Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón
Interpelaciones
Interpelación núm. 125/24, relativa a la política del Gobierno de Aragón sobre la retirada de residuos y erradicación del amianto.
Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón n°: 034 de Plenos (XI Legislatura)
Intervinienen: Guitarte Gimeno, Tomás - Blasco Marqués, Manuel
El señor diputado GUITARTE GIMENO: Muchas gracias, presidenta.
Señor consejero, el amianto, material utilizado en la construcción en la segunda mitad del siglo pasado, es peligroso cuando se rompe, pero también con el paso del tiempo, aunque no se rompa. Lo preocupante es que está presente en muchos más lugares de los que parece. Se puede encontrar en tejados de viviendas, de granjas, de almacenes agrícolas, en naves industriales, en colegios, en bajantes de tejado, en canalizaciones, en riegos, en depósitos de agua y tuberías, en aislamientos térmicos y acústicos. Está presente en muchas construcciones e instalaciones.
Como recuerda la Asociación de Afectados por el Amianto de Aragón, conocida como A4, que viene trabajando por defender a los afectados por amianto, no estamos solo o solamente ante diferentes casos que afectan, sin duda y de forma grave, a la salud laboral, sino ante un verdadero problema de salud pública.
Sin ánimo de sembrar alarma, Navarra y Cataluña, en 2019, incluso retiraron pizarras que contenían amianto de algunos colegios. Convendría no perder de vista esta posibilidad; se trata de pizarras adquiridas antes del año 2000.
En Cataluña, donde se estima que hay cuatro millones de toneladas de amianto, el Parlamento va a tramitar un proyecto de ley para la erradicación del mismo.
¿Tiene idea de cuánto amianto hay en Aragón? Los datos e indicadores disponibles nos hablan de un problema serio y muy grave. Por ello, creemos que hay que desarrollar medidas desde la comunidad autónoma. ¿Y quién debe hacerlo? Pues, el decreto de estructura del Departamento de Medio Ambiente y Turismo fija entre los objetivos de su política la planificación de la prevención y gestión de los residuos, así como la vigilancia, inspección y sanción de las actividades de producción y gestión de los mismos, y actuaciones en materia de contaminación atmosférica y calidad del aire. Y de manera más concreta, la Dirección General de Calidad Ambiental, a través del Servicio de Planificación Ambiental, del Servicio de Control Ambiental y del Servicio de Prevención y Corrección de la Contaminación del Suelo, tienen competencias directas en la gestión del amianto.
El amianto es un residuo especial o peligroso, por lo que excede el ámbito competencial de los municipios en la responsabilidad que tienen de gestionar los residuos domésticos. Es decir, el amianto no es un residuo municipal, sino que es un residuo peligroso.
En suma, la consejería de Medio Ambiente y Turismo es el único competente, a nuestro entender, para la gestión de un residuo peligroso como es el amianto. En consecuencia, tiene que adoptar las medidas necesarias para la prestación adecuada de este servicio a los ciudadanos de Aragón, pues, el amianto se ha convertido ya en una grave amenaza para la salud pública, como han detectado varias comunidades autónomas.
La Directiva de la Unión Europea 2023/2668 y otras precedentes desde el año 99 señalan que el amianto es un agente carcinógeno sumamente peligroso, que sigue afectando a diversos sectores económicos, como la rehabilitación de edificios, la minería, la explotación de canteras, la gestión de residuos y la lucha contra incendios, en los que los trabajadores corren un alto riesgo de exposición.
Y de conformidad con el planteamiento «La salud en todas las políticas», la protección de la salud de los trabajadores frente a la exposición al amianto tiene una dimensión transversal que incide en numerosas competencias y políticas probablemente de varias consejerías.
En España, toda retirada de material con amianto debe ser realizada por personal especializado de empresas registradas y según la normativa del Real Decreto 396/2006, en el que se establecían las medidas mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. Y en aplicación de este decreto, la Comunidad Autónoma de Aragón dispone de algunas medidas como, por ejemplo, el registro de empresas con riesgo de amianto, los planes de trabajo con riesgo de exposición al amianto y las solicitudes que deben realizarse para la aprobación de estos planes de trabajo.
Además, la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, contiene determinaciones que también incumben a su departamento, determinaciones sobre el procedimiento de retirada de amianto sin mezclar con otros residuos, sobre la obligación de los ayuntamientos de elaborar un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto, incluyendo un calendario que planifique su retirada, y tanto el censo como el calendario de retirada tendrán un carácter público, serán remitidos a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de las comunidades autónomas, las cuales deberán inspeccionar para verificar, respectivamente, que se han retirado y enviado a un gestor autorizado.
En Aragón, aunque nos parezca que no, ha habido situaciones críticas con el amianto, una de ellas, como consecuencia del incendio del 13 de agosto de 2022 en las estribaciones de la sierra del Moncayo, donde se diseminaron residuos formados por polvo y fragmentos de uralita quemada que podían contener amianto. Los municipios de El Buste, Añón, Alcalá y Vera del Moncayo, Ambel y Borja fueron afectados por el incendio y por esta situación.
Sobre ello, planteamos ya una pregunta en el Congreso al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y ahora se la planteamos a usted: ¿se han retirado estos residuos?
Y por todo ello y ante el problema de salud pública que representa el amianto, le interpelamos: ¿cuál es la política general del Gobierno de Aragón sobre la retirada de residuos y, en particular, sobre la retirada del amianto y otros materiales que constituyen un problema medioambiental por afectar a la salud pública?
Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (CELMA ESCUIN): Gracias.
Señor consejero, su turno.
El señor consejero de Medio Ambiente y Turismo (BLASCO MARQUÉS): Señor Guitarte, me parece oportuna su interpelación, y yo se lo agradezco, porque España, como país, tiene un problema con el amianto, y las entidades locales, más todavía, no también, sino más todavía, porque el Gobierno de España, como casi siempre, dice lo que hay que hacer, le echa la pelota y, en este caso, una pelota ardiendo a los ayuntamientos, y luego, si te he visto no me acuerdo. Establecen mediante una ley las obligaciones que tendrán los ayuntamientos, pero no hay intención de ayudar ni a las comunidades autónomas ni a las entidades locales, y es a lo que nos tiene a acostumbrar el Gobierno.
Esto nos lleva a una situación compleja, porque hay comunidades autónomas que no tienen vertederos para amianto. Aragón lo tiene, y lo tiene bien organizado. Lo gestiona una empresa pública de mi departamento, que es Aragersa, una empresa mixta público-privada, y el problema del amianto, cuando viene a vertedero, en Aragón, lo tenemos bien resuelto.
¿Cuál es nuestro problema? Lo que mi directora general da en llamar «el turismo peligroso», o sea, comunidades autónomas que no tienen vertederos, algunas limítrofes con la nuestra, que quieren traer a Aragón el vertido. Y hay dudas de si esas comunidades autónomas tienen la obligación de tener su propio vertedero, o si las que tenemos ese problema resuelto tenemos que recibir el amianto de aquellas comunidades autónomas que no han hecho su trabajo.
Igual que, a veces, criticamos lo que nos hemos encontrado, yo tengo que decir que el servicio en Aragón que yo me he encontrado con Aragersa funciona razonablemente bien.
¿Qué estamos haciendo? Hemos presentado hace un mes el nuevo Plan GIRA, que ahora se llama GIRAPEC, porque al plan GIRA le hemos incorporado la prevención y la economía circular. Se ha presentado ya, en un proceso participativo, en Zaragoza, Huesca y Teruel, y estamos en el periodo de mejora de ese plan, que tiene una parte dedicada al amianto.
Este es el problema que tenemos, que en Aragón lo estamos haciendo bien, pero otras comunidades autónomas no solo no lo han hecho bien ni lo están haciendo bien, sino que algunas no tienen intención de hacerlo y lo que quieren es traer los residuos a otro sitio. Y ahí estamos, con la Comisión Nacional de la Competencia y con algunos tribunales, viendo al final en qué se concreta.
Nosotros, con el Plan GIRAPEC, vamos a ayudar a los ayuntamientos a resolver el problema o vamos a intentar ayudar a resolver el problema.
Usted me decía antes cosas que cuando las he leído, me ponen los pelos de punta, y así me lo explica la directora general de Calidad Ambiental. El amianto —también lo ha dicho usted— es un residuo peligroso que debe destinarse a vertedero obligatoriamente. No puede reutilizarse ni reciclarse, está expresamente prohibida su fabricación y su reutilización. Debe ser retirado de los edificios en los que se encuentra cuando se proceda a la rehabilitación o reforma de los edificios. Está completamente exento de la obligación de ser tratado antes de ser eliminado en vertedero. Asimismo, las estructuras con amianto ni siquiera pueden romperse o manipularse cuando se vierte, pues, el polvo que genera, genera a su vez un grave riesgo para la salud. Los vertederos de amianto requieren, asimismo, vasos específicos de asbestos, que es la terminología técnica del amianto, para su eliminación, y necesitan la correspondiente autorización ambiental integrada por parte del Inaga.
Como les decía, la sociedad Aragersa lo está gestionando bastante bien, pero lo que nos encontramos es, una vez más, un grave incumplimiento por parte del Gobierno de España, que impone a los ayuntamientos obligaciones, no da fondos a las comunidades autónomas ni a los ayuntamientos para resolver el problema, pero el Gobierno de Aragón no dejará en la estacada a los ayuntamientos y contarán con nuestra colaboración para la paulatina eliminación de este gran problema de salud, porque es un gran problema de salud, y la obligación de los ayuntamientos es tenerlo resuelto antes de 2028, y ahí contarán con la ayuda del Gobierno de Aragón. [Aplausos].
El señor vicepresidente primero (CELMA ESCUIN): Gracias, señor consejero.
Señor Guitarte, tiene la palabra.
El señor diputado GUITARTE GIMENO: Gracias, señor consejero.
Varias directivas europeas han puesto énfasis en las medidas para la protección de los trabajos contra los riesgos relacionados con esta exposición al amianto durante el trabajo. La oleada de renovación para Europa —una traducción un poco del inglés, un poco peculiar, lo de «oleada» digo—, cuyo objetivo es descarbonizar los edificios, luchar contra la pobreza energética e impulsar la soberanía de la Unión Europea mediante la eficiencia energética, promueve que se dé prioridad a la retiradas y eliminaciones seguras de los materiales que contienen amianto, ya que la reparación, como usted bien ha dicho, el mantenimiento, la encapsulación o el sellado pueden dar lugar al aplazamiento de la retirada, cuando realmente lo que se quiere es que se retiren, porque todo lo demás puede perpetuar los riesgos de exposición de los trabajadores.
De acuerdo con la Ley 7/2022, de residuos contaminados para una economía circular, sería necesario conocer con precisión y rigor la superficie afectada en cada municipio de Aragón por instalaciones de amianto. Y, básicamente, ahí es donde quería centrarse nuestra interpelación. Sabemos que se les impone a los ayuntamientos una normativa estatal, pero los ayuntamientos, con ayuda de la comunidad autónoma, deben hacer el esfuerzo de conocer con precisión y con rigor qué superficies o qué áreas tienen afectadas. Todo material que se sospeche que contiene amianto debe ser considerado y gestionado como material con amianto, aunque solo sea una sospecha.
Por ello, le preguntamos, en función de los protocolos previstos en esta Ley de residuos y economía circular, si se están aplicando en Aragón y si nos puede decir cuántas actuaciones se han realizado en Aragón y a qué superficies han afectado las actuaciones de retirada.
¿Cuántos ayuntamientos, si es que lo ha hecho alguno, han completado los censos de instalaciones y emplazamientos con amianto?
¿Cuál es la superficie afectada y el número de inmuebles e instalaciones en Aragón que están afectados por este residuo?
Y coincidirá con nosotros que sería necesario disponer de una información rigurosa y bien organizada acerca de cuántos edificios e infraestructuras tienen todavía amianto en Aragón, y saberlo para cada municipio y para cada comarca. Y sobre esta información, los calendarios de retirada, a los que también obliga la ley, nos deberían informar cómo y en cuántos metros cuadrados es necesario actuar, a qué niveles, si a nivel autonómico o a nivel comarcal.
Parece evidente que desde la entrada en vigor de la citada ley, los avances en Aragón están siendo muy lentos, en especial, por la falta de coordinación y de impulso y por la inexistencia, como usted también ha citado, de recursos públicos para esta finalidad. Y usted nos debe explicar si su departamento tiene o no una actitud proactiva con esta política o si simplemente se deja llevar, o si prefieren estirar el calendario hasta 2028 o hasta 2032. Para nosotros, la adecuación y la actuación deben ser urgentes.
Cabe recordar que el paso del tiempo puede incrementar el riesgo de la salud pública. No es una cosa intranscendente que lo hagamos ahora o que lo hagamos para 2028 o para 2032. Y en esta cuestión y para los edificios públicos, la fecha que usted ha mencionado es la que se refiere a los edificios públicos, y la ley fija el plazo en el año 2028; para el conjunto del resto de los edificios, para todos los privados, sería hasta 2032. Pero ya en el año 2020, el 65% de los materiales instalados habían agotado su vida útil; en el 2030, lo habrá hecho el 87%, y en el 2040, el 100%. En ese momento, los riesgos son todavía mayores.
Comisiones Obreras presentó, en marzo de 2022, un informe detallado, con una edición específica para Aragón, en el que se instaba al Gobierno de España y a los de las comunidades autónomas a que considerasen los riesgos del amianto y su necesaria erradicación como aspectos prioritarios de las políticas de salud pública, dando la financiación necesaria para llevar a cabo su eliminación organizada y estructurada. Y también se animaba —es otro aspecto que podemos contemplar— desde la comunidad autónoma a aprovechar los fondos europeos para retirar el amianto instalado. Fondos europeos que ya los hubo parcialmente en el Plan de Recuperación de Transformación y Resiliencia que se activaron con el Real Decreto 853 del 2021, en el que se regulaban programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social, y en el que se preveían ayudas adicionales y complementarias, hasta un máximo, que tampoco era mucho, de mil euros por vivienda o doce mil euros por edificio, con objeto de que en esa intervención se retirasen los materiales de amianto.
Por eso, le preguntamos: ¿sabe cuántas ayudas se han gestionado en Aragón con ayudas a la rehabilitación de viviendas y con retirada de amianto? ¿Ha habido alguna?
¿Se han combinado, por ejemplo, como han hecho otras comunidades autónomas, ayudas para retirar tejados de uralita y, a su vez, instalar placas fotovoltaicas?
¿Tiene prevista la Consejería de Medio Ambiente y Turismo implantar ayudas destinadas a los ayuntamientos y a las comarcas para completar o para realizar ese censo de instalaciones y emplazamientos a los que les obliga la ley?
¿Y tiene previsto impulsar —y esta es una propuesta que sabíamos, y estoy finalizando ya— ...
El señor vicepresidente primero (CELMA ESCUIN): Gracias.
El señor diputado GUITARTE GIMENO: ... un plan director en Aragón para la retirada del amianto en el periodo 2025-2032, para coordinar todas las medidas y para acelerar esta política? Y ¿ha recabado ayudas o fondos europeos para la erradicación del mismo, o piensa hacerlo?
Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (CELMA ESCUIN): Gracias.
Señor consejero, su turno.
El señor consejero de Medio Ambiente y Turismo (BLASCO MARQUÉS): Señor Guitarte, yo les invito a que —no sé si lo han hecho ya— estudien el Plan GIRAPEC, y dentro del proceso de participación en el que estamos en este momento, hagan las aportaciones que estimen convenientes.
Sí que tiene el Plan GIRAPEC una memoria económica global, y en función de lo que se acuerde, con la aprobación definitiva del Plan GIRAPEC, habrá que poner la dotación presupuestaria correspondiente para dar cumplimiento a este compromiso de ayudas a los municipios que, como hemos dicho, tanto usted como yo, están completamente desprotegidos por la normativa estatal, que te impone obligaciones y no te da ninguna de las soluciones.
A este Plan de gestión de residuos y de economía circular le poníamos 24-30; cuando ya se apruebe definitivamente será 25-30. Incluye, además del análisis actualizado de la situación de la gestión de los residuos de Aragón, una exposición de medidas que deben de tomarse para mejorar la prevención, la preparación, la reutilización, el reciclado, la valorización, la eliminación de los residuos de forma respetuosa, como no puede ser de otra forma, con el medio ambiente.
El Plan contiene medidas a adoptar para alcanzar los objetivos legales exigidos por nuestro criterio, pero también por la Unión Europea, así como los propuestos por el propio Plan, incluyendo políticas generales para la gestión de residuos, tecnologías, métodos de gestión de residuos previstos y políticas sectoriales.
El Plan GIRAPEC, además, se adapta a la realidad territorial existente, considerando la heterogeneidad de la distribución geográfica de la población aragonesa, de la actividad económica, de la generación de residuos y los mayores costes que supone la recogida y gestión de residuos en los ámbitos de menor densidad de población y de actividad económica. Así que el Plan se adapta a la realidad existente en Aragón y también es respetuoso con el principio de autonomía local, porque no puede ser de otra forma, en el ejercicio de sus competencias.
Decíamos que el artículo..., o le digo que el artículo 12 de la Ley 7/2022, que regula las competencias de las distintas Administraciones públicas en materia de residuos, atribuye a las comunidades autónomas la aprobación de los programas autonómicos de prevención de residuos y de planes autonómicos de gestión de residuos, y le endosa, si me permiten la expresión, a las entidades locales el servicio obligatorio de recogida, transporte y tratamiento de residuos domésticos generados en hogares, comercios y servicios, y la prestación de este servicio se puede llevar directa o indirectamente. Cómo se nota que la que es concejal de un ayuntamiento asiente con la cabeza porque lo sufre en su municipio. [Aplausos].
Podríamos hablar también de los residuos de construcción y demolición, entre los que se encuentran también el amianto, y de lo que más me preocupa en este momento, que es el tráfico de residuos entre comunidades autónomas, donde cada uno está intentando resolver su problema y, en ocasiones, endosándoselos también, como hace el Ministerio, a la comunidad vecina.
En este momento, no tienen vertederos de amianto ni Navarra, ni la Comunidad Valenciana, ni Murcia. ¿Qué hacen con esos residuos de amianto? Pues, intentan traerlo a Aragón. Y desde la Dirección General de Calidad Ambiental, estamos viendo cuál es la posición que el Gobierno de Aragón tiene que adoptar ante este trasiego de residuos de unas comunidades a otras, porque lo que no puede ser es que quien lo ha hecho bien tenga que apechugar con la responsabilidad de los que lo han hecho mal, y en eso está mi consejería, en defender los intereses de Aragón, siempre en el cumplimiento de la ley.
Muchas gracias. [Aplausos].
El señor vicepresidente primero (CELMA ESCUIN): Gracias, consejero.
Pasamos al siguiente punto del orden del día: pregunta relativa a las medidas para la recogida de lana en 2025, formulada al consejero de Agricultura por parte del señor Peralta.