Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

El señor consejero, por tiempo de diez minutos, tiene la palabra.

Comparecencia del consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente para informar sobre las iniciativas realizadas por el departamento en las roturaciones realizadas sobre el «Paraje de La Herradura», situado en zona ZEPA, en el término municipal de Caspe.

El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente. Señorías.

Quiero empezar por decir que se trata de una comparecencia de asuntos que están sub iúdice, y, por lo tanto, anuncio que voy a referirme lo más objetivamente posible, sin hacer ninguna apreciación subjetiva tanto a cuestiones que son debidas al pasado como a cosas que pudieran incidir en lo que está actualmente sub iúdice.

El conjunto de actuaciones que está desarrollando este Gobierno se puede catalogar en cuatro grandes grupos: en primer lugar, se ha dado cumplida respuesta a todos los requerimientos del Seprona; en segundo lugar, se han abordado las exigencias derivadas de roturaciones anteriores, fundamentalmente del 2002 y antes, que es el núcleo fundamental de ellas; en tercer lugar, se han levantado los atestados pertinentes por actuaciones en cuatro parcelas de un polígono de La Herradura, y, por último, se ha respondido a una denuncia Pilot de la Unión Europea.

El primer capítulo le da respuesta cumplida a lo que pedía el Seprona. Se ha contestado el 8 de mayo del 2013 a toda la documentación que pedía y al requerimiento de los hechos que nos hizo en fecha 11 de abril, requerimiento que hizo a la dirección provincial, que se contestó por esta y se contestó también por la dirección general correspondiente en lo que afectaba al PEBEA; los días 17 y 18 de julio se amplió por distintos procedimientos esa información, y el día 4 de septiembre se respondió a nuevos requerimientos que hizo el Seprona a raíz de la información que le habíamos pasado anteriormente y que los pidió el 29 de julio.

En segundo lugar, como decía en el capítulo anterior, se han abordado las exigencias derivadas de roturaciones anteriores, de 2002, que es donde estaba —antes del 2002— el núcleo fundamental, que están prescritas y no cabe, por lo tanto, expediente de ningún tipo.

En segundo lugar, el 10 de enero del 2012 el Inaga pidió a la mercantil La Herradura, en relación con una solicitud de roturación del 30 de julio del 2010, que aportase documentación ambiental del proyecto en su fase de funcionamiento para su legalización. Los servicios jurídicos informaron el 30 de abril del 2013 de que las posibles infracciones por roturación han prescrito, tanto desde la perspectiva de la Ley de montes como de la de protección ambiental.

El tercer bloque que he comentado al principio es el que se corresponde con los atestados levantados, y tengo que decir que se han levantado los atestados pertinentes por actuaciones en cuatro parcelas del polígono de La Herradura. El 8 de marzo del 2012, los APN del área medioambiental levantaron los atestados por tres tipos de actuaciones: una de ellas era construcción en suelo rústico; otra, actividades en cubierta vegetal que vulneraban la legislación forestal, y, la última, por actuaciones en el dominio público hidráulico que vulneraban la legislación de aguas. El 15 de marzo de ese mismo año, del 2012, el servicio provincial levantó las diligencias correspondientes a los hechos; se personó el interesado admitiendo que era propietario de la parcela 2 y, además, promotor de las obras; se llevó a cabo la incoación de expediente sancionador por infracción de la Ley de montes. Al día siguiente, el 15 de marzo del 2012, se ampliaron las diligencias por las actuaciones detectadas en cuatro parcelas (la 2, la 92, la 93 y la 112): la 2 pertenece al interesado; la 92 y 93, a La Herradura, y la 112, al Ayuntamiento de Caspe, actuaciones todas ellas que infringen la Ley de montes, y el 23 de julio del 2013 el servicio provincial acordó el inicio de expediente sancionador al interesado. El 6 de agosto del 2013, el ministerio, a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro, impuso sanción de quinientos euros por realizar obras en la zona de policía del río, y, el 20 de noviembre del 2013, el servicio provincial sancionó también al interesado con mil un euros por infracción de la Ley de montes, pidiendo restitución.

Y, por último, el cuarto bloque que comentaba era la respuesta a la denuncia Pilot. Como saben sus señorías, la denuncia Pilot es que cualquier ciudadano puede acudir a la Unión Europea y denunciar, y hay que responder. Pues bien, se comunicó esa denuncia el 21 de agosto del 2013; el departamento contestó diciendo que había realizado correctamente todos los trámites ambientales de todas las actuaciones de transformación en regadío subvencionadas por el departamento en el ámbito de PEBEA; añadió también y dijo que se estaba realizando un análisis de las medidas a adoptar respecto a la actividad en funcionamiento, y se informó de las diligencias penales abiertas en relación con el asunto. El día 14 de noviembre, la Unión Europea contestó agradeciendo, en primer lugar, la información y el análisis en profundidad realizado y pidiendo que, antes del 21 de noviembre del 2014, tuviera información sobre las actuaciones que se efectuaban para su conservación, reparación y restauración.

Con respecto a estas últimas, tengo que decir que se está realizando este año un control de la condicionalidad de la solicitud conjunta de las ayudas de la PAC presentada por La Herradura en el año 2013 para ver en qué situación se encuentra.

Y también tengo que decir —y, con esto, termino— que se ha hecho una evaluación de los daños causados por la roturación y se ha visto que, en principio, no hay hábitats prioritarios afectados.

Bien, con esto doy por terminada la intervención, porque, como han podido ver sus señorías, me he circunscrito a hechos objetivos, sin entrar en ninguna valoración subjetiva, como dije al principio, tanto del pasado como de aquellas cuestiones que están sub iúdice.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.

El turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón. Señor Aso, por tiempo de ocho minutos, tiene la palabra.

El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor presidente.

Estaba comentado con mis compañeros de grupo que podría haber mandado, en lugar de haber venido el consejero, podría haber presentado a un técnico del departamento para leer lo que ha hecho o lo que el departamento ha considerado que ha hecho. Lo cual a mí me preocupa, porque usted es el responsable de un departamento que engloba agricultura y medio ambiente, que es en el que, en principio, está en tela de juicio la gestión que ha realizado durante todos estos años.

Yo, desde luego, cuando leo un titular de prensa que dice «La DGA permitió las obras ilegales de La Herradura pese a haber denuncias e informes», lo primero que me pregunto es cómo se siente un consejero que dirige un departamento que engloba a estas dos y qué acciones ha adoptado internamente él mismo para aclarar si esto fue así. Porque usted me ha hablado de las acciones que ha llevado a cabo en relación con lo que le ha venido pidiendo alguien, porque es que, si no le pide nadie nada, nada se hubiese hecho.

¿Se ha realizado algún expediente informativo en clave interna para ver si hay, de verdad, algún tipo de responsabilidad de funcionarios, de políticos, que pudieran gestionar toda esta serie de cuestiones? Porque creo que es importante saberlo, no solo limitarse a dar cuenta de lo que ha trasladado a quien le ha pedido información. Que, por otro lado, señor consejero, entiendo —y espero que lo comparta conmigo— que es la obligación de una Administración Pública. Por tanto, usted ha hecho lo mínimo posible, según lo que nos ha relatado aquí, vaya.

Según se ha sabido también por prensa, APN avisaban de irregularidades haciendo su trabajo, y, pese a ello, nada se hizo. Si Agricultura y Medio Ambiente, desde luego, hubiese hecho su trabajo, que ese trabajo no le correspondía a usted, desde luego, esta comparecencia sería completamente innecesaria. Y, por tanto, la gran pregunta es —ya sé que usted no va a hablar—: ¿por qué se permitieron?, ¿cómo y dónde se paralizaron esos expedientes, según informan medios de comunicación?

Esas mismas fuentes dicen que los funcionarios hacían su trabajo y, políticamente, se paralizaba, lo cual es tremendamente serio, a mí me lo parece. ¿Por qué? Para beneficiar, ¿a quién?, ¿a un ex alcalde del Partido Socialista? Pues no lo sé. ¿Había responsables políticos que paralizaban eso a sabiendas? No lo sé. ¿En Agricultura, que llevaba el PSOE, en Medio Ambiente, que llevaba el PAR, o eran funcionarios que han tirado para arriba para esconder su responsabilidad? No lo sé, pero creo que sería bueno que usted hubiese hecho una investigación en el departamento que dirige —nosotros así lo creemos— para aclarar esos conceptos, que son tremendamente serios. Por tanto, creo que esa es una cuestión que a nosotros, como grupo político, nos interesaba que nos hubiese trasladado para saber exactamente qué es lo que se ha hecho con esas cuestiones.

Señor consejero, las presuntas irregularidades en esta zona en concreto afectan a construcciones ilegales, parece —por lo que informan los medios— que sin licencia—; a extracciones de áridos, parece que sin autorización; a captaciones de agua ilegales —que, por cierto, la Confederación, cuando empieza el juzgado a mover y tal e Izquierda Unida lo lleva a Bruselas, se pone las pilas y... una sanción, ¡ah, amigo!, una sanción que, vamos, por el importe que ha dado usted...—; a transformaciones a regadío, con subvenciones, sin evaluación de impacto medioambiental, en zonas especialmente protegidas, parece ser que excediendo en el doble la superficie inicial. ¿Y usted me viene y me dice, simplemente, lo que ha hecho desde que le han pedido?

Hombre, yo entiendo y nuestro grupo entiende que deberían haberse adoptado medidas concretas —¿y cuáles son?— en clave interna para depurar las responsabilidades. Desde luego, no nos valen tímidas acciones que se han puesto a posteriori y decir que todo ha prescrito. Aquí, todo prescribe en este país; eso sí, al pobre señor que se pasa doscientos euros de un ingreso de una subvención, a devolverla, pero, aquí, lo demás, parece que todo prescribe.

Yo le voy a hacer algunas preguntas, señor consejero, y creo que es... ¿Se cobró para transformar en regadío en concepto de subvención, que venía de Europa dinero, en superficies que no estaban autorizadas? ¿Cuánto dinero? ¿Se va a pedir que se devuelva? ¿Se ha trasladado a Europa esta circunstancia para que se investigue desde que se realizaron estas ampliaciones de superficie? ¿Van a pedir la devolución de ese dinero? ¿Cuánto se ha cobrado todos estos años, si se ha cobrado de la PAC, en superficies que no les correspondía por cultivos? ¿Se ha trasladado también esta situación? ¿Se va a pedir devolución de ese dinero? Porque, al final, estamos hablando de dinero de todo el mundo, del suyo, del mío, del ciudadano que pasa por la calle, del que paga sus impuestos... Por tanto, creo que son preguntas de obligada respuesta. ¿Se van a legalizar todas las obras que estaban hechas, supuestamente sin licencia, o se van a demoler? No sé, creo que son cuestiones fundamentales que, de algún modo, deberían ser respondidas.

Nosotros —ya se lo decía— tenemos la sensación de que, una vez que se ha puesto el juzgado las pilas, curiosamente, como consecuencia de las demandas que se han producido por un partido político del ámbito de Caspe, cuando la prensa ha ido sacando cosas y cuando Izquierda Unida ha llevado esta situación a Bruselas, pues han empezado a hacer tímidos movimientos (que si Confederación sanciona por una captación de agua que nadie sabía, que si el departamento empieza a mover algún tipo de expedientes...). Pero lo cierto, señor consejero, es que hay, según medios de comunicación, diecisiete imputados (ex altos cargos de la Administración que dirige entre ellos), ex alcaldes y ex concejales de un ayuntamiento, destrucción de zonas protegidas, acusaciones en prensa muy graves que dicen que se paralizaban políticamente —lo cual ya he dicho yo que, bueno, cuando menos, habría que investigarlo—.

Y además de facilitar la información a Europa y al juzgado, ¿por qué no se persona activamente el Gobierno de Aragón como parte en el proceso? A mí me parecería razonable. ¿Por qué el Gobierno de Aragón no forma parte activa del proceso judicial y dice: «oiga, yo lo quiero aclarar hasta el último milímetro y yo me persono»? Pues creo que sería una cuestión importante. Me gustaría que me lo explicara, porque la situación y lo que se ha dicho es lo suficientemente grave como para que el Gobierno de Aragón, a mi juicio y a juicio de nuestro grupo parlamentario, forme parte activamente de este proceso.

Finalizo, voy finalizando, señor consejero.

El asunto de Caspe pudiera ser —ha salido también el tema de Nonaspe— no exclusivo en el uso del PEBEA. Nosotros hemos pedido información en relación con un asunto en el ámbito de Mequinenza —usted lo sabe—, hemos pedido, por el artículo 12, algún tipo de información, y vamos a ver qué nos dice de la información que usted nos mande, porque, se lo digo muy en serio, nuestro grupo parlamentario trasladará estas cuestiones a Bruselas, si ustedes no lo hacen, si vemos que pudiera ver algún tipo de irregularidad en transformación sin autorización de terrenos y si hubiese también, como parece que pudiera haber, algún tipo de denuncias de APN en el ámbito de estas localidades.

Decía Isaac Asimov que la suerte favorece solo a la mente preparada. Parece que aquí pudiera haber algunas mentes «preparadas» —entre comillas—, y, por todo eso, creemos que habido gente que ha tenido mucha suerte...

El señor PRESIDENTE: Termine, señor Aso.

El señor diputado ASO SOLANS: Sí, sí, voy finalizando, señor presidente.

El problema es que esta suerte va en perjuicio del interés general, y de usted depende, de su departamento, que la suerte que a algunos les ha tocado quede en nada y que estos trámites se paralicen, se sancionen y se cumpla con la legislación vigente.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso.

El siguiente turno corresponde a Chunta Aragonesista. Señor Palacín, tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, señor presidente.

Señorías. Señor consejero.

Hoy debatimos sobre un tema que no hace más que ahondar en el descrédito de algunos políticos: unos, por haber hecho demasiado, por haber hecho alguna cosa dudosa, y otros, por no hacer absolutamente nada. Y esto, al final, nos salpica a todos y creemos que es algo grave, y ustedes, que tienen responsabilidad de gobierno, tienen que hacer una reflexión.

Cuando suceden actuaciones de este tipo hay que ser firme y actuar de una forma adecuada, no solamente trasladar información, sino personarse de forma activa y protestar ante una agresión a una zona protegida, como puede ser la zona de La Herradura, que desde el año 1999 hasta el año 2010 se ha visto afectada, se han realizado diversas construcciones sin tener en cuenta para nada la riqueza natural que hay en la zona ni que es una zona ZEPA, lo que le ha afectado, según informes tanto del Seprona como de agentes de protección de la naturaleza, con lo cual no se ha garantizado en ningún momento la seguridad de este espacio protegido, no se ha respetado, y no se ha respetado, por supuesto, la riqueza en cuanto a biodiversidad que existe en la zona.

Es grave que se lleven adelante estas obras; es grave, todavía más, que estén implicados cargos públicos o ex cargos públicos, que nos parece una auténtica barbaridad, y más grave nos parece, como aparecía en prensa, que el Gobierno de Aragón hubiese permitido unas obras que son ilegales. Nos parece tremendo cuando, además, existían denuncias, existían informes negativos, tanto de los agentes de protección de la naturaleza como de distintos técnicos del departamento de Agricultura y de Medio Ambiente en su momento, que pusieron de manifiesto que las cosas se estaban haciendo mal, que se estaban produciendo actuaciones y tramitaciones que incumplían la legalidad.

Y antes no se hizo nada, pero usted, en los últimos dos años, tampoco ha hecho nada de lo que le comentaba anteriormente: hay que ser activo en un tema de estas características, con un problema como este, no solamente dedicarse a dar información cuando se la soliciten desde un juzgado. Pensamos que el Gobierno de Aragón se tendría que haber posicionado y haber actuado, como decía, de forma activa.

Todos estos informes, al final, no impidieron que se llevasen adelante las construcciones, las transformaciones del terreno, las extracciones de árido, con lo cual, ¿para qué sirven estos informes negativos del Departamento de Medio Ambiente?, ¿para nada? Estamos dando un mensaje a la ciudadanía que pensamos que es negativo.

Es lo mismo que está sucediendo en este momento con las obras que se están acometiendo en Yésero, en la comarca del Alto Gállego, donde, con informes negativos por parte del Inaga, estas obras se siguen llevando adelante. Parece ser que, por la presión que se ha ejercido, las noticias que tenemos es que se han parado hoy, pero es que hasta ese momento, pese a que los informes eran ya de hace unos cuantos años, el departamento no ha hecho absolutamente nada para impedir que se lleven adelante unas obras que están haciendo destrozos, que están haciendo daño al territorio, y pensamos que el Gobierno de Aragón y que el departamento tendrían que actuar con mucha más firmeza.

En este caso, en el caso de La Herradura, ya los datos son pues que se ha transformado en regadío el doble de lo que estaba autorizado, todo sin estudio de impacto ambiental, como decía, afectando a una zona ZEPA —esto lo ha dicho el Seprona, o sea, no nos lo hemos inventado nosotros—, se está cogiendo mucha más agua de la que estaba autorizada, con lo cual creemos que, aquí, sabemos que no es competencia del Gobierno de Aragón, pero, de cara a la CHE, a la Confederación Hidrográfica del Ebro, algo más tendrían que hacer. Por eso, y para terminar, le voy a hacer alguna pregunta más.

¿Va a exigir responsabilidades, como Gobierno de Aragón, ante todo lo que ha sucedido en la zona de La Herradura? Pero no solo externamente, sino también internamente, porque, dentro del departamento, pues, a lo mejor, algún toque hay que pegar, porque esto, desde luego, pensamos que no puede ser.

Nos gustaría también saber si van a pedir o van a exigir que se restauren todos los daños que se han hecho hasta este momento. Creemos que es una responsabilidad, al final, del departamento, del Gobierno de Aragón, y nos gustaría que nos aclarase si realmente van a pedir que se restauren los daños y, sobre todo, si se van a exigir esas responsabilidades.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín.

El turno del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. Señor Peribáñez, cinco minutos.

El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, señor presidente.

Señorías, hablamos de una cuestión que, como bien ha dicho el consejero, no es de ayer, ya lleva unos años dando vueltas por ahí.

Bueno, es cierto que hay una realidad que todos conocemos en mayor o en menor medida. Yo creo que hay algo, señor consejero, que creo que solo hemos escuchado algunos, ha dicho: «voy a dar la información objetiva que pueda dar porque es un tema, un asunto que está sub iúdice en el juzgado», ¿no? Por lo tanto, yo creo que a partir de ahí, si queremos hacer un pensamiento en voz alta, lo hacemos; si queremos hacer política sobre hechos que se están judicializando, lo hacemos, y si queremos dar una opinión partidista y personal, pues la respetamos y poco más.

Lo cierto es que hay un expediente donde, en dos direcciones distintas, desde nuestro punto de vista, se abre el expediente administrativo, donde hay unos trámites administrativos, efectivamente, que derivan, al parecer, de unas prescripciones por el tiempo transcurrido, y otros que derivan en función, también al parecer, de incumplimientos de la legalidad (temas medioambientales, Ley de aguas, etcétera) y que tienen unas sanciones correspondientes.

Efectivamente, hay unas denuncias que se ponen en conocimiento de la autoridad judicial, y se está tramitando el expediente, se están llevando a cabo las diligencias judiciales, el esclarecimiento de los hechos. Ustedes aquí están pidiendo explicaciones y dice: «descrédito de los políticos»... Yo entiendo que en este momento no es una cuestión de ser creíble o no, es una cuestión de discreción, es una cuestión de prudencia y es una cuestión de que los jueces se pronuncien sobre un procedimiento que está ahí. Punto.

Hay unas personas implicadas, unos imputados, que no significa que sean culpables, son imputados —espero que tengan claro el concepto de imputado—, y vamos a ver qué dice la autoridad judicial, que es, al final, quien tiene que resolver este problema, y partir de ahí ya veremos a ver si el consejero, en su responsabilidad, hace lo que tenga que hacer. ¿Tiene que abrir el consejero unos expedientes paralelamente o no al procedimiento judicial? Yo creo que lo que está haciendo ahora mismo es correcto: esperar a que se resuelva este expediente en el trámite judicial, y a partir de ahí ya hablaremos. Me parecería una aventura y una falta de responsabilidad y un descrédito político que se llevaran a cabo actuaciones sin conocer la realidad de unos hechos que ahora mismo están en manos de la justicia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribáñez.

El Grupo Parlamentario Socialista. Señor Vicente, tiene la palabra, también por tiempo de cinco minutos.

El señor diputado VICENTE BARRA: Gracias, señor presidente.

Señorías.

En primer lugar, quiero agradecerle al señor consejero su información, en la que ha hecho un relato pormenorizado y objetivo de lo que ha ocurrido desde que él tiene conocimiento de los hechos —me imagino—. O sea, que nos ha hecho un relato concreto de hechos concretos que han sido, además, facilitados a la justicia, facilitados al Seprona, facilitados a la Unión Europea. Y, por lo tanto, pues también le tengo que felicitar pues porque está haciendo lo que tiene que hacer: colaborar con las instituciones y colaborar con la justicia.

Además, por lo que hemos visto, es una actuación en la que han intervenido numerosos funcionarios del Gobierno de Aragón, no uno ni dos, sino muchos, y eso, a mí personalmente, pues también me da cierta o mucha garantía de que las cosas se han hecho bien.

Otro asunto que también quiero destacar porque creo que es importante es que sean los propios servicios jurídicos del Pignatelli, los propios servicios jurídicos del Gobierno, los que estén defendiendo la actuación de estos funcionarios, a muchos de los cuales yo, personalmente, los conozco, y espero y deseo que las cosas salgan como los servicios jurídicos están diciendo, que parece ser que muchas cosas han prescrito y otras, pues que no tienen razón las denuncias.

En todo caso, nosotros vamos a ser absolutamente respetuosos con la situación legal en la que se encuentra el asunto. Está, como usted bien ha dicho, sub iúdice, y nosotros no vamos a opinar y vamos a esperar a ver qué dicen los jueces y qué dice Europa, que yo creo que es lo razonable.

Por otra parte, no puedo pasar sin decirle al señor Aso que, claro, lanzar que, prácticamente, ha habido una connivencia de los funcionarios con un ex alcalde socialista de Caspe me parece, como mucho, pues, hombre, que tendría ser usted un poco más prudente. No sé si lo ha dicho así, tan tajante como lo estoy diciendo yo, pero, desde luego, así lo he entendido yo. Ha nombrado a un ex alcalde, y, según esto, habido ahí pues... permisividad hacia las actuaciones que ha hecho. Yo creo que me gustaría que lo aclarase cuando pueda, porque que creo que las cosas no son así.

Y al señor Palacín, decirle que, efectivamente, es un paraje que está protegido, pero que usted, bueno, su grupo, junto con el mío y con el resto de los grupos de Caspe, sabe que hace apenas unos días, en la Comisión de Urbanismo —creo— del Ayuntamiento de Caspe, han solicitado la exención de paraje de especial protección dentro del Plan general urbano de Caspe; digo que, si no lo sabía, se lo recuerdo, porque lo hemos votado todos. Que sí que es un paraje singular y que hay que respetar y que hay que defender, pero que le digo por si ese dato no lo tenía.

En todo caso, señor consejero, yo creo que usted está haciendo las cosas como las tiene que hacer, colaborando con los que lo están investigando, y, cuando tengamos la opinión de los jueces, la opinión de Europa y la opinión de las instituciones, nosotros seremos respetuosos con esas decisiones.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicente.

El turno, a continuación, del Grupo Parlamentario Popular. Señor Salvo, cinco minutos.

El señor diputado SALVO TAMBO: Señor presidente, muchas gracias.

Señores diputados.

Señor consejero, bienvenido a la nada, porque esta comparecencia a petición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida se integra en un limbo político y jurídico, en una nada en la que intentan mezclar pasado, presente y futuro, que, sinceramente me tiene o nos tiene desconcertados.

Porque esa petición que requiere informar sobre las iniciativas realizadas por el departamento en las roturaciones realizadas sobre el Paraje de La Herradura, situado en zona ZEPA en el término municipal de Caspe, tiene un pasado, el transcurrido entre los años 1999 y 2010, en un departamento del Gobierno de Aragón dirigido y administrado por el Partido Socialista. Es el período importante, el período clave, porque es cuando se producen los hechos que nos ocupan, cuando se presentan las primeras denuncias, cuando se inician las actuaciones judiciales ante presuntas actuaciones irregulares y, finalmente, cuando se deberían haber asumido las posibles responsabilidades políticas, distintas de las jurídicas, hecho que, como es habitual, no suelen realizar quienes tenían que hacerlo.

Pero esta iniciativa tiene también un presente cuando, después de varios lustros de silencio político, con un Gobierno distinto al dirigido ahora por el Partido Popular, ustedes se acuerdan ahora de que existe La Herradura y la ZEPA de Valcuerna, Serreta Negra, Liberola o la Red Natura 2000, y la sacan a relucir en un pleno de estas Cortes, en una comparecencia de un consejero. Un consejero al que, como mucho, se le puede considerar testigo notarial de unos hechos que, insisto, ejecutados por otros y ejecutados en un pasado, han prescrito en un porcentaje elevado en el momento en que nos encontramos, y otros se encuentran en un proceso judicial en el que la Administración y la política tienen poco que decir, salvo colaborar e informar en lo que se les solicite por el poder judicial. Montesquieu sigue siendo Montesquieu, mal que les pese a algunos.

Porque desde el 2011, cuando el actual del Gobierno de Aragón se hace cargo del área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, su actuación ha sido impecable. La revisión y el control de los expedientes implicados lo demuestra, un control y unos expedientes que han generado sanciones tanto por parte de la DGA como de la CHE, o el atestado AMA, con inicio del 16 de marzo del año pasado, cuya lectura no tiene desperdicio, sin olvidar el demoledor informe del Seprona del pasado 11 de abril, que abre de nuevo la caja de los fantasmas del pasado.

Si fuésemos malpensados, podría intuirse su acción de remover el barro con el objetivo de que ese barro manche políticamente al actual consejero. Yo, sinceramente, no creo que ese sea su objetivo, porque este consejero está tan alejado de ese barro que difícilmente podrían implicarle, y eso ustedes lo saben perfectamente.

Entonces, ¿por qué y para qué? Antes he hablado de pasado, presente y futuro, pero del futuro aún no he dicho nada, y es que pienso que es ese futuro el que esconde eso, porque es ese para qué. Porque ese futuro pasa por actuaciones en el Parlamento Europeo, donde el Paraje de La Herradura puede ser protagonista y dar carnaza a algún eurodiputado que, cual Guillermo Tell del ámbito ecológico, le permita arremeter contra los desmanes que han sido efectuados, como mínimo, hace cinco años, en un ámbito, el europeo, que tiene cosas más importantes de las que ocuparse, y así se plasma en su denuncia ante la Dirección del Medio Ambiente de Bruselas. ¿No les hubiese bastado con acudir en tiempo y forma a las administraciones estatal o autonómica? Termino, señor presidente, tan desconcertado como cuando empezó esta comparecencia.

Entonces, ante unos hechos y unas actuaciones cometidos antes del 2010, hay procesos judiciales en marcha en los que, como ha dicho el consejero, no podemos ni debemos influir; otros han prescrito y otros han sido sancionados conforme a las leyes vigentes.

Si en un asunto tan lejano, aunque sea importante, sus futuros no han dudado en morderles, políticamente hablando, déjeme que termine mi intervención con esa reflexión y ese dicho tan frecuente en política, tan real como la vida misma: con estos amigos, ustedes no necesitan enemigos.

Gracias, señor presidente. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Salvo.

Señor consejero, puede intervenir.

El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente. Señorías.

Lamento profundamente la decepción causada a los Grupos de Izquierda Unida y CHA por no haber entrado en un debate político en el que ya anuncié que no iba a entrar por respeto a la situación judicial en que se encuentra.

Y aprovecho también para agradecer a los otros grupos, Partido Aragonés, Partido Socialista y Partido Popular que compartan la visión del respeto a la justicia que las palabras objetivas mías ponen de manifiesto.

Por lo tanto, no tengo nada que añadir, o quizás solamente una cosa, a lo que he dicho anteriormente, y, ya que han sido citados, voy a referirme a los siete imputados.

Sobre las diligencias previas de esos siete imputados, tengo que decir, como ya se ha dicho y lo reafirmo, que han asumido su defensa los letrados de la Dirección General de Servicios Jurídicos. Por parte del letrado correspondiente de los Servicios Jurídicos, al ser momento procesal adecuado, se ha solicitado el archivo de las actuaciones respecto a cinco de ellos, estando pendiente de decisión judicial, y, con respecto a los otros dos, cuando llegue el momento oportuno judicial, se hará exactamente lo mismo, en espera siempre de la decisión judicial.

Por lo tanto, me reafirmo en lo que dije: por respeto a la justicia, me parece que esta es la intervención más adecuada con la justicia y con la realidad de los hechos, que es la justicia la que tiene que hablar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.