Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón
Comparecencias - De Consejeros del Gobierno de Aragón - Ante la Comisión de Ordenación Territorial
Comparecencia del Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes para informar sobre las parcelaciones y edificaciones ilegales y el plan de actuación contra las parcelaciones clandestinas y los usos ilegales del suelo.
Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón n°: 094 de Serie A (III Legislatura)
Intervinienen: Esteban Izquierdo, Isidoro - Betran Abadia, Ramon - Maestro Tejada, Jesus - Pintado Barbanoj, Angel - Calvo Lou, Valentin - Bernad Royo, Enrique
La señora Presidenta (POCIÑA PEREZ): Vamos a dar comienzo a esta sesión [a las once horas y treinta minutos] de comparecencia del Consejero de Ordenación del Territorio para informar sobre la situación de las parcelaciones y edificaciones ilegales en Aragón y del programa del plan integral de actuación contra las parcelaciones clandestinas y los usos ilegales del suelo.
Para ello, tiene ya la palabra el señor Consejero.
El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes (ESTEBAN IZQUIERDO): Buenos días.
En el mes de noviembre comparecí ante esta misma Comisión para exponer las líneas generales y de gestión que iban a presidir el trabajo del Departamento de Ordenación Territorial. En esa ocasión señalé como uno de los objetivos que iban a ser primordiales en nuestro quehacer el de estructurar las bases para permitir el efectivo ejercicio de la labor disciplinaria, que es, al mismo tiempo, esa gran tarea que supone el que pueda desarrollarse la actuación administrativa, hasta tal punto olvidada que la eficacia y la credibilidad del planeamiento y de la gestión urbanística quedan en entredicho si no existe una disposición que pueda hacer previsiones y que materialice estas actuaciones.
Yo, antes de continuar con mi intervención, para que conozcan sus señorías la situación en este momento del tema de las parcelaciones ilegales en nuestra Comunidad Autónoma, cedería la palabra a don Ramón Betrán, que ha sido coautor del libro que sus señorías tienen sobre parcelaciones ilegales de segunda residencia en el caso aragonés, para que nos explique los gráficos y también cómo está el diagnóstico actual y real de este tipo de edificaciones. Don Ramón Betrán es el responsable del Servicio de Disciplina Urbanística del Departamento de Ordenación del Territorio.
El señor BETRAN ABADIA: Buenos días.
El hecho de que se haya repartido el libro entre sus señorías viene de una exposición detallada sobre el estado actual de las parcelaciones ilegales aragonesas que está contenido en la primera parte de la publicación, en las primeras cincuenta páginas. De todas formas, para comprender el programa, que posteriormente explicará el Consejero, es oportuna una pequeña recesión sobre el estado en que en estos momentos se encuentra el problema, cómo se localiza y cuáles son sus causas fundamentales.
Me voy a levantar y vamos exponer directamente la situación del parcelismo ilegal sobre los planos que hemos traído, que son prácticamente los mismos que hay en la publicación, sólo que un poco actualizados y coloreados.
En primer lugar, podemos hacer una pequeña reflexión sobre la situación del parcelismo y cuáles son sus causas fundamentales, que nos ayudará a centrar las ideas. El parcelismo ilegal yo digo en la publicación que no es un problema realmente de la Comunidad Autónoma de Aragón, es casi un problema de la ciudad de Zaragoza, y yo creo que su causa fundamental no está tanto en una razón positiva como en la manifestación de unas carencias urbanas que afectan al resto del territorio. Nosotros decíamos que afectan hasta aquellas zonas a donde sobre todo los zaragozanos, y en menor medida los habitantes de otras ciudades aragonesas, pueden llegar.
Entonces, aquí, sobre este plano de Aragón, vemos reflejado con separación de colores, según valores absolutos, los metros cuadrados que suponen por parcelaciones ilegales en Aragón, por lo menos en los casos que hemos detectado, que uno de los principales problemas en la franja oriental de Teruel y de Huesca es muchas veces la falta de información exacta de lo que tenemos, que cada vez nos da más la sensación de que es bastante más de lo que parece. Entonces, lo que vemos con toda nitidez: el color granate, que marca la mayor cantidad de metros, más de un millón de metros cuadrados, que nos afecta sobremanera, por supuesto, al término municipal de Zaragoza y a otros núcleos inmediatos a él, como son Cadrete, María de Huerva o San Mateo de Gállego; luego pasamos a los tonos azules, que ya tenemos ahí Gurrea de Gállego o La Muela; los morados y los amarillos, que son los que menos incidencias plantean... Entonces, vemos clarísimamente cómo estamos ante una mancha que se concentra hacia la capital aragonesa y que se desparrama hacia el resto del territorio, siguiendo los ejes de salida de la ciudad. Naturalmente, esa difusión es tanto más acentuada cuanto mejor es la comunicación y cuanto más tiempo lleva construida esa buena comunicación. Así, tenemos, coincidiendo con las autopistas de Navarra y de Barcelona, una presencia muy acentuada, y por supuesto una tendencia marcadísima hacia el Pirineo, vamos, en el eje norte-sur, que, aunque no acabe en ésta, se ve con toda nitidez.
Entonces, vemos la mancha tentacular, que luego se complementa con unos cuantos focos secundarios en algunas ciudades de cierta relevancia, como Caspe, Huesca, Teruel, Sabiñánigo, Jaca, Monzón, y ya con mucha menor incidencia.
Y una tendencia, que en los últimos años está yendo a más: la aparición de focos de parcelismo ilegal, de diferente cualidad que el zaragozano, sobre todo en los límites con Valencia, con Valencia y Cataluña, que están empezando a manifestarse; manchas como Beceite...
La señora Presidenta POCIÑA PEREZ: Perdón, un momentito.
Parece que no se oye, tienen problemas para grabar...
El señor BETRAN ABADIA: Entonces, ubicado el problema en sus cifras absolutas, podemos pasar... [Pausa.] El mapa cambia bastante, como vemos, aquí hemos obtenido la simple operación: incluir el número de metros cuadrados afectados por los habitantes del término municipal. Lo que podemos comprobar enseguida, ya, es uno de los primeros problemas que nos va a generar el parcelismo ilegal, que en los últimos años y especialmente en las últimas semanas está empezando a manifestarse de una manera más neta: aquellos municipios en que la presencia de parcelaciones ilegales desborda por completo la propia identidad del casco urbano. Entonces, vemos aquí que, por ejemplo, el grave problema que teníamos en Zaragoza decae ante los seiscientos mil habitantes de la capital; pero en su entorno de treinta y cinco kilómetros aparecen términos municipales como San Mateo de Gállego, como La Muela, como Alfajarín, con una presencia de parcelaciones ilegales que al menos en los casos, por ejemplo, que están en morado significa que el número de parcelas -para cada parcela pongamos un mínimo de cuatro personas- es igual al número de habitantes. Esto quiere decir, sin ir más lejos, que podemos imaginarnos las grandes tensiones municipales y de desarrollo que esto puede provocar. Ya no decimos nada de los términos que aparecen en rojo, que son Cadrete, María de Huerva y Osera, donde el número de parcelaciones ilegales es superior al número de habitantes, el número de parcelas ilegales. De hecho, en Cadrete, por ejemplo, cayó el alcalde por un tema relacionado inmediatamente con una de las parcelaciones ilegales.
En el tercer gráfico podemos comprobar que están marcadas con circulitos -luego lo veremos más en detalle, para el entorno de Zaragoza- la presencia de las ilegales en el territorio aragonés (aquí aparecen en pequeño tamaño, no se ve bien), aparece un circulito por cada casco urbano cabecera de término municipal. Vemos claramente la concentración hacia el término de Zaragoza, que es el que aparece en medio.
En los dos últimos planos de estos generales de Aragón, empezamos a ver ya uno de los problemas con que la presencia de parcelaciones va a hacer que nos topemos. En este caso, este plano y el siguiente, que casi es un inverso, señala aquellas parcelaciones que han sido reconocidas por el planeamiento y metidas en los suelos urbanos o urbanizables. En este caso concreto, las amarillas son los términos municipales donde el planeamiento nunca ha tenido en cuenta hasta ahora la existencia de parcelaciones ilegales, y los morados son aquellos en los que el planeamiento ha asumido una parte de la totalidad de las parcelaciones ilegales. Entonces, en el siguiente podemos ver ya que es algo parecido: los azules son aquellos en los que todavía queda alguna parcelación ilegal en el suelo urbanizable y los amarillos son aquellos en los que absolutamente todas las parcelas ilegales han sido incluidas ya en los suelos no aptos para urbanizar, urbanizable o, sobre todo, urbano. Lo que vemos ya con toda nitidez es la apropiación de esas parcelaciones ilegales por los nuevos -digamos- recorridos de crecimiento de algunas de estas ciudades; luego volveremos sobre el asunto, cuando concluyamos los problemas que nos generan.
Por último, y lo vamos a ver muy de pasada, aquí tenemos lo que se ha dado en llamar el "área metropolitana" de Zaragoza o el "área de influencia urbana" de Zaragoza -llámese como se quiera-, con los circulitos señalando dónde tenemos los principales focos del problema. Lo que vemos es una dispersión tremenda de parcelaciones de las que podríamos llamar "periurbanas", en toda la zona de Garrapinillos, sobre todo en el término municipal de Zaragoza, y en Utebo, en Pinseque en menor medida; muchas parcelaciones dispersas que nos generan al final una especie de cáncer urbanístico que prácticamente afecta a la totalidad del territorio y la aparición en otras zonas -luego explicaremos por qué- de nuevos pueblos, pero de un tamaño francamente descomunal, en términos municipales como La Muela, como María de Huerva, como Cadrete o como Alfajarín o San Mateo de Gállego.
Entonces, enlazaremos ya con este plano la explicación de las distintas modalidades de parcelaciones ilegales con que nos tropezamos, como una breve descripción ya pormenorizada del asunto, y donde, de paso, abordaremos qué problemas nos presenta cada una de ellas para integrarlas en el desarrollo urbanístico normal. Nosotros en el trabajo distinguíamos cuatro tipos de parcelaciones. Las periurbanas son las que están estrictamente vinculadas a la vida urbana de la carretera municipal, en este caso Zaragoza; algo parecido sucede en Huesca y, en menor medida, en Teruel.
Son parcelaciones que nacen como barrios de la capital, que normalmente tienen una presencia edificada bastante engañosamente aceptable. Es el caso, por ejemplo, de muchas parcelaciones de Garrapinillos o de Utebo, que, vistas desde la carretera, dan el pego, por ejemplo es el caso de San Mateo de Gállego, o el caso de Urcamusa, o de alguna zona de Cadrete, pero que, precisamente, suelen aparecer en términos fácilmente accesibles, capaces de albergar esa primera residencia.
Precisamente, el hecho de que sea primera residencia es lo que les proporciona esa mayor inversión y ese aspecto aparentemente bueno. Entonces, el problema de estas parcelaciones... naturalmente son unas parcelaciones que en principio no son difícilmente canalizables hacia la legalidad, no suelen ocupar suelos excesivamente... por supuesto hay un esfuerzo del regadío, pero, aparte de las habituales idas y venidas acerca de los regadíos periurbanos del planeamiento general -por otro lado, era de esperar-, no plantean especial dificultad en cuanto a que enganchan servicios urbanos, no están destrozando zonas que no hubieran sido, en cierto modo, de uno u otro modo... pero tienen un problema higiénico-sanitario tan patente como el que pueda tener cualquier otra parcelación ilegal, con el agravante de que generan un mercado con unas expectativas especulativas desproporcionadas para la inversión que sea realizable.
Por otro lado, naturalmente, condicionan de una manera tremenda el desarrollo urbano, que de ningún modo ya podrá encauzarse dentro de una mínima racionalidad, por ejemplo, en una zona con las posibilidades que hubiera podido tener el eje que nos está uniendo la General Motors con Zaragoza (aparte de que, por supuesto, la General Motors está actuando aquí como segundo foco productor de parcelaciones ilegales).
Estas parcelaciones, que llamábamos "periurbanas", que aparecen sobre todo en este eje industrial y residencial de la carretera de Logroño, y en el resto sólo en el entorno inmediato de Zaragoza, son una modalidad, un poco producida con el paso de los años, de la más amplia que llamábamos nosotros "parcelaciones de regadío", que son parcelaciones, siempre también, al servicio de las capitales municipales, que aparecen, en general, en ciudades del tamaño de Zaragoza, o de la importancia relativa de Zaragoza, como Valladolid o Valencia. Suelen afectar siempre treinta o treinta y tres kilómetros, coincide normalmente con los tramos civiles de peaje de las autopistas, con las zonas mejor comunicadas, todo lo que pueda ser accesible en media hora. Y, precisamente, en ciudades como Zaragoza, con la riqueza agrícola que puede tener el entorno, por ejemplo en todas las márgenes del Ebro, tienen efecto medioambiental: estas parcelaciones de regadío han ido a ocupar no ya las zonas más ricas (que normalmente suelen ocupar las parcelas más baratas para sus usos colectivos, sino galachos, sotos..., es decir, todo aquello que en estos momentos, por otro lado, se está intentando salvar muchas veces, incluso con bichos, o sea, por ejemplo, toda la zona de los galachos de La Alfranca, por ejemplo, toda la revuelta del Ebro, que realmente, a pesar de lo que digan los papeles, las tenemos llenas de ocupaciones ilegales y, además, desde hace bastante tiempo. Estas parcelaciones de regadío se nos ubican, fundamentalmente: el eje de máxima concentración es el eje oriental, el de salida con Barcelona, coincidiendo con el Ebro, ya hasta Osera, que es el punto más cercano, y en el eje norte, toda la zona de San Mateo de Gállego, que ahora está sufriendo una transformación, Peñaflor y todo esto.
En tercer lugar, las parcelaciones de monte, que en Aragón se concentran especialmente en el entorno de Zaragoza, en el entorno del eje sur, donde tenemos toda la zona de pino carrasco de María de Huerva, Valmadrid y La Muela, y, aunque ahí se controló, afortunadamente, y hasta ahora no ha revestido especial peligro, en la zona de Zuera, un amago de parcelación pequeño. Este tipo de parcelaciones, sobre el que luego volveremos, en estos momentos es, quizá, el más peligroso y nocivo de todas las parcelaciones ilegales que podamos encontrar en Aragón. Y, por último, en Huesca también tenemos algún caso, Sabayés, por ejemplo, que puede encuadrarse en esta tipología.
Y luego, por último, las parcelaciones de real interés turístico y con auténticas posibilidades de segunda residencia. No hay ningún caso en el entorno de Zaragoza; se sitúan normalmente en las provincias de Huesca, Teruel; en El Frasno, ésta que salió en tiempos, la Tranquera. O sea, son zonas, son posibilidades que realmente, además, no nacen con graves dislates territoriales; pero lo que no es admisible es que, con el tipo de residencia que integran, se canalicen fuera del planeamiento y sin trascender hacia la sociedad las plusvalías que la ley les estaría exigiendo.
Entonces, para concluir la exposición, vamos a ver, someramente, cuatro planos de cuatro parcelaciones ilegales de otros tantos tipos, que nos permitirán imaginar qué problemas tiene todo esto. Esto es una parcelación de Osera, concretamente es La Mezquita, es una parcelación de tipo medio, de las que hemos denominado "de regadío", con una planta muy característica de todas ellas. En Osera, para que nos hagamos a la idea, aparte de ésta, hay seis parcelaciones más; en total hay unas seiscientas parcelas ilegales (ésta tiene ochenta aproximadamente). Entonces, inmediatamente vemos la infraccionalidad urbanística de la planificación, a pesar de la apariencia de regularidad, que viene dada por la mera existencia de unos bancales agrícolas anteriores; no ha habido mayor pretensión: unas calles absolutamente pacíficas, inviables; una consolidación con edificios que normalmente aparecen encima, pegados a los linderos en la mayor medida posible para ganar terreno, y una absoluta dificultad de reencauzamiento de todo esto; luego, naturalmente, el hecho de que tengamos ochenta pozos negros junto a ochenta pozos de captación, uno en cada parcela, nos puede dar idea del peligro de contaminación de acuíferos que tenemos en estas zonas, que recientemente manifestaba el estudio de la Fundación Economía y Empresa y la Facultad de Geografía sobre el acuífero de la carretera de Logroño, que fue presentado hace un par de semanas en el Paraninfo.
Se observa, por supuesto, también el riesgo que puede suponer una de estas parcelaciones en un día de fin de semana de verano, cuando están completamente llenas, con todos los árboles, la hojarasca, las barbacoas...
Aquí tenemos otro ejemplo de parcelación a mitad de camino entre el regadío y el periurbano, que además en estos momentos ha sido objeto de incoación de expediente sancionador y estamos ya concluyendo los trámites administrativos. Es La Dehesa, en María de Huerva. Esto nos manifiesta de una manera muy clara la condición parasitaria de estas parcelaciones y cómo desde el primer momento nacen aprovechando tanto un raquítico camino preexistente, que no se modifica en absoluto, que termina en fondo saco, a lo largo de cantidad de kilómetros, como el hecho de que aparezca pegada al río Huerva, en una zona inundable y de hecho inundada frecuentemente. Esto que vemos aquí es un barranco proveniente del monte de María de Huerva, que cualquier día de una lluvia importante puede traer el agua directamente contra esta gente, que está situada prácticamente en la cota de la máxima crecida del río Huerva. En estos momentos, la parcelación se ve casi en sus fases iniciales, con los movimientos de tierra al uso y sin una excesiva consolidación.
Y pasamos ya a exponer quizá la parcelación ilegal más preocupante de toda la Comunidad Autónoma de Aragón, contra la que pocas soluciones -que no sean lentas y onerosas- se pueden esperar ya, que es Montepinar, en María de Huerva. Tiene al lado otras dos de similar naturaleza (tenemos otras quinientas parcelas); tiene un seguimiento prácticamente continuo de la Guardia Civil, esto nos da pie también... Es una zona que está a once kilómetros de la carretera nacional, accesibles por una pista de tierra. Por contar un ejemplo, el año pasado una excavadora volcó y aplastó a un trabajador, o sea, en una palabra, es una zona de pino carrasco, ha tenido tres incendios en los últimos cuatro años, que afortunadamente no han sido graves, pero nos da idea, un poco, en un solo plano, de todos los riesgos que puede acarrear una parcelación ilegal, porque todo esto hay que verlo sobre el terreno, ya con las cotas de nivel y en relieve, con la estrechez de caminos...
Nos da un poco pie para concluir los efectos negativos más frecuentes en estas parcelaciones, que, por supuesto, más allá de las catástrofes naturales, como puedan ser las inundaciones o los fuegos, o la afección de las zonas de regadío mejores de la Comunidad, o la insalubridad y la contaminación de acuíferos, se encuentran causas determinantes para que nos demos cuenta de que hay que poner freno a esto; el desprestigio administrativo que implican: desde el momento en que algo así crece en un término municipal, poca posibilidad va a tener el ayuntamiento afectado de mantener esa exigencia esquizofrénica de unas costas abajo... de mantener semejantes dislates a poca distancia del término.
Segundo, unas zonas de degradación social que pueden ser cada vez más peligrosas y que en María de Huerva, concretamente en ésta, por ejemplo, o en otra que llamamos Pinares de La Muela, se ven con toda claridad. Les decía que aquí hay un seguimiento continuo de la Guardia Civil desde hace un par de años; naturalmente, se puede uno imaginar en este tipo de ocupaciones lo que nos podemos encontrar. Ayer mismo en Valencia ardió una chabola y murió un indigente: debe ser el quinto caso, o el sexto en los últimos años, últimamente está ocurriendo mucho.
Y, luego, por supuesto, los focos de inestabilidad municipal, sobre todo en María de Huerva, en Cadrete, en San Mateo de Gállego, quizá en Osera, que puede suponer semejante foco de posibles habitantes, desde el momento en que están tomando posiciones claras de primera residencia, ante el momento de decir si es urbana, como es Osera en Zaragoza, y que está llevando mucha primera residencia a todos estos núcleos. En Cadrete, comenzaba antes, el alcalde pidió la baja hace dos semanas, y en estos momentos el equilibrio de habitantes núcleo urbano-parcelaciones ilegales es favorable a las parcelaciones ilegales. La previsión que puede establecerse a partir de este dato es imaginable. En San Mateo de Gállego están a punto de llegar a un equilibrio similar y en María de Huerva tampoco sería raro que ocurriera algo así en fecha próxima.
El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes (ESTEBAN IZQUIERDO): Muchas gracias.
Sus señorías se habrán hecho una idea, tras el detalle del diagnóstico de la situación en la que se encuentra nuestra Comunidad Autónoma, sobre la gravedad de un hecho que creemos, desde el Gobierno de Aragón, debe de solucionarse y debe de regularizarse y evitarse. Debido a ello y, como les decía anteriormente, tras el compromiso adquirido en la comparecencia en esta misma Comisión por parte de este Consejero, se propuso, un mes más tarde de dicha comparecencia, al Gobierno el acuerdo de aprobación de un "plan integral de actuación contra las parcelaciones clandestinas y los usos ilegales del suelo", como primera medida encaminada a hacer posible la ejecución de este plan.
Sus señorías disponen del acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno, en el que se contienen las actuaciones previstas. Se creó un Servicio de Inspección y Disciplina Urbanística, adscrito al Consejo de Ordenación del Territorio en Aragón. Este servicio comenzó a funcionar a mediados de enero del año noventa y cuatro. Dicho Servicio de Inspección, al comenzar su tarea, se encontró con una situación, ya citada anteriormente, de indisciplina generalizada, contra la que es muy difícil el poder luchar, porque es endémica en muchos municipios: se ve como algo normal contra lo que no se puede hacer nada, y ante lo que ni siquiera se tiene claro que sea bueno hacer otra cosa que cerrar los ojos, en algunas ocasiones. Pero, además, en ese momento, el estado en que se encontraban los mecanismos institucionales que en la práctica han de oponerse a la proliferación de los usos ilegales, a los que nos estamos refiriendo, era de tal descoordinación que, como a veces decimos, ha sido necesario comenzar con la vasta, difícil e ingrata labor de tapar boquetes en múltiples frentes, posibilitando aspirar al logro de una efectiva capacidad de respuesta.
Resumiendo, voy a esbozar las distintas ideas básicas que han guiado nuestro trabajo a lo largo de los cuatro primeros meses de funcionamiento del citado servicio, para que sea posible entender en qué momento nos encontramos y cuáles son los pasos que aún tenemos que andar.
En primer lugar, la actuación sancionadora ante nuevas parcelaciones. El Departamento se ha propuesto como tarea prioritaria e ineludible el impedimento de la aparición de nuevos usos ilegales del suelo, al menos en aquellos casos en que se produzca una incidencia territorial supramunicipal; entre estos usos, los actos de parcelación urbanística ilegal tienen una especial relevancia, y frente a ellos se pondrá todo nuestro empeño en la aplicación de las acciones que sean de rigor y en la devolución de las cosas a su ser originario.
Con esta intención, el servicio ha trabajado o está trabajando en la incoación de expedientes sancionadores por parcelación ilegal, nueva o sancionable. En este apartado, cuando detectamos cualquier amago de implantación de esta naturaleza, recabamos desde aquí todos aquellos datos que permitan la actuación disciplinaria, inspecciones en el terreno, rastreos en la delegación de hacienda, en el registro, en el ayuntamiento, tipificación de infracciones, identificación de infractores e incluso propuestas de actuación concreta. Con estos datos, a través de las comisiones provinciales, nos dirigimos a los ayuntamientos y les requerimos para que actúen en los plazos legalmente establecidos. Si pasado el citado plazo el ayuntamiento no ha hecho nada, interviene directamente la Comunidad Autónoma por subrogación de competencias municipales.
Estamos desarrollando procesos de este tipo, y se han citado varios de ellos: el ya nombrado reiteradamente de María de Huerva, en Cadrete, también en Foz Calanda, y en Teruel. En el caso de María de Huerva, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza ya se subrogó en las competencias municipales para incoar un expediente sancionador por parcelación ilegal y doce más por edificación ilegal, y en este momento los procedimientos están próximos a su conclusión. En Cadrete esta misma semana se ha requerido al ayuntamiento desde esta Dirección General de Ordenación del Territorio para que en el plazo de tres días se suspendan las obras de edificación en una nueva parcelación que se ha detectado por parte del servicio; si en este plazo no ocurre nada, asumiremos esta competencia.
En segundo lugar, en cuanto a actuación sancionadora ante parcelaciones consolidadas. Como objetivo más importante, y tedioso, y difícil, que el anterior, nos proponemos frenar el desarrollo de las parcelaciones ilegales que ya han alcanzado un cierto grado de consolidación. Hay que tener presente que en Aragón más del 60% del suelo perteneciente a fincas matrices ilegalmente parceladas se encuentra aún sin edificar, y que un porcentaje no muy lejano del anterior se encuentra todavía, incluso, sin segregar de la matriz. Por tanto, si descuidáramos las tareas de vigilancia y control en estas parcelaciones, al cabo de unos años podríamos encontrarnos con un problema de usos residenciales ilegales, que, sin necesidad de que aparecieran nuevos núcleos, podrían duplicarse o triplicarse.
Es importante recordar que la parcelación ilegal, al revés que la legal, no basa el atractivo de la promoción en unas obras de inversión realizadas sobre el suelo, sino en una engañosa apariencia de urbanidad, como también se ha dicho por parte del señor Betrán a lo largo de su exposición. En el nacimiento de una de aquellas actuaciones, cuando aún no existe un número considerable de parcelistas ni de edificaciones, la ausencia de apariencia urbana debe compensarse con una fijación de precios de suelo muy bajos; luego, cuando ya se han vendido unas cuantas parcelas a modo de gancho, y establecidos los primeros colonos, el suelo puede subir de precio hasta duplicarse. De ahí que cuando en los años setenta y ochenta se formó el primer mercado de parcelas clandestinas, en el que la oferta superaba con mucho la demanda, se estaba cerrando la posibilidad de nuevas parcelaciones en los años siguientes. Hoy el mercado de parcelas se sitúa en zonas ya afectadas y satisface también con parcelas de segunda mano, superada la fase inicial de alumbramiento y acumulación; hoy el mercado no ha desaparecido, sino que se ha transformado. Por ello no podemos renunciar a controlar las parcelaciones existentes, dándolas -como se ha solido hacer- por casos perdidos, no podemos dejar zonas del territorio donde de facto se permita la ilegalidad generalizada y sin frenos, no podemos permitir la existencia de reservas y guetos exentos del cumplimiento de la ley.
Por otra parte, si estas parcelaciones no sufren algún estímulo que anime a los parcelistas a preferir la legalidad a la ilegalidad, no podremos esperar seriamente que sean ellos quienes sufraguen su propia conversión. Ese estímulo no puede ser otro que una presión disciplinaria que al menos haga valer condiciones similares a las de la ordenación para la edificación no sancionable e impida nuevas construcciones y nuevas segregaciones. Es imprescindible también sancionar cuando todavía es posible.
En este orden de cosas se está trabajando con algunos ayuntamientos que tienen voluntad en el control de su situación urbanística. Se ha dicho anteriormente, y sus señorías se harían eco en algún momento determinado del caso de Osera, un municipio pionero en esta colaboración: se ha comenzado ya una paulatina incoación de expedientes sancionadores a todas las edificaciones ilegales existentes, unas trescientas; se han incoado ya treinta; se han resuelto con sanción y paralización de obras diez; se han iniciado procesos de desacato en tres, y en todos los casos se ha notificado la incoación al registro de la propiedad para su anotación marginal. Además, se ha recopilado toda la información sobre las parcelas existentes en el registro, en hacienda y en otras fuentes, se ha levantado planimetría de todos los núcleos y se ha instalado en el ayuntamiento un programa informático de control y seguimiento donde se encuentra toda la información que se conoce.
Un proceso similar se ha comenzado en María de Huerva, donde se dispone ya de información casi tan completa; se está empezando a trabajar también en la sección de disciplina del Ayuntamiento de Zaragoza, en este caso, y para empezar, con una voluntad inicial de intercambio de experiencias y conocimiento, y con una voluntad de perfeccionamiento progresivo que permita facilitar un trabajo común.
En otros casos, tal colaboración es más difícil, y la Comunidad Autónoma ha de comenzar por requerir al ayuntamiento correspondiente, e intentar llegar a fuerza de insistencia al mejor entendimiento, porque más que sanciones puntuales queremos conseguir un seguimiento continuado. En este sentido, el servicio ha comenzado a sacar a la luz los casos más flagrantes de actuaciones clandestinas aún sancionables y a requerir a los respectivos municipios para la adopción de medidas de protección de la legalidad urbanística. Son ejemplos los citados de Cadrete, San Mateo de Gállego y La Muela, tres municipios a cuyos ayuntamientos requirió el director general de Ordenación del Territorio la pasada semana para la suspensión de obras y usos del suelo ilegales en el plazo más inmediato.
En tercer lugar, el reencauzamiento de situaciones consolidadas. En íntima conexión con lo anterior, estamos estudiando el arbitrio de medios para que las parcelaciones ilegales consolidadas que no sean sancionables se reencaucen hacia una situación en la que al menos no perjudiquen el interés público, por su afección medioambiental o por los efectos consiguientes a la carencia de infraestructuras, canalizándola simultáneamente hacia unas condiciones acordes con los usos urbanísticos que contienen.
En este grupo de actuaciones, han de diferenciarse aquellas parcelaciones en las que en los últimos años se han producido reclasificaciones por parte del planeamiento y aquellas otras que continúan en suelo no urbanizable. En el primer caso se intenta que el planeamiento aprobado se ejecute en todos los aspectos, y para alcanzar tal objetivo se someten las parcelaciones -como decíamos- a un estrecho control. Se intenta que en todos los municipios donde existe este problema (desde 1980 se han reclasificado unas treinta parcelaciones y en ningún caso se han satisfecho las exigencias del planeamiento general) los ayuntamientos se doten de unos equipos propios de vigilancia y sanción de las edificaciones que en estos suelos puedan suceder.
Y desde luego, cualquier reclasificación pretendida por un ayuntamiento o revisión del plan que se esté acometiendo... En este aspecto se está trabajando en la búsqueda de soluciones con municipios que tienen problemas de esta naturaleza. En los casos de parcelaciones que aún están en suelo no urbanizable, se está estudiando la conveniencia de dictar una normativa que permita la regularización progresiva, sin que el acto reclasificatorio tenga que adelantarse a la efectiva ejecución de las obras de urbanización mínimamente necesarias. Tengan en cuenta sus señorías la treintena de reclasificaciones aragonesas que, a pesar de las garantías establecidas, resultaron fallidas. En este aspecto, el Departamento parte del convencimiento de que esconder la cabeza ante el producto de la indisciplina persistente y negarse a reconocer la existencia no es finalmente una forma de luchar contra el problema, sino la mejor manera de facilitar la multiplicación en la sombra.
Creemos que los nuevos procedimientos para la regulación de estas parcelaciones deberán perseguir el saneamiento y la mejora higiénico-sanitaria de las situaciones consolidadas, con la flexibilidad necesaria para no garantizar su propio incumplimiento, y con una posposición de la reclasificación, suponiendo que se verifique, hasta después de la satisfacción efectiva de los compromisos que deba materializar. Con esta inversión del orden de los acontecimientos se conseguirá que los esfuerzos económicos y de gestión de los parcelistas se encaminen hacia la solución de los problemas que su situación origina, en perjuicio sobre todo de la colectividad: problemas medioambientales e infraestructurales. Mientras tanto, se evitarán las distorsiones producidas por intentos -siempre fallidos- de acomodación de la ordenación a parámetros urbanísticos que le son aún muy lejanos, así como las que se deben a las tensiones especulativas que acarrea toda revisión en clasificación del suelo. Una vez concluidos los procedimientos regularizadores, el suelo todavía será susceptible de duras actuaciones reclasificatorias y de las consiguientes mejoras de dotaciones y espaciales.
En principio, el Departamento se propone integrar estas medidas de tratamiento de las parcelaciones ilegales consolidadas con la transitoriedad debida por la ley aragonesa sobre el régimen del suelo, que se encuentra en fase de ordenación; se busca la mejor manera de coordinar tales actuaciones con aspectos de la nueva regulación tan conexos como la regulación del suelo no urbanizable, la determinación de estándares urbanísticos o la materia disciplinaria. No obstante, se estudia la posibilidad de adelantar algún tipo de norma de menor rango y alcance que permita desbloquear situaciones en las que ya sólo la ausencia de reglamentación impide el reencauzamiento; en este momento tenemos ya tres solicitudes, dos con decidido apoyo municipal y una en la que la postura de la corporación está a la espera de un par de informes para entrar en procedimientos de esta naturaleza.
Cuarto lugar. En cuanto a la información y difusión del problema, estamos intentando crear un estado de conciencia colectiva sobre la misma existencia del parcelismo ilegal, creando al mismo tiempo plataformas que permitan unificar criterios y ampliar conocimientos. Dentro de este propósito, han de considerarse manifestaciones como la frecuente información en prensa, la edición reciente de un folleto divulgativo -no sé si disponen del mismo sus señorías- o la publicación del libro titulado Parcelaciones ilegales de segunda residencia; el caso aragonés, que está en poder de sus señorías. El folleto titulado "Todo lo que usted quería saber sobre las parcelaciones ilegales y no se atrevía a preguntar" -éste es el título- contiene una información básica referente a aquellas cuestiones en las que se ha detectado un desconocimiento generalizado, con la clara intención de minorar el impacto del parcelismo clandestino; su redacción quiere ser fácilmente inteligible, sin referencias legales concretas ni vocablos especializados, y se acompaña con profusión de dibujos en color. Este folleto se está repartiendo ya en ayuntamientos, asociaciones, centros de barrio, buzones, especialmente en los barrios periféricos, etcétera. El libro está destinado a un lector más especializado, y se detiene en la caracterización del fenómeno y en las medidas que se entiende recomendable desplegar frente a él; se está difundiendo en los ayuntamientos, colegios profesionales, registros de la propiedad, comisiones provinciales, medios de comunicación, etcétera.
En este capítulo también han de incluirse las "Jornadas sobre el suelo no urbanizable, la disciplina urbanística y las parcelaciones ilegales", que se celebraron entre los días 27 y 29 de abril. Poco puedo decir sobre ellas, salvo constatar un éxito que a nosotros mismos nos sorprendió y que queda bien reflejado en sus más de doscientos congresistas. Esta afluencia de interesados fue la mejor demostración de la imperiosidad de empezar a trabajar seriamente en la materia disciplinaria. Para nosotros las jornadas han tenido, sobre todo, dos consecuencias importantes: en primer lugar, nos han permitido acercarnos a los ayuntamientos, al fin y al cabo, las entidades de las que en primera instancia depende el mantenimiento de la legalidad urbanística (téngase en cuenta que más de un centenar de los congresistas eran secretarios de ayuntamiento); en segundo lugar, nos ha permitido un encuentro directo con los responsables de la disciplina urbanística en otras comunidades autónomas, y ya hoy está comenzando un intercambio de experiencias y de medios que puede hacernos avanzar a mayor rapidez que si tuviéramos que hacerlo en solitario.
En quinto lugar, y con el fin de poder trabajar más efectivamente, también se produce la catalogación de las parcelaciones existentes. Necesitamos localizar y cuantificar las actuaciones ilegales que ya existen; sólo sacándolas de la clandestinidad será posible controlar los usos del suelo que en ellas se produzcan. Hoy tenemos un conocimiento aproximado del problema, pero sabemos que existen muchas carencias. Para ello será necesario una labor que se habrá de desarrollar en estrecha colaboración con los ayuntamientos; cada municipio deberá reconocer, y poner en conocimiento de la Administración autonómica, todos los datos de los que pueda disponer sobre sus parcelaciones, y desde nuestro Servicio de Inspección y Disciplina se prestará el asesoramiento y colaboración, se aportarán los medios técnicos adecuados y se coordinarán los resultados globales.
Con esta intención se ha preparado un programa informático en el que se introduce, modifica y localiza con facilidad cualquier dato de una parcela ilegalmente segregada, o de una finca matriz que figure en el planeamiento, en el catastro o en el registro de la propiedad. Además, este programa produce automáticamente algunos documentos (cada vez se van introduciendo más) que componen un expediente sancionador. En estos momentos se cuenta ya con información completa de todas las parcelas -edificadas o no- de los términos de Osera, María de Huerva, El Burgo, Gurrea de Gállego y Foz Calanda, en la provincia de Teruel, y parcial en los de La Muela, Cadrete, San Mateo de Gállego, Zaragoza o Muel. En el caso de Osera, esta información se ha instalado ya en el ordenador del ayuntamiento y lo mismo va a hacerse esta misma semana en María de Huerva.
Otro aspecto que para nosotros es fundamental y muy importante es el de la coordinación institucional. Para alcanzar los logros previstos, es muy importante la creación de un verdadero entramado institucional que permita frenar con efectividad las proliferaciones de usos ilegales, ya dando coherencia a las acciones emprendidas desde distintos organismos, ya unificando esfuerzos y minorando medios en materia de inspección. En este aspecto, pueden señalarse los siguientes extremos. La ratificación de un protocolo con los Colegios de notarios y registradores de la propiedad aragoneses, donde se unifiquen criterios en relación con las segregaciones, divisiones, en las diferentes clases de suelo, con especial profundización en el no urbanizable, y las declaraciones de obra nueva. Las conversaciones comenzaron en febrero, están muy avanzadas, aunque causas que no dependen todas de nosotros las han prolongado hasta hoy. Puedo apuntar que ya se han recibido alternativas escritas a nuestro borrador por parte de ambos colegios y que ya puede darse por aceptable la propuesta de los representantes de los notarios, mientras que todavía hay que ajustarse a unos criterios con el Colegio de Registradores. Esperemos poder suscribir el protocolo en el próximo mes. Hay un borrador, del que disponen sus señorías, sobre este protocolo.
Otro aspecto está relacionado con el trabajo a realizar con los ayuntamientos más afectados por el problema del parcelismo ilegal. El plan integral de actuación contra las parcelaciones clandestinas consideraba como medida prioritaria para sus objetivos la consecución de una disposición municipal acorde con nuestras intenciones. Los mapas de distribución del parcelismo ilegal aragonés permiten comprobar rápidamente que una de sus causas fundamentales radica en las tensiones producidas por la desproporción existente entre los problemas de uso del suelo que se generan desde una capital de la magnitud de Zaragoza (en mucha menor medida otras ciudades) y la capacidad de respuesta de unos municipios muy pequeños de su entorno. Sin los medios de la capital, los municipios más próximos se convierten en asentamiento fácil para actividades que no tienen cabida en Zaragoza. Debemos reconocer que no es justo apelar a una generalizada irresponsabilidad municipal, y que en la mayoría de los casos los ayuntamientos carecen de los mínimos medios que les permitan ejercer estas competencias. Hasta ahora se han ido teniendo plazos para alcanzar un contacto estrecho y permanente con los ayuntamientos más significativos. Por desgracia, hay ocasiones en los que no se detecta un interés cierto por el control de los usos ilegales, y frente a lo que no nos cabe más opción que la vigilancia por nuestra parte y el requerimiento más o menos continuo para la adopción de medidas disciplinarias.
El Departamento ha preparado un convenio tipo, pendiente sólo del preceptivo informe de la comisión interdepartamental de subvenciones y ayudas públicas de la subsiguiente aprobación por el Consejo de Gobierno. El convenio será suscrito con cada ayuntamiento interesado, y por él la Administración autonómica aportará una subvención del 80% de los costes, que implicaría un pequeño servicio municipal de inspección; este servicio se encargaría de vigilar sobre el terreno y de tramitar los expedientes a que hubiera lugar, mientras que el servicio autonómico ejercería funciones de asesoramiento técnico y jurídico y de investigación en organismos extralocales, como hacienda o el registro de la propiedad. Con esta medida, en definitiva, queremos atenernos a la máxima de que es mejor enseñar a pescar que dar pescado, y queremos ayudar a los municipios a alcanzar una dotación técnica y humana que les permita el ejercicio de las competencias urbanísticas inherentes al responsable ejercicio de la autonomía municipal, evitando que la ausencia de medios de vigilancia pueda llegar a utilizarse, como a veces se hace, a modo de coartada.
En tercer lugar, el acceso a la información contenida en los centros de gestión catastral. Actualmente ya estamos obteniendo sin problemas información literal y planimétrica de tres de los cuatro existentes en nuestra Comunidad, y en breve esperamos poder hacerlo también con el cuarto. A mayor abundamiento, la necesidad de control urbanístico del territorio está contemplándose en los trabajos que se llevan a cabo para la ratificación de un convenio marco de colaboración en materia catastral entre las Secretaría de Estado de Hacienda y el Gobierno de Aragón.
Análogamente se está negociando un convenio con Confederación Hidrográfica del Ebro en el que se pretende, entre otras cosas, establecer criterios de coordinación que operen a la hora de conceder este organismo autorizaciones de captación o de uso, y construcción en zonas de policía, así como cauces que permitan el intercambio de información sobre usos ilegales detectados.
Se ha establecido también una fluida colaboración con la delegación de Zaragoza del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, que, entre otras cosas, ha permitido la puesta a disposición de nuestro Servicio de Disciplina de todas las resoluciones de denegación de visado por infracción urbanística grave desde el primero de enero del ochenta y nueve, posibilitando la detección de bolsas de lo que podría llamarse "ilegalidad consentida", en las que, a pesar de la inadecuación urbanística del suelo, se suceden los encargos de proyectos. En lo sucesivo se intentará también extender esta colaboración con las delegaciones de Huesca y de Teruel.
Y finalmente se están iniciando conversaciones para efectuar trabajos conjuntos con otros departamentos de la propia Diputación General de Aragón, tales como el de Presidencia y Relaciones Institucionales, con el que ya se ha colaborado en la organización de las jornadas, y con el que se tiene la intención de seguir trabajando en cursos de formación para funcionarios de la administración local. Con el Departamento de Agricultura y, en concreto, con la Dirección General de Estructuras Agrarias, se está comenzando a utilizar la posibilidad de perfeccionar el control de los usos del suelo no urbanizable con mecanismos novedosos, que permitan fiscalizar determinadas segregaciones, pretendidamente rústicas, especialmente en zonas sensibles al parcelismo urbanístico ilegal. Con las propias comisiones provinciales de ordenación del territorio se está trabajando cada vez con un mayor contacto, de manera que la formación y la tramitación de planeamiento progresivamente pueden ir relacionándose más con su seguimiento y con la exigencia de su aplicación. En particular, el Servicio de Disciplina puede también ofrecer a las comisiones un conocimiento cierto de la realidad material e hipotecaria en aquellos casos en los que se promueva planeamiento de iniciativa particular, o que afecte a zonas afectadas por sus ilegítimos anteriores, de manera que no puedan tomarse soluciones sólo válidas en el papel; piénsese por ejemplo en un plan parcial de propietario único, que pudiera llegar para su aprobación definitiva, y en el que el servicio de inspección identificara decenas de propietarios registrados: podría utilizarse una información, a la que este servicio tiene fácil acceso, para impedir que el planeamiento siga siendo, como a veces lo ha sido, uno de los más importantes enemigos de su propio cumplimiento.
En definitiva, señorías, nos encontramos en una fase de nuestro trabajo en la que la preocupación fundamental es formar un tejido de mecanismos de respuesta múltiples y concurrentes que permita en lo sucesivo realizar la labor constante y necesaria que es la protección de la legalidad urbanística, y de la que sus señorías no deben de ser ajenos.
esa es la voluntad de esta comparecencia, la de informarles a ustedes de la situación real en nuestra Comunidad Autónoma y también de los pasos y de los trabajos que se están realizando desde el Departamento de Ordenación Territorial.
Muchas gracias.
La señora Presidenta (POCIÑA PEREZ): Muchas gracias, señor Consejero.
Ahora, si los Portavoces lo estiman, se hará un receso, si lo creen conveniente; si no, continuaremos... De acuerdo, ¿cinco minutos?, ¿diez minutos? Un receso de diez minutos.
Gracias.
La señora Presidenta (POCIÑA PEREZ): Seguimos con la Comisión... Esperamos que se incorporen los miembros que faltan... Y ahora correspondería el turno de portavoces.
Por tanto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Maestro.
El señor Diputado MAESTRO TEJADA: Gracias, señora Presidenta.
En primer lugar, agradecer la comparecencia del señor Consejero, el director general y el jefe de servicio.
Para hablar de este tema tan interesante, y de un asunto tan grave como el que nos ocupa hoy aquí. Yo creo que es evidente que el incumplimiento generalizado de una normativa tiene unas consecuencias sociales imprevisibles, en éste y en otros campos. Toda la problemática, sanitaria, medioambiental, social, que generan estas parcelaciones ilegales yo creo que también ha quedado patente. Y, además, hay otro asunto, como es el económico, el dinero negro, la fiscalidad, el agravio de la gente que cumple y paga su fiscalidad y, en este caso, los que no lo cumplen, y, sobre todo, como digo, la cantidad de dinero negro que supone todo esto y... bueno, no quiero entrar en ese tema, pero de todos son conocidas las consecuencias del movimiento de este gran volumen de dinero negro en España.
Me preocupan varias cuestiones, como son las repercusiones de la regularización. Digo esto porque, en primer lugar, lo que va a ocurrir -me da la impresión a mí- es que va a haber una revalorización inmediata de todas aquellas parcelas que puedan ser sometidas a su regularización. Todos hemos tenido la oportunidad de leer los anuncios, ver los precios de edificaciones, prácticamente muy baratas, pero tenían la pega de que, efectivamente, eran ilegales y esto hacía que su precio fuera muy bajo. En este momento nos podemos encontrar que la regularización, o el anuncio de la regularización, o la posibilidad de que se llegue a algún tipo de acuerdo generalizado sobre estas parcelaciones, nos podría llevar, primero, en esa situación actual de descontrol, aunque ha aumentado mucho con este trabajo que se nos ha presentado hoy, como digo, podríamos encontrarnos con que el problema se agravaría todavía más y cogería otras dimensiones mucho más importantes.
Y por qué no decir también la posibilidad de que se incremente el número de construcciones, puesto que siempre existiría el decir que por qué éstos sí lo han hecho y yo no puedo hacerlo, por eso que decía al principio de que el incumplimiento generalizado lleva a que en determinadas situaciones las cosas se puedan poner muy graves.
Yo creo también que un tema que va muy en paralelo con las parcelaciones ilegales es cómo se resuelven actualmente las infracciones en las parcelaciones -vamos a llamarles- "legales", es decir, las que tienen el amparo de unas modificaciones de normas donde se intenta hacerlo legalmente. Quiero decir que también existe la problemática, como hemos visto en la urbanización del Moncayo, que todavía estoy esperando a que se cumplan las sanciones por las infracciones que se habían previsto, acordadas en estas Cortes, impulsadas desde estas Cortes, impulsadas desde el Gobierno de Aragón, del anterior, de éste, etcétera, etcétera, y que no se ejecutan. Por lo tanto, esto iría en paralelo también con las infracciones, en lo que vendríamos a llamar urbanizaciones o parcelaciones legales o que intentan serlo.
Y hay otra cuestión que no me ha quedado clara del estudio... tampoco teníamos mucho tiempo (no pude asistir a las jornadas por cuestiones de agenda, que se viene a decir, que no se puede estar en todas partes). Me parece muy interesante, no obstante, pero he podido echar un vistazo a la fotocopia del libro que se nos había enviado y no he llegado todavía a descubrir si se hace una diferenciación entre la iniciativa comercial que promovió todo esto. Es decir, yo creo que las personas particulares no han ido así, de repente, por ahí buscando un campo y lo compro y me hago una caseta, sino que alguien les ha ofrecido, es decir, un promotor ha ofrecido una parcela, subparcelada después, a unos precios bajos, etcétera, etcétera. No me queda muy claro si va a haber algún tipo de actuación con los promotores de estas iniciativas, que, de alguna manera, serían los responsables primeros y últimos de toda esta situación. No me queda muy claro y más adelante me voy a referir a ello también.
Yo creo que es importante que en el documento se haga -y hoy se haya hecho aquí- una reflexión, quizás una autocrítica, respecto a la actuación de las administraciones implicadas: se ha hablado ya del desprestigio que supone para las administraciones implicadas toda esta situación y, por qué no decirlo también, de las otras entidades, como las empresas eléctricas o los bancos o los constructores, o los propios nombres del registro de la propiedad o los notarios que han colaborado, que han participado en que todo esto sea también una realidad.
Por lo tanto, es buena la autocrítica, pero lo que hay que hacer es, en la línea de lo que se ha expuesto, empezar a solucionar y a atajar que otros sectores colaboren y permitan al final que se consoliden estas situaciones. Yo creo recordar que, concretamente con el tema de la urbanización del Moncayo, se debatió en estas Cortes el problema que había supuesto el que la compañía eléctrica estuviera suministrando energía allí y, en definitiva, estuviese permitiendo, sin la licencia de ocupación de la administración competente, ni la sanitaria competente, que estuvieran ocupando y les estuvieran suministrando con la teoría de que provisionalmente se pueden hacer las cosas y tal. Yo quiero decir que ese tipo de cosas hay que cortarlas de raíz, no se ha hecho y, por lo tanto, todos estamos implicados en la situación y, por lo tanto, entre todos deberíamos colaborar o participar para resolverlo. Lo digo porque las compañías suministradoras se han beneficiado económicamente de ese suministro, los constructores se han beneficiado del suministro de los materiales, de las obras en sí mismas, etcétera, etcétera, es decir, que aquí ha habido mucho mercado y de ahí es de donde tendrán que salir también -yo creo- las sustanciosas cifras que harán falta para resolver la situación.
Por lo tanto, yo lanzaría la pregunta: si se tiene o si se sabe o si se ha hecho en el trabajo un seguimiento sobre los promotores de todas estas iniciativas, y que se sepa con nombres y apellidos a quién ha beneficiado esta situación, quiénes son los promotores, si tienen otros terrenos colindantes que, en definitiva, en un momento determinado pudieran facilitar la conexión entre el núcleo urbano legalizado y ese ilegalizado y eso les permitiera unas recalificaciones, con lo cual se revalorizarían mucho más unos terrenos... Yo creo que todo esto tiene que estar detrás y está detrás en muchas de las operaciones, y eso debe saberse, porque lo que es evidente para todos, y ahí está en la encuesta del estudio, es que el que ha comprado esas parcelas, habitualmente, es una persona de bajos recursos, o medios recursos económicos (no vamos a decir bajos, pero, en todo caso, medios; algunos sí que son de bajos recursos económicos -hemos visto cómo se distribuyen en los barrios periféricos de las ciudades, no en los barrios más caros o de nivel más alto de renta-). Por lo tanto, no vayamos ahora a echarle la culpa, que ha sido el tema de siempre, a la persona que con su esfuerzo y su trabajo ha ido construyendo allí una parcelita o ha ido allí metiendo sus pocos ahorros, sino que vayamos a los promotores y a los que se han beneficiado más de todas estas actuaciones.
Y hay otra cuestión que me preocupa, y es que, sobre todo, debe quedar claro que no se puede regularizar ni se debe regularizar nada que haya invadido el dominio público hidráulico o que haya invadido lo que son las vías pecuarias. Me alegro de que la primera foto de la portada del libro sea, precisamente, la invasión de las vías pecuarias por parcelaciones ilegales. Yo creo que eso no debe ser negociable, y lo mismo en otras zonas de carácter público. Como debe ser un objetivo también el frenar -y me parece que se cita en alguno de los pasajes del trabajo y de las propuestas- la destrucción de las huertas, de las zonas de huerta, primero, porque no reúnen las condiciones para soportar estas construcciones y, segundo, porque no se merecen ese triste destino las tierras más fértiles, las zonas ya puestas en regadío, de una productividad, y que, en todo caso, deberían tener otra finalidad...
Se apunta también la oferta o la posibilidad de oferta de huertos públicos, en algún tipo de régimen, que satisfaga esa gran demanda de gente con bajo poder adquisitivo que quiere tener esa posibilidad de tener un huerto en una zona próxima a la ciudad.
Quizás también habría que plantear como soluciones alternativas el ofertar suelos en condiciones baratas para amortiguar ese exceso de demanda de construcciones o de viviendas de segunda residencia; ahí también se debería poder trabajar, como digo, para ofertar legalmente lo suficiente como para que se pueda frenar, y siempre y cuando se puedan reunir las condiciones, pero intentando controlar la especulación que existe en los precios de las urbanizaciones -llamémosles- "legales", es decir, se disparan, evidentemente, los precios y ahí habría que intentar introducir mecanismos de control.
Me parece también que no sólo debemos pensar en el derribo de la parcela construida ilegalmente como única forma de sanción; yo creo que hay otro tipo de sanciones, como son las económicas o la propia inspección fiscal, o las sanciones que pueda poner la Confederación Hidrográfica del Ebro por extracciones ilegales o por inyecciones o por pozos negros ilegales, u otro tipo de sanciones que se les deberían aplicar, y requerir, por los mismos mecanismos que se requieren otro tipo de multas y que hacen que tengamos que cumplirlas. Entonces, me da la impresión de que no sólo se les excluye de ese posible derribo de las parcelas, sino que parece que hasta se les excluye también de las sanciones económicas que todos los ciudadanos pagamos cuando hacemos algo mal. Y, en todo caso, me gustaría que se aclarase cuántas sanciones económicas han pagado, primero, si se les ponen y, segundo, si se hace algo para que las paguen.
Y por último -y ya acabo, señora Presidenta, que veo que me mira-, me gustaría que no sólo se haga la autocrítica de lo mal que lo han hecho las administraciones implicadas, sino que me gustaría que, por una vez, se pase de la autocrítica a las responsabilidades y que se saneen las administraciones en ese sentido para que no vuelva a ocurrir nada parecido. Yo creo que nada de lo que ha ocurrido es casual y que lo que no podemos hacer es el borrón y cuenta nueva. Yo creo que en un momento en el que estamos todos deseando que se pidan responsabilidades sobre muchas de las cosas que se han hecho mal en este país, en los años en los que podemos exigirlas, por qué no también en estos casos ver cómo han actuado los ayuntamientos que tenían las competencias, los responsables en cada momento, porque yo creo que hay gente que ha actuado bien y luego se siente impotente para poderlo ejecutar, pero es que ha habido personas o ayuntamientos que ni siquiera han ejercido esa potestad formalmente, e incluso aquí se nos dan algunos recortes de prensa, se citan algunos recortes donde hay declaraciones justificando esa situación, parece ser que de alcaldes o de concejales de estos ayuntamientos. Por lo tanto, yo creo que se debe no sólo hacer la autocrítica, sino, además, depurar responsabilidades, porque, si no, aquí parece que todo el mundo en los ayuntamientos esgrime la autonomía municipal y sus competencias, pero aquí nadie quiere luego apechugar con la responsabilidad de esa gestión y de esa autonomía. Entonces, o empezamos a exigir responsabilidades a los que han permitido determinadas actuaciones o, si no, nos encontraremos con que estos mecanismos se van a perpetuar, porque, como nunca se actúa contra los que hacen esta dejación de sus funciones, seguiremos perpetuando este esquema.
Yo creo que hay que exigir responsabilidades en todas las escalas de la Administración que han permitido esta situación grave de deterioro no sólo del medio natural, del medio ambiente, sino el deterioro social, el deterioro que... bueno, cada vez vamos a ver más cómo estas zonas se convierten en zonas conflictivas, no sólo medioambientalmente, que eso ya está hecho, sino socialmente, porque eso es, como se ha visto, una falta de ordenación de todo tipo, y eso puede degenerar en conflictos sociales graves entre esos núcleos y los núcleos -dijéramos- de población habitual, y dentro de esos núcleos, situaciones de indisciplina, o bien de crispación social entre ellos, o bien de problemas de seguridad ciudadana, etcétera, etcétera.
Nada más. Y muchas gracias.
La señora Presidenta (POCIÑA PEREZ): Gracias, señor Maestro.
Señor Consejero, ¿va a contestar al portavoz de Convergencia Alternativa de Aragón-Izquierda Unida o espera a las otras intervenciones?
Tiene la palabra.
El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes (ESTEBAN IZQUIERDO): Señor Maestro, en primer lugar, decirle que comparto lo manifestado por usted en un alto porcentaje de lo que ha dicho, porque, de alguna manera, nos recuerda en buena medida lo ya expuesto por este Consejero y lo recogido en los documentos de que disponen sus señorías. De ahí que difícilmente pueda estar en contradicción.
Simplemente quiero decirle que algunas de las observaciones que ha realizado en cuanto a las repercusiones que la regulación tendría en otros avances y desarrollos de las zonas urbanísticas, una vez que se regularizara, lo que le quiero manifestar es que la propia disciplina que se impone a estas urbanizaciones conlleva las sanciones correspondientes, es decir, pensando en la revalorización a la que usted aludía, y también conlleva una serie de obligaciones en cuanto a las inversiones en las mejoras que se tienen que realizar para la adaptación a la normativa legal, que supone unos costos, lógicamente, pero, en cualquier caso, están lo suficientemente actualizados los costes reales para su legalización con el fin de no producir elementos de agravio con respecto a quien está actuando legalmente. Esto lo he dicho en mi exposición y me parece ocioso el reiterarlo, pero se da por asumido, lógicamente.
Ha citado usted las actuaciones en el Moncayo. Me recordaba el director general que, efectivamente, hubo unas actuaciones sancionadoras anteriormente, por el anterior Gobierno; se han vuelto a sancionar y se está en período de ejecución de esas sanciones en este momento. Esto un poco al hilo de que, como han podido ustedes ver, ha sido iniciativa propia al ver la situación real de nuestra Comunidad Autónoma; en ningún momento hemos eludido la responsabilidad que como Comunidad tenemos en un tema en el que en muchas ocasiones -y lo he dicho en mi intervención- quizás lo mejor pudiera ser el ir dejando pasar el tiempo y no acometer con seriedad este tema que afecta a nuestra Comunidad Autónoma. Por eso digo que estoy de acuerdo con algunas de las observaciones que usted ha dicho, prácticamente con todas. Si es para mayor abundamiento, mejor.
Ha hablado de los promotores de las parcelaciones urbanísticas. Está recogido; en este momento ya se está también sancionando a los anunciantes de urbanizaciones de este tipo, a las que usted aludía, y es nuestra intención el recogerlo en la prevista ley de disciplina urbanística y régimen del suelo como uno de los elementos a tener en cuenta. Una vez que hablamos del establecimiento de la nulidad de pleno derecho de las parcelaciones realizadas sin licencia, sean rústicas o urbanas, el abundamiento en las definiciones de parcelación urbanística y de núcleos de población, con mayor concreción en las definiciones de aquellas condiciones objetivas que puedan dar lugar a la formación de éste, la definición precisa de la figura del promotor y tipificación de la responsabilidad del propietario del suelo en la infracción de la parcelación ilegal y la tipificación de sanciones tanto a los promotores de parcelaciones ilegales como a los compradores de parcelaciones ilegales. Todo esto se tiene en cuenta y en este momento se está actuando ya a través del texto refundido para las actuaciones que desde el Servicio de Disciplina Urbanística se están llevando a cabo.
Hay un tema que, desde luego, yo quisiera decir aquí: la pretensión de esta actuación es la de evitar llegar al final, a lo inevitable, que sería el derribo. Lógicamente, antes de llegar a esa situación extrema hay que buscar todas las fórmulas sancionadoras y legalizadoras precisas que resuelvan un problema que pudiera tener unas consecuencias muy graves, pero que no se desechan en el momento en que se vea que no queda otra salida legal, racional y contemplada por los elementos de los que disponen en este momento tanto los ayuntamientos como la Comunidad Autónoma.
En cuanto a las responsabilidades, desde luego lo que le puedo decir es que desde la Diputación General de Aragón, y de acuerdo con los ayuntamientos en aquellos casos en que necesiten nuestro apoyo, se están ejerciendo todas aquellas sentencias que se emiten desde los tribunales de justicia, que son, en definitiva, quienes, en última instancia, podrían ejercer estas sanciones últimas si hay incumplimiento manifiesto por parte de los afectados de las decisiones tomadas desde las administraciones públicas. En cualquier caso, en este momento la propia ley ya contempla la responsabilidad de los alcaldes y de los responsables municipales a este respecto.
Y, por supuesto, lo que también queremos evitar y queremos transmitir es el que nadie piense que por el establecimiento de una sanción ya regulariza su situación, es decir, la sanción es además de la regularización de la situación, tanto urbanística como a nivel de infraestructura, es decir, que todos estos elementos se tengan que tener en cuenta. La sanción es la aplicación por el incumplimiento legal en cualquier caso, pero en ningún caso sustituye la sanción a la legalización. Pudiera existir la sensación de que una sanción ya regulariza la situación; entraríamos en un punto en el que también los tiempos de aplicación y todo lo demás pudiera tener su repercusión, porque pudieran quedar derogadas en un momento determinado, con el paso del tiempo, algunas de las actuaciones contempladas.
Pero, vamos, en definitiva, creo que lo que pretendemos con esta comparecencia es informar a sus señorías y también, al igual que ocurrió con las jornadas a las que usted no pudo asistir por lo que ha dicho, recibir la opinión de los grupos parlamentarios, que siempre será tenida en cuenta por parte de este Consejero.
La señora Presidenta (POCIÑA PEREZ): Gracias, señor Consejero.
A continuación damos la palabra al portavoz del Grupo Popular: señor Pintado.
El señor Diputado PINTADO BARBANOJ: Muchas gracias, señora Presidenta.
En primer lugar, agradecer la comparecencia del señor Consejero y sus directores generales para explicar un asunto que, realmente, tiene una grave repercusión sobre la ordenación territorial de Aragón, un asunto que anteriormente manifestamos también, antes de la comparecencia del señor Consejero, que en las distintas zonas de nuestro querido Aragón va suscitándose por las distintas comarcas, en los medios de comunicación, en función de una denuncia determinada, en función de que un ayuntamiento vuelva a retomar el asunto... pero que quizás en los últimos años no se ha acometido decididamente el abordar la solución a ese problema, por las graves posibilidades que, como ha quedado -creo- de manifiesto por parte de la exposición del Consejero, tiene a la hora de valorar las distintas posibilidades.
Usted ha dicho que había una responsabilidad municipal, y que desde el Gobierno de Aragón, a través de su Departamento, se iba a poner en marcha una serie de mecanismos que iban a ir en función o para intentar paliar el desarrollo progresivo de otras parcelaciones ilegales. Y en este terreno le quisiera preguntar, ya no relacionado solamente con las parcelaciones ilegales, que es un tema que creo que puede ser preocupante, es cómo afecta el problema de las parcelas ilegales, las parcelaciones ilegales, al tema de la primera vivienda. Porque sí que nos parecería que sería un asunto para abordar como aparte, en función de que ya no es una segunda residencia, ya no es un estrato de población el que se está refiriendo a ella. Para nosotros esto esconde también un grave problema de planificación en cuanto a tema de vivienda, independientemente de los planes de vivienda que se están llevando a partir de la Administración central, en colaboración con la Administración autonómica, pero que, en definitiva, habla de la falta de previsión de los últimos años de la Administración central en cuanto al tema de la primera vivienda en nuestra Comunidad Autónoma (y en otras comunidades autónomas, pero éste no es el caso).
Luego, decir también que, sobre la situación de las ya consolidadas -se ha referido con mucha claridad el señor Maestro-, las sanciones económicas... que en su exposición no aparece muy claramente cómo van a estar determinadas, aunque ahora le ha contestado diciendo que por una sanción económica definitivamente no se va a solucionar el tema, cuestión en la que estamos totalmente de acuerdo con usted, pero saber también en qué caso, en qué medidas o hasta dónde se puede llegar con la normativa actual al hecho de incidir directamente en la legalización de estas parcelas. Y digo esto por la sencilla razón de que conocemos algunos casos donde, independientemente que estemos por la legalidad lógica y objetiva de estas parcelaciones ilegales, se puede dañar el interés de usuarios que han sido, como usted mismo ha reconocido, engañados en su día o defraudados por unas promotoras ávidas de dinero, de la especulación, para ofrecerles esta vivienda a este tipo de personas que las necesitaban en el sentido de primera vivienda.
Decir también, ya para terminar, incidir en el aspecto que nuestro planteamiento va a ir en cuanto al seguimiento de los pasos que la Administración va a dar en función de las normativas que se van a aplicar... que también usted lo ha tocado y nos parece una medida oportuna: la necesidad imperiosa de campañas de información y de formación hacia los usuarios para que conozcan con detalle los requisitos que necesita una parcelación de este tipo para saber si cumple exactamente con la legalidad. Porque, claro, es muy bonito... y en definitiva yo creo que en esto también coincidimos con el planteamiento de Izquierda Unida, que depende de a qué capas nos estemos refiriendo, pero coinciden en la mayoría de los casos las parcelaciones ilegales con estratos de la población de tipo medio, es decir, que no son excesivamente adinerados los que están haciendo uso de las mismas, con lo cual han ido a estas parcelaciones o a estas zonas ilegales en función de unos precios que se les han ofrecido por debajo de lo que el mercado estaba en este momento ofreciendo.
Y, para terminar, decirle que esperamos prudencia; contundencia, pero al mismo tiempo prudencia, en función de que no se puedan dañar intereses de esas personas que pueden estar viviendo en estas zonas.
Nada más. Y muchas gracias.
La señora Presidenta (POCIÑA PEREZ): Muchas gracias, señor Pintado.
Señor Consejero, tiene la palabra.
El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes (ESTEBAN IZQUIERDO): Muchas gracias, señora Presidenta.
En primer lugar, quiero comenzar mi intervención por el final de la suya, señor Pintado. Efectivamente, se actuará con todo el rigor, pero con prudencia, la prudencia que necesita un tema tan complejo como el que o del que estamos hablando en este momento. Yo creo que eso se ha puesto de manifiesto a lo largo de mi intervención: somos conscientes de esta complejidad y, por supuesto, se tiene que tener mucho tacto y no provocar tampoco alarmismos; hay que provocar yo creo que responsabilidad en quien se encuentra en una de estas situaciones y, sobre todo, responsabilidad preventiva a quien pueda, en un momento determinado, incurrir, bien conscientemente o bien inconscientemente, en la compra de una parcela o en la realización de una obra de las que estamos hablando.
Porque -y paso a la primera parte de su intervención- efectivamente ahora sí que se está dando ya una situación de incidencia en la primera residencia, muchas de estas actuaciones ya son primera residencia, con un elemento lamentable, que quizás es el que más nos tiene que preocupar, y es el crecimiento del chabolismo y de la parte de actuación en cuanto a estas viviendas de primera residencia exentas de todos los mínimos imprescindibles de calidad humana, como puedan ser los servicios mínimos imprescindibles, como hemos dicho en muchas ocasiones. El señor Betrán lo decía, ha puesto algún ejemplo reciente de algún caso de muerte, que incluso se ha dado en torno de las grandes ciudades, pero en unas precariedades que nosotros, como Gobierno, tenemos la responsabilidad de, desde luego, evitar, con los ayuntamientos como primeras administraciones responsables de solucionar este tema. El tema es grave cuando se trata de esta primera residencia, por estas causas; quizá las segundas residencias ya son complementarias de otro tipo y debieran de tener otro tratamiento.
Por supuesto, la consolidación y la legalidad y todo lo que usted ha puesto de manifiesto se contempla, por una parte, en la normativa existente en este momento, pero sobre todo en una comunicación muy fluida con los ayuntamientos. Una de las razones de desarrollar estas actuaciones, como obligación que tenemos desde la Comunidad Autónoma, ha sido la de intentar dotar a los ayuntamientos de los instrumentos, tanto técnicos, materiales, como legales, imprescindibles para que puedan llevar a cabo su responsabilidad y puedan evitar este tipo de actuaciones y puedan resolver las situaciones existentes en este momento. Yo creo que he enumerado cuáles han sido las actuaciones del Departamento y la puesta en marcha desde primeros de año de un servicio que está colaborando con los ayuntamientos, también de una serie de convenios previstos para que los ayuntamientos se sientan en todo momento más respaldados, y, sobre todo, que haya una fluidez y una información permanente entre los ayuntamientos y la Comunidad Autónoma, dotándoles de todos los medios precisos.
Pero hay algo que es imprescindible, y es la información. No siempre todos los propietarios de parcelas han estado lo suficientemente bien informados sobre la legalidad de la parcela a la que iban a acceder, o que iban a comprar; pero en algunos casos también la picaresca ha llevado a intentar eludir algunas responsabilidades que se tenían por ambas partes, tanto los promotores como los compradores. El tratamiento será para ambos, no de forma similar, sino valorando la parte que tiene cada uno de mayor responsabilidad. Pero, en todo caso, de lo que se trata es de resolver, poner los mecanismos y evitar, por la vía de la información, fundamentalmente, y de la actuación aplicada de la legalidad, lógicamente, con esa prudencia a la que usted aludía, pero con el mismo rigor y la misma contundencia, de los instrumentos que se tienen en estos momentos. Por supuesto, todas las actuaciones que se han llevado a cabo en este momento habrán visto que están acompasándose tanto por la vía de la aplicación como por la vía de la información, tanto a través de jornadas como de distribución de folletos.
Yo, en cualquier caso, lo que sí que aprovecharía es para hacer un llamamiento a todos los ciudadanos interesados en disponer de unas parcelas de segunda residencia o de unas parcelas en algunos lugares de los entornos de las grandes ciudades para que se informen previamente. Para eso, desde luego, tenemos los instrumentos de coordinación con los colegios de registradores de la propiedad, con los colegios de notarios, con toda la retahíla de comunicaciones y de instituciones que sean necesarias, tal y como he dicho en mi intervención y que ahora no voy a repetir.
La señora Presidenta (POCIÑA PEREZ): Gracias, señor Consejero.
A continuación, tiene la palabra el señor Calvo Lou, del Partido Aragonés.
El señor Diputado CALVO LOU: Gracias, señora Presidenta.
En primer lugar, yo quiero también, en nombre del Partido Aragonés, darle las gracias al Consejero por su comparecencia, así como al director general de Ordenación del Territorio, que le acompaña, y don Ramón Betrán, que ha hecho una exposición exhaustiva del problema en torno a Aragón.
Quiero empezar diciendo que los diez minutos no son suficientes para entender toda la información que han tenido la gentileza de darnos, y que, evidentemente, miraremos con mayor tranquilidad.
Nosotros creemos que este problema de las parcelaciones ilegales es un problema ya antiguo, que afecta no solamente a Aragón, evidentemente, sino a todo el país, afecta a toda España, y siempre está en función de la ciudad de influencia que se encuentre más cercana. A través de los planos que hemos visto se ha comprobado que, fundamentalmente, es un problema de Zaragoza, es un problema del entorno del "área metropolitana" -que se ha dado en llamar- de Zaragoza, y de las grandes ciudades: a mayor capacidad de influencia en una ciudad, pues un mayor problema.
Yo creo que a lo largo del tiempo todas las administraciones han tenido intención de cortar este fenómeno. Recuerdo concretamente en el Ayuntamiento de Teruel, donde ya se planteó este problema en el año ochenta y tres, y donde ya fue una iniciativa que fue tenida en cuenta y que creo que a lo largo del tiempo ha dado un resultado bastante positivo; lo cual no quiere decir que se han cortado todas, pero sí que este problema se intentó ya cortarlo y, de alguna forma, legalizar aquellas que fueran legalizables.
También la Diputación General de Aragón inició un programa de gestión y vigilancia para parcelación ilegal en 1992, que contenía distintas propuestas para tratar de frenar este fenómeno, entre las cuales estaba precisamente una de las más importantes, la información y difusión del problema, porque, evidentemente, muchos de los compradores de estas parcelas se han podido sentir en algún momento determinado engañados, y hayan comprado determinadas parcelas que no hayan tenido aquellos servicios con que ellos contaban, pues, por ser una parcelación que compraban, tenía que tener todos los problemas legales resueltos.
Nosotros creemos que éste es un problema que surge del propio agobio de la ciudad. Para mucha gente los agobios de la ciudad cada vez son tremendos, no solamente la contaminación, la circulación, etcétera, y todo esto hace que la sociedad, los fines de semana, pretenda ir al campo, tomar un poco el aire, y en ese sentido yo creo que gran parte de estas parcelas, no ya del chabolismo, han nacido de esta necesidad de la sociedad. En ese sentido, yo creo que gran parte de estas parcelas... aunque se ha hecho aquí mención a la posible salida de dinero negro, nosotros entendemos que ha sido sobre todo el precio de esas parcelas, el precio de esas urbanizaciones el que ha determinado el nacimiento de gran parte de ellas.
Entendemos que habría de deslindar un poco el territorio, porque tampoco es lo mismo una parcelación de esa naturaleza, de las que se han nombrado aquí, en los alrededores de Zaragoza, ya sea Osera, María de Huerva o cualquiera de estas poblaciones cercanas a Zaragoza, que una que haya podido nacer en un pueblo perdido de la provincia de Teruel, donde los problemas de contaminación que puedan existir van a ser mínimos o incluso, posiblemente, ninguno. Vamos a la provincia de Teruel, pero también sería igual para Huesca que para Zaragoza.
Nosotros entendemos también que existen muchos organismos de control para tratar de frenar este fenómeno. El Consejero ha hecho mención especial al registro, las notarías, pero creo que también se podría tener en cuenta aquellos servicios inherentes a toda urbanización, como puede ser la luz, puede ser el teléfono, y que, por lo tanto, pues podrían, tanto las eléctricas como Telefónica, influir para cortar este fenómeno, exigiendo los requisitos que fueran necesarios.
Nosotros también, y en esto coincidimos con el señor Maestro, entendemos que habría que huir de utilizar precisamente las zonas verdes, las zonas de huerta. Creemos que el territorio aragonés tiene los suficientes secanos y los suficientes territorios semidesérticos para poder hacer urbanizaciones, que alrededor de ellas, incluso, nacerían zonas verdes, como para tener que invadir la huerta, que es un don preciado que creo que tendríamos que conservar mientras sea posible.
Creemos, y estamos en línea con lo que ha dicho el señor Consejero, en tratar en lo posible de regularizar situaciones, teniendo en cuenta que en la gran mayoría de los casos se trata de propietarios de escaso poder adquisitivo y, por lo tanto, creo que en ese sentido habría que hacer un esfuerzo, evidentemente sin obviar el que habrá actuaciones en que no será posible y, a lo mejor, hay que derribarlas, pero creemos que habría que intentar resolver los casos sin llegar a medidas drásticas de esta naturaleza.
Por lo demás, en conjunto estamos de acuerdo con la exposición del señor Consejero. Nosotros, nuestro Grupo, apoyaremos todas las medidas que sean necesarias para tratar de cortar este fenómeno, porque, en definitiva, no es más que el cumplimiento obligado de la ley. Eso nos obliga a todos, y más a las administraciones públicas, y, por lo tanto, aunque en algunos casos pueda ser doloroso, creo que en el cumplimiento de la ley la Administración es la primera que tiene que dar el ejemplo de que la cumple, cortando todos los abusos que pueda haber.
Por lo tanto, yo pocas preguntas o casi ninguna le puedo hacer al Consejero, sino, simplemente, dar nuestro punto de vista y, en todo caso, preguntarle si tienen un calendario de actuación para poner todo esto que nos ha explicado en marcha, cuál puede ser el tiempo.
Y nada más.
La señora Presidenta (POCIÑA PEREZ): Muchas gracias, señor Calvo Lou.
Señor Consejero, ¿contestará al Diputado?
El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes (ESTEBAN IZQUIERDO): Sí.
Señor Calvo, gracias por su ofrecimiento a colaborar en la resolución de este problema, se lo agradezco sinceramente.
En cuanto a las actuaciones que se van a llevar a cabo, se están llevando a cabo ya. Lo que intentamos evitar es que, una vez catalogada y diagnosticada la situación real, no ocurra como ocurrió con anteriores... que ya, a partir de ahí -y hablo en plural-, no acometieron, quizás porque es un tema muy complejo y nosotros tampoco sabemos el resultado final, si va a ser feliz o no, pero es, desde luego, en algunos casos y en algunos momentos reconocemos que es un poco impopular el acometer este tipo de actuaciones para regularizar estas situaciones.
Pero, lógicamente, como además contamos con la concurrencia y el apoyo de los dos grupos parlamentarios, por lo que han manifestado, nos encontramos legitimados y respaldados para acometer cualquier actuación en este sentido y, por supuesto, ya desde el momento en que se tomó el acuerdo por parte del Consejo de Gobierno, luego ya se fue plasmando, a partir del mes de enero en la creación del Servicio de Disciplina Urbanística, que no ha dejado de estar trabajando, directamente con los ayuntamientos y con los colectivos que hemos citado anteriormente, con el fin de recabar todo tipo de información, y también de prestar todo tipo de apoyo para la solución de estos problemas.
Como usted ha dicho, en algunos casos puede ser consecuencia del agobio de la ciudad, pero precisamente ahí tiene esto que enlazarse con una política de vivienda que estamos dispuestos a llevar adelante en las grandes ciudades, con el fin de que por ese lado no se tenga la tentación de buscar o tener que buscar alternativas de este tipo, de viviendas ilegales de este tipo.
Por supuesto, es responsabilidad de los ayuntamientos, pero nosotros no somos ajenos. La Ley del Suelo del año noventa y dos dice que la inspección urbanística se genera por los órganos de la Administración autonómica y local, dentro de las respectivas competencias, y de acuerdo con la legislación vigente. El alcalde ejercerá la inspección de las parcelaciones urbanas, obras e instalaciones del término municipal, para comprobar el cumplimiento de las condiciones exigibles. Pero también el Decreto 70/92, de la Diputación General de Aragón, dice que "sin perjuicio de las competencias municipales, las funciones de inspección y vigilancia para el ejercicio de las competencias de la Administración autonómica en el orden urbanístico se ejercerán por parte de la Dirección General de Ordenación del Territorio". Bueno, no continúo, pero lo que sí que quiero decir es que, con los instrumentos existentes y redoblando los esfuerzos con mayores actuaciones, tanto legislativas como, sobre todo, de cobertura técnica, intentaremos contribuir a regularizar y solucionar un problema que tenemos y del que somos todos conscientes.
Nada más. Muchas gracias.
La señora Presidenta (POCIÑA PEREZ): Gracias, señor Consejero.
Finalmente, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
El señor Diputado BERNAD ROYO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Por mi parte pocas palabras, solamente... Desde luego, inicialmente, agradecer al señor Consejero y su equipo su presencia aquí, pero sobre todo agradecerle la iniciativa -que ha sido suya-, la iniciativa de la Diputación General de Aragón para intentar solucionar este problema de las parcelas ilegales. Yo creo que, a pesar de que es cierto que ha habido iniciativas anteriores, yo creo que más parciales y, desde luego, sin mucho éxito, en esta ocasión la Diputación General de Aragón aborda el problema de una manera global y, desde luego, me da la sensación de que de una forma seria, con un claro interés de solucionar el problema.
Desde mi punto de vista, lo importante es que ustedes han identificado el problema, pero estupendamente bien; la verdad es que la intervención del señor Betrán Abadía nos ha mostrado en pocas palabras, pero de una manera muy clara, cuál es exactamente el problema de las parcelaciones ilegales. Han identificado el problema, han señalizado un método de trabajo para paliarlo (me remito al plan integral de actuación que ustedes han señalado), ponen a disposición una serie de instrumentos que pueden ser tremendamente eficaces: el Servicio de Inspección, la modificación de la ley del suelo, la cooperación con ayuntamientos, la toma de conciencia de la sociedad sobre este problema; y yo creo que, si fundamentalmente hay voluntad política, esto puede salir hacia adelante, puede ser una iniciativa exitosa, pero que haya voluntad política, es lo que a mí me parece, porque la verdad es que en esto últimamente no la habido, y ahí está la realidad de los problemas.
Solamente quiero terminar diciéndoles una cosa. De alguna forma los grupos parlamentarios han señalado cuál es su posición y vienen a demostrar el éxito de su iniciativa, señor Consejero, pero también es cierto que en sus intervenciones ha habido siempre un pequeño matiz recordatorio de que no haya intereses que pudieran verse negativamente tocados, negativamente afectados, y es verdad, es verdad, porque resulta una cosa: los aragoneses no tienen por qué renunciar a la segunda residencia o intentar vivir fuera de los núcleos urbanos. Pero, curiosamente, Aragón, si algo tiene, si de algo dispone, si hay una riqueza palpable de nuestra Comunidad Autónoma, es el suelo, es el espacio, lo tenemos, ¡y de qué manera!, y sin embargo, el suelo en nuestra Comunidad Autónoma es un factor de encarecimiento en la vivienda tremendo, incluso de la segunda residencia, y de la que está fuera, que no olviden ustedes eso, que quizás el mejor ordenamiento que se adivina a partir de esta iniciativa pudiera redundar también, entre otras cosas, en un abaratamiento del suelo, si es posible, y, en cualquier caso, que redundara en beneficio, por eso, de los ciudadanos.
Nada más, muchas gracias a todos ustedes, y especialmente al señor Betrán Abadía, quien nos ha introducido a todos en el problema real.
La señora Presidenta (POCIÑA PEREZ): Muchas gracias, señor Bernad.
¿Señor Consejero?
El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes (ESTEBAN IZQUIERDO): Bueno, quiero agradecer las palabras del representante del Grupo Socialista, como no podía ser menos.
Decirle también, porque se me había olvidado anteriormente, al señor Calvo -me lo apuntaba el director general- que se remitió, porque no estaba todavía, estaba en proceso de encuadernación cuando se pidió la comparecencia, el contenido del texto que hoy disponen, lo digo porque ya sé que sus múltiples ocupaciones a lo mejor no le han llevado a dedicarle este tiempo, pero le recomiendo que lo lea, que le relajará y le enriquecerá su conocimiento sobre la situación de las parcelaciones.
Decirle eso y también decir que, por supuesto, difícilmente este Consejero podría venir a informar sobre este tema si no contara con el apoyo de un equipo, comenzando por el director general, persona sensibilizada con la problemática de Aragón, y que está llevando rigurosamente a cabo lo que han sido los planteamientos del Departamento en los temas que le afectan, y en éste, si se quiere, con mayor rigor. Y si además se cuenta y se tiene la suerte de disponer de colaboradores como el señor Betrán Abadía, y otros muchos que han llevado a cabo en poco tiempo el desarrollo y la realización no sólo de este libro, sino también de las jornadas, que han sido yo creo que lo suficientemente reconocidas por todos los participantes y los colectivos afectados, estamos en el buen camino para poder pensar que de una vez por todas lo que han sido buenas intenciones de los distintos Gobiernos, porque estaban comprometidos y obligados a ello... esperemos que no caigamos en el desánimo y que sigamos con la misma intensidad, que en este período de este Gobierno se ha estado actuando en un tema, como decía anteriormente, tan complejo como el de las parcelaciones ilegales, y podamos contribuir a resolver este problema y también a restar inquietud a quienes tienen una inseguridad de no saber lo que puede suceder con este tipo de residencias en el futuro.
Yo, en resumen, reitero el agradecimiento del Departamento a todos los Grupos Parlamentarios por el apoyo que han manifestado. Tomamos nota de las objeciones que nos han trasladado y, por supuesto, también les reitero el ofrecimiento del Departamento a que cualquier sugerencia nos la hagan llegar por la vía que consideren oportuna a la Dirección General, que será tenida en cuenta en el proceso de la elaboración de la ley que, en este momento, se está desarrollando.
Muchas gracias.
La señora Diputada POCIÑA PEREZ: Muchas gracias, señor Consejero.
Finalmente, si existe alguna pregunta por parte de algún Diputado o Diputada.
Sí, tiene la palabra.
El señor Diputado CALVO LOU: Gracias, señora Presidenta.
Es que el señor Consejero ha dicho que si teníamos alguna idea, que se la fuéramos dando, y yo recuerdo que él, al final de su primera intervención, ha dicho que enseñar a pescar era más importante que dar pescado. Yo, recordarle que antes hace falta red.
Gracias.
La señora Presidenta (POCIÑA PEREZ): Gracias, señor Calvo.
Señor Consejero.
El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes (ESTEBAN IZQUIERDO): Sí, el río estará, siempre que no esté invadido por urbanizaciones ilegales.
La señora Presidenta (POCIÑA PEREZ): Gracias, señor Consejero.
¿Alguna pregunta más?
Bien, entonces damos por concluido este punto del orden del día, agradeciendo al señor Consejero su comparecencia y, asimismo, a quienes le acompañan, y felicitándonos por este libro, que nos parece muy ilustrativo de una situación en Aragón, y que, sin duda alguna, será muy bien recibido por todos los medios.
Muchas gracias, señor Consejero.
Nos quedan aún dos puntos del orden del día... [Pausa. Los comparecientes abandonan la sala de comisiones.] Bien, si les parece, vamos a continuar.