudio específico esta circunstancia. También es cierto que podemos estar hablando de una conducta disocial del menor; al fin y al cabo, puede ser una patología de salud mental. Y, en ese sentido, también el Gobierno de Aragón podemos decir que también ha evolucionado y se han puesto en marcha muchos programas.
Por nuestra parte, señor Justicia, lo cierto es que, si nos pusiéramos a analizar más todavía el informe, podríamos hablar largo y tendido, y creo que debemos de dejar paso al resto de diputados para que comiencen sus intervenciones.
Felicitarle, como siempre, por el informe; incentivarle a que haga nuevos informes con las cosas que ya le he dicho, y agradecerle su comparecencia.
Muchas gracias.
El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, señora Perales.
Señor González, por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, tiene la palabra.
El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, darle la bienvenida en nombre de Chunta Aragonesista.
El tema que nos ocupa es un tema preocupante, y la sensación social que existe es que es una cuestión que no va a menos, sino que se mantiene y que, en todo caso, tiene nuevas formas de expresión, como es ya no solo la del maltrato a menores, sino de menores a padres. En ese sentido decir que es una sensación, pero lo cierto es que no existen datos para poder corroborar todas las cuestiones que aquí se están apuntando.
En primer lugar, desde nuestro grupo, lo que queremos decir es que esta cuestión del maltrato habría que... Estamos analizando las consecuencias, todas las tipologías, pero quizá habría que empezar hablando de cuáles son las causas del maltrato, qué modelo de sociedad estamos creando para que realmente esta cuestión se siga manteniendo o, en todo caso, siga creciendo. Tenemos cierta tendencia a medir el desarrollo de nuestra sociedad por el producto interior bruto; sin embargo, seguramente, una sociedad se considera desarrollada por otro tipo de parámetros que no se tienen en cuenta. Usted ha hecho referencia a una pérdida de valores, pero yo creo que quizá habría que hablar más de qué valores, en vez de otros, son los que estamos inculcando. Una sociedad altamente competitiva en la que se justifica cualquier actitud para poder tener cierto estatus de vida, en la cual en el ámbito laboral se nos exige seguramente una serie de condiciones que no facilitan para nada una sociedad sin conflicto. Por lo tanto, quizá habría que hablar de qué tipo de bienestar o qué tipo de sociedad estamos alentando cuando quizá estamos siguiendo un modelo, como podemos ver en Estados Unidos, que quizá es la referencia económica que nosotros estamos siguiendo, en el cual, el conflicto surge en la menor ocasión y cada vez se está creando una brecha social más importante.
Pero, volviendo a las consecuencias, que son esta sociedad conflictiva o sociedad en la cual vemos nuevas formas de violencia, nos preocupa también que quizá en este ámbito, en el del maltrato, estamos pasando de una opinión un poco pendular..., estamos pasando de un tiempo en el cual quizá el modelo autoritario en el ámbito familiar, educativo era el que prevalecía; posteriormente quizá se estigmatizó la autoridad por esa crítica al autoritarismo, y ahora volvemos nuevamente a requerir esa autoridad, y quizá de una forma en la cual se está justificando en algunos casos, por ejemplo, hasta el castigo físico. Creemos que esto no es positivo: una cosa es la autoridad y otra el autoritarismo. Sin embargo, parece que se vuelven a justificar ciertos métodos en el ámbito educativo y familiar que, a nuestro juicio, no tienen para nada ningún valor pedagógico ni didáctico.
En todo caso, volviendo concretamente al estudio, sí que hemos echado en falta más datos que avalen todas las conclusiones y todo el objeto de la cuestión, porque, realmente, sustentar unas conclusiones en unos datos exclusivamente de un año, el 2003, y el primer cuatrimestre del 2004 cojea un poco. No sabemos si es porque realmente faltan datos oficiales en los cuales basarnos... Cuando estamos hablando de una cuestión tan genérica como el maltrato, es difícil circunscribirla a un solo año; habría que ver exactamente cómo va evolucionando. Entonces, no sabemos si es porque faltan datos oficiales para poder contrastar y tener un ámbito de estudio mayor o realmente no se han podido recoger.
Decir que consideramos que el instrumento básico que tenemos en la comunidad para hablar de esta cuestión es la Ley de la infancia y la adolescencia, la Ley 12/2001, en la cual ya no solo estamos hablando, cuando nos referimos a menores, de protección y reforma, sino que ya en ese momento estamos reconociendo una serie de derechos que tienen que ser respetados, una serie de derechos en la que los menores deben ser protegidos. Y en esta misma ley se reconoce en su preámbulo la necesidad de crear mecanismos de supervisión y seguimiento de esta ley. Es decir, que no solamente sea una declaración de principios, sino que los menores, en sus derechos, tengan posibilidades de que se compruebe que realmente son protegidos sus derechos. Y, además, estos mecanismos de supervisión, tal como dice la ley en su preámbulo, deben ser diversos y no solamente deben ser los propios mecanismos de autoevaluación de la propia Administración, sino también análisis imparciales, como el de la institución del Justicia de Aragón. En su artículo 8, esta ley recoge una serie de medidas en las cuales al Justicia de Aragón se le reconoce esa competencia para garantizar el ejercicio de los derechos de los menores.
Echamos en falta, pues, en el estudio que se baje de lo que es la teoría, el poder recoger distintos estudios teóricos que han hecho instituciones como el Centro Reina Sofía, como Save the Children, las distintas instituciones que aquí se numeran, para realmente bajar a lo que está ocurriendo en nuestra comunidad autónoma. Es importante saber las distintas tipologías, las definiciones, pero creemos que es el ámbito más propio de los estudiosos de la materia, de los trabajadores sociales, y que quizá aquí, en Aragón, debemos saber exactamente, por parte de este informe, qué es lo que está ocurriendo en las instituciones, qué es lo que está ocurriendo en nuestra sociedad.
Quiero traer a colación de esto una reciente comparecencia que hubo en esta comisión, justo antes del verano, en el anterior período de sesiones, de la Asociación Aragonesa para la Promoción y Defensa de los Derechos de la Infancia y Adolescencia, que agrupa a numerosas asociaciones de educadores que existen en nuestra comunidad autónoma. En ella, en esta comparecencia, dijeron textualmente: «Nosotros tenemos la impresión de que el Gobierno de Aragón está gestionando el orden, gestionando el orden y los recursos de lo que tiene, pero no está haciendo política de menores en absoluto. No es lo mismo gestionar el orden que hacer política, que innovar, que planificar, que ir por delante. Tenemos la impresión de que el Gobierno de Aragón, con tal de que el tema no salga en los medios de comunicación y no sea objeto de interpelación parlamentaria, está contento». En esa misma intervención, posteriormente, decían: «Cuando una familia o un ciudadano, un educador de calle o un profesor se encuentra en una situación que considera grave respecto a un menor [en esto podríamos introducir el maltrato, lógicamente], a día de hoy sigue sin estar claro cuál es el procedimiento y la vía de notificación de esa situación a la Administración competente, que es el Gobierno autónomo».
Nosotros creemos que el estudio quizá debería haber ido un poquito más por esta línea, porque, lógicamente, a la hora de buscar responsabilidades, como usted ha dicho, genéricamente, la responsabilidad es de toda la sociedad, pero también, lógicamente, la máxima responsabilidad es de las instituciones competentes en esta materia, y, en este sentido, las instituciones tienen que responder con una serie de recursos para afrontar este problema que tenemos.
Y aquí es donde nosotros queremos hacer referencia al Plan de atención a la infancia y adolescencia, que, si bien se cita en el informe, ni siquiera se hace referencia al retraso que sufre, puesto que ya estaba recogido en la Ley de la infancia y adolescencia, que fue aprobada en el 2001. Claro, cuatro años después, que todavía se está redactando... Creemos que por parte del Justicia se debería de haber hecho algún tipo de crítica a este retraso.
Sí que se hace alguna referencia, por ejemplo, a la escasez de psicólogos en el Servicio de Menores —se dice textualmente que están desbordados— y también a la afección que esto supone a las consultas sanitarias de carácter psiquiátrico. Pero también, por ejemplo, bajando un poco de la teoría a la práctica, creemos que habría que hacer referencia a que los equipos de educadores que se ocupan de la recepción y el diagnóstico son, por ejemplo, todos trabajadores interinos. Esto, ¿qué supone? Pues que muchos de ellos, en el momento en el que ya han aprendido exactamente cuál es el objeto de su trabajo, son relevados por otras personas que acaban de llegar y tienen que volver a iniciar el proceso de aprendizaje. Teniendo en cuenta que estas personas son las que marcan la pauta que ha de llevar el proceso de ese menor que es recibido —que en muchos casos puede tratarse de un caso de maltrato—, evidentemente, supone que se deteriora mucho la calidad del servicio.
Hablando del maltrato institucional, consideramos que, por ejemplo, se debería haber hecho referencia a la externalización de servicios que se produce hacia empresas privadas en el ámbito de la reforma. Hemos visto que se han producido conflictos laborales, por ejemplo, en el centro San Jorge, y esto provoca que muchos de esos trabajadores no trabajan en las condiciones más idóneas, que muchas de las empresas se hayan ido relevando —por lo tanto, los educadores también hayan ido relevándose—, y esto supone que, cuando un menor ya ha conseguido tener cierta complicidad, que el educador haya podido conocer en profundidad ese caso, es relevado. Esto, evidentemente, también influye en la calidad del servicio, y creemos que en algunos casos podría incluirse dentro de este maltrato institucional. Se han hecho públicos algunos casos de adopciones muy dificultosas en Aragón, en los que también se ha puesto en entredicho si estaba prevaleciendo el interés del menor. También consideramos que a esto, por ejemplo, relacionado con el maltrato institucional, no se hace ninguna referencia en el estudio.
Echamos en falta referencias que vayan más allá de Zaragoza. Parece un estudio muy ceñido a Zaragoza. No sabemos si realmente... También consideramos que seguramente no existirán datos, pero nos gustaría saber exactamente por qué.
También, y desde nuestro punto de vista, desde Chunta Aragonesista, consideramos que, dentro del Servicio de Menores del Gobierno de Aragón, muchos de los recursos, de los escasos recursos que existen para esta materia han sido absorbidos por una actuación muy puntual, como es la construcción de un centro de reforma, un centro que, a nuestro juicio, realmente responde únicamente a una función de contención, cuando estamos hablando de que quizá habría que priorizar la prevención, otro tipo de medidas alternativas y recursos que seguramente se podrían destinar a otras cuestiones que paliarían este problema que hoy nos ocupa.
Por lo tanto, consideramos interesante que el Justicia haya hecho un informe sobre esta materia en el sentido de que destaque, ponga el acento de que es una cuestión conflictiva, una cuestión a la que merece destinar más esfuerzos por parte de todas las instancias, pero sí que en esta ocasión somos un poquito críticos en cuanto a que consideramos que, siendo que es una cuestión muy oscura, que faltan muchos datos, que es muy difícil hacer un diagnóstico de cuál es su verdadera dimensión en nuestra sociedad, la verdad es que consideramos que no aporta más luz sobre esta materia. Por lo tanto, sí que nos parece que... Seguramente, además, no es la única instancia que debería aportar en esta materia, sino que las responsabilidades son de otro tipo, pero sí que consideramos que en Aragón seguimos teniendo en este sentido una asignatura pendiente y que todavía estamos en una fase muy inicial para saber la verdadera dimensión del problema, teniendo en cuenta —insisto— que es una cuestión muy grave.
Nada más, y muchas gracias.
El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, señor González.
Señora Vallés, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra.
La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor presidente.
Hoy empezamos en esta Comisión de Peticiones y Derechos Humanos un nuevo período de sesiones, y lo hacemos de la manera más adecuada, pero también triste. Adecuada porque lo hacemos analizando el informe especial del Justicia de Aragón referido a los malos tratos en el seno familiar y la violencia de hijos a padres, y, si se me permite la expresión, también triste por los datos y contenido del referido informe, del que podemos afirmar que en la infancia no todo es felicidad.
Desde el Partido Popular queremos agradecer al Justicia y a su colaboradora su presencia, así como el trabajo que vienen realizando esta materia.
Nadie puede poner en duda que es necesario que desde todos los ámbitos prestemos una mayor atención hacia aquellos miembros de la sociedad que tienen menos capacidad de reacción y de defensa, como son los menores, los mayores o los discapacitados, en especial cuando alguno de estos grupos se ve perturbado en sus derechos fundamentales. Este informe no hace, pues, sino recordarnos y reiterar la necesidad de una mayor implicación por parte de todos con el objetivo centrado en la protección de uno de los segmentos de la población que más indefenso se encuentra frente a los cada vez más evidentes y frecuentes ataques a su integridad física, emocional y social. El menor, el niño, no solo debe y tiene que estar protegido frente al maltrato, sino que tiene derecho a ser bien tratado.
Si la institución familiar ha sido tradicionalmente el punto de apoyo y protección en muchos casos del individuo frente a una sociedad cada vez más individualista, competitiva y, en cierto modo, agresiva, es mucho más difícil entender —y por qué no decirlo— doloroso de conocer que es en el seno de la familia donde se producen la mayoría de las agresiones y de los abusos a los menores. Menores que no solo son víctimas de las referidas agresiones, sino también han pasado a ser agresores, agresores dentro de la familia y fuera de ella. Dentro de la familia, con la aparición pública de la violencia contra los padres por parte de sus hijos adolescentes, fenómeno creciente y preocupante, pues es una clara manifestación del entorno de violencia en el que se desenvuelve gran parte de nuestra juventud, y donde la mujer, en este caso madre, suele ser la víctima perfecta de una nueva manifestación de la cultura masculina de la violencia. En el segundo supuesto, fuera de la familia, me estoy refiriendo a la escuela, circunstancia esta sobre la que conocemos que está elaborando un estudio concreto y que nos ha adelantado algunos datos y medidas adoptadas. Nos encontramos ante episodios de violencia en los que el agresor y la víctima son menores y que se producen en ámbitos de competencia de la Administración, en este caso autonómica, como son los centros escolares, que poco a poco van saliendo a la luz.
Pero, centrándonos en el menor como víctima, muchas y variadas son las circunstancias que se conjugan en el ámbito individual, familiar y social y que dan lugar a la aparición de episodios de malos tratos, malos tratos que pueden deberse a acciones u omisiones y que afectan a la integridad física y moral del menor, lo que exige una respuesta individualizada de la Administración.
En la actualidad, es triste reconocerlo, pero se carece de recursos apropiados para todos los niños y jóvenes que impide una sólida actuación individualizada y adaptada a cada uno de los sujetos, lo que, de hecho, está produciendo la perpetuación del problema para futuras generaciones.
El maltrato infantil está más extendido de lo que queremos pensar, aunque de manera solapada se manifiesta incluso en nuestro entorno social más próximo. Es un drama orillado porque, aunque se avanza mucho en su estudio, no se dispone de datos que sitúen su verdadera dimensión de un modo numérico y estadístico y —por qué no decirlo— porque es una vergüenza social, un déficit de humanidad, sensibilidad y cultura cívica que duele asumir como lo que es: una enfermedad del sistema de convivencia que nos hemos dado los seres humanos.
El perfil del maltratador no es forzosamente el de un demonio sin sensibilidad, un desequilibrado, un marginado sin referencias sociales o un padre o madre que sufrió el problema en su propia piel de niño. Puede caer en estas prácticas cualquier persona que no asuma adecuadamente la angustia que causan los fracasos y humillaciones en el trabajo, el rechazo de los amigos, la insatisfacción de su vida personal o el estrés familiar.
Desgraciadamente, los menores están expuestos a variados y diferentes tipos de maltrato, definido de múltiples formas. Todas estas manifestaciones deben ser objeto de respuesta social y de respuesta desde el punto de vista legal, institucional y social. Mucho se ha adelantado en los últimos años en el ámbito legal en esta materia, y en especial desde la mayor concepción social de la violencia de género, violencia de género en la que los menores son, en todo caso, víctimas. Partiendo de esta respuesta legal, es en el ámbito institucional y social, a través de los servicios sociales y profesionales implicados, donde se deben incrementar y fortalecer los medios e instrumentos de actuación, con especial incidencia en el ámbito de la prevención y detección de este tipo de actos. Una actuación a tiempo permite una mayor integración del menor agredido. Pero, muchas veces, los casos de maltrato infantil no salen a la luz y no se denuncian porque no sabemos identificar los signos que delatan que a un niño se le maltrata, o bien porque, cuando las evidencias existen, preferimos evitar problemas o tememos que hacerlas públicas pueda volverse contra el propio niño, o también porque el presunto maltratador es una persona próxima o conocida. Se trata de un problema de dimensión e interés comunitario. La sociedad en su conjunto debe buscar las soluciones y todos debemos implicarnos.
El niño no sabe defenderse ante las agresiones de los adultos, no pide ayuda, y esto le sitúa en una posición vulnerable ante un adulto agresivo y negligente. Los niños que sufren maltrato tienen múltiples problemas en su desarrollo evolutivo, déficit emocionales, conductuales y sociocognitivos, que le imposibilitan un desarrollo adecuado de su personalidad. De ahí, la importancia de detectar cuanto antes el maltrato y buscar una respuesta adecuada que ayude al niño en su desarrollo evolutivo.
Los problemas que tienen los niños maltratados se traducen en unas manifestaciones que pueden ser conductas físicas y emocionales. Esas señales de alarma o pilotos de atención pueden indicar una situación de riesgo o maltrato, si bien estos, por sí solos, no son suficientes para demostrar la existencia del mismo, por lo que es fundamental saber interpretar estos indicadores, y en este camino se debe seguir trabajando en protocolos, información y formación de los profesionales que se encuentran más próximos al menor (educadores, personal sanitario, agentes de la autoridad, etcétera).
En nuestra legislación autonómica se recoge la obligación de la comunidad autónoma de proveer políticas integrales en defensa de los derechos de los menores y en garantía del buen trato en la infancia y en la adolescencia. En este sentido se hace necesaria una mejora de la dotación en materia de tiempo libre para la infancia, una adecuada política familiar que no recoja solo medidas de apoyo y protección de esta institución, sino el aspecto formativo de sus componentes, así como una adecuada política en materia de vivienda y urbanismo que permita un desarrollo ambiental familiar adecuado.
He dejado para el final dos aspectos que dentro del ámbito del maltrato familiar considero que debían ser objeto de una especial consideración: el abuso sexual y la importancia de los medios de comunicación. Nos encontramos en el primer caso con uno de los casos de maltrato infantil donde se carece en mayor medida de datos y estadísticas fiables, y, desgraciadamente, solo el 5% de los casos acaba en proceso judicial. Maltrato este en el que la escasa información y la ocultación de estos hechos ha contribuido a la negación de este tipo de abusos, abusos que afectan en mayor medida a las niñas, pero donde las víctimas masculinas se han incrementado en los últimos años en mayor medida y donde las nuevas tecnologías y medios de comunicación, como Internet, están jugando en contra.
Por otra lado, mucho se ha hablado de la importancia de los medios de comunicación en materia de sensibilización social, sensibilización social necesaria para la participación de todos en la erradicación de conductas como la que hoy nos ocupa. Pero también es necesario que se profundice y —por qué no— se estudien las distintas funciones y consecuencias que estos medios tienen en nuestra sociedad. Así, no solo son creadores de opinión, sino que terminan siendo en algunos casos inductores de conductas por su gran influencia sobre las mentes en formación y por un fácil y rápido acceso a determinados contenidos poco o nada adecuados para los menores.
He iniciado mi intervención indicando que, en la infancia, no todo es felicidad, pero la felicidad debería ser nuestro objetivo, y, en este tipo de situaciones donde el desconocimiento de esta clase de conductas es mayoritario, solo una concepción social que facilite la denuncia y unos instrumentos y medidas rápidos, individualizados y eficaces de actuación, una verdadera política de menores, es nuestra mejor baza.
Muchas gracias.
El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, señora Vallés.
Señora Mihi, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.
La señora diputada MIHI TENEDOR: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, y como siempre, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, darle a nuestro Justicia y a la institución que representa, así como a doña Rosa Casado, que hoy le acompaña, la más cordial de las bienvenidas a esta comisión.
La preocupación de nuestro Justicia por la existencia de malos tratos y su actuación frente a los mismos en el ejercicio de las funciones y competencias que la institución le encomienda es un hecho probado de forma fehaciente, pero que, desde nuestro punto de vista, cobra especial relieve cuando, tras la actuación institucional que podría entenderse como obligada o normalizada, podemos deducir y constatar no solamente la preocupación del Justicia como tal Justicia, sino también, y con carácter expreso, la preocupación personal y encomiable del ciudadano que hoy ocupa el cargo, y entre cuyas convicciones nos consta está la necesidad de la denuncia y erradicación de cualquier forma de violencia, independientemente del carácter que adopte, que los socialistas reconocemos y compartimos en todos sus extremos.
Hoy, el informe que nos presenta nos ilustra sobre uno de los aspectos más denigrantes de la violencia, que, repudiable en todas las formas que adopta, se manifiesta de forma especialmente grave cuando afecta y atenta contra los menores de edad y sus derechos. Coincidimos con los postulados y el carácter del informe, entendiendo que es necesario sensibilizar a la sociedad frente al fenómeno del maltrato infantil para contribuir a su erradicación y garantizar la protección adecuada a sus víctimas, así como también es necesario y fundamental contribuir a que se conozca esta realidad y mejorar la calidad de las intervenciones que en torno a la infancia y la adolescencia se lleven a cabo, no solo en la comunidad autónoma, sino en cualquier otro contexto de ámbito más amplio.
Como bien sabe nuestro Justicia, y así lo recoge en el informe, los niños y adolescentes son titulares de unos derechos que la legislación actual les reconoce, pero que no siempre les garantiza. Y podemos añadir a este hecho cierto otro que también lo es: que tienen unas necesidades de afecto y amor que tampoco ninguna ley puede garantizarles.
El abandono y el maltrato infantil han existido siempre y a través de diferentes épocas y culturas. Solo en algunos pueblos, como los esquimales, pigmeos, aborígenes o bosquimanos, se ha constatado que nunca los practicaron. Históricamente pueden comprobarse diferentes episodios que constatan su existencia. La creencia de que el hijo es propiedad de los padres, que tienen sobre él derechos ilimitados, impregna todos los períodos históricos de nuestra sociedad.
En la sociedad actual, en muchas familias todavía hoy se considera al niño como una propiedad privada a la que se puede exigir un comportamiento determinado, aceptando la existencia del castigo institucionalizado como un método idóneo para modificar el comportamiento no deseado del menor. Pese a que constituye una violación de los derechos fundamentales proclamados y protegidos por nuestra Constitución, el castigo físico en el ámbito familiar es una práctica socialmente admitida, presente en todo tipo de contextos socieconómicos y étnicos, aunque se reconoce que atenta contra la dignidad física y psíquica e incluso supone riesgos para el derecho a la vida.
Los niños son doblemente víctimas, ya que padecen la agresión y, además, no pueden defenderse. Así podemos comprobar con horror que los niños han sido —y desgraciadamente siguen siendo— objeto de muerte violenta, de mutilaciones, de abandono, de explotación laboral, de abusos sexuales, de golpes y de maltrato, sin que por ello se hayan tambaleado los soportes del orden social vigente en el que se daban estos fenómenos.
Como aseguraba Voltaire, la civilización no suprime la barbarie, sino que la perfecciona. También es cierto que en la historia de la infancia ha habido iniciativas de protección de los niños frente a la arbitrariedad de los adultos. Usted recogía en su informe la posición de Rousseau, y yo he recogido, y me parece interesante por lo menos traerlo, siendo que estamos en estas Cortes, hacer alusión a que, en España, el primer centro de protección al niño, Curadores de Huérfanos, está datado en 1337 y fue establecido en la ciudad de Valencia, auspiciado por el rey Pedro IV de Aragón. Esta institución la complementaría Martín el Humano, quien se convirtió en protector y defensor de los menores, recogiendo niños huérfanos y abandonados. Y cuarenta años más tarde se creó en Valencia el Tribunal de Curador, Padre y Juez de Huérfanos, que se extendió por Navarra, Aragón y Cataluña. También es curioso, que no divertido, comprobar que la primera intervención legal de que se tiene constancia a favor de una niña maltratada se da en Estados Unidos en 1874, promovida por la sociedad protectora de animales, ya que la policía, por no existir ninguna ley para proteger a los niños que previese como delito el maltrato infantil, se negó a intervenir, si bien había leyes para proteger a los animales, y la defensa se amparó en el argumento de que, puesto que la niña objeto de la defensa era parte del reino animal, merecía al menos tanta protección como un perro común.
En España son pocos los testimonios que pueden encontrarse de estudios de los malos tratos a la infancia con anterioridad a 1980, puesto que el aislamiento sociopolítico y el escaso desarrollo de los sistemas de protección social produjeron en el campo de la investigación de los problemas sociales un retraso similar a lo ocurrido en otros ámbitos. La primera encuesta de victimización se elaboró en 1978. La transformación de los planteamientos de protección al menor se realizó en nuestro país en los años ochenta. La Constitución reconoció al menor derechos sociales en el artículo 39, título I, capítulo III, número 1, como en su informe recoge, aunque creemos sería conveniente incorporar al mismo, además de los referentes a la familia, en la que, obviamente, hay que considerar al niño, la referencia a los número 2 al 4, donde específicamente se recogen los derechos de la infancia.
Paralelamente al reconocimiento social de la infancia como sujeto de derechos y a la creciente sensibilidad social ante el fenómeno del maltrato, ha existido un interés creciente por aproximarse al problema y tratar de prevenirlo, suscitándose múltiples interrogantes: cuál es el concepto del maltrato, la importancia real, cómo valorar un fenómeno tan complejo y tan enraizado en variables culturales, cuáles son las condiciones demográficas, sociales y personales de riesgo. Estas reflexiones indican que nos hayamos ante un tema difícil de abordar. La definición del maltrato implica una valoración social en relación a lo que es peligroso o inadecuado para el niño, y aquí reside principalmente la dificultad para definirlo, ya que hay una falta de consenso social respecto a lo que constituyen formas de crianza peligrosas o inaceptables. Resulta difícil establecer la línea de separación entre lo que es un maltrato y lo que no lo es, entre una familia maltratadora y la que no lo es. Factores como el alcoholismo, la dependencia económica, las creencias culturales, religiosas y educacionales, el desempleo, la propia vida, etcétera, nos ilustran sobre que la violencia ejercida en el hogar es un fenómeno fragmentario que puede obedecer a numerosas causas, pero que tiene un componente personal plural que dificulta determinar en cada caso concreto la existencia de dicha violencia.
En los instrumentos de valoración del riesgo, el análisis de la información recabada no es en absoluto simple ni responde a una fórmula matemática. Así, puede que en una familia se presente un elevado número de factores de riesgo y se valore que no es preciso adoptar una medida urgente para proteger al niño; por el contrario, en otra familia pueden aparecer menos factores, y, sin embargo, considerarse que la seguridad del niño se encuentra en grave peligro. Por otra parte, puede ocurrir que un determinado tipo de intervención sirva en una familia para reducir el nivel de riesgo, mientras que, en otra, esa misma intervención provoque que este aumente.
Únicamente el abuso sexual es definido independientemente de cualquier otro factor, incluso cuando no se detecte ningún daño físico o psicológico en el niño, como de gravedad máxima. En esos casos hay un consenso generalizado en cuanto a que la integridad básica del niño está en peligro, debiendo en consecuencia protegerlo inmediatamente. Por otra parte, cabe señalar también que, si unos padres u otros miembros de una familia son acusados por error, el daño emocional que se causa es grande.
Y, como creo que ya tengo muy poco tiempo, es importante también señalar que, a pesar de esta complejidad a la hora de la definición, en su informe se toma como base para la misma y su tipología la Guía para detectar, notificar y derivar situaciones de maltrato infantil en Aragón, elaborada por el IASS y Adcara, en ejecución de un programa experimental financiado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el IASS, siendo profesionales de dicha asociación y de Menores quienes participan conjuntamente en el programa, los que elaboraron la guía e impartieron los cursos de formación, coordinaron la actuación con los servicios comunitarios, etcétera.
Las respuestas y medidas que se recogen en las propuestas de la iniciativa Daphne, del proyecto Preven (de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía), de la Fundación Ozanam y de Cáritas recogen actuaciones que competen a distintas administraciones y entidades, así como a la sociedad en general. Hay medidas que se deberán aplicar desde la Administración competente en educación o desde la salud o de la justicia o del ámbito local o de protección de menores. Aparecen también propuestas que competen a vivienda, trabajo, etcétera. Y conviene señalar que muchas de las propuestas que se plantean están ejecutándose en distinto grado por distintas Administraciones y entidades privadas y públicas.
Voy a resumir y centrarme en un par de asuntos que consideraba interesantes en cuanto a algunas cosas que vienen en el informe y me han resultado realmente chocantes. En el informe se habla, como uno de los factores de riesgo, sobre la figura del padre ausente. Creo que es contradictorio hablar del padre ausente como riesgo; por lo menos, me gustaría que me aclarase, porque realmente sabemos que, cuando hablamos del padre ausente, se refiere sobre todo, en estos momentos, a padres que están separados como consecuencia de los divorcios o a las familias monoparentales. Creo que, además, sobre este asunto, yo creo que hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque ya sabemos también el estigma que cae sobre las familias monoparentales o sobre las madres solteras, aunque es un fenómeno muy importante y que, además, como está ocurriendo en otros países, cada vez son más las mujeres que deciden tener sus hijos sin la compañía del padre. Creo que debería llevarnos a una reflexión en cuanto a considerarlo solamente así, sin más explicación, como viene en el informe, como un factor de riesgo, porque ¿no son algunos padres malos para la familia? Sabemos perfectamente lo perjudicial, como usted ha reflejado en algunos de los factores de riesgo, que dice: el desempleo, el alcoholismo... O sea, estos padres alcohólicos, desempleados, que están todo el tiempo en su casa, si además decimos que los niños no deben de salir a la calle cuando, si no lo hago, está claro que la mayoría de los casos de acoso y, sobre todo, de maltrato se dan en la vivienda, la verdad es que son algunos factores que, dichos así, como se han reflejado en el informe, nos llevarían a otro tipo de reflexiones, y creo que hay que tener cuidado con estos asuntos. Yo considero que, en el caso de las familias monoparentales, es más problema de la pobreza que de la familia.
Y, por último, no quiero dejar pasar por alto algunas de las cuestiones que han planteado, no solo en el informe, sino lo que han planteado algunos otros diputados, y creo que es importante, así que le pediría al señor presidente que... —y ya con esto termino—.
En cuanto al maltrato institucional, el Servicio de Menores no es que se olvide de lo preventivo: lo que hace es priorizar sus recursos a aquellas necesidades en que es su obligación intervenir y actuar solo subsidiariamente en aquellos aspectos en los que son competentes otras administraciones. No son competencias de Menores las escuelas infantiles, las escuelas de padres, la educación familiar, el apoyo a las familias monoparentales, etcétera, a los que se refiere Cáritas o a los que se han referido algunos intervinientes anteriormente. Por ello, Menores no debe gestionar dichos recursos. No obstante, sí que le preocupan dichos recursos, y, por ello, financia ocio y tiempo libre, financia el apoyo a las familias monoparentales, la educación familiar, etcétera, etcétera, que serán gestionados por las administraciones competentes o por la iniciativa social.
Está claro que el informe es de Cáritas Zaragoza, no de Aragón, y asimismo hay que manifestar que los datos, como usted ha reconocido, no son actuales. En Zaragoza no hay cuatro equipos técnicos ni hay cuatro educadores de intervención familiar. En el 2004 se creó el quinto equipo y en el 2005 se hizo el sexto. Asimismo, el número de educadores de intervención familiar es de ocho, exactamente el doble de lo señalado en el informe. En consecuencia, las ratios a las que alude el informe son falsas. Hay un 50% más de equipos de valoración y el cien por cien más de educadores. No hay que olvidar, además, que la intervención familiar en materia de preservación y reinserción familiar corresponde a las comarcas, que, al margen de los educadores de menores, existen setenta y cinco educadores financiados en distinto grado por el Gobierno de Aragón para realizar el trabajo de prevención y de intervención en las situaciones de riesgo. Es una preocupación del Servicio de Menores velar por la calidad de la atención y estar alerta cuando se detectan indicadores que nos muestran que nos desviamos de los estándares de calidad. Por ello, intentamos obtener más recursos y adecuar los disponibles, a fin de dar una respuesta más ágil. Ello no impide que estén siempre vigilantes y aportando mejoras continuadas.
No querríamos concluir nuestra intervención sobre el informe que hoy nos presenta nuestro Justicia sin reconocerle a él y al equipo de profesionales de la institución que preside la preocupación, el esfuerzo y la capacidad mostrados en su elaboración. Reconocerlo es de justicia, como también lo es, y en la misma medida, reconocer asimismo la labor de todos los profesionales y organismos que en Aragón, desde lo público y lo privado, dirigen su actividad a la defensa y al reconocimiento de los derechos de nuestros menores. Vaya con ellos nuestro agradecimiento y nuestro compromiso para conseguir erradicar esta lacra social. Como dijo Molière, nunca, nunca se entra por la violencia en un corazón.
Nada más, y muchas gracias.
El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, señora Mihi.
Para dar respuesta a los distintos grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor Justicia de Aragón.
El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): Muchas gracias, señor presidente, y con su venia.
A la señora Perales decirle que coincido con ella en lo que me ha dicho y que, sin duda, lo que dice contribuirá a mejorar el informe que hemos hecho.
Me satisface decir que tenemos un protocolo eficaz y que es de los mejores que hay en España. Creo que es de los mejores. Tendríamos... —y ya lo dije aquí—, habría que insistir en que se hiciera un protocolo de personas mayores por su proximidad... Yo se lo recuerdo porque, ciertamente, está contribuyendo a que tengamos más datos de los que tienen otras autonomías la existencia de ese protocolo.
En servicios de orientación, ciertamente, hemos mejorado. Cada año hay... Los datos de Cáritas eran de un año. Luego, cada año se ha creado un servicio nuevo, que es aumentar un 50% con relación a los años anteriores, y eso, encantado en reconocerlo.
Hay problemas psiquiátricos, y convendría que existieran unas unidades de apoyo en la consejería que sirvieran para ayudar a resolver problemas concretos en otros sitios. La psiquiatría en general, no en esta comunidad, en todos los sitios tienen el problema de que antes sus competencias estaban compartidas en ayuntamientos, diputaciones, Gobierno de Aragón, Gobierno central, y es una de las asignaturas que todas las autonomías tienen pendiente.
Me alegro de que haya usted hecho referencia al tema de los menores discapacitados, a los sesenta y dos menores discapacitados que hace el ayuntamiento, por cierto, en un período de diez años; no manejamos solo datos de un año, sino que manejamos ahí datos de diez años del ayuntamiento. Y el problema de los menores discapacitados..., el maltrato es un poco diferente a los demás, con lo cual tiene que tener un tratamiento específico, porque es el abandono. O sea, no es que los traten mal: es que no les hacen caso o los abandonan. Yo creo que es verdad que todo lo que hagamos por proteger a estas personas que tienen algún tipo de discapacidad o de limitación hacemos muy bien en resaltarlo.
Al señor González decirle que yo comparto con usted esa sensación de que esto es un fenómeno en aumento, que comparto con usted la preocupación sobre el modelo de sociedad y las relaciones familiares, que comparto con usted que la calidad de vida no solo se rige por una situación económica. Por ejemplo —y podríamos aprender de las personas que vienen de fuera—, en los países hispanoamericanos, los inmigrantes que vienen aquí tienen un concepto de las relaciones familiares, a mi juicio, en muchos aspectos (en el de respeto a otros miembros de la familia y el cariño y afecto que muestran), que ciertamente podríamos aprender algunas cosas.
Yo estoy de acuerdo con usted en que hay un modelo pendular. En general, en España tenemos esa cierta tendencia a los modelos pendulares, pero yo no estoy de acuerdo en este momento en que lo que haya dentro de la familia sea un exceso de autoritarismo. Que alguno lo diga... En fin, yo tengo familia, y no crea usted que lo que predomina es el exceso de autoritarismo de los padres sobre los hijos; más bien es una situación completamente contraria.
Comparto con usted lo que ha dicho sobre el consumismo excesivo, es verdad. Yo solo tenía un cinturón y mis hijos tienen varios cinturones; yo solo tenía un par de zapatos y, cuando se rompían, me compraban otros, y mis hijos..., no les cuento la colección de zapatos que tienen porque ni ellos la saben. Y toda esa historia de las marcas.
Mire, con la misma sinceridad que usted me ha hablado diciendo que le parecía incompleto mi informe, le voy a decir una cosa: todo lo que usted me ha planteado no he querido tratarlo en mi informe. Es verdad. Este informe se refiere a los niños objeto de violencia, y, cuando usted me habla de San Jorge... De acuerdo, no hablo de San Jorge. Es que no quería hablar de San Jorge. Y, cuando me habla de todo lo demás, es verdad, no está aquí, pero es que yo no quería hablar.
Mire, de las... —¿cuántas páginas tiene?—, de las ochenta y dos páginas que tiene este informe, las setenta y una primeras hacen referencia al niño objeto o víctima de maltrato, y, lo que me dice usted, es verdad que no lo trato, y tiene usted toda la razón, pero es que no lo he querido tratar en este informe. Lo trato en otros sitios. En los informes anuales, ahí se lo encontrará, pero aquí no.
Puede usted tener razón en que la mayoría de los datos están reflejados al año 2003, pero hay otros datos en los que utilizamos la progresión de una década e incluso de dos décadas. Es verdad que hay más datos de 2003. Y en lo que no tiene, a mi juicio, tampoco razón es en que, aunque es verdad que hay más datos de Zaragoza, porque es lógico, porque está la mayoría de la población, casi todos los datos están referidos a Zaragoza. Cuando hacemos el estudio estadístico, en las páginas treinta y tres a treinta y nueve, en todos los datos de esta página pone: Zaragoza, Huesca y Teruel; y pasamos de página y pone: Zaragoza, Huesca y Teruel.
Es verdad que se podía hacer más, y yo tomo nota de lo que usted me dice para que otras veces no vuelva a repetirse y, en la medida que sea posible, intentemos contestar a Zaragoza, Huesca y Teruel. Pero no siempre hay tantos datos; en algunos casos porque afortunadamente, además, no los ha habido, porque en según qué tipo de sociedades hay menos problemas de los que hoy detectamos o, si los hay, no aparecen. Pero yo, ciertamente, creo que hay datos sobre esto.
Lo de San Jorge y tal... Es que es otro tema. Es verdad que hablamos, y usted me puede decir: «Oiga, pero es que usted también habla de aquellos casos en los que los padres maltratan a los hijos». Pero, ¡oiga!, yo creo que el problema del padre que maltrata al hijo es completamente distinto del problema del hijo que es violento en general en la sociedad. La solución de un padre... Cuando a un padre lo maltratan los hijos, nunca piensa en el San Jorge. Eso piensan resolverlo en su casa, con educación, que le ayuden en el colegio, que le ayude alguien más. Pero un padre tiene que estar muy, muy..., en una situación desesperada para pensar en llevar a su hijo al San Jorge. Entonces, bien, no trato de eso, pero créame que es que no lo he querido tratar, que es deliberado el hacerlo así.
A la señora Vallés, comparto con usted todo lo que ha dicho sobre la trascendencia de los menores, de la violencia, del planteamiento. No puedo decir más que que lo comparto. Ha dicho usted una cosa que me parece que es muy importante y en la que todos debemos insistir. Al margen de la prevención, es muy importante lo que usted ha dicho: que el maltrato no afecte al desarrollo futuro. O sea, prevención, toda la prevención, pero, una vez que ha habido un maltrato, yo estoy de acuerdo con usted que, puesto que sabemos que un 50% de las personas que maltratan han sido maltratadores, nosotros tenemos que hacer lo posible para que esto no se repita, para que no sea una cadena que enlace a otro eslabón. Yo creo que eso es algo que hay que estudiar, los psicólogos, los psiquiatras, cómo evitar todo aquello.
A la señora portavoz del Partido Socialista, doña Encarna, también comparto, como usted... Además, he leído el libro ese sobre el Curador de Menores... Creo que López-Medel ha escrito incluso algo, algún artículo sobre él. Lo he visto ese libro y lo conozco. Es un libro de cómo, en Aragón, esa idea de que los niños no estaban sujetos a un poder absoluto como en los demás sitios es algo que ha tenido expresión a lo largo de muchos años.
Yo comparto todo lo demás que usted me ha dicho. Mire, con relación al tema del padre ausente. Cuando leí el informe por primera vez, se me pasó. Como cuando lo leí ayer estaba seguro de que usted me iba a decir eso, hoy, si se ha dado cuenta, he dicho el padre o la madre ausente, y constará en acta, porque el problema es el mismo del padre o de la madre ausente: tiene usted toda la razón. Y no me he querido referir —y he dicho lo que hoy he dicho—, no me he querido referir a las familias monoparentales ni a las familias separadas o divorciadas. Me he querido referir a una situación que es patológica, que es aquella situación en la que uno de los dos cónyuges está siempre hablando mal del otro ante sus hijos y hace que la referencia del padre o de la madre desaparezca. Circunscríbalo a eso. Y tiene usted razón en que debíamos de haber puesto padre como a madre, y hoy he tratado de evitarlo.
Y, luego, el tema del maltrato institucional. La expresión no es nuestra, es de Cáritas, es suya. Nosotros, si alguien nos da un informe, por coherencia ponemos lo que ellos dicen, pero haciendo constar que eso no quiere decir que nosotros consideremos que el que haya cuatro o cinco equipos sea maltrato institucional. Eso no es maltrato institucional —en eso hay que ser bien claro—, pero nosotros recogemos, diciendo de quién proviene la fuente, lo que él dice.
Y reconocemos que esto ha estado aumentando, pero los datos del 2005 no los hemos podido recoger, porque este informe fue presentado al principio del 2005 aquí, y los del 2004, probablemente, aunque se recojan en otros sitios, nosotros no contradecimos los informes de la gente que nos presenta, aunque en otros sitios, por ahí, en otro sitio, sí que figuran los cuatro o cinco informes. No es maltrato institucional que haya un equipo más o un equipo menos, que sean ciento veintiuno o ciento veinticinco los niños que cada educador tiene. Es verdad que hay unos recursos escasos y siempre se podrá decir que tiene que haber más recursos. Y, en general —y aquí pasa como en otras cosas—, el problema no es tanto un problema de gestión: es un problema de recursos. Lo que pasa es que los recursos son escasos, y es como en el tema de sanidad: se dedican a una cosa o se dedican a otra. Hay problemas de gestión concretos, pero también hay antes un problema de recursos.
Y por mi parte, señor presidente, nada más, y muchas gracias por todo lo que ustedes me han dicho, que sin duda va a contribuir a que otra vez hagamos mejor los informes.
Muchas gracias.
El señor presidente (TOMÁS TOMÁS): Gracias, señor Justicia de Aragón, por su exposición. Solo nos resta felicitarles por el informe realizado en nombre de la Mesa, a usted y a todos sus colaboradores que han intervenido en él.
Le ruego espere breves momentos para terminar la sesión.