Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

Tengo la satisfacción de venir a un Pleno especial, en este caso, para mí por ser la primera vez que comparezco en esta nueva Legislatura ante muchos nuevos Diputados, y lo que siento es que esto se ha hecho con un retraso que hace que el Pleno de hoy y que la exposición que va a hacer el Justicia de Aragón tenga un carácter un poco especial. En realidad, lo que tiene que hacer el Justicia de Aragón, con arreglo a lo dispuesto en su Ley, en la Ley del Justicia, es hacer un resumen de lo que ha sido el Informe -muy amplio este año, más amplio que ningún otro- de todo el año 1990.
Pero ha pasado mucho tiempo, hay otro Gobierno, hay otros Diputados que, aunque no son todos los que han cambiado, hace que también la voz con que tenga que hablar el Justicia en este momento sea distinta, porque la forma de hablar de las actuaciones de la Administración en un momento determinado no es lo único que aquí nos va a interesar. Hay que tener un poco la ponderación para hacer un análisis del pasado, pero mirando al futuro. Hay que hacer una especie de reflexión en voz alta sobre lo que significa la institución del Justicia en relación con las otras instituciones y Administraciones aragonesas, y procurar sacar el máximo partido de esto que es una comparecencia que yo no llamaría de mero trámite, sino de enlace de las Administraciones y, sobre todo, del enlace que deben tener las Administraciones con el pulso de la sociedad, que, a través de la institución del Justicia, se viene tocando diariamente.
Tengo que decir que, por una parte, me alegra que el resumen del año 1990 que voy a expresar hoy vaya a estar lleno de normalidad, vaya a estar regido por la normalidad en el funcionamiento de la institución. No ha tenido problemas graves, a pesar de que ustedes habrán visto que la publicación del Informe ha sido en un tomo más grande que el de los años anteriores. Pero esta normalidad con que se ha venido funcionando dentro de la institución -quizás una normalidad que no han podido tener otras debido a la existencia de unas próximas elecciones que en el Justicia no se han vivido- ha hecho que dentro del Justicia pudiéramos dotar de una estructura de funcionamiento mucho más clara a la institución, de unos criterios que van a regir en la forma de desarrollar nuestra manera de actuar.
A pesar de que ha existido un aumento considerable de expedientes, un aumento considerable de quejas en relación con los años anteriores... Tengo que decir que en el año 1990 las quejas han ascendido a mil doscientas treinta y nueve; el año anterior no llegaban a mil; el año primero, debido a que era el primero, sí que sobrepasaron, y fueron mil cuarenta y cuatro; este año han subido y han seguido siendo las más numerosas con respecto al resto de los defensores del pueblo de España. Como saben ustedes, en todos los años que hemos venido sacando las estadísticas, nos hemos encontrado con que el defensor del pueblo de Aragón -y hablo del defensor de pueblo y no del Justicia, que es el defensor del pueblo el que se ocupa de la tramitación de las quejas- ha recibido unos porcentajes de quejas bastante mayores que otros defensores del pueblo de España. Para poner dos ejemplos, solamente este año, tendremos que decir que el Síndic de Greuges de Cataluña ha recibido mil ochocientas, con sus seis millones de habitantes; el andaluz, mil novecientas, con sus siete millones de habitantes, y nosotros, con el millón ciento y pico mil, hemos recibido mil doscientas treinta y nueve.
Pero no han sido sólo quejas, han sido expedientes de varias clases. Tengo que decir que en este año ha habido una dedicación especial a los expedientes referentes a las otras funciones del Justicia de Aragón, los expedientes que nacen de que no es simplemente un comisionado de las Cortes para resolver los problemas de defensor del pueblo. Naturalmente, es un comisionado, aunque ya han hecho notar algunos autores y algunos tratadistas que es la única Ley que no habla especialmente de comisionado de las Cortes o del Parlamento, sino que es una institución básica, lo mismo que otras de la Comunidad Autónoma de Aragón, debido a que tiene las otras dos funciones: la función de defensor del Estatuto de Autonomía, para que no pueda haber injerencias, interferencias, recortes en nuestra función, en nuestra actuación como entes autónomos, y también defensor de nuestro Derecho, defensor del ordenamiento jurídico aragonés, para que siga vivo y para que se aplique. Estas dos funciones habían estado un poco olvidadas o dejadas al margen en el primer año por considerar que la principal era la de defensor del pueblo, la de defensor de los derechos y libertades de los ciudadanos. Pero no había que obviar estas otras dos de defensa del Estatuto y defensa del ordenamiento jurídico, y a partir del año siguiente, a partir de 1989, ya se trataron, ya se hizo un informe, y en este resumen, en el de 1990, ya entramos muy a fondo en la defensa del Estatuto y en la defensa del ordenamiento jurídico.
Tenemos que decir que en defensa del Estatuto ha habido cuarenta y ocho expedientes y en defensa del ordenamiento jurídico, veinticuatro más; éstos hacen un total, sumados a los que se venían arrastrando del año pasado y a los que hemos dicho de las quejas, de mil ochocientos cuarenta y cuatro expedientes tramitados por el Justicia de Aragón.
Nuestro esfuerzo se ha centrado, en primer lugar, en procurar que el contacto con los ciudadanos tuviera una flexibilidad, un acercamiento y en procurar que ese acercamiento no fuera solamente al Justicia, sino que fuera también a las otras Administraciones muy fuertes. Para eso, en esta primera parte -porque voy a dividir en partes el Informe-, en esta primera parte de la defensa de los derechos y libertades de la gente aragonesa, de la gente de la calle, nos hemos centrado en dotar de flexibilidad y rapidez a nuestras actuaciones. Hemos procurado que se cumpliese el artículo 103 de la Constitución española, que queremos que lo cumpla toda la Administración, todos los funcionarios, actuando con celeridad, con eficacia, con coordinación, con cooperación, para que los ciudadanos vean que las Administraciones funcionan, y hemos querido, por eso, dar rapidez. Hemos conseguido que más del 50% de los expedientes que han entrado y que se han tramitado en el año 1990 hayan sido resueltos dentro del año.
Lo anteriormente expuesto no es el ideal, no nos conformamos con esto. Hay que ir más deprisa y tenemos una meta que queremos cumplir, que es mucho más fuerte, de seis meses por expediente de queja, contando que tenemos que hacer la investigación, que tenemos que esperar las contestaciones, porque hay que oír a todas las partes, hay que oír a las Administraciones, y creemos que podemos conseguir esto: seis meses, como máximo, por expediente que tramitemos. Espero que el tener, el empezar a contar con un sistema informático nos haga dar este paso, que sería de gigantes, que creo que nos va a venir bien a todos. Conseguir más productividad, más actuación en menos tiempo; conseguir cumplir con estos principios de celeridad, de eficacia, de cooperación y de coordinación es fundamental.
El criterio que hemos seguido ha sido el de gran flexibilidad para la admisión de quejas. Podríamos haber sido más estrictos, y nos lo hemos planteado, pero hemos creído que en cuanto a la admisión se debe ser flexible, se debe ser abierto y se debe ser receptivo. Esto es distinto a lo que sea luego la resolución; naturalmente, una cosa es admitir y otra cosa es estudiar, oír a la otra parte, investigar y motivar lo que ha de ser la resolución del Justicia: una motivación.
Hay muchas veces que se admite en principio, pero a sabiendas de que se va casi a rechazar, a sabiendas desde el principio, pero no queremos obviar una investigación, y creemos que el ciudadano si a algo tiene derecho absoluto es a ser oído. Muchas veces, efectivamente, se ve desde el principio que estas quejas carecen si no de razón -no quiero hablar de razón-, sí de un apoyo jurídico claro. Pero el derecho a que se les escuche, el derecho a que se oiga a los ciudadanos quiero que se cumpla, y en realidad nos gustaría que se fuera cumpliendo en todas las Administraciones, y vemos que también se va cumpliendo cada vez más.
Los ciudadanos, la gente de la calle no entiende -y creo que tardará mucho en entender- una postura por parte de los poderes públicos excesivamente formal y excesivamente rigorista, una postura que exija ya unas formalidades de principio y unos requisitos muy fuertes para el trato inicial con los ciudadanos. Es necesario que eso sea abierto. En cambio, hay una cosa de la que estoy completamente convencido y que, además, querría transmitirlo también a Sus Señorías: el ciudadano agradece incluso el rechazo de sus expedientes, el rechazo de sus quejas, siempre que se le haya escuchado y siempre que ese rechazo se haya hecho con una motivación bien expresada y bien específica a su caso.
Sólo se han rechazado, por lo tanto, a trámite, de todas las quejas que hemos dicho, de las mil doscientas y pico, noventa y dos: unas, por la forma de expresión con intemperancia, con improcedencia, muy clara improcedencia, por ir dirigidas contra otros ciudadanos en lugar de ir dirigidas a la Administración, o discutir una sentencia judicial, o sea, por cuestiones elementalmente legales. Sólo se ha rechazado, en principio, el 7,5% de las quejas, el otro 92,5% ha sido admitido a trámite.
Y quiero hablar aquí de una cuestión especial, que es el tema de las quejas o de los expedientes de oficio en defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos. No solamente son quejas, tendríamos en muchos momentos que abrir expedientes de oficio por ver irregularidades patentes que existen dentro de las diversas Administraciones, de los funcionarios, de actuaciones de los poderes públicos. Pero en estas quejas de oficio hemos preferido en este momento ser restrictivos, muy restrictivos, y lo hemos preferido -tengo que decirlo- porque estábamos saturados de las normales, de las peticiones que nos venían de la gente, de los ciudadanos. Y así como en la defensa del Estatuto y del ordenamiento jurídico todos los expedientes que hemos abierto han tenido que ser de oficio porque la gente no protesta en cuanto a estos problemas, en cambio, en cuanto a las quejas de oficio -expedientes para la defensa de los derechos y libertades ordinarios- solamente hemos abierto seis quejas, y seis que han coincidido con las del año pasado y con las del año anterior, el mismo número: seis, por casualidad, pero son muy pocas para la defensa de los derechos y libertades.
Esto nos ha hecho reflexionar, porque pensamos que debe profundizarse en este tema y quizás cambiar la sistemática de actuación. Hay muchos sectores de ciudadanos que son reacios a la presentación de quejas, a denunciar; hay sectores -los ancianos, por ejemplo, minorías étnicas- que casi tienen por ley la no queja, la no denuncia. Los menores, que no presentan quejas y que, sin embargo, en las materias de que se trata son enormemente importantes. Materias como las que hemos dicho, materias también de drogas, y vemos que hay violaciones de derechos, que hay deficiencias sociales, que hay actuaciones indebidas, que hay disfunciones que deben corregirse, y, por lo tanto, es muy posible que para el año que viene las quejas de oficio hayan sido bastantes más que las de años anteriores.
La informatización también podrá librar a nuestros asesores de una gran parte de la pesada carga burocrática y podrán dedicar más esfuerzo a la investigación y a la búsqueda de soluciones para estos problemas sociales, para estos problemas de disfunciones que deberemos sacar de oficio. No es que pretendamos estar siempre poniendo el dedo en la llaga de todos los problemas y tomar los anuncios o las noticias que nos llegan indirectamente para atacar a la Administración, no queremos estar siempre instigando, porque nuestra labor es la de buscar soluciones, y vamos a centrarnos en ello, pero para buscarlas hay que tocar los problemas y no hay que obviarlos.
Y ya voy a pasar un poco a las estadísticas, si bien no quiero extenderme en ellas porque creo que en los gráficos que ustedes tienen en el Informe que presentamos, y que ya es viejo -nos hemos retrasado mucho tiempo-, se ven mucho mejor que en las exposiciones que yo pueda hacerles. Tengo que decirles simplemente algunas observaciones. Por ejemplo, ha habido una regularidad muy grande en todo Aragón en la presentación de estas quejas: no hay zonas especiales que se quejen más que otras, ni localidades, ni sectores especiales de la sociedad que puedan ser especialmente problemáticos, ni siquiera edades, ni por sexo. El 50% de las quejas son hechas por mujeres, y las materias que se han tratado vienen siendo las materias lógicas que se presentan ante la sociedad en todos los lugares: las que afectan a la calidad de vida, a la sanidad, a la Seguridad Social, a la vivienda, al medio ambiente. Ha habido este año algunas especiales, como pueden ser las molestias de aviones, cuestiones relacionadas con las lenguas, casos que han surgido este año y que han demostrado una sensibilidad especial en Aragón. Hemos de decir también que hay una especial sensibilidad ante la defensa del principio de igualdad, del derecho de igualdad constitucional, que se ha venido manifestando en muchas quejas, especialmente en cuestiones de acceso a la función pública, donde se ha exigido la igualdad, en materias de educación -en acceso a colegios-, y ha habido, como todos los años, muchas quejas que no nos competen, pero en las que sí hemos intervenido de alguna manera, en relación con la Administración de Justicia. Pero nada que no coincida con las preocupaciones de otros lugares de España y transmitidas a otros defensores del pueblo de España.
Tenemos que decir, por lo tanto, que Aragón no es diferente; Aragón es normal, y es un dato importante, pero creemos que tampoco Cataluña es diferente, que tampoco Euskadi es diferente, y que tampoco Europa es diferente. Les estoy hablando así porque hemos cotejado datos de defensores del pueblo no sólo de España, sino también de Europa, y esto puede ser importante. La sociedad en estos países privilegiados -vamos a llamarlos desarrollados- viene diciendo y pronunciándose por los mismos problemas.
Hay una cuestión que sí puede ser algo especial y que he dicho anteriormente: el Justicia es el comisionado que recibe mayor número de quejas. Hay un problema, y es un problema puramente aragonés, y lo he dicho ya otros años, pero quiero recalcarlo en estos momentos en que se está hablando de nuevas transferencias de competencias a Aragón, que se está hablando de posibles reformas del Estatuto, y este problema es que el 53% de las quejas que han venido al Justicia han sido para organismos que no dependen de su control directo, el 53,4% para ser exactos. Y hemos cotejado, hemos reflexionado sobre esto, y hemos visto que de haber existido una equiparación con Cataluña, con el País Vasco, con Galicia, con Andalucía, solamente hubiéramos recibido un 21%, en lugar de un 53%, de quejas no sujetas al control del Justicia por carencia de competencias en Aragón. El 30% de ellas ocupan el INSS, el INSALUD, el MEC, organismos que sí están transferidos en las demás Comunidades Autónomas donde hay defensor del pueblo, con lo que el de Aragón, el Justicia, es el único que no tiene facultad de supervisión sobre los mismos, y son éstos los que se han llevado el mayor número de quejas. Y tengo que decir a cambio que esto no ha supuesto ningún problema para el Justicia de Aragón, ya que hemos adoptado una forma de actuación, que voy a exponer ante Sus Señorías, que creemos ha dado buen resultado. A pesar de haber venido quejas o reclamaciones contra organismos en los que no tenemos competencia, no hemos querido rechazarlas en principio, y hemos procurado tener conversaciones directas, las cuales han sido perfectamente atendidas y perfectamente positivas por parte de la Administración estatal periférica.
Ha habido también algunas que hemos visto iba a ser difícil o inútil trabajarlas, y no hemos querido perder el tiempo y las hemos mandado directamente al Defensor del Pueblo, y las que hemos tratado también en conversación directa las hemos anunciado al Defensor del Pueblo. Lo que sí ha habido es la admisión de quejas a mediación en base a esa sentencia del Tribunal Constitucional que permite no supervisar, pero sí pedir información a los diversos organismos existentes en Aragón, sea Administración periférica o sea Administración aragonesa, y con estas solicitudes de información también hemos tenido unas satisfacciones verdaderamente gratas, gratificantes. Se han solicitado estas informaciones diciendo que era con el fin de determinar si procedía elevar las quejas al Defensor del Pueblo, y con este sistema se han producido efectos positivos y muchísimas soluciones a los problemas. Más de la mitad de las quejas para las que se ha pedido información a las Administraciones central y periférica han sido resueltas en Aragón, casi un 74% de las quejas. Por lo tanto, consideramos que el planteamiento que hemos hecho este año, en el que hemos tenido normalidad, tranquilidad, y en el que ha podido actuar bien la institución del Justicia, ha sido un planteamiento favorable no sólo para los ciudadanos, sino que -creo- también para las Administraciones, tanto para la aragonesa como para las Administraciones periféricas. Ha habido unas buenas respuestas y ha habido una positiva colaboración.
Vamos a ir al análisis del funcionamiento de lo que es regular en el Justicia, que es el funcionamiento con las instituciones de aquí, las aragonesas. El funcionamiento en relación con las Cortes ha sido también mejor, mucho mejor que en otros años, se han resuelto los problemas. Yo no quiero que en este Informe se vea que hemos pasado de una situación de quejas más o menos constantes en el funcionamiento a una de halagos, he pretendido ser simplemente objetivo; pero tenemos que decir que casi todos los problemas, todos los problemas de la institución del Justicia, los problemas acuciantes de funcionamiento, con excepción -por ejemplo- del Lugarteniente, están o resueltos totalmente o en vías de solución. Hemos podido fijar unos criterios de actuación en este año, hemos tenido un presupuesto, lo tuvimos para el año 1990, que fue acorde con las necesidades, hemos tenido posibilidades de empezar a crear la informatización, y una cosa más importante: hemos podido cumplir -tampoco se nos exigía- con una previsión de tener un reglamento de funcionamiento interior, que, además, es exterior y toca problemas de relaciones con las Cortes e, incluso, hemos tenido la satisfacción de haber recibido una oferta, que se ha hecho definitiva y patente, de un edificio para dejar de estar en precario, de un magnífico edificio que parece ajustado también a las necesidades de esta institución. Es un casón o palacio del siglo XVI, que necesita ser reconstruido, en uno de los sectores más hermosos de la ciudad, que formará con él un entorno que puede ser ejemplar, junto a otros palacios del siglo XVI como el de Azara, como el de don Lope o de la Maestranza, como muchos otros alrededor de la calle del Deán, de la calle de la Pabostría, en un sitio magnífico, y tenemos que agradecer esta deferencia al Ayuntamiento de Zaragoza, deferencia que ha sido atendida, considerada y luego admitida por la actuación, también, de las Cortes de Aragón, que han facilitado o que, en principio, ya se han pronunciado -en principio, porque todavía no tenemos el presupuesto del año que viene- para poderse edificar de forma inmediata y con todo el presupuesto necesario.
Sólo con las Cortes tenemos que señalar como defecto, que no lo señalo de las Cortes sino que es también culpa nuestra, y que es la falta de comunicación o de contacto con la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos. Queremos aclarar esto porque nos gustaría centrar una forma de actuar de cara al futuro, buscar unos cauces habituales para el contacto con esta Comisión, que es la normal para relacionarse con el defensor del pueblo y con los ciudadanos. Es una Comisión verdaderamente importante, con unas funciones que no deben dejarse como de segundo lugar, y creemos que ha sido infrautilizada -también digo que puede ser por culpa del Justicia-, infrautilizada o desaprovechada. No quiero que esto sea una culpabilización de nadie, pero sí que quiero que se fijen, y procuraré hacer lo posible para que se fijen, criterios de colaboración.
Y paso a las relaciones con la Diputación General de Aragón, acerca de las que, en este momento -como digo también-, tengo que pronunciarme de una forma especial, como no lo hice en el Informe. En el Informe están objetivamente tratadas todas las materias, todos los problemas, con la crítica objetiva, con la crítica que hemos creído necesaria; pero aquí tenemos que darnos cuenta de que el actual Gobierno no es formalmente el mismo que el anterior, y que quizás no procede estar incidiendo en unas cuestiones de funcionamiento del anterior, sino que lo que conviene es apuntar caminos para el futuro. Hablábamos en nuestro Informe de respuestas ambiguas a las quejas del Justicia, de respuestas inexistentes en algunos casos, de sugerencias atendidas pero no respondidas expresamente al Justicia, es decir, quejas que iban, volvían y se resolvían como correspondía a la queja del ciudadano, pero que luego no se contestaba al Justicia. Y pido excusas también porque en algún momento del Informe hubo un error, concretamente en esa queja que figura en la página 195, en la que se hablaba de la petición de una prórroga para la posibilidad de que los ancianos se adscribiesen al Congreso de la Tercera Edad; se accedió por la Diputación General de Aragón y, en cambio, el Justicia puso en el Informe que se había accedido pero que no se le había notificado. Hubo un traspapeleo y un error, por el cual pido disculpas, pido perdón, porque se hizo bien por parte de la DGA.
Quiero hacer una matización, y es que la remisión de algún informe en concreto que había sido objeto de acusación en el Informe, informe incompleto porque había otros informes de un Consejero y, después, al venir transmitidos al Justicia, faltaba parte de ese Informe y en su lugar había un resumen hecho por el Departamento de Presidencia. Entonces, esto tengo que decir que fue objeto de una preocupación, de un seguimiento por parte del Justicia, y que ese seguimiento se ha hecho también por parte de los asesores, y ya no se han dado más casos de este tipo. Todos los expedientes vienen completos, con los informes completos de cada Consejero.
Tengo también que decir como buena noticia que las discrepancias con el Departamento de Presidencia de la Diputación General de Aragón, en relación con una pretensión de excesiva canalización de los expedientes a través del mismo, ya no existen y se está diseñando otro sistema de colaboración. Se ha creado por parte de la Diputación General una Sección de Relaciones Institucionales, y esto va a facilitar la forma de colaboración sin interferirse entre las instituciones y manteniendo la independencia y los criterios de actuación internos de cada uno.
Bien, ante todo esto la institución del Justicia ha tenido que hacerse un planteamiento, se lo hace casi todos los años, y es el planteamiento que debemos hacernos todos los defensores del pueblo acerca de si es útil y es eficaz esta institución, para una Comunidad Autónoma en este caso. La verdad, no es por halago ni por buscar contestaciones positivas, es que entendemos que cada vez se tiende más a la creación de estas instituciones y que se están reforzando. Bueno, este año he estado en América y he visto que en muchos lugares de Buenos Aires, en muchas provincias de Argentina, se están creando los defensores del pueblo, que se procuran descentralizar; que en Italia está creciendo la tendencia hacia los defensores del pueblo regionales, que no tienen defensor del pueblo estatal, y que se está procurando la vivencia de esta problemática del ciudadano de una forma mucho más cercana por parte de estos defensores, y que, además, se está conectando y acercando a la Administración y a la gente de la calle.
Ha habido problemas muy importantes que ha tenido que tocar el defensor del pueblo y que han dado resultado, por lo menos se han tenido en cuenta, han sido objeto de aceleraciones. Llámense problemas importantes, pues, a la necesidad de una ley territorial de Aragón, que hemos pasado mucho tiempo sin ley de ordenación territorial, y el Justicia ha estado insistiendo desde el principio, desde que le vino el primer tema aislado, que fue el del Moncayo, diciendo que era objeto, que era necesario el que hubiera una ley de ordenación territorial. Tenemos la satisfacción de que recientemente se ha anunciado que habrá un proyecto en un plazo de siete meses; hubo otro, pero no salió adelante.
Hay otros problemas graves que han sido también objeto de recomendaciones y expedientes grandes, como ha sido el de INQUINOSA, y hemos visto también que, por fin, se empiezan a tomar decisiones, tras denuncias, por parte de la Administración, y esperamos que haya más decisiones. Ha habido muchos problemas en el plan de ordenación del Moncayo y de su entorno, y vemos que también se están tomando nuevas determinaciones y que ya hay un expediente en marcha.
Problemas relacionados con la transformación del control del aeropuerto de Zaragoza en militar. Estos problemas específicos que hemos tenido en Aragón de la transformación del control del aeropuerto de Zaragoza, de ser civil a ser militar, han sido también objeto especial de quejas que ha vivido constantemente el Justicia y que, a pesar de no tener competencia en la materia, tuvo que ponerse en contacto con autoridades; fue magníficamente atendido, también sin perjuicio de que luego llegamos a un resultado que no fue el que nos gustó. Hubo múltiples quejas por parte de los ciudadanos y, sobre todo, por parte de los controladores, que dieron lugar a que se hiciera un gran expediente de oficio -hablo de gran expediente porque fue de enorme magnitud- que llegó a estas Cortes y que fue origen de recomendaciones, recomendación a la DGA de que recurriera; la Diputación General recurrió, pero en este caso tampoco nos contestó al Justicia de Aragón diciendo que recurría.
Ha habido muchas quejas relativas a los ciudadanos en materia de medio ambiente, que decíamos que había que afrontar con mucha más fuerza, que teníamos unos problemas de dispersión grandísimos, que era necesaria una dirección general -esto lo decíamos en nuestro Informe-, y nos hemos llevado ahora la grata satisfacción de que, recientemente, hay una Dirección General del Medio Ambiente; esperemos que funcione. Y esperemos que funcionen otras instituciones, también de ciudadanos, que son necesarias para cooperar y para ejercitar el derecho de participación, que ayuda a todos.
Hay nuevos problemas que se van detectando, porque el Justicia, en un territorio como es Aragón, o en cualquier territorio o comunidad pequeña, está detectando los problemas y tomando el pulso de la sociedad de una forma muy directa y muy constante: problemas de nuevas urbanizaciones ilegales, problemas de incendios forestales, problemas que serán objeto de tratamiento y de estudio de oficio en este año, y que serán objeto del informe del año que viene.
Tenemos un propósito, y es el propósito de transformar muchas de las quejas de los ciudadanos que nos vienen aisladas en expedientes de oficio, es decir, de simplificar y hacer trascender los problemas individuales a su transformación en problemas generales, el ir del problema individual al general y el poder decir a las Cortes dónde residen las disfunciones y apuntar las posibles soluciones, es decir, aumento -como he dicho antes- de los expedientes de oficio. Y no quiero seguir con este tema porque hay que abreviar y porque lo tienen ustedes mejor especificado en los croquis del expediente.
Sí que es necesario tocar el tema de defensa del Estatuto y de defensa del ordenamiento jurídico. Se hicieron dos recomendaciones de interposición de dos recursos de inconstitucionalidad, uno contra la Ley 8/90, de reforma de la Ley del Suelo, por entender que se inmiscuía en algunas competencias de ordenación territorial de esta Comunidad, y se recomendó, y hemos visto que después, en otras Comunidades, se ha recomendado también y se han interpuesto recursos que estamos a expensas de que se resuelvan. También se propuso la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del Código Civil en algunas materias de declaración de subsidiariedad de nuestro Derecho, poniéndolo por debajo del Derecho común, cuando nuestro Derecho para Aragón es Derecho común en Aragón; se hizo esta sugerencia y sabemos que la Diputación General ha interpuesto el recurso.
Además, hemos actuado en una cuestión que venimos arrastrando desde hace muchos años, y nos hemos dirigido en esta cuestión no solamente a la Diputación General, sino también a las Cortes, en varias ocasiones, que es la valoración o la necesidad de tener en cuenta méritos especiales, conocimiento de Derecho aragonés, para las oposiciones o concursos de méritos de magistrados, de secretarios, de jueces y de acceso a la función pública, también de notarios y de registradores. Esto no se había hecho. Nos hemos dirigido también -porque en defensa del Estatuto y en defensa del ordenamiento jurídico tenemos derecho a dirigirnos- a las autoridades del Estado, y nos dirigimos al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial, los cuales contestaron negativamente. La DGA no nos contestó, pero, sin embargo, recientemente ha sacado un Decreto, el 113/91, facultando al Consejero de Presidencia para que gestione, tanto ante el Ministerio de Justicia como ante el Consejo General del Poder Judicial, el que se tenga en cuenta el artículo 31.1 y 31.2 de nuestro Estatuto de Autonomía a efectos de esos méritos para los jueces, magistrados, notarios, registradores, etcétera. Creemos que esto ha sido positivo, nos damos por complacidos y estamos dispuestos a la colaboración, si se desea.
Y, en cuanto a velar por nuestro ordenamiento jurídico, ya no sólo por el Estatuto, hemos tenido problemas acuciantes, que los hemos manifestado también y que constan en el expediente, como ha sido la recomendación de elaborar un texto refundido, que no tenemos un texto refundido del Derecho civil aragonés que recoja la Compilación del sesenta y siete, las modificaciones de la Ley 3/85, algunas modificaciones que devienen de la Ley de tasas y de precios, de la Ley 8/84.
Y hemos hecho también algunas otras recomendaciones que sabemos que no sentaron bien a nuestro Ejecutivo, pero que creemos que había que hacerlas, como eran las relacionadas con el Banco de Tierras. Sabemos que no nos compete legislar, que al Justicia no le compete entrometerse en materias del Ejecutivo, pero sí sabemos que las leyes están para cumplirlas y que, además, en nuestra Ley se nos dice que tenemos que vigilar su incumplimiento o su inaplicación, y lo único que queríamos es que no existiese el bloqueo. Ya hay una nueva Ley, ya no hace al caso, pero lo tuvimos que hacer.
Ha habido algunos otros retrasos o bloqueos, más bien retrasos, que nos han hecho dirigirnos en defensa de que se cumplan nuestras leyes, como era la de la Sierra de Guara, nombrando el patronato, y tenemos la satisfacción de que se ha hecho bien, se ha nombrado el patronato y, además, se ha procurado hacer democráticamente, pero llevaba un retraso muy grande con respecto a las previsiones que la Ley tenía, y tenemos que vigilar que las leyes se cumplan.
No solamente es esta vigilancia, sino que también tenemos obligación de procurar que se observe, que se aplique y que se interprete, y éste ha sido el primer año -lo tengo que decir- que hemos podido trabajar seriamente en este tema. Hemos podido trabajar, ya habíamos hecho algo en el anterior, pero en éste sí que se ha podido dar riguroso cumplimiento, ha habido un estudio muy amplio de la jurisprudencia aragonesa, que se ha reflejado en el Informe, en toda la jurisprudencia de 1990, con las interpretaciones judiciales de autos y de sentencias, sistemáticamente por materias y siguiendo el articulado de la Compilación aragonesa. Perdón, porque esto son temas un poco más aburridos, pero que el Justicia debe tocarlos. Hemos iniciado y mantenido numerosos contactos -y muy estrechos- con los juzgados y con los tribunales, y, además, con colegios profesionales de abogados, de notarios y de procuradores, para saber cómo iba el Derecho aragonés, y hemos empezado un estudio sobre el grado de conocimiento y de aplicación extrajudicial de nuestro Derecho, del Derecho en Aragón.
También hemos dedicado un esfuerzo grande -el que nos ha permitido nuestro presupuesto- para el fomento, difusión, enseñanza e investigación de nuestro Derecho. Hemos podido colaborar con la Universidad, con la OTRI, con la DGA; hemos dado becas, hemos sufragado matrículas para que se estudiase en el tercer ciclo Derecho aragonés e Historia del Derecho; hemos colaborado también con la DGA en la cátedra Lacruz Berdejo; en unos cursos dirigidos por el profesor Embid sobre Derecho público, también subvencionando o ayudando, y hemos hecho unas jornadas de Derecho público en el año 1990, que tuvieron importancia; junto a ellas, ha habido publicaciones de estudios serios de catedráticos, implicando también a instituciones económicas.
Podremos decir muchas más cosas en el informe del año que viene debido a la conmemoración del cuatrocientos aniversario de la decapitación del Justicia Mayor, don Juan de Lanuza. Pronto va a salir un cuerpo legal histórico que era necesario: los Fueros y observancias del Reino de Aragón, fueros, observancias y actos de corte, de la edición de Savall y Penén, con traducciones, porque ahora, desgraciadamente, tampoco muchos de los juristas saben latín; va a venir con traducciones y va a poder servir para que se empiece a trabajar y a investigar sobre nuestro Derecho; no existía un cuerpo al alcance de la gente, y el Justicia, este año, con motivo del cuatrocientos aniversario, lo va a proporcionar. También se va a procurar hacer otras cosas, más publicaciones, pero ya no me extiendo porque se dejarán para el informe del año que viene.
Bien, y tengo que cumplir también con una obligación de la Ley, perdón porque me extienda, pero hay muchas imposiciones y una de ellas es la de dar cuenta, pequeña, breve, de la liquidación del presupuesto del año 1990. Tenemos que decir que el presupuesto se ha liquidado, se ha ejecutado, figura publicado en el Boletín Oficial de 26 de abril que ustedes tienen, en las páginas 5.229 a 5.232. Y decimos que se ha ejecutado, a 31 de diciembre del año pasado, el 70,5% del presupuesto. Se ha ejecutado el 70,5% porque no se pudieron contratar a las personas, a la dotación de personal que había aprobada y prevista, debido al nuevo Reglamento, que exigió que se hiciera por oposición, y si se hubiese podido contar ya con todo el personal, como estaba aprobado y previsto, hubiéramos superado el 90% del presupuesto, que, con algunas otras cosas, es ajustado a las necesidades reales.
Otra imposición nueva, otro deber nuevo que tiene el Justicia, éste ya no de su Ley, sino de la nueva Ley de Protección de Menores, que en el artículo 6 impone una nueva obligación para exposiciones y para informes del Justicia, que es incluir una valoración del estado de los derechos de los menores. Esto, quizás, ha sido objeto de un tratamiento más especial; ya se hizo un poco el año anterior porque fue nada más salir la Ley, pero no dio tiempo a hacerlo exhaustivamente; en cambio, este año sí que se ha hecho una primera valoración seria, objeto de seguimiento y que es necesario poner de manifiesto aquí, y que se pone de manifiesto en el Informe.
Las pautas de comportamiento entre la Diputación General de Aragón y otros organismos relacionados con los menores dejan en entredicho la efectividad de algunos derechos y, sobre todo, de algunas garantías de los menores. Ha habido quejas de padres biológicos, ha habido quejas de expectantes padres, expectantes solicitantes de adopciones por la tramitación de expedientes. Ha habido deficiencias, ha habido retrasos, ha habido falta de motivación de algunas decisiones, y ha habido resoluciones de importancia que han tenido grandes efectos jurídicos y que carecían de motivación. Se han utilizado, muy sistemáticamente, modelos impresos con fórmulas tipo sin ninguna referencia a casos concretos de los niños que habían sido confiados a tutela. Ha habido falta de notificación durante varios meses, falta de notificación a padres que habían entregado el hijo a guarda y, a pesar de que se había pronunciado la Administración en resolución de desamparo y, por lo tanto, les quitaban el hijo a los padres, no se había hecho esta notificación a los padres en varios meses. Esto sí que son problemas graves. Ha habido falta de constancia documental en informes en los expedientes, ha habido retraso en el examen de solicitudes de adopción, ha habido falta de claridad en cuanto al orden del examen de estas solicitudes, falta de claridad en el orden que da lugar a protestas.
Señores Diputados, no se trata en esto de simples problemas burocráticos; en esto sí que estamos hablando de situaciones de indefensión en perjuicio de los menores, situaciones que pueden ser graves. Una falta de motivación en las resoluciones de desamparo por parte de la Administración que asume la tutela y priva a los padres del ejercicio de la autoridad familiar puede ser muy grave desde el punto de vista de derechos humanos. Hemos hecho diversas sugerencias y recomendaciones, y la DGA nos ha asegurado un esfuerzo grande para solucionar el problema. En el futuro informe de 1991 será en el que podamos valorar si este grave problema se ha resuelto o no se ha resuelto.
Ha habido también una falta de desarrollo reglamentario de la Ley del menor, que estaba impuesto también, y que han transcurrido no solamente seis meses, sino más de un año sin tener ese Reglamento. Y ha habido una falta, ésta ya no de la Administración, pero sí falta de exigencia de reglamento de régimen interior en los centros de internamiento. Esta es una cuestión fundamental para los derechos fundamentales de los niños, para los derechos relacionados con correctivos, relacionados con castigos, relacionados con valoraciones y con otras cuestiones de los niños.
Este es el gran problema que hemos traído hoy y que figura en el Informe, y el gran problema creemos que está basado, y lo decimos también para que se solucione, en el incomprensible e inadmisible bloqueo de las transferencias plenas a la DGA. Se han hecho las transferencias de competencias, se han ido haciendo transferencias de medios, pero hay medios materiales y hay personas que no han sido transferidos de diputaciones provinciales a la Diputación General de Aragón. Estas transferencias de medios venían impuestas por imperativo de dos leyes: una, por la Ley de Ordenación de la Acción Social, y otra, por la Ley de Protección de Menores. Se daba el plazo de un año y no se ha hecho esta transferencia. Este incumplimiento plantea muchos problemas de descoordinación y, creemos -aunque en esto no debe meterse el Justicia-, de enfrentamiento, también, entre las instituciones. Lo que sí importa al Justicia es que los perjudicados son los menores. Y, entonces, hubo una primera recomendación, ya en el año 1989, a las Administraciones implicadas para que se acelerara la solución de este problema. Ha habido insistencias en 1990. Recientemente, el año pasado, se ha conseguido, afortunadamente, que Huesca y Teruel transfirieran ya los medios que tenían pendientes a la Diputación General de Aragón, pero todavía no se ha hecho por parte de la Diputación Provincial de Zaragoza en su totalidad. Son los derechos del menor los que siguen en entredicho y son los derechos, también, de los padres, son derechos de los padres biológicos y de los padres expectantes.
Quiero aprovechar este momento para urgir a las instituciones a un acuerdo y a una rápida solución. Señores Diputados, señores de las Administraciones y señores del Gobierno, yo comprendo que no es fácil hacer estas cosas rápidamente cuando inciden factores, problemas de tipo patrimonial, de tipo de dinero, de tipo de medios, de tipo de transmisiones o transferencias de personal. Pero hace falta que la voluntad política vaya por encima de todos estos factores y de todos estos intereses: día que pasa es día que se deteriora la situación, y lo venimos observando. Hace poco se ha cerrado un centro de orientación y acogida del Servicio de la infancia en la DPZ; creemos que estas cosas que pasan debían estar coordinadas, porque si no, pueden ser fracaso, con independencia de las causas que hayan motivado ese cierre, en las cuales no quiero meterme.
Desde luego, no se trata sólo de acusar. Como Justicia tengo, también, el deber de ayudar a buscar soluciones. No sé si la razón aquí la ha tenido la Diputación General Aragón o la Diputación Provincial de Zaragoza. No quiero entrar en ello; a lo mejor tienen parte de razón las dos. Lo que sí me preocupa es el problema de los menores y que los afectados principales son los niños. Yo me limito, desde esta tribuna, a aprovechar para brindarme, para brindarme, por conocer el problema, a ayudar a sentarse en una mesa a las dos Administraciones hasta que se resuelva el problema, si hace falta con el mismo Justicia que esté también allí actuando en su función hermosa de mediador.
Podría hablar de otras materias, pero las voy a dejar para el próximo informe, que no va a ser el ordinario del año que viene, sino uno extraordinario que tengo prometido y que se ha venido retrasando, que es el informe relativo a los ancianos y a las residencias de ancianos. Este pasará a la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos para que las Cortes decidan si se trata en Pleno o si se trata en Comisión.
Muchas gracias, señor Presidente, y perdón, señores Diputados, por lo extenso de la exposición.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Emilio Gastón, Justicia de Aragón.
Toca ahora el turno de intervención de los Grupos Parlamentarios, durante cinco minutos, en principio, comenzando, de menor a mayor, por el representante o Portavoz del Grupo Parlamentario Convergencia Alternativa de Aragón-Izquierda Unida. Señor representante, tiene la palabra.

El señor DIPUTADO (BURRIEL BORQUE): Señor Presidente, señor Justicia de Aragón, señoras Diputadas, señores Diputados.
Creo que fue Norberto Bobbio, y si la cita es errónea, con toda seguridad podrá corregirme nuestro Presidente...

El señor PRESIDENTE: Lo prometo.

El señor DIPUTADO (BURRIEL BORQUE): ...quien dijo que si legislar es una tarea noble, si gobernar es difícil y si juzgar es comprometido, la tarea más hermosa de todas es la de defender los derechos de las gentes.
Usted, señor Justicia de Aragón, la institución que usted representa, sin duda alguna, tiene una hermosa tarea, y ésa es su suerte, pero ésa es también su servidumbre, ése es orgullo y ésa es también su responsabilidad. Por eso, a mí me gustaría, desde el principio, con admiración hacia su función, comenzar diciendo que saludamos su presencia en esta Cámara y que nuestro Grupo se siente orgulloso de poder participar en este debate.
Y dejada constancia de ello, sin preámbulos mayores, quiero decir también que esta comparecencia ante el Pleno de las Cortes de Aragón para Convergencia Alternativa de Aragón-Izquierda Unida tiene un doble significado, y a ese doble significado me voy a referir. Por un lado, se trata, obviamente, de cumplir con la obligación de presentar el informe anual a las Cortes, como dice la Ley reguladora de la institución del Justicia de Aragón; presentado está, de ello hay constancia, y hablaremos de ello. Pero se trata también, creemos nosotros, o debería tratarse también de no desaprovechar la ocasión para hacer un necesario e indispensable debate sobre el funcionamiento de la Administración, sobre todo autonómica, en nuestra Comunidad. Creemos que no son ocasiones éstas para que terminen en el propio acto, que no son momentos para desaprovechar las ocasiones que se presentan. Es indispensable, ante problemas y cuestiones, algunos tan graves como los que en este Informe se detallan, que colectivamente reflexionemos y hablemos para buscar soluciones, si esas soluciones y la voluntad para ello así lo permitiesen.
Yo soy consciente de que el tiempo de que disponemos, exclusivamente quince minutos, no va a permitir hacer un repaso sobre la situación de la Administración en nuestra propia Comunidad Autónoma, y que, por tanto, sobre muchas de las cuestiones no se podrá sino apuntar algún tipo de detalles y, en el mejor de los casos, algún tipo de voluntades. Pero a ello también quiero dedicarme, someramente, porque me parece que no es de recibo que desaprovechemos la oportunidad que en este momento en esta Cámara se nos brinda.
Y como lo sano es comenzar por el principio, vamos a ello. Con toda sinceridad, debo decir que nos ha sorprendido el Informe anual del Justicia de Aragón, y debo decir que nos ha sorprendido favorablemente. Dicho en román paladino, en el que suele el pueblo fablar a su vecino, dan ganas después de haberlo leído de decir: ¡puñetas!, ¡aquí se ha trabajado bien!, ¡aquí se han hecho muchas cosas!, ¡aquí hay una tarea gratificante y una tarea interesante! Su Informe, señor Justicia, creemos nosotros que es un documento de valor evidente para conocer nuestra Comunidad, es un documento importante para conocer nuestra Administración. Creemos también que, en más de una cuestión, es un instrumento de análisis que se agradece, que nosotros agradecemos: ahí está ese serio, documentado y riguroso informe sobre INQUINOSA, ahí está ese informe, al que que usted se refería al final de su intervención, sobre protección de menores o ahí está esa atención pormenorizada -por citar sólo algunas cuestiones- sobre posibles vulneraciones del Derecho aragonés.
Del contenido del Informe se desprende, creemos nosotros, sin lugar a dudas, que estamos ante una institución, la del Justicia de Aragón, absolutamente consolidada, que hemos cubierto el tiempo preciso para convertirla en una institución eficaz, que se ha pasado ya el Rubicón que se necesita para podernos plantear el funcionamiento previo que toda institución nueva como ésta precisa y necesita. No se entiende -y queremos decirlo para dejar constancia de ello aquí-, por tanto, que, a un año aproximadamente de la terminación del mandato que tiene el Justicia de Aragón, se carezca todavía de Lugarteniente. Desde el punto de vista técnico, sin lugar a dudas desde el punto de vista legal, no es un problema complicado; por tanto, no son razones técnicas las que impiden que en este momento la institución no tenga un organigrama, y además en tareas fundamentales, totalmente cubierto. Y si las razones no son técnicas y son de otro tipo, desgraciadas sinrazones, señoras y señores Diputados. Yo creo que no podemos terminar, que no debemos terminar la Legislatura sin completar aspectos que, si no me equivoco, están completos totalmente en todas las instituciones similares que hay en otras Comunidades Autónomas. Creo, además, como decía antes, que, con una institución consolidada, no terminar este organigrama es un acto de seria responsabilidad para todos nosotros. Nosotros creemos que hay que elevar a la categoría de oficial lo que en este momento es real, y creo que todas Sus Señorías me entienden. Es decir, que tenemos que convertir en auténtico lo que en la práctica está ya funcionando como auténtico, que no podemos estar formalmente con una situación incompleta del Justicia, porque eso crea situaciones a veces cómicas, y puede crear situaciones más cómicas todavía en el futuro si se sigue manteniendo. Yo anuncio que nuestro Grupo llevará adelante, intentará, por los medios que estén a su alcance, procurar que la institución del Justicia termine esta Legislatura con el organigrama completo o, dicho de otra manera, con el nombramiento y la existencia del Lugarteniente en nuestra Comunidad.
El Justicia de Aragón -una figura por la que tanto y tantos nos hemos esforzado, y, con toda seguridad, por la que tanto nos hemos esforzado todos los que estamos presentes en esta Cámara- pierde una parte de su valor, pierde una buena parte de su eficacia si no cuenta con la colaboración de la Administración. El Justicia, como todos sabemos, no tiene capacidad ejecutiva, el Justicia conoce, el Justicia recomienda, el Justicia traslada, el Justicia sugiere, y, desde luego, en esa labor necesita que la Administración le facilite los medios. Y es desalentador -yo no sé qué grado de desaliento producirá en el propio Justicia- ver en este Informe cómo desde la Administración en muchísimas más ocasiones de las debidas se responde con el silencio, se dialoga con la ironía, yo creo que a veces con una torpe ironía, se incumplen recomendaciones o, en todo caso, la indiferencia es equivalente al olvido. Y, es curioso, la Administración autonómica -y yo aplaudo consideraciones que se han hecho desde esta mesa por parte del señor Justicia de Aragón en relación con los últimos tiempos, no incluidos en este Informe, sobre la mejora de las relaciones con la Administración autonómica-..., pero es curioso que en este Informe desde la Administración autonómica la comunicación sea mucho más complicada y mucho más difícil que desde otras Administraciones, cuando la Administración autonómica es la Administración llamada más directamente a colaborar con las funciones del Justicia de Aragón.
Yo sé, señores del Gobierno, que me van a decir que éste es el Informe de 1990 y que la responsabilidad, por tanto, en cuanto Administración autonómica corresponde a otro Gobierno. Pero, llamando a las cosas por su nombre, hay que destacar que el Gobierno de ahora tiene el mismo soporte político -variaciones cuantitativas aparte- que tenía el Gobierno anterior, y, además, hay Consejeros que no se han distinguido precisamente por esa colaboración que se siguen sentando y repitiendo en esos casi bancos azules. Creo que es necesario que se diga esto, que es necesario que se conozca esto y que es necesario, además, que con claridad se pueda constatar.
Yo creo, sinceramente, que, dado como han estado las cosas, las Cortes deberían procurar claramente impulsar la colaboración y la atención a las tareas del Justicia. No es una cuestión meramente formal. Con esto nos jugamos mucho más, se juegan mucho más los ciudadanos de esta tierra de lo que pueden ser las disputas, las tensiones, las incomprensiones entre instituciones o entre personas que aquí nos reunimos; el problema es mucho más serio y tiene que ir más allá; la colaboración se tiene que poner en funcionamiento y en marcha, sin lugar a dudas, sin ningún tipo de interferencias.
Es sorprendente, por ejemplo -y hablo del Informe, al que tenemos obligación de referirnos-, que en las sugerencias, recomendaciones y advertencias que se formulan por el Justicia en 1990 en defensa de derechos individuales y colectivos de los ciudadadanos la Diputación General de Aragón no diera respuesta al 90% de las mismas -está en la página 409 para consulta, aunque, sin duda alguna, todos ustedes han tenido ocasión de leer-. Y, además, ésta no es única la cuestión, porque hay más.
Al hablar de las relaciones con la Diputación General de Aragón -página 58-, el Informe constata, incluso con pruebas documentales -y leo prácticamente de forma textual-, que las relaciones en el ejercicio de sus funciones tienen frialdad -habla de la DGA- o incluso desconfianza. Y no me cabe duda de que en el Informe del Justicia se está utilizando un educado eufemismo para hablar y para señalar cómo han estado esas relaciones. A lo largo del Informe se habla y se dice el porqué de extrañas relaciones con el Consejero de Presidencia -que repite, y no porque no haya aprobado-; se habla en el informe de INQUINOSA, concretamente; se habla de curiosas encomiendas -se ha dicho que se han resuelto y, por tanto, somos los primeros en aplaudir esa solución- de uno a otro para que sea el último y no el primero el que acabe respondiendo; se habla de desatenciones a requerimientos, incluso... Es decir, se habla de incomunicación, de tensión en la relación, cuando, insisto, estamos ante una de las tareas claves que la Administración tiene que ejercer en relación con el Justicia si queremos que el Justicia sea un órgano eficaz en el cumplimiento de sus funciones. Y esto a mí me parece que es serio -repito-, y es incluso una obligación con la legalidad y una obligación con los ciudadanos.
Pero continúo porque ya veo que el tiempo, el tiempo del que hablaba don Antonio Machado, se va echando encima y no queda casi nada. De todas maneras, espero una cierta flexibilidad por parte del señor Presidente, aunque sólo sea para poder hablar de esta hermosa función a la que se refirió Norberto Bobbio, y al que tanto cariño tiene el señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (LACLETA PABLO): Discrecionalmente la tiene el señor Diputado.

El señor DIPUTADO (BURRIEL BORQUE): Muchísimas gracias, no había advertido que estaba Su Señoría ejerciendo las funciones de Presidente, pero cuento también con la misma flexibilidad, como ahora me manifiesta.
Esta Administración autonómica, señoras y señores Diputados, tiene problemas de coordinación, problemas serios de dispersión en el desarrollo de sus funciones, y el Informe las destaca y hay que referirse a ellas. Cuando hablaba de que este Informe tiene que ser uno de los instrumentos para hacer un debate sobre el funcionamiento de la Administración, sobre todo autonómica, estas cosas no se pueden pasar por alto.
En la página 117, y con un detalle digno de mejor atención, se pone en evidencia la dispersión que existe y la descoordinación, por ejemplo, en materia de medio ambiente. Las competencias de medio ambiente en esta santa Comunidad, si mis conocimientos no son equivocados, están distribuidas entre Consejería de Agricultura, Consejería de Industria, Consejería de Sanidad, Consejería de Ordenación del Territorio e, incluso -¡oh, sorpresa!-, Consejería de Presidencia y de Relaciones Institucionales. Y aunque nosotros no compartimos que las tareas de medio ambiente puedan ser llevadas a efecto desde una dirección general de un departamento, porque pensamos que esas tareas deben tener un contenido globalizador y que deberían ejercerse desde una agencia o incluso desde una consejería propia, lo que nos parece que no es de recibo en cuanto a eficacia, en cuanto a tareas a desarrollar y en cuanto a gasto es que esa dispersión se produzca. Y, ahora, hace unos días, como todos ustedes saben, se acaba de crear -y además se ha designado persona para que ocupe el puesto- la Dirección General de Medio Ambiente, en la Consejería de Ordenación Territorial, como con la cabeza -porque lo sabe mucho mejor que yo- me dice el señor Consejero. Y a mí me gustaría saber qué funciones se van a ejercitar desde esa Dirección General que no sean las de simple y estricta policía, me gustaría saberlo. Por eso precisamente, porque nuestro Grupo es un Grupo ávido de conocimiento, vamos a presentar sendas preguntas a todas las Consejerías que he citado para que nos digan cómo prevén el funcionamiento de su actividad, qué vías de coordinación -si es que creen que deben establecerse- van a poner en funcionamiento, qué eficacia prevén en las tareas que les son propias y, en definitiva, qué nos va a pasar a los ciudadanos con una situación como la que en estos momentos tenemos. Y eso son problemas de coordinación, eso son problemas que afectan a la estructura administrativa de esta Comunidad, a la Administración, que el Justicia pone en detalle y pone de manifiesto con total claridad, y a los que nosotros no podemos dejar de referirnos. Yo creo que en este ámbito, en este foro representativo, el máximo foro representativo de esta Comunidad, es donde tenemos que hacer las alusiones precisas.
Pero no solamente acaban aquí las cuestiones relativas a situaciones de descoordinación. ¿Cómo no hablar, al referirnos a disfunciones de la Administración de la Comunidad, de la paralización del proceso de transferencias desde las diputaciones provinciales, en concreto desde la Diputación Provincial de Zaragoza, a la Diputación General de Aragón en materia de ordenación de la acción social y de protección de menores? Es algo -permítanme la expresión- que clama al cielo, creo que clama al cielo. Clama porque de la paralización del proceso de transferencias están derivando perjuicios graves en la gestión de temas como menores y porque, para mayor crítica -y también hay que decirlo porque el Informe lo señala-, la paralización del proceso es probablemente un acto consciente y premeditado que nace de la incomprensible pugna partidaria entre instituciones, para más crítica, para más sonrojo y para más vergüenza, y yo creo que esto no podemos desconocerlo ni podemos permitir que continúe en la misma situación. Como la ocasión la pintan calva -y no va por nuestro Presidente, que, además, entra en este momento-, yo lamento que no esté con nosotros el compañero de Cámara, don José Marco, que, aunque aquí no está en función de tal, sí que tiene la responsabilidad en la Diputación Provincial de Zaragoza, y me parece que es perfectamente de recibo el que, aprovechando -insisto- la oportunidad, yo haga una referencia más expresa a esta cuestión y a esta disfunción que afecta a los menores de esta tierra de una manera grande. Esta cuestión yo creo que no puede dilatarse, yo creo que no puede dejarse ahí, porque hablamos de transferencia de la Ley de menores y de problemas de menores.
¿Sus Señorías se han leído, sinceramente y con detalle, las veintiocho páginas que tiene esta cuestión en el Informe del Justicia? Pues yo debo decirles que a este humilde Portavoz, que sobre esta cuestión ya tiene y tenía algún conocimiento por razones profesionales, a este humilde Portavoz se le ha puesto la carne de gallina. Sorprende, de entrada, la discordancia de datos, llama la atención la incongruencia con que la Administración suministra las informaciones, asusta la frivolidad a la hora de hacer declaraciones de desamparo. ¡Qué decir de la ausencia de notificaciones, por lo menos suficientes, a padres en las declaraciones de desamparo, de la falta de regulación reglamentaria, que también se indicaba que ha sobrepasado con creces el período de seis meses que constaba en la Ley! Yo no puedo insistir más por falta de tiempo -creo, incluso, que he llegado a cumplir el cuarto de hora-; pero me parece que es preciso resolver, como aquí se ha dicho hace un momento por el Justicia, este problema, que afecta al funcionamiento de la Administración autonómica, a una de las cuestiones que más daño pueden producir dentro de esta Administración a sectores como los menores y que no pueden quedar permanentemente encima de la mesa, mucho más si las razones no son de coordinación o de dificultad, sino que son razones de contenido partidario. Eso es preciso que se resuelva. Yo saludo las iniciativas que se han planteado al final de su Informe, del complemento al Informe por parte de don Emilio Gastón, y nuestro Grupo dice públicamente que las aprueba, que las aplaude y que pondrá los medios para que se lleven adelante con todo su entusiasmo.
Pero déjenme que hable de otras cuestiones destacadas, también con rapidez: INQUINOSA. Y no voy a regatear elogios al documento, no voy a regatear elogios al documento, porque creo que no deben regatearse. Se trata de un documento riguroso, de un documento esclarecedor. Y yo pregunto: ¿a qué esperamos, aunque se haya tomado alguna medida últimamente, a qué esperamos?, ¿a qué espera la Administración de esta Comunidad? Y le digo también: ¿a qué espera el señor Justicia de Aragón para, haciendo uso de sus facultades, trasladar este Informe al Ministerio Fiscal? Yo se lo pregunto porque creo que ésa es una de las funciones que el Justicia tiene y, desde luego, del Informe se deduce, se deducen claramente indicios sobre la comisión de delitos graves contra la salud pública. ¿A qué se espera para trasladarlo al Ministerio Fiscal? ¿Para qué nos pueden servir unas hermosas páginas, perfectamente documentadas, aquí recogidas, si después pasa a formar parte de la literatura inútil con la que, en ocasiones, las instituciones se revisten? Yo creo que es preciso que, desde la Administración autonómica, se tomen medidas rigurosas y en serio en función de los datos que aquí se recogen con la participación de quienes sean precisos, pero creo también que el Ministerio Fiscal en esta cuestión, como debería seguramente hacerlo en otras... Debe hacer uso de las facultades que tiene y dirigirse al Ministerio Fiscal.
Y es que el tema es muy serio. En el propio Informe, en la página 65, aparte de una carta que, desde luego, se la podía haber ahorrado quien la dirigió, se dice: "ninguna otra noticia -dice el Justicia después del Informe- se ha recibido de la Diputación General en relación con nuestro Informe y las Recomendaciones que contenía, por lo que nos es imposible informar a la Cámara de la postura del Gobierno de Aragón". Estas cosas se dicen y ustedes han leído el Informe.
Yo creo, sencillamente, que el tema no merece comentarios. Yo invito al nuevo Gobierno a que este Informe no sólo lo haga suyo, sino que, además, ponga los medios para que las iniciativas que en él se recogen o que de él se deducen salgan adelante. No estamos ante un problema menor, sino que estamos ante un problema muy serio.
Yo iba..., pero la falta de tiempo me lo impedirá, por eso me he traído -no por amenazarles con nada- el tomo del Informe del Justicia, les iba a leer una serie de párrafos de este Informe que, desde luego, son perfectamente ilustrativos de lo que estoy diciendo, pero me lo voy a ahorrar en función del tiempo que estoy ocupando.
Pero déjenme hablar, antes de que termine, de alguna otra cuestión. Creo que también deberíamos hablar del aeropuerto civil de Zaragoza, o del aeropuerto de Zaragoza, que también es un tema que viene a propósito del Informe; a mí me ha ilustrado, y les aseguro que es algo que he seguido durante este período, pero me ha ilustrado en relación con no pocas cuestiones. En el Informe se señala -por si alguien lo dudaba- que lo que ha ocurrido, la militarización del control aéreo -que, en la práctica, es la militarización del espacio aéreo de esta Comunidad-, no se ha debido a razones objetivas, sino que es el final de todo un proceso en el que, paso a paso, se han tomado medidas para llegar a esa definitiva conclusión. Yo creo que ésta es una cuestión importante que se deduce con claridad de lo que hay aquí; es más, en este momento pueden haber desaparecido razones objetivas de las que se recogen en el Real Decreto de 18 de mayo de 1990. Bueno, vamos a ver cómo esta Cámara es capaz de, haciendo uso de voluntades que aquí se han recogido y se han expresado, como en otras instituciones aragonesas, y haciendo uso de la desaparición de estas razones objetivas -con todas las comillas que se quiera-, volver a replantear el problema en beneficio de lo que sería el desarrollo de esta Comunidad, un desarrollo cada vez más indispensable.
Hablaré ya sólo -aunque a mi pesar- de algunas cosas concretas: las relaciones con la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos. Entristece saber, y somos los primeros en aceptar la parte de responsabilidad que tenemos en ello, que la Comisión ha servido para muy poco, que en la práctica no ha servido para nada, que hemos estado ante una Comisión que apenas se ha reunido con el Justicia -creo recordar que, en toda la Legislatura, solamente en dos ocasiones; si me equivoco, pido perdón de antemano-, y que cuando lo hizo no fue para bien, sino que lo hizo para mal, según se desprende del Informe.
En este momento, yo tengo el honor de ser Vicepresidente de esta Comisión y les aseguro que, en lo que de mi parte esté -que no es más que la quinceava parte del total, del conjunto de la Comisión-, esa Comisión tendrá un nuevo y diferente funcionamiento, y servirá no solamente de comunicación, de enlace o de registro con el Justicia de Aragón, sino de lugar de debate, de encuentro, de transmisión de información y de datos de un sitio a otro: desde las Cortes al Justicia, desde el Justicia a las Cortes, y que debemos hacer de ella una caja de resonancia y de trabajo que afecte a los derechos -como su nombre indica- y a las peticiones de los ciudadanos de esta tierra.
Y permítanme que termine -ahora sí termino- con dos conclusiones. ¿Ustedes se han dado cuenta -lo decía don Emilio Gastón al final de su intervención-, Señorías, de lo que dificulta tareas y trabajo en esta Comunidad Autónoma el tener un Estatuto de Autonomía como el que tenemos? ¿Ustedes se dan cuenta de lo que eso significa? El 53% -se decía hace un momento- de las quejas que los ciudadanos de aquí dirigen al Justicia de Aragón son quejas sobre las que no tenemos ninguna capacidad de intervenir, porque tenemos un Estatuto de Autonomía disminuido. Si tuviésemos un Estatuto diferente, el 21% -creo recordar que ésas son las cifras que se han dado- sería exclusivamente el número de quejas sobre las que no tendríamos ningún tipo de incidencia. ¿Ustedes se dan cuenta de las oportunidades que se pierden? ¿Ustedes se dan cuenta de cómo se ha agotado el modelo autonómico que se puso en funcionamiento y en marcha en este país y que afecta a esta Comunidad? ¿Cómo es indispensable que abordemos esta cuestión, porque forma parte fundamental y esencial del trabajo de esta Cámara?
Ayer tuve la oportunidad de hablar con el excelentísimo señor Presidente de la Comunidad Autónoma, don Emilio Eiroa, y le hice saber -creo que debo decirlo aquí- que nuestro Grupo, en fechas no muy lejanas, va a pedir en esta Cámara que se haga un debate sobre la reforma del Estatuto de Autonomía y la financiación de la Comunidad Autónoma. Lo mismo que se hacen debates sobre el estado de la Comunidad, eso forma parte del estado de esta Comunidad, y creemos que aquí se debe hacer ese debate. Que sepamos las posiciones realmente, que sepamos con qué iniciativas podemos contar y qué iniciativas podemos poner en funcionamiento, que sepamos a qué estamos jugando cada uno de nosotros y a qué jugamos todos. Insisto: en esta Cámara nuestro Grupo presentará, dentro de breves fechas, la comunicación correspondiente para que ese debate se pueda llevar a efecto. Buscaremos el procedimiento para hacerlo.
Y creo, además, que habrá que buscar procedimiento para que esta Cámara sea de verdad un lugar donde lo que hablemos sean las cosas que importan a Aragón. Yo tengo la sensación, con todo el respeto a Sus Señorías -entre las que me cuento-, de que en el período de tiempo que llevamos, por razones a veces reglamentarias, o quizá por otro tipo de razones, de lo que hablamos aquí poco trasciende allá; que las cuestiones en las que nos debatimos, y a veces con las que nos enfadamos, son cuestiones que, como mucho, importan a los Grupos Parlamentarios, pero poco importan en la calle. Y repasen los Plenos que estamos teniendo: éste puede ser un Pleno importante, si hacemos un debate sobre el estado de la Administración, si no hacemos un debate puramente rutinario y protocolario; el Pleno siguiente será para elegir los miembros del Consejo Asesor de Televisión; el anterior estuvimos tomando en consideración una Proposición de Ley que viene de la Legislatura pasada o examinando cómo se refunden en una dos consejerías... Y llevamos cinco o seis meses de funcionamiento en esta Comunidad, o tres o cuatro, y han pasado cosas. Yo creo que aquí hay que hablar de lo que importa, y que hay que buscar los mecanismos, y que hace falta que esos mecanismos los encontremos entre todos, con la voluntad política que, me parece suponer, tienen los ciudadanos de esta tierra al depositar en nosotros su confianza. Permítanme, en todo caso, la digresión, pero me parece que es importante.
Y quiero decirle, finalmente, al señor Justicia de Aragón una cuestión: usted no sabe vender la institución. Yo tengo, al menos, esa impresión. Yo sigo con una cierta dedicación el funcionamiento de la institución del Justicia de Aragón, y creo que soy una persona relativamente informada en relación con lo que ocurre en las instituciones de esta Comunidad...

El señor PRESIDENTE: Señor Burriel, por favor, vaya concluyendo.

El señor DIPUTADO (BURRIEL BORQUE): Voy concluyendo. Muchas gracias, señor Presidente, por la flexibilidad, pero voy concluyendo enseguida.
Y, sin embargo, a mí me ha sorprendido buena parte de lo que se recoge en este Informe; ni yo lo conocía. Yo creo que deben ustedes trasladar y buscar los medios para trasladar a los ciudadanos no sólo la respuesta de su queja particular, sino la tarea que están desarrollando y que están haciendo colectivamente. Creo que es la mejor garantía, además, para el futuro de la institución, y la mejor garantía para que las recomendaciones que se hagan sean capaces de afectar a todos nosotros y, afectando a todos nosotros, seamos capaces, entre todos, de llevarlas adelante cuando creemos, colectivamente, que es de justicia que adelante se lleve. Creo que vende mal la institución y que debería plantearse una venta mejor de la institución que, en este momento, usted representa.
Para que las cosas no queden en palabras -yo voy a terminar, termino ya-, porque las palabras son hermosas, las palabras son necesarias... El propio Justicia de Aragón tiene un libro que tituló: "Como mejor proceda, digo..." Me consta que Blas de Otero es uno de sus poetas favoritos, y pidió la palabra, Blas de Otero es uno de los que pidió la palabra, también la paz, pero pidió la palabra; pero a mí me parece que no son suficientes las palabras. Yo quiero terminar con unos versos que el señor Gastón conocerá, sin lugar a dudas, y que dicen: "Y si después de tantas palabras / no sobrevive la palabra, / si después de las alas de los pájaros / no sobrevive la palabra, / más valdría, en verdad, / que se lo coman todo y acabemos". Yo he acabado.
Muchas gracias, señoras y señores Diputados, señor Justicia de Aragón, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Burriel.
Esta Presidencia ruega encarecidamente a los señores Portavoces que se ajusten, en la medida de lo posible, a los tiempos previstos.
La señora representante del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra.

La señora DIPUTADA (FIERRO GASCA): Señor Presidente, señor Justicia de Aragón, señoras y señores Diputados.
Es ésta una nueva Legislatura que ya ha comenzado a caminar. Nos honra usted con su presencia, como es preceptivo en esta Cámara, en un año, como usted muy bien ha dicho, muy importante para su institución, pues, en breves fechas, vamos a celebrar el cuatrocientos aniversario de la ejecución del que fuera Justicia Mayor del Reino de Aragón, don Juan de Lanuza V. Bienvenido, excelentísimo señor don Emilio Gastón a estas Cortes de Aragón, a ésta, su casa, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
Con gran interés he leído y releído su Informe, he apreciado su detallado trabajo y su gran dedicación al mismo y, al igual que me ocurría con los grandes libros de derecho, lo que, en un principio, impone por su volumen, conforme avanzas en la lectura de sus páginas, se recrea la mente y el espíritu por lo enriquecedor de sus enseñanzas. ¡Cuántas quejas, señor Justicia, cuántas necesidades a las que los responsables políticos y la Administración tenemos que intentar satisfacer! Contemplo su labor con cierta envidia. Tiene usted, señor Justicia, línea directa con el pueblo, con la sociedad. Es usted el gran escuchador de Aragón, y si bien hablar es un don dado a muchos, es privilegio de muy pocos el saber escuchar. Hoy, cuando en la vida democrática son los grandes grupos los que tienen voz -partidos, asociaciones, colectivos-, usted recibe y atiende no sólo a estos, sino también a las personas individuales. Ese es el gran tesoro de la filosofía de su institución: escuchar, incluso, al que está solo con su problema, con su petición; el individuo también cuenta, ¿no cree?
Usted, señor Justicia, también se queja: se queja de que algunas instituciones no le contestan, de que hacen oídos sordos a sus recomendaciones. Pero ése no es el sentimiento que debemos traer a este debate. Se queja de que la Comisión de Derechos y Peticiones no le recibe cuando usted quiere. Pues bien, hoy quiero manifestarle que el Grupo Popular, que tiene el honor de presidir dicha Comisión, y de la que yo también formo parte, va a poner todo su empeño en tratar de regular la periodicidad de su presencia en dicha Comisión, dotándola del contenido necesario en cada momento, independientemente de que, por razones puntuales o urgentes, sea necesaria allí su presencia. Espero, pues, que en breves fechas quede paliado este problema. Como ve, esta queja de su Informe ha sido atendida y está en vías de solución.
Hoy, cuando todo se difunde gracias a la publicidad, no pasa desapercibido que, a pesar de su esfuerzo, hay muchos aragoneses que no saben qué es ni para lo que sirve el Justicia. Como queda reflejado también en su Informe, ha acudido usted a colegios, ayuntamientos, colectivos, asociaciones, medios informativos, allí donde se lo han solicitado. Pero creo que ha llegado el momento de dar un paso más, ha llegado el momento de acudir adonde no se solicita su presencia; sobre todo, ha llegado el momento de acercar la institución a los colegios, mediante métodos divulgativos, concursos, comics..., a través de los cuales los escolares lleguen a conocer el verdadero valor y finalidad de lo que representa su institución.
Todas las quejas reflejadas en su Informe me parecen de sumo interés, pero, como es lógico, no voy a entrar a valorar todas y cada una de ellas. Preocupantes son las referentes al medio ambiente; conservar y preservar la naturaleza creo que es un deseo de todos, y en eso todos los Grupos estamos de acuerdo. Preocupantes son las de asistencia sanitaria, las de cultura; pero si algo me ha consternado de su Informe han sido las relacionadas con los problemas de los menores necesitados de protección.
Cuando un problema o queja se convierte en una simple cifra, parece que se representa como de menor importancia; pero cuando detrás de dicha cifra hay niños, mi conciencia es la que pide a todos que, de una vez por todas, se solucione la problemática existente con respecto a la transferencia de competencias de las diputaciones provinciales a la Diputación General de Aragón. Da la impresión de que a la sociedad actual le resulta más fácil asimilar la legalización de ciertos supuestos de aborto que el que, con la legislación ya existente, haya instituciones que, respecto a los menores, no se adapten a ella, unos menores que, por sus problemas, son, en cierto modo, responsabilidad de todos. Ni los intereses políticos ni el exceso de burocracia deben entorpecer situaciones en las que los perjudicados son los más indefensos: los niños. No se trata de culpar aquí a nadie, pero sí se debe dar una rápida y pronta solución a estos problemas. Espero del buen hacer de todos y, aunando buenas voluntades, solucionar este problema por encima de criterios políticos.
Para que Sus Señorías se den cuenta de hasta qué punto puede perjudicarse a un menor por esta causa, me remito al resumen de acontecimientos de la queja que se recoge en la página 215 de su Informe. Se trata de regular la visita de sus padres a unos menores en situación de guarda, y quiero citar textualmente: "Solicitud de guarda por parte de los progenitores ante la ausencia de vivienda, ya que la familia había sido desahuciada. Aceptada la guarda por la Administración, declara a los menores en situación de desamparo sin hacer referencia alguna al régimen de visitas". Se requiere a los progenitores que es necesario solicitar formalmente un régimen de visitas. Se concede, por la Diputación General de Aragón, la posibilidad de esta visita, en día y hora a fijar por la Diputación Provincial, ya que ésta custodia materialmente a los menores. "Denegación por la Diputación Provincial de la visita, argumentando no ser de su competencia la fijación de fecha y hora." Se fija por la Diputación General, al fin, el régimen de visitas, fijándolo en una hora, una vez al mes. "Cuando la primera visita se puede llevar a efecto, ha transcurrido un mes y medio." Competencias, burocracia... ¿Ustedes saben lo largo que puede suponer a un niño el estar mes y medio sin ver a sus padres? ¿Es aceptable que unos padres no puedan ver a sus hijos en este tiempo por no tener cada institución sus competencias debidamente asumidas? Quizás tengamos que recurrir al sabio rey Salomón para solucionar este problema.
Le decía antes, señor Justicia, que era usted el gran escuchador de Aragón, pero su función no termina en la defensa de los derechos de los ciudadanos. El Justicia de Aragón goza, además, de otras dos funciones de capital importancia: la tutela del ordenamiento jurídico aragonés, velando por su defensa y aplicación, y la defensa de nuestro Estatuto. De gran importancia me parece su recomendación de realizar el texto refundido de la Compilación del Derecho Civil. Y tan importante como realizar la labor antes dicha es la divulgación de nuestro Derecho aragonés, que, si bien a nivel de estudios del derecho se ha preocupado la institución que representa, propiciando los oportunos cursos y dotando de becas para su estudio, hoy la mayoría de los aragoneses sólo tienen escasas nociones de aquél a través de la tradición oral. Me atrevería a decir que algunos ni tan siquiera saben de la existencia del Derecho aragonés. Entre los estudiantes y estudiosos del derecho aún son pocos los que acceden a su estudio. Nuestro Estatuto de Autonomía concede especial importancia a la especialización en Derecho aragonés, considerándola mérito preferente para el acceso a determinadas plazas, como usted nos ha dicho también. Lamentablemente, como antes le indicaba, son muy pocos los que pueden alcanzar esos méritos, a pesar de las becas de la institución que usted representa. Es de esperar que el nuevo proyecto de estudios, en el que se recoge la existencia de una asignatura de derecho autóctono, donde lo hubiere, en las respectivas facultades de derecho, salga adelante. La labor realizada por su institución al respecto me parece encomiable. No obstante, creo que se debería propiciar de algún modo que el conocimiento, aunque sea mínimo, de nuestro ordenamiento jurídico llegue también a las clases más populares, con un lenguaje fácil y accesible. Si la gran mayoría de los aragoneses conociéramos nuestro ordenamiento jurídico, nuestro Derecho aragonés, tendríamos una mayor valoración histórica de la importancia de nuestra comunidad.
Es función del Justicia de Aragón también la defensa del Estatuto, y en idénticos términos me quiero dirigir a usted. Es nuestra ley de leyes. Pero esa defensa entiendo que no sólo consiste en impedir que éste sea vulnerado, sino en conseguir, aprovechando ese contacto directo que usted tiene con el pueblo aragonés, darle a conocer el espíritu y la letra de nuestro Estatuto de Autonomía, de nuestra carta magna.
Espero y deseo que el Justicia de Aragón cuente pronto con su nueva sede, donde pueda dedicarse más aún, si cabe, a desarrollar su actividad en colaboración con todo su equipo de trabajo. A este equipo quiero también felicitar en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tanto por la labor desarrollada como por la confección del documento que hoy nos ocupa.
Y, para terminar, he querido reservar un ruego, un deseo que el Grupo Popular quiere traer hoy a esta Cámara, un deseo enraizado con las características históricas de la institución del Justicia de Aragón. La figura del Justicia no es nueva, pervivió durante siglos y, tras un largo período de inexistencia, ha resurgido en la actualidad, adaptándose, como es lógico, a los nuevos tiempos. Pero hay algo que podemos y debemos rescatar del pasado, y no es otra cosa que la presencia física del Justicia de Aragón en todas y cada una de las Sesiones Plenarias de esta Cámara, al igual que en las antiguas Cortes aragonesas el Justicia Mayor del Reino estaba presente junto con los estamentos que entonces componían dichas Cortes. Bien es cierto que para que esto pueda producirse será necesario el consenso de los Grupos; en una próxima reforma del Reglamento de estas Cortes podría contemplarse esta sugerencia.
Me gustaría que el Justicia de Aragón viese a las Cortes como Margarita Yourcenar define en sus Memorias de Adriano a quien fue su imprescindible colaborador: alguien que no sea ni nuestra sombra, ni nuestro reflejo, ni siquiera nuestro complemento, sino alguien por sí mismo, alguien que nos deje en completa libertad y que nos obligue, sin embargo, a ser plenamente lo que somos.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fierro. El representante del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés tiene la palabra. Señor Bolea, puede hacer uso de la tribuna.

El señor DIPUTADO (BOLEA FORADADA): Señor Presidente, Señorías.
En nombre del Grupo del Partido Aragonés, para cumplir el trámite de intervenir tras la exposición del Informe anual del Justicia de Aragón, don Emilio Gastón, persona por la que siento -siempre he sentido- un sincero afecto, y a quien como Justicia de Aragón le reitero mi más profundo respeto.
En la brevedad del tiempo concedido, las reflexiones van a ser breves. La primera de ellas es la referente al retraso con que este Informe se produce. Es un Informe referente a la actuación del Justicia de Aragón en 1990; el Informe, según consta, fue terminado de redactar el 9 de marzo de 1991, se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de 26 de abril de 1991, y, a la sazón, estamos en el 3 de octubre cuando hablamos de él. Me da la impresión de que este Informe, como algunos trenes, está pasando tarde, pero, a pesar de todo, alguna referencia habrá que hacer a él. Desde el mes de abril hasta el mes de octubre ha habido tiempo sobrado en la pasada Legislatura de que este Informe se hubiese visto. Yo no quiero hablar del pasado, como decía el Justicia, lo que sí quiero hacer y destacar es la sensibilidad del Presidente y de la Mesa de las Cortes de Aragón de incluirlo inmediatamente en esta tercera Legislatura, y, aunque tarde, el tren pasa también ante nosotros, y alguna reflexión habrá que hacer sobre ello.
El Justicia de Aragón, en su Informe, hace en primer lugar referencia a los medios con los que cuenta: medios personales, medios materiales, medios económicos. En los medios personales dice literalmente que "la aprobación del Reglamento de organización y funcionamiento por parte de las Cortes de Aragón permitió llegar a un acuerdo que consideramos positivo en lo tocante a la composición del personal del Justicia". Ciertamente, el personal con que en este momento cuenta la Administración del Justicia puede clasificarse en dos grandes grupos: el llamado personal de confianza, formado por los asesores y lo que se llama el Gabinete, y el personal de plantilla o personal administrativo. Nos preocupó mucho a la Mesa y a los Portavoces de las Cortes de Aragón que esta plantilla se estableciese, porque, ciertamente, en la organización de la Administración del Justicia, en definitiva una institución de la Comunidad Autónoma, tenía que haber una continua solera que mantenga el funcionamiento administrativo de la institución. En consecuencia, comparto esa satisfacción, compartimos esa satisfacción del Justicia y creemos que esta solución ha sido buena.
En cuanto a los medios materiales, hay que hacer una referencia a la actual situación, ubicado en un piso en la calle de San Jorge, una situación transitoria que se ha cubierto con dignidad por parte del Justicia y de los funcionarios, cubriendo las deficiencias que la instalación material tiene. Se habló de la instalación del Justicia en la Aljafería. Para nuestro Grupo quizás hubiera sido la ubicación ideal, junto a las Cortes de Aragón, porque así hubieran estado las dos instituciones compartiendo este maravilloso palacio; pero parece ser que deficiencias de cabida lo impiden. El caso es que en este momento el Justicia de Aragón está ante la coyuntura próxima de instalarse definitivamente en un palacio del siglo XVI, en el entorno de la Seo, que creo que también va a ser un entorno histórico dentro del cual el Justicia podrá recrear su pasado y podrá ver con esperanza su futuro.
Y en cuanto a los medios económicos, quiero destacar una frase literal de su Informe. Dice el Justicia: "ningún problema se ha planteado a la institución en el año 1990 desde la perspectiva de los medios económicos". Claro, escuchar esto a la Administración en 1991 es como una bocanada de aire fresco, el decir que está plenamente satisfecho con los medios económicos no es normal, porque la inmensa mayoría quiere más: las administraciones, los departamentos, los ayuntamientos, todos, en este sentido, y el que el Justicia haya visto satisfechas sus necesidades indica un sentido de la ecuanimidad que yo le agradezco.
Ciertamente, en el presupuesto del Justicia hemos pasado a noventa y siete millones de pesetas para el pasado 1990, lo que supone un 30% de aumento con respecto al del ochenta y nueve; se adelantaron cuarenta millones para obras en el edificio... Y el presupuesto de este año, sobre el que no quiero hablar, creo que le va a causar una gran satisfacción, porque no solamente se aumenta con respecto a los gastos de funcionamiento, sino, sobre todo, porque las Cortes de Aragón se han sensibilizado para que el futuro palacio del Justicia de Aragón tenga la dignidad que la institución merece.
Hace el Justicia de Aragón en su estadística una referencia que me parece que es importante: el Justicia de Aragón ha recibido en 1990 mil doscientas treinta y nueve quejas, que ya son quejas. En porcentaje, sobre diez mil habitantes, representa el 10,46%. Y a los aragoneses, que nos gusta siempre que nuestra tierra vaya adelante, nos complace que en quejas seamos los primeros de España en porcentaje, y esto es bueno, es en donde más nos quejamos, porque el Síndic de Greuges, en Cataluña, sólo recibe el 3,12, el Valedor do Pobo Galego no llega más que al 2,24 -parece que todos están casi conformes-, y hasta el Defensor del Pueblo sólo alcanza el 7,63, muy lejos ese 2,24% y ese 3,12% del 10,46% con que animan los ciudadanos aragoneses la institución del Justicia.
Pero de estas mil doscientas treinta y nueve quejas lo curioso es lo siguiente: que parece ser que estas mil doscientas treinta y nueve quejas van referidas al Gobierno de la Diputación General de Aragón, y, ¡oh, sorpresa!, de las mil doscientas treinta y nueve, solamente ciento setenta y dos se refieren a la Comunidad Autónoma, porque las otras quinientas cincuenta y dos se refieren a la Administración del Estado y noventa a la Administración local -cuarenta y seis al Ayuntamiento de Zaragoza-. De estas ciento setenta y dos que se refieren al Gobierno de la Administración autónoma digamos que, como quejas reales -las que no se han archivado, etcétera-, aproximadamente, rondan las cincuenta. Consecuentemente, que la imagen que aquí se pueda reflejar del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón no se vea como un mal funcionamiento ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, sino como un funcionamiento normal. Esas ciento setenta y dos quejas sobre mil doscientas treinta y nueve son un porcentaje muy inferior, incluso, a la del Valedor do Pobo Galego, respecto a las Comunidades Autónomas.
Un capítulo importante del Informe del Justicia de Aragón es el referente a las relaciones interinstitucionales. ¿Cómo se lleva el Justicia de Aragón? Pues vamos a seguir su Informe. ¿Cómo se lleva con las Cortes de Aragón?, ¿con Mesa y Junta de Portavoces? Y nos dice: "En contraste con lo ocurrido en 1989, en 1990 han quedado perfectamente asentadas las relaciones, sin que se hayan producido roces de ningún tipo"; positivo totalmente. ¡Hombre!, yo no comparto lo del año ochenta y nueve, porque el año ochenta y nueve estábamos aquí también nosotros, y la verdad es que las relaciones con el Justicia también fueron bastante cordiales.
¿Con la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos? Aquí el Justicia de Aragón nos dice que estas relaciones no han sido fluidas, y -entrecomillo- "en cualquier caso -dice el Justicia de Aragón-, y a la vista de una nueva y sorprendente citación a comparecer ante la Comisión, el Justicia quiere dejar constancia de los riesgos que supone utilizar las comparecencias de la institución para fines distintos de los derivados de sus funciones y, muy especialmente, la utilización política partidista de la institución que ello pueda implicar". Yo he leído este párrafo, lo entrecomillo, lo repito, lo reproduzco, y me pregunto cuál es la adivinanza, porque yo no sé a qué se refiere. Lo que sí puedo decir es que este Grupo o éste que quiere utilizar la institución con fines políticos no hemos sido nosotros, o sea que el Partido Aragonés no ha tenido que ver ni arte ni parte con este tema, no sé a cuál se refiere, y, por lo tanto, que estamos ajenos a la utilización partidista o política del Justicia de Aragón.
¿Y con el Pleno? Con el Pleno echa en falta algún tipo de reacción de los Grupos Parlamentarios hacia sus conclusiones, cree que deben dar lugar a "un examen en profundidad y llevar a concretas propuestas que solucionen los hechos que dan lugar a las mismas". A mí, señor Justicia, solamente me han concedido un cuarto de hora, no puedo entrar muy a fondo sobre sus mil y pico quejas y, por lo tanto, yo lamento el no poder entrar más a fondo sobre el mismo, pero quizás el año que viene podamos dedicar un mayor tiempo. En cualquier caso, creo que los Grupos Parlamentarios respetamos profundamente las conclusiones de sus informes.
¿Y con la Diputación General de Aragón? Pues, con la Diputación General de Aragón, leemos el Informe del Justicia, y dice que aprecia una cierta frialdad, incluso desconfianza, y yo, sinceramente, en esto creo que se ha llevado un poco no sé si de la literatura, pero me parece que el tema no está por ahí, sobre todo en razón al número de las quejas que se dirigen a la DGA, las que reciben otras instituciones... Yo conozco perfectamente a los Consejeros actuales y a los pasados y jamás he oído ni una crítica, ni una desconfianza, ni una frialdad con respecto al Justicia; al contrario, siempre han procurado invitarle a los actos, siempre que esté en su sitio, siempre con el máximo afecto, con el máximo cariño y con el máximo respeto.
Pero, vamos a ver, dice, respecto a esa desconfianza -y entre comillas-, que "nunca ha sido solución a nada la de matar al mensajero, y si las impresiones o afirmaciones del Justicia pueden perjudicar políticamente, la mejor solución es poner los medios para solucionar las disfunciones públicas que las han motivado". ¡Hombre, yo creo que aquí el señor Justicia se ha pasado! A don Juan de Lanuza nos lo mataron los de Madrid, pero a don Emilio Gastón, que yo sepa, no lo han matado, ni es un mensajero, es una institución; don Emilio Gastón, afortunadamente, goza de espléndida salud y la institución del Justicia goza de espléndida salud, luego aquí nadie ha matado al mensajero ni ha querido matar al mensajero. Quizás sea ésta la razón de la frialdad o la desconfianza. Yo creo sinceramente que no.
O cuando dice que resulta chocante que las respuestas a sus escritos vengan siempre de manos del Consejero de Presidencia. Yo, señor Justicia, en esto tampoco estoy conforme con su conclusión. En la Diputación General de Aragón existe la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, y el señor Consejero de Presidencia anterior, el mismo en la anterior Legislatura que en ésta, se dirige, por ejemplo, a las Cortes de Aragón, y las Cortes de Aragón se comunican con la Diputación General de Aragón a través del Departamento de Presidencia. Claro, ¿que le gustaría que le contestase el señor Presidente, antaño don Hipólito, hogaño don Emilio? Pues yo no sé si esto es así o no es así, yo creo que no; yo creo que al Defensor del Pueblo, cuando se dirige en las muchas quejas que tiene a la Administración del Estado -el de Madrid-, don Felipe González no es quien le contesta, yo creo que será don Virgilio Zapatero o alguna de las personas que están en las relaciones institucionales, y que es lo lógico y lo normal. Y, además, la contestación debe hacerse ante el Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales. ¿Por qué? Pues porque la personalidad de toda entidad es única y los órganos están perfectamente relacionados, y alguien tiene que ser el que sepa todo lo que pasa con las Cortes, con el Justicia, y, por organización, es la Consejería de Presidencia. De modo que yo creo, señor Justicia, que el que le conteste -y creo que en el futuro le seguirá contestando- el Consejero de Presidencia es tan normal que no hay que hacer ninguna conclusión. Yo me pregunto si las quejas que se refieren a la Administración del Estado, esas muchísimas que le han enviado, si es don Felipe González con el que usted se entiende como Justicia de Aragón; yo creo que a lo mejor ni siquiera con un ministro, posiblemente lo haga con los delegados provinciales, a lo mejor ni siquiera con el Delegado del Gobierno, lo hará con los gobernadores civiles o con el mismo director provincial... En fin, no hagamos de esto una montaña que no...
Y, luego, otro tercer tema al que quiero también hacer referencia, que también ha producido esa frialdad, y esa frialdad es un tema anecdótico, pero al que creo debo hacer referencia. En su Informe leo literalmente: "Sorprendente y doloroso fue para el Justicia un incidente protagonizado por el Presidente de la Comunidad Autónoma con motivo de la estancia en Aragón de todos los defensores del pueblo de España y de Portugal". ¿Cuál fue ese sorprendente y doloroso incidente? Pues fue el siguiente: el día en que vinieron los señores defensores comisionados, el señor Presidente los recibió en la Diputación General de Aragón y los obsequió, como se dice, con un vino de honor. Al día siguiente, por la mañana, el Presidente de la Comunidad Autónoma invitó al Defensor del Pueblo y a su Adjunta -su Adjunta orgánicamente (murmullos)- a un desayuno, a los dos, y el Defensor del Pueblo y su Adjunta llegaron hora y media tarde a una reunión de trabajo que tenían los defensores del pueblo, lo cual produjo, por lo visto, esta curiosidad, por no llamarla de otra forma. ¡Hombre, señor Justicia, no hagamos de la anécdota una categoría! Creo, sinceramente, que aquí ha habido una falta de organización... Que el señor Presidente invite... Si hubiera invitado a almorzar -como en Aragón se almuerza sobre las once de la mañana, como usted sabe, no como en Madrid, que a la comida la llaman almuerzo, y aquí, en Aragón, algunos un poco, digamos, catecúmenos llaman a la comida almuerzo, en Aragón la comida se llama comida y el almuerzo es el de las once de la mañana, ¿verdad?-, les hubiera roto...; pero, vamos, el desayuno normalmente es a las nueve de la mañana, es decir, con un poco de organización no hubiera pasado absolutamente nada. Yo creo sinceramente que de esta anécdota no debemos sacar ninguna mala conclusión.
¿Y con la Administración del Estado? Pues con la Administración del Estado resulta que, en lo tocante a la Administración periférica del Estado, la relación con los delegados y directores provinciales y regionales es plenamente satisfactoria, y aquí está la clave de lo que yo le decía antes, las relaciones con delegados, directores, no con don Felipe González ni con los ministros, etcétera; de modo que sirva esto también un poco para comparar y no queramos hacer de la Comunidad Autónoma de Aragón algo que no hagan los demás.
No entro -ya termino, señor Presidente-... Me parece muy bien la exposición -creo que es muy correcta- que se ha hecho en defensa de los derechos individuales y colectivos reconocidos en el Estatuto, lo mismo que se hace en defensa del Estatuto y tutela del ordenamiento jurídico aragonés. No voy a entrar, porque no hay tiempo, en cada una de ellas; hay unas más importantes, otras menos importantes, unas más trascendentes, otras menos trascendentes. Pero sí recordar, con respecto a la defensa del Estatuto y tutela del ordenamiento jurídico, que el artículo 27 de la Ley del Justicia dice lo siguiente: "Cuando el Justicia estime que una ley o disposición con fuerza de ley contradicen el Estatuto de Autonomía, o que una resolución o acto emanado de la autoridad de otra Comunidad o del Estado no respetan el orden de competencias establecido en la Constitución, el Estatuto o en la correspondiente ley, se dirigirá inmediatamente a la DGA o a las Cortes de Aragón instándoles a interponer el pertinente recurso de inconstitucional o conflicto de competencia". En este tema el Justicia ya nos dice que ha empezado a trabajar, y a trabajar satisfactoriamente, y yo creo que bien. Unicamente a lo que yo le estimulo y animo es a seguir insistiendo en este tema.
Me parece muy positivo, como dice en su Informe, que "se está al corriente de cuantos recursos de amparo, inconstitucionalidad y cuestiones de competencia están en tramitación ante el Tribunal Constitucional y pueden afectar a la Comunidad Autónoma o a las funciones de la institución". Yo creo que aquí se podría incluso sacar una conclusión. Por ejemplo, hay Comunidades Autónomas, como la de Cataluña, el País Vasco, Galicia, también Valencia, etcétera, que interponen un número considerable de recursos de inconstitucionalidad o de cuestiones de competencia con la Administración del Estado, y, aquí, en cambio, vamos un poco retrasados. Yo creo que sería bueno, profundizando en ese estudio, que ese tipo de asesores hiciese unas conclusiones: ver los recursos que han interpuesto otras Comunidades Autónomas y decir que este mismo recurso lo puede interponer también la Comunidad Autónoma de Aragón, porque hay materias, como, por ejemplo, la de agricultura, o turismo, o industria, por citar algún ejemplo, en las que la posibilidad de interponer esa cuestión de competencia hubiera sido idéntica, y a idéntica razón, idéntica solución, y en eso yo creo que la Comunidad Autónoma va retrasada y que éste es un tema importante. Yo animo y estimulo al Justicia, con su probado afán de trabajo, a que incida en este tema.
Y termino formulando mis votos por la prosperidad y la vitalidad de la institución del Justicia de Aragón. Los que hemos creído en la democracia, los que creemos en Aragón, hicimos todo lo posible por obtener un texto legal del Justicia, que nos parece que es bueno, tan bueno que, posiblemente, sea el mejor de todos los que, respecto a esta figura, existen en el ordenamiento jurídico español, porque la materia de la defensa del Estatuto de Autonomía de Aragón y del ordenamiento jurídico aragonés no la tiene ningún otro defensor de estos temas, y, claro, la responsabilidad del Justicia en estos temas es amplia. Aquí no tenemos, por ejemplo, esta especie de consejo que tiene la Comunidad catalana, que es la que informa las cuestiones de competencia, los conflictos de inconstitucionalidad; aquí lo hemos confiado en el Justicia y, quizá, en este tema haya que seguir incidiendo.
Ciertamente, en estos votos por la prosperidad de la institución del Justicia, yo no puedo decir que el Justiciazgo venga a ser lo que fue en el pasado, pues si recordamos un poco, por terminar mi intervención como la empieza el Justicia -el Justicia empieza todos sus informes con una poesía, que yo creo que eso es bonito, porque le da sentido y le quita dramatismo a su intervención-, yo voy a terminar también con otra poesía. Entonces, en esa rememoración de lo que fue el Justiciazgo, podíamos recordar... Yo no estoy tan puesto en poesía moderna, recordaré un poco la poesía clásica, y decirle también al Justicia que: "En otros tiempos de ambiciones locas, / fundaron esa torre mis abuelos -el Justiciazgo-, / diéronle base las gigantes rocas / y a sus almenas pabellón los cielos". Las rocas eran las instituciones, la legislación y lo que era Aragón; el cielo era la esperanza. No tenemos esas rocas. Ciertamente, yo coincido con Su Señoría en que el Estatuto de Autonomía de Aragón no da demasiado juego, pero no es ahora el momento de hablar del Estatuto de Autonomía de Aragón, pensemos que esas rocas algún tiempo -como las torres del Pilar- se consoliden y se les pueda inyectar cemento, podemos inyectarles. Al cielo no lo podemos cambiar, el cielo lo tenemos ahí, es el camino de la esperanza, y yo tengo la seguridad, señor Justicia, de que con las Cortes de Aragón y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón, olvidándonos de desayunos y almorzando juntos, conseguiremos que Aragón siga adelante.
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (LACLETA PABLO): Muchas gracias, señor Bolea. Continuando con la intervención de los Grupos Parlamentarios, tiene la palabra el señor representante del Grupo Socialista. Don Alfredo Arola tiene la palabra.

El señor DIPUTADO (AROLA BLANQUET): Muchas gracias, señor Presidente.
Pasada la hora de almorzar, señor Bolea, señor Justicia... Como ustedes saben, a lo largo de la pasada Legislatura, he protagonizado en nombre de mi Grupo Parlamentario las intervenciones del mismo para discutir, debatir, comentar su informe, y hay algo que ya han dicho también los anteriores portavoces, todas las personas que han intervenido, que este debate de hoy viene marcado, está condicionado, por una realidad política importante, cual es la de haberse celebrado unas elecciones y que esta Cámara ha sido renovada. La Cámara que debía conocer el Informe del Justicia de 1990 dijéramos que ya no existe, ha sido renovada y es la tercera Legislatura la que conoce hoy su Informe.
Pero yo quiero resaltar que, en nuestra opinión, fueron razones de prudencia política las que aconsejaron que este Informe no fuera debatido en la segunda Legislatura, a pesar de estar dirigido a ella. El respeto que nos merece el Informe de la institución necesita un debate yo creo que sosegado como éste, en un momento menos partidario de lo que obligadamente supone toda elección. En esta Cámara hubiéramos corrido el peligro de que, en lugar de ser un órgano de reflexión, hubiera intentado convertirse en un elemento más de distorsión que de resonancia política, y eso no hubiera sido bueno, yo creo, para ninguno de nosotros. Hubiera sido, además, una evidente contradicción sobre parte de los contenidos que propiciaron el acuerdo político de la celebración de las elecciones autonómicas en el mes de mayo. Por lo tanto, estas primeras palabras quieren ser un reconocimiento a todas aquellas personas de aquella Legislatura que tomaron esta decisión que nosotros, hoy en día, no dudamos en alabar, y que es evidente que fueron la anterior Mesa y Junta de Portavoces. Ellos fueron también, junto con la Legislatura, los que a lo largo de estos tres años han ido consiguiendo la consolidación de la institución; habría que repasar en años anteriores -y se lo decíamos en la primera intervención que teníamos sobre su debate- que había que marcar un camino, que había que marcar unas pautas, unas metas, que teníamos que ver que no se iba a poder hacer todo de una vez como quisiéramos. Sin embargo, en la textualidad de su Informe de hoy, hay que reconocer que aquella segunda Legislatura contribuyó de forma muy importante, como era su obligación, a la consolidación de la institución, de la misma manera que esta Legislatura ya ha empezado también con medidas concretas a esa consolidación.
Pero este debate hay que abordarlo también, en lo concreto, desde el reconocimiento de otro hecho político, a nuestro modo de ver significativo y que ya he citado al inicio de mi intervención, cual es la renovación del Gobierno, aunque no de los partidos que lo sustentan -eso es evidente-, la renovación del Presidente y algunos Consejeros e, incluso, de la existencia de una estructura política, distinta hoy a la que en un momento determinado usted tenía la obligación de ejercer las competencias que la Ley del Justicia le dan. Es evidente la existencia de apartados, hechos y señalamientos, que merecería ser destacada de forma crítica, con respecto a determinadas actitudes de la Diputación General. Pero lo estaríamos haciendo sobre un doble pasado, uno obligado -el de 1990- y protagonizado por un Gobierno que ya no existe, sobre una labor de gobierno que, en nuestra opinión, se ha sometido a la mayor prueba que debe someterse toda labor de gobierno, no sólo a la del Justicia, sino a la del veredicto de los ciudadanos en unas nuevas elecciones, y de ahí ha salido esta Cámara renovada. Estaríamos también, en todo caso, haciendo críticas a personas que no tienen la capacidad de responder en estos momentos o que no están presentes, o que ya no ocupan las responsabilidades que ocupaban hasta el mes de julio o, en todo caso, cuando se realizó el Informe.
No vamos, pues -en palabras suyas-, a cometer el indudable uso político que contra el Gobierno de la Comunidad Autónoma pueda hacerse del Informe del Justicia de Aragón. Hacerlo podría ser, ¿cómo llamarle?, demagógicamente político, pero, desde ahora, les aseguro que no va a ser ése el contenido de mi intervención. Tampoco, pasar por alto algunas de las conclusiones que se detraen del Informe del Justicia, porque eso sería, a su vez, impolítico, algo que tampoco debe producirse en esta Cámara; al fin y al cabo, el pasado no es gratuito y debe permitirnos a todos aprender de errores, intentar corregirlos y cambiar comportamientos que se revelan, si no equivocados, sí mejorables.
Así pues, entienda la actual Diputación General que exponemos a continuación una serie de peticiones, de demandas, de exigencias, si se quiere, sobre hechos que entendemos que están en la memoria o en el Informe del Justicia y que no deben repetirse, que este nuevo Gobierno no debe tener la tentación de caer en ellos. No voy a ser excesivamente largo en los recordatorios. Hay uno primero, que me parece importante: deben mejorar las relaciones entre la Diputación General y el Justicia, debiendo desaparecer la frialdad y la desconfianza que parece haberse dado o existido en este año. Ninguna actuación de la Diputación General puede dar lugar a que se sospeche que se está -comillas- orientando al Justicia sobre la mejor manera de ejercer sus funciones. La Diputación General deberá reconsiderar, probablemente, su fórmula de dirigirse al Justicia, encontrando la justa medida entre la necesaria coordinación interna y el cumplimiento de la Ley del Justicia, y también es posible que el señor Justicia deba replantearse alguna forma concreta -como ya se ha dicho aquí- de dicha relación. La Diputación General de Aragón debe ser clara y concluyente en sus respuestas al Justicia, en especial sobre la aceptación o no de sus recomendaciones, de sus advertencias y de sus recordatorios, y no debe repetirse -y lo denunciamos también en la anterior Legislatura- la situación de inaplicación -y llegaré a ello- de las leyes aprobadas por las Cortes de Aragón, sea cual sea el motivo de dicha inaplicación; y lo mismo cabe decir del desarrollo reglamentario de esas leyes.
Pero esta situación política, señor Justicia, en la que nos encontramos, a mí me parece que facilita, o que nos puede facilitar, una nueva forma de abordar también su Informe hoy, y es la de interiorizarlo, es decir, ver también cuál es el grado de relaciones, cómo están las relaciones entre el Justicia de Aragón y las Cortes de Aragón, y esta Cámara. Creo que es un buen momento, dada la situación en la que estamos, para repasar y ver por dónde podría ir en el futuro.
Nos plantea usted tres problemas, si lo entiendo bien: no respuesta a determinadas recomendaciones, sugerencias, advertencias y recordatorios que ha dirigido usted a esta institución, a esta Cámara; la operatividad y eficacia de sus relaciones con la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos, y la falta de contenido práctico en el debate del informe anual, aparte de alguna otra afirmación que existe en su texto escrito. Para el primer problema, quiero aplicar para esta institución la misma frase que he aplicado para el Gobierno: las Cortes de Aragón deben ser claras y concluyentes en sus respuestas al Justicia de Aragón, y esto significa que tenemos que contestarle por sistema habitualmente; pero no olvide usted que, en política, en un momento determinado, el silencio es respuesta, no lo olvide usted, señor Justicia, en esta Cámara. Ahora bien, puedo adelantarle que nuestro Grupo va a proponer en la próxima Mesa y Junta de Portavoces la recopilación de cuantos asuntos están pendientes, su estudio por esta actual Cámara y la respuesta pertinente en cada caso.
Pero los otros dos problemas, a juicio de nuestro Grupo, plantean mayores dificultades de contenido político. Para abordarlas quiero citar algunas palabras textuales suyas, señor Justicia. Dice usted que: "sería infantil defender que a alguien puede gustarle que un tercero supervise su trabajo. Una labor de supervisión -dice- nunca es bien recibida por el destinatario, aunque dicha labor venga marcada por la ley. Se acepta, pero más bien con resignación que con entusiasmo". Esas son sus palabras en la página 58 del Informe que nos ha remitido.
Y aun cuando usted hoy ha repetido que la Ley del Justicia no le titula textualmente la condición de comisionado de estas Cortes, sin embargo, para nuestro grupo político, sí es usted un comisionado de estas Cortes -el artículo 54 de la Constitución y todas las sentencias que sobre ellos se han venido reproduciendo dicen o vienen a abundar en esta teoría de los defensores del pueblo, en este caso del Justicia de Aragón-, y son, a nuestro entender, estas Cortes quienes supervisan la labor del Justicia. Y hago esta afirmación, además, teniendo absolutamente presente el contenido del artículo 4, apartado segundo, cuando habla de su condición de no estar sujeto a mandato imperativo, a que no recibirá instrucciones de ninguna otra autoridad, etcétera; pero, independientemente de eso, la institución del Justicia, su informe, la situación de esta institución de la Comunidad Autónoma, está -su control, su observancia- en esta Cámara.
Digo esto porque hay un conjunto de afirmaciones que podrían hacer pensar que o bien la Cámara -comillas- ha maltratado al Justicia, o bien -también comillas- que el Justicia se permite orientar la labor de las Cortes en su relación con él. Y como no creo que sea ninguno de estos dos supuestos, ni creo que deba ser ninguno de estos dos supuestos, es por lo que he querido introducir hoy, aquí, este tema como reflexión política, en este Informe tan peculiar en cuanto al tiempo, señor Justicia.
Es evidente que mis palabras están menos justificadas por su intervención oral que por su intervención escrita, pero están pensadas desde esa intervención. Señor Justicia, de las varias lecturas que he hecho... Se lo diré en negativo para positivizarlo: el Justicia no debe aparecer en la literatura como un agraviado de las Cortes, no puede ni debe aparecer como un agraviado de las Cortes, cuando son estas Cortes no sólo las que, en un momento determinado, le supervisan, sino cuando usted ha recibido de esta Cámara, del conjunto de la Cámara -que no estamos en mi Grupo protagonizando el tratamiento que usted ha recibido-, el asentamiento y la consolidación de la institución por la que usted mismo se felicita.
Dice usted, también, que habría, en ese sentido que compartimos, que hacer de estos debates, de los debates de las Cortes de Aragón, algo que nos aproxime al ciudadano, que el ciudadano vea que estamos cumpliendo con ese mandato de representación que nos ha dado y que, por lo tanto, debatimos aquellos problemas que le interesan, que no somos una superestructura. Me preocupa su afirmación cuando dice que "el informe del Justicia no puede convertirse en un documento -estoy citándole textualmente- que se publica una vez al año y es útil para una discusión tangencial en el Pleno, sino que debe dar lugar a un examen en profundidad de sus conclusiones y llevar a propuestas que traten, si es que se estima pertinente, de solucionar los hechos que dan lugar a las mismas." Repito: "debe dar lugar a un examen en profundidad de sus conclusiones". Me preocuparía que en esta afirmación hubiera una negación, esto es, que no ha habido un examen en profundidad de los anteriores informes y de sus conclusiones, porque yo creo que es una afirmación peligrosa para quien la hace, pero también para quien la recibe, que es esta Cámara, porque la ausencia de iniciativas parlamentarias concretas, en un momento determinado, en absoluto puede ser el nivel con el que se mida el estudio de sus conclusiones o el aspecto tangencial o no de su debate.
Pero esto, que son las relaciones entre usted y nosotros, yo se lo replantearía también como una pregunta: ¿qué quiere decir que existe una falta de contenido práctico de sus comparecencias? Porque yo -ya lo he dicho- en la consolidación no lo he visto, en las conclusiones del año anterior, en mejor o en peor medida, yo creo que se han ido cumpliendo las unas, que otras se han quedado en la esfera, en el numen parlamentario político de cómo se podía actuar. Le podría hacer, por ejemplo, dos recordatorios sobre su Informe del año pasado: esta Cámara está atenta y respetuosa a conocer sus informes específicos, los que usted tiene enunciados, esta Cámara está pendiente de su informe sobre las residencias de la tercera edad, esta Cámara está deseosa de... Y, a lo mejor, el Pleno no es el sitio más adecuado, pero sí, por ejemplo, de su afirmación cuando habla de la necesidad de ir aumentando los informes específicos que presenta usted en este momento. Le reiteraría, por lo tanto, la pregunta: ¿qué quiere decir que existe una falta de contenido práctico de sus comparecencias? Reflexionemos sobre ello. Porque si lo veo -y le añado- a la luz de lo que usted dice en la página 57 sobre las comparecencias del Justicia en la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos, se me plantea una doble pregunta: una Comisión en esta Cámara es difícil que consiga -en mi opinión- lo que usted plantea, traducción práctica fuera de la Comisión, porque la traducción práctica fuera de la Comisión será fundamentalmente la de la remisión al Pleno, Pleno que, a su vez, se dice que le da poco contenido práctico a esta Cámara. Reflexiones que intento aportarle para caminar juntos, señor Justicia, para seguir caminando juntos una senda que ya tiene algún kilómetro recorrido.
Yo quisiera, además, felicitarle por muchos de los aspectos concretos que están en este Informe. Por ejemplo, me parece muy acertada la decisión que ha tomado usted de no aceptar a trámite las quejas de aquellas personas que, no siendo aragoneses, no viviendo en Aragón y no teniendo origen aragonés, le han planteado sobre un determinado tema que, además, políticamente ustedes saben que fuimos impulsores del mismo, me parece una medida acertada, señor Justicia. Debo felicitarle por su informe de INQUINOSA, me ha parecido que es uno de los mejores recordatorios que de este problema ha surgido desde el ochenta y siete -en estos momentos se pueden consultar fácilmente-. Le felicito, le felicito por su informe de menores, por establecer una situación importante en esta Comunidad Autónoma; pero quisiera hacer algunos recordatorios en este tema: el origen de la Ley -y usted lo recuerda- es el resultado de una Proposición del Grupo Parlamentario Socialista, en la que estaba -y era uno de los elementos absolutamente definitorios con los otros textos que se pudieron presentar- la obligación o la recomendación al Justicia de que realizara un apartado especial sobre el tema de menores. Recordarle el origen de la Ley de Ordenación de la Acción Social podría, incluso, ser ya imprudente.
Ahora bien, he defendido en esta tribuna en el pasado, y lo voy a seguir defendiendo, el cumplimiento de la legislación. De la misma manera que hemos dicho que no podía estar una Ley como la del Banco de Tierras durante cuatro años sin aplicar, y con las declaraciones políticas que, por cierto, hizo el anterior y actual Consejero al respecto, defendemos la aplicación del conjunto de las leyes que se aprueban en esta Cámara, pero de todas. A mí me parece -y lo he dicho- que la reordenación de competencias en la Comunidad Autónoma no puede ni debe abordarse de una forma que yo llamaría cicatera, esto es, me llevo todas estas competencias que el marco legal establece, pero no transfiero ninguna de las competencias que el marco legal surgido de esta Comunidad Autónoma, de esta Cámara, establece que son susceptibles de transferir a las distintas entidades locales. No puede ser la estructuración del Estado un camino simplemente de ida, tiene que serlo también de vuelta. Y la Ley de coordinación está aprobada en la primera Legislatura. Se cedió una competencia, y han pasado cuatro años, señores del Gobierno, y no se ha cedido ninguna otra, eso también es un precedente de cómo están las relaciones institucionales, o de cómo lo han estado, y están influyendo. Ahora bien, se ha avanzado en este tema, puesto que son dos diputaciones provinciales las que ya han -diría yo- superado el proceso, pero falta una tercera. Y quiero decir en nombre de mi Grupo, de mi Grupo Parlamentario, que estamos dispuestos a esta transferencia, en las condiciones que estamos aquí, revisando la metodología. La Ley de menores no puede ser la ley de expropiación de las diputaciones provinciales, no puede ser la ley de expropiación de las diputaciones provinciales.
Señor Consejero de Presidencia -para rebajar un poco el tono-, si se pide la plaza de toros, como usted sabe que se ha hecho -no se sorprenda, porque entre otras cosas no es sorpresa-, aprovechando la Ley de menores, es la mejor manera de no tener nunca la transferencia de menores, y no le estoy diciendo que lo haya hecho usted, pero sí la Administración a la que usted representa.
Pero es que hay otro elemento, señor Consejero de Presidencia, que está incidiendo en esto, y no es la primera vez que se lo digo, y es que esa Comisión Mixta de Transferencias que ustedes han hecho es monocolor por la parte de la Comunidad Autónoma, es decir, sólo de la Comunidad Autónoma, cuando -yo creo que sigue el acuerdo político al respecto- en la Comisión Mixta Estado-Comunidad Autónoma la parte aragonesa es mixta desde 1983, al menos, y siempre hemos dicho que eso era un elemento que estaba dificultando un proceso que seguíamos considerando necesario.
Pero es 1991, y es octubre, y, además, pasada la hora de almorzar, por lo tanto, yo creo que es bueno el llamamiento que ha hecho el Justicia, pero que hay que situar en todos los elementos las posibles responsabilidades que cada parte pueda tener en estos elementos.
Y quisiera acabar diciéndole, señor Bolea, que yo creo que esa llamada al recurso de inconstitucionalidad, de momento, no es por donde creo que van a ir -ni creo que nadie desee- las relaciones entre el actual Gobierno de la Comunidad Autónoma... Yo eso lo creo tener entendido y lo reconozco públicamente al Presidente. Creo que eran las labores de estudio las que usted, fundamentalmente, estaba intentando impulsar al Justicia.
Y, señora Diputada del Grupo Parlamentario del Partido Popular, en lo que yo he entendido, a la invitación que usted hace, la respuesta es no, porque ésta es una Cámara nacida en la democracia, en la Constitución. Y, no hace falta que yo se lo recuerde, esto no son las Cortes estamentales, aquí estamos presentes aquellas personas que hemos sido elegidas por la voluntad popular; nos negamos de cualquier manera a volver a las Cortes estamentales, porque, como hemos dicho siempre, hemos recuperado una vieja institución, la de las Cortes, la del Justicia, pero la hemos recuperado a la luz de la historia, en la situación actual de la historia y partiendo del marco de 1978, cuando se aprueba la Constitución. Si no lo he entendido bien, mis excusas, si lo he entendido bien, ya le adelanto la respuesta: la respuesta es no.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arola. Terminado el turno de intervenciones de los Grupos Parlamentarios, toca ahora la réplica, si desea hacer uso de ella, por parte del señor Justicia de Aragón. Ahora sí tiene tiempo, cinco minutos, pero se entiende que cuando es una réplica global serán cinco minutos por cada uno de los intervinientes, si quiere hacer uso de ese tiempo; si lo rebaja, todos se lo agradeceremos.

El señor JUSTICIA (GASTON SANZ): Gracias, señor Presidente. Señores Diputados.
No voy a venir con contraargumentos de tipo replicatorio, no es propiamente una réplica, sino que como he solido hacer otras veces, va a ser una toma en cuenta de muchas de las cosas que ustedes me han manifestado. Algunas, verdaderamente gratas, no las han dicho en forma de halago a la institución, pero sí que lo tomo en lo profundo porque veo que han tomado buena nota de muchas cuestiones que se contienen en el Informe.
Veo que casi conviene contestar de una forma globalizada, por lo que no voy a utilizar los cinco minutos por cada uno de los parlamentarios que me han contestado, pero sí que diré, en principio, que me alegro que se haya visto que la institución está plenamente consolidada, es eficaz y es positiva. Me alegro también de las palabras que se han dicho, pidiendo que se completase el único aspecto que faltaba, que es el de Lugarteniente, y celebro haber abierto la inquietud dialéctica, la polémica entre diversos parlamentarios, porque muchas de las cuestiones que se han abordado, como contestación al Justicia, no han sido propiamente de contestación al Justicia, sino que han sido de comunicación política entre los diversos Grupos, y se ha utilizado la contestación de una forma que yo considero tremendamente positiva: como comunicación política.
En principio, se me ha hablado, y se me ha hablado en varias ocasiones -me alegro mucho que haya gustado- del informe exhaustivo y serio de INQUINOSA; tengo que decir que, efectivamente, no acudimos al Ministerio Fiscal por dos razones: la primera de ellas porque aunque parece ser que cuando existe algún hecho que pudiera constituir delito el Justicia debe abstenerse de conocer sobre él y remitirlo al Ministerio Fiscal, aunque parece eso, en principio no es tal, esa es una obligación del Justicia como de todo ciudadano sin más, no es una obligación que impone la ley, en absoluto. La ley, lo único que impone en este aspecto, según el artículo 5.2, es la obligación de llevar al Justicia cualquier acto que pueda ser de desobediencia, doloso o de desconsideración, por parte de las Administraciones a las que se dirige. Por lo tanto, si hubiéramos visto claro el dolo, también lo habríamos llevado al Ministerio Fiscal, pero no se observó... ¡Vamos!, encargamos y observamos, y en el Informe hay algunas cuestiones relativas a la posibilidad de actuación penal, pero no se llevó. Lo que sí tengo que decir es que el informe de INQUINOSA está vivo, el informe está abierto, se han dictado ya algunas resoluciones, pero continúa abierto. El informe no es sólo de INQUINOSA, sino que es de una problemática de contaminación grave de las aguas del Gállego, de un problema que ha llegado también a los ayuntamientos, y he tenido quejas contra el Ayuntamiento de Zaragoza por la colocación de carteles de "prohibido bañarse, aguas contaminadas", que tienen que ponerlos, pero no es una solución; verdaderamente, no es la solución que creemos, hay que ir a actuaciones más profundas.
Agradezco también las gratas palabras de la nueva Diputada doña María Pilar Fierro, que ha venido a coincidir con el señor Burriel en que, quizá, no sabemos aprovechar la institución para venderla, que a la institución se le da la importancia que tiene pero no se dice con estas palabras, se dice que no sabe la gente la institución que tiene, lo que es el Justicia, y que tendríamos que estar dando a conocer esta institución en colegios, en comics, etcétera, vendiendo tanto la institución como las actuaciones de la institución. Tengo que decir que sí lo vamos a hacer y, además, lo he anunciado también en estas Cortes, sobre todo al señor Presidente, con la intención de que los ciudadanos sepan lo que es conocer la posibilidad que existe en Aragón, y que ha existido más que en otros lugares a lo largo de la historia, de defender sus derechos y sus libertades, de ser auténtico ciudadano sujeto de derechos y de saber defender esos derechos, aunque también conocer sus deberes, porque el ciudadano también tiene sus deberes. Y una de las cosas que es posible que pongamos en marcha este año es una especie de escuela cívica, de escuela de ciudadanía, empezando -como he dicho- por colegios, pero ya por todos los lugares donde sea posible, para que el ciudadano sepa bien qué es lo que puede hacer, cuáles son sus derechos y sus libertades, cómo puede defenderlos con el Justicia y con otros organismos, cómo puede defenderlos y defenderse él mismo, cómo puede sentirse ciudadano integral. Esto es muy importante y lo tomo como una inquietud que tienen todos ustedes.
No es que haya dicho que no nos reciba la Comisión de Derechos Humanos, simplemente he dicho que en algunas cosas no nos contestaba, que ha habido una falta de comunicación y que queremos limarla, naturalmente. No limarla, porque no ha habido ninguna incomprensión; las relaciones han sido tremendamente buenas tanto con la Comisión como con su Presidente. O sea, lo que sí quiero es que la Comisión en estos momentos se configure, y haremos lo posible para que se haga y para que tenga más efectividad.
Agradezco, también, su preocupación por el Derecho aragonés, que la ha manifestado lo mismo que el señor Bolea. Y yo agradezco ese ruego de que esté aquí la presencia física del Justicia, pero considero que no debe estar con los señores Diputados, porque estamos en un tiempo donde los poderes son los poderes y donde las instituciones son las instituciones, y el Justicia sí que procura estar y procurará seguir estando de vez en cuando, pero en la parte de los ciudadanos, en la parte alta, no integrado, porque no tiene que inmiscuirse ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo; tiene otra función.
El retraso de mi Informe, señor Bolea y señor Arola, no lo forcé yo, se debió a unas elecciones, y me agrada que consideren que ha sido procedente el que la publicación se hiciera en abril porque las elecciones eran en mayo y que no se haya leído el Informe hasta ahora, aunque yo lo hubiera leído en cualquier momento. No hay tampoco limitación en la Ley; se dice que "se leerá el Informe", pero puede ser dentro de ese año. Lo único que no creo es que se pueda pasar al año siguiente.
Queda algo viejo. Me hubiera gustado haber traído -y como ha dicho el señor Arola, cumplida la promesa- el informe de ancianos, que lo tengo hecho, terminado, pero que ha habido la mala suerte de que el asesor que estaba montando los últimos datos y que ha sido el que ha llevado la carga de este tema ha tenido una operación quirúrgica este verano, y no se ha podido terminar por ese motivo. Pero así tendré el gusto de poder tener un nuevo contacto con los parlamentarios dentro de muy poco tiempo, como ahora lo tengo, y que es muy grato.
Efectivamente, satisfecho con los medios económicos. Llevaba unos años que, naturalmente, luchaba y me quejaba porque no se llegaba, en algunos aspectos, a hacer funcionar la institución como se quería, y si, de verdad, he dicho que nos encontramos agusto con los medios económicos, es para quitar ya ese mito mendicante que tenía la institución del Justicia de que no le llegaban los dineros para hacer determinadas cosas. Ahora tiene de todo -tiene coche, tiene de todo-, y va a tener sede, pero mientras no la tenga, seguirá actuando dignamente en los locales que se le han dejado.
Otra cosa es el tema -y no querría volver- de quién tiene que contestar. Efectivamente, al Defensor del Pueblo, cuando se dirige a don Felipe González, le contesta don Felipe González, y el Justicia, cuando se dirige al Presidente, le contesta el Presidente, y me ha contestado en varias ocasiones el Presidente. No me refiero a las altas jerarquías, a los poderes altos, sino a cualquier funcionario, a un ujier. Cuando el Justicia actúa porque hay una queja contra un guardia o contra un ujier, tiene derecho a que le conteste ese guardia o ese señor antes de darlo a conocer o de meterlo por unos cauces que podrían suponer la violación del secreto y que, a lo mejor, no existe ninguna culpa en ese señor denunciado y no tiene por qué enterarse su superior ni encauzarse un sistema de contestaciones. A esto es a lo que me refería, no a otra cosa.
Alguna cuestión que se ha tomado como muy dura no es así. Lo de los invitados a la reunión de defensores del pueblo que tuvo lugar en Zaragoza en abril de 1990. Efectivamente, sentó mal a algunos el que una cosa que no se había hecho en ninguna de las reuniones de defensores del pueblo de Andalucía, ni del País Vasco, ni de Cataluña, etcétera, que se hiciera en Aragón. Que se hiciera un acto de invitación especial, delante de ellos, solamente para el Defensor del Pueblo español y su Adjunta. Y duele a un autonomista, como me siento, porque ¿qué clase de autonomista sólo invita a otro acto al Defensor del Pueblo del Estado? Esa cuestión, quizá, se debería haber obviado, pero es que la invitación debería haber sido para todos.
Las relaciones no han sido de desconfianza -figura esa palabra-. La verdad es que las relaciones han sido únicamente en algunas materias de este tipo procedimental o de cauces, pero han sido muy buenas con la Diputación General, igual que con todo. Hemos recomendado unos recursos de inconstitucionalidad; alguno de ellos no se nos ha contestado, pero otros sí se han cumplido. Hemos seguido los que se han presentado por otras Comunidades Autónomas; en algunos nos habíamos adelantado nosotros, como, por ejemplo, en el de la Ley del Suelo -luego vimos que se seguía por otras Comunidades Autónomas-. Hemos tenido también en algunos momentos algún sinsabor pequeño porque había recomendaciones muy hermosas, salidas de la institución del Justicia, que luego no se cumplían. Hablo ahora de lo que me ha dicho el señor Bolea, y no lo digo como réplica ni lo quiero decir con acidez. Hablo, por ejemplo, de cuando propusimos que a los nacidos de pueblo en una ciudad mayor que tenía hospital se les considerase como vecinos del pueblo. Fuimos los primeros que lo dijimos y nos dolió que no se nos contestara, que estuviese mucho tiempo, y que luego se resolviese el problema por una ponencia de un Diputado de Albacete de las Cortes Generales. Pero esto estaba dicho, y son problemas de defensa del Derecho aragonés que sabemos que le gustan al señor Bolea, y que, cuando las decimos, nos gustaría que se nos contestase fluidamente diciendo: vamos a discutirla, o no se tiene razón, o no se ha profundizado bastante en este tema del Estatuto de Autonomía o del Derecho aragonés. En realidad, lo que sí tengo que decir es que agradezco mucho las preocupaciones y las palabras, siempre alegres y siempre relajantes, del señor Bolea.
Repito que coincido con la idea del retraso en la lectura de este resumen, que ha dicho el señor Arola. Es verdad que en política el silencio es una respuesta, pero cada vez tendemos más a buscar el que no lo sea; lo mismo que en la Administración, donde el silencio es una respuesta. Pero se ha ido anulando el silencio administrativo y esa forma de actuar en política, que supone, muchas veces, una indiferencia, y otras, un interrogante de si se debe seguir hablando del tema, supone un desgaste que es mucho mejor que se digan las cosas claramente en un momento determinado y que se acuda a otra fórmula o se abandone, porque la idea que se ha propuesto es mucho mejor, y no soy amigo de esto de que en política el silencio sea una respuesta. No soy amigo de ello.
Bien, el control del Justicia. Naturalmente, sólo faltaría que el Justicia no tuviera control. El Justicia, como todos, no es propiamente un poder, pero es una jerarquía, es una autoridad moral, y tiene que tener un control, y el control que tiene que tener está aquí, en las Cortes de Aragón, que son las que lo nombran y lo destituyen, si no cumple.
No debe aparecer como agraviado, y, efectivamente, no pretende aparecer como agraviado frente a las Cortes, pero sí, en cambio, debe poner delante de las Cortes los problemas que tiene y que existen. Si alguna vez se ha entendido que esto era sentirse quejoso o agraviado, no es tal, es, simplemente, el plantear los problemas surgientes del nacimiento de una institución que se ha venido configurando, como todas las instituciones que han pasado sus avatares.
Deseo más comparecencias en la Comisión de Derechos Humanos, como hemos dicho, o, si no, más profundidad en las comparecencias, porque tampoco deseo comparecencias inútiles. Hemos visto en algunos momentos que ha habido alguna que no ha servido para nada, y lo que sí convendría es que se marcase una serie de temas para no exagerar, y porque se me ha dicho en alguna ocasión que supone un gasto fuerte para la Cámara, que tiene que hacer desplazarse a la gente y sufragar una serie de dietas y de cosas que son absurdas, y no hay necesidad.
Se me ha felicitado por algunas quejas: las relativas a las lenguas -a la catalana, concretamente-, y otra por la de INQUINOSA, y se me ha dicho que se está dispuesto a las últimas transferencias, se ha hablado que no pueden ser expropiaciones, pero creo que esto ya significa hablar. Simplemente, con irme de aquí con la idea y con la esperanza de que se está hablando de que ese tema tan grande se va a resolver es, quizá, lo mejor que puedo sacar de este Informe.
Algunos han terminado con un poema; yo voy a repetir las últimas palabras del poema de Miguel Labordeta, que pongo en el último Informe, que dice, simplemente, y que me gustaría que se lo aplicasen los políticos: "Es posible que tú seas ya mi enemigo / pero antes de matarnos / quiero cruzar mi mano con la tuya / como hombres que somos, ¿no te parece?"
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gastón.
Cubierta la cuota poética de la mañana, corresponde ahora el turno de dúplica, en el supuesto de que quieran hacerlo, a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios, comenzando y siguiendo el mismo orden que en el anterior.
Señor Burriel, ¿desea hacer uso de la palabra?

El señor DIPUTADO (BURRIEL BORQUE): Pensamos que también tenemos cubierto el turno de intervención.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Burriel.
La señora Fierro.

La señora DIPUTADA (FIERRO GASCA): No.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fierro.
¿Señor Bolea?

El señor DIPUTADO (BOLEA FORADADA): No.

El señor PRESIDENTE: Muy amable, señor Bolea.
¿El señor Arola?

El señor DIPUTADO (AROLA BLANQUET): No.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Arola.
Según el Orden del Día, correspondería de nuevo, casi sin solución de continuidad porque han renunciado los señores Portavoces al uso de su turno, cerrar al señor Justicia de Aragón con un turno de cinco minutos, que no sé si tiene sentido después de las palabras que acaba de pronunciar, que ya cerraban, realmente, el acto, no habiendo intervenido los Portavoces de los Grupos. ¿El señor Justicia desea hacer uso de ese turno o intervención final de cinco minutos?

El señor JUSTICIA (GASTON SANZ): No, muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Con esto concluiríamos el debate sobre el Informe del Justicia correspondiente a 1990, y concluiría el primer Pleno de esta mañana.
Dentro de diez minutos o un cuarto de hora tendrá lugar el segundo Pleno.
Se levanta la Sesión. (A las trece horas.)



ORDEN DEL DIA

Sesión Plenaria núm. 7

1) Elección de los miembros del Consejo Asesor de RTVE en Aragón.

Preside la Sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, el Excmo. Sr. D. Angel Cristóbal Montes, acompañado por los Vicepresidentes Primero, Ilmo. Sr. D. Antonio Lacleta Pablo, y Segundo, Ilmo. Sr. D. Isidoro Esteban Izquierdo, y por los Secretarios Primero, Ilmo. Sr. D. Norberto Caudevilla Arregui, y Segundo, Ilmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca. Asiste a la Mesa el Letrado Mayor, Ilmo. Sr. D. Manuel Giménez Abad.

Están presentes en el banco del Gobierno el Presidente de la Diputación General, Excmo. Sr. D. Emilio Eiroa García, y los Consejeros de Presidencia y Relaciones Institucionales; de Economía; de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes; de Agricultura, Ganadería y Montes; de Industria, Comercio y Turismo; de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo; de Cultura y Educación, y para Asuntos de la Comunidad Europea.

El señor PRESIDENTE: Comienza la Sesión, Señorías, correspondiente al segundo Pleno de esta mañana, 3 de octubre. (A las trece horas y veinte minutos.)
La materia de este Pleno, como saben ustedes, es la elección de los miembros del Consejo Asesor de Radio Televisión Española en Aragón, de conformidad con el artículo quinto de la Ley reguladora del mismo, de 26 de junio de 1984. Los Grupos Parlamentarios presentes en esta Cámara han presentado los candidatos a cubrir los asesores que, reglamentariamente, les corresponden, y que son seis por el Grupo Socialista, cuatro por el Grupo del Partido Aragonés, cuatro por el Grupo del Partido Popular y uno por el Grupo Convergencia Alternativa de Aragón-Izquierda Unida, cuyos nombres paso a leer a continuación.
Candidatos propuestos por el Grupo Parlamentario Socialista: señores José María Becana Sanahuja, Isidro Guía Mateo, Miguel Méndez Ramiro, Jorge Noguera Doñate, Roberto Ortiz de Landázuri Solans y Alfonso Sáenz Lorenzo.
Candidatos propuestos por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés: don Pascual Villafranca Lafarga, don Carmelo Insa Lafuente, don Sergio Nevado Menude y don Javier Gironella Falces.
Candidatos propuestos por el Grupo Parlamentario del Partido Popular: señores Cosme Martínez Gómez, Carmelo Huerta Lausín, Jesús Escartín Celaya y Alfredo López Pascual.
Y, finalmente, candidato propuesto por el Grupo Parlamentario de Convergencia Alternativa de Aragón-Izquierda Unida: doña Mercedes Gallizo Llamas.
Se va a repartir a continuación una papeleta que contiene los quince nombres, con unos recuadros a la izquierda, en los que los señores Diputados deberán, en la medida que lo consideren, trazar la cruz correspondiente. Se advierte que se puede votar a todos los candidatos propuestos, a los candidatos propuestos por un Grupo, a alguno de los candidatos propuestos, a uno sólo o no votar a nadie no cruzando ninguno de los recuadros.
Procédase a repartir las papeletas de votación. (Pausa.)
Va a comenzar la votación. El señor Secretario procederá a llamar a los señores Diputados, quienes en el sobre correspondiente, en cuanto se trata de una votación secreta y por papeletas, consignarán...

El señor DIPUTADO (GIMENO FUSTER): Señor Presidente, por favor, ruego retrase un poco la votación, porque hay Diputados que todavía no disponen de la papeleta de voto.

El señor PRESIDENTE: Se retrasa lo que haga falta. (Pausa.)
Comienza la votación.

El señor SECRETARIO PRIMERO (CAUDEVILLA ARREGUI) procede a llamar por orden alfabético a los señores Diputados, quienes entregan su papeleta al señor Presidente para que éste la deposite en la urna.

El señor PRESIDENTE: Concluida la votación, se va a proceder al escrutinio. (Pausa.)
Se recuerda a los señores Diputados y señoras Diputadas que en el acto de votación y escrutinio no debe abandonarse el hemiciclo, el salón de sesiones.
Se va a proceder a comunicar el resultado del escrutinio de la votación efectuada. Don José María Becana Sanahuja, propuesto por el Grupo Parlamentario Socialista, ha obtenido sesenta y un sufragios; don Isidro Guía, del mismo Grupo, sesenta; don Miguel Méndez Ramiro, sesenta y uno; don Jorge Noguera Doñate, sesenta; don Roberto Ortiz, sesenta y uno, y don Alfonso Sáenz, cincuenta y nueve.
Los candidatos propuestos por el Grupo Aragonés: don Pascual Villafranca, don Carmelo Insa, don Sergio Nevado y don Javier Gironella han obtenido, ex aequo, sesenta y tres votos.
Los candidatos propuestos por el Grupo Parlamentario del Partido Popular: don Cosme Martínez, don Carmelo Huerta y don Alfredo López, todos ellos, sesenta y dos votos.
Y doña Mercedes Gallizo, propuesta por el Grupo Parlamentario Convergencia Alternativa de Aragón-Izquierda Unida, cincuenta y nueve votos.
En consecuencia, todos los candidatos propuestos, con los votos respectivos que han obtenido, tienen la condición de asesores o vocales del Consejo Asesor de Radio Televisión Española en Aragón y, formalmente, se proclaman candidatos electos.
Se levanta la Sesión. (A las trece horas y cuarenta y cinco minutos.)