Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

En referencias reglamentarias a los artículos 177.3 y 178.3 del Reglamento de la cámara, tiene la palabra para la exposición el señor consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad durante un tiempo máximo de veinte minutos.

Comparecencia del consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad al objeto de informar sobre el proyecto de ley por el que se promueve la creación de la Universidad privada San Jorge.

El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad (LARRAZ VILETA): Muchas gracias, presidenta.

Señorías.

De nuevo otra comparecencia en esta comisión a solicitud de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón para explicar el proyecto de ley por el que se reconoce a la Universidad San Jorge.

En primer lugar, permítanme, señorías, que recuerde que este proyecto de ley aprobado por el Gobierno de Aragón -pasó de anteproyecto a proyecto- en su Consejo de Gobierno de 2 de noviembre de 2004 ha sido remitido a estas Cortes de Aragón para su tramitación parlamentaria. Tendrán, pues, ocasión sus señorías de analizar detenidamente el contenido de ese proyecto y presentar las enmiendas, como es lógico, que consideren oportunas. En cualquier caso, no desearía hurtar un debate parlamentario que seguro que será provechoso y que mejorará, sin duda, también el texto que el Gobierno ha enviado a las Cortes, pero, al mismo tiempo, es mi deseo cumplir con mi obligación de responder al interés del grupo parlamentario que solicita mi comparecencia. En consecuencia, si me lo permiten, les explicaré sucintamente los fundamentos jurídicos y administrativos en los que se basa este proyecto de ley y los rasgos básicos del texto que lo desarrolla.

La Constitución española reconoce en su artículo 27 la libertad de enseñanza, así como la creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. En el desarrollo de este artículo, la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades (la LOU, la llamada LOU) contempla en su articulado, especialmente en el título I, las condiciones y requisitos para la creación, reconocimiento y régimen jurídico de las universidades; entre ellas, las creadas a instancias de entes privados. Para el reconocimiento de una universidad privada se han de reunir los requisitos establecidos en el Real Decreto 557 del noventa y uno, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios. Este es un decreto que, aunque emana de la antigua Ley orgánica de reforma universitaria (la llamada LORU), sigue vigente en el momento presente. Falta por desarrollar, si se quiere, el tema de la LOU.

El Gobierno de Aragón ha analizado y comprobado que la fundación universitaria promotora ha acreditado ante la comunidad autónoma que reúne los requisitos establecidos en el mencionado Real Decreto 557/91 y que asume el cumplimiento, en el momento correspondiente, de cuantas obligaciones exija en ordenamiento jurídico aplicable a las universidades privadas. En consecuencia, una vez sometido al correspondiente informe de los servicios jurídicos de la comunidad autónoma, el Gobierno aprobó el proyecto de ley de reconocimiento de la Universidad San Jorge.

Concluía así una primera etapa, que se inició en el año 2001 por la Fundación San Valero, entidad que desde hace cincuenta años viene desarrollando su labor en la enseñanza en nuestra comunidad autónoma a partir de preocupaciones predominantemente sociales y de promoción de los trabajadores, con especial incidencia en el nivel de formación profesional. En el transcurso de su andadura, la Fundación San Valero ha ido abarcando múltiples programas educativos hasta extenderse en el ámbito de la enseñanza superior, y en la actualidad tiene autorizada la impartición de enseñanzas superiores con arreglo a sistemas educativos extranjeros (en concreto, la Universidad de Gales), participando incluso en grupos de investigación reconocidos.

Por tanto, en virtud de nuestra competencia (el desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades), y analizada la trayectoria educativa de la fundación promotora, el Gobierno de Aragón ha cumplido con su obligación al tramitar el proyecto de ley de reconocimiento de la Universidad San Jorge.

Este proyecto de ley es prácticamente idéntico a las leyes que reconocen a otras universidades privadas en diversas comunidades autónomas. No puede ser de otra manera, porque el procedimiento está muy estandarizado y es fundamentalmente administrativo. Se trata de un texto con solamente ocho artículos, una disposición adicional y dos disposiciones finales.

En el proyecto se declara formalmente reconocida la Universidad San Jorge bajo la forma de fundación civil, con el objeto fundacional exclusivo de la educación superior mediante la realización de las funciones contenidas en el artículo 1 de la Ley orgánica de universidades. Conviene insistir aquí, señoría, que esta universidad debe regirse por todo lo dispuesto en la Ley orgánica de universidades, y en el futuro deberá ajustarse, además, a lo que disponga la Ley de ordenación del sistema universitario de Aragón, una vez aprobada en estas Cortes.

Más adelante, el texto del proyecto detalla la estructura de la nueva universidad. La normativa actual exige un mínimo de ocho titulaciones para que pueda ser reconocida una universidad, y a la Universidad San Jorge se le reconoce inicialmente la posibilidad de implantar un total de nueve titulaciones. Inicialmente.

El artículo siguiente hace referencia al procedimiento para la homologación de títulos, regulado en el artículo 35 de la Ley orgánica, unido al artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, con las modificaciones que se introdujeron en la Ley 4/99.

Otro tanto sucede con el resto del articulado, donde no se hace otra cosa que reflejar la normativa vigente, fundamentalmente de la Ley orgánica de universidades. Así sucede respecto al acceso y permanencia de los alumnos, a la obligación de mantener en funcionamiento los centros y enseñanzas durante un plazo mínimo o a la inspección del cumplimiento de las normas.

A la Universidad San Jorge se le exige, además, poner a disposición de estas Cortes, del Gobierno y del Justicia de Aragón una memoria anual sobre sus actividades docentes y de investigación.

Concluyendo, señorías, les recuerdo que el reconocimiento de una universidad es solo un trámite más en un largo proceso que, una vez aprobada la ley en estas Cortes, todavía tendrá que seguir esa entidad hasta el inicio efectivo de sus actividades.

Tal vez la coincidencia en el tiempo de la tramitación del proyecto de ley de ordenación del sistema universitario de Aragón y el de reconocimiento de la Universidad San Jorge ha podido plantear alguna incertidumbre. En todo caso, quiero dejar claro que son dos procesos perfectamente diferenciados, de muy desigual calado y trascendencia política y que obedecen a objetivos también distintos. En el caso del reconocimiento de la Universidad San Jorge nos hemos limitado a dar el curso administrativo normal a una iniciativa amparada por la libertad de enseñanza que recoge la Constitución española, y, paralelamente, sus señorías van a analizar, debatir y -espero- aprobar la LOSUA, proyecto de ley de fundamental importancia para el futuro de la universidad aragonesa, y especialmente para nuestra universidad pública, que -confío esté de acuerdo conmigo- es la que esencialmente garantiza el acceso equitativo de todos los aragoneses a la enseñanza superior.

Como ha señalado el presidente de Gobierno en diversas ocasiones, la Universidad de Zaragoza ha sido y va a seguir siendo la prioridad del Gobierno en enseñanza universitaria y en investigación, y, por tanto, vamos a seguir apostando decididamente por nuestra universidad pública. Pero esto no debe hacernos olvidar, señorías, que un porcentaje nada despreciable de universitarios aragoneses estudia en centros que no dependen directamente de la Universidad de Zaragoza o que están fuera de Aragón o que puede tomar la opción de cursar estudios en centros privados reconocidos y acreditados.

En todo caso, lo sustantivo es, en mi opinión, que seamos capaces de consensuar una norma que garantice en el futuro inmediato un buen nivel de calidad en la docencia e investigación del sistema universitario aragonés, globalmente considerado, y muy especialmente de la Universidad de Zaragoza como elemento central y fundamental del mismo.

Nada más, presidenta, y muchísimas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias, señor consejero.

¿Los grupos necesitan que se levante la sesión por unos minutos para organizar sus alegaciones? Entonces vamos a continuar. En primer lugar, con la intervención de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Mixto). Señor Barrena, tiene la palabra. Diez minutos.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora consejera.

Gracias también... Perdón, señora presidenta. Lo siento.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Le comentaba que eran diez minutos, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor consejero, por su información.

Mire, en cuestión de lo que es la economía procesal y del tiempo que tiene este grupo parlamentario -sabe que es menor de lo habitual-, voy a entrar directamente a las cosas concretas y a las preocupaciones con las que Izquierda Unida se aproxima a este debate.

Habla usted, en primer lugar, de que el Gobierno ha cumplido con la obligación de presentar este proyecto. Luego lo ha matizado usted: que era un trámite administrativo al cual no se podía negar. Por lo tanto, primera discrepancia que teníamos. Nosotros creemos que el Gobierno no tenía ninguna obligación de hacerla, porque nos parece que la obligación que tiene -como usted muy bien ha dicho- es con la universidad pública, y sobre todo en los momentos y en el proceso que está. Otra cosa es que no pueda impedir un trámite administrativo. Pero para nosotros es importante deslindar si el Gobierno esto lo considera como una obligación o como un mero trámite. Lo digo, como usted verá por mi explicación, porque de ahí va a depender luego después bastante la posición que adoptemos. Es decir, entendemos que es un trámite administrativo, y, si así lo entiende el Gobierno, ahí sabemos que será un tramite nada más; pero, si el Gobierno esto lo considera una obligación, seguramente discreparemos bastante más.

Nosotros, nos gustaría -y entonces le hago petición formal de esto- conocer cuáles son los documentos, cuáles son los expedientes, cuáles son los informes que ha dado la Fundación San Valero que le permiten al Gobierno asegurar que cumple todos los requisitos que establece el Real Decreto 557/91, que usted ha citado. A nosotros nos interesa sobre todo en los aspectos que le voy a citar. En primer lugar, sobre el tema de la gestión y organización; por lo tanto, nos parece básico y fundamental para una universidad saber esto. Saber qué línea de investigación va a desarrollar y cuál es su propuesta y cuál es su proyecto, porque del decreto que conocemos esto no se desprende. Saber si cumple con todos los requisitos que establece el decreto sobre personal: ratios que establece, personal docente, personal investigador, personal de administración y servicios, cuantía de doctores, doctoras que hay en la plantilla, régimen de incompatibilidades, que también lo recoge en cuanto a si son o no son funcionarios o funcionarias en el sistema público y demás, y, por lo tanto, eso lo quería saber.

Y otra cosa nos parece también importante y fundamental: qué garantías financieras y qué plan económico tiene para hacer viable el proyecto en los mínimos tiempos que tiene que haber para garantizar que, al menos, cualquier alumno o alumna que empiece una determinada carrera, una determina especialidad, al menos, la pueda acabar. Y digo garantías económicas y financieras para que después no precise subvenciones ni ayudas, que nos parece que es otro compromiso que el Gobierno de Aragón también debería de especificar. Es verdad trámite burocrático, es verdad libre mercado, es verdad que puede haber universidades privadas, pero es verdad que lo hagan y se nutran de sus propios recursos y de sus propios poderes o posibilidades económicas. Por lo tanto, nos parece que sería necesario saber qué garantías financieras han aportado para todo eso, sobre todo para que no tengamos después que entrar a discutir si va a requerir ayudas o subvenciones o demás. Tendrán, de todas formas, oportunidad en una proposición no de ley que ha registrado Izquierda Unida de explicar también el compromiso con no apoyar económicamente a los proyectos privados en esta materia.

Hay otra cuestión que también nos preocupa. Usted ha dicho que vamos a tratar paralelamente -por lo tanto, entiendo que eso es a la vez- la LOSUA y la ley de creación de la universidad privada. A nosotros nos parece que no se puede hacer paralelamente. Nos parece que se tiene que acabar el trámite, el debate y contar con la LOSUA aprobada, porque, al ser ley de ordenación del sistema universitario aragonés, se entiende que el proceso de reconocimiento de una universidad privada se tendrá que hacer con sujeción a esa ley; por lo tanto, debería de ser la primera. Por lo tanto, es verdad que ha entrado en las Cortes. La conocemos los grupos, estamos empezando a opinar sobre ella, pero nos parece que no deben de simultanearse, sino que debemos de saber perfectamente cuál es la otra.

Lo digo porque la LOSUA va a establecer una de las cuestiones que son básicas y fundamentales que sí que tiene obligación de cumplir el Gobierno de Aragón, que es la que se refiere a la programación universitaria. Dentro de la programación universitaria, tanto en el medio como el largo plazo, tiene que aparecer todo lo que se considera necesario e importante para el sistema universitario en Aragón. Nosotros estamos total y absolutamente de acuerdo con que lo que garantiza el principio de equidad y de igualdad de oportunidades es la universidad pública. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros creemos que debe ser reforzado ese carácter esencial que le da el Gobierno de Aragón para convertirlo en fundamental y prioritario; nos parece que lo garantizaría mucho mejor, pero tendremos tiempo y oportunidad de comprobar eso.

Y, por lo tanto, en ese sentido es en el que nosotros queremos saber también qué repercusión tiene o qué repercusión considera el Gobierno que va a tener la posible duplicidad de titulaciones que se dan: unas, entre las que en estos momentos ya tiene la Universidad de Zaragoza; otras, entre las que recientemente hemos conocido que se hace una petición por parte del equipo de dirección. Se ha traslado al Consejo Social, y, evidentemente, eso llevará después el tramite. Y nos parece que es coherente y conveniente con el desarrollo que se está planteando para la enseñanza superior en Aragón. Pero ahora vemos que coinciden bastantes de las propuestas de titulaciones que tiene el proyecto de la Universidad privada San Valero con esa petición que viene ahora desde la Universidad pública de Zaragoza. Nos parece que, en función de esa responsabilidad que tiene el Gobierno de Aragón a la hora de planificar la programación universitaria -y, por lo tanto, aprobación de estudio, de títulos y de posibilidades-, debe de tener en cuenta esto también a la hora de dar el paso de, en todo caso, aprobar ese tramite administrativo que en estos momentos ha empezado.

Y una última cuestión. Me gustaría también saber si el Gobierno ha valorado o ha pensado si contar con una universidad privada con esos argumentos que daba de estudiantes que buscan posibilidad de acceder a estudios y carreras y demás, si esto no va a repercutir en la descentralización, que estamos viendo que es una de las cuestiones que la Universidad de Zaragoza, la universidad pública, tiene que cumplir. Entonces, ¿cómo va a poder repercutir en cuanto a la existencia o a la consolidación de los campus de Huesca, de Teruel, de La Almunia el que haya posibilidad de -digamos- detraer alumnos o alumnas, y, por lo tanto, repercutir en las condiciones que en los campus se va a poder desarrollar después toda la actividad académica y también la de investigación?

Esas cuestiones son las que no hemos encontrado en su respuesta; no las vemos, desde luego, en el borrador del decreto, pero sí que nos preocupan, y en ese sentido es en el que nosotros hemos pedido esta comparecencia, para conocer cuál es la opinión del Gobierno en todos estos temas que creemos que deben ser aclarados.

Y le reitero la petición de toda esa documentación para, de verdad, poder contrastar que el proyecto que presenta la Fundación San Valero sí que se acomoda a todo lo que establecen los requisitos del Real Decreto 557 /91.

Gracias.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias, señor Barrena.

A continuación, por el Grupo del Partido Aragonés tiene la palabra el señor Ruspira.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gracias, señora presidenta.

Buenos días, señor consejero, de nuevo.

Dice que había dos amigas que fueron a la ópera, y estaba Plácido Domingo actuando, y una le dice a la otra: «¿Quién viene después», y le dijo: «Lunes maldito». Después de la comparecencia primera sobre la Universidad de Zaragoza, el Gobierno de Aragón, infraestructuras universitarias, ahora nos encontramos con una segunda comparecencia que abre el debate de la universidad privada versus universidad pública, con lo cual podría ser una mañana apasionante si tuviéramos que profundizar hasta la última planta de sótano en este tema.

La comparecencia era para explicar el proyecto de ley de la Universidad San Jorge. Le agradecemos desde el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés la explicación que nos ha dado. Éramos conocedores de ella. Creíamos que es importante que se conocieran los pasos administrativos que se han producido al respecto. Y, si ya quisiéramos tomar el guante encima de la mesa por parte del representante y portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, habría que añadir cuatro o cinco cosas, que son las siguientes.

La primera: este es un trámite administrativo obligatorio. La Constitución española es la que es (artículo 27); la Ley de organización universitaria, la LOU, ahí está; el Real Decreto 557/91 ahí está. Pues, sencillamente, el Gobierno de Aragón lo que hace es cumplir con sus obligaciones y sencillamente tramitar tal como marca la Administración legal correspondiente.

Desde el Partido Aragonés y desde este grupo parlamentario entendemos que los requisitos necesarios están analizados, informados y estudiados en ese amplio expediente que, según tengo entendido, comenzó en el año 2001, y nos encontramos en el año 2004, con lo cual, a estas alturas estoy convencido que los requisitos que marcan la LOU y el real decreto estarán adecuadamente recogidos, y los damos como hipótesis de partida, evidentemente, porque sí que hemos dejado muy claro desde el Partido Aragonés que es necesario que sean cumplidos a rajatabla todos esos compromisos para la puesta en marcha de una universidad privada.

Pero, ahora bien, respecto a la interrelación entre la universidad privada y la universidad pública, desde el Partido Aragonés no nos agrada en absoluto el título de la canción universidad privada versus universidad pública; a nosotros nos agrada más universidad privada y universidad pública. Que por supuesto la apuesta estratégica y prioritaria es la universidad pública y es la que tiene que mantener la equidad, acceso, accesibilidad, formación, calidad, etcétera -estamos absolutamente de acuerdo-, pero eso no es ni muchísimo menos incompatible, sino complementario, con la posibilidad de un desarrollo universitario privado en la Comunidad Autónoma de Aragón. Murcia, comunidad autónoma uniprovincial: dos universidades públicas y una universidad privada; Cataluña: innumerables; Comunidad de Madrid: innumerables... No entendemos dónde está el problema, no entendemos la base de fondo para decir que puede perjudicar una a otra o viceversa. ¿Duplicidades? No nos preocupan en absoluto; al rector, tampoco, por cierto, en su última comparecencia. Lo que nos preocuparía es que una cosa cerrara la puerta a la otra. En absoluto. A nosotros no nos desagrada que haya una titulación pública de la facultad equis y una titulación privada; la libre elección es luego para cada uno. Podemos atraer gente de fuera de la Comunidad Autónoma de Aragón a recibir estudios tanto públicos como privados. Eso es un motor de desarrollo socioeconómico.

Y en cuanto a que una cosa tiene que ser tramitada antes que otra, son dos proyectos de ley que están en la tramitación parlamentaria correspondiente, tienen que llevar el proceso correspondiente. Y, en caso de que se aprobase previamente la LOSUA al proyecto de ley de la Universidad San Jorge, sí que tendrá que adaptarse el proyecto de ley a esa nueva ley de ordenación del sistema universitario de Aragón. Pero, hoy por hoy, el proyecto de ley de la Universidad privada San Jorge, lo que tiene es que cumplir con los requisitos legales que marca la legislación actual, llámese Constitución, llámese LOU, llámese real decreto del 91. Simplemente.

Nada más, y muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias, señor Ruspira.

Por Chunta Aragonesista tiene la palabra la señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora presidenta.

Señor consejero, con relación al tema del proyecto de ley de reconocimiento para la Universidad privada San Jorge, la verdad es que es difícil en estos momentos abordarlo, sabiendo que vamos a tener un debate posterior. Es difícil ahora anunciar... No sé, nuestra posición ha sido suficientemente clara, pero por supuesto que son oportunos todos los debates que haya en este sentido.

Hay toda una serie de aspectos que nos preocupan en Chunta Aragonesista con relación a este proyecto de ley. Nos preocupa, por ejemplo, que no tengamos la documentación en la que ustedes se han basado para poder dar el visto bueno a este proyecto de ley, porque tenemos que guiarnos por la memoria que acompaña el proyecto de ley, y siempre hay una referencia a otra documentación, y no lo podemos saber. Entonces, también en este sentido nos preocupa el pecar un poco de injusticia, porque puede ser que esté todo muy garantizado y muy bien atado, pero no podemos pronunciarnos al respecto.

El punto de arranque, en cualquier caso, es la inoportunidad de este proyecto de ley, o, mejor dicho, de este visto bueno, de este beneplácito del Gobierno a este proyecto de ley de reconocimiento de universidad privada.

Yo creo que aquí, cuando el portavoz del Grupo Mixto (Izquierda Unida) ha comentado que el Gobierno de Aragón no puede llevar adelante estos dos procesos (por una parte, el debate del proyecto de ley de ordenación del sistema universitario de Aragón, y, por otra parte, este), yo creo que, en realidad, lo que quería señalar no es que no pueda -claro que puede; está condiciones de poder hacerlo-: no debería. A nuestro modo de ver, no debería el Gobierno de Aragón haber iniciado este proceso..., no iniciado un proceso que lleva ya varios años, sino haber dado este visto bueno, que nos trae a esta cámara el debate del proyecto de ley de reconocimiento de la Universidad San Jorge, en tanto no se hubiera aprobado el proyecto de ley de ordenación del sistema universitario. Porque, fíjese, señor consejero, su Gobierno ha sido muy cauto cada vez que le hemos demandado responsabilidades por lo que nosotros entendíamos que era una dejación en las partes de autogobierno que tenía el Gobierno de Aragón. Hemos hablado en reiteradas ocasiones del modelo educativo aragonés en los niveles no universitarios, hemos hablado de decretos de orientación, hemos hablado de muchísimas cosas, y, casi siempre, la respuesta del Gobierno es: «Mire usted, es que en estos momentos se va a cambiar la ley de calidad, en estos momentos se está implantando la ley de calidad, en estos momentos...». Y siempre a la espera de todo, siempre. Bueno, nos hemos tenido que estar tragando estos argumentos siempre, siempre, pese a que nosotros pensábamos que ahí había un ejercicio de autogobierno en el cual el Gobierno de Aragón estaba haciendo una auténtica dejación. Y en estos momentos hablamos de otra cosa: hablamos de nuestro sistema organizativo en Aragón, estamos hablando de un proyecto de ley para organizar el sistema universitario y estamos hablando de un proyecto de ley de una universidad privada que quiere su reconocimiento, y estamos hablando en el marco de nuestra comunidad autónoma.

Francamente, la actitud del Gobierno en este sentido dando este visto bueno es de total incoherencia. ¡Ojo!, pone perfectamente en cuestión al Departamento de Educación, Cultura y Deporte -en ese sentido sí que lo tengo muy claro-. Pero, por otra parte, es muy poco coherente con esa defensa que usted lleva a gala de la universidad pública, porque, cada vez que estamos hablando de estos temas, siempre se nos señala que, además, se lleva invirtiendo muchísimo dinero desde hace cinco años, desde hace seis años... No estamos hablando de eso; no estamos hablando de cuánto han invertido ustedes, de cuánto dejó de invertir el Partido Popular. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que ustedes son capaces de introducir una nota en el articulado en el que se señala que, si hay que modificar algo en este proyecto de ley de reconocimiento de la universidad privada cuando se apruebe el proyecto de ley de ordenación del sistema universitario, se modificará. ¡Hombre!, bastante poco transparente, en cualquier caso, como planteamiento, bastante poco transparente -insisto-, siempre y cuando usted prosiga con su argumentación y defensa del sistema público, que, por otra parte, el Gobierno tiene todo el derecho del mundo a llevar adelante la política universitaria que entienda, o sea, que parto por supuesto del respeto absoluto a esas decisiones del propio Gobierno de Aragón, pero que no compartimos para nada.

Y, fíjese, no las compartimos porque, además, es que desde el propio preámbulo del proyecto de ley hay una serie de enunciados que es que dejan muy, muy claramente una cierta relajación del Gobierno de Aragón, una falta de preocupación. Antes, el señor Ruspira comentaba que quizá levantaba muchas ampollas el tema del control de la Universidad de Zaragoza. Fíjese, realmente, no estamos hablando en los mismos términos. El control de calidad aquí, en la universidad privada, yo no sé muy bien todavía cómo ustedes lo van a abordar, pero, desde luego, este proyecto de ley no lo plantea. ¡No lo plantea! Todavía no hemos discutido lo que plantea el proyecto de ley de ordenación del sistema universitario, pero esto no plantea nada. No solo plantea nada, sino que se dedican durante varios párrafos a señalar que lleva tres años de tramitación desde la primera parte, desde el primer momento en el 2001, cuando se plantea la solicitud, hasta la fecha de hoy, en el mes de junio del 2004, cuando se dice: «Sigamos adelante con el proyecto». Tres años, en los cuales se señala, además, que se han subsanado, se han intentado subsanar ampliamente los reparos planteados a la documentación presentada en la memoria de 2001. Lo primero que a mí me surge es una gran preocupación: ¿qué problemas tenía aquella memoria?; ¿qué problemas tenía aquella memoria que también se encargan de decir: «no vinculante»? ¡Hombre!, espero que el «no vinculante» sea un poco más que simplemente: «No, no, informó el consejo de universidad en su momento, y seguimos adelante». No, no, a mí sí que me preocupa que a este Gobierno no le preocupe demasiado esa vinculación del informe y, sobre todo, me gustaría conocer un poco cuáles eran aquellos reparos importantes -o si no lo eran importantes- que se señalaban y cómo se han ido subsanando, porque han necesitado tres años. Debían de serlo; si no, no entiendo esto.

Ustedes, además, se refieren a, cómo haciendo uso de las facultades sobre la planificación general de la enseñanza que les corresponde a la comunidad autónoma en el proyecto de ley de reconocimiento, se han incluido solamente un número equis de titulaciones, que son nueve. Y mi pregunta es: ¿y qué pasaba con el proyecto público? Fíjese que estaban al mismo tiempo -se supone- preparando dos proyectos de ley. No sé como se ha ido avanzando en el camino, pero, desde luego, está clarísimo que el proyecto de ley de ordenación del sistema universitario llega tarde, sobre todo cuando ahora sabemos que además se estaba trabajando este otro proyecto.

Se había considerado como referencia -se señala- el modelo educativo universitario aprobado en las Cortes de Aragón en abril de 2001. Y allí se hablaba de ampliación de oferta, en fin... Ahora, la ampliación de la oferta universitaria en Aragón resulta que va a llegar porque se implanta una universidad privada o porque se plantea -eso es lo que aparece reflejado ahí-. Si usted quiere actuar, el Gobierno de Aragón quiere actuar como una especie de convidado de piedra que ve por delante cómo van llegando las titulaciones, las solicitudes, lo comprenderé, pero, desde luego, si el Gobierno de Aragón hace una defensa de su sistema público, no lo entenderé; no lo entenderé, porque, desde luego, no es coherente. Incluso introduce la referencia a un estudio sobre movilidad de los estudiantes realizado por el Ministerio de Educación y Ciencia, y en ese estudio hay una serie de elementos que nos señalan el alumnado que va, que viene, de las comunidades autónomas, y eso es una justificación aparentemente para, además, reforzar este proyecto de ley. Mi pregunta es: el Gobierno de Aragón, ¿aborda este estudio? Pero yo no he oído aquí, en esta cámara, ninguna referencia a la aplicación o a la reflexión a que da lugar ese estudio con relación a la Universidad de Zaragoza; es más: no sé muy bien qué ha estado haciendo en este sentido el Consejo Social, que algo tenía que había haber hecho, y sin duda también el Gobierno de Aragón.

En la planificación general del sistema universitario de Aragón, en la que también se incide, se señala..., relacionada, además, con la universidad pública implícitamente y explícitamente con la universidad privada, y se dice: la planificación general del sistema universitario de Aragón, en la que ocuparía su propio espacio la universidad privada. Todavía no sabemos muy bien qué quiere el Gobierno con relación a la planificación general del sistema público; es que todavía no lo sabemos. Es muy complicado abordar este proyecto de ley partiendo de sus planteamientos de defensa de la universidad pública, es muy, muy complicado. Y, además, insisto, es muy complicado porque entrar a valorar este proyecto de ley nos lleva directamente a esas incoherencias, a otras formas, si no, de actuación cuando se ha referido a otros ámbitos educativos en el caso concreto, por no movernos de la educación, y a los retrasos y a las justificaciones desde hace años que estamos oyendo.

Insisto: el Gobierno no debería haber dado este paso; el Gobierno, lo que tenía que haber hecho era habernos traído un proyecto de ley de ordenación del sistema universitario antes, que estaba anunciado hace muchísimo tiempo, tener un debate largo, cuanto más largo... En estos momentos se dice: «Se está alargando...». Pues no sé, el tiempo que haga falta -ustedes, al final, acabarán determinando-, el tiempo que haga falta. Si al final ustedes sacarán también, podrán sacar el proyecto de ley que más o menos crean conveniente, sin duda. Y después se tenía que haber hablado de otras cosas.

Entonces no es tanto que hay que evitar el procedimiento administrativo que aquí el compañero de mesa, el señor Ruspira, ha señalado. Por supuesto que el Gobierno, si tiene una petición delante, tendrá que actuar. En estos momentos había una prioridad clara, que tenía que haber dejado usted, y no responder quizá de una manera tan gozoza, en este caso, alborozada. Yo no lo sé cómo lo contemplará el portavoz del Partido Aragonés, que se emociona y ve universidades privadas por todo el territorio español, innumerables privadas en Cataluña, innumerables... No lo sé. Posiblemente, su propio entusiasmo y su propia implicación, a lo mejor, en el proyecto le están cejando un poquito en este sentido, porque no son innumerables las universidades -me refiero al señor Ruspira-, no son innumerables las universidades privadas y sí cada Gobierno debe marcar sus prioridades en la comunidad autónoma en la que le toca gobernar. Y, en este caso, el Gobierno de Aragón, sostenido por el PSOE y por el PAR, marcará las suyas, y ya está.

Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias, señora Ibeas.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Popular tiene la palabra el señor Atarés.

El señor diputado ATARÉS MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Buenos días, señor consejero.

En estos momentos, el debate político más importante que tiene Aragón se centra en la universidad. Analizaremos cuáles son las causas -desde nuestro punto de vista, por supuesto- y cuáles las posibles consecuencias.

Nuestro grupo -sí que queremos dejarlo claro- siempre ha apostado por la universidad pública. Queremos que se garantice la igualdad de oportunidades para todos los aragoneses. Hay que dotar a la universidad de una buena ley, una buena financiación y un marco adecuado para que lidere la formación y la investigación universitaria en nuestra comunidad.

Apoyamos a la universidad privada también, exigiendo que cumpla con los requisitos legales. Usted, en su intervención, ya ha hecho mención a ellos y de que cumple con todos ellos. Nosotros estamos de acuerdo que se le exija que cumpla con la legalidad. Con ello, con la universidad privada, se amplía la libertad de elección de centro, se amplía la oferta educativa y también la competencia, y eso es bueno siempre. En este sentido, y por reforzar un poco la línea que había seguido el Partido Popular, quiero recordar que nuestro grupo presentó una propuesta de resolución en el anterior debate del estado de la comunidad autónoma precisamente en este sentido de defensa de la universidad privada. Entendemos, como decía, que en este caso se cumple la legalidad y esperamos que la Universidad San Jorge, apoyada en la escuela de formación profesional San Valero, de larga y fructífera trayectoria en nuestra ciudad, sirva para dotar a nuestra tierra de un campus privado en las mismas condiciones que ya disfrutan otros veinte en universidades privadas en España.

Respecto a este tema, estamos de acuerdo con el fondo, pero somos críticos, señor consejero, con las formas y los tiempos. Es cierto que se debía autorizar la universidad privada en Aragón -nuestro grupo lo había solicitado en varias ocasiones, como ya le he dicho-; es cierto que se necesitaba aprobar nuevas titulaciones -también lo habíamos solicitado-; ya no digamos nada de la necesidad de tener una ley de ordenación universitaria y de la descentralización. Pero, señor consejero, han pasado de no hacer nada en varios años a querer hacerlo todo en un mes. Parece ser todo el trabajo de esta consejería se lo han dejado a usted. Y, más que resolver necesidades, por los errores de forma están creando muchos problemas. Ha sido inoportuna en el tiempo la aprobación de la Universidad privada San Jorge. En este caso estamos de acuerdo con la intervención de la portavoz de Chunta. En un momento en el que está pendiente de aprobación en las Cortes de Aragón la ley de ordenación del sistema universitario de Aragón, repito que ha sido inoportuna en el tiempo la presentación del proyecto de ley de la creación de la universidad privada. Han tardado varios años en presentar en las Cortes el proyecto de ley y en aprobar la universidad privada. Creemos que lo correcto hubiera sido esperar la aprobación de la ley y luego autorizar la universidad privada. Le recuerdo que el proyecto de la LOSUA tiene un capítulo segundo en el que regula la creación de universidades públicas y el reconocimiento de las universidades privadas, en el que en diferentes artículos marca, por ejemplo, los requisitos para universidades privadas, el procedimiento de creación o reconocimiento, autorización de comienzo de actividades, control sobre las normas de organización y funcionamiento, etcétera. Y todo esto, señor consejero, puede acabar modificado en estas Cortes, porque para eso estamos, para hacer la ley desde estas Cortes.

Señor consejero, el Gobierno de Aragón ha sido descortés con esta cámara por no esperar a que se hubiera aprobado previamente la ley. Si analizamos la secuencia de los acontecimientos y las consecuencias que han desencadenado, encontramos, en primer lugar, el anuncio de que por fin se presenta el proyecto de la ley de ordenación del sistema universitario de Aragón. Rápidamente se empieza a criticar el proyecto, y muy especialmente por la propia universidad. Inmediatamente aparece la autorización de la Universidad privada San Jorge. ¿Por qué se anuncia en ese momento? ¿Se quería desviar la atención respecto a la LOSUA?; ¿se quería dar un aviso a navegantes? Como consecuencia de la autorización de la universidad privada, y a raíz de las titulaciones que se autorizan, se desata la polémica de las nuevas titulaciones. La universidad pública solicita nuevas titulaciones, y lo hace inmediatamente que se entera de las nuevas titulaciones que le han concedido a la privada, lo que nos hace pensar que ya lo tenían estudiado, pero que por algún motivo no lo daban a conocer. Nos gustaría saber si fue el Gobierno de Aragón el que se lo impedía, el que impedía que la universidad diera a conocer esas nuevas titulaciones que deseaba. También querríamos saber, señor consejero, si conocía el Gobierno de Aragón las titulaciones que quería solicitar la universidad pública antes de autorizar las titulaciones de la universidad privada. Si ellos lo tenían estudiado es posible que ustedes supieran por dónde iban los tiros, o, si no sabían por dónde iban los tiros, directamente han autorizado las titulaciones de la privada, con lo cual se ha creado ahí un conflicto entre las titulaciones de la privada y la pública. Las nuevas titulaciones llevan a la disputa por impartirlas. Al principio se hablaba de que no habría duplicidades, y ahora ya se estudia la posibilidad de que sí existan duplicidades. Todo da la impresión de una gran improvisación. Si la universidad pública empieza a ofrecer nuevas titulaciones, hay que replantearse de nuevo la financiación de la Universidad de Zaragoza, como ha denunciado ya el rector. Hay un proyecto de presupuestos que garantiza unos gastos para lo que se hace; si ahora entran en nuevas titulaciones, se necesitará nueva financiación, con lo cual tenemos otro frente abierto. Al hablarse de nuevas titulaciones, aparece con fuerza el tema de la descentralización de la universidad. Ya se ha comentado antes que diversos centros están pidiendo ya las nuevas titulaciones para ellos. Entonces, aquí se ha abierto también otro frente. Ya existía; nosotros, además, nuestro partido es partidario de la descentralización, pero ahora se ha creado otro conflicto nuevo porque ahora todos quieren que estas nuevas titulaciones que van a salir vayan para ellos. No vamos a hablar, señor consejero, del efecto mariposa, el famoso efecto mariposa, pero sí es cierto que una actuación puede desencadenar efectos no previstos, y eso es lo que le ha ocurrido al Gobierno de Aragón con la autorización de la universidad privada.

El consejero o el Gobierno de Aragón han creado una polémica innecesaria; han pasado de estar cinco años paralizados y sin rumbo claro, entre otras cosas por tener cuatro consejeros en cinco años -como ha comentado ya mi compañera Ana Grande-, han pasado a revolucionar el departamento con una ley que se presenta tarde y con mucha polémica, empezando por la propia universidad. Y, por si las aguas no estaban suficientemente revueltas, aprueban el proyecto de ley por el que se reconoce la Universidad privada San Jorge, precipitadamente, en secreto, sin comunicárselo previamente ni al propio rector, con lo cual han conseguido que las aguas revueltas por la nueva ley se hayan convertido en aguas turbulentas. Creemos que la responsabilidad de esta situación corresponden al señor consejero y a su Gobierno, y dudamos que en estas turbulentas aguas sean capaces de pilotar la barca de la universidad en nuestra comunidad autónoma.

Serénese, dialogue y resuelva bien, pues es mucho lo que se juega Aragón en la educación universitaria y en la investigación en los próximos años.

Nada más. Gracias.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias, señor Atarés.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora García Mainar.

La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, presidenta.

Señor consejero, gracias de nuevo por la explicación que nos ha hecho de este proyecto de ley sobre reconocimiento de la Universidad privada San Jorge, aunque entiendo que, en estos momentos, este proyecto de ley lo tenemos en esta cámara, y entiendo que será aquí donde podamos debatir, analizarlo y presentar las enmiendas que consideremos pertinentes.

Nos encontramos ante un trámite más, que es el reconocimiento por parte del Gobierno de Aragón de la universidad, dentro de un largo proceso que, tras la aprobación en las Cortes, todavía tendrá que seguir esta entidad para el inicio de sus actividades; será necesario la homologación por parte del Consejo de Coordinación Universitaria y tendrá que solicitar a la DGA el inicio de actividades. Largo proceso que comenzó en mayo del 2001, cuando se presentó la solicitud de reconocimiento de esta universidad -no veo precipitación en este proceso señor Atarés: mayo del 2001-. En estos últimos años, la entidad impulsora ha ido remitiendo toda la información que le ha sido requerida tanto por el Gobierno de Aragón como por el Consejo de Coordinación Universitaria, y, una vez que se han cumplido todos los requisitos formales y existían los elementos de juicio suficientes para adoptar una decisión motivada, el Gobierno ha informado favorablemente a favor del reconocimiento de esta institución académica.

El Grupo Parlamentario Socialista entendemos que el Gobierno de Aragón se ha limitado a dar curso administrativo normal a una iniciativa que está amparada por la libertad de enseñanza que se recoge en la Constitución española. Por ello, realmente creo que difícilmente hubiera sido esto comprendido por la sociedad aragonesa, el truncar esta iniciativa. Esta nueva universidad la debemos recibir como una oferta enriquecedora para la comunidad aragonesa, como una universidad complementaria, que ha de venir a sumar, si bien he de decir que, para el Grupo Parlamentario Socialista, la Universidad de Zaragoza ha sido, es y va a seguir siendo prioridad tanto en enseñanza como en investigación.

El Grupo Parlamentario Socialista, como grupo que apoyamos al Gobierno, quiere valorar muy positivamente el esfuerzo que está realizando el Gobierno de Aragón con la universidad pública y el aumento considerable que han tenido sus presupuestos. Lo vuelvo a recalcar, señora Ibeas, porque las cifras están ahí. También quiero destacar el especial cuidado que el Gobierno de Aragón está prestando en los campus de Huesca, Teruel y el Actur. Desde el Grupo Parlamentario Socialista entendemos que este trabajo y este esfuerzo que está realizando el Gobierno de Aragón con la Universidad de Zaragoza no es incompatible con otro tipo de iniciativas de carácter privado como las que están surgiendo en Aragón. Por ello, el Gobierno de Aragón no puede obviar ni poner trabas a iniciativas de índole privada que, atendiéndose a la normativa y cumpliendo todos los requisitos que son exigidos legalmente, surjan en el ámbito de la comunidad autónoma y, además, incidan en el desarrollo de Aragón.

Nada más, y muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias, señora García Mainar.

Para responder a las cuestiones planteadas tiene la palabra el señor consejero.

El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad (LARRAZ VILETA): Gracias, presidenta.

En primer lugar me referiré al tema del paralelismo que ha... Yo no me he referido al paralelismo. Le leo textualmente. Si he dicho esa palabra, la retiro absolutamente, porque he dicho: «Tal vez la coincidencia en el tiempo de la tramitación del proyecto de ley...». No he hablado de paralelismo, y si después, en algún momento, se me ha escapado esa palabra, yo la retiro. La coincidencia en el tiempo, sí, porque primero llegó la LOSUA y posteriormente llegó el siguiente proyecto de ley, que, por supuesto parece... Yo no tengo ni la más..., ni ganas de hacerlo... La tramitación que siguen las Cortes, la siguen la Cortes, su Mesa, y supongo que, detrás de la primera, que es la LOSUA, irá la segunda, que será el reconocimiento de esa universidad privada. Por lo tanto, no tengo nada más que decir.

La Constitución nos la tenemos que creer, ¿eh? La Constitución hay que ejercerla todos los días y creérsela, porque la Constitución, independientemente de a lo que se han referido sus señorías respecto a que toda entidad privada tiene derecho a..., hay que creerse también lo del mercado. El mercado lo reconoce la Constitución. Entonces, el mercado, ¿qué significa? Pues que a diferentes iniciativas... No es que se complementen, como ha dicho su señoría, el representante del PAR, porque a mí esa palabra tampoco me gusta -no le gusta nada al rector, por cierto; a mí tampoco me gusta esa palabra-. No se van a complementar las universidades, no se van a complementar; otra cosa es que nos pongamos un poco de acuerdo en el sentido de no agredirse unos a otros, que yo creo que no va a ser así, pero, desde luego, cada cual tiene la competencia y la posibilidad de solicitar determinadas titulaciones.

Yo, desde luego, sí que creo en la Constitución; lo ejerzo. Creo en la LOU, y lo ejerzo; y creo en la Ley de régimen jurídico, y lo ejerzo. Diciendo también, por supuesto, que puede haber algunas cosas de las tres que no me puedan gustar y que me apetecería que fueran otras, que eso también está ahora en debate, temas de la Constitución: unos están más a favor de unas cosas que otras, y hay incluso algún punto común para cambiar la Constitución de todos los partidos políticos, incluido el Partido Popular, aunque digan que les va a costar mucho o que se van a dejar querer..., vamos, que va a costar quererlos para poderla... Pero yo recuerdo algunas de las cuestiones que ahora se están planteando que las planteaba el Partido Popular también.

Entonces, lo mismo que la LOU. ¡Oiga!, la LOU... Pues, si la LOU, nos manifestamos en contra de la LOU. La LOU la hizo el Partido Popular, pero yo soy tan respetuoso con esa ley, a no ser que la cambien, naturalmente, a no ser que se cambie, que hay un proyecto para cambiar esa LOU... Cuando se cambie, adaptaremos lo que sea. Es lo que decía la señora Ibeas respecto a que se había incluido una nota, una disposición que decía: «En casos de cambios se cambiará...». Eso también está en la ley de ordenación del sistema universitario aragonés, como no puede ser de otra manera, porque, si cambia la LOU, tendremos que cambiar algunas cuestiones.

Lo que no podremos cambiar, señor Atarés, es lo que viene en la Ley de ordenación respecto a la autorización de universidades privadas, porque sabe usted que yo sé que tienen mucho poder los diputados de las Cortes, lo conozco, pero, claro, cambiar algo que es textual de una ley orgánica es un poco complicado. No sé si les dejarán los jurídicos de las Cortes cambiarlo. Dice usted que se podían cambiar. Lo tengo aquí textualmente. No lo pueden modificar las Cortes eso, porque es una ley orgánica. ¡Vamos!, tendrían ustedes que cambiar primero la ley orgánica a instancias de las Cortes Generales, no las Cortes de la comunidad autónoma.

Todos los temas de gestión y organización, investigación, personal, régimen de incompatibilidades, garantías financieras, etcétera, mire usted, yo no sé hasta qué punto tiene usted interés en bucear en los kilos y kilos y kilos de documentación que hay, pero, si quiere usted bucear, y lo permiten las normas, yo no tengo ningún inconveniente en que acuda al departamento, y podrán ustedes bucear en los temas que crean convenientes si es que se puede hacer.

En cuanto al reconocimiento, que me parece que la representante de Chunta hablaba de la falta de... -también coincidían en este caso con el Partido Popular, que parece que no está en orden el asunto-, miren, el reconocimiento de una universidad privada se hace con arreglo a la Ley orgánica de universidades, que es una ley general. Exactamente. Entonces, lo que viene recogido en la ley nuestra, en nuestro proyecto de ley, es textual de la ley orgánica, porque no lo podemos modificar. ¿Entiende? O sea, no lo podemos modificar; eso es una ley orgánica. Entonces, nos da lo mismo ponerlo que no ponerlo. Lo hemos puesto porque es una ley integral, porque nos parece que lo tenemos que incluir, etcétera, pero eso no modifica para nada o no sirve para nada el tenerla aprobada antes o después; se puede perfectamente hacerlo con arreglo a la ley orgánica. Lo hemos hecho como lo han hecho todas las universidades, todos los Gobiernos autónomos en todas las partes de España, exactamente igual. Lo mismo.

En cuanto a las titulaciones, que también todos entran en el tema de las titulaciones, vamos a esperar a ver qué dice el Consejo Social. ¿Por qué la universidad ahora se lanza con las titulaciones? Pero si es que me parece lógico y normal... Si cuando se ha terminado de implantar las titulaciones del plan anterior ha sido este año. Este año se ha retirado el dinero que había en un contrato-programa para poner en marcha las titulaciones desde el noventa y nueve, ha acabado este año, y se ha pasado a la financiación básica. La universidad, este año, el 31 de diciembre, ya no tendría en su plan estratégico ningún proyecto de nuevas titulaciones. Lo lógico es que antes de que acabe el proyecto anterior establezcan lo que quieren hacer y lo introduzcan en su plan estratégico. A mí me parece lógico y natural. Lo que pasa que ha coincidido -vuelvo a repetir- en este momento. Y, claro, le pasa a la representante de Chunta que no da salida, como es su obligación. Me matan si no trabajo y, si trabajo, me matan: ese es el lema de la representante de Chunta. «Mire usted, si usted presenta la ley, mal, porque, mire usted...» Pero, ¡oiga!, cuando no la presentaba... «¡Oiga!, pero ¿cómo no presentan la ley, que se están ustedes retrasando?» O sea, me matan si no trabajo y, si trabajo, me matan.

Y, respecto a la ley de la que estamos hablando, el proyecto de ley del que estamos hablando, nosotros no elegimos el trámite administrativo; es muy difícil elegir el trámite administrativo. Lo que no nos puede pedir nadie es que a una iniciativa privada les demos un trámite administrativo a un ritmo y a una iniciativa pública le demos otro, porque, oiga, eso no va con este departamento ni con este Gobierno, y, por supuesto, vamos a respetar absolutamente y estrictamente la Ley de procedimiento administrativo, porque yo no estoy dispuesto a mantener expedientes esperando a que se sea conveniente para el Gobierno de turno -como dice alguna persona últimamente refiriéndose a estos proyectos, lo del Gobierno de turno-, no me parece bien. O sea, creo que tenemos que ser iguales para todos, como dice la Constitución; creer en el mercado, porque así lo dice la Constitución; creer a las iniciativas, a todas las iniciativas, porque así lo dice la Constitución; y, desde luego, creer en la Ley orgánica de universidades mientras no la cambien, que hay un proyecto de cambio de esta Ley orgánica de universidades. Y, respecto a la Ley de régimen jurídico, le recuerdo que es del noventa y dos. En aquel momento estaba yo precisamente en Madrid trabajando y participé en su implantación, y por supuesto que creo en ella, aunque también creo que hay que cambiar algunas de las cosas que se hacen.

Titulaciones. Esperemos a lo que dice el Consejo Social, que para algo está. Me preguntaba el representante del Partido Popular si yo conocía, si el departamento conocía a qué titulaciones aspiraba la Universidad de Zaragoza. Supongo que se referirá a diferentes a las que se implantaron a raíz del documento del año noventa y ocho, supongo. Bueno, mire usted, oficialmente, yo, de oído, le puedo contar cosas, pero con partitura, oficialmente, al departamento no ha llegado ningún documento de implantación de titulaciones desde el Consejo Social -porque solamente puede venir desde el Consejo Social, como usted sabe en el recorrido administrativo- que el del noventa y ocho; posteriormente no ha llegado ninguno más, ningún papel más del consejo pidiendo implantación de nuevas titulaciones. Si usted me pregunta si yo conozco por otras... Pues a lo mejor he hablado alguna vez con alguien que me ha dicho: «¡Oiga, tenemos interés en implantar no sé qué!». Puede ser, pero, como llevo poco tiempo en este departamento, como usted sabe, yo no estoy al tanto de todo lo que se habla en asuntos que no estén puestos en un papel, porque una cosa es lo que está puesto en un papel y otra cosa es lo que se habla y lo que se opina.

Quisiera insistir en la palabra «complementariedad», si me lo permite el representante del PAR. Mire, a la Universidad de Zaragoza no le gusta lo de la complementariedad, y no le gusta porque teme -compatibilidad sí-, porque creo que puede pensar que, si hay complementariedad, uno es subsidiario de otro, y yo creo que no debe ser así, porque todo esto tiene que ver con las titulaciones.

Yo, aunque mi jefe de prensa siempre me dice que no hable más de lo que tengo previsto, porque, como saben ustedes, cuando uno habla más de lo que tiene previsto, suele cometer errores, sí que me atrevería a decir una cosa. Miren, en cuanto a titulaciones, no es lo más importante el que estén duplicadas o no, eso no es importante; no le den tanta importancia a eso. Saben ustedes que la Universidad de Zaragoza, en su propia universidad, tiene titulaciones duplicadas y triplicadas; la propia Universidad de Zaragoza. Pero eso no es un problema; el problema es si una titulación triplicada no tiene demanda: eso sí que es un problema tremendo, es un problema tremendo. De la misma manera que es un problema tremendo el que tenga la Universidad de Zaragoza titulaciones únicas que, de cada quinientos alumnos que las piden, solamente las pueden hacer cien. Yo creo que eso también es otro problema. ¿No les parece a ustedes un problema? ¿No les parece que el sistema universitario aragonés tiene que intentar adaptarse a la demanda que tiene y ajustar su oferta? Entonces, miren ustedes, si de una titulación piden quinientos y solamente la pueden hacer cien, ¿quién, qué aragonés o qué político, qué responsable aragonés se va a negar a duplicar la titulación? Nadie. Ninguno. De la misma manera que, si de cada cien plazas que ofertamos de una titulación se cubren siete en años repetidos, tendremos que hacer un pensamiento, el sistema deberá hacer un pensamiento. Yo podré hacer un pensamiento político, filosófico, y la universidad deberá hacer un planteamiento operativo, práctico, de manera que la estrategia está en el Gobierno y la operatividad está en la Universidad de Zaragoza. Entonces, no nos fijemos en esa pelea de dobles titulaciones o de duplicar titulaciones, que esa no es la pelea, aunque políticamente vaya bien y los discursos... ¡Oiga!, mire, alrededor de eso se pueden arborizar tal cantidad de discurso que puede resultar un discurso de un árbol frondosísimo, pero, mire usted, el tronco no termina de estar claro. Entonces, miren, hoy hay cincuenta y ocho titulaciones implantadas en la Universidad de Zaragoza, cincuenta y ocho; podemos implantar hasta ciento treinta y nueve: fíjense si hay recorrido y espacio para que todo el mundo tenga espacio y de ese entendimiento estratégico, que no complementariedad ni obligatoriedad de ningún tipo, pueda todo el mundo convivir. Y me parece que ya me he lanzado a explicar un poco lo que opino.

A la representante de Chunta, lo mismo. Se ha acogido a lo del paralelismo del representante de Izquierda Unida, que no he dicho yo «paralelismo», y, si lo he dicho, me he equivocado. Disculpen. Vuelvo a repetir lo que he dicho: tal vez la coincidencia en el tiempo de la tramitación... No he dicho otra cosa. A lo mejor he dicho «paralelismo», y me he equivocado. Pues, mire usted, me he equivocado. ¿Qué vamos a hacer? Lo retiro; lo de paralelismo lo retiro.

Lo de no iniciar el proyecto... Hoy ha elaborado usted un discurso muy contradictorio, porque, si haces una cosa, te disparo, y, si no la haces, también; y, si la haces y la haces bien, la haces a destiempo, y también te disparo. Entonces, mire usted, me rindo. ¡Oiga!, me rindo, me rindo. Ya sé que usted me va a disparar lo haga antes, lo haga después, no lleguen las leyes a tiempo, las adelante o no las adelante. Al Gobierno de Aragón le ha parecido que era el momento oportuno, una vez que se termina la implantación de las titulaciones del plan del noventa y ocho, de tirar adelante, en primer lugar, una ley integral de la universidad. Estaba previsto, como ustedes saben, hacer las leyes independientes: una de financiación, otra del Consejo Social y otra de la agencia de evaluación y prospectiva. Al Gobierno le ha parecido en esta nueva etapa ponerlas todas en una. Y, ¡hombre!, no nos hubiera venido mal tener más leyes, porque por el número también se critica. «Mire usted, no sacan ustedes suficientes leyes». Pues, mire, de una vamos a sacar tres y tenemos más. Pues no, nos parece que hay que hacerla integral. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque hemos hecho benchmarking, que dicen los ingleses: hemos visto lo que han hecho otros -no tiene traducción esa palabra; por eso lo digo, y discúlpenme-, hemos visto lo que han hecho otros. Y las últimas leyes que se han hecho en Andalucía, en Cataluña y en el País Vasco, tres comunidades autónomas portentosas... Por cierto, el porcentaje de PIB que dedican esas tres comunidades me parece que están por debajo de las de la comunidad autónoma. Lo digo porque también es importante saber cómo jugar con las cifras de lo que se invierte en los estudios universitarios, porque no tienen que ver absolutamente nada unas cosas con otras. Fíjese qué raro, que estamos en el mismo nivel que Navarra, el País Vasco, Cataluña... Invertimos el mismo PIB, siempre que lo contemos como lo cuentan algunos.

Entonces, como le digo, me matan si no trabajo y, si trabajo, me matan. Yo intentaré hacer lo más posible. Lo que no vamos a hacer es parar el sistema universitario; al revés: lo que creo que tenemos que hacer es ampliarlo.

¿Por qué hemos hecho una ley del sistema universitario, que también ha dolido mucho y me han mandado algún papel criticándolo? Pues la hemos hecho porque nos parece que no podemos regular solo a la Universidad de Zaragoza. Tenemos que regular a todos los estudiantes, porque, de aquí en adelante, una de las características del modelo europeo que se pretende homologar es... Fundamentalmente cambia en el estudiante. ¿Por qué? Porque dicen que el estudiante es la centralidad del sistema; porque lo importante no es lo que se enseña, lo importante es lo que se aprende. Todo eso es a lo que lleva. Entonces tenemos cincuenta mil estudiantes. Estudios superiores en Aragón, enseñanza universitaria: cincuenta mil estudiantes -son cifras del curso anterior; este curso tenemos un poquito menos-. Cincuenta mil estudiantes, de los cuales, a grandes rasgos, treinta y cinco mil son de la Universidad de Zaragoza y quince mil están en otros sitios: diez mil en otras universidades (la UNED de Barbastro, las Escuelas de Enfermería de Huesca y de Teruel, que, como saben, son adscritas, la universidad de La Almunia, etcétera), y luego tenemos cinco mil estudiantes fuera de la comunidad autónoma. Son estudiantes que son aragoneses, hijos de aragoneses, de familias aragonesas. Y yo creo que tenemos que hacer una ley que nos permita que en el sistema universitario aragonés quepan todos los estudiantes y sus familias, que tienen la preocupación de lo que están estudiando. Y, por lo tanto, se ha hecho una ley integral y se ha integrado todo en esa propia ley.

Y la segunda, el reconocimiento de la universidad privada, ha sido fruto del desarrollo administrativo que ha venido teniendo esa norma y que ha cambiado... En la última parte, a alguien le preocupaba -me parece que era a la señora Ibeas-, si ha tenido que cambiar cosas, qué es lo que estaba mal. Mire usted, siempre hay una clave en estos reconocimientos, que es el informe del Consejo de Coordinación Universitaria. De las últimas diez -me parece- que se han aprobado, nueve tenían informe desfavorable. Y en las últimas -lo dicen los que dirigen las privadas; yo no lo sé, no lo he comprobado- dicen que las privadas votan siempre en contra de las privadas. No sé si será por asuntos de mercado; tampoco lo sé. Pero yo, lo que le puedo asegurar es que las deficiencias, las pequeñas deficiencias que el Consejo de Coordinación Universitaria ponía en la memoria que se remitió, la primera que mandó esta universidad en el 2001, se han solventado. Mire, en la primera pedían veintidós titulaciones, muchas de ellas repetidas con las que hay en la Universidad de Zaragoza, que a mí no me preocupa, como digo, no me preocupa en absoluto -sí que me preocuparía si no hay suficiente demanda-, y las ajustó a doce titulaciones, de las cuales, mire usted, de manera estratégica -porque no quiero entrar en otras palabras-, de manera estratégica, había tres que a nosotros nos parecía que en ese espacio que hay de cincuenta y ocho a ciento treinta y nueve podían elegir otras cosas y así no hacíamos daño, en primer lugar, a Huesca o Teruel, que son los campus más débiles de la Universidad de Zaragoza -quizá más solidificado ya Huesca; un poquito menos Teruel, pero son más débiles-, no hacían daño tampoco a la propia Universidad de Zaragoza, y, si había una sola duplicidad, tenía que ver con una muy demandada y que hay espacio para dos, de la misma manera que había espacio para otras titulaciones que son muy demandadas en la Universidad de Zaragoza.

Y, por último, recordar que la barca de la universidad no la pilota este consejero: la barca de la universidad la pilota el rector. Nosotros podemos establecer si la línea debe ir de aquí a un lugar u otro dependiendo de cómo vemos que están todas las líneas que van con piloto, que hay varias. Entonces, nosotros hacemos la estrategia, como les he dicho antes, y la operatividad la tiene que hacer cada cual. Y yo no quiero entrar de ninguna manera en el tema de la autonomía universitaria porque la respetamos profundamente, como usted y como yo creo que todos los grupos políticos.

Y, por supuesto, voy a seguir defendiendo a la Universidad de Zaragoza, que es la universidad pública por la que apuesta este Gobierno y por la que este consejero no tiene más que -se puede decir- vocación de lo público. Nunca jamás he estado en ningún otro sitio que en lugar público, y, como digo, me viene de vocación, independientemente de que le parezca a la representante de Chunta que resultan contradictorias unas cosas con otras. A mí, lo que me ha resultado contradictorio ha sido el discurso de hoy; no otras veces, que usted está muy coherente, pero el de hoy ha sido algo contradictorio.

Nada más, y muchísimas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA CASTELAR): Gracias, señor consejero.

Le ruego permanezca en la mesa un momentito mientras terminamos la comisión.

Señorías, retomamos el primer punto del orden del día con la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

¿Alguna anotación o reserva al acta? Se aprueba por asentimiento.

Último punto del orden del día: ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta?

Se levanta la sesión. [A las trece horas y quince minutos.]