Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

El señor diputado ALASTUEY LIZÁLDEZ: Gracias, presidenta.
Buenas tardes.
Volvemos a hablar de memoria democrática. Sabíamos que volveríamos a hacerlo. Y volvemos a hacerlo porque ha habido organismos internacionales..., en este caso, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que, a través del informe de tres relatores, ha puesto en cuestión la derogación de las leyes de memoria democrática en diversas comunidades autónomas y su sustitución por leyes de concordia.
Todo esto parte, evidentemente, en nuestra comunidad autónoma de la primera iniciativa que tomaron ustedes, que, además, fue una iniciativa tomada por los grupos parlamentarios y no por el Gobierno, fruto del acuerdo de gobernabilidad entre Vox y el Partido Popular, de derogar la Ley de memoria democrática sin más, sin más. ¿Qué ha ocurrido posteriormente? Lo que ha ocurrido posteriormente es que otras comunidades autónomas gobernadas por la misma coalición, por Partido Popular y Vox, han intentado también derogar esas leyes de memoria democrática, sustituyéndolas por las llamadas «leyes de concordia». Aquí las leyes de concordia fue una cosa que se sacó de la manga el Gobierno para decirnos que no pasaba nada, que iba a seguir habiendo políticas de memoria, pero en otras comunidades autónomas se han convertido en proyectos de ley que lo que persiguen es derogar la memoria y sustituirla por leyes con un contenido completamente distinto.
Ante eso, el Gobierno de España ya anunció, yo no sé por qué después ha habido tanta sorpresa, que defendería con todos los medios legales a su alcance la memoria democrática. Y lo hizo diciendo que utilizaría su capacidad de recurrir al Tribunal Constitucional y lo hizo diciendo que podría recurrir a organismos internacionales para restablecer las políticas de memoria. Y eso es lo que hizo el Gobierno español: informar al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y de ahí viene ese informe que causó tanto revuelo en los primeros días del mes de mayo y que está fechado el 30 de abril de este mismo año.
La reacción del Gobierno de Aragón a mí me sorprendió, porque, lejos de ser una reacción mesurada, una reacción —valga la redundancia— gubernamental, en la que lo que se hiciera fuera seguir los procedimientos, lo que se pretendió fue ridiculizar y desacreditar la labor de los relatores de Naciones Unidas. El Gobierno de Aragón protagonizó una rueda de prensa en la que su portavoz y vicepresidenta segunda y la consejera de Presidencia analizaron el informe y dijeron básicamente tres cosas. En primer lugar, que era un informe inducido por información del Gobierno central y plagado de errores, falsedades y bulos. Eso se repitió varias veces y, por tanto, creo que sería importante para la vicepresidenta esa sucesión de adjetivos: «errores», «falsedades» y «bulos». Yo lo único que he visto en ese informe es algún error, evidentemente, inducido, porque aquí no hay una ley de memoria que vaya a sustituir a la Ley de memoria democrática, pero, claro, acusar a los relatores de Naciones Unidas de mentir y, sobre todo, acusar a los relatores de Naciones Unidas de difundir bulos, es decir, de mentir para lograr un fin político, va mucho más allá no ya de la lealtad institucional, sino de cualquier atisbo de educación política hacia el resto de las instituciones.
Lo acabó de arreglar el señor Azcón, que envió una carta al señor António Guterres mintiendo al señor Antonio Guterres, mintiendo porque, aparte de reafirmarse en los argumentos que dieron la vicepresidenta segunda y la consejera de Presidencia, añade una mentira como que es que se ha elevado en un 10% una partida del presupuesto absolutamente inexistente, decir que va a extender las políticas de memoria no solo a la Segunda República, sino a todos los fenómenos de terrorismo —no sé qué tiene que ver eso con la memoria democrática— y decir que se había condenado en Aragón el franquismo y los crímenes del franquismo. Yo espero que en el plan de memoria democrática figure como plan del Gobierno PP-Vox una condena explícita del franquismo, de sus crímenes y del golpe de Estado del 18 de julio de 1936. [Aplausos].
Pero es que, para mayor desfachatez, se dedica el Gobierno a decir que lo que estas Cortes han derogado no está derogado y se dedican a decir que la página web está vigente, que el mapa de fosas está vigente, que el mapa de lugares está vigente. Entren ustedes, señores del Gobierno, señora vicepresidenta segunda, en la página de memoria democrática del Gobierno de Aragón, entre en el apartado de normativa. Se han olvidado de incluir la derogación de la memoria democrática. [Aplausos]. Entonces, seguramente no es que quieran mantener ustedes vigente eso: seguramente es desidia.
Mire, ya no nos creemos nada de lo que ustedes dicen, no nos creemos que el informe que va a hacer el Gobierno vaya a ser objetivo, y por eso traemos una iniciativa en la que queremos que sean las Cortes de Aragón, que han sido, de hecho, las que han derogado la Ley de memoria democrática, las que habiliten un mecanismo para que nosotros, los grupos parlamentarios, pluralmente, de estas Cortes de Aragón informen al Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas acerca de lo que pensamos sobre la derogación de la Ley de memoria democrática. Eso es lo que pedimos: un informe objetivo nada sesgado, sino algo que de verdad restablezca el respeto institucional de nuestra comunidad autónoma. [Aplausos].

El señor vicepresidente primero (CELMA ESCUIN): Gracias.
Señor Izquierdo. Señor Izquierdo, su turno.

El señor diputado IZQUIERDO VICENTE: Gracias, señor vicepresidente.
Señor Alastuey, en el Partido Aragonés vamos a hacer lo mismo que hicimos en su momento: nos vamos a abstener. No entendemos qué pueden aportar los grupos que no aporte la información que legalmente puede aportar el Gobierno, la verdad. Tampoco entendemos que esta ley, que se derogó... Sí que es verdad que la consejera dijo que seguía la partida económica para la exhumación de las fosas y sigue. Si usted dice que ni aparece la derogación... Fíjese bien a ver si no la han derogado. Igual no la han derogado. Yo creo y creemos que esto no aporta nada, no aporta nada absolutamente a los cambios legislativos que está habiendo. Hay un cruce de cartas entre el Gobierno de Aragón y Europa. Que lo resuelvan ellos, que el Gobierno de Aragón, hombre, legítimo es, señor Alastuey. No creo que tengamos que ir nosotros a decirles a los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón si hacen su trabajo bien o no. Por lo tanto, me voy a abstener, porque creo que esto no aporta nada.
Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (CELMA ESCUIN): Gracias, señor Izquierdo.
Señor Sanz.

El señor diputado SANZ REMÓN: El Partido Popular y Vox van a pasar a la historia de los anales de la ignominia, de la infamia, a nuestro juicio, en este Parlamento por ser capaces en apenas diez meses de legislar contra uno de los principios fundamentales en materia de derechos humanos que rigen para todos los países, que es el principio de no regresividad. Lo debatíamos el día que trajeron a colación la propuesta de derogación de la Ley de memoria democrática. No se pueden derogar aquellas cuestiones que desarrollan los tratados que tenemos suscritos, tal y como determina el artículo 10 de nuestra Constitución española. Eso no se puede hacer y eso es lo que, evidentemente, ha venido a decir el relator de las Naciones Unidas. ¿Y qué nos encontramos? Que es culpa de Sánchez, que el relator miente o, peor aún, que la ONU es cómplice de terrorismo, que eso también lo hemos leído en boca del vicepresidente del Gobierno de Aragón. En fin, señorías, estamos pasando a la historia de la vergüenza parlamentaria y ustedes saben que esto va a acabar en el Constitucional. Y solo por eso ya es vergonzoso. A mí lo que más me preocupa, señorías del Partido Popular, es que son ustedes —y no se dan cuenta— los que cotidianamente están dando alas precisamente a estos discursos en todos los ámbitos, no solo en el cultural o en el ideológico, como es el caso: también en el económico, como hemos visto esta mañana en el debate de la ley del impuesto de las renovables. Y ustedes están permitiendo esto, ustedes son los que están amparando estas cuestiones. Y es profundamente preocupante.
Votaremos que sí, evidentemente, y mañana debatiremos profundamente también con la consejera de Presidencia.

El señor vicepresidente primero (CELMA ESCUIN): Gracias.
Señor Soro, tiene la palabra.

El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, presidente.
Señor Alastuey, voy a ser muy breve. Suscribo todo lo que ha dicho. Vamos a votar a favor de la iniciativa. Realmente, tenemos una situación que no deja de ser curiosa. La derogación de la Ley de memoria democrática —no solo la derogación, todo lo demás que dice en su artículo único la Ley de memoria democrática, que es tan grave como la propia derogación— no surge del Gobierno: surge de una proposición de ley de los grupos que se presenta en la fecha más facha del año, justo en la fecha más franquista del año, y se aprueba por estas Cortes. Es decir, cuando alguna vez he intentado hablar de esto con la consejera competente, se excusaba ya en su momento, casi se excusa ahora, de que esto no va con ellos, que era una cosa de las Cortes, que era una cosa de los grupos. Y, efectivamente, nace como proposición de los grupos y la aprueba este Pleno. Es decir, que realmente el Gobierno poco tiene que ver. Por lo tanto, tendría todo el sentido lo que usted plantea: que quien debería defender la derogación deberían ser estas Cortes. Menos mal que van a votarla en contra, porque, si nos tuviéramos que sentar usted y yo a defender frente a Naciones Unidas lo que ha hecho el PP y Vox, no se nos ocurrirían, creo, argumentos. Vamos a votar a favor, insisto. Seguiremos hablando mucho de memoria democrática, espero, porque, desde luego, ni ustedes ni nosotros nos rendimos.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Soro.
Turno ahora para el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señor Arranz, su turno.

El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Gracias, señora presidenta.
Como bien saben, aunque sus medios de comunicación afines y activistas de tertulia —en nómina, por supuesto— quieran confundirnos e intenten hacer creer lo contrario, la ONU no ha pronunciado ni emitido ninguna directriz ni ninguna resolución sobre nuestras leyes autonómicas en materia de memoria democrática. Lo saben perfectamente. Únicamente son tres supuestos..., bueno, tres relatores de la ONU que son activistas y militantes izquierdistas, muy claramente determinados, que han comparecido en el Congreso siempre de la mano de Podemos, Esquerra Republicana, Bildu, casualmente. Y lo único que hicieron fue responder a una denuncia presentada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez con una comunicación a España para preservar la memoria histórica frente a las leyes de concordia tramitadas por Vox o impulsadas por Vox en los Gobiernos de Comunidad Valenciana, Castilla y León, y nuestra derogación de la Ley de memoria democrática de Aragón. Por supuesto, nosotros no aceptamos a tales relatores como neutrales e independientes porque son meros activistas políticos de izquierdas, no aceptamos ninguna injerencia en nuestros parlamentos y en nuestra actividad legislativa autonómica, y las leyes de concordia o nuestra derogación de la Ley de memoria democrática no atentan en absoluto a ningún derecho fundamental ni derecho humano. Simplemente eliminamos leyes totalitarias, liberticidas y totalitarias sectarias.
Gracias. [Aplausos].

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Arranz.
Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular. Señora Marín.

La señora diputada BUJ ROMERO: Señora presidenta, disculpe, ¿nuestro turno de palabra?

La señora PRESIDENTA: Señora Buj. Sí, efectivamente, no está en el orden del día, pero, señora Buj, su turno.

La señora diputada BUJ ROMERO: Gracias, señora presidenta.
Apoyaremos la proposición no de ley en línea de nuestras intervenciones y votación en el Pleno cuando tuvimos que pronunciarnos sobre la ley que derogó la anterior Ley de memoria democrática en Aragón.
Creemos que es adecuado que la Mesa y Junta de Portavoces habiliten un procedimiento para que los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón informen a los relatores de Naciones Unidas sobre su posición y visión acerca de las consecuencias de la aprobación de la Ley 1/2024, de derogación de la Ley de memoria democrática.
Y les voy a contar qué les diríamos nosotros o qué les diremos nosotros a los relatores.
Nosotros explicaremos nuestra visión y trasladaremos a los relatores de la ONU la publicación de un sacerdote que vivió en primera persona algunos hechos, Gumersindo de Estella, fraile capuchino en el convento de esta orden en Zaragoza, en la iglesia de San Antonio, en el barrio de Torrero, y capellán de los condenados a muerte durante la guerra civil y los primeros años de posguerra de la cárcel de Torrero. Sus memorias, publicadas por otros dos historiadores y sacerdotes capuchinos, relatan el desgarro de una persona que contempla impotente las ejecuciones sin juicio, sin defensa, a veces por acusaciones y denuncias y otras por causas banales de mil setecientas personas. Documentan estos asesinatos en Zaragoza con pelos y señales hasta el año 1942. Explicaremos que los datos de víctimas no son abstracciones, sino datos reales sumados uno a uno. Por eso mostraremos el trabajo del equipo de investigadores dirigidos por Julián Casanova, que, ratificando las memorias de Gumersindo de Azcárate, pudieron identificar que en Zaragoza tres mil quinientas cincuenta y tres personas fueron ejecutadas durante la guerra civil entre 1936 y 1939, y hasta el 20 de agosto de 1946, fecha del último fusilamiento en la tapia trasera del cementerio de Torrero. Y les mostraremos también el memorial a las víctimas de la guerra civil y hasta nuestros días que se erige en Zaragoza, en el cementerio municipal de Torrero, para dar cumplimiento al acuerdo plenario del 25 de septiembre de 2009, en el que —importante—, por unanimidad de todos los grupos políticos, se acordó honrar la memoria de las víctimas del franquismo tras el tiempo de olvido transcurrido desde julio de 1936 hasta nuestros días. También informaremos que en Aragón existen quinientas ochenta y nueve fosas, en las que se estima que hay enterradas hasta diez mil víctimas. También, evidentemente, cerraríamos esta intervención, aparte de sumar otras muchas cuestiones, con la frase que hay en el memorial: «Una contribución a la recuperación de nuestra memoria histórica colectiva, porque solo recuperándola puede sanar».
Como ven, señorías, yo estoy convencida de que, cuando subo a este estrado, en ocasiones se me escucha. Como pueden ver, mis palabras de hoy no son nuevas: ya las habíamos dicho, porque estamos convencidos desde Aragón-Teruel Existe de la importancia de la palabra para construir y para avanzar como sociedad. Seguiremos repitiendo el mensaje, a ver si con ello se llega a buen puerto y se rectifican las decisiones que están mal tomadas, decisiones que no nos llevan a ningún lado como sociedad. Solo siguen ahondando en las heridas.
Muchas gracias. [Aplausos].

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Buj.
Ahora sí: Grupo Parlamentario Popular, señora Marín.

La señora diputada MARÍN PÉREZ: Muchísimas gracias, señora presidente.
Señor Alastuey, el informe al que hace referencia esta proposición no de ley no se dictó por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sino por tres relatores a los que la ONU ni ha reconocido como pertenecientes a esa organización, ha manifestado que no cobran de ella y, además, también ha manifestado que no expresan la opinión de esta organización. La ONU no reconoce ese informe, el 4 del 2004, la ONU no tiene competencias legislativas sobre las comunidades autónomas y, en todo caso, quien tendría que contestar a estos relatores sería el Gobierno de Aragón, nunca las Cortes de Aragón, porque son quienes tienen la competencia del Ejecutivo y a ellos van dirigidos. Con lo cual, señor Alastuey, podemos empezar, si le parece, a respetar la separación de poderes en esta casa.
Gracias. [Aplausos].

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Marín.
Pasamos a la votación de la proposición no de ley.
Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta presentes. Sesenta y un emitidos. Votos a favor, veintinueve; en contra, treinta y uno; abstenciones, una.
Explicación de voto.
¿Señor Izquierdo?
¿Señor Sanz?

El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: A mí me gustaría aclarar una cosa, señorías, porque están diciendo cosas que no se ajustan a la realidad: los relatores especiales son titulares de mandatos directos, además, del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. No cobran precisamente para ser independientes y poder emitir informes independientes. Son titulares de mandatos directos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dentro de una figura que se llama Procedimientos Especiales para la Prevención y para la Verificación de las Violaciones de Derechos Humanos. Yo les aconsejo que no denosten las herramientas de las que nos hemos dotado multilateralmente a escala internacional, como las Naciones Unidas y todas sus herramientas y mecanismos, porque se están haciendo una fotografía bastante bastante desafortunada, especialmente ustedes, señora Marín.

La señora PRESIDENTA: Gracias.
¿Señora Buj?
¿Señor Soro?
¿Señor Arranz?
¿Señor Alastuey?

El señor diputado ALASTUEY LIZÁLDEZ [desde el escaño]: Gracias, presidenta.
Gracias a los que han votado a favor de la proposición no de ley. Yo creo que sí que había posibilidades, según el reglamento, de articular algún mecanismo para expresar la opinión de los grupos parlamentarios de estas Cortes ante los relatores de Naciones Unidas para que pudieran completar su informe y a partir de ahí tomar decisiones. Y a mí lo que me extraña muchísimo... Ya me quedé un tanto perplejo cuando la consejera de Presidencia, el otro día, en la tribuna dijo que eso era una agencia externa. Hoy la señora Marín nos dice que estos señores son poco menos que tres impostores que le han mandado una carta al Gobierno de España y que, por lo visto, se dedican a hacer estas cosas porque les gusta. Oiga, ¿cuándo se enteraron, antes o después del día 6 de mayo? Porque, el día 6 de mayo, el señor presidente del Gobierno de Aragón le envió una carta al secretario general de Naciones Unidas contestando a los relatores. [Aplausos]. ¿Todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana y a partir de ahí el presidente del Gobierno de Aragón contesta? Yo espero que recuperen —se lo he dicho en la tribuna— el respeto institucional y la lealtad institucional. Mire, reacciones como las del Gobierno de Aragón, como la que usted ha tenido aquí o como la que tuvo el vicepresidente del Gobierno, hablando del consejo Jedi, a mí me parecen poco respetuosas con una institución tan importante como es el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. [Aplausos]. A lo mejor es que ustedes no se los creen mucho, pero nosotros sí que nos lo creemos.
Gracias, presidenta. [Aplausos].

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Alastuey.
Continuamos con el siguiente punto del orden del día, número dieciséis: debate y votación de la proposición no de ley número 281/24, sobre acciones para paliar los efectos de la sequía en el campo aragonés, presentada por la Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés.
Señor Izquierdo, su turno para la presentación y defensa. Cinco minutos.