Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón
Interpelaciones
Interpelación núm. 58/22, relativa a la política del Gobierno de Aragón en materia de mediación, en particular su implantación como alternativa a la resolución de conflictos.
Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón n°: 070 de Plenos (X Legislatura)
Intervinienen: García González, Beatriz - Pérez Esteban, María Teresa
La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señora consejera.
Le interpelo en relación, como otras veces ya lo hemos hecho, con un tema que yo creo que a usted y a mí nos preocupa, que es el tema de la mediación como alternativa a la resolución de los conflictos, tema del que muchas veces hemos debatido, como le digo, usted y yo juntas.
Mire, de primeras y para contextualizar lo que es la interpelación concreta, vamos a hablar de una serie de puntos que me parecen importantes, como le digo, para contextualizar la interpelación.
En primer lugar, tenemos que se han celebrado unas conferencias sectoriales de justicia, de las que también hemos debatido en más de una ocasión, para el reparto de los fondos. Que en estas conferencias sectoriales de justicia había una serie de programas, en esos programas estábamos hablando de la mediación digital, la carpeta ciudadana, etcétera, y había un programa que era el programa MASC, que son los medios alternativos de solución de conflictos, entre los que se incluía la mediación. En esas conferencias sectoriales de justicia y en relación con los programas MASC, Aragón no ha participado de ningún programa o no ha percibido ninguna cantidad en relación con los programas MASC, y estamos hablando de los fondos europeos y las conferencias sectoriales. Primer tema que quiero contextualizar.
Segundo. Ustedes tienen firmado un convenio con el Consejo General del Poder Judicial a través del cual la comunidad autónoma se compromete, el Gobierno de Aragón se compromete a formar e informar en mediación, a incluir en el Servicio de Orientación Jurídica la mediación y también a reservar espacios o a buscar espacios de consenso para ejercer la mediación. Segundo tema que quiero contextualizar.
Tercero. Presupuesto de mediación para presupuestos de la comunidad autónoma, ciento cincuenta mil euros. Esta cantidad disminuyó ya hace un par de años y de esos ciento cincuenta mil euros, por la última información que yo tengo, que es en concreto a una solitud de información que yo le formulé y que usted me ha contestado recientemente..., al parecer tenemos el convenio de arbitraje con la Cámara de Comercio para los inquilinos y los propietarios, por otro lado tenemos el convenio con la universidad, que creo que son unos treinta y cinco mil euros, aproximadamente, y por otro lado tenemos que están ustedes todavía estudiando cómo se va a reformular el tema de las subvenciones a entidades, fundaciones, etcétera, para desarrollar lo que es la mediación judicial e intrajudicial.
Este es el panorama que ahora mismo tenemos en Aragón respecto a la mediación, contextualizando y yendo a lo que es la interpelación. En este panorama, que es con el tenemos que jugar, resulta que tenemos que el Gobierno de España tiene en mente, y se está debatiendo además, tres proyectos que van a dar un revulsivo a la justicia: por un lado, el proyecto de ley de eficiencia procesal, al que me voy a referir, el de eficiencia digital y el de eficiencia organizativa.
El de eficiencia procesal, que es en la cuestión de la interpelación. En ese proyecto de ley de eficiencia procesal hay muchísimas cuestiones, pero una de ellas y fundamental es precisamente potenciar la mediación. ¿Cómo se potencia esa mediación? Como le digo, es un proyecto, pero sí es cierto que se le da una vital importancia con el objetivo fundamental de aligerar la carga judicial. Ese es el objetivo fundamental, ese y, además, hacer partícipe a la ciudadanía de lo que es la impartición de justicia, es decir, que aquellos ciudadanos que en un momento dado tengan que acudir a la justicia tengan la posibilidad de solucionar sus problemas por una vía alternativa.
Todos sabemos que, además, la mediación en el fondo es una buena solución a los conflictos porque la solución la dan las propias partes, ayudadas por un mediador, un árbitro, depende del tipo de mediación de la que estemos hablando, y al final la solución a la que llegan las partes es mucho más sencilla de cumplir porque ellas mismas han sido las que, impulsadas por un tercero ajeno, han llegado a esas conclusiones, y, por tanto, estadísticamente, se sabe que los cumplimientos son mucho más razonables.
¿Qué ocurre? Que esta ley de eficiencia procesal, que potencia los medios alternativos y potencia la mediación entre ellos, así como la conciliación y el arbitraje, establece como requisito de procedibilidad, de admisión de la demanda... Quiere decir que, para tú actuar judicialmente, te va a exigir en determinados procedimientos haber intentado una mediación, y, de hecho, es una forma de potenciar la mediación. Esto es lo que tenemos sobre la mesa, porque, además, la exposición de motivos de la propia ley de eficiencia procesal habla de que quiere que esta ley esté en vigor antes de finales del año 2022, es decir, de este año.
Nos encontramos pues, por tanto, conque es muy posible que esta ley la tengamos encima de la mesa rápidamente y que tengamos que actuar. Porque, tal como le he explicado, ahora mismo la situación que tenemos de la mediación en Aragón no es compatible con lo que nos viene a decir la ley de eficiencia procesal, hay que arbitrar una serie de mecanismos precisamente para poner en marcha y para dar respuesta a lo que es en concreto esa ley de eficiencia procesal. Y es precisamente a eso a lo que yo me refiero: temas importantes de la ley de eficiencia procesal en cuanto a la mediación que nos corresponden. Porque esta misma ley habla de cogobernanza, es una de las cuestiones de las que habla para poner en marcha todos y cada uno de los proyectos.
Temas importantes de la mediación. En primer lugar, ¿qué va a pasar con la justicia gratuita? Porque en la mediación hay personas que van a poder pagar un mediador, evidentemente, pero hay personas que, dentro de los límites que establece la justicia gratuita, van a tener que recurrir a un mediador, vamos a llamarlo, «de oficio», como lo queramos llamar. ¿Se va a implantar alguna especie de turno de mediación de oficio?, es una de mis primeras preguntas. ¿O, por el contrario, vamos a ir a lo que está demandando el TSJA?, que en dos memorias está diciendo que es necesario de alguna forma arbitrar un sistema a través, por ejemplo, de una unidad de mediación judicial, sería otra opción. ¿Qué está barajando que el Gobierno?, ¿una unidad de mediación judicial?, ¿está barajando un turno de oficio? Y me refiero a todas estas personas que, irremediablemente y por cumplimiento de la ley, van a tener que acabar en la mediación.
¿Hay alguna propuesta de una ley autonómica de mediación? Tenemos la de Ley de Mediación Familia, de 2011, pero a lo mejor también tenemos que impulsar algún tipo de ley, de legislación. ¿Hay prevista también alguna modificación del reglamento de justicia gratuita? Porque, claro, si en el reglamento de justicia gratuita aragonés vamos a incluir de alguna forma la mediación, ¿hay alguna intención de modificar ese reglamento de justicia gratuita?
En principio, estas son las preguntas que yo quiero manifestarle, espero su contestación. Y también de cómo va a arbitrar el Gobierno de Aragón esta nueva implantación de esta ley de eficiencia procesal, para que yo pueda en mi turno de réplica volver otra vez a insistir sobre el tema de la cogobernanza, que en el fondo nos compete a todos.
Muchas gracias. [Aplausos].
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.
Señora Pérez.
La señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales (PÉREZ ESTEBAN): Gracias, presidente.
Buenos días, señorías.
Señora García, estoy en principio completamente de acuerdo —lo hemos compartido en más de una interpelación, pregunta o reflexión— con todas las apreciaciones que usted realiza en la exposición de motivos, además de en la motivación de esta interpelación, en cuanto a que la mediación tiene que ser un instrumento, una herramienta alternativa con un triple objetivo: liberar cargas en las sedes judiciales, agilizar la resolución de conflictos que elijan precisamente esta vía y, por tanto, al final favorecer los intereses de quienes optan por estas opciones.
Es cierto también —y yo creo que lo comparte conmigo para hacer un debate riguroso y serio— que las directrices sobre la actividad mediadora eficaz, es decir, a la que recurran la mayoría de los ciudadanos como alternativa, llevan años sobre la mesa de algunas de las instituciones supranacionales más significativas. Y, por tanto, yo creo que la primera conclusión que tenemos que hacer es que no es nada fácil, señora García, articular la mediación como opción, como alternativa, frente al sistema judicial tradicional cuando vemos que, evidentemente, esta opción no se abre camino en el resto de países europeos y también, desde luego, en nuestro país y en la comunidad autónoma.
¿Qué es lo que creo que tenemos que hacer desde el Gobierno de Aragón y qué estamos haciendo desde la pasada legislatura? Por cierto, decía que Aragón no participaba en esas oficinas de MASC. Le aclaro. Sabe que en el sistema Avantius hemos establecido un grupo de trabajo en el que nos distribuimos precisamente las funciones y de alguna manera la adaptación que el sistema tiene que tener a las distintas políticas y estrategias del Ministerio. Tenemos un grupo de trabajo formado por Aragón, por Cantabria, por País Vasco y por Navarra, y en este caso Navarra es la encargada de defender y de trabajar precisamente este ámbito, trabajo que compartirá luego y del que seremos beneficiarias las cuatro comunidades autónomas que formamos ese grupo de trabajo.
Le decía que qué está haciendo el Gobierno de Aragón precisamente para intentar de alguna manera impregnar de esa cultura de la mediación, del interés, del beneficio que tiene, haciendo esa contribución para que la mediación avance y se haga un lugar y de alguna manera vayamos anticipándonos para que, cuando llegue la ley del Gobierno de España, cuando se instale con más brío la mediación como algo ya más obligatorio, dejando la voluntariedad, estemos mejor preparados desde la comunidad autónoma. Llevamos dos legislaturas intentando promocionar la mediación en los ámbitos, entendemos, más adecuados para ello: en el ámbito universitario, en las asociaciones profesionales relacionadas con la propia mediación, en el personal funcionario de justicia y en las entidades que de alguna manera están más relacionadas con esta propuesta.
No hemos estado parados, aunque, evidentemente, nuestros avances son tímidos, insisto, porque la sociedad no está preparada, y ahí sí que le reconozco que tenemos que redoblar esfuerzos desde todos los ámbitos para que la alternativa. la opción de la mediación, sea la más recurrida.
En la siguiente intervención daré más explicación de los hechos. [Aplausos].
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Señora García.
La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ: Gracias, señora consejera, por sus explicaciones.
La verdad es que sí que hay una cosa importante y me quedo bastante más tranquila cuando usted ha comentado que no hemos optado al programa de los MASC en las conferencias sectoriales porque han hecho ustedes una especie de grupo, «una especie» no, un grupo de trabajo con aquellos que compartimos la plataforma Avantius y va a ser Navarra, creo que he entendido, la que va a liderar ese grupo de trabajo en relación con los MASC.
Evidentemente, la mediación tiene que dar un impulso tremendo y, evidentemente, falta cultura de mediación, pero el problema es que nos vamos a encontrar con una ley donde la mediación va ser obligatoria. No estamos hablando ya de voluntariedad, estamos hablando de la obligatoriedad de la mediación y tenemos que prepararnos, tenemos que prepararnos, ustedes como Gobierno de Aragón tienen que prepararse por lo que le digo, porque cualquier persona particular en un procedimiento judicial va a poder contratar si quiere a un mediador. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen la suficiente capacidad económica? ¿Qué pasa con aquellos beneficios de la justicia gratuita, a los que también se les va a obligar primero a mediar? No quiere decir que si tú eres beneficio de la justicia gratuita vas a dejar de intentar una mediación. Eso tiene que estar preparado.
Tienen unos presupuestos por delante, entiendo. Tenemos una partida presupuestaria muy muy escasa. Con ciento cincuenta mil euros, de verdad se lo digo, es difícil llegar a alcanzar el objetivo de dar el servicio de mediación, y hay que darlo. Hay que dar formación, hay que dar información, pero también hay que dar el servicio como tal. Está muy bien la formación universitaria, está muy bien la formación y la difusión a los colegios profesionales, a los jóvenes, pero, irremediablemente, va a haber mediación;, estén formados, estén informados, da igual, va a haber mediación obligatoria. Y ahí es donde la comunidad autónoma, donde su Gobierno, donde su consejería, tiene que impulsarlo. Y le vuelvo a preguntar: ¿de alguna forma van a crear algún tipo de turno de oficio de mediadores? ¿Está entre sus planes? O, por lo contrario, ¿van a seguir las instrucciones..., bueno, «las instrucciones», las recomendaciones del presidente del TSJ creando una unidad judicial de mediación? Yo me imagino que sería con funcionarios, no sé exactamente, con un convenio, una subvención..., no lo sé, pero sí que deberíamos ya tener trazada cuál va a ser la vía para dar salida a esa mediación obligatoria.
Yo se lo he dicho muchas veces: en el acuerdo de gobernabilidad que ustedes firmaron hablaban de potenciar la mediación bajo el liderazgo de la comunidad autónoma. Tienen que potenciarla, es que ahora ya sí que no les queda más remedio. Hemos debatido muchas veces, yo siempre les he instado a que la mediación [corte automático del sonido] de verdad funciona, y de verdad aligerará los juzgados, y de verdad es una cuestión con la que los litigantes al final acaban satisfechos porque controlan su propia vida y no un tercero, y es muy importante sobre todo en temas tan importantes como la mediación familiar y las rupturas familiares, pero, desde luego, liderar la mediación por parte de la comunidad autónoma sin la preparación —que la tenemos aquí, tenemos la ley aquí— será complicado. Por eso espero que se pongan manos a la obra, empiecen a trabajar y con el presupuesto en la mano o como sea tengan preparada a Aragón para poder de verdad liderar la mediación.
Muchas gracias. [Aplausos].
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.
Señora consejera, su dúplica.
La señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales (PÉREZ ESTEBAN): Gracias, presidente.
Señora García, desde el Gobierno consideramos que, si la justicia ha sido capaz de absorber el concepto de «digitalización» —y yo quiero hacer un reconocimiento aquí de la mayoría de los actores que intervienen en el sistema judicial, de lo que se han adaptado y de cómo han recibido precisamente estos avances telemáticos—, no hay razón alguna para no procurar el siguiente paso, y es precisamente dar este paso, yo creo, cualitativo al sistema.
Pero necesitamos nuevamente la complicidad absolutamente de todos y cada uno de los actores. ¿Hemos hecho esfuerzos desde el Gobierno de Aragón? Sí. ¿Son insuficientes? Seguro. También desde el Gobierno de España, también desde la Unión Europea, es decir, es un elemento que tenemos como reto todavía para incorporar y para introducir en el sistema judicial y que la ciudadanía lo contemple como una alternativa real y que beneficia a todos los efectos porque, desde luego elimina conflictos, elimina también un espacio temporal que muchas veces el procedimiento judicial ordinario no permite. Pero es verdad que creo que exige la complicidad, y lo digo con todo el respeto, de todos los operadores.
Le tengo que decir que sí hemos hecho esfuerzo, que sí hemos seguido en época de pandemia, con las dificultades que hemos tenido, impulsando la mediación... Bueno, pues la sociedad no recurre a ella, y hemos hecho muchísimos esfuerzos y, desde luego, tenemos que implicar todavía más.
Hay que recordar que en enero de 2019 hubo un anteproyecto de ley de impulso de la mediación en el Congreso de los Diputados que fracasó por los avatares políticos, que de alguna manera superaba el modelo de mediación en cuanto a su carácter exclusivamente voluntario y planteaba esa obligatoriedad mitigada. Pero es cierto que ahora mismo tenemos la futura ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de justicia, que reforma, que recoge precisamente de forma amplia la legislación e introduce profundas modificaciones en este campo. Y, como usted decía, este proyecto de ley introduce los medios adecuados de solución de controversia, los más, que lo que quieren es reducir la litigiosidad y la judicialización y avanzar precisamente hacia la cohesión social.
Sin duda, estos mecanismos, este sistema... se trata de un cambio de cultura del litigio hacia la cultura, precisamente, del acuerdo. Cambiar la cultura del conflicto y del enquistamiento a la cultura del acuerdo a través de la mediación.
¿Qué estamos haciendo desde el Gobierno de Aragón para intentar adelantarnos, para intentar que no nos pille sobre todo con el pie cambiado cuando esté aprobado ese proyecto de ley, esa ley, y de alguna manera Aragón esté lo mejor preparado posible para ser eficaces y poder aplicarla cuanto antes? Le decía, hemos hecho un convenio con la Universidad de Zaragoza para fomentar la mediación; hemos sacado una serie de convocatorias a concurrencia competitiva, se han presentado treinta y dos proyectos; hemos hecho un convenio con el Colegio Profesional de Trabajadores Sociales, con un contrato para la prestación del servicio de sesión previa a la mediación familiar; trabajamos con la Asociación Aragonesa de Arbitraje y Mediación; también hemos hecho un convenio con el Consejo General del Poder Judicial y la comunidad autónoma en materia de promoción de la mediación intrajudicial... En definitiva, hemos subvencionado proyectos piloto con colegios de abogados, asociaciones, con la universidad. Hemos formado —decía usted— ya a funcionarios expertos en mediación que podrán gestionar esas oficinas que nosotros intentamos plantear, oficinas de mediación en el servicio común general procesal. Somos la única comunidad autónoma que en la modificación del decreto en el año 2016 incluimos y reconocemos la mediación como un procedimiento más dentro de la justicia gratuita.
En definitiva, señora García, nuestra obligación es preparar precisamente a la comunidad, diría yo, por la vía de los hechos hasta que la vía del derecho, de la normativa y de la obligación legal así lo exija. No es un asunto sencillo, yo creo que lo compartimos si hablamos desde la realidad y desde la objetividad, pero, desde luego, creo que el objetivo es tan relevante que merecen la pena todos los esfuerzos para conseguirlo.
Gracias de nuevo por su tono y siempre por sus interpelaciones constructivas. Gracias. [Aplausos].
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Continuamos con la interpelación número 62/22, relativa a la política general contra la despoblación en Aragón y el apoyo a empresas en zonas de baja densidad, formulada a la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales por el diputado señor Ledesma, del Grupo Parlamentario Popular.
Para lo cual, señor Ledesma, tiene la palabra.