Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

Quería trasladar a los diputados y diputadas que se ciñan al tiempo, que nos queda mucho todavía en el orden del día.

Gracias.

Debate y votación de la proposición no de ley sobre la modificación del sistema judicial en los casos de violencia de género, presentada por el Grupo Parlamentario Aragonés, quien tiene la palabra en este momento.

Proposición no de ley núm. 48/16, sobre modificación del sistema judicial en los casos de violencia de género.

La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias, presidente.

Bueno, pues, estamos hablando, quizás, demasiado o nunca se sabe si lo suficiente sobre los mecanismos de protección a las mujeres víctimas de violencia. Y en todos los foros donde se habla de este tema, se acaba llegando a la conclusión y coincidiendo en la necesidad de reforzar precisamente o modificar los aspectos normativos que tienen relación a la patria potestad y al régimen de visitas. Precisamente, porque los agresores están utilizando las grietas del sistema judicial para, en muchos casos, asesinar a sus víctimas e, incluso, causarles daño a sus hijos o a sus hijas.

Seguramente, si tuviera que volver a presentar esta proposición no de ley, lo haría siendo, quizás, un poco más dura en la petición y modificaría algunas cuestiones, incluso, como ya dije en la mesa de violencia, incluso no solo pediría que hubiera cuerpos especializados entre los sectores profesionales, sino que, además, la formación tuviera que ser obligatoria para todos los que forman parte de las distintas profesiones que tocan o que trabajan día a día con las mujeres víctimas de violencia y no solo los que se apuntan de manera voluntaria a las mismas.

Me gustaría decir sobre todo que, a pesar de la situación que se está viviendo en Aragón en relación al turno de oficio y en relación al asesoramiento jurídico, el único interés que mueve a esta portavoz en esta proposición no de ley es, simple y llanamente, que se garantice la protección de las mujeres, de sus hijos y de sus hijas. Y no voy a entrar a debatir otras cuestiones.

En el año 2015, se saldó con cincuenta y seis mujeres víctimas de violencia machista en España, una de ellas era aragonesa, y una de las conclusiones precisamente a la que ha llegado el Observatorio Aragonés de la Violencia es que la violencia de género es una constante que se repite en el tiempo, pero hay una novedad que nos debería de preocupar a todos y a todas y es que las edades de las mujeres agredidas está descendiendo de una manera bastante importante.

En los últimos años, se han aprobado leyes fundamentales, como la Ley de violencia de género de 2005, la Ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el 2007, así como la Ley de prevención y protección integral de las mujeres víctimas de violencia en Aragón, leyes que sin duda han ayudado en el camino a la erradicación de la violencia machista, pero que valorando la evidencia y la realidad diaria, resultan del todo insuficientes. Toda la sociedad, absolutamente todos, todos tenemos un papel que cumplir encaminado a un objetivo concreto en esta materia, que es precisamente acabar con esta lacra.

Precisamente, en el 2014, y a raíz del asesinato de Ángeles González, su exmarido aprovechó el régimen de visitas temporal de la hija en común para asesinarla, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España, condenó a España, cuestionando la legislación española de la época y el funcionamiento del sistema judicial, que fallaron en la protección de la madre y que fallaron en la protección a la hija. Dicha sentencia contemplaba cuatro recomendaciones, que hemos tratando de recoger también en esta proposición no de ley: en primer lugar, establecer un marco legal reforzado de protección a las mujeres víctimas de violencia y a sus hijos e hijas; en segundo lugar, la formación continua —y yo diría obligatoria— para jueces, fiscales, psicólogos, policías y funcionarios de todos los ámbitos relacionados con la violencia de género; en tercer lugar, reformas legislativas en caso de violencia machista relativas a la regulación del régimen de visitas y de la patria potestad, y en cuarto lugar —decían estas recomendaciones—, la reparación indemnizatoria económica para la víctima por culpa in vigilando.

Como señala el juez decano —lo nombro también en la proposición no de ley, porque fue a raíz de un artículo de opinión que él escribió en un medio de comunicación aragonés—, las dos primeras recomendaciones europeas ya se habían venido cumpliendo gracias a la aprobación de la Ley integral de violencia de género de 2005 y también de la Ley de igualdad entre hombres y mujeres del 2007, así como la formación especializada, aunque la formación especializada solo es de manera voluntaria, no se hace de manera obligatoria para todos los cuerpos y las profesiones.

Y la reciente Ley Orgánica de protección a la infancia y a la adolescencia de julio del 2015 por fin, por fin obliga a los jueces a pronunciarse sobre el régimen de visitas, estancia o relación o comunicación.

Y, por último, también el juez decano señalaba que se estaban denegando las indemnizaciones por puros formalismos procesales y peregrinaje de jurisdicciones. Y esto es algo que no deberíamos permitir en pleno siglo XXI, en el año 2016, con el aumento que está habiendo de casos de violencia y de asesinatos en este país y en esta comunidad autónoma.

Por lo tanto, nosotros lo que pretendemos con esta proposición no de ley es garantizar, porque ya está en la ley, pero no se garantiza que todas las reformas legislativas se implanten con las memorias o con los informes de la valoración del impacto de género.

En segundo lugar, promover la especialización, cuerpos especializados, cuerpos especializados de jueces, de fiscales, de forenses, de psicólogos, de trabajadores sociales, de educadores, de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de personal sanitario, de abogados en materia de violencia de género.

En tercer lugar, implantar protocolos y guías de actuación. Esto ya se hace en todas las comunidades autónomas, pero no son idénticos. Cada comunidad autónoma, incluso algunas ciudades de tamaño importante, cada uno tiene su protocolo propio y en cuanto hay cambio y movimiento en los profesionales que actúan, los protocolos varían.

Y en cuarto lugar, redoblar los esfuerzos de protección a las mujeres víctimas de violencia y también a sus hijos e hijas, así como modificar el régimen de visitas y la regulación de la patria potestad en los casos de violencia de género, con el objetivo único de proteger y garantizar su integridad física a las víctimas, a las mujeres, pero también la integridad física de sus hijos e hijas.

En último lugar, garantizar que eso que decía el juez decano de que, desgraciadamente, no se está garantizando y, precisamente, por ese peregrinaje en los juzgados, no se está garantizando las reparaciones indemnizatorias por puros procedimientos que fallan, el que se garantice la reparación indemnizatoria económica para las víctimas por culpa in vigilando.

Espero que se apruebe esta proposición no de ley porque, como digo, lo único que se pretende es aumentar o, al menos, reforzar el que se puedan hacer modificaciones legislativas tendentes a favorecer la protección de las mujeres víctimas de violencia y también la protección e integridad física de los hijos y de las hijas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

El Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra.

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidente.

Un día más volvemos a hablar sobre violencia machista, y hoy me voy a centrar en la iniciativa que ha presentado el Partido Aragonés en lo que hace referencia a modificaciones que exceden a lo que es la propia competencia del Gobierno de Aragón y que se dirigen, para que se puedan modificar, al Ministerio de Justicia.

Primero, dos cuestiones que son evidentes, que, lógicamente, cuando el 51% de la población de mujeres, una de cada tres en el mundo, en algún momento de su vida va a sufrir un episodio de violencia machista, evidentemente, son decisiones, actuaciones y tiene que estar en la agenda política en el día a día de cualquier parlamento para garantizar y para ir solventando lo que es una de las mayores lacras sociales y que tiene el origen directamente en una sociedad patriarcal y machista en la que vivimos.

Tenemos en estos momentos una comisión de estudio, una comisión especial de estudio sobre políticas y recursos necesarios para acabar con la violencia machista, en la que están pasando por ella diferentes expertas que nos están poniendo encima de la mesa aquellas cuestiones que creen que tenemos que mejorar o que, desde luego, por dónde tenemos que ir abordando determinado tipo de cuestiones para evitar que a las mujeres nos asesinen por el mero hecho de ser mujeres y, como sabe, Izquierda Unida lleva defendiendo desde hace muchísimo tiempo la necesidad de que la violencia machista sea una cuestión de Estado.

Ustedes nos traen hoy aquí una iniciativa que hace referencia principalmente a las reformas legislativas que consideran y a la hora de reforzar aquellas cuestiones que vayan encaminadas a garantizar la protección de las mujeres y la protección de los menores que suelen sufrir violencia machista dentro de sus propios hogares. Me va a permitir hoy, señora Allué, porque vamos a votar a favor y estamos de acuerdo con la iniciativa, que le pida que tire de hemeroteca de su Grupo Parlamentario del Partido Aragonés cuando se trajo a esta Cámara una ley, la Ley de custodia compartida, y, probablemente, usted se tenga que arrepentir hoy de algunas de las frases y de algunas de las cuestiones que se pusieron encima de la mesa.

Porque, precisamente, esa custodia compartida, que es casi de carácter obligatorio preferente, está haciendo que en muchos casos, que en muchos casos, haya serios problemas precisamente para garantizar en determinado tipo de cuestiones, cuando estamos hablando de que no hay una sentencia, por ejemplo, en el caso de violencia machista o del maltrato. Usted sabe que ha tenido que venir una sentencia del Tribunal Supremo en estos momentos para que se elimine la patria potestad y la guardia y la custodia de aquellos padres que han ejercido violencia machista en estos momentos, y le invito a que ustedes escuchen algunos de los argumentos que ponían encima de la mesa, algunos de los insultos que nos tuvimos que escuchar algunas cuando estábamos defendiendo la custodia compartida, la única forma que podía funcionar, era cuando había acuerdo por los dos progenitores, porque evitábamos precisamente determinado tipo de cuestiones. Porque se ha estado utilizando la custodia compartida con carácter obligatorio preferente como una forma de incidir sobre determinado tipo de violencia sobre las mujeres.

Por lo tanto, señora Allué, como digo, estaría bien que usted pudiera hablar con las mujeres de custodia en positivo y que le pudieran explicar en estos momentos en qué circunstancias han encontrado a veces a algunas mujeres, precisamente para garantizar el bienestar de aquellas niñas y niños que, sufriendo violencia machista sus madres, no se garantizaba su protección.

Yo entiendo que en estos momentos, lógicamente y afortunadamente, vamos avanzando todos y todas y nos vamos concienciando todos y todas de que es necesario hacer un esfuerzo colectivo para empezar a erradicar la violencia machista.

El otro día se ponía encima de la mesa y se hablaba ya de la necesidad del Consejo General del Poder Judicial que empieza a exigir ya que haya una vigilancia al maltratador incluso antes de que haya sentencia, precisamente para evitar este tipo de situaciones, situaciones de padres que tienen la custodia compartida o que tiene la custodia y que como no hay sentencia, directamente se pueden encontrar en esos niveles de indefensión. O podemos estar escuchando cómo en estos momentos hay determinadas mujeres que no quieren entregar a sus hijos y a sus hijas a padres que tienen sentencias o juicios o denuncias por violencia machista, porque en estos momentos todavía se dice —entienden— que como no hay una sentencia firme, pues que, a veces, hay que tener un poco de cuidado.

Ese tipo de cuestiones las tenemos hoy encima de la mesa, y eso habla de la necesidad de la sensibilización que se necesita en todos los estamentos para creernos y para tomarnos en serio lo que significa la violencia machista.

¿Reformas en el mundo legislativo? Evidentemente, sí. ¿En el medio judicial? Evidentemente, sí. Pero corresponsabilidad por parte de todos y de todas a la hora de legislar y que sepamos qué tipo de consecuencias tienen determinado tipo de actuaciones. Yo creo que es importante y que es fundamental que vayamos avanzando. Pero en el avance, también tenemos que ser conscientes de aquellas cuestiones que podríamos haber evitado si hubiéramos tenido en cuenta determinado tipo de situaciones.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra.

La señora diputada PESCADOR SALUEÑA: Muchas gracias.

En primer lugar, me gustaría dejar claro que una sociedad como la española no debe de tolerar ningún tipo de violencia, y cuando nos enfrentamos a violencia de género, estamos hablando no solo de violencia física y psicológica, también de las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. Desgraciadamente, hemos comprobado cómo, desde que se registró esta PNL, ya muchas mujeres han sufrido todas estas vulneraciones de derechos, y la muerte de Soraya ya no es la única en nuestra comunidad.

El maltrato es un mal estructural, la cúspide de la desigualdad entre hombres y mujeres, y por eso, para conseguir la igualdad real, debemos de trabajar para que sean efectivos los mismos derechos y con un tratamiento jurídico acorde.

Los distintos casos de asesinato, casi semanales, son una muestra de que la ley actual, aun suponiendo un antes y un después en nuestro ordenamiento jurídico, no es suficiente. Desde Ciudadanos siempre hemos considerado la necesidad de ponernos de acuerdo en los temas importantes. ¿Y qué hay más importante que la propia vida de una parte de la sociedad? Por eso, planteamos un pacto de Estado contra esta lacra que nos afecta, un pacto de Estado contra la violencia de género, puesto que con las leyes que tenemos no es suficiente. Hay que ir un paso más allá, porque siguen muriendo mujeres a manos de sus parejas o exparejas, y con las muestras de repulsa en las puertas de las Cortes no está siendo suficiente.

Somos un partido comprometido contra la lucha, comprometido contra el maltrato. Reconocemos que la aprobación de la Ley 4/2007, del 22 de marzo, supuso un paso importante tras muchos años de ocultación y desprotección por parte de la sociedad y de las instituciones. Valoramos muy positivamente la ley aragonesa, que amplía el ámbito de protección y asistencia a la mujer más allá del concepto legal de violencia de género que establece la Ley Orgánica 1/2004, pretendiendo otorgar una protección más completa y general frente a cualquier tipo de violencia de la que es o puede ser víctima una mujer. Pero no es suficiente.

Por eso, desde Ciudadanos creemos que hay que seguir mejorando a través de una apuesta clara por la educación en igualdad, una mayor coordinación de información entre los distintos cuerpos de seguridad del Estado. Más plazas en casas de acogida, mejores políticas de empleo que permitan una mayor autonomía y desarrollo integral de la mujer. Y más prestaciones económicas, como ya denunciamos en los presupuestos de la comunidad.

Tenemos que trabajar antes de que se produzca la agresión y el maltrato. Debemos de protegerlas, hay que trabajar en la prevención. Debemos incrementar los medios tanto personales como materiales para evitar que el grupo de la Policía Nacional que se encarga del seguimiento de las víctimas con orden de alejamiento no se encuentre desbordado, como está en estos momentos.

Es cierto que las edades de las mujeres agredidas están bajando y, por tanto, necesitamos reforzar la apuesta por la educación en edades tempranas, pero no olvidemos que la violencia de género no entiende de edad y que Rosario, asesinada a martillazos, tenía setenta y dos años.

España no puede permitirse llamadas de atención como la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el desgraciado caso de Ángela González, pero no olvidemos que, solo cuando existen denuncias y órdenes de alejamiento, las visitas se realizan a través del encuentro familiar (por tanto, vigiladas y tuteladas), pero el resto queda totalmente desprotegido.

Recordemos también que la retirada de la autoridad familiar solo se contempla en casos muy graves y condenas con sentencia firme, y no por las sospechas o simples denuncias. Es necesario también avanzar hacia una mayor protección de las víctimas.

Estamos de acuerdo en pedir indemnización en concepto de responsabilidad civil por culpa in vigilando, pero sin olvidar que la mayor parte de los agresores son insolventes, y la única vía que les queda a las víctimas es solicitar la indemnización estatal para víctimas de delitos violentos, y que, por cierto, el Estado español no lo quiso reconocer en el caso de Ángela y le denegó la indemnización por los daños causados.

Ciudadanos apoyará esta y cualquier iniciativa que ayude a luchar contra la violencia de género y seguiremos solicitando ese pacto de Estado que cuente con el consenso de todas las fuerzas políticas, donde se garantice la continuidad y la complementariedad de las diferentes actuaciones, atendiendo a la diversidad y a las necesidades concretas de todas las víctimas de violencia; un pacto de Estado que ayude a evitar que más Sorayas, Corales o Rosarios dejen de estar entre nosotros por el simple hecho de ser mujeres.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

El Grupo Parlamentario Podemos Aragón tiene la palabra.

La señora diputada BELLA RANDO: Buenas tardes, señorías.

Empiezo como ha finalizado mi compañera. Coral, de cuarenta y cuatro años, un 18 de diciembre fue la primera muerta por violencia machista en Aragón durante 2015; después, las manos del odio y la violencia de otros dos hombres asesinaron a Soraya y a Rosario. Falló la protección, la prevención, fallaron las medidas de protección.

Desde la Convención de la ONU en 1979 sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, ratificada por España en 1984, y todos los posteriores desarrollos legislativos, informes de la Cedaw, la Ley orgánica de 2004, de medidas de protección integral contra la violencia, el Convenio de Estambul... Infinidad o muchísimas normas y declaraciones de intenciones que a ellas no les han servido para nada.

Esta Cámara adquirió también el pasado 19 de noviembre, en una declaración institucional, el compromiso contra la violencia machista.

El Grupo Parlamentario Podemos, en septiembre, ya interpeló a la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales sobre el cumplimiento y evaluación del Plan estratégico para la prevención y erradicación de la violencia de género en Aragón, que contempla algunas de las cuestiones que aquí se plantean.

También recordemos que presentamos una proposición no de ley, aprobada por unanimidad, sobre garantía habitacional para mujeres en situación de violencia de género, y lo menciono porque en el tercero de los puntos de esta PNL se dice que el Gobierno de Aragón se compromete a realizar una evaluación de los recursos públicos y del impacto de todos los planes, programas, servicios en materia de igualdad y prevención de la violencia machista dependientes de la Comunidad Autónoma de Aragón con un plazo de un año. Esa era nuestra propuesta, que no es igual, pero tiene relación con lo que aquí se plantea. Y, efectivamente, son necesarias medidas de prevención y atención que solo pueden activarse con formación especializada, como proponen en su segundo punto de la PNL, y que, desde luego, esta sea obligatoria y no voluntaria.

Pensamos, además, que la creación y puesta en marcha de la comisión especial, el 8 de marzo, de violencias machistas son un paso más en estas Cortes. Sin embargo, es evidente que, veintisiete años después de la Convención de la ONU, la mitad de la población tiene que reclamar su derecho a la no discriminación y en muchos casos —demasiados— el derecho a estar vivas y vivir la vida en paz y con autonomía. Creo que la mitad de la población ya estamos cansadas de buenas palabras y de declaraciones de intenciones. Todas y todos sabemos que la violencia machista, producto de la desigualdad de este sistema patriarcal, ataca fundamentalmente la independencia y la libertad de las mujeres. Por ello es imprescindible articular medidas que de manera transversal atajen estas desigualdades con un verdadero compromiso institucional, un pacto de Estado o un pacto de país que imponga una verdadera cultura de paz y de justicia.

Por todo ello, señora Allué, apoyaremos esta PNL que presentan. Hace referencia a esta sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en donde propone todas las medidas en la mejora y el funcionamiento del sistema judicial y de la protección de las mujeres y sus hijas e hijos, algo que, por otra parte, ya se ha puesto en evidencia que no se está cumpliendo en muchos casos, y de manera cercana con nuestras congéneres aragonesas que ahora ya no pueden hablar con voz propia porque están muertas.

También sería deseable que el Gobierno, el señor Guillén y la consejería de Derechos Sociales, señora Broto, solucionaran rápidamente y de manera eficaz el vacío existente en el servicio de atención jurídica a mujeres, que realizaba de manera profesional el Colegio de Abogados —y ya perdonarán que insistamos en este tema—, ante el hecho de quedar desierta la licitación para su privatización, y esperamos que puedan volver las aguas a su cauce con mayor celeridad.

Suscribimos, señora Allué, todos los puntos de esta PNL. También creemos que son necesarias reformas legislativas, entre ellas en la sangrante legislación existente actualmente con el tema de la custodia compartida, que está produciendo verdaderas situaciones de indefensión. Pensamos que son necesarios estudios de impacto, formación, protocolos, sobre todo los protocolos de valoración de riesgos, protocolos de valoración de riesgos que están fallando y son los que llevaron a Soraya a una muerte anunciada. Recordar, simplemente, que desde el Consejo General del Poder Judicial...

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

La señora diputada BELLA RANDO: Sí, termino, termino.

Muchas gracias. Y nos queremos vivas. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

El Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra.

La señora diputada ZAMORA MORA: Gracias, señor presidente.

Señora Bella, entiendo que portavoces de otras comisiones distintas a la de Ciudadanía hablen de vacío en atención a las mujeres, generando inseguridad, pero que una portavoz de una Comisión de Ciudadanía hable de vacío cuando hemos insistido por activa y por pasiva que el servicio se está prestando, intentando volver a generar inseguridad a las mujeres, no me cabe en la cabeza.

Y empiezo ya.

Una vez más, la violencia machista y la lucha por erradicarla ocupan el tiempo de debate en esta Cámara. Esta vez, motivada por la recomendación de la condena de Naciones Unidas, del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, al Estado español en relación con el asesinato de la hija de doña Ángeles González Carreño a manos de su ex marido y el padre de la menor.

Desde entonces, tal y como recoge la exposición de motivos de esta iniciativa, se han dado importantes avances legislativos en esta materia, leyes, todas ellas, elaboradas bajo gobiernos socialistas, como la Ley contra la violencia de género, una ley modélica, pionera, incluso premiada por Naciones Unidas, o la Ley de igualdad entre hombres y mujeres; leyes que por sí solas resultan insuficientes; leyes que, para cumplir su objetivo, necesitan de un completo desarrollo y de recursos adecuados, pero, sobre todo, resulta vital la exigencia de su obligado cumplimiento, por una parte para garantizar los derechos recogidos y, por otra, para poder evaluar su efectividad.

En ese contexto entendemos, señora Allué, que, aunque en la proposición no de ley que debatimos se recogen algunas cuestiones ya previstas en la normativa, no está de más insistir y exigirle, en este caso, al Ministerio de Justicia, tal y como propone en su primer punto, el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 3/2007, de igualdad de hombres y mujeres, en el que se establece esa obligatoriedad de realizar informes de impacto por razón de género, incluido también en los planes cuando son de especial relevancia. Y es necesario exigir el cumplimiento en acciones de igualdad, porque esta portavoz está convencida que solo avanzando en igualdad avanzaremos en el objetivo de eliminación de esta violencia.

Por otra parte, estamos totalmente de acuerdo en las propuestas de promover la especialización de los profesionales que ejercen la actividad en el ámbito de la prevención o de la protección en violencia machista, así como en la implantación de esos protocolos —que usted decía no están unificados— que aseguren esa coordinación, y, por supuesto, en la necesidad no sé si de redoblar, pero sí de no escatimar ni un solo recurso destinado a la protección de las mujeres y de sus hijos e hijas y de recuperar la financiación perdida durante esta legislatura.

En el caso de los menores está claro que siempre el derecho de protección es un objetivo irrenunciable, pero en el ámbito de la violencia de género es vital. Y en ese sentido también se pronunciaba el comité. Tal y como señala el juez decano, se ha avanzado en esta materia, y ya la legislación prevé que el juez de violencia puede suspender el ejercicio de la patria potestad, de la custodia y del régimen de visitas que tuviera el maltratador. El comité, en sus recomendaciones, se refería a ese interés del menor, a su derecho a ser escuchado y a que se tengan en cuenta los antecedentes de violencia machista en el momento de decidir las medidas que les afecten. Sin duda, el interés de los menores, señora Allué, su seguridad deben estar por encima del derecho de la custodia o visita de los padres. En definitiva, procurar que la legislación, en supuestos de violencia de género, garantice ese derecho superior del menor para que en ningún caso quede desprotegido. En ese sentido, revisar temas como la custodia compartida impuesta, atender al Convenio de Estambul, en el que se establece que el juez podrá suspender la guarda, la custodia y el régimen de visitas cuando haya indicios de violencia de género, y no otorgar en ningún caso a los maltratadores condenados que puedan acceder a estas medidas son cuestiones en las que debemos seguir insistiendo.

En relación con el último punto entiendo que se refiere a una de las recomendaciones del comité, que, a fecha de hoy, sigue sin atender. En su resolución, el Ministerio de Justicia utilizó de excusa el sistema procedimental y no el fondo de la cuestión para desestimar la indemnización, desoyendo de esta forma al tribunal de la ONU, que recomendaba no solo la reparación del daño, sino también que se realizara una investigación sobre los hechos.

Finalizar ya. Finalizar diciéndole que apoyaremos esta iniciativa, sobre la que ya se ha debatido en otros parlamentos españoles, contribuyendo —pensamos que puede contribuir— a visibilizar este fenómeno, a intentar que se haga justicia, y contribuyendo a recordar que hoy hablamos de vida o muerte, de un asunto que requiere de manera urgente un pacto de Estado que el Gobierno del Partido Popular ha rechazado sistemáticamente; un pacto de Estado que espero pueda ser una realidad en unos meses, porque, sin duda, será uno de los mejores ejemplos del cambio.

Muchas gracias. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra.

La señora diputada MARÍN PÉREZ: Gracias, señor presidente.

Señora Allué, nosotros vamos a votar a favor de la proposición no de ley que nos presentan porque cualquier iniciativa que se proponga para prevenir, para mejorar o para conseguir erradicar la violencia de género de nuestra sociedad será respaldada por mi grupo parlamentario, como siempre lo hemos hecho y como también lo vamos a hacer —no podía ser de otra manera— en esta ocasión.

Ahora bien, nosotros hemos observado en el texto de su proposición no de ley, y me voy a centrar —me permitirá— en él, que lo que se solicita, en su gran mayoría, ya está recogido en diferentes leyes. Redundan en lo ya regulado, lo cual no es malo, en absoluto —al contrario—, pero queda en eso, en simple redundancia. Por tal motivo... Por ejemplo, el punto número uno, en el que se pide garantizar que todas las reformas legislativas se implanten con informes o memorias de valoración del impacto de género. Eso ya está recogido en la Ley de igualdad, y, por lo tanto, presuponemos —es un mandato legal— que todos los gobiernos autonómicos y, por supuesto, el Gobierno central lo llevan a cabo. Por eso, me permitirá proponerle una enmienda in voce para añadir al comienzo de dicho punto: «Continuar garantizando», puesto que —reitero— ya se está haciendo; pero, desde luego, no está de más que se solicite su continuidad y que se solicite su garantía.

En cuanto al segundo punto, la especialización que instan a promover, también se encuentra recogido en la Ley 1/2004, artículo 47, artículo que obliga al Gobierno nacional, al Consejo General del Poder Judicial y a las comunidades autónomas, cada una en el ámbito de sus competencias, a tal fin. Y, de igual forma, la petición que recogen en el punto quinto de esta proposición no de ley viene regulada en los artículos 65 y 66 de la Ley del año 2004, con la modificación que sobre dichos artículos se llevó por la Ley de infancia y adolescencia del año 2015, cuando se habla de medidas de suspensión de la patria potestad, en el primero de ellos, y de medidas de suspensión del régimen de visita, en el artículo 66, y da plenos poderes a tal fin a los jueces que conozcan del procedimiento en cuestión, como no podía ser de otra manera, en virtud de la independencia judicial. Fíjese, el artículo 65 comienza diciendo: «El juez podrá suspender para el inculpado de violencia de género el ejercicio de la patria potestad, guarda, custodia»; y el artículo 66, a su vez, comienza diciendo: «El juez podrá ordenar la suspensión del régimen de visitas». Es que nosotros entendemos que son los jueces quienes, aplicando la ley, por supuesto, pero haciendo uso de la independencia judicial, deben en cada caso, teniendo en cuenta las circunstancias concretas que rodean a los asuntos de que conocen, decidir sobre la patria potestad y sobre el régimen de visitas. La ley ha dado cumplida respuesta a la petición que contiene la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del año 2014, a la que ustedes hacen referencia en su proposición no de ley, con la modificación llevada a cabo por el Gobierno de España en el año 2015. Y ahora son los jueces —reitero— quienes, en virtud de la independencia judicial que les otorgan la Constitución y la propia estructura del sistema democrático, quienes deben en cada caso valorar el régimen de visitas y la patria potestad que corresponde ejercer al padre o si conviene suspender este derecho.

Entendemos que en su proposición no de ley no se pretende cambiar el articulado —no es necesario, puesto que ya se cambió en el año 2015—, y por eso me permitirá que le presente una nueva enmienda, también in voce, para que el punto número cinco quede redactado de la siguiente manera: «Garantizar la aplicación estricta del contenido de los artículos 65 y 66 de la Ley orgánica 1/2004, tras la modificación llevada a cabo en dichos artículos por la Ley 8, del año 2015, de infancia y adolescencia».

En cuanto al resto de las peticiones que se contienen en su proposición no de ley, estamos totalmente de acuerdo con ellas.

Termino como empecé: cualquier medida que se promueva para erradicar de una vez por todas la violencia de género en nuestra sociedad será, como no podía ser de otra manera, apoyada por mi grupo parlamentario. Decimos no a la violencia de género, decimos no a la sinrazón. No queremos más víctimas. La unión de todos conseguirá al final ese objetivo, y esperamos de corazón que llegue el día en que alguien, desde esta tribuna de oradores, pueda decir que entre todos lo conseguimos.

Muchas gracias. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Pasaríamos a la votación de esta proposición no de ley.

Iniciamos la votación. Perdón. Por favor...

La proponente, señora Allué.

La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el escaño]: La primera enmienda no la aceptaríamos porque, simplemente, si hemos querido precisamente constatar en esta proposición no de ley el que se garantice es porque no se está cumpliendo.

La del punto quinto sí que se la admitiríamos —lo he comentado ya en mi exposición—, su relación en torno a la Ley de infancia y adolescencia, aprobada recientemente. En la parte expositiva de la proposición no de ley también se nombra; no así en la dispositiva. No tengo ningún inconveniente en que esto se ponga de manera literal en el punto número cinco.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Allué.

Iniciaríamos la votación. Iniciamos la votación.

Finalizada la votación, se aprueba por unanimidad esta proposición no de ley.

¿El Grupo Mixto? No hace uso de la palabra.

¿Grupo Ciudadanos? No hace uso de la palabra.

¿Grupo Parlamentario Aragonés? Señora Allué.

La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el escaño]: Simplemente, para agradecerles a todos los grupos parlamentarios el que se haya aprobado por unanimidad una proposición que, como decía, tenía como único fin reforzar esa protección, tanto de las víctimas mujeres como de sus hijos e hijas. Agradecerle también al presidente de esta Cámara que haya adelantado el punto del debate. Y, simplemente, hacerle constatar a la portavoz de Izquierda Unida, que entiendo que no esté de acuerdo con la Ley de custodia compartida —se aprobó con sesenta y seis votos a favor y uno en contra, el único, de Izquierda Unida—... Pero recordarle que, simplemente, en el punto número 6.6 de esa Ley de custodia compartida, precisamente, lo que dice el punto 6.6 es que no se dará la custodia compartida cuando el juez advierta la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

¿El Grupo Parlamentario Podemos Aragón? No hace uso.

¿El Grupo Parlamentario Socialista?

¿Y el Grupo Parlamentario Popular?

La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el escaño]: Sí. Muchas gracias, señor presidente.

Simplemente, para alegrarnos de que esta proposición no de ley haya salido por la mayoría..., o sea, por la unanimidad de todos los grupos alimentarios. Y agradecer, por supuesto, a la señora Allué que haya aceptado la enmienda que le hemos presentado desde mi grupo parlamentario.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Marín.