Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón
Interpelaciones
Interpelación núm. 114/24, sobre la política del Gobierno de Aragón relativa a la prevención de riesgos naturales derivados de avenidas e inundaciones.
Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón n°: 032 de Plenos (XI Legislatura)
Intervinienen: Guitarte Gimeno, Tomás - López Rodríguez, Octavio Adolfo
El señor diputado GUITARTE GIMENO: Buenos días, señor consejero.
Está hoy pluriempleado.
Dado el asunto a tratar, lo primero que quiero hacer es reiterar toda nuestra solidaridad con los afectados por las inundaciones de la DANA en Valencia, nuestro apoyo a quienes han estado y están en el duro trabajo de la búsqueda de las víctimas, de la limpieza y de la recuperación. También nuestro apoyo a los pueblos de Aragón que han sufrido episodios de inundaciones este año, y también un recuerdo, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar, para las víctimas de la catástrofe de Biescas en 1996.
La prevención del riesgo de inundaciones y la gestión de las emergencias en situaciones críticas es una cuestión transversal que afecta a la Administración autonómica y también a la central, aunque al deslinde de la competencial habría que añadir la coordinación y los objetivos comunes y, a su vez, es transversal también para varios departamentos del Gobierno de Aragón. Entendemos que afecta al Departamento de Fomento y también afecta de manera significativa a la gestión de emergencias y protección civil, que dependen del Departamento de Interior, el de Hacienda y de Interior, al Departamento de Medio Ambiente y al Instituto Aragonés del Agua.
Las competencias en materia de ordenación del territorio, urbanismo y carreteras e infraestructuras son estrictamente de su departamento, por lo cual, entendemos que tiene un papel significativo. Por eso, nuestra interpelación se dirige a Fomento, porque entendemos que, por sus competencias en urbanismo, en infraestructuras y en ordenación del territorio, tiene la obligación de adaptar esas infraestructuras y actuaciones a las determinaciones sobre los usos del suelo o a los planes de gestión del riesgo de inundaciones. Fomento es el área en la que entendemos que la tarea de prevención de este riesgo ha avanzado menos.
Además, el departamento tiene la competencia también de administración local, con una importante incidencia en esa cuestión por ser el responsable de los planes locales de prevención ante las inundaciones.
El Miteco y las confederaciones hidrográficas disponen del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables y de los Planes de gestión de riesgo de inundaciones de 2016 y 2021, que han promovido y se han hecho como consecuencia de la Directiva Europea de Inundaciones y del Real Decreto que la traspuso al territorio español.
Sobre esta base, en Aragón, se redactaron los planes territoriales de protección civil de Aragón, conocidos como Platear, y el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones de Aragón, Procinar, revisado en 2019. Estos son los planes de protección civil y emergencia para atender el riesgo, que deben ser complementados con planes locales de emergencia frente a la inundación que están desarrollados en treinta y ocho municipios del Valle del Ebro, pero faltan más de trescientos treinta por disponer de esta herramienta frente a las emergencias.
Con todo, aunque queda mucho trabajo en la prevención de emergencias, gracias a los operativos de los que dispone la comunidad autónoma, la emergencia frente al riesgo natural de las inundaciones y avenidas es la respuesta que está más desarrollada en Aragón. Queda mucho trabajo en este ámbito, pero la comunidad dispone de un método en marcha y debe promover su aplicación, su extensión a municipios y comarcas, y algo fundamental que no se hace, debe formar a la población con planes de autoprotección locales y debe comenzar esta formación de emergencias, probablemente, en la escuela y en el instituto mediante planes de autoprotección de los propios centros educativos, y del mismo modo, estos planes locales deben conllevar simulacros en la prevención que hay que ensayar, obviamente.
Por el contrario, es en las competencias de ordenación del territorio, de urbanismo y de infraestructuras donde el desarrollo de las determinaciones de los planes de gestión de riesgo de inundaciones está menos desarrollado, y ahí es donde el Gobierno de Aragón debe poner el esfuerzo mayor.
Es decir, en esta interpelación no queremos poner el foco sobre el desastre natural producido, sino sobre la situación anterior, sobre la de la prevención previa. Queremos poner el foco en la vulnerabilidad por inundación y por ramblas torrenciales de los núcleos de población por la ubicación de estos en zonas inundables, por el agravamiento de este riesgo por el diseño de las infraestructuras o por su no mantenimiento. Y en el grado de vulnerabilidad de nuestros pueblos, barrios y ciudades, por el efecto de la torrencialidad de cauces y ramblas desbordadas. Y del mismo modo, en el agravamiento del riesgo por la carencia de medidas en los cauces de infraestructuras hidráulicas resilientes, de infraestructura verde basada en la naturaleza, con drenajes naturales y también en la ausencia de una gestión hidrológico-forestal del territorio en la cuenca de cada barranco. Y en esta situación de analizar, evaluar y conocer la manera en que los usos del suelo y la gestión del urbanismo y el diseño de las infraestructuras agravan o mitigan el riesgo de inundación de las ramblas y de los ríos.
Según el Procinar, el Servicio de Seguridad y Protección Civil, y, en particular, por lo que dispone el artículo 19, en la ordenación del territorio y el urbanismo, se lleva a cabo una revisión de los instrumentos de ordenación tras su aprobación inicial sobre estos aspectos en concreto, los relacionados con la situación de grave riesgo colectivo que pueda provocar el modelo territorial adoptado. Entre los riesgos que se analizan, figura el correspondiente a la inundación, tanto por crecidas de los cauces como por rotura de presa. Y como parte de los trabajos de actualización de ese Plan Especial de Emergencias, se ha procedido a revisar un total de dos cientos cincuenta y cinco informes emitidos sobre planes generales de ordenación urbana y sobre delimitaciones del suelo urbano.
Pero la cuestión es: ¿cuál es el grado de operatividad?, ¿cuál es la influencia sobre el planeamiento que están teniendo estos informes? Y surge una [corte automático del sonido] a la luz, por ejemplo, de lo aconteció en la tormenta del 6 de julio de 2023 y sus efectos sobre la Z-30 de Zaragoza. Por este suceso y por otros muchos parecidos que acontecen cada verano en Aragón, podemos confirmar que la torrencialidad no está tratada de manera suficiente en los planos y en las normativas de inundaciones.
La Directriz básica de planificación de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de 1995 es la normativa estatal que define estos riesgos y zonifica territorialmente, la zonifica en tres zonas, la A, la B, la C, y la A con tres subdivisiones.
Pero el motivo de la interpretación es el siguiente: ¿cuál sería la política general o cuál es la política general del Gobierno de Aragón para adecuar los instrumentos de ordenación territorial y de urbanismo, para adecuar también las infraestructuras a las determinaciones de todos esos mapas de prevención de riesgos naturales derivados de avenidas e inundaciones? Y si piensa que la evaluación de estos mapas cuentan con la suficiente solvencia científica que tenga en cuenta la torrencialidad.
Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (CELMA ESCUIN): Gracias, señor Guitarte.
Señor consejero, tiene la palabra.
El señor consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial (LÓPEZ RODRÍGUEZ): Gracias, presidente.
Señor Guitarte, no tengo duda alguna de la oportunidad de la interpelación en este momento en el que acabamos de sufrir en la Comunidad Valenciana, tierra con la que nos solidarizamos y a la que estamos ayudando en la medida de nuestras posibilidades, y también a la vista del número de municipios aragoneses afectados por las DANAS de los meses de septiembre y octubre pasados. También, señor Guitarte, me consta su acreditada vocación en defensa del territorio y su especialidad en estas materias por razones profesionales.
Señor Guitarte, el Gobierno de Aragón, a través de sus tres consejos provinciales de Urbanismo, exige que el procedimiento clasifique los suelos como no urbanizables de especial protección cuando se trata de suelos incluidos en zonas de flujo preferente o en las de inundabilidad en los diferentes periodos de retorno a cien años o a quinientos. Y, además, como usted bien sabe, requiere informe, que será vinculante, de las confederaciones hidrográficas, así como del departamento competente en Protección Civil y Emergencias.
Por tanto, un primer dato, aquí hay muchas instituciones implicadas, y dentro del propio Gobierno, al menos, al menos, hasta tres departamentos o, incluso, casi cuatro departamentos que tienen que ir absolutamente en conexión, en vertebración y en coordinación para poder definir este tipo de políticas. Esto significa, sin ninguna duda, señor Guitarte, que si se trata de suelos en zonas inundables, no incluidas en áreas de flujo preferente, quedan sujetos a los informes mencionados.
Quiero recordarle asimismo que el director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio, en su comparecencia en comisión en estas Cortes, el pasado día 1 de octubre, dio cuenta de la inminente elaboración de cartografía de riesgos. Se redactó en su momento el pliego de condiciones necesario y ya se ha completado el procedimiento hasta su reciente adjudicación, por importe próximo a los setecientos mil euros y en un plazo de ejecución de año y medio. Por tanto, estamos en vías de poder tener ese informe contundente que nos defina esas actuaciones necesarias.
En lo que se refiere a los riesgos específicos por inundabilidad y en cuanto a su afección al planeamiento urbanístico, ya sabe usted que corresponde a los consejos provinciales de urbanismo, así como sus revisiones y modificaciones aisladas. También compete a los consejos la emisión de informe preceptivo y vinculante respecto del planeamiento de desarrollo de los planes generales, es decir, los planes parciales y los planes especiales de ordenación.
En mi siguiente intervención, profundizaré más sobre qué son las áreas de flujo preferente y las de inundabilidad en los diferentes periodos de retorno y qué decisiones debemos acometer en los próximos meses. Y le puedo dar fe de que se hace todo con rigor, con solvencia y con la máxima pulcritud, siempre en defensa de la legalidad.
Muchas gracias. [Aplausos].
El señor vicepresidente primero (CELMA ESCUIN): Gracias, señor López, señor consejero.
Señor Guitarte, por favor, tiene la palabra.
El señor diputado GUITARTE GIMENO: Según la Guía metodológica para el desarrollo de la cartografía de zonas inundables de la que estamos hablando, en España, la problemática de la peligrosidad torrencial no ha sido abordada hasta el momento de una manera sistemática. La cartografía de las áreas susceptibles de ser afectadas por avenidas torrenciales se limita a algunas comunidades autónomas con planes de emergencia e inundaciones, como Cataluña, el País Vasco y Valencia, y otras zonas geográficas en las que lo han llevado a cabo solo estudios locales, como es el Pirineo Aragonés o Sierra Nevada.
Y ahí está, entendemos, uno de nuestros problemas, en la falta de conocimiento sobre el riesgo que la torrencialidad comporta para nuestros núcleos de población y también para las actividades económicas y, en consecuencia, la ausencia de medidas de planificación e inversiones para mejorar esos sistemas de protección histórica frente a las ramblas y el diseño de otros nuevos.
Históricamente, y con algunas excepciones, por ejemplo, en la ribera del Ebro, en Aragón, la mayoría de los núcleos de población en los valles de los ríos están situados en la ladera de piedemonte, pero no en la vega, no en el fondo del valle. Esta ubicación histórica, aparentemente sencilla, es una medida de defensa tradicional que busca la seguridad del hábitat frente a los ríos que se desbordan. También había en este tema una ubicación que buscaba no ocupar el territorio fértil del regadío en la vega.
Pero lo que ha cambiado fundamentalmente es el uso que hacemos del territorio, de las zonas inundables y de los cauces funcionales y no funcionales. Y desde los años ochenta y a lo largo del siglo XXI, la estadística de precipitaciones excepcionales señala que son más frecuentes en la costa mediterránea y en las regiones del interior. En ocasiones, estas precipitaciones están superando los modelos actuales para el cálculo de la posibilidad de retorno que la información del clima disponible hasta ahora nos ha permitido construir. Por ejemplo, hay más de trescientos setenta pueblos que tienen calles por las que discurre un barranco, y el riesgo aparece en muchos de nuestros pueblos. Recientemente, lo hemos visto en Cimballa, en Nuévalos y Jaraba, en Báguena y Burbáguena, en Montalbán y La Hoz, en Mazaleón y Valderrobres, o en la Z-40 y el Parque Venecia, en Zaragoza.
Necesitamos preparar mejor nuestros pueblos y ciudades, incluso nuestros sectores económicos afectados, para ser más resilientes ante estos riesgos naturales. Y lo mismo digo de las infraestructuras, carreteras y obras públicas en general, que en muchos puntos olvidan que atraviesan barrancos y cauces secos, pero funcionales.
Vuelvo a las primeras ideas: no se trata de analizar el modelo de emergencias y de funcionamiento en los casos de desastres naturales, es una cuestión sustancial que otro día se puede analizar, pero hoy queríamos ir al escenario anterior, que se trata no solo de llegar con las máquinas para restablecer la normalidad del funcionamiento de las redes de abastecimiento de agua y saneamiento, o no se trata solo de limpiar las calles y reparar el pavimento, que es una tarea imprescindible e igual de importante, aunque menos visible, y que se debe llegar a todos los pueblos en función de los daños: se trata de decidir dónde actúan la ordenación del territorio, el urbanismo y el diseño de infraestructuras para mitigar las inundaciones y reducir sus efectos. Y ahí —es un campo que aparentemente, como decía, es menos vistoso en los resultados, pero es un campo imprescindible de acometer— hay que trabajar con ahínco e inteligencia, y saber que estamos haciendo previsiones no para una legislatura ni para dos, sino probablemente para cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta años.
Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (CELMA ESCUIN): Gracias, señor Guitarte.
Señor consejero, tiene la palabra.
El señor consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial (LÓPEZ RODRÍGUEZ): Gracias, presidente.
Mire, señor Guitarte, porque nos atienda un poco más el hemiciclo, que está la gente un poco despistada. A la hora de hablar de instrumentos de ordenación del territorio y urbanismo, me gustaría hacer una reflexión previa relativa a nuestra historia. Podría comentarle aquí lo que fue uno de mis primeros informes en el ejercicio de mi profesión, allá por los primeros años de la década de los ochenta, en relación con la advertencia de informe negativo sobre la solicitud de construcción de viviendas unifamiliares fuera de ordenación en suelos con posible inundabilidad. Hoy me consta que esas viviendas existen, son legales porque han prescrito, así que seguro tenemos un número de viviendas en Aragón que no están en las mejores ubicaciones y sobre las que hay que tener una especial atención. Sin embargo, durante los últimos veinte, veinticinco años —y esto afecta a diferentes gobiernos de diferentes colores en la comunidad autónoma—, la rigurosidad y el cumplimiento estricto de las normas han venido siendo el eje de actuación de los distintos políticos y técnicos de las instituciones responsables en ayuntamientos, en la CHE y en el Gobierno de Aragón a través de sus órganos de control, de tutela y de especialización en la materia.
Pero, mire, para concretar algunas de las cuestiones que el otro día el presidente dejó sobre la mesa en su comparecencia, le querría decir algunas cuestiones relativas a este asunto en este momento tan importante y tan conveniente, posicionarnos sobre algo que ha sucedido y no debería suceder nunca más ni en Valencia ni en Aragón ni en el conjunto de España.
El presidente manifestó que, evidentemente, abrimos un periodo de reflexión profundo producido por el cambio climático y las catástrofes que nos acechan, que analizaremos los protocolos y las alertas y los medios y las condiciones por parte de mi compañero el consejero de Interior, que está en ello, que también se plantearán jornadas de protección y daremos ayuda a la reducción de planes de protección civil por parte de los municipios de nuestra comunidad autónoma, que tenemos voluntad de analizar todas las peticiones de DANA, de, básicamente, las que en estos momentos han tenido que tener actuaciones de emergencia. Lo digo porque saben ustedes que se llevó adelante el decreto, que se han llevado adelante las resoluciones de los diferentes departamentos en las que se desarrollan las convocatorias de las ayudas para diferentes cuestiones (en relación con el departamento que tengo la competencia, saben ustedes, en materia de vivienda, en materia de carreteras y las atenciones que se van a hacer al conjunto de los municipios). No es un numerus clausus, no es un número cerrado, pero sí, evidentemente, obedece a criterios objetivos previamente definidos en función de aquellos daños de emergencia y aquellas actuaciones de emergencia que han tenido que acometer los municipios en estas últimas DANA, que han sido, lógicamente, las más potentes. Y también, cómo no, que impulsaremos la limpieza de los cauces de los ríos y barrancos en coordinación con quien tiene la responsabilidad, que son las confederaciones hidrográficas, fundamentalmente la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Nosotros, desde la responsabilidad de la consejería, vamos a seguir apostando por ayudas a la vivienda, por ayudas a municipios, por ayudas a carreteras, pero en estos momentos sí que es evidente que fijamos una posición compartida por parte de todo el Gobierno ante una situación en la que, evidentemente, hay que reflexionar, en la que hay que avanzar y en la que hay que tomar decisiones para que no se produzcan en nuestra comunidad autónoma historias como las que han sucedido en las últimas semanas en la Comunidad Valenciana.
Por todo ello y para terminar, señor Guitarte, no tenga usted ninguna duda de la voluntad de este Gobierno para que los instrumentos de ordenación territorial y de urbanismo se vengan adecuando de forma inequívoca —y así va a seguir siendo— a los mapas de prevención de riesgos naturales derivados de avenidas o de inundaciones. Estamos en un nuevo tiempo, que necesita de acuerdos amplios de la política, reflexión serena y análisis, coordinación de acciones de las instituciones y mejora de la formación de las personas que están en el territorio para poder atender este tipo de situaciones cuando suceden. En definitiva, queremos desde el Gobierno hacer una apuesta por las personas, por el territorio y por un futuro en el que las imágenes de estos días en la comunidad hermana no se vuelvan a repetir en Aragón nunca.
Muchas gracias. [Aplausos].
El señor vicepresidente primero (CELMA ESCUIN): Gracias, señor consejero, también por su respeto de los tiempos.
Siguiente punto del orden del día: interpelación relativa a política general del Gobierno de Aragón para garantizar el derecho a la atención temprana, formulada a la consejera de Bienestar Social y Familia por la diputada señora Zamora.
Tiene la palabra.