Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

La señora diputada LASOBRAS PINA [desde el escaño]: Gracias, presidenta.
En primer lugar, desde Chunta Aragonesista queremos expresar nuestra más rotunda preocupación y nuestra indignación ante un hecho que no puede ni debe ser tratado con tibieza ni con evasivas.
Un grupo de profesionales de la psicología clínica se ha dirigido a la gerencia y a la comisión de docencia del Hospital Miguel Servet para denunciar una situación absolutamente insostenible.
Un profesional condenado por un delito continuado de vejaciones y maltrato a su pareja, con sentencia firme, sigue ejerciendo como tutor de residentes en psicología clínica en el principal hospital público de Aragón.
Entonces, querría saber, consejero, qué medidas está tomando el Gobierno de Aragón para atender las demandas de estos profesionales de psicología respecto a este caso de maltrato habitual y que está ejerciendo como docente en el hospital universitario.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Lasobras.
Señor consejero.

El señor consejero de Sanidad (BANCALERO FLORES) [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.
Señora Lasobras, como no puede ser de otra forma, ante una situación compleja como esta, se ha solicitado un informe a los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón para tomar decisiones siempre informadas sobre cualquier tema.
Dicho esto, he de reconocerle que a nosotros no nos parece conveniente ni respetuoso para los profesionales que prestan servicio en el Gobierno de Aragón que se traten este tipo de situaciones personales de forma pública.
Muchas gracias. [Aplausos].

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero.
Señora Lasobras.

La señora diputada LASOBRAS PINA [desde el escaño]: Consejero, yo creo que aquí se pueden hablar de muchísimas cosas y creemos que esto no se puede tolerar.
Y, de verdad, ¿alguien cree que es compatible formar a futuros profesionales en el ámbito de la salud mental desde esta posición, cuando quien ejerce la tutoría ha sido condenado por violencia de género?
Esto no es un asunto personal. Esto es un asunto público, institucional y profundamente ético.
No estamos hablando solo de un incumplimiento moral. Estamos hablando de una quiebra de confianza, de un mensaje peligroso que se lanza no solo a los residentes sino a toda la ciudadanía y, especialmente, a las mujeres víctimas de violencia machista.
Y nosotros lo tenemos muy claro. Una persona condenada por maltrato no puede ni debe ejercer tareas docentes ni de referencia profesional en nuestro sistema sanitario público y, menos aún, en un ámbito tan sensible como es la salud mental donde el compromiso ético con la integridad, la empatía y la protección de las personas vulnerables es esencial.
Nos solidarizamos, desde luego, con todos estos profesionales que han dado este paso valiente —no es fácil alzar la voz dentro de una estructura jerárquica—, que lo han hecho en defensa de la dignidad profesional de las víctimas y de la salud pública.
Por lo tanto, creemos que la gerencia del Hospital Miguel Servet y el Departamento de Sanidad deben tomar medidas inmediatas para revisar —aunque ya me ha dicho que se han pedido informes jurídicos— esta situación con transparencia y responsabilidad.
Se debe revocar la condición de tutor a esta persona de forma inmediata de acuerdo, sobre todo, con los principios éticos y de calidad formativa.
Le pedimos, consejero, que establezca un protocolo claro para impedir que personas con condenas por delitos de violencia de género puedan ocupar cargos docentes o de responsabilidad profesional en el sistema sanitario aragonés. Porque no se puede construir una sanidad pública, ética y de calidad si no actuamos con firmeza frente a estos casos, porque el silencio institucional también es una forma de complicidad.

La señora PRESIDENTA:
Gracias, señora Lasobras.
Señor consejero.

El señor consejero de Sanidad (BANCALERO FLORES) [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.
Señora Lasobras, únicamente le voy a indicar que para tomar cualquier medida disciplinaria contra un profesional estatutario hay que cumplir escrupulosamente lo que marca la ley. En concreto, lo que está establecido dentro de la Ley 55/2003, que es la del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.
Y para apartar a un funcionario debe recaer sentencia firme, que así lo acuerde, mediante su inhabilitación o sanción disciplinaria derivada de un procedimiento sancionador.
Recordar que en el presente supuesto los hechos por los que se ha juzgado el profesional son hechos acaecidos en su vida privada. Tanto la ley como la doctrina judicial impiden incoar procedimientos sancionadores ante conductas que se produzcan fuera de la actividad funcionarial.
Señora Lasobras, le puedo decir que se va a actuar con diligencia y con respeto a la ley. Hemos solicitado informe al servicio jurídico y solicitaremos todos los que estimemos conveniente para tomar siempre decisiones informadas.
A día de hoy esa persona no está ejerciendo de tutor. No le voy a decir exactamente cuál es el motivo porque, como le he dicho, creo que estos temas no se deben de tratar de forma pública.
Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero.
Pregunta 884/25, sobre el centro de salud de Zuera, formulada al consejero de Sanidad por el diputado señor Izquierdo de la Agrupación Parlamentaria Partido de Aragonés.
Señor Izquierdo.