Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

Informo a sus señorías de que el punto once, la proposición no de ley número 129/01, presentada por el Grupo del Partido Aragonés, ha sido pospuesta para otro Pleno. Por tanto, ahora seguimos con el punto diez, que es el debate y votación de la proposición no de ley 124/01, sobre la adjudicación de suelo para la construcción de viviendas a promotores inmobiliarios, presentada por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.

Para la presentación y defensa de la proposición no de ley, en nombre de Chunta, tiene la palabra su diputado señor Fuster.

Proposición no de ley núm. 124/01, sobre la adjudicación de suelo para la construcción de viviendas a promotores inmobiliarios.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, señor presidente.

Señorías, a raíz de conocerse a través de la opinión pública la sensación extendida de que se habían cometido fraudes por sobreprecio de viviendas en la promoción de Parque Goya I de esta ciudad, de Zaragoza, Chunta Aragonesista plantea esta iniciativa que, como ya vimos y debatimos con motivo de otra iniciativa y la comparecencia del consejero en la Comisión de Ordenación Territorial el pasado martes, en este caso pretende no hacer saña política ni leña política, sino sacar conclusiones en positivo para intentar dar respuesta a un problema que ha generado, sin duda, una gran alarma social porque afecta a muchos miles de ciudadanos, a muchas miles de familias en algo que les afecta y que les hipoteca en la mayoría de los casos para toda su vida, como es el acceso a una vivienda digna, el acceso a una vivienda. En este caso hablamos de viviendas protegidas y, en consecuencia, hablamos de las clases sociales más desfavorecidas o los jóvenes, que son los principales destinatarios de este tipo de viviendas.

El problema se agudiza y se agrava, y, por tanto, requiere de soluciones más ingeniosas, más inteligentes, cuando comprobamos en el caso concreto de Aragón el escaso número de viviendas protegidas que se construyen, los altos precios que alcanzan en el mercado libre y el hecho de que una gran parte de la población únicamente pueda acceder al mercado inmobiliario a través de vivienda protegida. Todo ello hace necesario que actuemos, que se actúe con especial rigor en los procesos de adjudicación de este tipo de viviendas, de este tipo de promociones de viviendas públicas.

Conocidas las actuaciones que el Gobierno de Aragón está emprendiendo a través del recién creado Servicio de inspección en materia de vivienda, conocidas algunas denuncias presentadas en asociaciones de consumidores, aunque no presentadas formalmente ante los organismos que podrían actuar en materia tributaria o en materia de inspección, y viendo y constatando que estos sobreprecios son algo que, efectivamente, ha podido suceder en mayor medida, en mayor o menor grado en esta promoción, pero que, desde luego, puede suceder si no ponemos coto y no ponemos medidas que lo eviten en futuras promociones, en la de Parque Goya II pero también en las futuras de Valdespartera y en otras que se hagan en el resto de la comunidad, en Huesca, en Teruel, en Binéfar o en todos los lugares donde se construya vivienda pública, donde se construya vivienda protegida, para evitarlo, es por lo que planteamos una iniciativa en la que intentamos marcar al Gobierno las pautas que debe seguir en esta materia para intentar solucionar el problema en el futuro, también para clarificar y transmitir a los ciudadanos la necesaria transparencia respecto a las ya adjudicadas pero sobre todo para el futuro.

Y, en este sentido, la primera de las medidas que proponemos -repito, todas ellas tendentes a transmitir y a velar por la transparencia del proceso de selección y adjudicación de viviendas- al objeto de evitar esos fraudes detectados es instar al Gobierno, instarían las Cortes de Aragón al Gobierno de Aragón, a «revisar las adjudicaciones de suelo a promotores inmobiliarios que se llevaron a cabo en Parque Goya I con el objeto de constatar si reunían los requisitos exigidos para su concesión tanto por la normativa en materia de vivienda como por la específica del procedimiento de adjudicación». Igualmente, proponemos la comprobación del estado actual de las viviendas de Parque Goya I respecto a si están vacías o a si están ocupadas por los adjudicatarios, que, de conformidad con la normativa específica establecida, debieran tener estos domicilios como domicilios habituales y permanentes suyos o de sus familias.

Hechas estas comprobaciones, que tenderían a regularizar o constatar si ha habido irregularidades y, en todo caso, a adoptar las medidas pertinentes en los supuestos en los que se detectaran o se demostraran, lo que pretende el tercer punto es dar respuesta a que esto en el futuro no pueda volver a suceder, no demos margen de maniobra suficiente para que aquellos promotores inmobiliarios que han querido especular o aquellos ciudadanos individuales que han querido hacer también su agosto aprovechándose de la intervención de fondos públicos en esta materia puedan hacerlo, es decir, que tengan un efecto disuasorio las medidas que adoptemos para que no se les ocurra hacerlo, no demos facilidades.

Por eso, proponemos que, a partir de ahora, el proceso de selección y adjudicación de las viviendas de las promociones privadas que, como es el caso de Parque Goya II, entre otras, lleve a cabo, se lleve a cabo sobre suelos públicos, e impulsadas, por tanto, desde el Gobierno de Aragón, se realice a través del Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón. Quiero dejar claro que, cuando decimos que se realice a través del ISVA, no queremos decir que el ISVA se convierta en un promotor, es decir, deben poder hacerlo igualmente los promotores o las cooperativas igual que hasta ahora, pero garanticemos que el proceso se haga de la forma que establezcamos a través del ISVA, es decir, a través de un organismo público que garantice que las cantidades que se pagan sean exactamente las estipuladas y no otras, es decir, que no haya intermediarios entre la propia Administración y el consumidor, es decir, el comprador de la vivienda. Y hay muchas fórmulas para hacer eso, desde el simple depósito de las cantidades en el ISVA para que, a su vez, el ISVA las pueda reintegrar a los promotores o las cooperativas que hayan llevado a cabo la promoción o cualquier otra fórmula que pueda establecerse. En todo caso, que el control de la Administración, en este caso a través del organismo pertinente para ello, que es el ISVA en el caso del Gobierno de Aragón, sea una realidad para impedir que esto pueda suceder.

Conocidas, además, también las intenciones del Gobierno de Aragón a través de esa comparecencia, hemos estado hablando y negociando los grupos para incorporar nuevas propuestas que intenten dar una solución más amplia y más general al problema. Pero de eso, como son aportaciones de los demás grupos y nos faltan cinco minutos o un minuto para terminar de perfilar estas acciones que estábamos haciendo, ya serán los propios grupos los que informen y presenten ante esta cámara cuáles son sus aportaciones para intentar dar una respuesta global, general y con el máximo consenso posible a este problema, que es muy grave, que es muy importante, y la ciudadanía en general nos agradecerá que sepamos impulsar para que el Gobierno de Aragón pueda dar soluciones definitivas al problema.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.

Turno de grupos enmendantes.

Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón. Señor Lacasa.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, señor presidente. Señorías.

Esta misma semana teníamos ocasión de escuchar una interesante comparecencia del consejero de Obras Públicas, el señor Velasco, al respecto de las noticias o de la polémica suscitada en torno a las viviendas de Parque Goya I. Creo que la comparecencia del consejero fue absolutamente clara y dejó las cosas zanjadas y creo que dejó el tema absolutamente visto para su -digamos- ratificación hoy en el Pleno a través de esta iniciativa parlamentaria.

Señorías, aquí hay un problema, y un problema grave, y el problema grave es que el precio de la vivienda en Aragón, pero en toda España, se ha elevado exponencialmente en los últimos años, las viviendas se han encarecido con un índice de crecimiento muy superior a lo que ha crecido, por supuesto, la economía o el índice de precios al consumo, con un precio exponencialmente superior, y, por lo tanto, lo que es un bien de primera necesidad para los ciudadanos como es la vivienda se ha convertido, prácticamente, en un bien de lujo al cual tienen acceso unas capas muy determinadas de la población pero no pueden acceder otras capas muy desfavorecidas.

La solución. Desde luego, se ha visto que desde el punto de vista liberal, desde el punto de vista del mercado, no hay solución puesto que, a mayor suelo, a mayor disposición de suelo, más encarecimiento del precio de la vivienda porque hay expectativas de compra superiores y, por lo tanto, siempre hay un comprador que está dispuesto a poner más dinero y a expulsar del mercado a quien no tiene los recursos suficientes.

Por lo tanto, el único mecanismo para poder zanjar y para poder atajar la carestía del precio de la vivienda, desde el punto de vista de Izquierda Unida pero creo que puede ser compartido por toda la cámara, es la decidida intervención de los poderes públicos poniendo suelo urbanizado y poniendo, sobre todo, voluntad política y hechos concretos para promover viviendas protegidas. Es la única solución: el impacto directo de las administraciones provocando vivienda protegida, que hace que el promotor privado sobre suelos privados y en vivienda libre tenga una muy fuerte competencia y tenga que bajar sus precios.

Esto ¿cómo se hace? Evidentemente, teniendo un paquete muy importante de vivienda protegida. Y el consejero lo recordaba el otro día en la comisión, en este país había más de un 40% de vivienda protegida hace una serie de años y, sin embargo, hemos bajado de ese 48% de vivienda protegida al 8% y hemos perdido cuarenta puntos en los últimos años de gobiernos populares, hemos perdido cuarenta puntos de vivienda protegida en este país, que es una auténtica barbaridad y es un drama para la ciudadanía de este país. Y, entonces, la única solución es decididamente acometer esta vivienda protegida y, desde luego, tener pisos que se están vendiendo a lo mejor en el entorno de catorce millones y enfrente, en la vivienda libre, van a estar vendidos por veinticinco o más millones de pesetas. Claro, hay una diferencia, hay un notable abaratamiento del coste para quienes optan por la vivienda de protección oficial en función de unos baremos económicos.

Pero ¿qué sucede, señorías, con este esfuerzo económico que hacen las administraciones para poner suelo público o para favorecer, junto con la iniciativa privada y con la iniciativa social, que está dispuesta a hacer vivienda de protección oficial? ¿Qué pasa con esto? Pues que, para un piso que tiene una expectativa en el mercado diez millones superior a la que se está vendiendo en la protección, lógicamente, hay siempre algunos aprovechados, sean promotores o sean adquirentes que quieren hacer luego el gran negocio de su vida, que están con la posibilidad de hacerlo, de intentar hacerlo. Y, desde luego, la conclusión de este debate tiene que ser que ponemos todos los medios al alcance del Gobierno de Aragón para impedir que alguien haga negocio a costa del esfuerzo del parlamento, de las Cortes de Aragón cuando aprueba un presupuesto y le da dinero al ISVA para poder financiar este tipo de viviendas protegidas.

Y ahí está la clave, lo que tenemos que sacar hoy, la conclusión. Ya una parte nos tranquilizó el consejero. Nos dijo que meses antes de que apareciera cualquier noticia al respecto ya había por parte de la DGA un servicio de inspección y estaba trabajando en torno a los rumores, ninguna denuncia formulada oficialmente pero sí rumores, y estaba trabajando en la investigación. Y, evidentemente, los procedimientos de inspección tienen que ser rigurosos y traer las conclusiones en cuanto tengan los procedimientos realizados.

Pero, además de esto, tenemos la obligación de dar más respuestas y poner más dificultades a la picaresca. Y nosotros planteamos dos medidas básicas que creemos que pueden ser fundamentales: una dirigida hacia los promotores y las cooperativas y otra dirigida hacia los adquirentes de futuro.

Respecto a los promotores inmobiliarios o cooperativas de vivienda, nosotros decimos que aquéllos que aspiren a realizar viviendas protegidas en suelo adjudicado por la Administración, en este caso por el ISVA, y quieran presentarse a los concursos por los cuales el ISVA está facilitando suelo a coste cero o a un coste muy bajo, esos futuros adjudicatarios presenten siempre relación nominal y ordenada de los futuros adquirentes a los que se comprometen a vender dichas viviendas a los precios legalmente establecidos según el régimen de protección, como requisito imprescindible para poder ser adjudicatarios.

Señorías, si yo quiero presentarme a un concurso de la DGA para que me adjudique una parcela y yo estoy obligado a presentarme con una relación nominal de a quién voy a vender esos pisos, como de hecho ya hacen las cooperativas porque tienen que presentar la relación de los cooperativistas, si, además, los promotores encauzan también en esa dirección para que presenten al ISVA a quién se comprometen a vender por el precio tasado y lo hacen antes de ser adjudicatarios, la picaresca se reduce drásticamente porque, entonces, para meter en esa lista a los ciudadanos no pueden pedirles dinero porque no saben si van a ser adjudicatarios de la parcela, y ¿quién va a dar dinero de sobreprecio a alguien que todavía no tiene la adjudicación de la DGA cuando hay cien ofertas para nueve parcelas o seis parcelas de la DGA? Por lo tanto, con ese listado y teniendo luego la DGA ese listado, pudiendo contactar directamente con los ciudadanos, va a mermar de forma drástica la posibilidad de fraude por parte de los promotores y por parte de las cooperativas.

Pero, en relación con el segundo aspecto, con el segundo flanco, con los rumores que se plantean de aquella persona que se ha beneficiado de un piso a un precio muy económico y, por lo tanto, puede estar tentado de intentar lucrarse poniéndolo en el mercado al precio que el mercado esté dispuesto a pagar por él, tenemos que establecer modificaciones normativas que nos permitan ejercer dos derechos básicos de la comunidad autónoma (son el derecho de tanteo y el derecho de retracto), de forma que quien aspire a vender esa vivienda tenga que comunicarlo obligatoriamente al Gobierno de Aragón para que el Gobierno de Aragón pueda comprarle la vivienda a él si quiere, el Gobierno de Aragón pueda comprársela por el mismo precio por el que la adquirió quien pretende hacer la transacción, precio oficial, por supuesto, con el índice de crecimiento legalmente establecido. Entonces, con este tanteo o bien, si el particular no lo cumple y quiere burlar a la Administración, ejerciendo el derecho de retracto, estamos recuperando para el patrimonio público del suelo todas las viviendas que los particulares quieran vender y quieran, por lo tanto, hacer que escapen al control de la Administración y burlando las normativas que estamos planteando.

Ya Izquierda Unida lo defendió y ya Izquierda Unida lo planteó en la Ley de acompañamiento a los presupuestos del año 2000, donde ya se refleja este derecho de tanteo y retracto, pero se reflejaba sólo para el patrimonio municipal del suelo. Fue una incorrección, es decir, no contemplamos todas las posibilidades y sí dimos instrumentos a los ayuntamientos pero no dimos instrumentos correctos a la comunidad autónoma. Por lo tanto, hay que modificar normativamente para que la comunidad autónoma pueda también ejercer tanteo y retracto sobre estas viviendas protegidas y pueda tener ese colchón jurídico para poder actuar en esta materia.

Por lo tanto, creo que son soluciones concretas, tangibles, instrumentos en manos de un gobierno, que es de lo que se trata. Y termino. Pero de lo que no se trata bajo ningún concepto es de que esta supuesta, real, polémica -lo veremos en función de las inspecciones y en función de a donde lleguemos- sirva para paralizar ni un milímetro, sino todo lo contrario, la decidida política de vivienda que Izquierda Unida exige al Gobierno de Aragón, que ha sido una de las líneas fundamentales para el apoyo a la investidura de Iglesias y para la continuación en el apoyo al Gobierno de Aragón. Porque entendemos que educación, sanidad y vivienda son tres derechos básicos para los ciudadanos que deben ser cubiertos y deben ser auxiliados por el Gobierno de Aragón.

Y, por eso, al consejero y al Gobierno les pedimos todavía más decisión, que no paralice esto ninguna de las potencialidades que tiene la comunidad autónoma en materia de vivienda protegida y que se animen a seguir trabajando, poniendo suelo a disposición de las iniciativas sociales o de los promotores que quieran trabajar en esa dirección o gestionándolas directamente en el caso de las promociones públicas para los regímenes de alquiler para las capas más desfavorecidas, pero, sobre todo, trabajen para que la vivienda protegida sea una realidad en la comunidad autónoma y eso suponga una bajada, una rebaja de los precios del suelo y de los precios de la vivienda, que hoy es lo que todos estamos esperando sinceramente.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lacasa.

El Grupo Parlamentario Popular tiene presentadas cinco enmiendas. El señor Pérez tiene la palabra.

El señor diputado PÉREZ VICENTE: Gracias, presidente.

Señorías, después de estas intervenciones de Chunta y de Izquierda Unida estamos comprobando que se repite el debate del martes en la Comisión de Ordenación Territorial, no hay ninguna novedad. Estoy viendo las mismas posturas, quizás las novedades se centren mañana en la interpelación al consejero sobre las medidas y las políticas para permitir el acceso a la vivienda a los aragoneses. Pero vayamos al tema.

¿Cómo queda esta proposición no de ley? ¿En qué situación queda después del debate de hace cuarenta y ocho horas y de la exposición que han hecho en esta tribuna, sobre todo Chunta Aragonesista e Izquierda Unida? Porque, señor portavoz de Chunta Aragonesista, usted nos pedía el martes huir de la batalla política. Estamos comprobando, y lo entendemos, que se refería a huir de la batalla política contra el Partido Socialista, está quedando muy claro, ésa es la que ustedes tratan de evitar, esa batalla política contra el Partido Socialista. Será que están trabajando ya para que algo cambie. No lo sé, ya lo veremos. Nosotros, desde luego, seguiremos trabajando en este parlamento planteando batalla política con iniciativas con criterio y con alternativas.

Y también se refirió a que había que huir de la demagogia, y aquí se ha vuelto a decir que no había que tener saña con estos temas de vivienda. Pues, bueno, ahora tenían la oportunidad de indicarnos el camino, y sobre todo después de la reunión que hemos mantenido antes de esta intervención. Porque, claro, si analizamos ya su exposición de motivos, el segundo párrafo sobraría en su totalidad porque ya hemos visto como el señor consejero fue rotundo y claro, y se ha dicho en esta tribuna, en su comparecencia el martes en comisión, no existía ninguna denuncia. Lo que sí también queda rotundamente claro es que el señor consejero, por lo visto, tiene muchísima más paciencia con ustedes que la que dijo en su primera intervención en la comisión tener con nosotros, porque ustedes en su exposición de motivos, como todos podemos leer, hablan de «multitud de posibles casos de exigencia de sobreprecio», hablan de «presuntos casos de fraude», pero con ustedes se tiene la paciencia aunque con nosotros se decía que la paciencia estaba llegando casi a su fin.

Muy bien. Pues, bueno, nosotros estamos ante esta proposición no de ley y entendemos que, con las manifestaciones del señor consejero, lo fundamental es ese borrador, ese anteproyecto que ya tiene preparado su departamento, que se ha dicho por activa y por pasiva que se presentará en esta cámara al empezar el próximo período de sesiones, entendemos que puede ser en septiembre, octubre, a principios se dijo, y sobre todo para controlar estas promociones de vivienda de protección.

Nosotros, en este estado del debate y hechas las consideraciones anteriores, sí que hemos presentado cinco enmiendas. Vemos que es una proposición no de ley, por lo que hemos venido escuchando y por lo que escucharemos con toda seguridad luego al Partido Socialista, que es una iniciativa que pretende decirle al Gobierno que haga lo que hace cuarenta y ocho horas dijo que estaba haciendo, hace cuarenta y ocho horas dijo que tiene que hacer, porque ésa es la normativa nuestra que tenemos aprobada. Y, además, sólo hay que leer -lo podemos hacer todos- el Decreto 189/1998, el artículo 12 de ese decreto, cómo dice textualmente cuáles son las obligaciones del Gobierno de Aragón, y un decreto que hace tres meses presentó y aprobó el Consejo de Gobierno, de nuestro Gobierno de Aragón, el Decreto 21/2000, donde vienen y se especifican cuestiones concretas sobre adjudicaciones de vivienda. Fíjense, hace tres meses, un decreto que ya estamos cuestionando en esta cámara y por todos los grupos políticos. Quizás, si se hubiera iniciado de otra forma, ahora estaríamos más avanzados en lo que es el control de la adjudicación de viviendas de protección.

Pero, por ceñirme a nuestras enmiendas, empezamos por enmarcar el objeto de la proposición no de ley en dos cuestiones para nosotros fundamentales, no sólo la adjudicación, sino también la selección. Creemos que el proceso de selección es tan importante como el de adjudicación. Por eso, con determinadas enmiendas y determinadas posturas, sobre todo defendidas por Izquierda Unida, donde quiere obviar el proceso de selección, ¿qué ocurre?, ¿que van a venir al Gobierno ya con una lista y el Gobierno de Aragón no va a poder decir nada sobre ese proceso de selección? ¿Qué lista van a presentar al Gobierno de Aragón? Poco control o mal control podrá hacer el ISVA o el Gobierno de Aragón si le traen las listas hechas, que es lo que, por lo visto, se plantea por la izquierda de esta cámara: que se presenten las listas ya hechas al departamento, al Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón.

Nosotros, no obstante, porque esta proposición no de ley va seguir adelante, dábamos un texto alternativo sobre todo a la cuestión que se plantea de revisión de esas adjudicaciones de suelo que se han hecho a los promotores. Y planteamos un texto donde, si revisamos, revisamos todas las adjudicaciones que se han hecho en Parque Goya. O sea, parece ser que algún grupo quiere plantear esas manifestaciones tan efusivas sobre esas medidas de transparencia y de control sólo en Parque Goya I. ¿Por qué en Parque Goya? Si, además, hay una cuestión muy clara: la calificación definitiva y los contratos de compraventa de Parque Goya I se hicieron por este Gobierno, se han hecho por este Gobierno. Las adjudicaciones que se han hecho en esta legislatura por este Gobierno son casi con idénticos pliegos a los de la adjudicación anterior y, si me apura, casi hasta los mismos adjudicatarios en una gran medida. Por lo tanto, no queramos sólo derivar hacia Parque Goya I, entendemos que debe ser hacia Parque Goya. Y, desde luego, se hagan y se verifiquen esas adjudicaciones en función de la normativa específica del procedimiento de adjudicación, nunca, como se plantea en ese punto por parte de Chunta Aragonesista, sobre una normativa que desde nuestro punto de vista no existe a ningún nivel. O sea, ¿para qué vamos a decirle al Gobierno que cumpla una normativa que no existe? Lo que tiene que hacer es cumplir la que existe y la que está en vigor, la que nosotros mismos, los aragoneses, nos hemos dado.

También en el punto segundo, cuando se habla de esas comprobaciones, vuelven a decir de Parque Goya I... bueno, pues Parque Goya I. Tampoco pasa nada porque creo que es la obligación y la responsabilidad del departamento estas comprobaciones de forma habitual, como establece la normativa y en todas las promociones de nuestra comunidad. ¿Qué interés hay con Parque Goya I? A nosotros, desde luego, no nos importa hablar de Parque Goya I en absoluto pero creemos que se debe tener una más amplia visión para comprobar y realizar su trabajo el departamento y el ISVA con los mecanismos que tiene y, desde luego -y por eso lo mantenemos- en todas las promociones de nuestra comunidad.

Y también adelanto que, desde nuestro punto de vista, el punto número 3 -porque, como estoy dándoles a entender, creo que tanto el punto número 1 como el punto número 2 son simplemente para recordarle al Gobierno lo que tiene que hacer, tampoco aportan ninguna novedad- sí que nos parece interesante y, desde nuestro punto de vista, repito, vemos mucho más coherente la redacción que hace Chunta Aragonesista con nuestra aportación de ese proceso de selección y adjudicación -ahí sí que lo nombra- de las viviendas de las promociones privadas; entendemos -y hemos pedido que se modifique añadiendo «promociones privadas en suelo público»- que ésa sería la competencia que, como Parque Goya II, entre otras, pueda llevar a cabo la Diputación General de Aragón.

Consideramos que hay otros textos en los que nosotros sí que hemos hecho el esfuerzo de llegar a una transacción donde tuvieran cabida las aportaciones del resto de grupos, tanto de Izquierda Unida como del Grupo Socialista, y en esa línea hemos estado hasta que hemos llegado a lo que sería nuestra quinta enmienda, la quinta enmienda de adición, donde, indudablemente, si el planteamiento que estamos haciendo en esta cámara -ya lo hicimos en la comisión- consiste en que entre todos busquemos mecanismos para evitar la picaresca, para evitar esos posibles sobreprecios, para evitar determinadas actuaciones con las que ningún grupo estamos de acuerdo, consideramos que es muy importante que desde el Gobierno de Aragón se compruebe y se revise si ese tipo de picaresca ha tenido algún efecto. Porque aquí sí que quiero volver a decir -ya lo dije el otro día- que el anterior Gobierno Partido Popular-Partido Aragonés no autorizó ni permitió ninguna mejora en las adjudicaciones para viviendas de protección, este Gobierno ha autorizado mejoras, y desde nuestro punto de vista es, de alguna forma, un mecanismo encubierto que puede permitir que esos adjudicatarios cobren sobreprecios a las personas que han acudido y han sido beneficiarias de esas viviendas.
Pero -repito-, como es algo que no está regulado y no sabemos muy bien cómo se ha producido, pedimos que se revisen esas viviendas ya terminadas de Parque Goya, y aquí sí entra también Parque Goya I, por que no hayan experimentado tampoco aumentos de superficie. ¿Qué ha pasado bajo cubierta en las promociones de Parque Goya? o ¿qué ha pasado en los sótanos? Bueno, de paso que se comprueban muchas situaciones, y -repito- siempre teniendo en cuenta desde nuestro punto de vista los procesos de selección y de adjudicación... No pongamos en manos concretas que se puedan establecer esos mecanismos de selección, nosotros en ningún momento hemos estado ni estaremos a favor de esos métodos.
Y, desde luego, tenemos datos y mecanismos, y lo dije, tiene mecanismos el departamento para corregir todas estas situaciones y ser un punto de inflexión y de partida con ese proyecto de ley y esa ley que debatiremos y aprobaremos en el próximo período de sesiones para que, verdaderamente, en nuestra comunidad, y no sólo en Parque Goya, no se vuelva a hablar de estos posibles fraudes, lo digo tal como lo pone en la proposición no de ley, y estos posibles sobreprecios que se hayan podido pagar.
Pensamos que con nuestras cinco alternativas, con nuestras cinco propuestas, se mejora el texto y confiamos en que esa línea encuentre el respaldo del proponente del texto.
Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Por el Grupo Socialista, el señor Becana tiene la palabra.

El señor diputado BECANA SANAHUJA: Gracias, señor presidente.
Señorías, la iniciativa que estamos debatiendo esta tarde tiene su origen en las noticias aparecidas en los medios de comunicación sobre algunas prácticas fraudulentas en la promoción y en la venta de vivienda protegida.
A partir de aquí, me permitirán que para fijar la posición del Grupo Socialista inicie mi intervención con una obviedad, y la obviedad es la siguiente: el primer interesado en erradicar prácticas fraudulentas en el acceso a la vivienda protegida, el primer interesado en erradicar estas prácticas es precisamente el Gobierno que las promueve, especialmente en evitar las prácticas fraudulentas en aquellas viviendas que se construyen sobre suelo público.
¿Quién puede estar más interesado en que nadie aproveche para su lucro personal la promoción de la vivienda protegida, quién puede estar más interesado que el Gobierno que asigna importantes recursos de sus presupuestos y que dedica enormes esfuerzos de su gestión para tirar adelante con estas promociones? ¿Quién puede estar más interesado que aquel que pone el trabajo y el presupuesto, presupuesto que recordemos, señorías, proviene de los impuestos que pagan los ciudadanos?
Y en este sentido, nuestro Grupo quiere una vez más despejar todas las dudas sobre las actuaciones del Gobierno que se están lanzando directa o indirectamente.
Otros gobiernos no hicieron gestión en la promoción de vivienda protegida, no hicieron gestión, y no hicieron otra gestión que la de cambiar el nombre de «Promoción Puerta del Pirineo» a «Promoción Parque Goya». Bueno, no necesitaron entonces cuerpo de inspección; no lo necesitaban porque no tenían nada que inspeccionar.
Este Gobierno de coalición se marcó un objetivo ambicioso: fomentar la construcción de siete mil viviendas protegidas en esta legislatura, y paralelamente a la tramitación de todas las gestiones -digo «paralelamente»-, se creó la figura de la Inspección de Vivienda y se dotaron las dos primeras plazas de inspección. Insisto: «paralelamente», no a toro pasado, cuando las primeras noticias aparecieron en la prensa, sino a la vez que se iniciaba el impulso a la promoción de viviendas se organizó y se dotó la inspección, de forma que cuando aparecieron las primeras noticias, el ISVA llevaba ya algunos meses trabajando.
Pero también es cierto, señorías, que se ha constatado la necesidad de dotar a este servicio de un soporte legislativo que, a la luz de los acontecimientos, se ha manifestado como insuficiente. Lo anunció el consejero en su comparecencia: «El Gobierno está trabajando en un nuevo texto normativo que, con rango de ley, dotará a las instituciones aragonesas de mecanismos jurídicos que permitan garantizar las acciones y políticas públicas de intervención en el mercado del suelo y la vivienda. Muy claro: nadie puede aspirar a incorporar a su patrimonio plusvalías a costa de fondos públicos cuya inversión tiene por objeto, precisamente, impedir o atenuar las prácticas especulativas y facilitar el acceso a la vivienda a las personas menos favorecidas».
Son palabras textuales del consejero de Obras Públicas en su comparecencia ante la Comisión de Ordenación Territorial de estas Cortes.
En esta dirección apuntan las enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista.
Enmienda dirigida a elaborar una normativa adecuada a la nueva realidad; enmienda dirigida a informar desde la Administración directamente a los adjudicatarios de vivienda protegida de sus derechos y de sus obligaciones, de las características que debe reunir su vivienda y del precio exacto que deben pagar por ella, el precio exacto, repito, ni una peseta más. Información directa, pues, desde la Administración a los adjudicatarios.
Y hay una enmienda importante al punto primero, porque todo esto, nuestro Grupo pretende hacerlo sin causar alarmas innecesarias sobre aquellas personas que con una hipoteca para muchos años, con una hipoteca para muchos años de una parte sustancial de su sueldo, han conseguido adquirir una de estas viviendas. Hagamos las cosas bien, sin causar alarmas innecesarias en aquellas gentes que con gran esfuerzo han adquirido ya una vivienda protegida.
Y en ese sentido, le proponemos el cambio del término «revisar», que en lenguaje jurídico-administrativo tiene unas connotaciones importantes, por el término «verificar», que se ajustaría más a la intencionalidad de la proposición.
La posición de nuestro Grupo tiene, pues, un doble planteamiento: acotar las irregularidades, acotarlas, no generalizar las sospechas sobre el sistema de protección pública, no atacar el sistema de protección de viviendas protegidas, no generalizar las acusaciones de fraude, sino detectarlas y actuar con todo el rigor sobre todas y cada una de las que se han detectado, pero no generalizar ni cuestionar el sistema de protección, de promoción de viviendas protegidas, y, desde luego, no alarmar, no alarmar innecesariamente a la gente de buena voluntad que ha hecho un gran esfuerzo para adquirir su vivienda.
Por otro lado, proponer medidas efectivas que eviten el lucro personal a costa del esfuerzo que las Administraciones públicas (en este caso, el Gobierno de Aragón), están haciendo en la promoción de viviendas al alcance de las personas menos favorecidas.
Con este doble planteamiento, nuestro Grupo está en condiciones de apoyar la iniciativa presentada, con la incorporación de las aportaciones que cada uno de los grupos parlamentarios han hecho al Grupo proponente.
Quedó, pues, claro en la Comisión de Ordenación Territorial y queremos que quede claro en este debate el apoyo del Grupo Socialista al sistema de promoción de viviendas públicas y el hacer las cosas con la suficiente transparencia, pero también con la suficiente sensatez como para controlar los fraudes sin causar alarmas innecesarias.
Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Es ahora el turno para los grupos no enmendantes.
Por el Grupo del Partido Aragonés, el señor Martínez tiene la palabra.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Gracias, presidente.
Dice la Constitución que «todos los españoles tenemos derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada», y la obligación de las administraciones, efectivamente, es intentar que ese artículo se cumpla, que eso sea así, y que se cumpla de la forma, bueno, más transparente, más legal y más lógica posible.
En el caso de Aragón, la política que está llevando el Departamento de Obras Públicas es una política, pues, de generación de suelo y puesta a disposición del mercado de ese suelo para promoción, construcción y venta de viviendas. Es una política, desde nuestro punto de vista, absolutamente acertada, como no podía ser de otra manera. Evidentemente, forma parte del texto que configura el pacto de gobierno entre el PSOE y el PAR para esta legislatura.
Pero hay una realidad que está ahí y que conocemos todos perfectamente. Aunque el Gobierno de Aragón ha puesto a disposición en estos momentos la práctica totalidad del suelo de su titularidad, de su propiedad, y con ello ya ha generado la producción de más de cinco mil viviendas de protección oficial, y que además yo estoy convencido de que va a generar, como decía el portavoz del Partido Socialista, o que va a conseguir incluso sobrepasar el objetivo que se planteó la principio de la legislatura de siete mil viviendas, estoy plenamente convencido, la realidad es que no queda suelo. La realidad es que no queda suelo.
Por lo tanto, ante una demanda tan enorme como existe, que en estos momentos la demanda de vivienda de protección oficial es enorme y no hay más que ver las peticiones para estas últimas y anteriores viviendas que salieron o que se promovieron, la verdad es que, ante esa falta de suelo, la Administración, tal vez (la Administración, en este caso, de la comunidad autónoma), tal vez tenga que tomar, además, alguna otra medida, alguna otra medida.
Esa otra medida por la que mi grupo también se inclina y, desde luego, ya planteamos al consejero de Obras Públicas para que, cuando llegue el momento, él lo haga saber al Ministerio de Fomento, planteamos la posibilidad de que se incremente de una forma importante el número de viviendas para alquilar, luego el número de promociones de viviendas para alquilar. Creemos que con el alquiler se solucionan muchos problemas, sobre todo el que hoy es cuestión u objeto de esta proposición no de ley: el del fraude, el de la especulación, el de la picaresca. Con el alquiler es mucho más fácil controlar todos los parámetros que hay que controlar.
Dicho esto, comenzaré por la exposición de motivos de la proposición no de ley. Efectivamente, en estos momentos, según el consejero de Obras Públicas -palabras textuales del consejero en la comparecencia del martes-, «no hay ni una sola denuncia documentada». Quiero decir que no tiene sentido hablar de fraude en la exposición de motivos de la proposición no de ley, porque ese fraude existiría si hubiera alguna denuncia documentada ante la Administración.
Porque puede haber denuncias verbales ante la Administración, ante personas físicas, ante consumidores, ante asociaciones de no sé qué..., puede haber cualquier tipo de denuncia, pero ninguna en estos momentos, que sepamos y que el departamento sepa, está documentada. Por lo tanto, ya nos parece absolutamente absurdo hablar de fraude, porque podemos crear expectativas, podemos crear cierto malestar que no es así, que hasta este momento no es así.
El punto primero de la proposición no de ley: «Revisar las adjudicaciones de suelo a promotores inmobiliarios».
Al margen de los planteamientos políticos de cada grupo, entendemos que no es lógico que la Administración revise sus propios actos. No es lógico. Creemos que las decisiones del Gobierno de Aragón -y así debe ser- se ajustan siempre a derecho, se ajustan siempre a derecho. Estamos poniendo en tela de juicio un acto, bueno, pues, en el que han participado muchas personas, o varias personas: personas funcionarios, personas políticos, y estamos revisando, con el texto que presenta Chunta Aragonesista, con el texto que presenta -yo creo que será modificado mediante una transacción-, estamos pidiendo que se revise precisamente ese acto. No nos parece absolutamente nada lógico.
Nos parece mucho más lógico verificar que todos, todos los promotores -y digo «todos»-, o todos los adjudicatarios de viviendas protegidas, tanto los que están dentro de promoción inmobiliaria como los que están dentro de cooperativa, para todos existen fórmulas que controlen de forma aleatoria. Bueno, se controle que, realmente, los requisitos exigidos para la concesión en su momento se están cumpliendo, los requisitos que se exigían, requisitos que tenían que cumplirse y que en estos momentos, lógicamente, deberían estar cumpliéndose. Por ejemplo, hablamos de las calidades de los materiales, hablamos de la superficie edificada realmente, hablamos de que es domicilio habitual y permanente, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, todos aquellos requisitos que en su día se exigían para poder ser adjudicatario de una vivienda.
Respecto al tercer punto, con la petición que se hace, a mí me da una sensación, no sé, y tal vez pueda estar equivocado, pero me da una sensación: se está confundiendo lo que es vivienda de protección oficial con lo que es vivienda de promoción pública. Porque se está diciendo: «voy a generar suelo, voy a sacarlo al mercado y voy a dárselo a promotores para que construyan y vendan, pero a la vez quiero que me traigan, quiero ser yo el que adjudique, es decir, quiero que la Administración, no el promotor, adjudique esas viviendas». O estamos en viviendas de promoción pública o estamos en viviendas de protección oficial: las viviendas de promoción pública son viviendas que la Administración promueve, que la Administración construye y que la Administración adjudica, sea en venta o sea en alquiler; y respecto a las de protección oficial, ya he dicho antes lo que son.
Me da la sensación de que estamos confundiendo los términos. Con esa mezcla, la verdad, nosotros no estamos de acuerdo.
Y adelanto ya, adelanto ya que mi grupo tiene muchísimo interés en que ese anteproyecto de ley venga a estas Cortes para participar muy activamente en él, porque estamos absolutamente de acuerdo en controlar el fraude que pueda haber, estamos absolutamente de acuerdo, pero estamos de acuerdo en controlarlo con el arma que haya que controlarlo, que es una normativa habilitada precisamente para ese fin, entre otros, evidentemente. En ese texto normativo, nosotros, por supuesto, intervendremos y plantearemos una serie de cuestiones que creemos de muchísimo interés para poder controlar la especulación, el fraude o la picaresca.
No obstante, en función..., bueno, me imagino que dado el montón de enmiendas que se han presentado (del orden de nueve o diez), me imagino que será posible llegar a un texto transaccional entre todos los grupos. Nosotros estamos esperando y participaremos en la elaboración de ese texto si ha lugar y plantearemos nuestras inquietudes. No hemos presentado enmiendas, y a la redacción de ese texto nos atenemos.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
¿El Grupo proponente puede fijar posición respecto a las enmiendas? ¿Necesita tres minutos de receso?
Pues, por favor, tres minutos.

El señor PRESIDENTE: Señorías.
Señor Fuster, ¿puede usted fijar la posición de su Grupo respecto a las enmiendas?

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, señor presidente.
Ruego disculpas a la cámara.
Desde luego, no es culpa de este portavoz ni proponente de la iniciativa el que no hayamos alcanzado un acuerdo antes. Seguramente, algún portavoz necesita una buena dosis de flexibilidad, pero, en fin, acuerdo hay sobre la mesa. Había diez enmiendas, había diez enmiendas y, realmente, resultaba complicado intentar encajarlas todas, y todas iban constructivamente, se supone que buscando el acuerdo. Pero, en fin, espero que no se intente aprovechar las prisas que tenemos todos para intentar algunos sacar más ventaja que otros.
Voy con el texto.
El punto primero quedaría de la siguiente manera... Bueno, todas ellas han sido transacciones frente a enmiendas del Grupo Popular, de Izquierda Unida y del Partido Socialista, y también ha participado en la transacción el Partido Aragonés. Antes del punto primero, hay una pequeña corrección que dice: «las Cortes de Aragón, velando por la transparencia del proceso de adjudicación», se añade ahora: «de selección y adjudicación», en coherencia con el texto que viene a continuación en el que se habla de las dos cosas.
El punto primero quedaría: «Verificar que todos los adjudicatarios de suelo en Parque Goya reúnan los requisitos exigidos para su concesión en la normativa específica del procedimiento de adjudicación».
El punto segundo quedaría igual que estaba, añadiendo al final: «realizando estas comprobaciones de forma habitual y en todas las promociones de nuestra comunidad». Punto y seguido, y se añadiría aquí la enmienda número 7, del Grupo Popular, que es, con algunas modificaciones, la siguiente: «Igualmente, comprobar que las viviendas terminadas en Parque Goya no han experimentado aumento de superficie respecto al proyecto aprobado y la calificación definitiva».
Y el punto tercero es objeto también de transacción con aportaciones de todos los grupos, y quedaría de la siguiente manera -perdón, hay un punto cuarto también-. Tercero: «Presentar en el próximo período de sesiones un proyecto de ley que, entre otros aspectos, regule: a) Los procesos de selección y adjudicación de las viviendas protegidas, especialmente las promovidas sobre suelos públicos, con el control y supervisión del ISVA.
b) El ejercicio efectivo de los derechos de tanteo y retracto a favor de las Administraciones públicas, de forma que eviten ulteriores enajenaciones de las viviendas protegidas por precio superior al de adquisición, con el incremento derivado de los índices pertinentes en el plazo que se determine.
c) El procedimiento sancionador en esta materia.
d) El establecimiento de un porcentaje mínimo de vivienda protegida en los nuevos suelos que se recalifiquen.
e) El fomento de la vivienda de alquiler».
Y queda un punto número cuatro, que se corresponde con la enmienda número 10, que era del PSOE, tal y cual está en el texto.
Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fuster.
Si todas sus señorías están conformes, podemos someter este texto transaccional a votación.
¿Votos a favor del texto? Gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Es aprobado por unanimidad.
Turno de explicación de voto.
Señor Lacasa.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, señor presidente.
Para manifestar la satisfacción de nuestro Grupo, que, desde luego, de los que han negociado ahí dentro ha sido el que más ha perdido, porque hemos salido con el cincuenta por ciento de las enmiendas aprobadas y el cincuenta por ciento de las enmiendas rechazadas.
Se ha aprobado, efectivamente, el derecho de tanteo y retracto como una pieza fundamental e imprescindible, pero había dificultades para encajar lo que era relativo a la presentación de los listados por parte de los promotores y cooperativistas, una posición que ya avanzó también el consejero en su comparecencia, pero que, finalmente, en aras al consenso, parece que no era posible incluir hoy, aunque no se excluía en el debate final de la ley y que veríamos cómo quedaba en ese momento, cuando se presentase la ley ante esta Cámara.
Pero, en todo caso, quiero decir que nuestro grupo ha cedido, y bastante, para que pudiéramos llegar a un texto transaccional que, sobre todo, diera respuesta a una inquietud social que había, manifestara la firmeza de la cámara y del Gobierno para frenar cualquier proceso especulativo, pero a la vez dé el respaldo pleno a la política de vivienda tanto de promoción pública como de protección oficial, que es absolutamente necesario llevar desde los poderes públicos.
Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIERDO): Gracias, señor Lacasa.
Señor Fuster, tiene la palabra.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, señor presidente.
Gracias a todos los grupos por el esfuerzo final y el acuerdo unánime de la cámara sobre un asunto de trascendental importancia y que afecta a miles de ciudadanos y a miles de familias aragonesas y, sobre todo, que va a seguir afectando en el futuro con las promociones que hay en marcha y las previsiones del departamento y, en general, del sector inmobiliario.
Y quisiera decir que me satisface especialmente que el portavoz del Partido Popular me haya criticado porque haya demostrado un talante constructivo, según ha dicho en su primera intervención y que, incluso, no haya buscado la confrontación con el consejero ni con el Partido Socialista en esta materia, no, sin duda, por las razones que usted ha dicho, pero sí porque me parece que esta es una cuestión en la que no se debe pretender sacar tajada política. No es una cuestión en la que sea bueno ni conveniente que transmitamos nuestras discrepancias a los ciudadanos dando una sensación equivocada y, desde luego, lo que no vamos a aceptar es que, aprovechando las dificultades que pueda tener o los problemas mayores o menores que pueda tener la promoción de vivienda pública en las adjudicaciones de estas viviendas protegidas, se ponga en cuestión el sistema de protección de ayuda a la vivienda protegida. Como no lo vamos a aceptar, nuestras iniciativas en esta materia van a ir en positivo, para dar instrumentos al Gobierno de Aragón para que haga lo que tiene que hacer, y ya le dije que no se trataba de buscar culpables, porque si tuviéramos que buscar culpables tendríamos que remontarnos a gobiernos anteriores y ver la política o la ausencia de política en materia de vivienda que había, y en este sentido, me congratulo del acuerdo alcanzado.
Inicialmente, nuestra iniciativa no pretendía entrar en el detalle de la exigencia de la ley que se plantea aquí en estos momentos, pero ante el anuncio del propio consejero en la propia Comisión y las enmiendas presentadas por los grupos, hemos decidido todos que era conveniente perfilar y dar ya un mandato más completo que incluyera todos los aspectos (el tanto y el retracto), que incluyera el asunto de las viviendas de alquiler, en fin, varios de los asuntos que se han incluido, que los considero de sustancial importancia, y en estos momento, al final, lo positivo de todo esto es que hemos puesto en manos del Gobierno de Aragón un instrumento y una indicación de cuál es la voluntad de la cámara, además, de una forma unánime, que es lo positivo, para que el Gobierno de Aragón actúe y tenga línea concreta en la que actuar, con independencia de que tuviera ya la firme voluntad de plantear un proyecto de ley en esta cámara.
Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIERDO): Gracias, señor Fuster.
Señor Becana, tiene la palabra.

El señor diputado BECANA SANAHUJA: Gracias, señor presidente.
Las palabras del Grupo Socialista van, en primer lugar, dirigidas a agradecer la actitud del grupo proponente y de todos los grupos para que esta tarde llegáramos a un acuerdo transaccionado sobre un tema importante, para mostrar nuestra satisfacción porque de este debate ha salido fortalecido nuestro sistema de promoción pública de vivienda protegida y, en este sentido, el Gobierno tiene el impulso del parlamento para lograr los objetivos que ya ha anunciado en esta cámara, satisfacción también porque hemos acotado la intervención de los poderes públicos a aquellos casos de fraude que se detecten sin generalizar una mala imagen de la promoción pública de viviendas y satisfacción, para finalizar, porque hemos mantenido una actitud positiva todos los grupos, aportando contenidos sustanciales que, sin ninguna duda, facilitarán el acuerdo en el instrumento legislativo que necesitamos y que nos ha anunciado que en breve presentará el consejero de Obras Públicas.
Gracias, señor presidente.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIERDO): Gracias, señor Becana.
Señor Pérez.

El señor diputado PÉREZ VICENTE: Muchas gracias, presidente.
Nos unimos desde mi grupo a esa felicitación que nos debemos de hacer todos por llegar a este texto, a este acuerdo, y avanzar en este debate sobre los controles que se deben de hacer en la vivienda de protección, aunque nosotros seguimos diciendo lo mismo, que seguimos creyendo en las palabras que el consejero manifestó hace cuarenta y ocho horas: «no existe ninguna denuncia». A partir de ahí, se dicen muchas cosas del Partido Popular, pero el Partido Popular quiere dejar muy claro al señor consejero y al resto de los grupos que partimos de esa premisa, y partiendo de esa premisa, pues, muchas de las cuestiones, de verdad que desde nuestro punto de vista no es como dicen ustedes que «si es cuestión de ceder o si es cuestión de aprovechar las prisas».... Yo creo que es cuestión de sentido común. Yo creo que es cuestión de sentido común.
Nosotros hemos dicho: si queremos revisar, si queremos comprobar, si queremos verificar, vamos a verificar, como ustedes dicen, las adjudicaciones de suelo. Correcto. Y vamos a comprobar cómo las personas que están ocupando las viviendas son las que las tienen que ocupar. De acuerdo. Y vamos a verificar y comprobar que las viviendas que están ocupando esas personas son las que tienen que ser, las que estaban en la calificación definitiva, y así, yo creo que cerramos completamente el proceso de ese sentido común, que, en todo caso, sería usar prisas para no cerrar ese proceso como, desde luego, a nosotros nos ha parecido comprobar en algún grupo político, y, desde luego, nosotros también estamos muy interesados, no sé si tanto o más que el Gobierno, pero no cuestionamos, sino que queremos que esté muy clara toda una política de vivienda de protección, y mañana vamos a tener la oportunidad de seguir debatiendo.
Desde luego, desde la premisa -como he empezado mi intervención- de que no existe ninguna denuncia y de que, pues, muy bien, hay un proyecto estrella del Gobierno que habla de siete mil viviendas de protección que, quizás, mañana sea el momento de que las podamos contar, esas siete mil viviendas de las que se viene hablando aquí. Cuando hablamos de control de viviendas, se dice que iba a haber siete mil viviendas. Bueno, pues, a lo mejor, mañana las comprobamos.
Muchas gracias, presidente.