Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

Su portavoz, el señor Sada, tiene la palabra por tiempo de diez minutos.

Comparecencia de la presidenta del Gobierno de Aragón para explicar las razones por las que se están produciendo retrasos en las prestaciones a las que se refiere la Ley 39/2006, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor presidente.

Lo que sí parece claro es que la comparecencia de la presidenta no va a ser, ¿no?, me imagino que será la del consejero, porque tampoco lo sé, espero que, por descarte, sea el consejero de Sanidad.

Una cuestión de principio. Esta comparecencia se produce por descarte de otra. Hoy es el Día de la Mujer Trabajadora y desde nuestro grupo queríamos retomar otra vez una comparecencia que ya en dos ocasiones se había dejado sobre la mesa, habían votado en contra el Grupo Popular y el PAR de que se presentara. Creíamos que este sí que era el momento para que aclarara la presidenta su posición sobre algunas manifestaciones vertidas por miembros relevantes de su Gobierno y de su grupo parlamentario. A la vista está que no ha sido posible, tampoco me sorprende ahora porque me preocupa más, yo pensaba que era simplemente porque no quería estar, pero no pensaba eso, no pensaba lo que se había dicho aquí; ahora, después de lo de Gallardón, de lo del señor Gallardón ayer, empiezo a pensar que lo que manifestaron ustedes es una política general de su partido, y eso me preocupa más. [Aplausos.]

Con el tema de la dependencia, vamos a hablar de la dependencia, le voy a decir una cuestión, señor consejero. Señora presidenta —porque nadie me ha comunicado que no era—, se lo estoy repitiendo constantemente, cada vez que salgo aquí se lo repito, y se lo repito para avisarle: lleva ocho meses gobernando y todavía estamos esperando que una sola propuesta salga de su Gobierno, que una sola propuesta para atender las necesidades, las dificultades, los problemas que tiene Aragón y los aragoneses salga de su Gobierno. Sigue permanentemente en la inactividad, sigue instalada en el gobierno, pero no gobernando, que son dos cuestiones absolutamente diferentes.

Yo creo que el tema del drama económico y del empleo en esta tierra merece actividad, merece que se tomen decisiones aun a riesgo de equivocarse, se lo digo y se lo diré cada vez que salga a esta tribuna porque es lo que de verdad preocupa a los aragoneses. Eso es gobernar, no hay problema, hay que arriesgar en el gobierno, hay que arriesgarse incluso a equivocarse. Nosotros no vamos nunca a plantearlas las equivocaciones, vamos a plantear sobre todo y a denunciar la incapacidad para tomar decisiones que tiene este Gobierno y que decía no tenerlas.

Ustedes, igual que en todo, en la dependencia también, simplemente achacan todo con una mirada al retrovisor. Achacan todas las cuestiones, por un lado, a la mala herencia económica, que, por cierto, en cuanto a la mala herencia económica, la presidenta, el otro día, estaba orgullosa de que esta comunidad autónoma fuera de las que menos déficit tenía, eso sí, se arrogaba todo el mérito ella, se arrogaba absolutamente todo el mérito, un tema de déficit que viene desde muchos años, se arrogaba todo el mérito ella, olvidándose de que su consejero anterior aseguraba que podía ser un 2,6, ese era el pronóstico de su Gobierno, y la realidad de su Gobierno seis meses después ha sido un 2,8, un 2,88; por lo tanto, tampoco es para muchas medallas, aunque sí estamos de acuerdo en que el déficit es poco, es bastante mejor que el del resto de las comunidades autónomas.

Y otra cuestión es la mala gestión anterior. Por cierto, en cuanto a la mala gestión anterior, señor consejero, que creo que será usted, ¿a qué mala gestión se refiere? Le voy a poner un ejemplo, que es un ejemplo de mala coordinación, además, en su propio departamento Qué noticia es verdad con respecto al dinero que Madrid hizo devolver sobre la dependencia, ¿que habíamos pagado a fallecidos?, que decía el gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. O ¿qué dónde estaba ese dinero que no se había pagado a nadie, ni siquiera a los fallecidos?, que es lo que decía su directora general. [Aplausos.] ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Esa es la realidad: hay descoordinación, descoordinación absolutamente, que es también uno de los temas preocupantes.

Al margen de esto, que no sé quién miente, si mienten los dos o simplemente es descoordinación —esa es la realidad, uno dice una cosa, otro dice otra, esa es una realidad—, es que los datos son demoledores, digan lo que digan, pongan las excusas que pongan, los datos son absolutamente demoledores en algo que considerábamos todos que es la cuarta pata del Estado de bienestar, la cuarta, y ahí los resultados son absolutamente demoledores.

En cualquiera de los parámetros que coja. Le podría decir como cuestión primera que hemos pasado del tercer puesto al noveno puesto en el ranking de las comunidades autónomas, y no lo decimos nosotros, lo dice el Ministerio, también el suyo, también el de ahora, también el de ahora, pero organizaciones independientes. Le voy a leer solamente unos datos: en solicitudes, en referencia a la misma actividad en los mismos meses con el anterior Gobierno, menos dos mil setecientos; en dictámenes, menos mil doscientos; en beneficiarios de derecho, menos mil doscientos; en beneficiarios atendidos, menos cinco mil seiscientos; en personas con derecho esperando a prestación, aquí sí que es positivo el dato, hay cuatro mil trescientas personas más esperando la atención de las que había anteriormente; en atención residencial, menos mil doscientos; en prestación económica vinculada a los servicios, menos mil doscientos; en prestación económica de cuidador, menos dos mil novecientos. Esos son los datos demoledores que puede presentar su departamento y su Gobierno, el Gobierno de la Señora Rudi en el plan de la dependencia, esos son los datos.

Pero es que también en organismos independientes. La Asociación de Gerentes de Servicios Sociales, organización que tiene gran prestigio y que ha colaborado y colabora también con el Ministerio, hizo una llamada de atención hace poco sobre aquellas comunidades autónomas en las que, desde mayo, se había ralentizado la aplicación de esta ley, y ponía: en todas se ha ralentizado, pero en algunas, preocupantemente, se ha retrocedido, hay menos personas atendidas que había entonces. Lo cual quiere decir que no se ha hecho ni la tasa de reposición; por aquella persona que fallece no se pone de nuevo otra nueva. Y ¿sabe quiénes son los campeones? Mire, la roja, para que lo vea, es la aragonesa, la última, donde más ha retrocedido en términos absolutos y relativos, la que más ha retrocedido. [Aplausos.] Eso le debería de preocupar: somos los campeones en algo, señores del Partido Popular, somos los campeones en algo, pero, ¡qué desgracia!, somos los campeones en el retroceso en la aplicación de la ley de la dependencia, una cuestión fundamental para todos y que la señora Rudi decía que era un tema prioritario para ellos. Y eso que han contado con una ventaja, que es que siempre, mes a mes, se hacen los datos, se publican los datos; curiosamente, en febrero, el Partido Popular no ha dado los datos, no ha publicitado los datos el Ministerio. ¿Qué tiene que ocultar el Partido Popular?, no aquí, sino en todo el Estado. [Rumores.] Por primera vez, han hecho un ejercicio de falta de transparencia y han ocultado a los ciudadanos su error en la gestión, su aplicación en la gestión, que no creían ni creen en esta ley de la dependencia, y esa es la cuestión y ese es el problema.

No le quiero decir más temas en que, curiosamente, han disminuido las solicitudes, pero han disminuido muy por debajo, además, mucho más que en el resto de España. Al menos, le digo, estudie el tema porque en algo nos estamos equivocando, porque no puede ser que haya menos ciudadanos pendientes o con intención de que les valoren que en el resto de España. Espero no pensar que es que simplemente no se consideran, no quiero pensarlo, espero que sea por algún error y quiero y le pido que estudien ese tema

Pero hay otros efectos colaterales —y voy a terminar con esto—, que son que también han disminuido las plazas concertadas, ciento diecisiete plazas concertadas menos que ahora, seiscientas veintinueve plazas menos de residencia en cuanto a prestaciones vinculadas al servicio. Eso, además, está generando un problema de viabilidad a las residencias muy importante y que, si no se soluciona en el corto plazo, veremos como habrá más dificultades en el medio.

Y, por último, para terminar, sí que ha tenido una virtualidad o coincidencia esta comparecencia, que es que, después de muchísimos meses, dos mil han avisado de que no se ha realizado —me parece que hoy se empieza a realizar—, dos mil ciudadanos más van a entrar en la ley de la dependencia en Aragón. Ya por eso, desde luego, merece la pena y estoy satisfecho de esta comparecencia, que, casualidad o no, dos mil ciudadanos más están en la dependencia, que desde hace ocho meses no [corte automático del sonido]... [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sada.

Para responder, tiene la palabra el señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia por tiempo de diez minutos.

El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, señor presidente.

Señor Sada, alguno más de dos mil, como luego le comentaré.

Respecto a la primera parte de su intervención, solamente una cuestión: hemos aprobado —después se dará lectura por parte del presidente— un manifiesto como consecuencia de que hoy es el Día Internacional de la Mujer. Ese manifiesto se planteó en la Junta de Portavoces de esta Cámara a propuesta del Partido Popular y a instancias de este diputado, a la sazón consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia. [Aplausos.]

Respecto al tema que nos ocupa, la comparecencia tiene que ver con los posibles retrasos que se están percibiendo, parece ser, en materia de dependencia. Lo que quiero dejar claro desde mi primera intervención es que, para esta consejería y, por supuesto, para este Gobierno, uno de los principales cometidos, como no podía ser de otra manera, es asegurar la sostenibilidad del sistema de dependencia, y para ello hemos dado una clara prioridad, y permanente, además, en toda acción política y en la gestión pública, fundamentalmente por dos razones: en primer lugar, porque la atención a la dependencia, como recoge, la Ley 39/2006, es un derecho subjetivo del ciudadano y, en consecuencia, todo poder público debe asegurar el derecho de cualquier ciudadano; y, por otra parte, e igual de importante, este Gobierno tiene un compromiso claro por atender todas las necesidades sociales de las personas, en colaboración, eso sí, con entidades de iniciativa privada o de iniciativa social, por cierto, en este caso pioneras en la atención a las personas dependientes mucho antes de que se promulgara la ley. Debe quedar claro, en consecuencia, que uno de los principales objetivos, si no el más importante, de este Gobierno, acreditado, por cierto, fehacientemente en el presupuesto, es asegurar el buen funcionamiento de todo el sistema de bienestar, y, en concreto, del sistema de dependencia.

Para analizar la situación, para analizar el problema, mejor dicho, vamos a analizar primero la situación del sistema de dependencia en Aragón, y para ello hay que tener claras varias cuestiones: primero, el estado de tramitación de los procedimientos de reconocimiento de la dependencia; en segundo lugar, el número de personas beneficiarias que se han incorporado al sistema, y, en tercer lugar, el grado de garantía del que gozan dichas persona. Y es necesario conocer esta situación porque a partir de este conocimiento se pueden determinar posibles carencias que puedan comprometer o hayan podido comprometer el reconocimiento de nuevos derechos a la prestación y/o el mantenimiento de derechos ya adquiridos.

En cuanto a los datos obrantes, a fecha 1 de febrero de este año, de 2012, no sé porqué ha dicho que no había datos de febrero, hay datos a 1 de febrero de 2012 en Aragón, sí, en Aragón. En Aragón, los beneficiarios con derecho a prestación son 32.611 (3.735 de grado tres, 14.345 de grado dos, 4.501 de grado uno); en total, como digo 32.611. Y el número de personas beneficiarias que reciben la prestación es 21.843; se observa ahí, evidentemente, una diferencia de 10.768 entre las personas con derecho y las personas con prestación. Por cierto, aquí una matización: partíamos al asumir la consejería de unos datos que se tuvieron que corregir, que se tuvieron que subsanar como consecuencia de diferentes depuraciones, una efectuada por el Ministerio, con la eliminación de personas fallecidas en la lista de beneficiarios de la dependencia, y otra, ya por mi equipo, que supuso, también por el mismo motivo, la eliminación de 2.600 beneficiarios que no eran tales. En cuanto al coste total que significó dependencia en el año 2011, fue de noventa y ocho millones de euros, de los cuales sesenta y nueve, aproximadamente, para prestaciones económicas en el entorno familiar, y veintinueve, aproximadamente, vinculados al servicio.

Como comentaba antes, es evidente la diferencia entre el número de beneficiarios con derecho y el número de personas que están cobrando las prestaciones, y las razones son, fundamentalmente, dos: una, quizá menos importante pero también razón, los problemas de tramitación de los programas individuales de atención, a los que luego aludiré, y una segunda razón muy importante, que es la insuficiencia presupuestaria del IASS, puesta de manifiesto sobre todo en el mes de mayo de 2011 como consecuencia de la advertencia del informe de la Intervención General, que paralizó todo compromiso de gasto relacionado con dependencia por no existir crédito suficiente para el resto del ejercicio. Esta circunstancia, provocada fundamentalmente por el plan de choque que ustedes acometieron en víspera de las elecciones y que ocasionó que la mayor parte del presupuesto se gastara antes del mes de mayo, determinó que, por parte del IASS en la nueva legislatura, los procedimientos terminados no se pudieran corresponder al 100% con prestaciones económicas.

Por otra parte, quiero señalar un dato también relevante, y es que, el 1 de enero de 2011, según el calendario de aplicación de la ley de dependencia, debería de haber entrado en vigor la protección para la dependencia moderada, el grado uno, nivel dos, y no pudieron tener acceso a esta protección las personas con este nivel de dependencia por la indeterminación de las cuantías máxima y mínima de las prestaciones ya que el Gobierno anterior no aprobó la orden que debía recoger esta cuestión; eso, además de la inexistencia de recursos por lo que he comentado anteriormente.

En consecuencia, nuestra primera actuación, y en la que estamos todavía, es restablecer un flujo normal de incorporaciones al sistema de las personas con derecho reconocido o con las personas que, no habiendo sido todavía evaluadas en cuanto a prestación económica final, en cuanto al PIA, tengan un derecho como consecuencia de que han pasado seis meses desde la solicitud hasta la prestación.

Quería comentar también en relación con lo que he mencionado respecto a los temas de la tramitación administrativa, que unas cuestiones que más tiempo nos han llevado solucionar y en las que todavía estamos son la organización, la adecuación, la ordenación del punto de vista administrativo de todos los procedimientos del sistema de dependencia, fundamentalmente por varias cuestiones. Primero, por una no homogenización de los criterios de valoración, de forma que, para las mismas personas con los mismos problemas, las valoraciones en las tres provincias eran diferentes; en segundo lugar, por la dificultad para conocer los datos definitivos como consecuencia de lo que he comentado antes, que ha obligado a realizar diferentes depuraciones; en tercer lugar, como consecuencia, en mi opinión, una relación estructural entre la dirección general anterior y el IASS no adecuada que creó varias distorsiones y varias cuestiones no asumidas ni por unos ni por otros, y en cuarto lugar, como consecuencia fundamentalmente, como he comentado antes, de las consecuencias de una gestión económica manifiestamente mejorable que conllevaron que una buena parte de los dependientes no pudieran cobrar en su momento oportuno como consecuencia de la no existencia de partida presupuestaria suficiente.

Muchas gracias. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, Señor consejero.

Para réplica, el señor Sada, por tiempo de cinco minutos, puede intervenir.

El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor presidente.

Me ha expuesto simplemente, como yo preveía, las dificultades que dice usted que tenía, pero, después de ocho meses... ¿Qué hubiera hecho usted si le hubiera tocado poner en marcha esta ley? Empezando de cero, poner todo en marcha [aplausos], que se puso, lógicamente, con algunos errores, como es evidente, ¿qué hubiera hecho? ¿Cuántos años necesitaría para hacer la primera valoración, Dios mío! Mire, un poco de seriedad, usted está aquí no para darnos cuenta de las partes administrativas, sino políticas, es que no se acaban de enterar, es que no se acaban de enterar de que son gobierno, y de que tiene que gobernar, y de que tienen que tomar decisiones, y de que tienen que atender a los ciudadanos y no poner excusas de mal pagador constantemente para no hacer caso ni atender a esos problemas para los que los ciudadanos les demandan, y que es para lo que les eligieron, que es para lo que eligieron a la señora Rudi, porque había dicho que tenía soluciones para todos los problemas estos. [Aplausos.] Pues no era verdad; ocho meses después, sabemos que no solamente no es verdad acometer los problemas, sino que no es capaz de continuar con aquellas cuestiones que se habían puesto en marcha de mutuo acuerdo entre todos, ni siquiera en eso es capaz de garantizar la continuidad, ni siquiera de eso, ya no de aportar soluciones nuevas, no le voy a pedir ya aportar soluciones nuevas, pero al menos no nos destroce lo que sí que estaba funcionando, lo que los aragoneses decían y aquello en lo que habíamos llegado al acuerdo de que sí funcionaba.

Tengo que decirle que ha dado cuatro datos, yo espero que ahora nos dé más porque, lógicamente, tiene que tener más. Le he dicho en primer lugar que el Ministerio no ha querido publicar los datos este mes, y es cierto, el Ministerio, el Gobierno del Partido Popular de Madrid, por primera vez desde que se pone en marcha, no ha querido publicar los datos, y esto es un hecho, no es una opinión, es un hecho, la opinión me la reservo, ni digo por qué, pero es un hecho.

En segundo lugar, la realidad es que hay menos dependientes atendidos ahora que hace ocho meses, esa es una realidad incuestionable. Y ya en cuanto a todas las dificultades, hay una cuestión que en gobernar se llama «priorizar», se llama «tener prioridades políticas», es dónde queremos priorizar el gasto, y a la vista está que para ustedes, entre esas prioridades, no está la de la dependencia porque no han metido, no han desviado ni un solo euro hacia esta cuestión. [Rumores.] Le digo datos. En el año anterior, pasó lo mismo, se hizo una cuestión... Quizás haya que decir lo que es un derecho subjetivo, que parece ser que algunos no lo tienen claro, un derecho subjetivo es algo a lo que tienes derecho, haya o no presupuesto, y ese es el tema que no entienden, o que no quieren entender, o que quieren quitar y hacer desaparecer, pero es un derecho subjetivo, por lo tanto, hay que atenderlo porque lo demás, si no, queda en el debe.

En este tema, en el año anterior, en año 2010, se empezó con un presupuesto de noventa y un millones y se terminó con un presupuesto de ciento diecisiete millones. ¿De dónde lo saco el Gobierno? De priorizar este gasto y no otros, así de simple y sencillo, o sea, de ejercer su acción y su obligación, y su responsabilidad, que era gobernar, tomar decisiones, de esa cuestión simplemente. Y ustedes, simplemente, han entrado en el Gobierno y no han ejercido esta cuestión o, si la han ejercicio, no ha sido hacia la ley de la dependencia.

En la retirada de fondos que dice usted, es que han sido todas las comunidades autónomas. La regularización de expedientes, que aquí, por cierto, usted sabe que ha sido menos que en otros sitios porque en Aragón no existía, simplemente no se estaba pagando a fallecidos, y usted lo sabe, igual que lo sabe uno de los dos directores generales... Por eso, cuando me habla de coordinación, oiga, coordine primero al director gerente del IASS, que dice una cosa, y a la directora de Dependencia, que está diciendo otra completamente diferente sobre este tema. [Aplausos.] Pero eso ha afectado a todas las comunidades. Y le voy a decir más, esos retrasos en la aplicación suya, ¿sabe qué consecuencias económicas van a tener? Que, en la aplicación actual del ministerio, le van a pagar en la primera vez bastante menos dinero y van a tener usted y el consejero de Hacienda dificultades financieras serias por la propia incapacidad del departamento, para llevar al día estos expedientes.

Pero, además, una cuestión le digo. Antes he dicho —para terminar— que el PIB, el déficit sobre el PIB ha sido del 2,88%, nada grave, nada espectacular, incluso ha hecho mención positiva la presidenta. ¿Sabe cuánto hubiera supuesto resolver el problema de la dependencia? Un 0,07 más. ¿Usted cree que, por un 0,07 más de déficit presupuestario, merece la pena no haber atendido a cinco mil personas dependientes y a sus familias? [Aplausos.] Esa es la pregunta.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sada.

Señor consejero, puede duplicar por tiempo de cinco minutos.

El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, presidente.

Le vuelvo a decir, señor Sada, que los datos de febrero están publicados, entre en la web del Ministerio y los tiene, yo he entrado y los he encontrado, y no soy ninguna persona caracterizada por mi habilidad con los medios informáticos. [Rumores.]

Dice que qué hemos hecho. Le voy a contar solamente cuatro cosas que hemos hecho ya hace unos días, y sabe para qué las hemos hecho [un diputado sin identificar se manifiesta desde su escaño en los siguientes términos: «Ayer»]... No, no, no, ya hace unos días. Y ¿sabe para qué las hemos hecho? Pues simplemente para una cosa: para asegurar el derecho de veintitantas mil personas en Aragón para recibir la prestación que les correspondía, y de unas cuantas más que también tienen derecho como consecuencia de que se haya devengado el derecho económico no percibido como consecuencia del desfase entre la solicitud y la cuantificación de la prestación.

Para eso, ¿qué hemos hecho? En primer lugar, ni más ni menos que modificar el presupuesto del año pasado en un importe, creo que importante, de 13,3 millones de euros, que permitió que veintitantas mil personas pudieran cobrar los meses de noviembre y diciembre, cuestión que, por supuesto, con su presupuesto —y valga la expresión— no estaba garantizada.

En segundo lugar, ¿qué hemos hecho también? Hacer lo que ustedes no hicieron: aprobar una orden en este departamento para establecer las cuantías máximas y mínimas de las prestaciones de dependientes moderados, grado uno, nivel dos, imprescindible para poder fijar las prestaciones de estos beneficiarios, aprobada el 14 de noviembre, publicada en el BOA el 5 de diciembre. Esto determinó que estos dependientes, a partir de ese momento, pudieron ser valorados, iniciada su tramitación, para después cuantificar los programas individuales de atención (los PIA) todavía pendientes, a pesar de que la efectividad de incorporación al sistema de este colectivo debía haber sido del 1 de enero de 2011.

También tengo que decir respecto a este tema que el Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, ha modificado la concreción del número de beneficiarios del grado uno, nivel dos, quedando en el conjunto de Aragón después de esta interpretación de este real decreto ley en cuatro mil quinientos un dependientes, que, por cierto, ustedes nunca contemplaron en su anterior mandato; desde luego, mucho menos desde el momento de puesta en marcha de este grado. La incorporación de estas personas al sistema será a partir de este mes de marzo.

¿Qué hemos hecho también? Dotar de un presupuesto adecuado a las necesidades, no como ustedes, un presupuesto de ciento veinte millones, ciento once por una parte y nueve millones, dirigido a ayuntamientos, cuando ustedes dotaron ochenta y seis millones de euros en 2011, claramente insuficiente, como se ha podido demostrar y como he comentado. Como consecuencia de ello, obligó a una modificación presupuestaria de 13,3 millones de euros para mantener algunos de los derechos, no todos. A partir de esta dotación presupuestaria de este año 2012, el IASS ha podido activar la aprobación de los PIA, de los programas individuales de atención, y, a través de una previsión y un acompasamiento del ritmo de las altas en función de la capacidad de gestión y de las disponibilidades de tesorería, ha establecido unos plazos de incorporación como beneficiarios al sistema de los grandes dependientes, grado tres, y dependientes severos, grados dos, de forma que en enero hayan entrado doscientos once, en febrero, mil quinientos noventa y tres, en marzo, mil trescientos entrarán, en abril, mil cuarenta y cuatro, en mayo, mil cuarenta y cuatro, y en junio, mil diecisiete.

Y ya por último, ¿qué hemos hecho también? En la materia de prestaciones de servicio, ni más ni menos que dotar con una cantidad importante el presupuesto para habilitar ciento ochenta plazas más de residencias para mayores dependientes y ochenta para personas discapacitadas. Y, en este ámbito, hacer una cosa que ustedes tampoco hicieron, que fue actualizar el precio de las plazas concertadas con un incremento del 2,4%, recogido en una orden que, por cierto, se publica mañana, ya está aprobada y se publica mañana.

Creo que con todo esto queda evidenciado que el Gobierno no ha parado, que ha hecho lo que tenía que hacer, en definitiva, para mantener un derecho, adoptando medidas tanto normativas como en gestión para que las prestaciones sean debidamente atendidas.

Y un dato para terminar. He comentado antes un dato que es el que me preocupa, la diferencia entre las personas que tienen derecho y las personas que cobran, son diez mil setecientos; ustedes, en junio de 2011, tenían ocho mil ochocientos, sin contar los cuatro mil quinientos de grado uno, nivel dos, que tenían que [corte automático del sonido]...

Muchas gracias. [Aplausos.]

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.

Es el turno de los grupos parlamentarios.

Señora Luquin, tiene la palabra.

La señor diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, señora presidenta.

En primer lugar, día 8 de marzo, quiero empezar haciendo un reconocimiento expreso a las miles de mujeres que a lo largo de la historia han luchado por conquistar derechos y libertades, y hoy, 8 de marzo de 2012, a las miles de mujeres que vamos a tener que seguir estando atentas y vigilantes para que esos derechos y libertades no se nos vayan a ir eliminando.

Y, por tanto, quiero expresar también mi absoluto rechazo a las declaraciones del ministro de Justicia, el señor Gallardón, que nos quiere hacer retroceder a setenta años atrás [aplausos] y, desde luego, convertirnos en menores de edad.

Este grupo parlamentario, Izquierda Unida, y esta diputada, desde luego, están absolutamente beligerantes y van a seguir defendiendo sus derechos y sus libertades como otras mujeres lo hicieron en el pasado.

Dicho esto, señor consejero, vamos hablar sobre la comparecencia que se ha solicitado sobre retrasos en las prestaciones de la llamada «ley de la dependencia». Yo creo que es importante aquí hacer una serie de salvedades o aclaraciones: por un lado, qué dice la ley, por otro lado, qué es lo que hacen ustedes, por otro lado, lo que son los datos, y, finalmente, lo que dice y hace el Gobierno central. Porque es más importante no lo que usted ha contado, sino, sobre todo, lo que usted, hoy, no nos ha dicho aquí, y nosotros queremos saber qué piensa usted de lo que dice el Gobierno central, el señor Mariano Rajoy, sobre el tema de la ley de dependencia.

La ley dice claramente que son reconocimientos de derechos, prestaciones de atención a la dependencia recogidos y reconocidos como componente fundamental del sistema público de servicios sociales, prestaciones exigibles al configurarse como derecho subjetivo de las personas que cumplen con los requisitos y financiación asumida por las Administraciones públicas, eso es lo que dice la ley. Los datos desde mayo de 2011, que están ustedes gobernando, ya se ha dicho, estábamos en el tercer puesto en atención a usuarios y ahora estamos en el noveno: a eso se le llama «retroceso». Y ustedes han tenido ocho meses para poner los mecanismos que consideraran adecuados y necesarios para poder incorporar a más gente a ese derecho de prestaciones, y, sobre todo, porque usted sabe perfectamente que ha habido muchísimas personas que han dejado de recibir la ayuda económica desde mayo. Sabe que son personas vulnerables y que esa prestación económica es absolutamente fundamental, fundamental para los cuidados y fundamental para la prestación de asistencia.

Y usted sabe que esa realidad, porque la conoce tan bien como yo, ha dejado a muchísimas personas en una situación de vulnerabilidad absoluta. A este grupo parlamentario no le sirve que usted vaya a achacarlo a que no había habido una consignación presupuestaria suficiente o no suficiente. Desde mayo sabían lo que pasaba y hasta febrero no han podido empezar a cobrar, y esa es la realidad, la realidad de miles de personas, de aragoneses y aragonesas que, teniendo derecho a una prestación, no la han podido cobrar.

Pero es que, además, también se ha dado la paralización en la incorporación de nuevos beneficiarios que cumplen con los requisitos para acceder al sistema. ¿Qué mecanismos y medidas concretas, su departamento y usted, como su máximo responsable, han puesto ya a disposición para que esas personas que tienen derecho a cobrar esa prestación o derecho a una prestación no la vayan a poder tener?, encontrándose en estos momentos con un parón absoluto, en el que no saben ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Medidas concretas desde su departamento y medidas concretas que usted piensa que hay que adoptar de forma inmediata para solucionar este problema.

Pero es que luego tendremos que hablar de lo que se ha dicho, y que es realmente el nudo gordiano de la cuestión, y es que se ha puesto en duda por parte del Partido Popular la sostenibilidad de la ley, se ha dicho que era necesario modificar el sistema de financiación, que no era sostenible, que era necesaria una modificación. ¿De qué hablan ustedes exactamente cuando se refieren a esto? ¿De la demora que ya supone la ley de la dependencia? En estos momentos, la demora anunciada por el Gobierno a nivel estatal supone, de dependientes moderados en el nivel uno y en el nivel dos, más de treinta mil personas, pero la entrada al sistema de la dependencia leve, de grado uno y nivel uno, un retroceso de dos mil catorce, doscientas cincuenta mil personas; en el caso de Aragón, estamos hablando de doce mil doscientos aragoneses. El ahorro, tal y como se ha dicho, a nivel económico es insignificante, estamos hablando a nivel estatal de cuarenta millones de euros. De lo que estamos hablando es de cuestionar si la ley es sostenible o no, estamos hablando de cuestionar uno de los pilares fundamentales, una ley que creemos nosotros que era importante, que era la ley de la dependencia.

Y ese es el debate en estos momentos: si ustedes, cuando hablan de la modificación del sistema, de la modificación financiera, del modelo de financiación de la ley de dependencia, lo que nos quieren decir es que van abrir la puerta una vez más a la privatización y lo que se quiere es privatizar la ley o la utilización de los cheques servicio; que todo el mundo sabemos que, con esos cheques servicio, esa cantidad que se le da al beneficiario, el que más tienen puede acceder a mejores servicios y el que menos tiene acude casi a [corte automático del sonido]...

Y a mí me gustaría que usted, hoy aquí, nos asegure que la ley de dependencia en esta comunidad autónoma es sostenible, sostenible y que la Administración pública va a poner todos los recursos económicos encima de la mesa para garantizar que todas aquellas personas que tienen derecho a la prestación y al servicio van a poder contar con ello. Y se lo quiero escuchar como compromiso para que este grupo parlamentario se quede tranquilo, porque, si no, en breve estaremos hablando de otra cosa y, posiblemente, se pondrá encima de la mesa que la ley de dependencia en estos momentos ya, con las disponibilidades económicas que tenemos, deja de ser una ley financieramente sostenible, y eso será preocupante y eso será no solo un retroceso y una paralización, sino que nos costará muchísimo poder conseguir tener ciertas cotas fundamentales del derecho del bienestar.

Y, por otro lado, usted es...

El señor PRESIDENTE: Termine, señora Luquin.

La señora diputada LUQUIN CABELLO: ... —voy terminando— plenamente consciente, señor consejero, de que faltan muchísimos centros de mayores, de que faltan muchísimas residencias. ¿Qué tipo de actuaciones y medidas alternativas tiene para dar soluciones a esas personas que quieren y necesitan poder tener una residencia, una cama, y en estos momentos es imposible?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.

Por parte del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, su portavoz, la señora Ibeas, tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, presidente.

Señor consejero, no me iba yo a imaginar que hoy le tendría que decir lo que le voy a decir porque, si, en su momento, usted se hubiera retractado de aquellas palabras que dijo tan inoportunamente sobre las mujeres, entonces hoy hablaríamos de otra forma, pero que usted haya hecho alarde de que se debe a usted, a su idea, el que hoy hayamos leído aquí una declaración institucional, ¿qué quiere que le diga? ¡Qué quiere que le diga! [Rumores.]

Yo creo que no va a tener suficiente de todas formas con una legislatura para lavarse las vergüenzas, y tiene que quedar claro, porque la pregunta que le haría es: señor consejero, ¿cómo se le ocurre a usted hablar de una declaración de algo relacionado con las mujeres sobre el empleo si a usted le parecía que, con la que estaba cayendo, esto, hace unos meses, no tenía ningún sentido? ¿Lo ve como no tenía ninguna razón ni ningún sentido lo que usted dijo en aquel momento? Y no le hubiera costado nada, además, retractarse.

El retraso en el desarrollo de la ley ha sido un retraso que ya lo denunciamos también en la pasada legislatura porque la decisión del Gobierno de Zapatero, en mayo del año 2010, para, precisamente, retrasar las resoluciones de los expedientes ya fue una mala noticia, fue una mala noticia porque, además, se justificaba con las crisis, cuando, en realidad, tendría que haberse hablado de las consecuencias que eso tenía. Estábamos hablando de derecho ciudadano de acceso en igualdad de oportunidades a elementos esenciales para la vida autónoma de muchas personas, pero, además, estamos hablando de un derecho que es difícilmente separable, yo diría que es absolutamente inseparable, de la dignidad. Llegan ustedes y ¿qué hacen? Bueno, llegan usted aquí y, de momento, lo primero que hacen es: paralizan, paralizan el proceso, paralizan el desarrollo, el cumplimiento de la ley, es más, incumplen ustedes la ley al dejar de prestar ese servicio al que tienen derecho tantas personas. Eso para empezar. Incrementan las listas de espera, lógico, y nueve meses de paralización al final, señor consejero, para la entrada de nuevas personas dependientes en el sistema. Esa es la realidad, y usted ha dado la cifra: estamos hablando de que el 30% de las personas dependientes en Aragón, en estos momentos, no reciben ninguna prestación. Es que es fuerte, ¿eh?

Y, además, esto no es «miren, vamos a tardar seis meses más», es que esto, señor consejero, es «mire, váyase usted a la peluquería dentro de seis meses, que no le pasará nada», no, porque en seis meses pasan muchas cosas y, según sea, además, la dependencia, puede hacer francamente invivible la vida en un entorno familiar.

Por una parte, la Administración autonómica en este caso no ha prestado los servicios que tenía que haber prestado, pese a ese derecho, pese a la dignidad que está en juego, pese a las consecuencias, en algunos casos irreparables, de esa decisión, y se lo han puesto de manifiesto las asociaciones profesionales, se lo han puesto de manifiesto también las asociaciones de familiares, se lo han dicho otras personas que me han precedido en el uso de la palabra, no se lo voy a recordar yo a usted ahora.

Y, además, otra cosa más, fíjese, es que se han perdido, se están perdiendo, pero ya se han perdido oportunidades para la creación de empleos de calidad y estable y también para el retorno económico para las arcas públicas, que es que llevamos toda la mañana hablando de su obsesión, de la obsesión del Partido Popular y del Partido Aragonés por controlar déficit, deuda, pero el medio no. Por encima de todo, señor consejero, están las personas, esas son las que en estos momentos están quedando tapadas en un rinconcito, hablando de las macrocifras, a las que a ustedes ahora les interesa tanto referirse constantemente.

Y el colmo de los colmos, pues el colmo, mire, el real decreto, del 30 de diciembre, sobre medidas urgentes precisamente para corregir el déficit público. Nuevos retrasos, nuevo retraso, y luego sale la ministra Ana Mato diciendo que, miren, es que no hay presupuesto, no hay presupuesto para mantener la ley de dependencia; se mantendrá, no hay presupuesto. Pues, oiga, ¿cómo se come eso? ¿Va a caerles dinero del cielo? Porque no quieren que quien más compromiso social tiene que tener pague, que es lo que tiene que hacerse, ustedes no quieren eso, los quieren tener a todos bien tranquilos, y al mismo tiempo dicen que van a garantizar ¿el qué? ¿Hasta dónde, señor consejero?

Las propias familias están teniendo que afrontar con sus recursos, en unos momentos difíciles de crisis, el coste que significa la atención a estas personas, en momentos de crisis. Y, en momentos de crisis —y termino—, muchas son las mujeres que se tienen que estar encargando de dar una solución familiar en unos entornos complicados porque las Administraciones públicas no están cumpliendo su deber. Eso es lo que pasa, muchas mujeres, mujeres que trabajan a tiempo parcial, mujeres que dejan su empleo para tener que ocuparse de las personas dependientes en las familias, muchas de esas mujeres en las que, al parecer, usted estaba pensando cuando propuso esta declaración institucional hoy aquí, muchas de esas mujeres que están, según esta persona, que es en estos momentos una persona indeseable en cualquier gobierno, como es el ministro Gallardón, que dice que, entre tanta violencia estructural, deben estar todo el día, estamos todas las mujeres obsesionadas con abortar. Ese es el Gobierno que tenemos en Madrid y, aquí, la cosa no mejora.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.

Señor Blasco, del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gracias, señor presidente.

Ni es la primera vez ni será la última que, a lo largo de esta legislatura, veamos iniciativas en relación con la llamada «ley de la dependencia», precisamente por su importancia, por su trascendencia, porque afecta a muchos miles de ciudadanos aragoneses y porque en algunos casos se ha llegado a hablar de esta ley como del cuarto pilar del Estado de bienestar, con todo lo que eso supone.

Y, efectivamente, es una ley importante, es una ley fundamental, es una ley de gran trascendencia, pero también es una ley que en su momento fue criticada porque se hizo la ley, pero no se dotaron los medios suficientes como para que esa ley fuese efectiva a posterioridad, y ahora estamos viendo cómo se están produciendo algunos déficits importantes en una ley que afecta, y se ha dicho y se dijo el otro día también en la comparecencia de la directora general de Bienestar Social y Dependencia, fundamentalmente, a personas, que afecta a personas con nombre y apellidos y a personas que tienen un entorno familiar, que ven en esta ley una ayuda, un instrumento importante, un instrumento básico fundamental a la hora de conseguir un bienestar social que les es negado por otras causas.

En esas iniciativas que se han ido presentando a lo largo de esta legislatura (proposiciones no de ley, mociones, interpelaciones, comparecencias, etcétera), yo creo que nadie ha dudado, nadie ha puesto en duda, desde luego del Partido Aragonés no, pero tampoco lo he oído en ningún otro grupo político, no se ha oído de una manera expresa y creo que tampoco tácita que haya alguna voluntad de incumplirla. En fin, yo creo que el conjunto de todas las fuerzas políticas que formamos este Parlamento hemos dicho que hay voluntad de cumplirla y que hay necesidad de cumplirla. En ningún caso se ha puesto en duda a la bondad de la ley y, por lo tanto, yo creo que existen unas bases comunes sobre las que tenemos que trabajar.

Pero, efectivamente, mostrada esa voluntad, es verdad que a la hora de su cumplimiento surgen dudas, surgen discrepancias, y de eso iba esta comparecencia: sobre las razones por las que se están produciendo retrasos en las prestaciones de la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

Ya en la última comparecencia de la directora general, a la que he hecho antes alusión, se hablaba de las fortalezas y debilidades que se habían encontrado a la hora del cumplimiento de esta ley y, entre las debilidades, expresaba algunas de las causas, que el consejero también ha relacionado en general, sobre por qué se producían esos retrasos: se hablaba de una demanda que superaba la esperada, se hablaba de dilación en las resoluciones, de plazos administrativos largos, de sistemas administrativos descoordinados y con soportes muy deficientes, de déficit financiero, de la incorporación de nuevos demandantes, en este caso de grado uno, nivel dos.

Es verdad que tenemos una relación de causas que explican, pero no justifican, los retrasos. Yo creo que eso es lo importante. Una vez conocidas las causas, de lo que tenemos que ser capaces es de poner remedios a esos déficits, esas debilidades, para que los ciudadanos dejen de sufrirlas a la mayor brevedad posible. Es decir, ninguna de esas causas pueden suponer una excusa en el cumplimiento de la ley. Conocidas, hay que resolverlas, y eso es a lo que se debe poner el Gobierno, y, en este caso, la consejería, porque en su aplicación no pueden ser importantes los trámites burocráticos y no pueden ser solo problemas los trámites económicos.

Decía mi compañera María Herrero en una intervención al respecto que esta ley permite el arraigo familiar de las personas que son dependientes, quedándose en su pueblo, quedándose con sus familias. Eso es lo que importa de esta ley, que, realmente, afecta a las personas. ¿Que hay problemas? Demos soluciones. ¿Que hay retrasos? Evitémoslos. Pero no es bueno que de esta ley hagamos un arma arrojadiza sobre la que estemos permanentemente haciendo surgir dudas en aquellos ciudadanos que están esperando su cumplimiento.

Busquemos el consenso, como ya se hizo en la aprobación de la proposición no de ley 17/11, en la que todos fuimos coherentes y aprobamos que «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que agilice la resolución de las solicitudes de los aragoneses con derecho a las prestaciones». Yo creo que en esta ley es mejor buscar los consensos que los enfrentamientos, y eso será lo que nos agradecerán los ciudadanos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco.

Por el Grupo Parlamentario Popular, su diputada la señora Susín tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, presidente.

Yo —ya lo he dicho también alguna vez, y voy a empezar donde ha acabado el señor Blasco en esta tribuna— creo que es un tema demasiado sensible, que afecta a personas, como para que hagamos de esta ley y de este tema un arma arrojadiza —y me dirijo a usted, señor Sada, porque ha sido su grupo parlamentario el que ha solicitado esta comparecencia— para hacer determinados discursos en esta tribuna.

Permítame que dedique medio minuto de mi tiempo, ya que usted ha dedicado cuatro a hablar de nada durante el inicio de su intervención, a decirle una cosa, y es que, señor Sada, posiblemente, no ha comparecido la presidenta, como a lo mejor no comparecerá otras veces —tardaremos mucho en empatar con el señor Iglesias, con todas las veces que no compareció—, pero yo sí que le quiero decir, que yo jamás he visto en el tiempo que llevo en este Parlamento a ningún diputado de mi grupo parlamentario faltarle al respeto a ningún consejero que sustituyó al presidente Iglesias en las comparecencias, como usted ha hecho hoy. [Aplausos.] Sinceramente, no sabía, con lo de «señora presidenta», si se estaba refiriendo a doña Carmen Pobo o a doña Eva Almunia, que son las únicas mujeres presidentas que ahora mismo hay en esta sala.

En definitiva, lo ha reiterado el consejero hoy en cada una de las intervenciones en las que ha hecho referencia a la ley de dependencia, y es que uno de los principales cometidos que asumió y que asume el Gobierno de Aragón es asegurar la sostenibilidad del sistema de autonomía y atención a la dependencia. Sin duda, el número de beneficiarios, en los datos que usted ha dado, es inferior al número de personas dependientes reconocidas, y ello tiene una razón de ser muy sencilla señor Sada, y usted lo sabe, y es el desfase y la insuficiencia presupuestaria —se lo ha dicho también el consejero— en la que se hallaba el Instituto Aragonés de Servicios Sociales— a finales de la legislatura anterior, lo que motivó, y ya lo hemos dicho más de una vez, que desde la Intervención General de la comunidad autónoma se rechazasen nuevos compromisos de gasto. Tal decisión impidió y ha impedido que durante los últimos meses se pudieran aprobar nuevos programas individuales de atención a dependientes en los que se reconociesen prestaciones económicas. Son muchos los procedimientos terminados y que, por el desajuste presupuestario existente y por el cierre recaído por el IASS, producido al final de la legislatura anterior, no han podido generar las debidas prestaciones de carácter económico.

Decía usted, señor Sada, en su intervención que dejemos ya de mirar al retrovisor. Mire, usted es conductor, como yo, un buen conductor mira constantemente al retrovisor para adelantar, constantemente para adelantar, y eso es lo que hacemos nosotros, mirar al retrovisor para no cometer sus fallos. Pero también le voy a decir otra cosa, señor Sada: si usted hubiera mirado a su retrovisor —ya se ha ido la señora Fernández—, ahí tendría la respuesta a esta comparecencia. [Aplausos.] Que le diga la señora Fernández por qué no presupuestó el dinero y por qué estamos en estas circunstancias.

De todas formas, a 1 de enero, de acuerdo con el calendario de aplicación del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, entraba a 1 de enero del 2011, también entraba en vigor la protección a las personas con dependencia moderada correspondiente al grado uno y nivel dos. Pese a ello, y a causa tanto de la indeterminación de la cuantía mínima de las prestaciones como de la no autorización de nuevos gastos correspondientes al IASS, varios miles de procedimientos correspondientes a personas en situación de dependencia moderada no pudieron tener acceso a la protección del sistema. Se lo ha dicho el consejero, lo dije yo también aquí, en esta tribuna, más de una vez: ustedes no aprobaron la orden, no hicieron los deberes, pero ni siquiera informaron al Gobierno en el traspaso de que debería aprobarse esa orden inmediatamente.

Y, pese a su discurso, señor Sada, lamento decirle que este Gobierno ha tomado desde el primer momento las medidas para asegurar la percepción de las prestaciones por parte de los dependientes que la tenían reconocida y las previsiones para asegurar el pago de las prestaciones a aquellos dependientes que vienen aguardando la percepción de las mismas desde hace meses. Medidas como la modificación presupuestaria que hubo que realizar en el último trimestre del ejercicio 2011 para efectuar el pago de las prestaciones económicas ya reconocidas, puesto que el crédito inicial aprobado para 2011 era insuficientes para pagar las mensualidades de noviembre y de diciembre; la aprobación de la orden en la que se determinaron las cuantías máxima y mínima de las prestaciones correspondientes a dependientes moderados grado uno y nivel dos, decisión sin la cual resultaba inviable la fijación de las prestaciones correspondientes a los beneficiarios, y la más importante, señor Sada, que es la que ustedes no supieron hacer, es que las dotaciones presupuestarias del año 2012 contemplan el dinero necesario para asumir la dependencia y, además, nuevas dotaciones residenciales, ciento ochenta plazas para atención a mayores dependientes y ochenta para atención a personas discapacitadas.

En definitiva, se ha trabajado y se está trabajando para garantizar los derechos de los dependientes que la pésima gestión del Gobierno anterior sí que puso seriamente en peligro.

Nada más y muchas gracias. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Susín.

Para concluir el debate, el consejero...

Perdón, señor Sada, ¿alguna corrección?

El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el escaño]: Solamente una corrección, que es que no he faltado al respeto, nunca jamás he faltado al respeto a ningún consejero. Y, desde luego, revisaré las actas muy bien para eso.

Y estoy encantado de que la comparecencia, la señora Susín, me la haga a mí, en vez de al consejero.

Nada más y muchas gracias. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sada.

Señor consejero, puede cerrar el debate, tiene cinco minutos para hacerlo.

El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Presidente.

Voy a responder en conjunto porque, con diferentes formas, se han manifestado las mismas cuestiones, y voy a ir por partes.

En primer lugar, me preguntan por qué mecanismos se han puesto en marcha para solucionar un problema, que yo he comentado que existe. Esa diferencia entre personas que tienen derecho y beneficiario reales es un problema que, evidentemente, asumo como problema a resolver. Los mecanismos los he comentado: modificación del presupuesto, presupuesto de 2012, herramienta sin la cual no se pueden acometer los objetivos que tenemos que alcanzar; la orden que permite visualizar y generar derechos a cuatro mil quinientos aragoneses, que sin esta orden no hubieran tenido derecho a dependencia, y lo que he comentado respecto a las plazas de residencias para discapacitados y para mayores.

Pero lo que sí les tengo que decir es que no somos magos. En el año 2011 hicimos lo que pudimos hacer con el presupuesto que nos dejaron y con ese traspaso presupuestario que permitió garantizar a todas las personas que estaban cobrando que pudieran seguir haciéndolo los meses de noviembre y de diciembre, cuestión que, como he comentado, estaba ni mucho menos garantizada en el presupuesto diseñado por el Gobierno anterior.

También quiero comentar que se ha hecho alusión a qué piensa Madrid respecto a la ley de dependencia. Pues les voy a decir lo que piensa Madrid. Madrid piensa que es una ley hecha en 2006 y que estamos en 2012, y, como cualquier proyecto de ley, pasado un tiempo, hay que realizar una reflexión, hay que analizar el cumplimiento de los objetivos, hay que analizar en general el conjunto del funcionamiento de la dependencia y hay que analizar sobre todo la efectividad de la aplicación de recursos, aquí y en todos sitios, en relación con los objetivos que persigue la ley, que no son otros que el atender a personas que, por desgracia, necesitan apoyo, necesitan ayuda, personas dependientes, bien discapacitados o bien mayores, en nuestra comunidad autónoma, y en algunos casos evitar que estas personas tengan niveles de dependencia superior.

En relación con esto, creo que es un momento oportuno para hacer una reflexión, sobre todo respecto a este último punto. ¿Cuál es la efectividad real de los recursos que estamos poniendo encima de la mesa, aquí y en todas las demás comunidades autónomas, respecto al cumplimiento de los objetivos que marca la ley? Ya han pasado seis años y no creo que sea una cuestión extraordinaria ni sorprendente que sea el momento o que se plantee que es el momento de reflexionar sobre la ley.

Quería comentar también que la ley no se ha paralizado, se ha paralizado la prestación de determinados recursos económicos a determinadas personas por imposibilidad económica que antes he comentado, y que, como también he comentado, hemos intentado subsanar con una serie de medidas que, a partir de 2012, con nuestro presupuesto ya realizado atendiendo al 100% de las necesidades, pretendemos que se vaya corrigiendo. He comentado que se van a ir incorporando personas que, teniendo derecho ya en 2011, no habían podido beneficiarse de las prestaciones, cosa que va a pasar durante los seis primeros meses en función de las disponibilidades de tesorería.

Y ya para terminar, y respondiendo de alguna manera a un comentario que ha hecho el señor Blasco, que agradezco, todo lo que he comentado, evidentemente, explica la situación, explica esa diferencia, que es lo preocupante, entre personas con derecho y personas que cobran dependencia. Pero esa explicación, esos problemas que he comentado que existen no justifican, ni pretendo que justifiquen, que este consejero y su equipo eludan responsabilidades. Estamos responsabilizados para sacar adelante este tema, sabemos que no es fácil, sabemos que tenemos unos recursos que entendemos que son suficientes, pero que es un concepto de dependencia, como otros muchos, en el presupuesto de esta comunidad Autónoma y en el resto de comunidades autónomas, que se puede ver modificado al alza como consecuencia de una mayor necesidad, de una mayor número de solicitudes, pero eso no va a ser óbice para que el Gobierno asuma responsabilidades, que ha asumido en el primer momento en esta cuestión y en otras de servicios sociales, como creo que quedan medianamente claras en los presupuestos.

Muchas gracias. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.