Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

Interpelación núm. 66/12, relativa a los empleados públicos de Aragón.

La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, presidente.

Buenos días, señorías.

Interpelo, en nombre de mi grupo, al consejero de Administración Pública en relación con la política general del Gobierno de Aragón en empleo público y, en concreto, en la afección a los empleados públicos de Aragón de los recortes establecidos en el Real Decreto Ley 20/2012. Tengo que decir que esta interpelación está firmada el 20 de julio, tras conocer este Real Decreto y que, por lo tanto, bueno, pues, en la fecha en la que estamos, precisamente ayer, vimos la afección que estas medidas van a suponer para los empleados públicos de la comunidad autónoma.

En todo caso, le pregunto sobre la política general en materia de empleo público, y luego lo concretaba en esta cuestión. Con lo cual, por no repetir el discurso de ayer, si le parece, señor consejero, le voy a hacer una serie de preguntas en relación con el empleo público de la comunidad autónoma.

Porque, claro, después de aprobar por parte de los dos grupos que apoyan al Gobierno ese proyecto de ley que trajo usted ayer a estas Cortes, lo que tenemos en Aragón es un número importante de empleados públicos, todos ellos más pobres, con menos derechos y más desprotegidos. Y si a esto le añadimos la congelación salarial que recoge el proyecto de presupuestos generales del Estado para el año 2013, que vuelve a incidir de forma muy negativa en las condiciones de trabajo de los empleados públicos, pues, nos encontramos con una situación en la que, según cifras que yo he podido ver, pasarían a tener el poder adquisitivo del año 2000. También hay datos que hablan de entre un 20% y un 30% de pérdida de poder adquisitivo en los últimos años; bueno, retroceder al año 2000 ya es grave, porque estamos hablando de hace doce años, y ya explicamos ayer, como grupo, con la enmienda a la totalidad de devolución de ese proyecto de ley, que no estábamos de acuerdo con esos recortes en derechos, con esos recortes en salarios a los empleados públicos. Y yo creo que el Gobierno también tuvo la oportunidad de comprobar cómo esa mayoría silenciosa vino a los aledaños de estas Cortes precisamente a protestar, a reivindicar sus derechos y a decir que no estaban de acuerdo con esos recortes.

Así que, señor Saz, ¿cómo está la Función Pública en Aragón después de algo más de un año en el que ustedes gobiernan en esta comunidad autónoma?

Llegaron ustedes criticando el funcionamiento y la situación del empleo público en la Diputación General de Aragón y adquirieron una serie de compromisos que hasta la fecha no se han materializado. Criticaron la provisionalidad de un importante número de puestos dentro de la Administración de la comunidad autónoma, y hoy estamos en la misma situación. No han comenzado ustedes con los concursos que anunciaron, y en más de una ocasión, ha dicho usted, señor Saz, que ya están publicadas las RPT, las relaciones de puestos de trabajo. Evidentemente, eso es lo que tenían que hacer, porque ha cambiado el organigrama de este Gobierno con relación al anterior, hay menos departamentos y, por lo tanto, ustedes estaban obligados a publicar esas RPT. Pero yo le digo, además, que ya están superadas por la realidad porque ustedes continúan, pero, además, agravado, desde nuestro punto de vista, en relación con las comisiones de servicio. Criticaron mucho al anterior Gobierno y resulta que en estos momentos hay un movimiento constante de puestos de trabajo dentro de la Administración de la comunidad autónoma que hace, como le digo, que esas RPT estén ya superadas. Por lo tanto, no han estabilizado efectivos, que era uno de sus objetivos.

Otra de las cuestiones que me gustaría preguntarle es en relación con los puestos bolsa, los denominados «puestos bolsa»: ¿cuántos funcionarios se encuentran en esta situación? ¿Por qué hay personas, hay empleados públicos que no están trabajando?

Hay técnicos muy cualificados que no están ejerciendo las funciones para las que están preparados, pues, porque los tienen ustedes marginados y hay un número de puestos importantes que, como le digo, no están rindiendo a la Administración, y claro, cuando ustedes hablan de eficiencia, nosotros y el diccionario consideramos y decimos que la eficiencia significa una mejor utilización de los recursos de los que se dispone. Por lo tanto, considero que no están siendo eficientes en cuanto a lo que le acabo de exponer.

En relación con el personal interino, también se empeñan en eliminar puestos de personal interino que están ocupando plazas estructurales en las RPT, cuya cobertura ha de ser objeto de oferta de empleo público.

Y en relación con la destrucción de empleo, que es otra de las cuestiones que nos interesa mucho, porque estamos viendo una deriva realmente grave en relación con la destrucción de empleo público. Mire, yo tengo aquí unos datos que le voy a pedir, y si no son ciertos, usted me dé los que disponga, donde, entre el Inaem, los CPR, es decir, los centros de profesores, el IAJ y el Parque Deportivo Ebro, se han destruido trescientos catorce empleos dentro del sector público; esta es pérdida real de empleo.

Tengo otros datos que me dicen que los funcionarios, empleados públicos jubilados en el año 2012 son ciento noventa y siete, los jubilados en el año 2013 van a ser doscientos veintiocho, y si esas plazas no se cubren, tendremos ahí otro importante número de empleo público destruido que se sumará al anterior dato que le he dado.

En relación con el concurso para el personal laboral, también hay ciento veinticinco puestos libres tras el concurso en riesgo; estos no han desaparecido, pero consideramos que están en riesgo.

A estos datos, añadiríamos el que ya venimos reiterando en otras comparecencias en relación con la educación, que es el de mil ciento setenta y seis profesores menos y, precisamente, el otro día, hace dos días, vimos en prensa que el Miguel Servet prescinde de cincuenta y seis enfermeras, con lo cual estaríamos hablando que en educación y en sanidad, dos de los pilares fundamentales de atención a los ciudadanos, se está destruyendo empleo público.

Y claro, yo lo que me pregunto es si el Gobierno, este Gobierno y el Gobierno de España, pero estamos hablando del Gobierno de Aragón, no implanta medidas para el crecimiento de esta comunidad autónoma, para la creación de empleo, no favorece esa creación de empleo y luego, como empresario, como empresario que es, en relación con los servicios públicos, destruye empleo público, pues, el resultado que tendremos es que, realmente, aquí, no vamos a saber si va a haber alguna institución que realmente se dedique al principal problema que tiene este país que es el tema del empleo.

A mí me gustaría darle algún otro dato, pero veo que ya me queda poco más de un minuto, por lo que voy a terminar en esta primera parte diciéndole que nosotros consideramos que hoy, la función pública está en riesgo, domina en exclusiva el discurso contable de ingresos y gastos, de recortes y ajustes, en el que los valores parecen un elemento prescindible.

Consideramos realmente que lo público está amenazado, y con la coartada de la crisis económica y de los objetivos de contención del déficit, no se valora lo que representan los servicios públicos para construir una sociedad cohesionada, y creo que entre todos tenemos la obligación de reforzar el sentido que los servicios públicos tienen en nuestro modelo constitucional de sociedad.

Le hubiera planteado alguna otra cuestión. En concreto, he hablado de la no estabilidad de efectivos, es decir, de cómo está funcionando la Administración Pública en este momento y de la destrucción de empleo; ya ayer hablamos del recorte en derechos… [corte automático del sonido] … y, por lo tanto, en la segunda parte, si tengo oportunidad, le preguntaré alguna otra cuestión.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Fernández Abadía.

Señor consejero, su turno. Tiene diez minutos para la respuesta.

El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (SAZ CASADO): Presidencia, señorías.

Señora Fernández, bueno, sí, la interpelación era sobre un tema, usted ha decidido que como ya se habló de su tema ayer, pues, hoy hay que hablar de otro, y bien, podemos hablar de otro, pero, hombre, tenga un poco de deferencia con este consejero, porque yo vengo preparado con el tema que teníamos, pero hablaremos también del tema que vamos a hablar ahora, porque me pregunta..., yo tengo muchos datos en la cabeza, pero todos esos que me ha preguntado, no, o sea, yo, exactamente, no sé cuál es el flujo de las instituciones que usted me ha preguntado, pero se lo puedo decir, se lo puedo decir. Por lo tanto, ahora no le puedo contestar exactamente sobre eso, no es posible, ¿vale?

Vamos a ver, yo lo dije ayer y lo voy a repetir, o sea, creo en la Función Pública, sin duda ninguna, creo en la Función Pública, no es una aseveración gratuita, entre otras cosas, porque soy funcionario público, y creo en la Función Pública, creo en la magnífica labor que viene desarrollando la Función Pública, lo he dicho siempre que he podido, y lo repito, porque lo puedo decir, y lo repito: creo en ello, porque es verdad.

Dije ayer y lo repito: creo en esa labor silenciosa que realiza desde hace años, desde que se ingresa en los distintos cuerpos por parte de los funcionarios públicos, lo creo, porque hay que tener vocación de servicio público para, realmente, desarrollar ese trabajo y, por tanto, lo creo, y lo he vivido también y, por tanto, sé de lo que hablo.

También dije ayer —lo repito— que esa labor silenciosa por parte de la Función Pública, por parte de los empleados públicos, que es más genérico, también ha tenido —se puede observar— una parte de resignación en la contención de sus emolumentos a lo largo de los últimos veinte años, ¡es cierto!, con distintos gobiernos, y es cierto, y se lo digo porque también yo lo he vivido como funcionario y, por lo tanto, eso está ahí desde los últimos veinte o veinticinco o treinta años, que es la modernización de la Función Pública en España. Por lo tanto, eso no es objeto de debate, y en eso estamos de acuerdo.

¿Qué es lo que se ha hecho en este último año? Ciertamente, el debate del Real Decreto 20, el Decreto Ley se debatió ayer y, bueno, pues, mejor no entramos, porque sería repetir —tiene usted razón—, lo mismo que dijimos ayer mismo aquí, y hablemos un poco generalmente del departamento de Función Pública del Gobierno de Aragón.

Bueno, primer tema que usted ha tratado, es decir, el tema de la provisionalidad. Es cierto, cuando llegamos al Gobierno, nos encontramos con una altísima provisionalidad en los empleados públicos: cerca del 42%-43% de los puestos estaban ocupados en situación de provisionalidad, más o menos. El Gobierno de Aragón era la empresa con mayor precariedad de empleo de Aragón, así de sencillo. Eso es lo que nos encontramos cuando llegamos: la empresa con un empleo más precario, el 42%, casi la mitad, en puestos no definitivos. Dijimos que había que solucionarlo y establecimos unos procedimientos. Yo me comprometí que a lo largo de este año se desarrollaría un proceso para racionalizar esa situación y para conseguir resolverla en la medida de lo posible, a ser posible, en el 100%, harto improbable, es decir, el 100% nunca va a ser, que no haya ni un solo funcionario viendo los cuarenta y dos mil, cuarenta y tres mil empleados públicos que están en situación de interinaje o en situación de provisionalidad, pues, siempre habrá alguien, obviamente, pero no un 42%.

Y establecí un calendario aproximado de que este año aprobaríamos las relaciones de puestos de trabajo, y que este año, una vez aprobadas las relaciones de puestos de trabajo, vendría lo que se ha denominado —mal denominado— «macroconcurso», que se procedería a una serie de concursos escalonados para readaptar las situaciones de plantilla. Bueno, usted dice que no se ha enterado, pero nosotros —es obvio y se puede comprobar— hemos aprobado las relaciones de puestos de trabajo de los departamentos, están aprobadas todas, una tras otra. Ha habido un proceso que empezó en torno a febrero y ha terminado ahora esa aprobación de todas las relaciones de puesto de trabajo. Y no solo eso, sino que en ejercicio de la transparencia, lo hemos publicado: cualquier persona puede acceder a las relaciones de puestos de trabajo. Por lo tanto, hemos solucionado o hemos tenido una diferente visión al Gobierno anterior, a su grupo, en el sentido de que, bueno, hay que aprobar las relaciones de puestos de trabajo, hay que solucionar la provisionalidad de nuestros empleados públicos, hay que publicar las relaciones de puestos de trabajo y hay que dar transparencia. Eso está hecho.

Siguiente trámite. El siguiente trámite consiste en ir cubriendo esas relaciones de puestos de trabajo. Ya han salido concursos, empezando por los de libres designaciones. A continuación, procederán los concursos escalonados en concursos de méritos, que tendrán que realizarse... La intención de este consejero es que se terminen, iniciados todos, antes de acabar este año. Por lo tanto, en el transcurso de un año, más o menos, que es el compromiso que yo traje a esta Cámara, tendría que haberse cerrado —yo espero que sea al 100%—, tendría que haberse cerrado, haberse sacado el concurso por méritos de todas las plazas que estaban en situación de provisionalidad para la readaptación interna de nuestros empleados públicos, las convocatorias públicas correspondientes, vamos, y de esa manera, solucionar esa situación anómala que convertía al Gobierno de Aragón en la empresa con mayor empleo precario de esta comunidad sorprendentemente.

¿De qué otras materias estuvimos hablando a principios de año en relación con el personal? Bueno, surgió un materia nueva que no la expresé aquí cuando tomé posesión del cargo, que es la adaptación en materia de empleo público como consecuencia de los planes económicos financieros, que lo voy a repetir, y ahí se tomaron una serie de decisiones de adaptación a la normativa que afecta al empleo público. Por ejemplo, en materia de permisos, hay una normativa nacional, y usted sabe que el Gobierno de España ha aprobado una normativa que afecta a todas las comunidades autónomas y, por lo tanto, procedimos a hacer una adaptación. En materia de derechos y garantías sindicales, sin mermarlos para nada, dijimos que nos íbamos a adaptar a la legislación vigente que procedía también, en parte, del Gobierno de la nación. Esto, en cuanto al Plan económico-financiero.

Cuando hablamos del Plan económico-financiero, también le dije que este consejero no quería que hubiera ninguna reducción en los salarios, en los emolumentos de los empleados públicos de Aragón. Y así se aprobó ese Plan económico-financiero en Aragón, que yo defendí arduamente para que afectase. No así como otras comunidades autónomas, que dirigen otros dirigentes que no son del Partido Popular, con rebajas de hasta el 10% en los sueldos de los empleados públicos. En esta comunidad, como consecuencia de ese Plan económico-financiero, no afectó para nada a la retribución de nuestros empleados, y, por tanto, esa es una medida que yo defendí en su día y que conseguimos, ¿no? Es obvio. Como consecuencia de ese Plan económico-financiero, se tomaron determinadas medidas que no vienen ahora al caso.

Tercera línea de actuación del departamento de Función Pública: dijimos que, después de once años, poníamos en marcha un plan de inspección, pero que nadie pensara que eso era una persecución —para nada—, sino que era una evaluación de la calidad con la cual se estaban desarrollando nuestros servicios. Es decir, si uno quiere mejorar, uno tiene que saber donde está; si uno quiere llegar al nueve tiene que saber si está en el siete y, por tanto, para llegar al nueve, tiene que saber dónde está y el tramo que le cuesta, el tramo que le falta para mejorar en la prestación de los servicios. ¿Pensando en quién? En los aragoneses, que son los receptores del servicio público que presta la Administración autonómica, y, por lo tanto, había que evaluar dónde estábamos. Protestar es muy fácil, pero habrá que hacer un test para ver si fallamos en algunas de las prestaciones de nuestros servicios públicos. Por lo tanto, dije que se ponía, después de once años, un plan anual de inspección de los servicios públicos. Lo expliqué en esta Cámara, dije lo que contenía, aparecía una medición de la calidad y como parte de su compromiso, se aprobarían diez cartas de servicios, que ya están las diez cartas de servicios aprobadas, las primeras diez cartas de servicios de esta comunidad autónoma homogeneizadas. El próximo año serán más. Y dije que traería un informe sobre clima laboral anual, que lo traeremos, porque así me comprometí. También me comprometí, y está en marcha, está a punto de traerse a la Cámara, una ley sobre la calidad, una ley de la calidad, que a ver si a lo largo de este mes la puedo traer a la Cámara, relativa a la prestación de los servicios públicos.

Es decir, básicamente, lo que le puedo decir es que hemos intentado seguir con la labor desarrollada en parte por ustedes, porque en materia de empleo público, lo que hay que hacer es continuar, y vamos a continuar… Me he olvidado de la adaptación del Estatuto Básico del Empleado, que desde el año 2007, esta comunidad no lo tiene adaptado. No me meta prisa de que en unos meses lo traiga, porque le dije que es un tema que requiere negociación, sin duda ninguna, y, por lo tanto, va a venir, pero no van a pasar dos legislaturas —ni siquiera una— para que esta comunidad autónoma tenga la adaptación del Estatuto Básico del Empleado.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.

Señor diputada interpelante, tiene cinco minutos.

La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, señora presidenta.

Señor consejero, bien, usted no me da datos de todo aquello en lo que, fundamentalmente, yo me he centrado, y podría decir: pues, sí, tiene usted razón, estamos hablando de mil, de dos mil, de tres mil personas que han salido o están en riesgo de salir de la Administración Pública. Oiga, la pregunta que yo le hago es sobre Función Pública. Eso es lo que dice la interpelación: «¿Cuál es la política general del Gobierno en materia de empleo público?». Luego, concreto, pero evidentemente yo me estoy refiriendo a toda la materia.

Por lo tanto, bueno, me voy sin saber si realmente esos datos que yo le he dado son ciertos o no son ciertos, porque son muy preocupantes esos datos de destrucción de empleo y, claro, que diga usted, como ha dicho, que en el Plan económico-financiero defendió que no se redujeran los salarios a los empleados públicos… Oiga, ¿le parece poco lo que se han reducido los salarios a los empleados públicos? O sea, usted, en el Plan económico-financiero, dice que no permitió que se hiciera. Llega el señor Rajoy, hace un Real Decreto Ley, quitando la paga extraordinaria y otra serie de derechos, como ya vimos en el debate de ayer, y usted va y es el primero que dice «sí»: «Me parece tan bien que voy a llevar rápidamente a las Cortes un proyecto de ley para adaptar estos recortes a los empleados públicos de la comunidad autónoma». Entonces, no sé porque me saca aquí el tema este de que en el Plan económico-financiero defendió que no se redujeran los salarios. Bueno, eso no se lo diga a los empleados públicos, ¿eh?, porque yo creo que igual le encorren.

En relación con las RPT, dice que las tienen aprobadas y publicadas, pero es que lo que yo le he dicho es que sirven para poco esas RPT, porque, realmente, ustedes, en la Administración, siguen dando puestos de asesores técnicos, de jefes de servicios..., en comisión de servicios. Continúan con esa política, un día, sí, y otro también. ¡Todos los días van personas a una comisión de servicios! Y, claro, si eso es arreglar la provisionalidad... Pues, si ya con el cacao que dice usted que había, se suma el que están montando ustedes, cuando vayan a hacer el macroconcurso o los concursos estos escalonados, no van a saber absolutamente dónde está el personal, porque eso, por mucho que diga, no está solucionado, no está solucionado. Dice que antes de que se acabe este año se van a sacar todos los concursos, y yo le voy a tomar la palabra, porque, evidentemente, en cuanto acabe el año, le volveré a hacer una pregunta o interpelación o iniciativa en relación con este asunto, porque si llevan más de un año cuando esto era un tema prioritario y lo único que han hecho ha sido sacar y publicar las RPT, yo no puedo fiarme de que, estando como estamos ya en el mes de octubre, en tres meses, vaya a sacar usted unos concursos que tienen una complejidad muy, muy importante, porque van desplazando empleados públicos en cuanto se hace el concurso de nivel superior, el siguiente y el siguiente.

Y esa es una de las preocupaciones que tenemos —ya se lo he dicho en otra ocasión—: por favor, no destruyan más empleo público. Cuando termine este macroconcurso, sea en diciembre o se al año que viene, cuando termine, que los interinos o el personal último que estaba ocupando esos puestos y haya sido desplazado precisamente por las personas que acceden por concurso al puesto que no se vaya a la calle, porque seguiremos aumentando la destrucción de empleo público. Y nos preocupa, porque ayer le daba unos datos en mi explicación de voto, que quiero dejar claro, y son los últimos datos oficiales de desempleo. El titular era «La destrucción de empleo público engorda el paro de septiembre», y en lo que va de año, es decir, de enero a septiembre, esos datos dicen que después de construcción e industria, el sector público es el que más puestos de trabajo ha destruido. Se ha bajado en doscientas veinte mil cuatrocientas setenta y dos personas —estoy hablando de España; si usted tiene los datos de Aragón, me gustaría que me los diera— y, sobre todo, en educación, con ciento treinta y dos mil setecientos trece empleados públicos de destrucción de empleo en este sector. Esos son los datos oficiales que, como digo, nos preocupan, porque nos parece un descenso muy importante en tan poco tiempo y por eso le ruego, desde mi grupo, que tenga muy en cuenta en sus políticas de empleo público el que no salgan más empleados públicos de la Función Pública, porque realmente no son muchos, y las cifras y los datos lo dan: estamos muy por debajo de la media de los países europeos en relación con los empleados públicos si los comparamos con los habitantes que tenemos.

Como se me termina el tiempo, en otra ocasión continuaré con este tema.

Gracias, señor consejero, señora presidenta.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Fernández Abadía.

Señor consejero, su turno de dúplica.

El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (SAZ CASADO): Gracias, presidenta.

Bueno, señora Fernández, usted quiere que le dé la razón, como al señor Soro, que se la acabo de dar, pero no la tiene. Por tanto, no se la puedo dar, porque no se la puedo dar.

Vamos a ver, dice usted que cómo en ocho meses no hemos traído lo que teníamos que haber traído. ¡Hombre!, ¿por qué no la han traído ustedes en doce años, por qué no la han traído en doce años? [Aplausos.] No lo sé, es una apreciación. No le estoy pidiendo que me dé la razón, es una apreciación temporal, importante.

La señora Fernández dice que está preocupada. Bien, es cierto, todos estamos un poco preocupados, es verdad, pero dice que está muy preocupada por una serie de cuestiones que habría que haberse realizado en la Función Pública. Bueno, y por qué no estaba preocupada cuando usted estaba en el Gobierno y no se aprobaba un Plan de calidad para saber el nivel de calidad de la prestación de nuestros servicios públicos, ¿por qué no le preocupaba entonces eso?, ¿por qué no le preocupaba? ¿No le preocupaba? ¿Y por qué no le preocupaba el nivel de provisionalidad del 42% de los empleados públicos cuando estaba en el Gobierno? ¿No le preocupaba eso? ¿Y no le preocupaba la trasparencia de las relaciones de puestos de trabajo, porque no eran transparentes?, ¿no le preocupaba? ¿Por qué le preocupa ahora? Es decir, yo le puedo decir que estamos en el Gobierno y hacemos trasparencia con las relaciones de puestos de trabajo, pero a usted no le preocupaba cuando era Gobierno. Por lo tanto, simplemente estoy hablando de hechos, ni siquiera de valoraciones, estoy hablando solamente de hechos. Nada más, nada más. Por lo tanto, señora Fernández, a pesar de que esté muy preocupada, llega usted un poco tarde a la preocupación, y eso es otro hecho.

Ciertamente, se ha aplicado la trasposición del Real Decreto 20 del Gobierno de España, que afecta a la segunda paga extraordinaria de los empleados públicos de todas las Administraciones Públicas, pero es una suspensión, es una suspensión, una demora en el pago que se recuperará posteriormente, es una suspensión, a excepción de los miembros del Gobierno, que es una pérdida, porque así viene recogido. No tenemos capacidad de decisión, es una pérdida el catorceavo de los miembros del Gobierno. Pero no es una supresión, no es una reducción, no es una reducción como sí que sucedió en Andalucía, donde gobierna un partido político que no es el Partido Popular, que redujo en su Plan económico-financiero un 10%..., redujo, no demoró el pago, redujo este año un 10% el pago a sus empleados públicos, lo redujo, y no se lo impusieron de Madrid, sino que se anticipó en seis o siete meses a la decisión del Gobierno de la nación, y se extendió en el importe, nada menos que el 10%. Eso está ahí, es otro hecho, y no lo voy a valorar. También le podría preocupar eso, porque eso también destruye empleo público, o los siete mil quinientos funcionarios que se han despedido en Andalucía, por ejemplo. Vale.

Por lo tanto, es una demora en el pago, no una reducción. Reducción fue lo que en esta tribuna, hace veintiséis meses, se defendió por su grupo cuando usted estaba en el Gobierno y se defendió como una buena medida. Y aquello sí que fue una reducción para todos los empleados públicos, que no hemos recuperado y que ha consolidado, eso sí que fue una reducción, eso sí que fue un atentado contra la masa salarial de los empleados públicos, y ahí se quedó. Por lo tanto, no me lo compare. Es más —se lo dije ayer—, dijeron en esta tribuna hace veintiséis meses que eso respondía a un ambicioso plan de control del déficit, de esa medida y se defendió en esta tribuna. Por lo tanto, es otro hecho que yo no valoro, es un hecho.

Y es más —se lo dije ayer y se lo repito—, se dijo que eso no era una actuación lesiva contra los derechos de la negociación colectiva, porque desde luego que no lo era, bueno, pues, ustedes lo dijeron, y yo tampoco lo valoro, pero es un hecho que así se hizo.

Por lo tanto, permítame que le diga que la política de este Gobierno en materia de empleados públicos, ya que me ha sacado y hemos hablado del tema del Plan económico-financiero, es decir, yo defendí esa medida, la llevé y la incorporé; no así cerca de ocho comunidades autónomas de distinto pelaje, gestionadas por distintos partidos políticos, pero sí aquí y, por lo tanto… [Corte automático del sonido.] Un segundo solo. Yo no soy responsable nada más que de los actos que propongo por parte de este Gobierno, y ese fue el pensamiento que tuve.

Y, por último, insisto, la Función Pública presta un magnífico servicio a la Administración y todos tenemos la obligación de reconocer su silenciosa labor diaria y continuamente.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.