Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón
Proposiciones no de ley
Proposición no de ley núm. 273/20, sobre garantías para la seguridad y la convivencia ciudadana frente a la ocupación ilegal de viviendas.
Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón n°: 023 de Plenos (X Legislatura)
Intervinienen: Ortas Martín, Carlos - Sanz Remón, Álvaro - Peirat Meseguer, Esther - Arranz Ballesteros, David - Palacín Eltoro, Joaquín Antonio - Prades Alquézar, María Pilar - Juste Sanz, Joaquín - Sabés Turmo, Fernando
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes. [Se reanuda la sesión a las quince horas cincuenta y nueve minutos].
Vamos a dar comienzo para continuar con la sesión plenaria correspondiente al día de hoy con el debate de la proposición no de ley número 273/20, sobre garantías para la seguridad y la convivencia ciudadana frente a la ocupación ilegal de viviendas, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
Para su defensa —ya saben que se hará desde el escaño y, preferentemente, como se quedó en la Junta de Portavoces, con mascarilla—, si alguien tiene muchas complicaciones, desde luego no debería de haber nadie en el escaño inmediatamente inferior, pero, si se puede hacer con mascarilla, mucho mejor.
Señor Ortas.
Proposición no de ley núm. 273/20, sobre garantías para la seguridad y la convivencia ciudadana frente a la ocupación ilegal de viviendas.
El señor diputado ORTAS MARTÍN [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
Todos hemos visto la creciente preocupación existente ante la ocupación ilegal de viviendas. En primer lugar, tenemos que hacer un inciso y una apreciación. Existe, por un lado, la ocupación ilegal de viviendas, un concepto que creo que todo el mundo tiene claro, y que se ha incrementado y fomentado incluso con grupos de delincuencia organizada y grupos antisistema. Hay que hacer una distinción entre dos casos: uno, este que hemos comentado, punible absolutamente, el de la ocupación ilegal, y otro, como son las personas que sean víctimas de un desahucio por necesidades de vulnerabilidad o casos de ejecuciones hipotecarias. En este caso nos merecen toda la protección y son casos en los que la propia comunidad autónoma activa protocolos para que puedan acogerse a pisos existentes o diferentes modalidades como puede ser la bolsa de alquiler social, y que debemos proteger absolutamente. En definitiva, dos conceptos que hay que diferenciar que a menudo y de forma torticera se tratan de entremezclar.
No se trata de perseguir a víctimas de desahucios, se trata de perseguir a aquellas personas que de forma premeditada y delictiva realizan ocupaciones en viviendas. Grupos que a menudo realizan extorsiones para pedir la recuperación de la vivienda a sus legítimos propietarios; grupos de delincuencia organizada que alquilan las viviendas, aprovechándose de personas en una situación de vulnerabilidad, como hemos visto también en diferentes ejemplos, incluso en zonas donde había temporeros, y desahucios que se han producido, que estos han sido los menos, pero también han sido muy mediáticos y hemos visto en los medios de comunicación, como los protagonizados por grupos antisistema.
Y digo esto porque conviene no mezclar las churras con las merinas. Nadie trata de privar del derecho a una vivienda digna. Seguramente escucharemos alegatos hoy en esta dirección y, efectivamente, yo creo que ahí estaremos todos de acuerdo, proteger a los más desfavorecidos. De lo que se trata en esta PNL es de proteger la propiedad de los pequeños inversores, de los ciudadanos de a pie, de los que han invertido sus ahorros con su trabajo y su esfuerzo en una propiedad.
El 80% de las viviendas en este país corresponden a pequeños propietarios. Se trata de poner freno a las personas que de forma premeditada cometen actos delictivos. La legislación actual convierte sistemáticamente a los dueños, a los propietarios, en víctimas de esa extorsión, una indefinición legal que provoca que los propietarios, los legítimos propietarios, ante una corta ausencia de su domicilio, como hemos visto en algunos casos, no tengan la posibilidad del uso y disfrute de su propiedad, ya sea en su residencia habitual o en segunda residencia.
Desde Ciudadanos proponemos dos puntos. En uno de ellos instamos al Gobierno de España a afrontar los cambios legislativos necesarios para defender la propiedad privada, agilizando los juicios relacionados con esta práctica, reforzando competencias en ayuntamientos o endureciendo las sanciones. En este sentido, nuestro grupo en las Cortes ha presentado una ley en el Congreso, un proyecto de ley, que esperamos pueda salir adelante.
Otro punto es, junto con las modificaciones estatales que se tienen que realizar, y que se tienen que hacer de forma pertinente, realizar un plan autonómico contra la ocupación ilegal, todo esto dentro de las competencias que tiene nuestra autonomía, creando, por ejemplo, oficinas para asesorar a damnificados, vigilancia en edificios que puedan estar abandonados susceptibles de ser ocupados o potenciar la cooperación y coordinación institucional entre ayuntamientos, entre policías locales, etcétera.
Evidentemente, el que tiene que dar el primer paso y, lo fundamental para esta situación, revertirla es las Cortes españolas, las Cortes Generales. Esperamos que entre todos, con la ayuda del Gobierno nacional, podamos impulsar soluciones a un problema que ahora mismo es una gran preocupación para los españoles y que pueda ser afrontado con prontitud y agilidad, igual que se hace en el resto de países de nuestro entorno, como pueden ser Italia, Francia, Alemania o Reino Unido.
Son dos puntos diferentes. Lógicamente, hay que respetar hasta dónde puede llegar la comunidad autónoma, pero la responsabilidad es del Gobierno de la nación, y tenemos que impulsar los cambios necesarios desde la autonomía para que el Gobierno de la nación y el Congreso puedan tomar las decisiones pertinentes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ortas.
Intervención del resto de los grupos.
Por Izquierda Unida, señor Sanz.
El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Gracias, presidente.
Señor Ortas, el miedo y la incertidumbre son consustanciales a cualquier coyuntura de crisis. Todos en mayor o menor medida lo tenemos y a todos nos afecta porque tenemos miedo a quedarnos fuera del perímetro de seguridad.
Y yo creo que este debate debería de ser muy riguroso a la hora de circunscribir qué es eso de la seguridad, este escenario y otros, como los medios de comunicación. Porque, si no lo somos, acabaremos siendo partícipes de unos discursos que son en el fondo morales, aunque usted ha intentado puntualizar concretamente y distinguir en su exposición de motivos. Desde unas perspectivas morales facilitan esos discursos, más allá del negocio, la desigualdad y la injusticia, una cuestión que nos preocupa mucho, que es la persecución y la criminalización de la pobreza. Y este debate y toda la campaña mediática de alarmismo que hay generada en torno a este tema es un claro ejemplo de ello, señor Ortas.
Voy a intentar aportar alguna cifra y alguna reflexión para de alguna manera ayudar a desmontar ese alarmismo y también mandar un mensaje de tranquilidad, en un país como en el español, como en España, en el que es más fácil quedarse sin vivienda por un desahucio que por un allanamiento de morada, señor Ortas, y se lo voy a intentar explicar ahora.
Las viviendas ocupadas sin contrato en España, según datos de un informe financiado por el Banco de Santander, del Instituto Cerdá, no llegan al 0,34% del total del parque de viviendas vacías, que, como usted sabe, según las cifras oficiales a día de hoy, son unos veinticinco millones de viviendas —habrá más, seguro, porque está desfasado—, estamos hablando de ochenta y cuatro mil.
Después, deberíamos de ser rigurosos y distinguir entre lo que es un allanamiento de morada de la vivienda habitual de un propietario concreto, que se resuelve en veinticuatro, cuarenta y ocho horas, hay herramientas jurídicas y legales para poderlo hacer, y supone menos de un diez por ciento de ese 0,34%, y la usurpación de un inmueble vacío, para lo cual también herramientas para resolver.
Tengo que recordar que en España hay cerca de 3,5 millones de viviendas vacías y que el 85% de las ocupaciones lo son de pisos que son propiedad o de la Sareb o de alguna socimi o de los fondos buitre. El 60% de los desahucios también se producen..., de ocupaciones, también se producen en viviendas de propiedad de esas entidades, el 60.
Es decir, con estas cifras de estudios del Instituto Cerdá, del Ministerio del Interior..., en fin, una serie de cuestiones, podríamos hacer una extrapolación para saber cuál es el número aproximado de allanamientos de moradas que hay en viviendas particulares: no llega a mil cuatrocientos, no llega a mil cuatrocientos en todo el país, no llega a mil cuatrocientos.
Mire, en Aragón, el año pasado, solo el año pasado en Aragón, hubo mil doscientos treinta y cuatro desahucios, solo aquí, setecientos mil desahucios desde que estalla la crisis. Yo creo que es de ese debate del que deberíamos de hablar, por qué están sucediendo estas cosas.
Yo estoy de acuerdo con usted en que hay que perseguir a quienes utilizan la desesperación de quienes lo han perdido todo y no encuentran amparo en las instituciones y hacen negocio de su miseria, yo estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo. Pero esa es una cosa muy distinta a alimentar esta campaña de alarmismo encabezada por una empresa del sector, que se gastó el año pasado nada más y nada menos que treinta y cinco millones de euros en publicidad precisamente para meternos el miedo en el cuerpo.
Yo creo que, si queremos resolver el derecho a techo, resolvámoslo legislativamente, legislemos para evitar los desahucios, legislemos para regular el precio de alquiler, legislemos también para garantizar el derecho a la vivienda y el derecho a la tenencia de la vivienda. Porque contraponer los dos derechos... No caigamos en la trampa de enfrentar el derecho a la propiedad de los bancos y de los especuladores en este caso, y con las cifras en la mano, usando, además, como ariete a los más desfavorecidos, porque tenemos miedo, ¿eh?, las clases trabajadoras tienen miedo, contra el derecho…
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo.
El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: ... de techo a quien —sí, acabo ya, señor presidente— de quien se está metiendo en una casa porque no tiene dónde vivir, una casa vacía y, como le digo, en el 80% de los casos de la Sareb.
Ahí, desde luego, estará Izquierda Unida, en un debate riguroso, sereno y sobre todo que parta de unas perspectivas morales que realmente nos sirvan para esas soluciones colectivas que necesitamos y no para soluciones falsas por autoritarias que no nos llevarán a buen puerto.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.
Señora Peirat, por el Grupo Parlamentario Aragonés.
La señora diputada PEIRAT MESEGUER [desde el escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
En los últimos meses, y especialmente visible desde el confinamiento al que fuimos sometidos desde el mes de marzo, se ha producido un aumento sustancial de la ocupación ilegal de viviendas en diversas localidades aragonesas. Se trata de una práctica que atenta para nosotros contra la propiedad privada y que en muchas ocasiones pone contra las cuerdas a los legítimos propietarios, que seguramente habrán dedicado la mayor parte de sus ahorros durante años a la compra de una vivienda, sea esta primera residencia o no, como bien refería el señor Ortas.
El fenómeno de la ocupación ha ido demasiado lejos en Aragón y está a la vista que es así. Ello delata sobre todo que la legislación contra la ocupación ilegal de viviendas es claramente insuficiente. Ni desde el punto de vista civil ni desde el punto de vista penal se da una respuesta adecuada a las familias que tienen la desgracia de sufrir en sus legítimas viviendas la ocupación. En algunas comunidades autónomas se han llegado a adoptar, como en Baleares, algunas instrucciones por parte de la Fiscalía que permiten la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para sacar a los okupas de las viviendas. No obstante, dichas instrucciones no sirven para todos los casos ni, evidentemente, son soluciones globales aplicables a todo el territorio. En el momento en el que con los okupas convive un menor de edad se trata de grupo familiar o, incluso cuando se aporta algún tipo de factura, la policía tiene que tomar atestado y llevar el caso al juzgado de lo civil.
En este contexto caben destacar dos aspectos más.
El primero, que las familias en situación de vulnerabilidad económica afectadas por desahucio como consecuencia de impago de alquileres o ejecuciones hipotecarias se ven respaldadas a la hora de obtener alquiler social por parte del Gobierno de Aragón gracias a acuerdos existentes entre el Ejecutivo aragonés, el Consejo General del Poder Judicial y demás entidades. Es decir —y creo que esto también lo defendía el señor Ortas—, no se debe confundir las familias que requieren vivienda porque su situación económica les impide el pago de la hipoteca o del alquiler, es decir, que tienen un justo título aun cuando no pueden cumplir, con el caso de los okupas, que no disponen de ningún título legítimo cumplido o incumplido. Además, se han detectado auténticas redes dentro de los okupas por las cuales se cede el uso de los inmuebles alienados pagando una cuantía.
Y el segundo aspecto que también debe quedar muy claro es que la competencia tanto civil como penal en el ámbito de la ocupación ilegal de viviendas corresponde al Estado, no a la comunidad autónoma.
En cuanto a los servicios de competencia autonómica, sí es posible que se llegue a algún tipo de acuerdo teniendo muy en cuenta que para acabar con la ocupación ilegal de viviendas se requiere normativa civil estatal contundente, con unos tipos penales claros, una normativa procesal estatal ágil y sobre todo medios en los juzgados que no dejen en agua de borrajas todo lo anterior.
En definitiva, señor Ortas, mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Aragonés, está en la misma línea que usted indica en su iniciativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Peirat.
Por el Grupo Parlamentario Vox, señor Arranz.
El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
La posición de Vox es clara y firme de defensa de la propiedad privada, la seguridad ciudadana, la privacidad, la intimidad y la inviolabilidad del domicilio, condenando toda política de impunidad o apoyo de la lacra y alarma social que constituye la ocupación ilegal de viviendas e inmuebles.
En esta cuestión, señorías, no caben medias tintas, no caben justificaciones. Una cosa es la situación de crisis, la situación de necesidad, comprensible, la situación de necesidad habitacional, la situación de personas desahuciadas, que es una problemática que nadie niega y nadie entiende que no debe atajarse, pero el medio no es apropiarte de una propiedad ajena. Entendemos que para eso está el Gobierno, para eso está la Administración, para buscar políticas sociales, políticas de empleo, políticas de vivienda y una serie de fórmulas legales para ir minimizando esos problemas.
No podemos en ningún momento mostrarnos laxos o permisivos ante personas y a veces verdaderas mafias, muchas de ellas bandas extranjeras, que realizan actividades delictivas e ilegales, ocupando y haciendo suyas propiedades inmuebles en contra de la voluntad de sus legítimos propietarios, sean quienes sean, me da igual que sean de un banco. Es decir, siempre es más duro que sea de una familia que necesita esa renta a lo mejor para vivir que que sea de un banco, pero no justifica el hecho de que sea de un banco el apropiarte de algo que no es tuyo.
Entendemos que esas viviendas muchas veces se están utilizando no solo como una solución habitacional, sino para realquilarlas, para hacer negocio, para usar como puntos de venta de droga, para extorsionar a propietarios y para muchos otros usos.
Acudiendo a nuestras leyes, el orden penal, existe una cobertura legal de estos comportamientos. Es decir, no es que estemos indefensos legalmente, a mi entender el problema radica en que no existe una voluntad política firme de aplicar con todo rigor, inmediatez y contundencia nuestras leyes. Incluso hay formaciones políticas que, irresponsablemente, amparan de una forma u otra, abogando incluso por que puedan empadronarse los okupas ilegales ya en una vivienda ocupada —ya esto es un sinsentido absoluto—, estas personas.
La Constitución ampara la inviolabilidad del domicilio en el artículo 18. Nuestro Código Penal, efectivamente, distingue entre lo que es un allanamiento de morada y una usurpación. El allanamiento de morada lo contempla el artículo 202 y protege la intimidad y la inviolabilidad del domicilio. Hace falta que sea un domicilio, una morada, que se entienda como tal, ya sea primera, única residencia, segunda residencia..., eso no tiene que ver, puede ser un barco, una caravana —incluye la jurisprudencia en los anexos—, etcétera, etcétera. Pero se considerará delito flagrante, es decir, se seguirá cometiendo —no hay cuestión de cuarenta y ocho horas ni nada, eso son historias—, se sigue cometiendo mientras las personas ocupantes o allanadores se encuentren en ese domicilio. Entendemos que las fuerzas de seguridad pueden entrar, identificar, detener y poner fin a ese delito y es lo que deben hacer. Las penas serían de seis meses a dos años y, si hay violencia o intimidación, de uno a cuatro años de prisión y multa de seis a doce meses. Cuando lo que se ocupa es un inmueble deshabitado vacío estamos hablando entonces de un delito de usurpación, contemplado en el artículo 245, que ese sí que vela por el bien jurídico de la propiedad privada.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo.
El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS [desde el escaño]: Sí, voy concluyendo.
Nosotros lo que entendemos es que existen vías civiles y penales, sobre todo las penales para la vía del allanamiento de morada, sería la más empleada; existe también una vía civil del desahucio exprés, aprobada en 2018.
Y nosotros entendemos que debe aplicarse de forma rigurosa y firme la legalidad vigente y defender a los vecinos, como nosotros hicimos, por ejemplo, en Cadrete recientemente, frente a toda ocupación ilegal de las viviendas ajenas. Entendemos que es una alarma social justificada y que debemos velar por el interés superior de las personas y sus derechos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por Chunta Aragonesista, señor Palacín.
El señor diputado PALACÍN ELTORO [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
Debatimos sobre ocupación ilegal de viviendas. Yo creo que estamos entrando en el debate que no tendríamos que entra porque hay diferentes casuísticas, no es lo mismo cuando hablamos de una mafia o cuando hablamos de personas en situación de vulnerabilidad, para las cuales la propia norma aragonesa aprobada en estas Cortes ya recoge incluso algunas soluciones.
En este momento se están trasladando a la sociedad en muchas ocasiones mensajes que no son reales. Ni es tan fácil que te ocupen una primera vivienda o una segunda residencia ni es tan difícil el echar a esos okupas, por lo que cuidado con el mensaje que se traslada a los ciudadanos de miedo, que eso no va a beneficiar más que a algunas otras redes que en este momento están trabajando buscando el negocio en este tema.
Sí es cierto que la ocupación ilegal de viviendas es un problema que realmente se está agravando en los últimos meses. Sí que parece que las herramientas legales no parecen dar los resultados a corto plazo que tendrían que dar. También se tiene que tener presente que no solo se trata de una confrontación entre el derecho de propiedad y el derecho a una vivienda, sino que nos encontramos ante un conflicto entre el derecho a la vivienda de dos personas, el titular legítimo y el que no tiene vivienda.
Otra cosa son las organizaciones criminales, los okupas profesionales, que existen, cuya actuación nada tiene que ver con la gente que tiene una necesidad de vivienda.
Aragón ha trabajado, Aragón trabaja dentro de sus competencias para ayudar a las personas más vulnerables. Existen casos, como los que marca la norma aragonesa, que habla, en el caso de que haya un informe de los servicios sociales, si es favorable, de que se tiene que buscar una alternativa ocupacional por parte del Gobierno de Aragón en este caso. Habla de la propia ocupación de buena fe, corroborada siempre por los servicios sociales, eso está recogido en la norma aragonesa y se debatió en estas Cortes.
Hasta ahora la normativa aragonesa ha ido encaminada a garantizar el derecho a la vivienda, pero de todos, configurándose mediante tres principios: el acceso a la vivienda, la seguridad de la tenencia y las condiciones materiales de la vivienda.
Como decía, también hay que actuar con firmeza contra la gente que actúa de mala fe, contra las normas aragonesas, como decía, que ya recogen la posibilidad de esa actuación de buena fe, en la cual el Gobierno de Aragón tiene que actuar.
Por eso, nosotros le queremos hacer una enmienda in voce. Creemos que, respecto al primer punto, el Gobierno de Aragón no puede hacer absolutamente nada, es una competencia del Estado. El Estado tendría que actuar de alguna manera, legislar para solucionar este problema y también para ayudar a las personas que están en situación de vulnerabilidad con una herramienta como las que tiene en este momento. Por eso, les pediríamos que retiraran ese punto número 1 y, si no lo retiraran, les pediríamos la votación por separado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín.
Por el Grupo Podemos Equo, señora Prades.
La señora diputada PRADES ALQUÉZAR [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
Ciudadanos nos trae en este inicio de este nuevo periodo de sesiones una iniciativa que, evidentemente, es de actualidad, pero los datos demuestran que no es de urgente necesidad.
De actualidad porque la derecha, junto a una campaña mediática lanzada a través de algunos medios de comunicación y potentes campañas publicitarias, quiere que la ciudadanía se sienta desprotegida frente a las ocupaciones de vivienda, cuando las estadísticas y los hechos demuestran que el verdadero problema es poder acceder a una vivienda digna.
La vivienda es un problema en España, pero no por la ocupación. Las denuncias por ocupación en 2020 suponen un 0,02% del total de las viviendas y, en lo que llevamos de año, las denuncias de las viviendas ocupadas en Aragón caen casi un 10% con respecto al año anterior. Y las cifras demuestran que la ocupación no es un problema de primer orden.
Un problema de primer orden sí que fue el millón de desahucios que se produjo en la pasada crisis económica, en la que miles de familias perdieron su vivienda sin una alternativa habitacional. Entonces, el Gobierno de turno decidió rescatar a los bancos y fueron los bancos los que produjeron un 65% de los desahucios. Y sobre ese problema, sobre ese problema de primer orden, los desahucios, la ONU sí que se pronunció y emitió un dictamen que pedía acabar con los desahucios de las familias en situación de vulnerabilidad. Es un dictamen que el Gobierno de Rajoy decidió ignorar.
No podemos afrontar esta iniciativa sin tener en cuenta los datos, el origen real del problema, que es la dificultad para acceder a una vivienda digna, pero también la diferencia —y aquí ya se ha hablado de ello— entre ocupación y allanamiento de morada.
Y de nuevo los datos y testimonios de magistrados, como el juez Joaquim Bosch, que afirma que, en sus dieciséis años como juez, no ha tenido ni un solo caso de ocupación de primera vivienda y además explica que en primeras o segundas residencias hay un delito de allanamiento de morada, por lo que el desalojo de los ocupantes es casi inmediato.
Señorías de Ciudadanos, ya existe en nuestro país desde 2018 un procedimiento civil que permite a particulares, entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas propietarias y poseedoras de vivienda social pedir, mediante la presentación de una demanda, la inmediata recuperación de la vivienda ocupada. Así que yo entiendo que su iniciativa sigue más esa línea, esa campaña de miedo, esa doctrina del shock que pretenden imponer y que tan bien saben desarrollar quienes definen modelos de políticas neoliberales como ustedes.
Buena parte de las personas que ocupan viviendas lo hacen por extrema necesidad y las viviendas que ocupan son viviendas propiedad de bancos, de grandes tenedores, de fondos buitre. El Ministerio de España demuestra que, en 2020, solo el 0,03% se hizo en viviendas habituales. Esto no va de enfrentar derechos, esto va...
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo.
La señora diputada PRADES ALQUÉZAR [desde el escaño]: ... de modelo político. En España hasta ahora se ha primado un modelo de especulación, originando una burbuja inmobiliaria que ha hecho que nuestro país cuente con un tercio de las viviendas vacías de la Unión Europea, frente a un 2% de vivienda social que tenemos en España y un 15% de vivienda social en Europa. Si ese problema se hubiese erradicado, si en España el problema de la vivienda estuviera resuelto, hoy aquí no estaríamos hablando de ocupación.
Lamento decirle que la iniciativa que ustedes han presentado hoy tiene más de mediática que de voluntad real de resolver el problema de la vivienda.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Prades.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Juste.
El señor diputado JUSTE SANZ [desde el escaño]: Muy bien. Muchas gracias, presidente.
Diputados.
Ya se ha dicho, pero creo que tenemos que compatibilizar, que hacer compatible los dos derechos: el derecho a una vivienda digna, que así lo contempla el artículo 47 de la Constitución..., pero para eso tenemos la red mallada de los servicios sociales, y, si no, algo estamos haciendo mal. Las ayudas al alquiler, los servicios sociales deben garantizar que todos los ciudadanos puedan tener esa vivienda digna, pero lo que no puede ser la solución es la ocupación, el derecho a la propiedad privada es otro derecho que debemos proteger.
Y, si no hay seguridad jurídica, no hay un país medianamente serio que pueda funcionar sin seguridad jurídica, ni para las empresas ni para los particulares. Porque yo qué le digo a un ciudadano que se ha pasado la vida trabajando, que al final ha conseguido ahorrar un dinero, ha comprado una vivienda, que la quiere alquilar para complementar su pensión, muchas veces exigua, de un autónomo, y puede ser ocupada. ¿Esa es la solución? Cargarse el trabajo responsable y honesto de las personas de toda una vida: esa no puede ser la solución. No hay un Estado democrático y libre que no defienda la propiedad privada, y no podemos construir un Estado democrático y libre permitiendo la ocupación.
Y, señora Prades, mire, lo que me parece verdaderamente irresponsable es la actitud de algunos gobiernos locales, así como de formaciones como la suya, que ahora están en el Consejo de Ministros, que han provocado serios problemas de convivencia vecinal en muchos casos enfrentando, creando inseguridad, insalubridad, amenazas, generando este problema.
Es que por ahí no puede venir nunca la solución. La ley de 2018, bueno, ya se avanzó, pero no llega a tener la solución. Y es que es un problema que tenemos en Aragón, porque hace nada en Cadrete se manifestaban más de ciento cincuenta personas. ¿Cómo que no tenemos ese problema? Lo tenemos aquí al lado, y a los problemas les tenemos que dar solución y esa solución tiene que ir vía legal.
El Partido Popular ya ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para cambiar esta norma, también en el Senado, y en esa dirección tenemos que ir, en crear, en dar seguridad jurídica, en que seamos justos y respetemos, cómo no, la propiedad privada.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Juste.
Grupo Parlamentario Socialista, el señor Sabés.
El señor diputado SABÉS TURMO [desde el escaño]: Muchas gracias, presidente.
Evidentemente, respecto a la situación del tema que estamos hablando, es verdad, y coincido con algún portavoz que ha hecho referencia a la anterior crisis económica que vivimos y que condicionó y mucho el desarrollo de la vivienda en este país y que nos ha traído a todos muchos quebraderos de cabeza.
Pero es verdad que lo que estamos analizando no es esa situación vinculada a la vulnerabilidad, sino a la situación de ocupación de viviendas. Que es verdad que, en los últimos meses, los medios de comunicación parece que..., o algunos medios de comunicación, mejor dicho, parece que están continuamente repitiendo esta temática, dando una sensación de inseguridad sobre todo a la ciudadanía pensando en las dificultades y en lo lenta que puede ser la recuperación en este caso de una vivienda. Y yo en este caso les pediría que fueran analizando los medios de comunicación cuando van incorporando a la agenda de vez en cuando temas que de un día para otro luego desaparecen de esa programación de los medios de comunicación informativos.
Pero yo creo que en la proposición no de ley hay dos aspectos o hay un aspecto muy claro, y este Grupo Socialista lo quiere poner de manifiesto, lo dice en el punto 2. Sí, estamos dispuestos a promover reformas legales necesarias para defender la propiedad privada, para garantizar la convivencia, la seguridad ciudadana y luchar contra la ocupación ilegal de viviendas. Y ahí, señor Ortas, ustedes plantean una serie de medidas, pero ya en el texto establecen «entre otras», es decir, son conscientes de que son medidas que ustedes apuntan, pero que en la discusión política de esas futuras reformas de la legislación relativa a la ocupación y a la defensa de la propiedad privada pueden ser matizadas o pueden incorporarse otras nuevas.
Porque sí es verdad que en el debate, por ejemplo, respecto al hecho de incrementar las posibles penas que pudieran sufrir aquellas personas que ocupen viviendas, no está muy claro que automáticamente suponga que no se puedan producir esas ocupaciones. Por tanto, entendemos como Grupo Socialista y compartimos que son ejemplos, pero que, evidentemente, en el debate político y en la discusión política deberán profundizase y deberán analizarse.
Sí tenemos más dudas en cuanto al primer punto y en ese sentido le planteamos una enmienda in voce, e intento explicar la postura del Partido Socialista. Somos muy conscientes de las medidas que ustedes plantean para defender la propiedad privada y para garantizar la convivencia y la seguridad ciudadanas y la lucha contra la ocupación ilegal, coincidimos con ellas, pero tenemos que hacer un matiz en cuanto al fondo. Al final del primer punto, ustedes dicen «entre otras, las siguientes», y le pediríamos que pudiera ser incorporada una enmienda in voce que dijera «de acuerdo a las competencias que tenga cada una de las administraciones que se mencionan». Porque tenemos alguna duda en cuanto a las competencias que usted plantea, creo que en su intervención ya lo apuntaba también en esa línea, en alguna de las medidas que plantean, que se las atribuyen a alguna Administración que, probablemente, no es la competente para desarrollarla. Por tanto, creemos que esta enmienda in voce ayudaría a redondear la iniciativa para evitar una disfunción, que este Parlamento instara a un determinado gobierno para hacer algo que no puede hacer, y creo que eso en la dinámica parlamentaria no sería lo más correcto.
Por tanto, sí le planteamos la votación por separado, pero sobre todo si puede incorporar esa enmienda que permitiría atribuir a cada gobierno las competencias y atribuir en este caso los proyectos y los planes que ustedes plantean en ese primer punto de la enmienda.
Muchas gracias. [Aplausos].
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sabés.
Señor Ortas, para fijar la posición sobre las dos enmiendas in voce que ha recibido su iniciativa.
El señor diputado ORTAS MARTÍN [desde el escaño]: Gracias, presidente.
Nosotros, respecto a las enmiendas in voce a esta proposición, aunque resulta que no es una preocupación, sino que es por los medios de comunicación o determinadas campañas mediáticas... O sea, que ya saben que en verano no tienen calor, es por los anuncios de refrescos y de helados.
Respecto a las enmiendas que nos ha propuesto Chunta Aragonesista, y creo que la compartía también el Partido Socialista, no hay ningún problema en que se vote, en que se haga la votación por separado.
Y respecto a los textos, nuestra intención es dejarlos como están porque, lógicamente, como bien apunta el señor Sabés, habrá que entrar en un debate. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley, habrá que debatirlo, estaremos dispuestos a que se incorporen todas las soluciones posibles que así compartan otros partidos políticos.
Y, en el punto 1, creo que es un poco ponernos cinturón y tirantes: nunca vamos a intentar hacer algo que no sea competencia autonómica. Pero, entre no hacer nada y hacer algo, siempre creemos que será mejor hacer algo. Por ello, dejaríamos los textos como están y sí que accederíamos a la votación por separado.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Perfecto, de acuerdo. Muchas gracias.