Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón
Comparecencia de la Directora General de Bienestar Social y Trabajo, D.ª Natividad Serrano Polo, para informar sobre la situación actual de los menores en Aragón
Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón n°: 010 de Serie B (III Legislatura)
Intervinienen:
El señor PRESIDENTE (ROS CORELLA): Comienza la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales, (a las diecisiete horas).
Tal y como estaba previsto y en primer lugar, dar la bienvenida desde la Mesa a la señora Directora General de Asuntos Sociales de la Diputación General de Aragón, en su comparecencia prevista sobre el tema de los menores en la Comunidad Autónoma.
Comparecencia de la Directora General de Bienestar Social y Trabajo, al objeto de informar sobre la situación de los menores en Aragón.
Sin más preámbulos y para que haga la exposición de su temario, tiene la palabra la señora Directora General.
La señora DIRECTORA GENERAL (SERRANO POLO): Gracias, señor Presidente.
Buenas tardes señor Presidente, señoras, señores Diputados. Constituye un motivo de satisfacción para mí, como responsable de la Dirección General de Bienestar Social y Trabajo del Gobierno autónomo, comparecer ante esta Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de las Cortes de Aragón, con el fin especial de informar sobre la actuación de nuestra Comunidad ante la problemática del menor. Antes de nada, quiero reiterar el ofrecimiento sincero de colaboración con todos y cada uno de ustedes que manifestó el Consejero de Sanidad en su comparecencia sobre política general del Departamento. Así como mi disposición para explicar ante esta Comisión cualquier asunto que pueda favorecer la búsqueda de consenso y de soluciones en torno a cuestiones fundamentales y al bienestar social en nuestra Comunidad Autónoma.
Comparezco hoy, a petición de la Mesa de las Cortes, en un momento en que la problemática del menor está de actualidad tras, especialmente, las últimas apariciones en prensa de diversos aspectos relacionados con la Casa Tutelar del Buen Pastor de Zaragoza que, si me lo permiten, retomaré en esta comparecencia. Mi comparecencia ante sus Señorías para informarles sobre la actuación de la Comunidad Autónoma de Aragón sobre el menor ha de comenzar, a mi parecer, por una ineludible referencia a la fundamentación legislativa en la que Aragón basa su acción sobre el menor y desde la que ejerce esta acción. Las competencias en funciones y servicios en materia de protección de menores, fueron traspasadas por el Estado a nuestra Comunidad Autónoma por dos decretos legislativos, uno del año 84 y otro del año 85; tales decretos amparan dichas transferencias en dos normas fundamentales: la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Aragón. En estos reales decretos del 84 y 85 se transfieren los siguientes centros a la Comunidad de Aragón: Residencia mixta de Huesca que, en aquel momento, estaba sin inaugurar, con necesesarias obras de adaptación y equipamiento que fueron llevadas a cabo por la comunidad Autónoma de Aragón con cargo a sus propios presupuestos; a través de aquellos decretos también, se transfirió el hogar San Francisco de Paula de Zaragoza y la Casa Tutelar del Buen Pastor de Zaragoza.
En dichos reales decretos no solamente se transfirieron estos tres centros, sino que, en materia de protección y tutela de menores, se transfirieron una serie de funciones como fueron la inspección, la vigilancia, la promoción, el fomento y la coordinación de los organismos y servicios de protección de menores. Pero, a pesar de ello, quedaron una serie de funciones, que fueron las funciones de reforma, que quedaron bajo la jurisdicción de los tribunales tutelares de menores, tribunales tutelares de menores, cuya función es la correción de los menores de dieciséis años infractores de las leyes penales, cuya organización, atribución y funciones, en cuanto no incidan en la gestión, el régimen y funcionamiento de los centros y servicios transferidos, es objeto de Ley y de reglamentos especiales de esta jurisdicción. Por lo tanto, quiero concluir en este concreto punto, en que la gestión, el régimen y funcionamiento de los centros y servicios transferidos son competencia de la Comunidad Autónoma, sin embargo, la función de correción de menores de dieciséis años compete a la jurisdicción de los tribunales tutelares de menores, actualmente juzgados de menores. Es objeto de Ley y reglamentos especiales en ésta jurisdicción de tribunales tutelares de menores, distinta de lo que existe en la legislación autonómica vigente.
También quiero hacer una referencia, ya que estamos hablando de protección de grupos sociales, a un Real Decreto del 83 sobre transferencia del Estado a la Comunidad Autónoma en materia de protección a la mujer, en concreto, a través de éste Decreto, se le da a la Comunidad Autónoma aragonesa el comedor de Santa María del Pilar de Teruel, hoy sede de un centro de acogida y el edificio de la calle de Porvenir, número 16, en Zaragoza, hoy sede de un centro de acogida.
Asumidas las competencias por la Diputación General, ésta encargó el ejercicio de las mismas al Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo. Por un Decreto, el diez del año 1986, la Diputación General de Aragón crea dos servicios: uno llamado Servicio de Bienestar Social y Trabajo, con tres secciones, y otro Servicio de Juventud, con dos secciones. Este mismo Decreto de estructura orgánica del Departamento de Bienestar Social y Trabajo encomienda al mismo las siguientes funciones: las funciones que venían desempeñando las juntas provinciales de protección de menores y las funciones que venían desempeñando las juntas provinciales de protección a la mujer, que venían siendo ejercidas dentro de la jurisdicción de los tribunales tutelares de menores.
Llegamos así a la, que supongo suficientemente conocida por sus señorías, Ley 21/1987, con la cual y con arreglo a ella la Diputación General actúa en el campo de menores. La Ley 21/1987, de once de diciembre, por la que se modifican determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción, Ley vulgarmente llamada de adopción que ha tenido críticas y, también, opiniones a favor y que ha supuesto, de alguna manera, una revolución en el campo de la protección. En ella debemos destacar, especialmente y por lo que se refiere a nuestro propio trabajo de protección dentro de nuestra propia Comunidad, el artículo 172.1 que, literalmente, dice: «Se atribuye por ministerio de la Ley a la entidad pública a la que en el respectivo territorio está encomendada la protección de menores, la tutela de los que se encuentran en situación de desamparo». Desde este momento, la Comunidad Autónoma aragonesa asume la tutela automática de los menores que se encuentran en dicho desamparo. En su virtud, asume por lo tanto la competencia exclusiva en materia de protección de menores, facultad protectora que antes estaba ejercida por los tribunales tutelares de menores. De aquí arranca nuestra propia legislación en materia de menores, nuestra propia legislación autonómica necesaria para adaptarse a los procedimientos de actuación, de arreglo con la citada Ley 21. Para ello, la Comunidad Autónoma aragonesa, exactamente igual que el resto de las Comunidades, necesitó de una adaptación legislativa y por ésto se dictaron por la Comunidad Autónoma aragonesa dos decretos en el año 88, una orden y, de especial referencia finalmente, la Ley 10/89 de protección de menores, que supone -especialmente esta Ley- la consolidación por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón del marco jurídico aplicable en materia de protección de menores, estableciéndose en esta Ley las líneas básicas y principios rectores de actuación en la materia. Además, con esta Ley entran en vigor y determina, por una parte, la creación del Consejo Aragonés de la Adopción, por otra parte, la creación del registro de protección de menores y, por otra parte, la creación del registro de instituciones colaboradoras de integración familiar.
Pero, juntamente con una normativa legislativa necesaria para llevar a cabo la labor de protección, era necesario que la Comunidad Autónoma aragonesa tuviese o se encontrase con unos bienes materiales o patrimoniales y con unos bienes personales para poder hacer frente a semejante tarea de protección de menores. Al hilo de lo anterior, por lo tanto, hay que señalar que esta exclusiva competencia ha supuesto la necesidad de dotar a la Comunidad Autónoma de los bienes materiales necesarios para hacerla efectiva.
Actualmente, la Comunidad Autónoma cuenta con una serie de centros en Zaragoza, en Huesca y en Teruel, centros de acogida, y centros de internamiento: uno en Zaragoza con 27 plazas, un centro en Huesca con 26 plazas, un centro de internamiento en Teruel con 26 plazas, un centro de protección en Zaragoza con 60 plazas, un centro de protección en Huesca con 30 plazas, y un centro de protección en Teruel con 25 plazas, en cuanto a lo que se refiere a protección y, especialmente, un centro de reforma de menores en Zaragoza con 18 plazas que es, concretamente, el de El Buen Pastor. Asimismo, junto con la creación de todos estos centros, ha suscrito también la Diputación autonómica convenios de colaboración con determinadas instituciones y centros para la atención especializada de menores sometidos a su protección; en total, se han suscrito convenios con siete instituciones colaboradoras especializadas.
Además de estos medios materiales, la Comunidad Autónoma de Aragón ha tenido que ir incrementando igualmente la dotación de personal ya que, los medios personales inicialmente trasferidos con la asunción de las nuevas competencias, siempre sin dotación presupuestaria, eran claramente insuficientes. En este sentido, hoy se cuenta dentro de la Comunidad con una plantilla de trabajadores repartidos en los centros, en la propia sede central de la Diputación General y en los servicios provinciales. En el hogar de San Francisco de Paula, en la residencia de San Lorenzo en Huesca, en el Buen Pastor de Zaragoza, en el centro de acogida de Huesca, en el centro de internamiento de Teruel; además de contar, lógicamente, con un personal que conforma los equipos de los servicios provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel. Todo ello, apoyado por las respectivas secciones de servicios especializados de los Servicios Provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel, y con el apoyo de la Sección de programas, dentro de la Dirección General de Bienestar Social. Todos estos bienes y medios materiales y personales que nuestra Comunidad pone a disposición de la protección del menor, se mueven -en su diario quehacer- orientados por una serie de principios fundamentales; estos principios, en síntesis, se pueden concretar: primero, la protección integral del menor, la primacía del interés de éste frente a cualquier otro interés, el respeto a los derechos constitucionales del menor, el mantenimiento del menor en su entorno, siempre que no sea perjudicial, y la reserva absoluta de actuaciones. Pero la puesta en práctica de todos estos principios implica, especialmente, una coordinación en tres ámbitos de actuación: coordinación en la protección, en la prevención y en la inserción social del menor; por otra parte, implica un estudio detenido de la situación individualizada de cada menor, especialmente en el ámbito familiar, social y cultural y, por último, una sujeción rigurosa al procedimiento establecido, de acuerdo con la normativa de menores vigente. Además, es necesario un estudio detenido de las solicitudes de los solicitantes que quieren acoger y adoptar; por otra parte, se precisa dotar a los centros citados de los reglamentos de régimen interior y de unos proyectos educativos firmes y sólidos.
Respecto a los datos más recientes sobre la actuación de la Diputación General en menores, puedo mostrarles a sus Señorías como, durante el año 91, el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo ha actuado en el ámbito de la protección, propiamente dicha, sobre un total de 806 menores, menores que han pasado por situaciones de internamiento, de acogimiento, de propuestas de adopción, de tutelas. Se ha cesado en la actuación sobre 173 menores -datos del año 91, me refiero- por las siguientes causas: se ha cesado por haberse integrado los menores en integración familiar, en adopción, en tutela y porque se ha cerrado el expediente, bien por mayoría de edad, por emancipación, por cese de actuación, etc.
Al hablar de menores, no podemos pasar por alto las transferencias de las Diputaciones Provinciales. Se han efectuado ya las transferencias previstas respecto a la Diputación Provincial de Huesca y respecto a la Diputación Provincial de Teruel; con relación a la Diputación Provincial de Zaragoza, se ha avanzado bastante a los efectos de que la misma se produzca a la mayor brevedad posible.
La Diputación General de Aragón mantiene contactos y relaciones con instituciones que pueden complementar la labor que ella realiza, en orden a procurar al menor una atención completa y adecuada a su total protección. Tales instituciones, con las que el Departamento está permanentemente en contacto, son las siguientes: en primer lugar, con el Ministerio de Educación y Ciencia; con dicho Ministerio, a través de la Dirección Provincial del mismo, se vienen manteniendo contactos permanentes en relación con la escolarización de los menores, existe, asimismo, estrecha relación entre los profesionales de la Diputación General de Aragón y los integrantes de los equipos multidisciplinares del Ministerio, en aras de un seguimiento de la situación de los menores; asimismo se ha firmado con dicho Ministerio un convenio específico, a los efectos de lograr una más íntegra formación educativa de los menores con especiales problemáticas que impidan una escolarización normalizada.
Especial contacto se ha tenido también con el Ministerio de Sanidad, con el Instituto Nacional de la Salud. Se han establecido los cauces adecuados al objeto de lograr que los niños internados en centros dependientes de la Diputación General de Aragón, bien estén en guarda o en tutela puedan tener cobertura sanitaria al carecer de cartilla de Seguridad Social. Se permanece en este momento a la espera de la respuesta de dicho Instituto Nacional de la Salud, como así lo ha manifestado en la entrevista celebrada por la persona que les habla el pasado día 6 de este mismo mes, en la cual reiteró al responsable del Instituto la petición ya expuesta varias veces por escrito con anterioridad y, al parecer, condicionada a la firma de un convenio, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1.088/89 sobre asistencia sanitaria a personas sin recursos económicos suficientes.
Igualmente se ha mantenido contacto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Instituto Nacional de la Seguridad Social, contactos con las direcciones provinciales del INSS, relativos a la tramitación de prestaciones familiares a cargo de lo previsto en la Ley 2.690, de 20 de diciembre, sobre prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, a las que pueden acceder los menores sujetos a tutela de la Diputación General de Aragón; actualmente, sobre éste tema se está ultimando lo necesario para su pronta percepción.
Especial colaboración y especial contacto se tiene con el cuerpo superior de Policía; se han celebrado reuniones periódicas con dicho cuerpo de Policía, a los efectos de solucionar los problemas derivados de las actuaciones necesarias para hacer efectivo el ejercicio de la tutela asumida por la Diputación General de Aragón, sobre los menores en situación de desamparo, así como para coordinar y realizar actuaciones; en especial el Grupo de Menores de la Policía, al no contar con una policía autonómica, nos ayudan especialmente cuando hemos de ir a buscar a un menor y separarlo de su seno familiar.
Se han mantenido igualmente contactos -y muy recientemente, la semana pasada, estuve en dos ocasiones- con el Ministerio de Asuntos Sociales. Con dicho Ministerio se ha suscrito un convenio para llevar a cabo un programa experimental de prevención en situación de riesgo y tratamiento de familias con malos tratos. Se han atendido en el año 1991, en la Diputación General de Aragón, 356 denuncias de malos tratos. Asimismo se está en estrecho contacto con la Dirección General de Protección Jurídica del Menor a la que periódicamente y casi a diario a los efectos de estadística nacional, se les suministra un cuestionario de seguimiento de la Ley 21/87, de 11 de noviembre. La persona que comparece ante ustedes casi a diario mantiene continuas conversaciones con el Director General del propio Ministerio de Asuntos Sociales, para problemas del menor, y el próximo 26 y 27 de este mismo mes hemos quedado en el Ministerio para realizar una puesta en común de programas entre dicho Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma aragonesa. Asimismo se colabora con este Ministerio en materia de adopción internacional, suministrando los informes sobre idoneidad de los solicitantes, a los efectos de cumplimentación de este trámite exigido por el país de origen del niño.
Especial colaboración se tiene con el Justicia de Aragón, constituyendo los menores una de las áreas de especial interés de esta institución. Trimestralmente y a los efectos de su seguimiento, se suministra un detallado cuestionario sobre la situación de los menores sujetos a la tutela y guarda de la Diputación General de Aragón, así como el registro de solicitantes. Además, se facilita a esta digna institución toda la información que solicita para poder contestar las quejas que llegan al Justicia de Aragón relativas a este área.
La Diputación General de Aragón también necesita de otras entidades de reconocido prestigio y de gran experiencia en el tratamiento de protección y reforma de menores, a tal efecto se han suscrito convenios de colaboración con entidades para la gestión de los distintos centros de protección y reforma de menores, para la Casa Tutelar del Buen Pastor, con la fundación Ametzagaña; para el Centro de acogida de la calle Porvenir, de Zaragoza, con las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl; para el centro de acogida situado en Pinseque, Zaragoza, con las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl; para el centro de Teruel con las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y para el Hogar de San Francisco de Paula, de Zaragoza, con los clérigos de San Viator.
Si la propia Ley 21/87 reconoce que la mejor tutela al menor es su propia integración, bien en su propia familia biológica, bien en otra familia a través del acogimiento o de la adopción, nuestra propia legislación creó el Consejo Aragonés de la Adopción -ya hemos aludido a él anteriormente- por la Ley 10/89, de 14 de diciembre, de protección de menores de la Comunidad aragonesa. Este Consejo Aragonés de la Adopción puede formular propuestas en el procedimiento previo a la adopción y puede acordar la fomalización de los acogimientos. Podemos traer los últimos datos referentes al año 91 ... Este Consejo de Adopción ha actuado en el caso de 99 menores.
Creo necesario resaltar aquí los factores que son tenidos en cuenta, sin que ninguno de ellos prime sobre los demás, sino como elementos de valoración a los efectos de determinar la máxima adecuación a las características del menor, que son: relación del menor con las futuras parejas o personas que podamos entregar los niños en adopción o en acogimiento, han de ser tenidas en cuenta la edad, las condiciones personales, las condiciones socio-jurídicas, las condiciones económicas y medios de vida, la actitud ante la adopción o el acogimiento, la residencia, el orden cronológico, éste orden cronológico de solicitud, sólo en igualdad de condiciones de idoneidad.
La transparencia anteriormente aludida, en orden a decidir acogimientos de adopciones, se plasma en la existencia del registro de solicitantes, establecido igualmente por la Ley 10/89. En el registro de solicitantes de acogimiento y adopción de la Diputación General de Aragón, en el año 91, existían 1.008 solicitudes, 172 altas en el año 1991. De las 1.008 solicitudes, hay estudiadas 409 y no estudiadas en Zaragoza ciento treinta y seis, en Huesca treinta y una, en Teruel once, extranjeras doscientas doce y de otras Comunidades Autónomas treinta y una; no interesadas, es decir, que han desistido de su solicitud ciento setenta y ocho.
La Diputación General de Aragón también tiene establecidos unos convenios con ayuntamientos para el desarrollo de programas de prevención. Así, existe con el Ayuntamiento de Zaragoza, especialmente con el área o Delegación de Juventud, y con ayuntamientos y mancomunidades: Mancomunidad de La Litera, Mancomunidad Flumen-Monegros, ayuntamientos de Teruel, Calatayud, Ejea de los Caballeros, Utebo y Zuera, a los que se les ha proporcionado la posibilidad de tener un educador social en cada una de ellas.
Por otra parte, debemos hacer una breve alusión a los centros municipales de servicios sociales que están, de alguna manera, colaborando estrechamente con nosotros. Estos centros municipales de servicios sociales realizan el seguimiento en base a su función preventiva, realizan una labor de prevención, de apoyo económico, de ayudas en caso de urgencia, de educación en calle, de actuaciones más especializadas, en base a poder decretar la situación de desamparo. Desde el centro municipal de servicios sociales se realiza un seguimiento familiar, consistente en el apoyo necesario para el bienestar del menor y la comprobación, a tal efecto, de que si la prestación y la ayuda que se le precisa se evalúa correctamente y llega a su fin determinado.
Asimismo, si se han producido malos tratos o bien poca atención materna, la asistente o el asistente social elaborará un informe social en el que consta la situación, indicando las personas o instituciones con las que se debería contactar; se acompañará a dicho informe, sobre todo, todo lo relativo al proceso educativo y psicológico del menor.
Los equipos de integración, igualmente, cuentan con una organización, unos medios materiales formativos, una distribución del trabajo, saber de dónde proceden los menores, una dispersión geográfica, una mayor coordinación, unos organismos y centros colaboradores. Pero, especialmente, quiero traer ante sus Señorías las principales problemáticas de los menores atendidos y sus familias, familias con uno o varios miembros en situación de desempleo, trabajo esporádico o marginal, falta de medios económicos, familias bajo responsabilidad de adultos especialmente incapacitados para mantener una relación educativa, familias con graves conflictos entre sus miembros, menores con necesidad de ocupación de tiempo libre y apoyo escolar, menores con desnutrición, falta de higiene o problemas de salud, menores con importantes problemas de aprendizaje, entorno social con imágenes identificativas no deseables, familias con escasa organización económica, menores inadaptados al medio escolar normalizado, familias cuyas relaciones con la comunidad son de total distanciamiento, familias con algún progenitor con enfermedad grave y menores que presentan problemáticas emocionales o características importantes.
Hasta aquí, podemos decir que hemos plasmado el aspecto legislativo y social de la política o de la problemática del menor.
Hemos de hacer especial hincapié, también, en las prestaciones económicas que la Diputación General de Aragón da a los menores, las prestaciones económicas que para el sector menores se contemplan en la LOAS, Ley 4/87, de 25 de marzo; son dos: ayudas a familias propias o de acogida para evitar el desarraigo familiar y, por otra parte, en segundo lugar, becas para sufragar gastos de atención en centros de carácter residencial. Ayudas a familias propias con objeto de evitar el desarraigo convivencial de los menores que pueden revestir dos modalidades: prestaciones básicas familiares de carácter directo, ayudas directas y, en segundo lugar, ayudas para manutención del menor en un centro, es decir, ayudas indirectas. Ambas ayudas son incompatibles. Para la concesión de estas ayudas es necesario que exista desarraigo convivencial. Se produce este desarraigo cuando el menor se ve privado de la necesaria asistencia moral o material, sin que llegue a producirse situación de desamparo.
Las ayudas directas de integración familiar suponen una prestación mensual de diecisiete mil pesetas que pueden llegar hasta veintiseis mil pesetas según los miembros de la familia; especialmente tiene que existir ese desarraigo convivencial. En cuanto a las ayudas de integración familiar en su modalidad de indirectas, esto es, manutención de un menor en un centro, exigen que el menor esté matriculado en un centro donde curse estudios y que exista, igualmente, un desarraigo convivencial. El límite de ingresos es idéntico pero, sin embargo, la cuantía es de trescientas pesetas diarias. No se contabiliza mensualmente la ayuda, sino que se contabiliza por día de asistencia al centro. Respecto al procedimiento de concesión en las ayudas directas, la prestación directa de concede o se deniega en el Servicio Provincial de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, aunque el pago se efectúa desde la propia Dirección General de Bienestar Social y Trabajo; en las indirectas, la prestación indirecta se concede o se deniega en la Dirección General, el procedimiento se sigue o se lleva en el Servicio Provincial.
Tenemos que apuntar, que también hay ayudas para guarderías o a menores que pueden acudir a guarderías, esta ayuda tiene carácter indirecto y supone una cuantía diaria máxima de cuatrocientas pesetas por día, siguiéndose igual sistema para el pago que en el caso de las ayudas anteriores. Y, por último, existe igualmente la regulación de unas becas de atención en centros de servicios sociales especializados en la que se puede incluir las ayudas a menores que padezcan disminuciones físicas, psíquicas o sensoriales.
En cuanto a las ayudas de integración familiar directas, podemos decir que, desde que se ha puesto en práctica el reciente Decreto 95/1991, desde el 1 de julio de 1991, se han atendido doscientos ochenta casos que han supuesto la cantidad de treinta millones quinientas veintidos mil setecientas cuarenta pesetas. No obstante, se viene observando un gran incremento progresivo del número de altas, mes a mes, lo cual, de mantenerse durante el primer semestre del año 1992, este incremento podría llegar a alcanzar la cifra de quinientos beneficiarios que supondría, económicamente hablando, la cantidad de ciento dos millones de pesetas.
Resumiendo y en cuanto a las prestaciones indirectas, existen prestaciones indirectas en centros, en colegios privados, en colegios públicos, en guarderías privadas y en residencias; todos los datos los tienen sus Señorías a su disposición en el Departamento de Bienestar Social y Trabajo. Además de todas estas ayudas, existen las subvenciones y convenios para mantenimiento de centros y servicios destinados a la infancia. En el ejercicio de 1991 se han suscrito convenios con corporaciones locales con un total de diez y con instituciones sin fin de lucro con un total de siete; estos para mantenimiento, repito, de centros y servicios. Se han concedido subvenciones a corporaciones locales, a quince corporaciones locales y a treinta y tres instituciones sin fin de lucro. Por otra parte, existen subvenciones para construcción, reforma y equipamiento de centros y servicios destinados a la infancia, subvenciones para dicha construcción, reforma y equipamiento de centros que se han concedido a tres corporaciones locales y a cuatro instituciones sin fin de lucro.
Además de todo esto, no podemos dejar de hacer una especial alusión a los niños de reforma, a los menores de reforma y, especialmente, a la Ley de reforma urgente de la Ley de Tribunales Tutelares de Menores. El Gobierno de la nación ha presentado un Proyecto de Ley de reforma urgente de la Ley de Tribunales Tutelares de Menores; no debemos olvidar que el texto refundido es de 1948. El por qué de esta reforma: el Código Penal, en el artículo ocho apartado segundo, exime de responsabilidad criminal a los menores de dieciseis años, determinando que, cuando el menor que no haya cumplido esta edad ejecute un hecho penado por la Ley, será confiado a los tribunales tutelares de Menores. La Ley de Tribunales Tutelares de Menores, texto refundido y aprobado por Decreto de 11 de junio de 1948, establecía especialmente la facultad protectora y la facultad reformadora por parte de los Tribunales Tutelares de Menores, cuyo conocimiento y ejercicio correspondía a esta jurisdicción especial de los Tribunales Tutelares de Menores, vino ejerciendo dichas funciones de reforma y protección hasta la puesta en vigor de la normativa que anteriormente les he citado. Pero de especial relevancia ha sido la sentencia del Tribunal Constitucional, de fecha 14 de febrero de 1991; el Tribunal Constitucional, en esta fecha, dicta una sentencia apreciando especialmente la inconstitucionalidad del artículo 15 del texto refundido de 1948, haciendo unas consideraciones jurídicas que deben ser tendidas en cuenta en el momento de elaborar la futura Ley de Reforma de Menores.
La vertiente protectora, como hemos dicho en varias ocasiones, que fue derogada tácitamente por la Ley 21/87, de modificación del Código Civil y Ley de Enjuiciamiento Civil, pasa especialmente, como hemos dicho, a las Comunidades Autónomas, pero la reforma de menores sigue estando bajo la jurisdicción de los tribunales tutelares de Menores. El Decreto 11, de junio del 48, contempla tanto las competencias de los órganos en reforma, como el procedimiento a seguir y las medidas a imponer. Y, en ésto, la Comunidad Autónoma de Aragón, como el resto de las Comunidades, no tiene absolutamente nada que decir; tiene, exclusivamente, que acatar las decisiones de los órganos jurisdiccionales al efecto.
Una breve referencia a la Ley Orgánica del Poder Judicial que creó los juzgados de Menores como juzgados ordinarios de carácter especializado. Los jueces de menores ya especializados, a través de esta Ley Orgánica del Poder Judicial, han venido realizando cursos de especialización para los miembros -digo- de la carrera judicial que deseasen prestar servicio como jueces de menores; especial referencia debemos hacer esta tarde a la Ley de planta y demarcación judicial que prevé la puesta en marcha de setenta juzgados de esta naturaleza en todo nuestro territorio nacional. No obstante, su implantación ha de ser progresiva y aún siguen existiendo tribunales tutelares de Menores, puesto que la implantación de esta Ley de planta y demarcación judicial se ha de hacer poco a poco, progresivamente.
Y, por último, especial referencia debemos hacer a la Convención de los derechos del niño, de las Naciones Unidas, que fue ratificada por España en fecha 6 de diciembre de 1990 y que, literalmente, nos dice en uno de sus apartados: «El menor tiene que ser tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad, que se tenga en cuenta la edad del niño, la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad, la desjudicialización de los procedimientos, en el entendimiento de que se respetaran los derechos humanos y las garantías legales».
El por qué de la reforma. Especialmente, por la inconstitucionalidad del artículo del texto del año 48, por la sentencia del Tribunal Constitucional a la que acabo de aludir. Existe un vacío normativo que esta sentencia recoge, indicando una serie de garantías mínimas que debe ofrecer el procedimiento para los menores de reforma y se impone la imperiosa necesidad de que, de acuerdo con la disposición adicional primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las Cortes Generales procedan a reformar la legislación tutelar de menores. El texto proyectado responde con carácter de provisionalidad, de urgencia, al requerimiento del Tribunal Constitucional, encontrándose en Este momento en estudio, de manera conjunta en los Ministerios de Justicia y de Asuntos Sociales, el modelo definitivo a adoptar en relación con la reforma de los menores. Pero tengo que concretar que éste es el décimo borrador que se ha realizado y, que, en las visitas que esta semana pasada hemos realizado al Ministerio de Asuntos Sociales, preguntando al subsecretario del Departamento sobre el mismo, se nos ha indicado que ahí está el estudio y que, de alguna manera, está paralizado.
Por la especial relevancia que han tomado los medios de comunicación y con relación a la denuncia formulada por cuarenta asociaciones, colectivos y colegios profesionales con relación a la Casa tutelar Buen Pastor de Zaragoza, como centro de reforma, quiero indicar aquí que la Casa tutelar del Buen Pastor está gestionada, desde el 1 de octubre de 1989, por al fundación Ametzagaña, a través de un convenio con la Diputación General de Aragón. ¿Por qué se pactó, cuál fue la razón de pactar con esta Fundación?; la exigencia del Juzgado de Menores de que exista, en funcionamiento, una sección cerrada. Cuando la Fundación se hizo cargo del centro había, en aquel momento, la necesidad de que se crease una sección cerrada; cuando se pacta con esta Fundación, la misma presenta cuatro programas: un centro de acogida, con observación, diagnóstico y orientación hacia los menores; en segundo lugar, un tratamiento en régimen abierto; en tercer lugar, un tratamiento en régimen cerrado; por último, en cuarto lugar, un tratamiento de jóvenes mayores de dieciseis años como alternativa a la prisión. También se dió la posibilidad en aquel momento de tratar a muchachas, a niñas de reforma. Se aceptan los tres primeros programas y el cuarto se pospone para otro momento. En este momento, el número de plazas fijado en el centro fue doce en sección abierta y seis en sección cerrada, pudiendo ampliarse en función de las necesidades. Los menores proceden, fundamentalmente, de la Comunidad Autónoma de Aragón, pero proceden también de otras Comunidades.
Responsabilidad judicial. En todo momento la Diputación General de Aragón mantiene el control y la responsabilidad del centro. Ni un sólo menor ingresa desprovisto de su correspondiente orden del juez de Menores, por tanto, es él quien asume la responsabilidad de internar en una u otra sección -cerrada o abierta- al menor y determinar el tiempo que debe de permanecer en la mismas. La Diputación General de Aragón conoce la evolución de sus menores igual que el juez, ya que desde el Centro se envían todas las informaciones correspondientes a las instancias de dichos menores. Resaltemos el vacío legal, puesto que podemos decir que contamos con una inexistencia de legislación adecuada, que sirva de referencia a todas las instancias relacionadas con los menores de reforma. Exigencia del juez: apertura de la sección cerrada en la que ingresan los menores con orden judicial; el juez utiliza este recurso con los menores con delitos graves, por ejemplo; delitos de sangre, violaciones, agresiones graves, robos reiterados, fugas reiteradas, etc. etc. En la sección cerrada el funcionamiento es normalizado, los niños asisten a clase de educación compensatoria, deporte, actividades de ocio, actividades de formación, tratamiento terapéutico, etc; en este sentido, existe un convenio con el Ministerio de Educación. Con relación a las fugas que se han efectuado en el período desde el 1 de septiembre del noventa y uno al 7 de febrero del noventa y dos, podemos decir que se han efectuado tres fugas, una fuga de un menor, una fuga de dos menores juntos y otra fuga de tres menores. Por los responsables o la dirección del Centro se le ofrece al Departamento y tiene la obligación de informar, no solamente sobre la marcha de cada menor, sino también tiene que ofrecer la Dirección una memoria de evaluación referente a la ocupación del Centro y del personal, a la aplicación del programa educativo, a la relación con los juzgados de Menores y las Comunidades Autónomas, a la revisión sobre el personal, dirección y coordinación del mismo, a la relación con el propio Departamento de Bienestar Social, y al rendimiento profesional, económico y social, a los talleres, y a otro sin fin de conclusiones.
Por último y una vez expuestos los dos ámbitos de protección y reforma dentro de nuestra Comunidad aragonesa, debemos hacer una alusión especial a los proyectos de actuación y proyectos ya en realización del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo en materia de menores.
Consciente este Departamento de que su labor, en relación al sector social de los menores, debe partir del hecho de que el menor bajo su tutela es una persona y no un expediente, tendrá como norte la defensa de sus derechos, el estudio y atención individualizada de la problemática de cada uno de los menores presentes, esforzándose siempre por hacer del menor un sujeto de plenos derechos en nuestra Comunidad Autónoma de Aragón. En consecuencia, la actuación del Departamento tenderá a la planificación y ejecución de los siguientes proyectos, algunos de los cuales ya están iniciados: En medidas legislativas, desarrollo reglamentario de la Ley de Protección de Menores, someter a revisión la normativa que regula la organización y funcionamiento de los centros de menores, incluidos entre éstos el Centro de reforma del Buen Pastor, dictar -si se considera necesario- la normativa adecuada que regule suficientemente la materia de reforma. Planes integrales, plan integral de menores de reforma, especialmente en prevención, plan integral de coordinación de los menores de protección. En el apartado programas de actuación, podemos decir diseño y, en su caso, realización de un programa de atención a menores, especialmente desde el ámbito preventivo, programa que parte de la experiencia del personal especializado del Servicio Provincial de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo de Zaragoza; optimación de los recursos humanos con la creación de dos servicios de organización y planificación, para mejor orientar la política de menores, coordinar el trabajo de cada equipo y apoyar especialmente los procedimientos legales. En acciones concertadas, convenios de colaboración con los ayuntamientos y mancomunidades, al igual que con otras instituciones públicas y privadas especializadas; instar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a que defina el convenio marco que haga posible la cobertura sanitaria de los menores, de acuerdo con lo ya establecido legalmente. En el capítulo de transferencias, ultimar las transferencias oportunas en este campo de menores, desde la Diputación Provincial de Zaragoza a la Diputación General de Aragón.
Y especialmente, y con relación al centro de El Buen Pastor, se está buscando desde hace ya varios meses otro lugar de ubicación, acorde con el número de menores atendidos de reforma y con la finalidad de que sea un centro de reforma, desde un punto de vista físico, más acorde y no con un centro que cuenta con 95.000 metros cuadrados. Garantizar la dotación de personal adecuado, cuantitativa y cualitativamente; acomodar el presupuesto de gasto de los servicios a la realidad de la ocupación; revisión y aprobación inmediata, si procede, por parte de la Diputación General del reglamento del régimen interior del centro presentado en enero de 1992 por la fundación Ametzagaña; garantizar el bienestar físico y moral de los internados, así como procurar su adaptación y reinserción social; apoyar el seguimiento del tratamiento pedagógico que se está llevando a cabo; buscar la garantía de los derechos de los menores en todas sus vertientes -sanitaria, pedagógica, familiar, social, etc.-, en definitiva, seguir respetando, manteniendo y defendiendo los derechos fundamentales de los menores pero especialmente en estos menores de reforma; y, por último, instar a las autoridades competentes a la aprobación definitiva de la Ley de reforma urgente de la Ley de tribunales tutelares de Menores, Ley que establecerá un marco flexible para que los juzgados de Menores puedan determinar las medidas aplicables a los menores de reforma, siempre sobre la base de valorar especialmente el interés del menor.
Señorías, éste es el contenido de lo que quería exponer ante ustedes relacionado con la problemática del menor. Mi intención no ha sido ser exhaustiva, porque para ello tendrían que soportarme muchas más jornadas. Espero, en cualquier caso, que haya servido mi exposición, mi humilde exposición, para aclarar cuáles han sido y cuáles serán o, mejor, están siendo ya las actuaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón sobre el menor. Estoy segura de la sensibilidad y de la preocupación que despierta en toda la sociedad cualquier referencia a los menores, por ello, les agradezco enormemente su atención. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE (ROS CORELLA): Muchas gracias, señora Directora General, por su amplísima exposición. Estoy convencido de que nos ha servido para conocer mejor la problemática que estamos debatiendo del menor en Aragón.
Es tiempo ahora de las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios, por lo que considero necesario suspender la sesión, por un tiempo de quince minutos, que, más o menos, reanudaremos a las dieciocho treinta horas. Se suspende la sesión.
El señor PRESIDENTE (ROS CORELLA): Para la intervención de los distintos grupos parlamentarios, vamos a iniciar con la intervención de Convergencia Alternativa de Aragón-Izquierda Unida. Para su actuación, tiene la palabra don Jesús Maestro, su portavoz.
El señor DIPUTADO (MAESTRO TEJADA): Buenas tardes.
Quiero agradecer, en primer lugar, a la señora Directora que haya acudido a esta comparecencia, para un tema que consideramos importante, de una repercusión social muy importante. Lo que ocurre es que nos ha dado la impresión de que ha venido aquí a defenderse de una serie de acusaciones; se ha hablado poco del problema denunciado, del problema que hoy preocupa a la gente, que es lo que estaba ocurriendo y lo que sigue ocurriendo en el Centro tutelar de El Buen Pastor. La gravedad del tema justifica la denuncia y, en todo caso, minimiza los errores que se hayan podido cometer en la misma por las asociaciones y entidades que han actuado, en este caso, con un temor de que la situación requería éste tipo de acto -dijéramos- un poco fuerte para lo que es habitual en esta Comunidad Autónoma. Y los criterios que ha expuesto la Directora, que comparte la consejería de Bienestar Social y Trabajo, de respeto a los derechos del menor y todas las consideraciones que ha hecho, desde luego, todavía justifican menos que se haya cedido en esa situación, que es una situación real y muy grave. Es decir: entendemos que los criterios que ha venido a defender aquí, excepto cuando ha llegado al punto de la protección y la reforma de menores, donde se han dicho una serie de frases como que la Comunidad Autónoma no tiene nada que decir a ésto, más que respetar la decisión judicial, creemos que ese comentario es excesivamente fuerte; porque deja el problema -a nuestro juicio- como estaba, es decir, no se ha entrado en el problema de fondo que nos trae hoy aquí.
Me gustaría dejar constancia, después de estas consideraciones, de una circunstancia que para nosotros tiene un claro valor y que es la intervención por supuesto, aquí, en estos momentos, no entro a valorar el procedimiento, pero sí la intervención de estas cuarenta organizaciones sociales tan significativas que han sido capaces de poner en marcha de inmediato los mecanismos para conocer, abordar y espero que para encontrar soluciones a un problema evidente, como es el de la tutela de los menores y en éste caso de la protección y de la reforma. La participación social ha resultado más eficaz que la tarea política, gubernamental o institucional y es alentador, por una parte, ya que esa participación es clave en un proceso de transformación social que nos parece indispensable y que es digno de reflexión, por otra parte, porque pone de manifiesto la ineptitud, cuando no la ineficacia, de actuaciones administrativas o políticas.
Lo que creemos que no queda ninguna duda es que el problema denunciado es, ahora, de todos conocido y que nadie puede ni debe lavarse las manos.
Nosotros pensamos que el tema importante y clave es, precisamente, lo que se ha denunciado y lo que está en cuestión en el Centro tutelar El Buen Pastor, por lo tanto nos vamos a referir única y exclusivamente a ese aspecto. Hay que empezar por reconocer y decir que, desgraciadamente, en materia de reforma de menores estamos ante graves vacíos legales y, cuando la Ley existe, ante obsoletos, trasnochados y reaccionarios planteamientos. No podía ser de otra manera, con una Ley vigente desde 1948 que lo dice todo, dice cómo se aborda el problema. Pero esta circunstancia, denunciable sin paliativos no nos puede exculpar; explica pero no justifica.
Usted conocerá, y nos consta por que lo ha manifestado aquí, que en la etapa anterior a la privatización de los servicios del Centro tutelar del Buen Pastor no existieron los llamados módulos cerrados, es decir, las habitaciones donde se recluyen a determinados menores internados. Es más, sabrá usted que los técnicos de la Diputación General entonces en el Centro elaboraron tres o cuatro programas de reforma, en relación con el Centro tutelar, en los que no se contaba con el cerrado y se daban alternativas pedagógicas al mismo. No sé si sabrá que a ello nunca respondió la Administración, ni la entonces Consejera ni el entonces Director General.
Hay una cuestión, si cabe más grave, que ha surgido durante los días en los que también hemos hecho nuestros contactos y nuestras reuniones con los sectores implicados, que ha quedado bastante de manifiesto con la intervención de la Directora y sus apreciaciones sobre el papel que está jugando el juez en la situación denunciada. Creemos que ha quedado claro, porque así lo ha reconocido la Directora en su intervención, que fueron las presiones ejercidas por el juez de Menores, don Armando Barrera, el que presionó hasta conseguir el uso de las instituciones para contener a menores evitando cualquier fuga. Nos consta que al anterior Director, el señor García Sesma, el citado juez llegó a plantearle que él sería responsable y contra él adoptaría medidas si algún menor fugado cometía falta o delito. Y aquí creemos nosotros que está el origen, dicho rápidamente, por lo que se buscó el concierto con la Fundación Ametzagaña, es decir, privatizar un servicio, para poner en funcionamiento las medidas del llamado cerrado, quitándose la responsabilidad directa la Diputación General de Aragón. Aquí se ha justificado que no hay competencias ni hay sentencias y que, por lo tanto, hay que respetar esas decisiones; lo que nos ha quedado en duda es que entendemos, por los criterios que ha manifestado anteriormente, que no comparte esa decisión, esperamos que no la comparta, pero parece ser que sí que la acata porque, evidentemente, la situación está allí.
Estamos hablando de un juez que es capaz de enviar al régimen cerrado a niños de nueve años; que es capaz de enviar a cerrado a muchachos que no comparecen, en términos jurídicos, a un acta, que, al parecer, es en dos ocasiones consecutivas cuando se les cita a declarar, lo que no ocurre ni en los juzgados de instrucción; que es capaz de judicializar los procedimientos ante la ausencia de normas, admitiendo incluso en los procesos a menores la acusación particular. Y se podrían seguir citando situaciones que, verdaderamente, ponen los pelos de punta por alguna de las informaciones y declaraciones que hemos recogido entre abogados que han acudido a este Tribunal y que se han encontrado con una situación verdaderamente preocupante para esos menores. Por eso digo que nos consta, por las declaraciones que se han hecho aquí, que se conoce esa situación y que no se comparte, pero que, al parecer, se sigue manteniendo, con lo cual estamos en un círculo vicioso, en un círculo cerrado y lo que está cuestionada en estos casos es la situación en la que quedan los menores. Es decir, ante una práctica que se puede y debe denunciar, que debe denunciar la Administración de la Diputación General de Aragón, que tiene medidas desde administrativas hasta denuncias públicas para solucionar, para denunciar este tema, pero ha preferido callar, aún a costa de lo que sea.
Refiriéndonos otra vez a la privatización, con el funcionamiento en estos momentos de la Fundación Ametzagaña, desde nuestro punto de vista pone en evidencia que también acata esa situación. No tenemos nada en contra de los trabajadores de Ametzagaña, que nos consta ya se han rectificado, porque parece que había dudas en el primer comunicado de las asociaciones denunciantes hacia la labor de estos profesionales, no la hay, salvo el que hayan aceptado esos criterios en su funcionamiento. Vuelvo a recordar que los trabajadores de la Diputación General de Aragón que desempeñaban ahí sus funciones se negaron sistemáticamente al establecimiento del cerrado; la nueva Fundación acepta el funcionamiento, la Diputación General de Aragón acepta la existencia de ese funcionamiento y de esas órdenes del juez. Por lo tanto, nada hay contra los trabajadores, nada hay contra los profesionales, simplemente que están poniendo en marcha, están permitiendo que funcione ese mecanismo.
Así pues, encontramos una responsabilidad directa de la Diputación General de Aragón por falta de una política clara en este aspecto y por dejación de funciones en algo tan serio, sin que sirvan de excusa las decisiones judiciales ni la ausencia de legislación adecuada. Desde luego, sería más coherente con las ideas que se han expuesto hoy aquí respecto a la protección y a los derechos de los menores. Se puede hacer otra cosa, se debieron de hacer y hubo medios para ello y no se hizo.
Los firmantes del escrito han reconocido errores en el procedimiento y en la forma, de la denuncia, ya me he referido también a ellos, pero los problemas no han desaparecido y lo que sí hemos encontrado es que tanto en las declaraciones a favor como en los escritos donde se trataba de justificar una serie de actuaciones y corregir esos errores que estamos comentando, en todos ellos hay una serie de coincidencias y en todos ellos se pone en cuestión, precisamente, esos módulos cerrados; es decir, se disculpa a unos, se disculpa a otros, se dice a favor de qué estaba uno y otro, pero en lo que todos coinciden es en que a nadie le gusta -al parecer- el método que allí se está aplicando.
Queremos dejar constancia de una serie de cuestiones: primero, la reacción de la Administración ha sido rápida y por ello, aunque tarde, merece nuestro aplauso y merece nuestra consideración; segundo, pensamos que la Administración, en este caso estamos hablando de la Administración de esta Comunidad, debe reconocer que es preciso variar esa política anterior. Se deben establecer medidas para cubrir vacíos legales o impedir las acusaciones que se han dado; hay que seguir desarrollando la política en materia de menores aún pendiente, se ha hablado de ello aquí, desarrollar la ley del menor en Aragón por medio de recursos técnicos, económicos, adecuados, como son los pisos, las minirresidencias que parece que siempre están ahí, en proyecto; hay que contratar asesores jurídicos para los equipos de menores, para los equipos de acogimiento y adopción, de recepción y de diagnóstico previstos en la Ley de menores y hasta ahora no cubiertos; hay que desbloquear la política de contrataciones de educadores que, desde 1989, está paralizada, sólo se contratan pedagogos, pero no es lo mismo; hay que revisar el reciente Decreto de prestaciones por la precariedad de los apoyos económicos a que da lugar, si nos referimos a las ayudas que se han dado en los meses de julio, agosto y septiembre, solamente aparecen tres becas de comedor; hay que seguir negociando, también se ha dicho, con otras instituciones -ayuntamientos, Ministerio de Asuntos Sociales, etc- un plan preventivo de atención al menor por medio de educadores de calle y educadores de prevención en los juzgados de Menores; cerrar de inmediato los seis módulos del cerrado de la casa tutelar de El Buen Pastor que aparecen en el escrito de denuncia, lo que, al parecer, ya se ha comprometido el Consejero señor Labena. Pero, no obstante, no está mal que volvamos a recordarlo: cerrar de inmediato los seis módulos del cerrado del Centro tutelar del Buen Pastor, cerrar a medio plazo los restantes módulos del centro tutelar del Buen Pastor, puesta en marcha del reglamento de régimen interior y la construcción del nuevo centro de reforma de menores, por medio de casas, chalets, tanto para los chicos como para las chicas, y la gestión y dirección de este centro deberá ser regido por personal de la Administración pública, en este caso, de la Diputación General de Aragón.
Por nuestra parte, simplemente añadir que esperamos, por lo que hemos visto, que el resto del problema de acogida, del problema de las adopciones que se ha planteado aquí y que, al parecer, no ha sido cuestionado en esa denuncia, por lo tanto está bien que lo conozcamos y que se exponga aquí. Pero, hoy, lo que nos traía fundamentalmente era el problema denunciado y la situación que se había creado. Yo creo que se han reconocido errores por todas las partes, pero lo que sí parece quedar claro es que hay un problema real, grave y al que hay que poner remedio, y creemos que este tema debe ser tomado con seriedad y con rigor, y resolverse en el menor plazo de tiempo posible.
Nada más, mucha gracias.
El señor PRESIDENTE (ROS CORELLA): Muchas gracias, señor Maestro.Para contestación, la señora Directora General tiene la palabra.
La señora DIRECTORA GENERAL (SERRANO POLO): Señor Diputado: la comparecencia de hoy fue solicitada con anterioridad a la denuncia efectuada en los medios de comunicación por esos colectivos, la comparecencia versaba y ha versado sobre la actuación de la Comunidad Autónoma de Aragón sobre el menor, ya solicitada con anterioridad, y por eso he hecho alusión en el apartado número quince -que tiene a su disposición en el índice por mí preparado- al Buen Pastor, pero hubiese hecho alusión porque también en la reforma algo tenemos que decir la Comunidad Autónoma aragonesa. Por lo tanto, yo no he venido a comparecer exclusivamente sobre el problema que su Señoría me plantea del Buen Pastor, sino que he venido a comparecer sobre la actuación en general de la Comunidad Autónoma de Aragón sobre el menor y en uno de los apartados sobre la reforma y en otro apartado, especialmente, sobre el Buen Pastor.
Centrándonos en el tema de la denuncia que Su Señoría me plantea, he de manifestar que cuando el viernes a las nueve de la tarde, a las veintiuna horas, las personas que componían, o los colectivos colegios, profesionales y asociaciones que firmaban dicha denuncia llegaron a los medios de comunicación y, a continuación, me llamaron a mi casa particular determinados medios de comunicación para hablar conmigo sobre el tema, para mí no dejó de ser una sorpresa cuando, efectivamente, casi a diario, con parte de las personas que estaban denunciando, asociaciones, colegios profesionales y colectivos -no con todos, por supuesto- hasta el jueves, es decir, el día anterior, a las nueve de la noche, estaba yo reunida con la Junta de un colegio profesional firmante y que, posteriormente, me ha venido a pedir perdón antes de entrar en la reunión que desde la Diputación General de Aragón se citó. Por lo tanto, tengo que manifestar que si en reiteradas ocasiones la persona que humildemente les habla, don Fernando Labena, responsable de la consejería de Bienestar Social y Trabajo, casi a diario venimos manteniendo reuniones con colectivos firmantes. Y todavía más: hace un mes, el juez don Armando Barreda me invitó a una reunión, previamente había hablado por teléfono con él sobre la necesidad que yo tenía de conocer de cerca los educadores de calle, puesto que, como ustedes sabrán, me he hecho cargo del Departamento en recientes fechas; estuvimos reunidos en el Tribunal de Menores, en la calle Lagasca número cinco, juntamente con treinta educadores, el personal del Tribunal de Menores, presidía la reunión don Armando Barreda, el personal que la Diputación General de Aragón tiene allí destacado, en el propio Tribunal para apoyo del juez y técnicos responsables de nuestro Departamento de la Diputación General de Aragón. En esa reunión -cuya acta fue tomada por un técnico del Departamento de Bienestar Social y Trabajo, en la que están recogidos todos los puntos que en esas tres horas se trataron- era la ocasión oportuna, cuando estábamos hablando de la problemática de estos menores, para haber sacado el tema del Buen Pastor si, verdaderamente, existía un problema. Y el problema, es decir, la actuación en menores, y sobre todo en menores de reforma, es tan tremenda que cualquier persona que tenga responsabilidad o trabajo diario, a la mínima tiene que responsabilizarse y denunciar lo que sea con todos los medios. Pero es curioso que ni siquiera una de estas asociaciones, ni colectivos, ni colegios que, como digo, tienen abierta la puerta de la consejería y del Departamento, puesto que hemos diseñado una política de diálogo y de transparencia, como Sus Señorías pueden observar y como los medios de comunicación son conscientes. ¿Cómo es posible que estos colectivos, si tan interesados estaban por el menor de reforma, jamás, ni por oral ni por escrito, ha llegado al Departamento, a la consejería nada de la denuncia?.
Esto en cuanto a la forma, ya no hablo de la de nocturnidad y del fin de semana, aprovechando que don Fernando Labena, se encontraba en un asunto del Departamento a muchos kilómetros de la ciudad. En cuanto al fondo, lógicamente, cuando se hace una acusación grave -y ésta es una acusación grave, contenía muchos puntos-, me parece de personas responsables el querer dar la cara y poner sobre el tapete, con las personas que denunciaban estos hechos, éstas situaciones. Y para eso, con muy buen criterio a mi parecer y que yo aplaudo, don Fernando Labena convocó a los colectivos firmantes, esos colectivos firmantes que, al parecer comportan un número total de treinta y dos, a la cita, a la reunión del día siguiente acudieron, exactamente, siete. Sobre la mesa, con el escrito de denuncia, como a Su Señoría le pueden indicar las personas que allí asistieron, punto por punto se fueron desgranando los motivos de la acusación o las acusaciones vertidas en aquel escrito de denuncia y punto por punto, con el director del Centro, con el señor Consejero y con la persona que les habla, las asociaciones allí representadas -en número de siete- y los responsables fuimos intercambiando y manifestando, punto por punto, cada una de las cuestiones planteadas y especialmente. Llegaron a reconocer en aquel momento que, efectivamente, no existía razón para haber plasmado una denuncia de la forma que lo hicieron y con los puntos que lo hicieron.
Sí es verdad que quedaba algo patente y era el aislamiento de los menores. Esa interrogante o esa interrogación que, por supuesto, la sensibilidad del propio director del Centro, la sensibilidad especial de don Fernando Labena y la sensibilidad de quien les habla -y les digo por que llevo veinticinco años trabajando con menores de reforma, en la calle y desde el Tribunal de Menores, y mis trabajos de investigación, casi todos, precisamente han sido sobre la reforma de menores y aludo a ellos muy humildemente, registrados en la Universidad de Valencia, Universidad de Zaragoza y el Ministerio de Administración Pública, en Madrid-, lógicamente, la sensibilidad hacia los menores de reforma es patente en el Departamento y en todas las personas que forman el equipo del Departamento que son los servicios provinciales y el propio Departamento de Bienestar Social y Trabajo de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Una vez, pues, estudiados punto por punto y siendo conscientes las propias asociaciones de que, efectivamente, comprendían que, tal cual estaba plasmado en el escrito de denuncia, quedaba el interrogante del aislamiento. A este respecto tengo que contestar a Su Señoría que, de las diecisiete Comunidades Autónomas que existen en España, solamente cuatro -Castilla-León, Madrid, Cataluña y Aragón y próximamente se lo están planteando en Andalucía- tienen centro de reforma. Y voy a decir por qué: en primer lugar, por el carácter económico que supone para una Comunidad Autónoma pero, especialmente, por la preocupación y la angustia que supone para una Comunidad afrontar un sector de menores que es de difícil solución el poder llegarlos a reinsertar socialmente. Pero lo que sí es real es que, desde la pura coherencia y desde la pura responsabilidad, si a algo tenemos que hacer un canto de alabanza es a la Comunidad Autónoma de Aragón por querer afrontar, con este centro de reforma, el estar gestionando dicho centro, a pesar de lo que cueste económicamente, pero, sobre todo, porque la sensibilidad social tiene que ser de tal naturaleza que no podemos dejar a un lado, de ninguna forma, a este sector de menores de reforma, aunque nos creen muchos quebraderos de cabeza. Recientemente, en mi visita al Ministerio el lunes pasado, la semana pasada, cuando este tema todavía no había salido a los periódicos, posteriormente, cuando salió a los medios de comunicación, los propios directores generales de otras Comunidades, al llegar al tema de la reforma, me manifestaron que lo mejor era no tener centros. Yo, personalmente, defenderé siempre que tengamos un centro de reforma, nos cueste lo que nos cueste, económicamente y por quebraderos como el que ha sido objeto de esta denuncia.
En cuanto al aislamiento, únicamente tengo que decir lo siguiente al señor Diputado: que soy muy respetuosa con la jurisdicción de cualquier tipo; desde el punto de vista del derecho, como licenciada en Derecho, mi respeto a los jueces ha de ser totalmente cierto y esa juridicción tan especial como son los juzgados de Menores, ante un juez yo no tengo por qué valorar si es mejor o peor o si es o no es legalista, o poco legalista, sino prestarle mi colaboración y mi respeto, yo me entenderé legalmente con él, pondré todo el ahinco y ocuparé a las personas responsables del Departamento que llevan, concretamente, este sector de reforma con toda mi fuerza y mi apoyo, desde todos los puntos de vista, con todos los medios personales al propio Tribunal, si este juez los necesita. Medios de educadores no faltaron, como así lo sabe el Ayuntamiento de Zaragoza y como así lo sabe el señor teniente de alcalde del área de Acción Social, don Emilio Alfaro, con el que diariamente me suelo comunicar. Con los propios educadores, por supuesto que estamos en contacto y estaremos todavía más, simplemente porque esa sensibilidad nos lo requiere y porque nuestra atención hacia esos menores será un hecho.
En cuanto al aislamiento y en cuanto a la zona cerrada o abierta, no es la Diputación General de Aragón quien decide si un menor tiene que estar en cerrado o abierto; eso nos viene por escrito y por oficio judicial, y la Diputación General de Aragón -ciertamente- obedecerá lo que por oficio judicial nos venga porque, en caso contrario, mal estaríamos en nuestra gestión si no obedecemos los dictámenes de un juzgado. Y en cuanto al aislamiento en celdas, he de manifestar aquí que las fotografías que salieron en los medios de comunicación, concretamente de determinadas celdas de castigo -como así decía la denuncia- eran fotografías hechas hace tres años, es decir, en febrero del 92. No existen esas habitaciones, conforme venían en las fotografías y también se confundió la fotografía de la portada del Buen Pastor y pusieron fotografías de otro centro; esto como anécdota.
Especialmente tengo que decir en cuanto al aislamiento que desde mi persona y sobre todo desde la persona del Consejero, sabemos lo que significa un aislamiento y no solamente el aislamiento en otros sectores de población -el aislamiento empresarial, como ya hablaba Elton Mayor y otros especialistas- sino especialmente de estos menores, que lo que realmente quieren es fugarse porque es normal que, en su situación social y en su situación de los años que tienen, quieran fugarse inmediatamente cuando se encuentran así. Lo único que tengo que decir es que la gestión del Centro, la dirección del Centro y lo que suponga atención sanitaria, atención de proyecto o programa educativo, convenio como tenemos con el MEC, atención de ocio, atención de bibliotecas, etc. etc., siempre, siempre lo defenderé como se ha estado defendiendo por la Diputación General.
Si me lo permite el señor Diputado quiero referirme muy especialmente al informe del Defensor del Pueblo del año 1991 que hace un exhaustivo examen -en el informe que tiene Su Señoría a su disposición- y que, cuando habla de las condiciones de habitabilidad, especialmente en la zona cerrada, en la página 138 dice, permítame que lea: «en otro orden de cosas, debe señalarse que en la zona de régimen cerrado del Centro Buen Pastor de Zaragoza, el sistema de seguridad no está previsto en forma de rejas o barrotes tradicionalmente dispuestos, sino que éstos forman cuadros exactamente iguales a los que forma el cristal, desapareciendo de este modo la sensación de cárcel. Algunos de los citados cuadros de cristal, en su parte superior, pueden abrirse lo suficiente para la ventilación, evitando así, a su vez, la posibilidad de fugas».
Del informe del Defensor del Pueblo se desprende, en general, que el Buen Pastor, como centro de reforma, comparativamente hablando con el resto de los centros, en el momento de hacerse el informe por dicha alta institución tenía unas condiciones aceptables y es más, el propio Defensor del Pueblo, o a sus instancias, ordenó cerrar los centros de reforma de otras comunidades, expresando que los centros de Cataluña y Aragón eran quizás los mejores de los existentes. Tengo, forzosamente, que remitirme al informe de esta institución porque es el más elocuente para hablarles, precisamente, del aislamiento objeto de la denuncia.
En cuanto a la alusión que se ha hecho anteriormente al responsable del departamento, señor García Sesma, y a la responsable de la consejería, doña Ana María Cortés, únicamente tengo que demostrar aquí mis respetos a ambos. Yo únicamente tengo que decirle, Señoría, que las relaciones de mi persona, por el puesto que ocupo, con el juez de Menores serán, repito, todo lo respetuosas que tienen que ser y acataré todo, simplemente, por que la ley así lo determina y, desde luego, si la Diputación General hiciera lo contrario, incurriríamos en responsabilidad. Otra cosa es que, efectivamente, la Diputación General, como obligatoriamente tiene que gestionar y tiene que velar porque el Centro, desde el punto de vista de la estancia física, de la habitabilidad, de las condiciones educativas, de los proyectos educativos y de todo ésto, realmente ponga todo su ahinco y asegure que realizará todo lo posible porque estos menores tengan todo lo mejor para su posible educación y reinserción. Sobre esto tengo, forzosamente, que aludir a la formación no solamente educativa, sino desde el punto de vista de formación profesional que también aprendí del catedrático de Derecho Penal don José Guallar y López de Goicoechea, que fue motivo de su tesis doctoral en el año 23, que durante cuarenta años estuvo en el Tribunal de Menores y, como mi maestro en Derecho Penal en la Facultad de Derecho de Zaragoza, bien me enseñó y bien me pudo dirigir en mis trabajos con menores de reforma.
Con relación a lo que usted me planteaba de la privatización con la Fundación Ametzagaña, únicamente tengo que decir que la Diputación General de Aragón amparará cualquier convenio con cualquier fundación o entidad que, verdaderamente, garantice lo que se tiene que hacer con cualquier menor, sea de protección o de reforma, y exigirá el exacto cumplimiento de las claúsulas de los convenios, porque así tiene obligación.
Y en cuanto a que, en mi humilde intervención, he dicho que la Diputación General nada tiene que decir en cuanto a los menores de reforma, quizás, o no me he expresado yo bien, o Su Señoría, a lo mejor, no lo ha oído bien, porque en cuanto a reforma, yo no tengo la culpa de que exista un vacío legal. Ese texto del año 1948 que derivaba del texto de 1924 que, en aquel momento, de los tres proyectos que se presentaron y que Montero Ríos sacó adelante, en texto del 48, con el procedimiento correctivo de los artículos 15, 16 y 17, que todavía están en vigor, con la sentencia a la que acabamos de aludir antes, de la inconstitucionalidad del artículo 15 y con la despreocupación en el tiempo, puesto que esto es necesario, no solamente para los jueces de Menores sino para todas las Comunidades, la necesidad de que el Gobierno de la nación, definitivamente, saque esta ley de una vez. No tiene la culpa la Diputación General de Aragón de que ese proyecto legislativo esté en estudio meses y meses entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Asuntos Sociales. Yo insto también, humildemente, a las fuerzas que verdaderamente tienen responsabilidad en el gobierno de Aragón, a todos los Grupos, para que, si realmente tanto nos interesan los menores de reforma como es patente por todos, salga de una vez esta ley porque, de alguna manera, el procedimiento correctivo será claro, no será anticuado y los jueces de Menores sabrán a qué atenerse y, por supuesto, las Comunidades Autónomas también sabremos obedecer.
El señor PRESIDENTE (ROS CORELLA): Ha terminado señora Directora?. Muchas gracias señora Directora General.
Para el uso de réplica, tiene la palabra don Jesús Maestro, si la quiere utilizar, rogándole, en la medida de lo posible, que agilicemos las intervenciones para hacer un poco más dinámica la Comisión.
Muchas gracias.
El señor DIPUTADO (MAESTRO TEJADA): Vista la hora en la que nos encontramos y que tienen que intervenir todos los Grupos en la tanda de preguntas, solamente, en todo caso, decir que es suficientemente elocuente la intervención o la réplica de la Directora para las cuestiones que hemos planteado. Creo que todo el mundo será capaz de sacar sus conclusiones de las cuestiones que ha planteado. De lo único que le sigue quedando la duda a nuestro Grupo es si la afirmación del compromiso del señor Consejero sobre el cierre inmediato de los seis módulos del cerrado del Centro tutelar se va a llevar adelante o no, puesto que, incluso en los escritos a los que hacen referencia desde el equipo educativo de la casa tutelar del Buen Pastor, como sección de Comisiones Obreras de la Diputación General de Aragón, contestando, puntualizando algunos de los aspectos que salían en el escrito, en lo que acaban coincidiendo es en la necesidad de cubrir el vacío legal, en la necesidad del cierre de esos módulos, suprimir los grandes centros de tratamiento, etc. Entonces, si ese compromiso se va a llevar adelante o no y, en todo caso, cómo va a poderse llevar a efecto dada la situación jurídica que hay por el medio.
Nada más.
El señor PRESIDENTE (ROS CORELLA): Muchas gracias, señor Maestro. Señora Directora General, tiene la palabra.
La señora DIRECTORA GENERAL (SERRANO POLO): Esta persona que les habla, por supuesto, acoge y acata todo lo que el señor Consejero haya dicho. Simplemente quiero decir que me sumo, por supuesto, a la denuncia de vacío legal y que el Departamento y la consejería estará siempre acatando lo que un juez diga, y si dice y oficia un juez que en cerrado, seguirá teniendo la Diputación General de Aragón que respetar lo que en un oficio judicial se diga. Estamos en contacto continuo con don Armando Barreda, pero también tengo que decir algo muy significativo y es que entre los jueces que se han especializado, los últimos jueces y a través de las dos últimas leyes, se han especializado en materia de menores, hay muchos que defienden el aislamiento. Lo que ocurre es que ese aislamiento no tiene que estar considerado, como se ha considerado en la denuncia erróneamente, como una celda, ni mucho menos; no es lo mismo una celda con barrotes que un régimen cerrado, que una sección cerrada de un centro de reforma. Tengo que decir que en Madrid, en Cataluña, en Castilla-León y en Aragón están las secciones cerradas en las cuatro comunidades, es decir, en las tres comunidades igual que en la nuestra y que, en Andalucía, en el proyecto para crear un centro de reforma, también se considera la existencia de una futura sección de cerrado. Y los jueces de las demás Comunidades Autónomas, no solamente el juez de Menores de Zaragoza, también siguen emitiendo oficios y diciendo: este menor ha de ir internado a un régimen cerrado. Vuelvo a repetir y vuelvo a defender que no es una Comunidad Autónoma la responsable de que existan las secciones cerradas.
Espero que la nueva Ley, si algún día la vemos publicada en el Boletín Oficial del Estado, nos aclare este punto, por supuesto no bien visto, no para los colectivos denunciantes sino para el resto de la sociedad; el aislamiento en una celda de castigo no es bueno para nadie, tampoco para un menor.
Nada más.
El señor PRESIDENTE (ROS CORELLA): Muchas gracias, señora Serrano.
Siguiendo con la intervención de los distintos Grupos Parlamentarios, es el momento del Grupo Parlamentario del Partido Popular; tiene la palabra su portavoz, don Antonio Lacleta.
El señor DIPUTADO (LACLETA PABLO): Muchas gracias, señor Presidente, Señorías.
Muy brevemente, dada la hora, quiero agradecer a la Directora General de Bienestar Social y felicitarla al mismo tiempo en nombre de nuestro Grupo por la comparecencia que hoy ha hecho en esta Comisión. Agradecerle, sobre todo, la claridad con que nos ha expuesto cuál es la situación actual de la protección del menor en esta Comunidad Autónoma y cuáles son los principales proyectos que tienen para el futuro, y decir que, en esa línea, puede contar con la colaboración del Partido Popular.
Efectivamente, ha hecho una distinción clara en cuanto a las competencias sobre protección del menor que son exclusivas de la Comunidad Autónoma, de la Diputación General de Aragón y en cuanto a reforma o corrección del menor que son competencia exclusiva del juez de Menores o de los tribunales tutelares de Menores, y que lo único que hace la Diputación General de Aragón es, de acuerdo con el artículo 26 de la Ley de Protección de Menores, que se aprobó hace dos años, es poner a disposición de esta Administración de Justicia los equipos profesionales y obligarse también a dar cada cierto tiempo un informe sobre los mismos, eso sí, garantizando -como muy bien ha dicho la señora Directora General- las actividades deportivas, las actividades de ocio, las actividades culturales de estos chicos que están sujetos a esta tutela judicial.
Efectivamente, la Ley es obsoleta, se están moviendo con una Ley del año 1948, Ley que creemos que es anticonstitucional y que el propio Tribunal Constitucional ha determinado ya la anticonstitucionalidad de algunos artículos. Pero ésto no es nuevo, viene arrastrándose y yo tengo que recordar que, hace cuatro años aproximadamente, doña Dolores Renau, Directora General de Protección del Ministerio de Justicia ya anunciaba unas reformas urgentes de esta Ley de jóvenes infractores. Han pasado cuatro años, no contamos ya los que han pasado desde el año 48, han pasado cuatro años, siguen hablando de reforma urgente y nos dice la señora Directora que, al menos, ha habido diez borradores y que todavía está sin mandar al parlamento el texto de la Ley; mi grupo, por ejemplo, yo sé que ha presentado varias iniciativas sobre menores que han sido rechazadas.
Y una vez dicho ésto, decir también que los jóvenes que están en régimen cerrado y ya concretándonos a lo que parece que estaba en el ambiente de todos, hablar del Buen Pastor, pero a mí me llenan de perplejidad las denuncias que se han presentado estos días por ciertos colectivos, denuncias que parece que han sido magnificadas, puesto que tenemos recientes unos informes, no solamente del Defensor del Pueblo, que la señor Directora General nos ha leído, sino también del Justicia de Aragón. De todas formas, yo creo que los jóvenes delincuentes, como los delincuentes mayores, necesitan estar en unas condiciones de salubridad, de higiene, de seguridad y de acuerdo con las condiciones de vida que queremos para los demás.
Me ha extrañado también que la señora Directora General hable de un convenio a firmar, con cierta resistencia -me ha parecido entenderlo así- por parte del INSALUD, sobre la asistencia sanitaria de estos jóvenes acogidos, cuando bien sabemos que, a raiz de la promoción de la Ley de reforma de la sanidad, la competencia y la obligatoriedad el INSALUD y del Ministerio de Sanidad es la de acoger y prestar asistencia sanitaria a todos los acogidos. No hay que olvidar que el procedimiento que había antes, lo de las beneficencias municipales o beneficencias provinciales, todo esto ha pasado a la historia, porque ha sido el propio INSALUD el que ha acogido esta asistencia.
Yo pediría a la señora Directora General una mayor colaboración o una colaboración dentro de lo posible con las diputaciones provinciales, con ayuntamientos, con todos los organismos interesados en el problema de los menores. Y quiero decir también, puesto que hemos hablado del Centro del Buen Pastor, que aparentemente está sobredimensionado; llena de satisfacción pensar que se va a construir otro centro más acorde con las necesidades que hay. Preguntarle, en fin, si nos puede decir el personal que existe allí, cuánto personal especializado hay, para ver la relación entre el acogido y el personal que tiene, el presupuesto o el precio a que sale la estancia de estos jóvenes que están allí.
No digo nada más, sino expresarle a la señora Directora General, una vez más, nuestro agradecimiento.
El señor PRESIDENTE (ROS CORELLA): Muchas gracias, señor Lacleta. Señora Directora General, si quiere contestar, tiene la palabra.
La señora DIRECTORA GENERAL (SERRANO POLO): Señor Diputado, únicamente decirle que, cuando el señor Fernández Ordoñez era ministro de Justicia, parece ser que se plasmó el primer borrador de la Ley de reforma de la que estamos hablando y de allí fueron derivando los distintos borradores que, después, se han ido elaborando hasta llegar al que, en este momento, se encuentra a estudio de los ministerios antes aludidos: Asuntos Sociales y Justicia.
Decir que las atenciones que en un centro de reforma a los menores de características tan tremendas, tan lamentables, pues no olvidemos que son menores que, generalmente, vienen de familias con un desarraigo social y familiar, con unas características de tipo psicológico que, verdaderamente, han de ser tenidas en cuenta para poderles dar la mejor atención. Si debemos velar por ellos, también está el velar por que tengan las mejores formas de habitabilidad, la mejor biblioteca, la mejor zona de ocio, el mejor programa educativo, el mejor convenio con el Ministerio de Educación y Ciencia, los mejores maestros especializados, los mejores educadores, la mejor atención; simplemente porque son menores que requieren..., todo menor requiere atención, pero sobre todo éstos una atención mayor y especial. Para ello es verdad que en el Centro del Buen Pastor, desde el punto de vista de sus 95.000 metros cuadrados para veinte menores, existe una desproporción física y es cierto también que el señor Consejero, desde el momento que toma posesión de la consejería, comienza a pensar en la posibilidad de sacar a esos menores a unos pisos, a unas villas, a unos chalets, o varias alternativas que se han barajado y que el estudio no es de esta semana sino de hace varios meses. Por ello se pensó en el Buen Pastor como un centro dedicado, en el futuro, a la tercera edad, y es así que las Aulas de la Tercera Edad ya están trabajando allí.
También el informe, y me vuelvo a remitir al informe del Defensor del Pueblo, hace una alusión precisa, clara y excelente de la forma física en la que se encuentra el Buen Pastor, con las salas de reuniones, salas de bibliotecas, etc., de sus programas educativos y de sus continuos informes que se hacen al juez y al Departamento. Y esto lo recoge el informe al que continuamente tengo que aludir, porque documentalmente es con lo que tenemos que trabajar; si tan alta institución ha dicho lo que ha dicho sobre ese Centro de reforma, me gustaría que también saliese a la prensa dicho informe, palabra por palabra, y si es verdad que es preciso -y la propia sensibilidad nos lo marca- poner una persona o un educador, si hay que aislar en unas horas a un menor en una habitación cerrada por un caso grave y un caso grave puede ser el intentar coger un cuchillo y agredir a un educador, el intentar coger una varilla -como se ha cogido- de una cortina y sacar los ojos a un educador, el intentar realizar cualquier acto x hacia un educador o educadora, pero si es verdad que al juez se le dice en todo momento qué es lo que está pasando puntualmente.
Desde el punto de vista de lo que me plantea en cuanto a la cobertura sanitaria, en reiteradas ocasiones por escrito y, concretamente, la última visita se efectuó el día 6 de febrero, es decir, la semana pasada, a los responsables del INSALUD para reiterar la petición de cobertura sanitaria a los menores bajo tutela o guarda de la Diputación General de Aragón, porque hay muchos menores que no tienen cartilla de la Seguridad Social porque sus familias no tenían la cartilla de Seguridad Social, y a esos menores les ampara la Ley de Sanidad y el Decreto 1.088/1989 que habla de la cobertura sanitaria a personas sin recursos económicos. Nuestros menores tutelados entran bajo el amparo de ese Decreto y de esa Ley, en este orden de cobertura sanitaria, puesto que ya no existe la beneficencia que antes existía. A este respecto nos hemos dirigido por escrito, y nos hemos dirigido como les digo recientemente, y los responsables de los Servicios Provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel también, no solamente la persona que les habla sino los propios directores de dichos Servicios han tratado este tema en reiteradas ocasiones y no puede hacerse nada desde un punto de vista provincial, ni siquiera regional, porque se espera del Ministerio un convenio marco que, globalmente, abarcará a todas las Comunidades y ahí entrará la Comunidad Autónoma aragonesa.
Esto es lo que yo puedo decirle en cuanto a lo que usted me plantea. Nada más.
El señor PRESIDENTE (ROS CORELLA): Muchas gracias.
Señor Lacleta, quiere hacer uso de su... Muchas gracias. Siguiendo con la intervención de los distintos Grupos, es el momento del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, Don Andrés Esteban tiene la palabra.
El señor DIPUTADO (ESTEBAN SANCHEZ): Gracias, señor Presidente.
Gracias señora Directora General, por su comparecencia en esta Comisión y por las explicaciones detalladas que nos ha dado. La verdad es que creo que debemos congratularnos todos los componentes de esta Comisión, porque da la sensación de que tenemos ante nosotros una persona, si no la que más, de las que más saben de menores en Aragón, de las que más entienden de este tema. A mi me ha dado esa sensación, puesto que nos ha hecho un pormenorizado repaso de toda la legislación existente sobre el tema, de todos los convenios de colaboración que está realizando la DGA y nos ha informado, al mismo tiempo, de todos lo datos de prestaciones a menores, tanto directas como indirectas, y subvenciones para centros. Porque no hemos de olvidar, a pesar de que en algún caso se ha podido distorsionar la comparecencia, no hemos de olvidar que la tal comparecencia, como usted muy bien ha dicho en la primera réplica a un Diputado, era sobre la política de la consejería de Sanidad y Bienestar Social, sobre el tema de menores en Aragón, la situación de los menores en Aragón y no, en concreto, sobre el tema del Buen Pastor, aunque ahora esté más en candelero.
Y sobre el tema concreto de la política, como decía, nos ha hecho un tremendo y exhaustivo repaso sobre toda la legislación existente y sobre las características y condiciones en las que se encuentran los menores en Aragón. Evidentemente, nos quedamos con la idea, claramente expuesta, de que lo que hace falta es que salga cuanto antes esa futura ley de reforma de menores, que está haciendo falta puesto que, efectivamente, como ya se ha dicho repetidamente, la ley con la que se están manejando es obsoleta. En este aspecto, desde el Grupo Aragonés lo que sí le puedo decir es que nuestro portavoz en el Congreso de los Diputados hará las actuaciones parlamentarias necesarias para acelerar que esta Ley pueda salir cuanto antes, porque, evidentemente, no se puede estar trabajando casi en el siglo XXI con una ley del año 48 y, por otra parte, como muy bien se ha indicado, con algunos artículos inconstitucionales.
Creo que, prácticamente, se ha comentado todo sobre el Buen Pastor. La verdad es que nos ha quedado claro que la DGA sí que mantiene el control del centro, pero que, efectivamente, los menores que allí ingresan, ingresan por orden del juez y es el juez el que determina el tiempo y las condiciones de su internamiento. Creo que todos debemos de acatar las decisiones judiciales, puesto que estamos en un estado de derecho y el poder judicial tiene, como es natural, su acatamiento en cuanto a lo que las leyes y los jueces determinan.
Tenía yo apuntada aquí una duda que me quedaba sobre cómo es posible que los niños tutelados por la Diputación General estén sin gozar de los servicios sanitarios de la Seguridad Social; en este momento ya nos ha aclarado esa duda, puesto que, de la intervención anterior, parece que al Diputado señor Lacleta le había quedado esa misma impresión. Es inaudito que no puedan estar con los servicios sanitarios de la Seguridad Social cuando, además, le están protegiendo las leyes específicas de sanidad.
Por otra parte, nos ha comentado los convenios y los planes que tiene con otras instituciones, me parece que tanto con ayuntamientos como instituciones familiares o instituciones con un marcado carácter social, sin ánimo de lucro. A ese respecto, aunque nos ha indicado ya los convenios que tienen con Zaragoza, con Teruel, con Catalayud, con Ejea, etc., también he creído que ha dejado en el aire la idea de que se van a hacer unos planes conjuntos con algunas instituciones; si es posible, que nos amplie en qué sentido se van a dirigir estos planes y con qué instituciones. Es la única pregunta o la única duda que nos puede haber quedado de una amplia exposición que, creo, ha sido lo más detallada posible y que nos ha dejado a todos con la sensación, señora Directora, de que maneja el tema, de que lo domina y que ese es el camino para poder resolver los problemas.
Gracias.
El señor PRESIDENTE (ROS CORELLA): Muchas gracias, señor Esteban. Señora Directora General, si quiere intervenir, tiene la palabra.
La señora DIRECTORA GENERAL (SERRANO POLO): Señor Diputado. De los planteamientos que Su Señoría acaba de hacer, referidos al Buen Pastor y a varios temas que aquí -reiteradamente- ya han ido saliendo, yo creo que merece la pena que al hacer alusión Su Señoría en último lugar a qué planes o proyectos con otras instituciones o con otros organismos tiene el Departamento en pro de los menores, quisiera en este momento traer a colación el más reciente: en este momento acabamos de firmar la Diputación General de Aragón con el Ministerio de Asuntos Sociales un convenio específico para realizar un programa para la atención de los menores que sufren malos tratos. Y no solamente este convenio, sino que otros programas, concretamente los próximos días 26 y 27 de este mes, la persona que les habla ha quedado en el Ministerio de Asuntos Sociales con el Director de Protección Jurídica del Menor para realizar acciones conjuntas y programas de actuación y perfecta coordinación con los menores de todo tipo, no solamente en la cuestión de malos tratos, que ya digo se ha firmado ese convenio y que, en este momento, en el Departamento se está plasmando la formalización de un equipo multidisciplinar de profesionales para llevar a cabo este programa, en conjunción con el Ministerio; creo que es importante puesto que a través de las denuncias que podemos ver y el número de ellas en todo Aragón, hay que hacer algo, sobre todo con los niños que reciben malos tratos. Con el Ministerio de Asuntos Sociales no es solamente este, sino otros programas de actuación, juntamente con nosotros, vamos a comenzarlos los días que yo les digo. Ustedes, Sus Señorías me tienen a su disposición para que, efectivamente, con dicho Ministerio podamos trabajar conjuntamente.
Con el Ministerio de Educación y Ciencia tenemos un convenio firmado para el Buen Pastor y, sobre todo, trabajamos en cuanto a escolarización con el Ayuntamiento de Zaragoza, con la Delegación de Juventud, en cuanto al tema de los talleres ocupacionales. Queremos seguir manteniendo esa colaboración y, recientemente, la persona que les habla lo hizo con el teniente de alcalde don Emilio Alfaro, responsable del Area de Acción Social; querríamos hacer un plan integral, especialmente para el casco viejo de Zaragoza por su problemática global, pero especialmente también en cuestiones de menores.
Yo pienso que éstos son los más relevantes. Nada más.
El señor PRESIDENTE (ROS CORELLA): Muchas gracias, quiere hacer uso... Gracias.
Siguiendo con el orden de intervenciones, es el turno del Grupo Parlamentario Socialista; tiene la palabra su portavoz, don Eugenio Calleja. Adelante.
El señor DIPUTADO (CALLEJA MARTINEZ): Gracias, señor Presidente.
El Grupo Socialista agradece la comparecencia de la Directora de Bienestar Social.
Una de las primeras conclusiones que sacamos es que nos hemos enterado a través de los medios de comunicación y ésto lo ponemos en tono positivo, por lo que supone de sensibilización de la opinión pública, aunque entendemos que no es la forma más adecuada o correcta de enterarse, ya que tendría que ser la propia DGA, el propio Gobierno quien periódicamente, informara en esta Comisión. Quiero insistir una vez más en que sería aconsejable, como método de trabajo, que el informe que se trae aquí, a esta Comisión sea conocido previamente por los diferentes Grupos para poder centrar mucho mejor el debate y la discusión.
A nosotros nos parece que se está siguiendo la misma política de subvenciones que en anteriores ocasiones. Lo hemos comprobado aquí con el tema de las residencias, por poner un ejemplo, de la tercera edad y con el tema de la guardería de Monzón, y observamos, o así hemos reflexionado, una falta de seguimiento y control por parte de la Diputación General de Aragón, por parte del Gobierno de la Comunidad. Nos parece que la exposición que ha hecho la Directora de Bienestar Social es una exposición que se puede encontrar en cualquier libro con índice legislativo, que, efectivamente, ha dicho verdades de Pero Grullo, que estamos asistiendo -por lo menos, así lo vemos-, ante una filosofía global, que son enunciados programáticos y cifras solamente, y que sería la hora de concretar los plazos, de fijar los plazos. Y que tenemos que criticar, por supuesto, la política que está llevando el Departamento de privatización de una serie de servicios, con lo cual el Grupo Socialista no está absolutamente de acuerdo.
Debemos conocer también la evaluación o las directrices concretas, evaluar qué es lo que está sucediendo, cuál es la valoración que hace el propio Departamento y, con esa valoración, llegar al diagnóstico propio para conseguir buscar las soluciones.
Nos falta una información sobre las normas concretas de funcionamiento, porque los únicos datos -como decía al principio- que en este momento conocemos son datos de la prensa. Decir y manifestar que el Grupo Socialista también se compromete a colaborar y a llevar el tema a nuestro partido, a nuestro Grupo en las Cortes Generales, en Madrid, pero que entendemos que aquí, en la Comunidad Autónoma existen las competencias suficientes de menores y que, por lo tanto, existe también esa responsabilidad.
Dentro de la exposición de proyectos de actuación y proyectos ya en realización, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, sería conveniente, en cuanto a materia de menores, concretar las medidas legislativas, los planes integrales, los programas de actuación, las acciones concertadas; todo eso nos daría un visión de cómo está la situación y veríamos si efectivamente, se pone en marcha todo el programa encaminado a solucionar todo este tema.
De momento, no tengo nada más que decir.
El señor PRESIDENTE (ROS CORELLA): Muchas gracias, señor Calleja. Señora Directora General, tiene la palabra.
La señora DIRECTORA GENERAL (SERRANO POLO): Señor Diputado, en cuanto a la sensibilización social ante un tema como es el tema de menores, y especialmente en cuanto al tema de menores de reforma, no solo por los medios de comunicación aparece esa sensibilización social, sino que creo que toda la sociedad es sensible, a pesar de que salga una denuncia como la que ha salido. Vuelvo a repetir que los colectivos firmantes reconocieron punto por punto, una vez puesto sobre el tapete, lo que estaban diciendo. De ahí que muchas asociaciones que firmaron y algunas por firmar, como han reconocido cuando nos han visitado, no fueron las juntas de algunos colegios o colectivos, sino que fueron personas aisladas y que esas personas que firmaron y que tienen tanta sensibilidad por el tema de los menores de reforma, vuelvo a decir, no arreglan nada con ir a los medios de comunicación a realizar semejante «boom» ante la sociedad. Cuando una persona responsable o un colectivo tiene algo que decir ante un tema de la Administración, sobre todo si tiene la puerta de los responsables de un departamento abierta, como lo han tenido éstos colectivos y, sobre todo, si hasta el día de la víspera de la denuncia nos hemos reunido con ellos periódicamente, un día sí y un día no, los responsables -vuelvo a decir ésto para ver si, de una vez, queda patente que jamás se ha hecho alusión a problema alguno en el Buen Pastor-, esa sensibilidad de esos colectivos tendría que haber salido en alguna de estas reuniones periódicas.
La propia Diputación General de Aragón está dispuesta, Señoría, a informar periódicamente, si es preciso y Sus Señorías lo requieren, a informar detalladamente de todo absolutamente, porque lo que verdaderamente puede hacer una labor positiva es, precisamente, la transparencia y la información. Y a Sus Señorías, como responsables de una Comisión tan importante, no les faltará ocasión si ustedes lo requieren para que esta humilde persona que les habla venga a informales, puntualmente, absolutamente de todo.
En cuanto al seguimiento y la evaluación, tengo que decirle al señor Diputado que en el Boletín Oficial de Aragón de esta semana saldrá una estructura del Departamento y en esa estructura aparecen dos servicios: un Servicio de Organización y un Servicio de Planificación, porque sin organización y sin planificación difícilmente se puede llevar a cabo una acción perfecta y en acción social mucho más. Digo y defiendo -porque, lógicamente, no estamos hablando ni de carreteras ni de empresas o de industrias, y todo es importante-, que nuestros menores, nuestros hombres y mujeres de la tercera edad, nuestros disminuídos, nuestras mujeres, requieren una atención especial que no es un expediente, sino que son una persona y nuestra labor ha de ser con muchísimo más ahinco que en cualquier sector. Ante esto hemos creído preciso crear un Servicio de Organización que sirva para llevar a cabo el aspecto legislativo, organizativo, de coordinación de todos los proyectos legislativos que yo les he apuntado en el apartado de medidas legislativas, con un buen equipo que afronte esta situación; en segundo lugar, una organización y una coordinación perfecta de todos los equipos y de todas las instituciones que trabajan con el menor. Y en cuanto al Servicio de Planificación, que sirva para evaluar resultados y para planificar a corto, a medio y a largo plazo.
En cuanto a las normas de funcionamiento que he aludido también y he hecho referencia, concretamente en el Buen Pastor, al borrador de reglamento interno del Centro, presentado en enero del 92 y que está a punto de aprobarse por la Diputación General de Aragón, pero no por la denuncia, sino porque somos los primeros interesados en ello y no está presentado -como puede verse en el Registro- en esta semana, después de la denuncia, sino con anterioridad.
Aplaudo la decisión del Grupo para convencer a Madrid de la posibilidad de que la futura Ley salga cuanto antes. Me pongo a disposición de Su Señoría, de todos los presentes y de toda la Comisión para que, si es necesario que periódicamente venga a dar cuenta de todo lo que se va haciendo en el Departamento o de las cuestiones puntuales, así lo haré. Es verdad que, en el campo de menores, tendríamos que estar aquí horas y horas hablando, porque el tema lo requiere.
Nada más.
El señor PRESIDENTE (ROS CORELLA): Muchas gracias. Señor Calleja, ¿quiere hacer uso de su turno?.
El señor DIPUTADO (CALLEJA MARTINEZ): Sí, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE (ROS CORELLA): Tiene la palabra.
El señor DIPUTADO (CALLEJA MARTINEZ): Sobre el tema de la sensibilización, estamos de acuerdo en que no necesariamente tiene que saltar a la opinión pública para ser sensible ante un tema de estas características, pero, indudablemente, hay que reconocer que, a veces, los propios medios de comunicación hacen una labor que permite una mayor sensibilización.
A mí me parecen muy bien todos los proyectos legislativos, la publicación en el BOA de los datos de la estructura del organigrama pero, aunque reconocemos que puede ser una labor que lleve mucho más tiempo, no podemos escuchar, por lo menos en el tiempo que llevamos, hablar de proyectos, de programas y pero no hablar de fechas, no hablar de plazos concretos, aunque es un trabajo minucioso que cuesta lucir.
Gracias.
El señor PRESIDENTE (ROS CORELLA): Muchas gracias, señor Calleja. ¿Desea intervenir?
La señora DIRECTORA GENERAL (SERRANO POLO): Perdón.
El señor PRESIDENTE (ROS CORELLA): Si. Tiene la palabra.
La señora DIRECTORA GENERAL (SERRANO POLO): Señor Diputado, en cuanto a que mi exposición puede encontrarse en cualquier libro, únicamente decirle que textos legales ya los conocemos todos, textos bibliográficos y monográficos referentes a menores no existen tantos, ni mucho menos. Los textos monográficos que existen, especialmente de protección y reforma, de alguna manera, humildemente, perdone que le diga que los conozco. Simplemente que en lo relacionado a la Comunidad Autónoma de Aragón, en pocos libros los encontrará usted; solamente, y con una humildad tremenda, quiero decirle que en el capítulo diez de mi proyecto de tesis doctoral, donde recojo todas las comunidades autónomas, encontrará usted a su disposición lo referente a Aragón.
Nada más.
El señor PRESIDENTE (ROS CORELLA): Muchas gracias.
Entramos directamente en el turno de preguntas concretas de los distintos diputados de la Comisión. ¿Quién quiere formular alguna? ¿Alguno más? Bien, tiene la palabra don Jorge Noguera.
El señor DIPUTADO (NOGUERA DOATE): Con extraordinaria brevedad, señora Directora General, yo, sin poner en duda la necesaria adecuación de menores, pero, sin embargo, y después de la larga exposición de la Directora General en sus distintas intervenciones, yo creo que el problema que fundamentalmente se da en el Centro tutelar de menores del Buen Pastor es un problema de aplicación diaria de las cosas, del funcionamiento, del reglamento del centro; porque cuando usted dice que ustedes aplican estrictamente las normas del expediente que les envía el juez, yo no tengo ninguna duda de que así será, pero sospecho que cualquier incidente que se produzca en el centro, de dos niños que se pelean o que agreden a un educador, pues va a haber que tomar una medida inmediata y yo creo que el juez tendrá conocimiento de ello cuando hagan el informe periódico que vienen haciendo.
Y también quiero incidir en algo que decía mi compañero, el Diputado señor Calleja, sobre la valoración que hacen ustedes y que yo quisiera conocer y escuchar de la boca de la Directora General, porque así quedará grabado en el Diario de Sesiones, la valoración que tiene la Diputación General con la Fundación Ametzagana, si es positiva, si están contentos o están descontentos con esta fundación, si van a continuar con ella, están medianamente contentos o medianamente descontentos. Yo quiero y la comprometo a usted a que nos diga si el compromiso del convenio que tienen ustedes suscrito con la Fundación Ametzagaña les satisface o, por el contrario, van a intentar algunas de las claúsulas del acuerdo o van a seguir tal y como está.
Nada más y muchas gracias, porque sé que el tema es muy delicado, no se permiten demagogias en este tema; es un sector muy conflictivo y es un tema con el que como ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, somos muy respetuosos con su responsabilidad.
El señor PRESIDENTE (ROS CORELLA): Muchísimas gracias, señor Noguera. Para su contestación, tiene la palabra señora Directora General.
La señora DIRECTORA GENERAL (SERRANO POLO): Gracias, señor Diputado.
Centrándonos en lo que usted expone, con relación al Centro del Buen Pastor, todas las incidencias que van surgiendo día a día son informadas a diario al juez, pero, especialmente, el primer día hábil de cada semana se hace un informe del seguimiento de cada muchacho al juez de Menores y, al principio, cuando un menor ingresa en dicho colegio, se hace un plan individualizado, una vez hecha la observación, con sus características especiales para ese menor y también se da cuenta al juez. Cuando ocurre un incidente, efectivamente, también se da cuenta al juez.
En cuanto al convenio con la Fundación Ametzagaña, antes de entrar a contestar a lo que usted me pregunta, quiero manifestar mi respeto hacia los educadores que allí están, sean o no sean de la Fundación, o sean de la propia Diputación General de Aragón porque efectivamente, si a algo tenemos que estar agradecidos es a la vocación, al esfuerzo y al esmero con que los educadores tratan a los menores de protección; por tanto yo no quisiera terminar mi intervención sin hacer un elogio de todo el personal que compone la atención al menor, tanto sean de protección como los de reforma.
Con relación a lo que usted, muy concretamente, me plantea, la Diputación tendrá que convenir con la institución, fundación o lo que sea, que verdaderamente le garantice la profesionalidad, la experiencia y el bien hacer hacia, concretamente, estos menores de reforma, hacia un sector tan conflictivo como supone la educación de unos menores de reforma. Está en este momento en estudio el convenio del 92, como Su Señoría quizás sabe; se está estudiando cláusula por cláusula, pero no por la denuncia, sino con anterioridad, por supuesto, a la denuncia, porque nuestra responsabilidad no ha venido por la denuncia en los periódicos, la responsabilidad y nuestra sensibilidad ha sido con anterioridad; no necesitamos que los medios de comunicación o que nadie denuncie para contar con nuestra propia sensibilidad.
Es verdad que se está estudiando el convenio cláusula por cláusula y es verdad que buscaremos lo mejor para atender al menor, y que cada cláusula irá pensada, como dice el preámbulo de la Ley 21, del año 87, «el interés del menor estará y primará por encima de cualquier otro interés», hasta del propio interés económico de la Diputación y del propio interés de esfuerzo, también, de la Diputación. Por lo tanto, tenga la seguridad señor Diputado de que el convenio con esta Fundación, o con la que sea, se hará si verdaderamente tenemos la garantía de que, efectivamente, nos va a solucionar -pero con toda exactitud y con toda pulcritud- el trabajo con menores de reforma; eso es lo que defenderemos. Y especialmente defenderemos el número adecuado de educadores y que, sobre todo, si tienen que hacerse en un momento determinado, unas determinadas obras, porque así jurisdiccionalmente se nos indica, en una habitación, en el recinto del centro cerrado, un educador esté presente con el menor.
No les hablo ya desde el punto de vista profesional, les puedo hablar desde el punto de vista de madre.
El señor PRESIDENTE (ROS CORELLA): Muchas gracias. Había pedido también la palabra don Isidro Guía; tiene la palabra.
El señor DIPUTADO (GUIA MATEO): Muy brevemente. Yo, descendiendo un poquito más a lo que son las cosas concretas, le querría preguntar sobre una guardería que no es de de mi demarcación, pero que también ha salido a los medios de comunicación, como es la de Monzón. ¿Cómo se encuentra en este momento?, ¿qué ha hecho el Departamento para solucionar los posibles problemas que allí hubiese? Concretando, en la actualidad, ¿qué es lo que nos puede decir la señora Directora General sobre este tema?
Y pasando ya a otros temas que aquí se han planteado, también desearía plantearle que con qué criterios la Diputación General de Aragón privatiza estos centros de atención al menor; quisiéramos saber un poco más cuáles son las condiciones por las que se rige la Diputación General para hacer ésto con entidades privadas y no con el ente público que, según nosotros los socialistas, entendemos que debería ser directamente gestionado por el ente público que es la Diputación General de Aragón.
Y ampliando un poco más lo de guarderías y residencias de ancianos, se vienen formalizando unos convenios con distintas entidades, según quien gestione las guarderías -para mí serían mejor escuelas infantiles que guarderías, desde ese punto de vista he trabajado siempre, no desde guardería sino desde escuela infantil-, pero en esos convenios creo que la Diputación General tiene que inspeccionar si se cumplen perfectamente por los distintos organismos que gestionan las escuelas infantiles; dentro de poco tendrán que ser escuelas infantiles, cuando tengamos la materia educativa en Aragón. Y, en otros casos, las residencias de ancianos, cualquiera que sea el ente que las gestione, la profesionalidad de los que están al frente de las residencias de ancianos, desde el rector director o directora que pueda haber, hasta el último servicio que puede ser el de la limpieza, lo mismo. Las guarderías infantiles, la profesionalidad de las puericultoras, si el número es insuficiente, si la higiene es la adecuada, etc. etc.
Con ésto termino, señora Directora.
El señor PRESIDENTE (ROS CORELLA): Muchas gracias, señor Guía. Tiene la palabra para su contestación, señora Directora.
La señora DIRECTORA GENERAL (SERRANO POLO): Gracias, señor Diputado. No quiero -por la hora, por supuesto- extenderme, pero sí quiero contestar a lo que Su Señoría me plantea.
En primer lugar, en cuanto a la guardería de Monzón, por los contactos que he tenido con el Servicio Provincial de Huesca, a mi requerimiento, su director y tres técnicos encargados de realizar el seguimiento y también, de alguna manera, la solución del problema que se ha venido planteando con la dirección de la guardería de Monzón, a mi requerimiento he tenido contactos con ellos, no sólamente telefónicos, sino también se han desplazado a Zaragoza exclusivamente para hablar de la guardería de Monzón. Y por técnicos, los que vinieron a entrevistarse conmigo juntamente con el director del Servicio Provincial, a través de los contactos que se han tenido con el Comité de Empresa, formado por representantes en dicho Comité de las distintas fuerzas sindicales que en dicha guardería existen, llegaron a unos acuerdos e, incluso, la última noticia que yo he tenido al respecto es que, en cuanto a la señora directora del centro y en cuanto a otra trabajadora del propio centro que también se cuestionaba su gestión, el Comité de Empresa -con representación, como digo, de todas las centrales sindicales- había dado una valoración a la dirección y a la otra trabajadora, en aquel momento, cuando yo me entrevisté con el Servicio Provincial.
En cuanto a las guarderías y residencias de ancianos, perdón, a los criterios de privatización, la señora ministra de Asuntos Sociales, doña Matilde Fernández, al parecer también es partidaria; tengo referencias de ello, no por escrito, sino simples referencias, por tanto yo no afirmo si la señora ministra ha dicho o no ha dicho que le gusta la privatización; alguna persona responsable, hablando con ella, ha dicho que, efectivamente, hasta la señora ministra es partidaria de que si una entidad privada realiza una gestión sobresaliente, por qué no se ha de convenir con ella. La Diputación General de Aragón tiene posibilidad legal para hacer convenios y, desde luego, lo que tendrá que hacer y hará es convenir si es necesario con la mejor, con las mejores entidades especializadas en cada caso y eso es lo que defenderemos si, verdaderamente, no cuenta la propia Diputación General de Aragón con medios materiales o medios personales suficientes para llevar a cabo la gestión de un centro.
En cuanto a la inspección a guarderías y a residencias de ancianos, en primer lugar, hay que conocer, señor Diputado, cómo la LOGSE establece -en un artículo no muy claro, por cierto, porque toda ley tampoco es perfecta, sobre todo cuando se está legislando tan deprisa y con tanta legislación- como, al hablar de la escolarización de los menores de tres años para arriba, no puede decirse que se trata de escuelas y no de guarderías. ¿Conoce Su Señoría éste aspecto?, entonces nos vamos a centrar en los niños de cero a tres años: la Diputación General de Aragón, con los decretos legislativos del año 89, el decreto 88 y el decreto 89, referidos a la inspección de centros y al registro de centros, está velando desde la sección de inspección de centros, con una exactitud tremenda, el cumplimiento de los aspectos de funcionamiento residencia por residencia, tanto públicas como privadas y en eso estamos trabajando. Tan es así, que en este momento el equipo que compone la sección especializada de inspección de centros se está fortaleciendo con nuevo personal, y tan es así que hasta vemos necesario que el siguiente paso, en el 93, exista un servicio especializado o una sección especializada de inspección de centros en el Servicio Provincial de Zaragoza, Huesca y Teruel. Pero las disponibilidades económicas de la Diputación General de Aragón no dan para crear ochocientas personas para inspeccionar; lo que sí que es cierto es que el personal con que cuenta la Diputación en esa sección, se trata de un personal especializado que tiene una práctica desde el año 90, en que éstos dos decretos se pusieron en funcionamiento, que, tanto desde un punto de vista de arquitectura, como de medicina, como de aspecto legislativo, como de asistencia social, se trata de personal especializado que se conoce la problemática que hay en las guarderías y, especialmente, en las residencias de la tercera edad, que conocen perfectamente, por el estudio que han hecho de ese Decreto, y lo que significa ese Decreto. Porque, comparándolo con la legislación vigente en otras Comunidades Autónomas en cuanto a inspección de centros se refiere y en cuanto a registros se refiere, tenga la completa seguridad Su Señoría de que nuestra legislación es completa, exhaustiva y rígida.
Y tengo que decirle también, ya que me lo pregunta Su Señoría, que hace una semana se ha terminado por un equipo especializado la revisión, artículo por artículo y no para hacer una rebaja, del Decreto del 89 para que, efectivamente, continuamente no tengamos que estar reciclándonos, y reciclándonos no significa revolucionándonos, si es necesario cambiar una legislación o si es necesario adecuar a los momentos presentes, artículo por artículo, como digo. Se ha estudiado y a su disposición tiene el estudio que se ha presentado y que ha sido tan reciente que al propio Consejero todavía no le ha dado tiempo de conocerlo. Por otra parte, el departamento tiene también un estudio de lo que significaría económicamente la adaptación de la multitud de residencias que existen en Aragón, una por una, porque se han inspeccionado, para adaptarse a ese Decreto de mínimos, aún sin reformar, sino al vigente, al que está en vigor. Por lo tanto, nuestra preocupación es constante, no solamente desde el punto de vista del trabajo de inspección, sino desde el punto de vista del trabajo de legislación y, también, del trabajo de proyección en unos planes integrales de tercera edad.
Y ya que he sacado el tema de la tercera edad, únicamente decirle que ante el Ministerio de Asuntos Sociales, en las dos últimas visitas a la comisión sectorial referente a la atención a la tercera edad, en ayuda a domicilio y en residencias, por la persona que humildemente le habla, se expuso en la mesa del Ministerio que en la Comunidad Autónoma aragonesa nos encontrábamos con un índice de envejecimiento de un 16%, que únicamente supera Castilla-León en toda España, que tiene el 22%, y el doce y pico por ciento es la media nacional, por lo tanto...
El señor PRESIDENTE (ROS CORELLA): Perdón, perdón, señora Directora. Estamos saliéndonos del tema y como creo que la sensibilidad de la Mesa, y también de su persona, está en informar a esta Comisión de cuantos aspectos sean relacionados con su Departamento, tengamos la seguridad de que hablaremos de tercera edad, de escuelas infantiles y de otras muchas cosas en futuras comparecencias. Por lo tanto, rogaría que concluyamos este debate para una próxima actuación.
Si quiere alguna cosa más, no obstante, tiene posibilidad de decirla, señora Directora General.
La señora DIRECTORA GENERAL (SERRANO POLO): Unicamente pedir perdón al señor Presidente por mi extensión. Unicamente quería, puesto que el señor Diputado me ha preguntado y aunque se salía del tema, tengo datos puntuales y, tanto en Comisión como personalmente, muy gustosa estoy a su disposición.
El señor PRESIDENTE (ROS CORELLA): Muchísimas gracias.
Quisiera también decir, en nombre de la Mesa, por algunas manifestaciones vertidas en cuanto a la oportunidad de la convocatoria, que esta convocatoria de comparecencia de la Directora General, estaba pensada en la Mesa de la Comisión desde el pasado mes de noviembre pero, debido al período de vacaciones parlamentarias, no ha sido posible y ha sido la oportunidad del tema de menores, tan pronto como el período de sesiones se ha abierto. O sea, que quede claro que la Mesa ha tenido la sensibilidad de que estuviera aquí lo antes posible.
Anunciarles, por otra parte, que también está prevista para la próxima Comisión la comparecencia del Director General de Salud Pública, para hablar de inspección y control alimentario; en este momento también tenemos algún tema como es el uso del clembuterol y acciones de este tipo. Que quede constancia de ello.
Como único punto que nos queda es la aprobación del acta de la sesión anterior que creo que sus señorías tenían. ¿Hay algún inconveniente o alguna cosa que hacer?. Se aprueba por unanimidad de todos los grupos; se aprueba el acta y se levanta la sesión (a las veinte horas y diez minutos). Muchas gracias.