Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

Debate y votación de la proposición no de ley número 80/02, sobre la descalificación de viviendas de protección oficial, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

Para la presentación y defensa de la proposición no de ley tiene la palabra el señor Pérez.

Proposición no de ley núm. 80/02, sobre la descalificación de viviendas de protección oficial.

El señor diputado PÉREZ VICENTE: Muchas gracias, presidente.

Señorías, hace aproximadamente un año, el departamento de obras públicas modificó los criterios que se venían aplicando en nuestra comunidad para la concesión de la descalificación de viviendas de protección. Y estos criterios se cambiaron mediante circulares internas. Se podría haber elegido otro procedimiento, pero el Gobierno decidió que unas circulares internas eran suficientes para cambiar radicalmente el criterio que se venía aplicando en nuestra comunidad autónoma, y, por lo tanto, su aplicación -porque eran circulares internas- supuso una forma inesperada, y al mismo tiempo también generalizada, de dar respuesta a las solicitudes de las familias aragonesas, y además sin ningún tipo de publicidad.

Estas circulares, indudablemente -todos somos conscientes de ello-, crearon confusión entre los ciudadanos y ciudadanas aragonesas, las familias que estaban interesadas. Dieron lugar también a muchas, a bastantes quejas de familias aragonesas respecto a este tema concreto de la descalificación de viviendas, porque incluso algunas de estas familias -y así lo manifestaron y así se comprobó- habían concertado, se habían comprometido, habían firmado préstamos hipotecarios, y también habían efectuado el reintegro de las subvenciones que exigía y que exige la ley para estas situaciones. Familias -indudablemente, todos lo sabemos también- cuya composición, el número de miembros de las familias, se había incrementado. Muchas de estas familias fueron parejas, fueron jóvenes que accedieron a una vivienda de protección, y con el transcurso de los años habían tenido hijos; por lo tanto, los metros cuadrados útiles de estas viviendas les son insuficientes y tienen que acceder a otro tipo de vivienda.

Por lo tanto, este procedimiento, además, fue criticado públicamente por la Unión de Consumidores de Aragón, y además ya se trató en estas Cortes, y, tanto por el fondo como por las formas, el propio Justicia de Aragón tuvo que intervenir emitiendo una doble recomendación al Gobierno y al consejero de obras públicas en concreto. Estos son los antecedente en nuestra comunidad autónoma.

Y, ya en ese momento, algunas voces cualificadas aseguraron que esta medida adoptada por el Gobierno de Aragón, por la Diputación General de Aragón, era radicalmente desproporcionada, y era una medida intransigente, que no se podía ni se puede generalizar en este tema y que el departamento había cometido un tremendo error al no dar publicidad a estas normas internas.

Nosotros coincidimos en que estas formas de actuar del Gobierno, en este caso del Gobierno de Aragón, no fueron, no son correctas, porque hasta ese momento la concesión había sido automática durante años, siempre y cuando se cumplieran los requisitos que los interesados conocían. Por lo tanto, no nos parece, y no nos pareció en su momento, adecuado que la modificación de ese criterio -y repito: una modificación radical-, que esa modificación se llevara a cabo por dos circulares internas, que, desde nuestro punto de vista, ni tienen naturaleza de norma jurídica ni contaron con la publicidad adecuada.

Por lo tanto, desde el Grupo Popular hemos venido planteando una serie de iniciativas (no solo en vivienda sino en concreto en cuanto a la descalificación de las viviendas de protección) y siempre hemos mantenido un criterio que hoy seguimos manteniendo y seguimos pidiendo al resto de grupos de la cámara: que estas modificaciones siempre se hagan bajo los principios de igualdad ante la ley y de seguridad jurídica para los ciudadanos.

El responsable de vivienda del Gobierno de Aragón aseguró en el mes de enero de este año, hace pocos meses, que se estaba redactando un proyecto de ley, que ya existía un borrador de ese proyecto de ley y que en el mes de febrero se aprobaría en el Consejo de Gobierno. Veo que asiente el Grupo Socialista a mis manifestaciones, con lo cual ya no tengo que decir nada, salvo que, después de ocho meses -estoy hablando del mes de enero-, de lo dicho a lo hecho no hay nada, y, por lo tanto, en lo hecho no hay nada de lo dicho. No es el único incumplimiento, no es la primera vez que incumple el departamento en este tema.

Este incumplimiento también se puede comprobar con respecto a un compromiso que se acordó por unanimidad en estas Cortes, por los cinco grupos políticos, en una proposición no de ley que presentó en su origen Chunta Aragonesista pero que, luego, con la aportación de todos los grupos, lo que aprobamos no se parecía nada a la proposición no de ley que se presentó; pero sí que se concretaron una serie de cuestiones, y, entre otras cuestiones, en su punto tercero, se establecía la obligación del Gobierno de presentar en estas Cortes un proyecto de ley que contemplaría en concreto normas para esta descalificación, y se decía textualmente: «en el siguiente período de sesiones de su aprobación». Por lo tanto, se tenía que haber presentado en el año 2001 y en el último período de sesiones, y estamos en el último período de sesiones del año 2002.

Por lo tanto, vemos que tampoco ese acuerdo de las Cortes se pudo cumplir; no hemos escuchado ninguna razón por parte del Gobierno, sino simplemente que va a presentar un proyecto de ley -esperamos que, si no en los acuerdos de estas Cortes, por lo menos en esta legislatura- donde se contemplara una serie de cuestiones.

Pero es que la descalificación voluntaria de viviendas de protección oficial, hasta el día 1 de agosto del año 2001 -que es cuando interviene el departamento para decir que no se aceptara ninguna solicitud de descalificación-, conllevaba un procedimiento que se centraba en que los interesados pedían un impreso en el departamento correspondiente; acompañaban la fotocopia de la escritura de propiedad; acompañaban el certificado del registro de la propiedad de esa titularidad de vivienda y de la libertad de cargas de esa vivienda; efectuaban una declaración suscrita por el propietario de que la descalificación no ocasionaba perjuicios a terceros, facultad que la Administración tenía y podía comprobar; también facilitaban una declaración de que la vivienda no se encontraba alquilada, y al mismo tiempo un certificado de la entidad de crédito indicando la cuantía de la subsidiación concedida por el ministerio -ahora sería de Fomento- y de los intereses del préstamo, incluso incluida la fecha de cancelación del préstamo. Esto es lo que hacía una familia aragonesa cuando tenía una necesidad y tenía que acudir a la Administración; creo que son datos suficientes para comprobar y ver la situación de esa familia.

Pero es que, además de la devolución de esos beneficios que hubiera podido obtener el interesado, incluso los que en su momento hubiera aportado y concedido la administración concedente (el ministerio, esa subsidiación de intereses o una subvención a fondo perdido en los casos que fuera oportuno; al ayuntamiento correspondiente, la devolución de las bonificaciones de plusvalías y las partes proporcionales de bonificación de la licencia de obras también; a la Dirección General de Tributos de la Diputación General de Aragón, de esas transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados)..., entonces, a la vista de todo esto, y sobre todo, si no había perjuicios para terceros, se resolvía por parte de los servicios provinciales del departamento de obras públicas, y, si no se resolvía siempre favorablemente, sí que es cierto que en la mayoría de los casos se resolvía favorablemente.

La situación desde el día 1 de agosto por parte del departamento, y así lo asume el consejero en uno de sus informes, es que políticamente asumen que no se conceda ninguna -da igual las circunstancias de las familias aragonesas-, que no se descalifique ninguna vivienda. Y dan una serie de razones, y hay tres textos legales que pueden influir o que pueden orientarnos a la hora de facilitar la descalificación de viviendas, y en el único que se basan -porque los otros dos dicen lo contrario- es en uno del año sesenta y ocho, de hace casi cuarenta años; es el único resorte que ha encontrado la Administración actual para hacer buenas esas circulares -repito- sin ningún tipo de publicidad, porque estas circulares no sirven para innovar el ordenamiento jurídico porque no forman parte del ordenamiento jurídico. Y, además, creo que las administraciones -creemos desde el Grupo Popular-, en todo caso, deben respetar en sus actuaciones los principios de buena fe y de confianza legítima, algo que hasta ahora, y desde el 1 de agosto, desde el departamento de obras públicas, con este tipo de medidas, pensamos que no se viene concediendo.

Y, además, a nuestro juicio, la Administración no puede adoptar y aplicar este criterio amparándose en la discrecionalidad que la ley le otorga, ya que, para no caer en la arbitrariedad, no puede ser contraria, sobre todo, a un principio constitucional de igualdad ante la ley y de seguridad jurídica, y no, desde el 1 de agosto, unos no, y hasta el 1 de agosto, otros sí.

Por lo tanto, acogerse a un régimen de protección es voluntario para los ciudadanos, los aragoneses, y, por lo tanto, tan voluntario debe ser incorporarse a este sistema de protección establecido para las viviendas como abandonar este sistema protectivo y sus limitaciones, sobre todo si con anterioridad se han devuelto las cantidades percibidas, si no existen derechos de terceros perjudicados, o la limitación temporal del ejercicio de este derecho pueda justificar esa denegación de la solicitud de descalificación.

Creo que son datos a tener en cuenta y no...

El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL): Señor Pérez, por favor, vaya concluyendo.

El señor diputado PÉREZ VICENTE: Ya termino, presidente. Muchas gracias.

Por todo ello nos parece oportuno solucionar este problema utilizando una norma de rango legal, algo que en algunas comunicaciones el propio consejero reconoce, una norma que plantee y que resuelva cuestiones como fijar el momento en que nace el derecho a obtener la descalificación, que pueda establecer los límites de esta descalificación, la extensión de la norma e incluso el grado de retroactividad, si fuera posible, que es algo que en su momento habría que debatir.

Señorías, el Gobierno de Aragón tiene la competencia exclusiva en materia de vivienda, según lo establecido en nuestro Estatuto de Autonomía. Por lo tanto, consideramos que es necesario que se regule en una norma este procedimiento, los requisitos para esa descalificación de protección oficial, y, a pesar de incumplimientos anteriores -termino, presidente-, como decimos en nuestra proposición no de ley, que en el plazo de seis meses presente ante estas Cortes esa normativa que fije todo este procedimiento. Por lo menos, habremos conseguido que antes de que acabe esta legislatura esté presentado y esté resuelto el tema.

Gracias, presidente.

El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL): Muchas gracias, señor Pérez.

Al no haberse presentado enmiendas a esta proposición no de ley, es el turno de intervención de los grupos parlamentarios no enmendantes.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista, señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, señor presidente.

Señorías, tiene razón, efectivamente, el portavoz del grupo proponente respecto al incumplimiento de los plazos y los anuncios hechos reiteradamente en esta misma tribuna por parte de los portavoces de los grupos del Gobierno y del propio director general también en relación con la presentación de una ley que, incluso, está recogida en la transcripción de la intervención, que tenía un nombre concreto de «protección de las características sociales de la vivienda», etcétera; era la denominada ley de la vivienda, de la que habíamos ido hablando y que hemos convenido en hablar de ella, que, efectivamente, se iba a presentar a finales del año 2001 y estamos, efectivamente, en el último período de sesiones del año 2002 y no se ha presentado.

Por tanto, este es un debate que ya tuvimos con motivo de la comparecencia del director general de ISVA en el mes de febrero, bueno, en su nuevo cargo, aunque todavía en aquella fase estaba en fase transitoria, y lo que iba a hacerse en semanas, han transcurrido, pues, esos ocho meses y estamos exactamente igual que estábamos.

Vayamos, de todos modos, al fondo de la cuestión que nos ocupa: el problema de la descalificación de la vivienda.

Podemos estar de acuerdo con el fondo, con la intención de controlar, de restringir el número de descalificaciones ante unas cifras y unas previsiones que aparecieron de repente con unos incrementos que no parecían justificados, o que no parecía que respondieran a las necesidades habituales de descalificación que podían darse. Y entendemos y comprendemos la posición del Gobierno de intentar responder, de alguna forma, ante esa situación, ante esa coyuntura.

Lo que no podemos ya entender ni respaldar es que esa posición que pudiera ser transitoria para unas fechas o para unas semanas, para unos momentos determinados, sea la decisión o la fórmula definitiva de no resolver el problema. No podemos entender que un año después de que se cambiara de criterio, ya que no de normativa, puesto que, efectivamente, tan solo unas circulares, y la normativa y la legislación aplicable -muy vieja, por cierta- sigue siendo exactamente la misma, no es razonable que sin cambio de normativa, se produzca un cambio real en los efectos que los ciudadanos perciben de la actuación de la Administración. No es posible que los ciudadanos supieran o -entre comillas- «tuvieran garantizado» en aquellos momentos, hace un año, que cada vez que se presentaba una petición, una solicitud de descalificación, presentando la documentación pertinente, cumpliendo con la tramitación establecida, se obtenía la descalificación, y que de repente, ahora, nadie, ni presentando la documentación ni sin presentarla, pueda obtener esa descalificación. Entre el tono y el nada, hay siempre un abismo, entre una postura y la otra, hay posiciones intermedias que consideramos razonables.

Por tanto, vemos y valoramos la intencionalidad positiva del Gobierno en el intento de tener ese proceso de descalificación -no olvidemos que eso significa la pérdida de un patrimonio y de una inversión pública que se ha realizado por parte de los poderes públicos para que haya vivienda protegida, para que haya vivienda de protección oficial y, por tanto, para atender unas necesidades sociales-, entendemos que una descalificación masiva supone la pérdida de ese patrimonio y de ese esfuerzo inversor de las administraciones en beneficio público y de quienes más lo necesitan, pero no puede ser que, en función y basándonos en eso, de repente aparezcan perjudicados, de repente aparezcan administrados, sin distinción de unos casos y de otros, y que haya desaparecido de hecho la opción real, la posibilidad real de descalificar las viviendas.

Sobre todo, porque el método -como ya dijimos en su momento-, el método de la circular interna no parece que sea un método adecuado, que no es publicado, que, por tanto, los administrados, los destinatarios o los afectados futuros o presentes no han tenido conocimiento de él, por lo que les genera evidentemente una indefensión, no saben qué ley va aplicar la Administración, y si tienen que basarse en la norma, en el hábito, en el derecho consuetudinario, es otra cosa distinta a la que ha venido haciendo la Administración, y es evidente que esa no puede ser la solución definitiva.

Desde el propio Gobierno se reconoció que era una situación transitoria y que se iba a dar respuesta a ella, pero ha transcurrido un año y no se ha dado, y es tiempo ya. Me parece excesiva e incluso excesivamente generosa la propuesta del Partido Popular de volver a dar otros seis meses para resolver esta cuestión. Si el propio Gobierno aquí ya, públicamente, se ha emplazado a presentar esa ley que recoja todas estas cuestiones, estas y muchas otras que tratamos al hilo de esta cuestión, y si se ha comprometido a hacerlo mucho antes, no entiendo ahora a qué viene esa generosa propuesta del Partido Popular de darle seis meses más sobre incumplimiento ya. ¡Es que ha pasado todo el tiempo ya, estamos fuera de plazo desde hace meses!

Creo que habría que presentar esa ley ya. Me gustaría conocer y espero conocer la posición de los grupos que apoyan al Gobierno para saber exactamente si eso ha desaparecido, se ha evaporizado o sigue pendiente y hay intención real de que esto llegue aquí, porque yo creo que la situación no puede continuar más de esta manera.

Si ha de ser mediante la presentación de esa ley de vivienda, pues, parece el instrumento adecuado; si ha de ser un reglamento que desarrolle esa ley de vivienda que puede tener aspectos más generales y un reglamento que la desarrolle, pues, puede ser el procedimiento adecuado. Lo que no parece un procedimiento adecuado es esta situación actual y que se prolongue por más tiempo.

Seguramente, habrá solicitantes que pudiéramos tildar hasta de especulativos en sus intenciones de enajenar estas viviendas y, por tanto, de descalificarlas previamente; seguro que hay circunstancias de ciudadanos que, realmente, ha cambiado su situación, que realmente deben cambiar de residencia, que tienen que comprar otra vivienda o que tienen que trasladarse de ciudad por motivos laborales verdaderamente, y, sin embargo, están en el saco común de todos y de todas las circunstancias.

Recuerdo que incluso se hizo un ofrecimiento desde el…

El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL): Señor Fuster, por favor, vaya concluyendo.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Sí, señor presidente, gracias.

Voy terminando.

Recuerdo un ofrecimiento del propio Gobierno de Aragón diciendo que se iba a gestionar la venta hacia otros posibles destinatarios sin que se produjera la descalificación, venta a otros posibles usuarios que mantuvieran la condición de beneficiarios de vivienda protegida por parte de esas viviendas. Yo no sé si eso se está haciendo o no, pero la sensación que tengo, a raíz de las protestas y las denuncias de particulares que están intentando que se produzca esa descalificación, es que eso no está ocurriendo.

Señorías de la mayoría del Gobierno, convendrán conmigo, convendrán con nuestro grupo, convendrán con toda la cámara que esta situación no se puede demorar por más tiempo y que hay que dar una solución razonada y adecuada en el marco de esa nueva ley, en el marco de la normativa que consideremos oportuna, pero, desde luego, la transitoriedad no se puede convertir en la norma habitual de funcionamiento. Puede ocurrir unas semanas, puede ocurrir unos meses, pero un año después de que se detectó y de que estalló esta circunstancia, no puede mantenerse esa situación, razón por la cual, como con el fondo de la propuesta de que se solucione estamos de acuerdo, pues, esa es la razón por la que vamos a apoyar la iniciativa presentada por el Partido Popular.

El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL): Muchas gracias, señor Fuster.

Por parte del Partido Aragonés, tiene la palabra su portavoz señor Martínez.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Señor presidente.

Señorías.

Parece ser, según el señor Pérez, que la descalificación de las viviendas protegidas acogidas a cualquier tipo de protección es muy fácil y ha sido muy fácil a lo largo de muchos años; parece ser que no había una normativa que regulara, puesto que cualquiera podía pedir la descalificación y -palabras textuales suyas- «la mayor parte de esas peticiones eran asumidas por los servicios provinciales y se les concedía la descalifación».

Pues, bien. Tengo que recordarle al señor Pérez que no es tan fácil, que eche mano de los textos legales y verá que no es tan fácil. Verá usted, por ejemplo, que en las viviendas VPO-promoción privada, hasta transcurridos treinta años no se puede descalificar; ahora bien, efectivamente, deja un fleco en el cual, bueno, se puede pedir la descalificación, pero no es tan fácil. Lo que dice la normativa es que transcurridos treinta años, se podrán descalificar, se descalificarán.

En VPO-promoción pública, de ninguna manera se puede descalificar, de ninguna manera se pueden descalificar. En las viviendas protegidas, declaradas protegidas por la comunidad autónoma, la duración mínima para poder descalificarse son diez años, y en las viviendas protegidas financiadas con cargo al Plan de Vivienda -usted debe saberlo perfectamente, puesto que su Gobierno algo tiene algo tiene que decir ahí; me refiero al Gobierno de Madrid, algo tiene que decir ahí-, tienen que transcurrir quince años. Luego no es tan fácil, no es tan fácil.

Ocurre, ocurre -y vamos al fondo de la cuestión- lo que viene ocurriendo en todos los debates sobre vivienda, sobre descalificación de vivienda: que ustedes tienen una concepción determinada del objetivo que cumple la descalificación y el Gobierno tiene otra concepción absolutamente distinta.

Su concepción del objetivo que cumple la descalificación es que hay familias en las que ha cambiado su condición en estos momentos, su situación y que necesitan descalificar las viviendas para venderlas y comprar otras, adquirir otras, puesto que su situación familiar es distinta. Y siempre hacen mención a los jóvenes, siempre hacen mención al joven que en su día adquirió una vivienda, bueno, pues, porque cumplía las condiciones para poder adquirirla, y en estos momentos ya no es tan joven, tiene una familia, tiene unos hijos, etcétera, etcétera.

En esta tribuna, le dije yo a usted, cuando se debatió el nuevo Plan de Vivienda hasta el 2005, le dije a usted que, por favor, hablaran con sus correligionarios en Madrid y se incrementara notablemente el alquiler o vivienda protegida destinada a alquiler en lugar de vivienda protegida destinada a venta, pero no se ha incrementado o se ha incrementado muy poquito. Y usted sabe perfectamente que el alquiler solucionaría en gran medida el problema de esa condición familiar cambiante, el problema del joven que, efectivamente, en un momento determinado no tiene una familia y en otro momento determinado sí la tiene.

¿Y cuál es el concepto del Gobierno, el objetivo que debe cumplir el Gobierno? Pues, que no se generen unas plusvalías que hemos pagado todos, que ha pagado toda la sociedad, para que vayan esos beneficios, esas plusvalías, vayan a unas manos estrictamente privadas. Esa es la concepción del objetivo de descalificación que tiene el Gobierno.

¿Y por qué en un momento determinado surge una circular del departamento? Está bien claro. Año noventa y cinco, noventa y seis y noventa y siete, no pasan de sesenta las descalificaciones que se piden; las descalificaciones pedidas por los propietarios en su momento no pasan en tres años de sesenta, sesenta cada año. Año 2001: nos encontramos con trescientas veintiuna. Es decir, ¿por qué ese incremento en la petición de descalificaciones? ¿O es que los jóvenes en un momento determinado se han incrementado tanto en sus familias como para que de sesenta pasen a trescientos veinte? ¿Se multiplica por cinco la cantidad de jóvenes? Eso no es así. Entonces, ante la duda del departamento, ante la sospecha de que se pueden generar unas plusvalías -como decía- que vayan a manos privadas, evidentemente, algo hay que hacer, y se adopta la medida o se toma la medida de mandar una circular a sus direcciones provinciales en las cuales se dice que, por ahora, en tanto en cuanto no haya una normativa más específica, una normativa con rango de ley, hasta ese momento no se descalifiquen más viviendas.

Pero, pero usted también obvia -y sabe perfectamente que lo está obviando- que en el último punto de esa circular dice lo siguiente: «Debe señalarse, por último, que en el caso de las solicitudes de descalificación, el Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón se ofrecerá al propietario para proporcionarle un comprador adecuado», «para proporcionarle un comprador adecuado». ¿Qué quiere decir? Que ese señor que ha cambiado su condición familiar, que quiere descalificar la vivienda, bueno, pues, ahí tiene un comprador; él es vendedor, su condición familiar se mantiene, no sufre ningún problema, pero ese señor percibe una remuneración de un comprador que cumpla los requisitos legalmente exigibles para cada tipo de vivienda, legalmente exigibles para cada tipo de vivienda. De esa manera no puede haber especulación.

En fin, en definitiva, con la circular se ha parado lo que es la descalificación, es decir, ese incremento tan brutal que ha habido en dos años ahora mismo se encuentra parado, y yo creo que se ha conseguido el objetivo. Y, efectivamente, tanto el consejero como los portavoces de los grupos que apoyamos al Gobierno hemos dicho en reiteradas ocasiones que el Departamento de Obras Públicas prepararía un proyecto de ley que mandaría a estas Cortes, donde se regularía -entre otros temas, entre otras cuestiones, y usted sabe que hay muchas más cuestiones- la cuestión referida a la descalificación de la vivienda.

Y, efectivamente, y seguro que usted se va a sonreír y va a decir: «¡hombre que casualidad!». Pues, sí, en dos, tres semanas, tal vez, este proyecto de ley, que ya está elaborado, estará en estas Cortes. Hombre, yo entiendo que desde la oposición se pida más celeridad al Gobierno: es su obligación, y lo entiendo perfectamente. Pero ustedes entenderán también que con las reiteradas ocasiones, con la cantidad de proposiciones no de ley y mociones que su señoría y algunas más han traído a esta cámara y que todas ellas tenían, cuando menos, un punto para incluir en esa ley, ¡hombre!, seamos un poco más magnánimos, no pidamos que se haga un proyecto de ley que, en teoría, debería ser un proyecto de ley normal y que no lo es, porque ustedes están trayendo continuamente cuestiones aquí a incluir en ese proyecto de ley, sean magnánimos y comprendan que aunque se retrase un pelín, lo importante es tenerlo.

Como digo, nosotros, dado que en varias semanas, en pocas semanas, va a estar aquí ese proyecto y que ya está elaborado, ¡hombre!, pues, aunque sea por una vez y sin que sirva de precedente…

El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL): Señor Martínez, por favor, concluya.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Acabo, señor presidente.

Muchas gracias.

… y sin que sirva de precedente, vamos a echarle a usted un cable y le vamos a apoyar la proposición.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL): Muchas gracias, señor Martínez.

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz señor Becana.

El señor diputado BECANA SANAHUJA: Gracias, señor presidente.

Cada vez que este grupo parlamentario toma la decisión de apoyar una iniciativa presentada por el diputado del Partido Popular, me veo en la obligación de iniciar mi intervención diciendo que vamos a votar su iniciativa por el texto que ha presentado y no por las palabras con las que ha motivado la presentación y los juicios de valor que ha emitido durante su exposición.

Vamos a votar al texto, y lo vamos a votar porque el esfuerzo patrimonial y el esfuerzo presupuestario que ha hecho este Gobierno para conseguir el objetivo de calificar, de acabar esta legislatura habiendo calificado más de siete mil viviendas protegidas no tiene antecedentes en esta comunidad autónoma. Y en consecuencia, con ese esfuerzo, y en consecuencia, con una política que va dirigida a facilitar el acceso de la vivienda a las clases sociales mayoritarias, en coherencia con ese objetivo, el Gobierno ha puesto en marcha la circular para evitar en un momento determinado la descatalogación de la vivienda y vamos a presentar una iniciativa legislativa, el Gobierno va a presentar una iniciativa legislativa en la que también se va a contemplar la descatalogación de la vivienda.

Y querríamos enmarcar las dos actuaciones, la actuación urgente -creo que ya lo ha explicado el portavoz que me ha precedido-, utilizando el instrumento de la circular, la intervención urgente para mantener la vivienda que ha sido construida con ayuda, con recursos públicos, mantener esa vivienda en el mercado a precios asequibles y mantenerla de forma sostenida, eso es compatible hacerlo de forma urgente, primero, con una circular, y, de forma definitiva, con un texto legal que va a llegar pronto a esta cámara.

Señorías, el precio de la vivienda sigue subiendo, y ha subido especialmente en estos últimos años, a pesar de aquellos decretos y de aquella actitud liberalizadora en materia de suelo que puso en marcha el Partido Popular, anunciando que eso nos iba a resolver definitivamente el problema del precio de la vivienda; a pesar de esas políticas liberalizadoras, el precio de la vivienda, el mercado libre de la vivienda sigue siendo inaccesible para una gran parte de la población.

Este precio es el que ha motivado en los últimos años el que se quiera hacer una aprovechamiento de las plusvalías en determinadas familias que han planteado la descalificación, y ahí se ha producido una colisión entre lo que es el beneficio individual, legítimo, y el beneficio social de la vivienda protegida, beneficio social que viene derivado de la necesidad que tenemos en estos momentos en que el mercado libre está como está y a la necesidad que tenemos las Administraciones públicas de mantener la vivienda protegida en el mercado a un precio controlado.

Desde esta óptica de primar el beneficio social frente al individual, se dictó la circular, para frenar una tendencia de descalificación voluntaria de viviendas de protección en un momento en el que el mercado de la vivienda seguía estableciendo un gran abismo entre el derecho a una vivienda digna y la capacidad adquisitiva de sectores muy amplios de la población. Pero no se cuenten medias verdades en esta tribuna, porque determinados tipos o determinados motivos de descalificación han seguido su trámite normal, como se seguía anteriormente. Es decir, aquí no se está frenando, por ejemplo, ningún expediente de descalificación que venga motivado por un cambio de residencia, no se está frenando ningún expediente de descalificación que venga motivado por un cambio de residencia.

Decía que coincidimos con el grupo proponente en la necesidad de elevar el rango de la norma que regule la descalificación de la vivienda protegida en nuestra comunidad autónoma. Por este motivo, el capítulo de la descatalogación está recogido ampliamente en el anteproyecto de ley de garantías de rentabilidad social de la política pública de viviendas, que ha elaborado el Gobierno y que, una vez sometido a los informes preceptivos, será remitido bastante antes del plazo que establece la proposición no de ley, será remitido a este parlamento para su debate.

Porque, insisto, señorías, el incremento de la escalada de precios del suelo y de la vivienda, a pesar de las medidas liberalizadoras del Partido Popular, que iban a poner freno a ese incremento, especialmente agravado en estos últimos años, hace imprescindible profundizar en los mecanismos de intervención de la Administración en el mercado del suelo y de la vivienda, para hacer posible el derecho constitucional al acceso a una vivienda digna.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Concluido el debate, procedemos a la votación de la proposición no de ley número 80, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. ¿Votos a favor de la misma? Gracias ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad.

Explicación de voto.

Señor Lacasa.

El señor diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Pérez, enhorabuena: ¡por unanimidad! Es impresionante la capacidad de convicción que ha tenido, nos ha dejado desarbolados.

Tenemos la promesa de la próxima ley, y creo que es importante que se tramite en esta cámara esa ley de rentabilidad social de la vivienda protegida.

Y como criterio, hemos votado a favor de que aquí se regule la descalificación de vivienda, pero queremos dejar, aunque sea de manera escueta, nuestro criterio fijado, y es que no se debe proceder de ninguna manera a una descalificación masiva de lo que es el patrimonio de la vivienda protegida, porque entendemos que ha sido un esfuerzo el que toda la sociedad ha hecho para poner en manos de los adjudicatarios una vivienda a precio muy económico en relación al mercado libre de la vivienda, que está absolutamente disparatado, y, por lo tanto, tienen que ser muy restringidas las condiciones para poder descatalogar y desclasificar la vivienda como protegida, porque, si no, nos encontramos con que, bueno, de alguna manera se podría favorecer la picaresca de quien se amparase en unas medidas favorables de la Administración y luego, a través de la vivienda protegida, intentase hacer negocio a los pocos meses o años.

Por lo tanto, hay se riguroso y habrá que ver qué medidas contiene ese anteproyecto de ley para tramitarlo en esta cámara.

En todo caso, estábamos de acuerdo en que se regulase y, por lo tanto, nuestro voto ha sido favorable.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lacasa.

¿Algún otro grupo?

Señorías, suspendemos la sesión [a las catorce horas y cincuenta minutos], para reanudarla a las cinco de la tarde.