Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

El punto siguiente es el debate y votación de la proposición no de ley número 172, sobre el Servicio de atención y orientación jurídica al inmigrante en Fraga (Huesca), presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

Para su defensa, el diputado señor Pérez Vicente tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 172/01, sobre el Servicio de atención y orientación jurídica al inmigrante en Fraga (Huesca).

El señor diputado PÉREZ VICENTE: Muchas gracias, presidente.

Señorías, en junio de este año, el 12 de junio en concreto, el Gobierno de Aragón aprobó unos convenios de colaboración para atención de los inmigrantes. En concreto, a propuesta del Departamento de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, aprobó la firma de convenios de colaboración entre el IASS (el Instituto Aragonés de Servicios Sociales), los colegios de abogados de las tres provincias, de nuestras tres provincias, además de otros convenios con sindicatos (UGT, Comisiones) y entidades como SOS Racismo y colegios oficiales de Diplomados en Trabajo Social, Asistentes Sociales, etcétera.

En concreto, y referida a la proposición no de ley que presentamos, el acuerdo con los colegios de abogados de Huesca, Teruel y Zaragoza tiene por objeto financiar el mantenimiento de esas actividades, de las actividades del Servicio de Asistencia y Orientación Jurídica a Inmigrantes, conocido como SAOJI, y el programa consiste, como supongo que sus señorías conocen, en una oferta de apoyo técnico a los inmigrantes en el ámbito jurídico mediante la asistencia de consultas y la tramitación y gestión de ese tipo de asuntos, y, por lo tanto, comprende las actuaciones de asesoramiento e información especial en materia de extranjería, garantizando la atención del inmigrante que solicita la información o la intervención letrada, así como la inmediata actuación profesional mediante la formulación, si hiciera falta, si fuera necesario, recursos escritos o efectuando los trámites que proceda para salvaguardar los derechos que nuestra legislación, tanto el Estado como la comunidad autónoma, reconocen.

El mes de septiembre -quiero dejar constancia-, el Consejo Económico y Social, en su informe anual, también advirtió, advierte en este año, en el año 2001, del importante desafío que supone para el presente y futuro inmediato de Aragón la integración de la población inmigrante, de esa población que ha decidido formar parte e integrarse en nuestra comunidad.

Dicho esto, también tenemos que conocer que en estos últimos años, se ha incrementado, se ha incrementado significativamente el número de inmigrantes: hay unos datos que hablan de veinte mil quinientos inmigrantes en nuestra comunidad autónoma, y con ese dato, también, en la ciudad de Fraga, están censados y conviviendo unas mil trescientas personas, unos mil trescientos inmigrantes. Por descontado que la actividad agrícola es la actividad que ocupa a gran parte de estas mil trescientas personas. Por lo tanto, entendemos que es una cantidad importante para que estos inmigrantes conozcan sus derechos y puedan ser puestos a su alcance, y, entre otros, los derechos jurídicos que afectan a estos colectivos.

Desde hace bastantes meses, casi dos años, diferentes entidades fragatinas, diferentes organizaciones -también el Partido Popular de Fraga-, están realizando gestiones para que, conociendo esta situación, el Servicio de Atención y Orientación Jurídica al Inmigrante se ubique en Fraga, con estos datos que están a disposición de todos nosotros. Y, además, incluso desde el Ayuntamiento de Fraga -el Partido Popular así lo expuso- se elaboró un escrito, una petición sobre la necesidad, sobre la urgente necesidad de que este servicio estuviera descentralizado en Fraga, sobre todo debido a las demandas existentes, de las cuales hay constancia en el ayuntamiento de Fraga.

También sabemos que el la provincia de Huesca, el Servicio de Atención y Orientación Jurídica al Inmigrante está atendido por, aproximadamente, quince abogados, quince abogados que realizan su labor en Huesca, realizan su labor en Jaca y también realizan su labor en la ciudad de Barbastro.

Y, repito, desde hace muchos meses, hay muchas entidades de Fraga y comarca que están demandando este servicio. Tenemos constancia de que este servicio, en la capital del Bajo Cinca, viene reclamado no sólo por el ayuntamiento, sino por Cáritas Parroquial, por Cruz Roja española, por la Asociación El Puente Lo Pont, por la Confederación General de Trabajadores, por la Unión Sindical Obrera, por los equipos de orientación y de educación psicopedagógica, por determinados institutos de educación secundaria, por las escuelas de adultos del bajo Cinca y, repito, por el Partido Popular, que hace pocos meses también, en el ayuntamiento de Fraga, propuso esta iniciativa.

Y también es cierto que esta iniciativa, que se planteó al Colegio de Abogados de Huesca y al Instituto Aragonés de Servicios Sociales, obtuvo respuesta, obtuvo una respuesta del colegio de abogados en el sentido de que no disponían de los medios ni del convenio, ni de las posibilidades, a pesar de su interés, de llevar adelante esta iniciativa, y por contra, no ha habido ningún tipo de respuesta del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. De ahí, nuestra proposición no de ley, por eso nuestra proposición no de ley, para instar al Gobierno porque pensamos que, además de los últimos convenios que por parte del Gobierno de Aragón y por un importe de sesenta millones de pesetas se establecieron para el presente ejercicio, para que el Gobierno de Aragón presente en este ejercicio -todavía está a tiempo- la iniciativa para poner en marcha el Servicio de Atención y Orientación Jurídica al Inmigrante en la ciudad de Fraga.

Con este ánimo, presentamos esta proposición no de ley y esperamos el respaldo de la cámara.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.

Es el turno de los grupos parlamentarios, puesto que no hay enmiendas.

Por Chunta Aragonesista, señor González, tiene la palabra.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor presidente.

Quiero empezar esta intervención con una frase de un miembro del Partido Popular que dijo: «A las ocho de las mañana, todos los inmigrantes son pocos; a las ocho de la tarde, sobran todos» (Juan Enciso, alcalde popular de El Ejido). Creo que es importante traer aquí esta cita, porque de esta cita a la iniciativa que hoy nos trae el Grupo Popular, la verdad es que hay un mundo, y el talante que se desprende lo han cambiado, pero ahí quedan los hechos y ahí queda no solamente la actuación de una persona concreta, sino la actuación de todo un Gobierno que ha aprobado por mayoría absoluta una ley que está impregnada de ese mismo espíritu o, por lo menos, así lo valoramos desde Chunta Aragonesista.

Y, desde luego, creemos que el talante que se desprende de la actuación del Partido Popular en relación al fenómeno de la inmigración choca totalmente con el objetivo de esta iniciativa, pero nos alegramos del cambio, nos alegramos de que hoy nos traiga una iniciativa en positivo.

Se propone la implantación, en la ciudad de Fraga, de un servicio necesario como es el Servicio de Atención y Orientación Jurídica al Inmigrante (SAOJI), un servicio que prestan los colegios abogados de Huesca, Zaragoza y Teruel y que ha sido reiteradamente solicitado por el Ayuntamiento de Fraga y por todas aquellas organizaciones que ya ha destacado el representante el Grupo Popular; incluso la Confederación General de Trabajadores, el sindicato libertario, propone esta iniciativa junto al Partido Popular de Fraga. La verdad es que yo no sé si el Partido Popular se ha venido a impregnar de lo que alguno de sus miembros denomina como «progresismo bobalicón» a la hora de defender los derechos de los inmigrantes, pero encontramos juntos al Partido Popular y a la CGT defendiendo esta iniciativa. Pues nosotros también la vamos a apoyar, porque venimos apoyando esto desde hace tiempo.

Y esta proposición no de ley hay que valorarla como un gesto político por parte del Grupo Popular, un gesto político que, aunque sea contradictorio con la actitud que han venido manteniendo hace tiempo en el Gobierno central, donde residen muchas competencias que afectan a los inmigrantes, sobre todo a la legislación básica, pero, como decía, es un gesto que hay que tener en cuenta, y nosotros lo valoramos en positivo.

Hay que recordar también que otras iniciativas políticas activas que deberían desarrollarse desde el Gobierno central y dirigidas a los inmigrantes... Recuerdan ustedes el famoso Plan Greco, aquel plan que se presentó con posterioridad a la aprobación en las Cortes de la Ley de Extranjería, un plan que estaba repleto de medidas concretas, de iniciativas dirigidas a los inmigrantes, un plan que se quedó el día de su presentación con muchos fuegos artificiales, con mucha presencia de distintos cargos, etcétera, pero ahí se quedó ese plan.

Bueno, pues, aunque sea contradictorio que ese plan se haya quedado totalmente congelado y hoy se esté instando al Gobierno de Aragón a que actúe, nosotros creemos que tanto el Gobierno de Aragón como el Gobierno central deberían estar actuando. Valoramos, pues, en positivo la iniciativa, y así la vamos a apoyar, en primer lugar, por la necesidad que hay en la ciudad de Fraga de este servicio, que es un servicio fundamental que afecta a derechos básicos, afecta a las personas en la tramitación de expedientes que van desde cuestiones tan elementales como la reagrupación familiar, personas que han dejado a sus hijos en los países de origen y que por problemas burocráticos no consiguen tener una vida familiar normal, hasta el tema de las expulsiones.

Por lo tanto, es una cuestión elemental, que, sobre todo, a la ciudad de Fraga, en la que por las labores agrícolas se concentra en determinadas épocas del año mucha población inmigrante, pues, debería estar ya en funcionamiento.

Creemos, pues, que es necesario este servicio en la ciudad de Fraga, pero también queremos aprovechar esta ocasión, el que estemos tramitando esta iniciativa, para lanzar un llamamiento: iniciar un mínimo consenso político en Aragón sobre este tema. Creemos que estamos trasladando desde los poderes públicos, desde la Administración, desde estas Cortes, una imagen a la sociedad aragonesa y, en general, se está trasladando por parte de todas las Administraciones y de los poderes públicos a toda la sociedad española una imagen muy negativa del fenómeno de la inmigración que se está traduciendo en una conflictividad social que a nadie va a beneficiar.

El fenómeno de la inmigración es un fenómeno que no podemos abordar a corto plazo, va a ser una cuestión que va a estar latente en nuestra sociedad, y lo que está trascendiendo a día de hoy es una imagen de confusión, de ilegalidad, de falta de previsión, de falta de iniciativas por parte de todas las Administraciones públicas, tanto del Gobierno central como de la Administración autonómica. Y los problemas los están viviendo, en primera persona, los inmigrantes. El que un colectivo en esta sociedad sufra problemas en su vida cotidiana, como puede ser respecto a la vivienda, a la sanidad, a la educación..., los problemas no se quedan en ese colectivo, los problemas están transcendiendo a toda la sociedad que le rodea, a toda la sociedad en que están insertos.

Por lo tanto, creemos que deberíamos intentar lograr ese mínimo consenso, intentar lanzarlo desde estas Cortes, aunque sea aprovechar una ocasión tan concreta y tan mínima como puede ser la tramitación de esta iniciativa para retomar ese mínimo consenso, porque, si no, los efectos los vamos a sufrir todos y a muy corto plazo y no solamente lo van a sufrir esas personas que tienen el problema a flor de piel. Lo creemos porque, además, estamos creando las condiciones, estas condiciones de confusión en la sociedad, estamos creando unas condiciones para aquellos intolerantes, los xenófobos, los que viven en la intransigencia, para que tengan un discurso político que cuaje en esta sociedad, y eso lo debemos evitar, y nos parece que es importante lograr ese mínimo consenso para allanar el camino a las personas que están ahí esperando tener esas condiciones mínimas para lanzar ese discurso intolerante.

Vemos que los acontecimientos que ocurrieron recientemente en La Almunia son un claro ejemplo de lo que podría pasar, y solamente hay mirar a otros países de Europa para ver algo que creo que desde la democracia, desde la representación en estas Cortes, todos no queremos favorecer.

Por lo tanto, nos parece necesario hacer este llamamiento a ser conscientes de la gravedad de esta situación, de la percepción social que está cundiendo, porque sólo hay que ver las conversaciones, sólo hay que ver ese sentimiento social de rechazo que está surgiendo para reaccionar.

Por lo tanto, hoy, que para muchos de nosotros es un día importante (20 de diciembre), que recordamos una figura como es la del Justicia Juan de Lanuza, un defensor de los derechos y libertades de Aragón, para aquellos que creemos que Aragón es un país que siempre ha estado caracterizado por sus libertades, que ha sido caracterizado porque es un país plural, creemos que es un momento importante para aprovechar medidas, para construir este país, esta nación plural, libre y en la que puedan participar, con igualdad de derechos, todas las personas, todos los ciudadanos que aquí habitamos.

Por lo tanto, nuestro voto va a ser favorable.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, la señora Costa tiene la palabra.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias, presidente.

Señorías.

Me satisface esta proposición no de ley presentada por el Partido Popular, que vamos a votar afirmativamente. Con ella, se unen a peticiones similares anteriores a esta proposición realizadas por el Ayuntamiento de Fraga, Cáritas Parroquial, Cruz Roja, Asociación El Puente Lo Pont, Confederación General de Trabajadores, USO y otras entidades sociales.

Esta proposición parece un calco de lo ya solicitado. En mayo de este año, solicitaron asesoría jurídica en el bajo Cinca para atender las demandas de la población emigrante y evitar que tuvieran que desplazarse a Huesca para ser atendidos por el SAOJI (Servicio de Atención y Orientación Jurídica al Inmigrante), que se presta, como ya ha dicho el portavoz del Partido Popular, en Barbastro, Jaca y Huesca, por un convenio con el Colegio de Abogados.

Leo un párrafo de la carta que el Colegio de Abogados contestó al Ayuntamiento de Fraga ante su demanda: «Este colegio quiere hacerle saber que si se consigue por parte de las entidades firmantes a las que nos dirigimos dotación económica que, previo estudio, se entienda suficiente por parte de este colegio, y si, por añadidura, existen letrados que voluntariamente quieran llevar a cabo el servicio en la zona, este colegio no tiene inconveniente en colaborar en la conformación de un SAOJI en el bajo Cinca».

La población inmigrante en Fraga supera las mil personas, y aun teniendo en cuenta la temporalidad del trabajo que allí se desarrolla, merecen una atención especial. El IASS, que realiza convenios de colaboración, financiando acciones tendentes a la integración social de los inmigrantes sobre sus derechos laborales, acceso a la formación, servicios sociales, sanidad, cultura, educación..., ya ha previsto una financiación que permita poner en marcha una asesoría jurídica al inmigrante en el bajo Cinca.

Con o sin proposición no de ley, nuestro Gobierno ya tenía previsto incluir a la población de Fraga en un SAOJI. Hemos votado que sí para darle al Partido Popular la... [Rumores.] Vamos a votar que sí, perdón, vamos a votar que sí -perdonen este lapsus; se lo agradezco-, vamos a votar que sí para darle al Partido Popular la oportunidad de sentirse protagonista y que la sociedad vea unidad de criterio en un tema relacionado con la inmigración, máxime después de la poco apropiada Ley de extranjería, que estas Cortes aragonesas tomaron el acuerdo de recurrir.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Por el Grupo Socialista, la señora Mihi tiene la palabra.

Señorías, guarden silencio, por favor.

La señora diputada MIHI TENEDOR: Gracias, señor presidente.

Señorías.

El desequilibrio demográfico entre las áreas y países pobres, que concentran un proporción en aumento de la población, y las ricas, con un peso demográfico en constante disminución, junto a las diferencias abismales de renta y riqueza entre unas y otras, genera, como una de las consecuencias de esta contradicción, el aumento progresivo de la inmigración. La reducción del peso demográfico de los países de nuestro entorno en el contexto global alcanza en España las cotas más altas de la Unión Europea y genera unas perspectivas demográficas especialmente negativas, debido esencialmente a la intensa caída de la natalidad que se viene produciendo desde finales de los años setenta, tendencia que no se considera variable a corto o medio plazo.

Aun en el caso de que se produjera una inversión dramática de esta tendencia y la natalidad flexionara significativamente al alza, nuestra población seguirá retrocediendo ininterrumpidamente en los próximos cincuenta años, experimentando la población en edad productiva caídas particularmente intensas, en paralelo con el aumento de los ciudadanos con edades avanzadas, traduciéndose, por una parte, en escasez de mano de obra y de otra, derivada de la anterior, en una dificultad creciente para financiar las pensiones, al reducirse continuamente el número de cotizantes y aumentar el de pensionistas.

Esta perspectiva, que parte de una hipótesis de saldos inmigratorios reducidos, se contradice con las intensas entradas que ya se están registrando y con su previsible aumento, derivado, entre otros factores, del crecimiento de la renta per cápita y del retroceso de las fuerzas de trabajo autóctonas.

Nuestra sociedad debe prepararse para afrontar adecuadamente el reto de la inmigración, no sólo por la necesidad creciente de mano de obra, sino también por la progresiva eliminación de barreras para la circulación de las personas, coherente con el tráfico de capitales y mercancías, desarrollando una política migratoria más expansiva, que considere, además de la propia presión inmigratoria, los cambios experimentados en nuestra situación económica, laboral y demográfica, y se ajuste al principio general plasmado en las conclusiones del foro de Tampere de extender progresivamente el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia a los ciudadanos de terceros países.

Inscrita en este contexto general y en relación con el mismo, la situación de la Comunidad Autónoma de Aragón es preocupante por la progresiva despoblación de las zonas rurales, producida por las difíciles condiciones de vida fuera de los núcleos urbanos (servicios, oportunidades de trabajo, oferta de viviendas, etcétera), que junto a los bajos índices de natalidad y el progresivo envejecimiento de la población aragonesa, disminuyen la tasa de población activa mientras, paralelamente, el crecimiento económico permite reducir las tasas de desempleo.

Los aragoneses pueden actualmente permitirse una mayor movilidad laboral fundamentada en una mayor oferta de puestos de trabajo y en las posibilidades de cualificación profesional, lo que conlleva el aumento de las expectativas laborales y de calidad de vida. Esta movilidad produce la tendencia a abandonar ocupaciones de baja cualificación o bajo prestigio social, así como, geográficamente, zonas socioeconómicamente limitadas o inestables.

La confluencia de estos factores produce situaciones de falta de mano de obra tanto en sectores industriales como en zonas de la comunidad donde, de forma simultánea, se produce un grave abandono territorial; o situaciones como la zona que hoy nos ocupa, donde se incrementa la demanda de obra temporal (campañas).

El asentamiento de trabajadores inmigrantes en nuestra comunidad comienza a plantearse como alternativa, tanto en aspectos referidos a la desigual distribución de la población en el territorio como a las cuestiones relacionadas con la falta de mano de obra y la disminución de la tasa de población activa.

Señorías, cuando hablamos de la inmigración, hay que tener en cuenta que el reparto competencial entre Estado y comunidades autónomas, que se deriva de la Constitución de 1978 y de los subsiguientes estatutos de autonomía, reserva con carácter exclusivo para el Estado las materias relativas a inmigración, asilo, extranjería y control de fronteras (artículo 149 de la Constitución y artículo 39 de nuestro estatuto de autonomía). Si atendemos a la regularidad de la permanencia de los extranjeros en el territorio español o la legalidad de sus actividades económicas, la gestión y el control de las mismas se llevará a cabo, en todo caso, desde las instancias públicas estatales, existiendo la posibilidad de que los órganos de las comunidades autónomas dispongan de competencias sectoriales en otras materias que, por su implicación social, puedan afectar de modo importante, aunque nunca exclusivo, a los ciudadanos extranjeros.

Radicalmente diferente a la inmigración legalizada es la problemática de la inmigración irregular, que constituye un colectivo especialmente vulnerable al ser objeto de los mecanismos de exclusión social, ya que su carácter ilegal le impide integrarse en el sistema institucional propio del Estado de bienestar, a la vez que la explotación de su condición clandestina e irregular conduce a este tipo de población a situaciones laborales de esclavitud, especificidad que suele pasarse por alto incluso cuando se habla de justicia social, de procesos de integración y de marcos de convivencia, y, por tanto, a situaciones de quiebra del mercado y de las condiciones de trabajo.

La existencia real de miles de personas incorporadas de lleno a la sociedad española que necesitan garantizar sus fuentes de supervivencia en un marco legal que les niega y les ignora por completo produce una situación disparatada, de la que no debemos desentendernos nadie, y para la que es necesario encontrar una solución razonable que acabe con la paradoja que representa el que los inmigrantes ilegales no existen oficialmente para la Administración central, cuando su existencia y presencia son reales en la sociedad española.

Como fruto del interés del Gobierno de Aragón por impulsar las políticas de integración desde todos los ámbitos (Administración, sindicatos, asociaciones, etcétera) para dar una respuesta satisfactoria a las necesidades de los inmigrantes, en este año, se han creado la Comisión interdepartamental para la inmigración y el Foro de la inmigración en Aragón.

La citada Comisión es un órgano colegiado encargado de elaborar y proponer los objetivos del Gobierno de Aragón en materia de atención a los inmigrantes y de coordinar la actividad de los distintos departamentos del Gobierno.

El Foro de inmigración se crea como órgano colegiado de carácter consultivo para la participación de los colectivos y entidades relacionados con la inmigración en Aragón en el ámbito de la política social para inmigrantes.

El Servicio de Atención y Orientación Jurídica al Inmigrante se presta en la provincia de Huesca en Barbastro, Jaca y en Huesca ciudad. La no disponibilidad de personal que pudiese hacerse cargo del mismo, expresada por el colegio de abogados, no permitió la extensión a la localidad de Fraga del citado servicio como estaba previsto, dado que la población inmigrante de Fraga supera la presente en otros centros de población de la provincia de Huesca, donde sí actúa el SAOJI, ya que esta necesidad ha sido expresada por las instituciones de Fraga. Queremos dejar, por tanto, claro que el departamento tiene previsto incluir a la población de Fraga dentro del Servicio de Atención y Orientación Jurídica al Inmigrante y que esta voluntad se va a ejecutar con o sin la proposición no de ley del Partido Popular. Aunque ya viene siendo habitual que el Partido Popular intente patrimonializar la solución de los problemas o sus vías de solución por el Gobierno de Aragón, no vemos mayor obstáculo para votar favorablemente su proposición no de ley.

Y, por último, dar la bienvenida al Partido Popular por la posición de atención y respeto a la población inmigrante, de la que se alejó ostensiblemente con su reforma de la Ley de extranjería.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Concluido el debate, vamos a proceder a la votación.

Señorías, ocupen sus escaños y guarden silencio, por favor.

Señorías, ¿votos a favor de la proposición no de ley número 172? Gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad.

Turno de explicación de voto.

Señor Lacasa.

El señor diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]: Muchas gracias, señor presidente.

Sinceramente, me parece una tierna estampa navideña, hoy, con el señor Pérez defendiendo las propuestas en la cámara de la Confederación General de los Trabajadores, como buen anarcosindicalista y parlamentario popular. [Risas.] Me parece tierno y, además, le animo a que siga defendiendo todas y cada una de las propuestas de la CGT, porque, sin duda, serán absolutamente positivas para nuestra comunidad autónoma. Y también le felicito en el sentido que han expresado otros grupos parlamentarios: es positivo que vayamos encontrando al Partido Popular en la defensa de los derechos de los inmigrantes después, como se ha señalado, de una Ley de extranjería tan, desde nuestro punto de vista, incorrecta y que vulnera los derechos y libertades fundamentales. Por eso, esta cámara acordó llevarla al Tribunal Constitucional y el Gobierno de Aragón cumplimentó ese mandato. Y por eso también, estamos interesados en desarrollar un plan integral de inmigración, plan integral de inmigración dimanante del Acuerdo Económico y Social firmado con los sindicatos y los empresarios, plan integral que deberá contemplar aspectos como éste, como éste que hoy acabamos de abordar, y otros aspectos importantes.

En ese sentido, también nos gustaría que el Partido Popular no viera como un elemento de derroche o dispendio cuando nosotros planteábamos en el acuerdo de legislatura suscrito entre Izquierda Unida y el Gobierno de Aragón la puesta en marcha, por una parte, del Foro de la inmigración, que tiene que tener una enorme importancia el Foro de la inmigración, lugar de concertación, lugar de participación y lugar de propuesta, que creemos que es muy importante su puesta en marcha, y ya esta constituido; y, en segundo lugar, cuando planeamos en este acuerdo de legislatura la creación de una oficina específica de coordinación en materia de política de inmigración. Creemos que es un elemento muy positivo que va a redundar en un impulso de la política de inmigración en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Por otro lado, nos hemos visto muy sorprendidos cuando el Partido Popular era tan crítico y calificaba de un dispendio o un exagerado gasto el que se crearan nuevos órganos administrativos para desarrollar nuevas funciones acordes a los tiempos de hoy.

Creo que la proposición no de ley del Partido Popular no hace más que reflejar el acierto de lo que contiene el acuerdo de legislatura de PSOE, PAR e Izquierda Unida, que es la consolidación de estructuras de política de inmigración -por otra parte, como ya existen en otras comunidades autónomas-, pese a que fuera tan criticado por su parte.

Nada más.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Por el Grupo Popular, el señor Pérez.

El señor diputado PÉREZ VICENTE: Gracias, presidente.

Simplemente, para agradecer a todos los grupos el apoyo a esta iniciativa, una iniciativa que demuestra que el Partido Popular está vivo. Señor Lacasa, usted sigue en el siglo pasado, y lo lamento, lo lamento. Es algo que ya conocemos. Indudablemente, estamos comprobando que parece ser que les molesta a algunos votar una iniciativa que es buena para Aragón, que, simplemente, como están acostumbrados a votar en contra de todo lo que presenta el Partido Popular, parece que algún callo les duele por algún sitio. Porque, claro, ¿qué le ocurre a Chunta Aragonesista?: que, como no tiene representación en el Ayuntamiento de Fraga, pues algo tiene que decir. Ya no digo Izquierda Unida: es que ni la tiene ni la volverá a tener [rumores]. Claro, entonces, les duele ahí algún determinado callo.

Pero, con esa misma sinceridad, queremos dejar constancia -y no es espíritu navideño-, con esa sinceridad, nos alegra que le satisfagan al Partido Aragonés iniciativas de este tipo. Vamos a seguir presentando iniciativas de este tipo, y no sólo porque le puedan satisfacer al Partido Aragonés, sino por que, a través del Partido Aragonés, consigamos el apoyo en esta cámara para iniciativas que son buenas para Aragón.

Muchas gracias, presidente.