Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

Proposición de ley de la renta social básica.

El señor diputado LAMBÁN MONTAÑÉS: Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, creo que es aspiración de todos los diputados de esta Cámara que Aragón ocupe posiciones de liderazgo en el terreno de la economía. Pero creo que en este momento es más importante todavía ocupar posiciones de liderazgo en el terreno de la cohesión social y del ejercicio de la solidaridad.

Por eso, hemos presentado esta proposición de ley sobre la renta social básica, una iniciativa que anunciamos ya en el debate de la comunidad y que se apoya en dos preceptos muy importantes: en primer lugar, supone el desarrollo del artículo 23 del Estatuto de autonomía de 2007, según el cual «los poderes públicos de Aragón promoverán y garantizarán un sistema público en servicios sociales suficiente para la atención de personas y grupos, orientada al logro de su pleno desarrollo personal y social, así como, especialmente, a la eliminación de las causas y efectos de las diversas formas de marginación o exclusión social, garantizando una renta básica en los términos previstos en la Ley». Y en segundo lugar, y en desarrollo de ese precepto estatutario, existe una Ley de servicios sociales de Aragón del año 2009 en la que se señala que la renta básica social deberá ser una de las prestaciones que integren el catálogo de los servicios sociales aragoneses, concretando que esta prestación, de acuerdo con la disposición adicional tercera, deberá ser regulada por una ley.

¿Por qué presentamos nosotros ahora esta proposición? Pues, porque la evolución socioeconómica del país, señoras y señores diputados, hace absolutamente imprescindible que ese imperativo estatutario y que ese mandato legislativo se hagan realidad aquí y ahora, sin más dilación, porque miles de familias aragonesas lo están demandando de manera angustiosa.

¿En qué consiste la renta social básica? Como se dice en el texto de la proposición, es una prestación económica de carácter periódico destinada a garantizar unos ingresos mínimos a las personas que carezcan de recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas y mantener la dignidad básica. Es, en definitiva, la renta social un elemento que se configura como un derecho subjetivo para todas aquellas personas que cumplan los requisitos establecidos por la ley, que determina, asimismo, las cuantías y demás extremos que los señores diputados ya habrán leído en el texto.

Para evitar equívocos, hay que decir de entrada que esta renta no es lo mismo que el ingreso aragonés de inserción, una solución pensada para un tiempo y para un momento distinto. El llamado IAI estaba pensado para las personas que se encuentran en los márgenes de nuestra sociedad, que precisan de un acompañamiento técnico profesional para conseguir su inserción social y laboral; la necesidad social que atiende el ingreso aragonés de inserción es fundamentalmente la inclusión social.

Pero con la crisis, señoras y señores diputados, aparece un fenómeno social nuevo. A personas que han tenido siempre una situación económica saneada, más o menos acomodada, la crisis les ha arrebatado sus medios habituales de vida, y ahora mismo no pueden cubrir si quiera sus necesidades básicas. No son personas que necesiten procesos de inserción social, recordemos que eran hombres y mujeres en muchos casos pertenecientes a la casi extinta clase media. No necesitan tampoco un proceso de inserción laboral, son personas que en momentos de economía normal encontraban empleo con demasiada facilidad. Su necesidad social consiste, simple y dramáticamente, en cubrir sus necesidades básicas. Su necesidad no es, por tanto, alcanzar la inclusión, su necesidad es evitar la exclusión.

En esas circunstancias, señoras y señores diputados, estarán de acuerdo conmigo en que para estas personas la inclusión social debe convertirse en un derecho, no en una obligación. En otras palabras, en el IAI, la inclusión social es una obligación que se puede utilizar para quitar la prestación económica en caso de incumplimiento más o menos demostrado. Pero ese concepto, el del IAI, ha quedado ampliamente superado por la evolución social. Por eso es tan necesaria una nueva propuesta de prestación económica que se adapte a esa nueva realidad; una nueva prestación concebida como un derecho de ciudadanía que busca evitar que las personas caigan en situación de exclusión social; una nueva prestación, señoras y señores diputados, diferente a cualquier idea de beneficencia o simple concepto de reinserción, conceptos e ideas propios, como he dicho antes, de un momento de expansión económica como era el que existía cuando se creó esta figura.

Por lo demás, señoras y señores diputados, estoy convencido de que comparten esta preocupación y de que comparten también nuestra idea de que es obligación inmediata de la política dar solución a este problema. Les expondré la situación, no obstante, a partir de algunos datos.

Ahora mismo, según informaciones repetidas hasta la saciedad en los medios, el 50% de los hogares aragoneses tienen problemas para llegar a fin de mes. Ayer mismo leíamos que en Aragón hay treinta y siete mil ochocientos siete hogares sin ingresos. Y nos enterábamos también con mucha preocupación de que a pesar de que en el resto de España bajó, el pasado mes de marzo se incrementó el paro en Aragón: ya tenemos ciento dieciséis mil personas en esa situación, de las cuales, más de setenta y seis mil no cobran desempleo, es decir, el 65%. Y sabemos también que diez mil familias aragonesas no tienen ningún ingreso, de las cuales solo tres mil quinientas perciben el IAI.

En su día, ya manifestamos con claridad nuestro desacuerdo con los presupuestos de Aragón en materia social o en materia de dependencia. Pero en este momento, señores diputados, es un imperativo ineludible, es una prioridad máxima dar una solución urgente a las familias que no tienen ningún ingreso y aprobárselo como un derecho que evite su exclusión.

La crisis económica, señores diputados, no es una excusa para no aprobar esta proposición de ley. Por el contrario, la crisis económica justamente nos obliga a aprobarla.

Si estuviéramos en una situación próxima al pleno empleo no sería tan necesaria esta renta social básica. Entonces, podría tener más sentido el IAI. Pero ahora estamos en una cifra del 26% de desempleo en España, con miles de familias, en muchos casos, de las clases medias, como las llamábamos antes, en riesgo de exclusión inminente.

Por otra parte, no estamos planteando tampoco la renta de ciudadanía, una aspiración socialdemócrata y republicana a la que no renunciamos a medio plazo.

Nuestra propuesta, señores diputados, es más limitada y más realista: no pretendemos llegar con una prestación individual a los setenta y seis mil desempleados que no cobran el desempleo; pretendemos solamente, con la prestación que proponemos, llegar a las siete mil familias que no cobran el IAI.

En ese sentido, ya presentamos una enmienda a los presupuestos para financiar esta iniciativa y que ustedes no aprobaron. Presentamos una ley sobre depósitos bancarios, que ustedes también rechazaron.

Pero ahora, señores diputados del PAR y del Partido Popular, tienen una nueva oportunidad. Según todas nuestras informaciones, el Gobierno de España va a flexibilizar el objetivo de déficit para las comunidades autónomas. Pues, bien, utilicen ese margen, que a buen seguro se producirá antes de que esta proposición, que en el mejor de los casos pueda convertirse en ley, entre en funcionamiento.

Porque, señores diputados, les insisto en que no estamos hablando de beneficencia, estamos hablando de dignidad y, por tanto, de libertad. Porque para nosotros, señores diputados, la libertad no es solamente la no injerencia de los poderes públicos en la esfera privada de las personas o de las familias, la libertad consiste fundamentalmente en que los poderes públicos garanticen la no dominación de unas personas sobre otras o la no dominación de unas situaciones determinadas sobre determinados grupos sociales. Y una de las peores situaciones de dominación es justamente la que se deriva de la carencia de medios para sobrevivir con una mínima dignidad.

La democracia, señoras y señores diputados, no es algo que consista exclusivamente en disponer de derechos políticos y civiles, consta también de derechos económicos, sin los cuales, los otros derechos no dejan de ser, en cierto modo, papel mojado.

Por eso, señoras y señores diputados, en este momento está en nuestras manos preservar la libertad, los derechos y la dignidad de miles de aragoneses sin recursos que, además, lo están por causas absolutamente ajenas a su voluntad y en las que la política, por su incapacidad para buscar soluciones, tiene mucho que ver, tiene la máxima responsabilidad. Si no lo hacemos, señoras y señores diputados, si no trabajamos por asegurar la dignidad de los ciudadanos a los que ustedes gobiernan, quienes estaremos perdiendo definitivamente la dignidad seremos todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lambán.

Turno en contra. ¿Solo lo va a utilizar el Grupo Parlamentario Popular?

Pues, la señora Vallés tiene la palabra por tiempo de diez minutos.

La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor presidente.

Señorías, interviniendo en este turno en contra, creo que resulta evidente cuál va a ser la posición del Grupo Popular frente a la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista que tiene como objetivo la regulación legal de la renta social básica.

Empezaré diciendo que he escuchado atentamente al portavoz socialista en la defensa de su propuesta, en la que me duele que se pueda llegar a utilizar en la misma excesiva demagogia en un asunto tan importante como es garantizar la subsistencia económica de un creciente número de aragoneses.

Y hablo de demagogia porque una cosa son los deseos, las bonitas palabras, los eslóganes reiterativos, y otra, la realidad planteada en su propia propuesta, en el texto que nos han presentado, y por qué no decirlo, la posible realidad o la realidad posible de esta comunidad autónoma.

Ustedes, hoy, nos vuelven a plantear la regulación legal de la renta básica, que ya fue rechazada por el Pleno de esta Cortes el pasado 7 de febrero con motivo de una moción y donde sí se acordó por unanimidad de todos los grupos garantizar la consignación presupuestaria del Ingreso Aragonés de Inserción como derecho subjetivo de la Ley de servicios sociales.

Renta social básica que, por otro lado, y como aquí ya se ha dicho en esta tribuna, con esta denominación aparece en la Ley 5/2009, de junio, de servicios sociales de Aragón, en cuya disposición final tercera —digo final porque en su proposición hablan de «adicional»—, se fijaba un plazo de un año para su regulación, plazo que, evidentemente, el Grupo Socialista, entonces en el Gobierno, incumplió, o mejor dicho, tal como en aquellas fechas, ante la petición de otros grupos, no consideró necesaria esta nueva prestación económica, porque ya se cubrían las necesidades de cohesión social con lo que se encontraba regulado en la Ley 1/1993, de 19 de febrero, de medidas básicas de inserción y normalización social, Ley que, como ustedes ya saben, estableció y reguló el Ingreso Aragonés de Inserción como derecho subjetivo de los residentes en Aragón.

Ingreso Aragonés de Inserción que en pleno periodo de crisis económica, con un Gobierno socialista y con unos datos en paro en Aragón de ochenta y seis mil novecientos aragoneses, modificó en su desarrollo reglamentario mediante Decreto 125/2009, para mejorar los requisitos y condiciones para poder acceder a esta prestación económica. Pero que no procedió a su regulación bajo la denominación de «renta social básica», como tampoco lo hizo incluyéndolo en el catálogo de servicios sociales que aprobó en el 2011, sino que se remitió en una futura ley de prestaciones sociales de carácter económico, que, por cierto, tampoco nos plantean ahora.

Así que la prestación económica propuesta se limitó en aquel entonces al ingreso aragonés de inserción, que por aquel entonces, como decía, en un presupuesto del 2009, estaba dotado con dos millones y medio de euros, frente a los veintiún millones de euros en los que aparece dotado en el presupuesto de 2013. Que, por cierto, un presupuesto global, este del 2013, setecientos treinta millones menor que aquel de 2009, lo que deja bien clara la voluntad y la decisión política en esta materia por el actual Gobierno del Partido Popular.

Es decir, ustedes alegaban la existencia de una regulación legal del ingreso aragonés de inserción con declaraciones de responsables políticos en esta misma tribuna y con acciones, como la ya descrita, de modificar la existente en lugar de proceder a una nueva regulación bajo la denominación de la renta social básica. Algo que ustedes, señorías, con esta propuesta, siguen planteando en el fondo, pues, con esta proposición de ley, no estamos creando una nueva herramienta económica como ha parecido que ustedes hacían en su propia intervención. Una cosa es lo que se dice y otra lo que se propone en este texto.

Porque del texto realmente propuesto no se deduce una nueva herramienta a añadir al ingreso aragonés de inserción, que garantiza los recursos mínimos de subsistencia, o añadir a las ayudas de urgencia o al apoyo a la integración familiar, que en su conjunto constituyen unos programas dirigidos a la consecución de la cohesión social.

No, señorías, no creamos nada nuevo, sino que ustedes, en la proposición de ley, lo que realmente plantean es una modificación de algunos aspectos del programa económico de inclusión social denominado «ingreso aragonés de inserción». Y esto lo afirmo porque en su disposición derogatoria de la proposición de ley que estamos debatiendo en esta toma en consideración, ustedes derogan la Ley 1/1993, que estableció por primera vez en Aragón el ingreso aragonés de inserción, por cierto, con un Gobierno del Partido Aragonés y del Partido Popular, presidido por un político al que recientemente todos hemos honrado en su despedida, don Emilio Eiroa, y que merece, por lo menos, su propia mención en este establecimiento.

Señorías, si se deroga lo vigente y plantea una nueva regulación, no crean, señorías, nada nuevo, sino que modifican lo existente. Y, señorías, el Grupo Popular no considera necesaria una modificación de este recurso económico de inclusión social en estos momentos. No lo considera necesario en estos momento de grave dificultad económica de todos los ciudadanos y de las Administraciones, que requieren de la mayor responsabilidad, eficacia y eficiencia en la gestión del dinero público, que es de todos.

Ustedes hablan de que plantearon una enmienda a los presupuestos para crear esta renta social básica. Pues, yo les vuelvo a repetir que con la enmienda que ustedes plantearon en la sección 30 lo que hacían era añadir al dinero que ya se habían gastado esos veintitrés millones. Momentos de gran necesidad social y de importantes medidas tendentes a evitar situaciones de exclusión social que han supuesto, en dos años, pasar de una dotación de seis millones y medio de euros en el presupuesto social y hasta el 2011, y unos datos en paro en Aragón de ciento nueve mil cuatrocientas personas, a veintiún millones en el 2013, con unos datos que conocimos ayer de ciento dieciséis mil quinientas ochenta y dos personas en paro.

Señorías, son datos objetivos, son posiciones y decisiones políticas, no meras manifestaciones.

Y que comprenden, señorías, con tal regulación...

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

La señora diputada VALLÉS CASES: ... todos los que ustedes plantean incluir en su renta social básica. Pues, el ingreso aragonés de inserción lo pueden solicitar aquellos residentes entre dieciocho y sesenta y cinco años que carecen de ingresos económicos, también los menores emancipados si tienen menores a su cargo.

Sin olvidarnos de la existencia de otros recursos, como la prestación no contributiva para los mayores de sesenta y cinco años o la dotación económica recogida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, para las mujeres víctimas de la violencia de género. Es decir, no aportan nuevos beneficiarios.

No es el momento, no se amplían los beneficiarios, ni tampoco compartimos el criterio de la modificación que supone, en algunos supuestos, la necesidad de que esta ayuda económica vaya acompañada de planes individualizados de inserción dirigidos a apoyar el desarrollo personal, potenciar la educación y formación y posibilitar los mecanismos que faciliten la incorporación al mercado de trabajo.

Estos planes individualizados solo se aplicarían, según su propuesta, a aquellos que no hayan cotizado ocho meses en los últimos doce años o a aquellos que lo consideren oportuno los funcionarios del sistema.

La única variación que ustedes plantean es que se sustituye la obligatoriedad de los planes de inserción por imposibilidad y atendiendo a las circunstancias e informes de los profesionales del sistema, siendo sustituidos estos planes individualizados de inserción por recibir un adecuado acompañamiento individualizado y profesional para facilitar la inserción social y/o prelaboral. Es decir, no aportan excesivamente nada nuevo.

Se trata, por tanto, de reducir los compromisos de integración laboral y social de los perceptores, algo que, por cierto, se contiene en todas las regulaciones de este tipo de recurso que, con distinta denominación, viene a regularse en el ámbito del derecho comparado autonómico, que se podrían incluir en las denominados «rentas mínimas de inserción», como es la Renta Garantizada a la Ciudadanía de Valencia, la Renta Básica en Navarra, la Renta Mínima de Inserción en Madrid o el Ingreso Mínimo de Solidaridad en Andalucía. Pues, incluso Cantabria, que tenía la regulación menos condicionada en el tiempo y sin contraprestación, la ha modificado en marzo de 2012, en cumplimiento de su Plan de estabilidad.

Recursos económicos en todas las comunidades autónomas donde los requisitos, la duración y el importe son variados. La renta máxima para poder solicitar el aval del 60% del salario mínimo en Andalucía, al 75% del IPREM en Murcia. La edad va desde los dieciocho a los sesenta y cinco años en Aragón a los veinticinco-sesenta y cinco en Andalucía. La duración va desde los seis meses en Andalucía hasta los veinticuatro en Cantabria o los doce meses de Aragón, Valencia o Castilla y León. Y la cuantía de la ayuda va desde los 62% del salario mínimo de Andalucía hasta el 75% del IPREM en Castilla y León.

Señorías, por la complejidad de la situación económica y presupuestaria en la que nos encontramos, por la necesidad de concentrar los recursos en la consecución de la máxima cohesión social, por esfuerzo económico en la dotación del ingreso aragonés de inserción y en el resto de programas sociales, entre los que destaca el nuevo fondo de inclusión social y familiar, producto de una enmienda de los presupuestos del Grupo Popular y del Partido Aragonés, con una dotación de siete millones y medio más a los que ya estaban previstos en el presupuesto, por la regulación comparada en el ámbito autonómico en la que se plantean contraprestaciones de implicación social, laboral y formativa de los perceptores y, en este caso, de la misma manera que se encuentra recogido en el ingreso aragonés de inserción.

Por todo ello, señorías, vamos a rechazar esta toma en consideración de la proposición no de ley.

Muchas gracias. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.

Pasamos al turno de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios.

Empezamos por Izquierda Unida de Aragón. La señora Luquin tiene la palabra por tiempo de siete minutos.

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, señor presidente.

Señorías.

El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida va a votar a favor de la toma en consideración de la proposición de ley de la renta social básica.

Lo va a hacer, además, porque lo que se está proponiendo está enmarcado ya en lo que es el contexto normativo del que nos hemos dotado en esta comunidad autónoma. Se ha dicho ya, pero yo creo que es importante resaltarlo: se recoge ya en el artículo 23.1 del Estatuto de Autonomía, que lo dice claro, y, además, la Ley de servicios sociales que aprobamos en el 2009 contemplaba ya la posibilidad de esta renta social básica como prestación para integrar en el catálogo de prestaciones de servicios sociales que, dicho de paso, está parado y que se tendría que volver a reactivar porque creemos que es necesario.

Es una proposición de ley que es necesaria y es oportuna. Desde el Partido Popular se ha insistido mucho en hablar del ingreso aragonés de inserción y aquí estamos hablando de otra cosa, porque estamos hablando de dar un paso más, de avanzar un paso más. Tendríamos, por explicarlo bien, el ingreso aragonés de inserción que surge muy concreto para unas soluciones y unas realidades muy concretas, que hablamos de la necesidad de la inserción de personas en riesgo de exclusión social con trabajos y con programas individualizados. Otra cosa es cómo se haya aplicado el ingreso aragonés de inserción y si se ha desarrollado, más o menos, toda esa parte que tenía relación y vinculación con la necesidad de trabajar en la inserción e intentar ir paliando la exclusión social. Eso es una cosa, pero la renta social básica es otra cosa. Y la renta de ciudadanía, que es lo que lleva demandando Izquierda Unida desde hace muchísimo tiempo, es otra cosa. Por lo tanto, podríamos decir que lo que se está haciendo en estos momentos es dar un paso más, un paso más encaminado a lo que nosotros creemos que debería ser una realidad, que es la renta de ciudadanía.

En estos momentos, hablamos de esta renta social básica, una renta social básica que, viendo los datos y teniendo los datos encima de la mesa de cuál es la realidad y la situación en Aragón, creemos que es más que necesaria. Se ha dicho aquí los hogares, la cantidad de personas que tienen dificultades para poder garantizar sus necesidades básicas a final de mes. Estamos hablando de ciento treinta mil personas. Pero es que en estos momentos, con la gente que está parada en esta comunidad autónoma, los datos que salieron ayer, un 50% de esos parados tienen serias dificultades ya no solo para llegar a final de mes, sino que están en riesgo de pobreza. Un 35,42% de ellos no recibe ninguna prestación y el resto de los que la reciben llegan a cuatrocientos euros. Esa es la realidad actual, aquí y ahora, de la ciudadanía aragonesa, y es la obligación de los poderes públicos de actuar directamente, porque tienen la obligación y la responsabilidad de garantizar, ¡qué menos!, que se puedan cubrir las necesidades básicas de su ciudadanía.

Por eso es importante y creemos que es fundamental que cuando se habla de renta social básica, aquí estemos hablando de un derecho que, además, creemos que tiene que ser individual, un derecho social, un derecho ciudadano, porque vamos a seguir reivindicando lo que significa ser ciudadano con derechos. Los derechos no solo tienen validez porque se reconozcan, que es importante, los derechos tienen validez cuando tenemos la capacidad de poder ejercerlos. Y, últimamente, tenemos un serio problema: cada vez tenemos menos derechos reconocidos, pero cada vez es más complicado poder ejecutarlos.

Por lo tanto, los poderes públicos no solo deben reconocer los derechos a sus ciudadanos, sino que tienen que poner los instrumentos para que los puedan ejercer. Y este es un instrumento que sirve para adecuar la acción social a las necesidades que tenemos en estos momentos, que son diferentes. Se ha dicho y lo volvemos a insistir: no estamos hablando de gente que necesite reintegrarse, no estamos hablando de personas que estén en riesgo de exclusión de pobreza, pero no de inserción social, sino que las circunstancias, que son circunstancias muchas veces exclusivamente económicas, los están dejando fuera del sistema. De eso es de lo que estamos hablando. Por eso esa necesidad de derecho subjetivo, es decir, que se pueda reclamar. Un derecho individual y que no signifique que esto esté al albur ni de los presupuestos de una comunidad autónoma y, si se decide, que se pueda apostar o no apostar por garantizar derechos a los ciudadanos.

Es que la situación es una situación de crisis grave. El problema es que en el año 2013 tenemos una situación de crisis grave, pero es que el 2014 sigue siendo una situación de crisis grave, y el Gobierno, como sigue insistiendo en las misma políticas, las políticas de austeridad, las políticas que no reactivan la economía, el aumento del paro lo tenemos aquí. ¿Para qué está un Gobierno entonces? ¿Para cumplir exclusivamente el objetivo del déficit? ¿Esa es la única función que tiene este Gobierno? Pues, sinceramente, si esa es su único objetivo, estaría bien o que reflexionen o que dimitan. Porque a un Gobierno se le elige para que mejore la calidad de vida de su ciudadanía. A un Gobierno se le elige para que su objetivo prioritario sea sus ciudadanos y sus ciudadanas. Y en estos momentos tenemos la impresión de que, desde luego, la ciudadanía ni es el objetivo prioritario y garantizar la calidad de vida de los mismos tampoco.

Queremos insistir en que no se confunda que el ingreso aragonés de inserción era una cosa, para unas situaciones concretas, pero que de lo que hablamos ahora es de otra cosa, de una renta social básica, que es absolutamente diferente.

La señora Vallés ha hablado de algunas comunidades autónomas. Y podía haber puesto como ejemplo Asturias, o podía haber puesto como ejemplo también el País Vasco. Podríamos haber puesto esos dos ejemplos que no son los que usted dice. Y se hace una clara distinción. El ingreso aragonés de inserción, para unas circunstancias concretas. La realidad y los nuevos perfiles de personas que necesitan ese apoyo y esa prestación económica han cambiado en los últimos tres años, como cuestión exclusiva de la crisis. Gente que tenía un empleo, gente que tenía lo que se dice una vida normalizada, que algún día entraremos a denominar qué significa normalizada, que tenía un empleo, que tenía una casa, que en estos momentos, con la crisis, están en riesgo de exclusión social, en riesgo de pobreza, porque no tienen ninguna prestación económica.

¿A cuánta gente estamos dispuestos a expulsar del sistema? ¿A cuánta gente cree este Gobierno que puede sostener cada vez más fuera del sistema? Es una pregunta que se deberían hacer ustedes. Esa pregunta se la deberían hacer y, desde luego, no solo hacerla, sino poner herramientas y mecanismos para poder trabajar.

¿Cuáles son los niveles tolerables de pobreza que puede aguantar esta comunidad autónoma? ¿Cuáles son? ¿Hasta dónde cree el Gobierno que los puede aguantar?

Esto, creemos e insistimos que es un paso más y es entender que el ingreso aragonés de inserción tenía una función y que la renta social básica es otra cosa, que no va enfocada directamente a la integración a la inserción social, sino que lo que significa es esa prestación económica que garantiza, como mínimo, tener las necesidades básicas cubiertas. Y ojalá pudiera salir adelante —lo lamentamos, porque ya sabemos que no— para poder seguir trabajando en el objetivo que Izquierda Unida ha defendido de forma histórica, que es la necesidad de la renta ciudadana, que creo que es un debate interesante para hablar, que es el concepto de ciudadanía dentro de los valores republicanos.

Por lo tanto, votaremos a favor de la proposición no de ley, aunque nos tememos que vamos a tener poco éxito.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.

Por el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista, la señora Ibeas tiene la palabra por tiempo de siete minutos.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor presidente.

Señorías.

Señor Lambán, va a contar con el apoyo de mi grupo parlamentario, como es lógico.

Estamos hablando de un tema que debería haber estado resuelto hace tiempo, y eso también hay que asumirlo, pero eso no es excusa para que no se resuelva cuanto antes.

Estamos hablando, además, de un concepto que fue acuñado no hace tres años, hace cuatro años, sino que fue acuñado ya en 1984. Luego ha llovido mucho desde entonces. Y en aquellos momentos se planteó un debate porque se consideraba que era necesario desde la Asociación de la Red de la Renta Básica y, en estos momentos, nos estamos planteando un debate con una situación complicadísima, durísima, imposible de gestionar para muchísimos ciudadanos y ciudadanas que viven en nuestra comunidad autónoma.

Tenemos, señorías, un mandato en nuestro Estatuto de Autonomía de Aragón, tenemos un artículo, el artículo 23.1, donde se señala expresamente que los poderes públicos tienen que comprometerse a poner en marcha este recurso, esta prestación económica.

Tenemos, además, señorías, un compromiso adquirido a través de la ley que fue aprobada en el año 2009, la Ley 5/2009, de servicios sociales de Aragón. Es que al final vamos a pensar que no nos sirven para nada las leyes, que no nos sirve para nada el Estatuto.

Señora Vallés, su grupo parlamentario presentó enmiendas a favor de esta renta básica. Ahora no tiene sentido equiparar renta básica con ingreso aragonés de inserción. Usted sabe que no es lo mismo. Ya, ya, pero vienen a decir que, bueno, como ya tenemos el ingreso aragonés de inserción..., que es que hemos leído perfectamente la transcripción del anterior debate con la señora Susín, y era lo que venía a decir cuando se debatió una iniciativa del Partido Socialista. Tenemos el ingreso aragonés de inserción, pero profundicemos, porque son prestaciones diferentes, son recursos diferentes. Y si estábamos de acuerdo los grupos parlamentarios en que era necesario dar una respuesta social con esta prestación, si se incluyó en la Ley de servicios sociales, si ustedes pretendieron mejorar la ley en esa línea, mi grupo apostó desde el primer momento, hace años ya, sobre una renta básica de ciudadanía —luego recordaré la iniciativa—, ¿qué hacemos ahora poniendo en cuestión la pertinencia de que sea necesario o no, que tenemos dinero o no? A ver, es que una renta básica no es para cuando toda la gente le sobra el dinero; es que si nadie la necesitara, no hablaríamos de ninguna renta básica.

Es cierto, estoy de acuerdo con usted, había un reconocimiento expreso en esa Ley, en el artículo 37, de acuerdo, y en la disposición final tercera se decía además, expresamente, que en un plazo máximo de un año debería entrar en vigor la ley, pero teniendo en cuenta..., perdón, la entrada en estas Cortes de dos proyectos de ley donde se tenían que regular concretamente las prestaciones sociales que en este caso tenían carácter económico. Estoy de acuerdo, y que no entró, estoy de acuerdo con usted en que llegó tarde el decreto del catálogo de servicios sociales de Aragón. Estoy de acuerdo. ¿Y qué quiere que hagamos? ¿Paramos todo? No miramos ya hacia delante y decimos «como no lo han hecho...», es que no es «y usted más». Es que esto se está convirtiendo en «y usted menos». Eso no lo podemos hacer, porque tenemos un compromiso parlamentario ante la ciudadanía, estamos representando aquí a la ciudadanía. Entonces, no puede convertirse esto en el que «ustedes, cuando lo pudieron hacer, no lo hicieron», es cierto. ¿Y qué? ¿Ustedes, ahora, lo pueden hacer y tampoco lo van a hacer? Pues, entonces, ¿a qué esperamos? ¿Qué es lo que puede esperar la gente en la calle? ¿Qué es lo que tiene que esperar la gente cuando se entera de que estos debates se están produciendo en las Cortes? Yo me siento aquí representante de ciudadanía, pero es que paso vergüenza a veces cuando ves la impotencia con la que defendemos propuestas en la que todos los partidos hemos estado de acuerdo y que no pueden avanzar, señorías.

Hace tiempo que ya era hora. Mire, en el año 2005, mi grupo parlamentario, Chunta Aragonesista, trajo una moción a estas Cortes para que se planteara un estudio sobre la conveniencia, sobre la viabilidad de esta renta básica de ciudadanía, que era y es por la que apuesta mi grupo. Su grupo, el Partido Popular, votó a favor. Votaron en contra el Partido Socialista y el Partido Aragonés, que estaban en el Gobierno. Pero Izquierda Unida y el Grupo Popular votaron a favor de aquella propuesta. Mi grupo, este año, con ocasión de los presupuestos de la comunidad autónoma para el año 2013, ha presentado también una enmienda concreta al texto articulado en este sentido. Luego, a ver, no es una cuestión que aparezca y desaparezca como el Guadiana, es que tenemos la sensación de que si se está en la oposición, se defiende una cosa y cuando uno llega al Gobierno se olvida. Y no puede ser, porque permanentemente hemos tenido un nivel de pobreza en Aragón. Y lo reconoció su propio partido en el año 2005, cuando el señor Guedea nos decía en estas Cortes que aunque teníamos unos momentos de crecimiento y de desarrollo económico en la comunidad autónoma, había un nivel de pobreza. Pues, si el señor Guedea tuviera que salir ahora a defender esto mismo aquí en vez de estar presidiendo Aramón, ya veríamos que diría, porque lo tendría muy, muy complicado.

Era un debate urgente, es un debate pertinente, pero lo que es urgente, urgente, es la resolución. Tendremos que llegar a un acuerdo en este sentido, porque es una demanda de la sociedad civil. Hemos estado recibiendo a colectivos en la Comisión de Peticiones Ciudadanas en la que se nos ha trasladado expresamente esa petición, esta necesidad. Y les vamos a decir: «Mire, no, las Cortes nos encargamos de otra cosa; las Cortes de Aragón debatimos sobre los grandes temas que van por las nubes. Pero las Cortes de Aragón no nos centramos en los temas que realmente preocupan a la gente». Y si en estas Cortes no bajamos los pies al suelo, no serviremos para nada, señorías, seremos una institución muerta.

No valen excusas improcedentes e injustificadas sobre que falta dinero, porque sin circunstancias que hicieran necesaria una renta básica, insisto, no haría falta este debate. Mientras haya ciudadanos que lo necesiten, tendremos que hacer lo posible para impulsar desde estas Cortes medidas gubernamentales. Necesitamos un mecanismo de cohesión en esta situación y de integración social, como es una renta básica. Necesitamos algo diferente al ingreso aragonés de inserción, algo diferente, y ustedes, insisto, lo defendían. Y mientras sigan echando la culpa al Gobierno anterior, no vamos a hacer nada, seguiremos penalizando desde estas Cortes a la gente que peor lo pasa.

Y cuando usted habla de demagogia, señora Vallés, qué tendremos entonces que decir sobre lo que ustedes defendían en el año 2005. ¿Era demagogia lo que decían? O cuando presentaban enmiendas a la ley de servicios sociales, ¿era demagogia? Entonces, ¿era por demagogia, era porque estaban en la oposición y estaban muy libres? El Partido Aragonés, que votó a favor de esa ley y que proponía esa ley, ¿lo hacía porque no tenía más remedio, porque estaba con el Partido Socialista? Ahora dice otra cosa.

Debatamos, señorías. No estamos de acuerdo con los planteamientos de su proposición de ley, querríamos mejorarlo, vamos en la línea desde Chunta Aragonesista de una propuesta de renta básica de ciudadanía, pero si no se toma en consideración este proyecto de ley, no lo podremos debatir nunca y habremos fracasado una vez más ante la ciudadanía.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, el señor Blasco tiene la palabra.

El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Buenos días.

Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, hablar de renta social básica o de ingreso aragonés de inserción en estas Cortes con la frecuencia con la se está realizando no es una buena noticia, no es una buena noticia por lo que supone de situación de necesidad en la que se encuentran muchos miles de ciudadanos y en las que, sin dudar, yo creo que todos los grupos de esta Cámara procuramos poner nuestro granito de arena para conseguir las mejores circunstancias a través de las ayudas pertinentes de la Administración, para que estas personas puedan subsistir con las ayudas necesarias.

La situación que nos piden los ciudadanos, para lo que nos exigen que trabajemos, es para tratar de recuperar una situación económica, laboral, una situación social que les permita conseguir, a través de sus propios recursos, a través de su trabajo digno, el cubrimiento de las necesidades que tienen. Sin embargo, siempre tendrá que haber para casos excepcionales aquellas ayudas que sean necesarias.

Todos conocemos, pues, y se ha hablado aquí bastante de la situación actual, pero la pregunta es si en estos momentos tenemos los medios adecuados y necesarios para cubrir esas necesidades. Ya en el pasado Pleno del 7 de febrero, se trajo a este Pleno, a propuesta del Grupo Socialista, una moción en la que se instaba al Gobierno de Aragón a plantear una renta básica como derecho subjetivo de todas las personas y a garantizar la gestión prioritaria de esta prestación.

En aquel debate, el Partido Aragonés presentó una enmienda en el sentido de que se hiciese una revisión de la normativa para establecer las condiciones del ingreso aragonés de inserción de forma que se garantizase la coordinación interadministrativa y que se garantizase igualmente la consignación presupuestaria del IAI, algo que se está produciendo, pero, en cualquier caso, nos parecía oportuno insistir en ese sentido. Y como consecuencia, se aprobó un texto en esa moción, un texto que fue transaccionado, en el que se instaba al Gobierno de Aragón a garantizar la consignación presupuestaria del ingreso aragonés de inserción como derecho subjetivo recogido en la Ley de servicios sociales de Aragón en el 2009.

Han pasado apenas dos meses y hoy tenemos esta proposición de ley, y nuestro grupo se mantiene exactamente en la misma tesis de la propuesta que fue aprobada por estas Cortes. Por cierto, esta proposición de ley lleva fecha dos meses anteriores a la proposición no de ley. Me refiero a que parece que la urgencia fue más de la proposición no de ley que de la proposición de ley. Pero, vamos, es un tema más bien anecdótico.

Y mantenemos nuestra posición porque, como dijimos entonces, pensamos que en estos momentos existen los instrumentos necesarios y suficientes para atender a esa problemática, para afrontar la problemática en la que se encuentran los ciudadanos más desfavorecidos, que no es sólo a través del ingreso aragonés de inserción, sino con otras ayudas familiares, otras ayudas de urgencias que existen, etcétera.

Y en lo que tenemos que ser eficaces es en la adecuación de los procedimientos que hagan posible que los ciudadanos lleguen de la mejor forma y de la forma más rápida, sin exclusiones, a esas ayudas.

Se ha hablado aquí ya de varias leyes y se ha hablado del ingreso aragonés de inserción como un elemento que en estos momentos no sirve. Miren ustedes, el ingreso aragonés de inserción ya tiene una historia larga: es de marzo de 1993. Y cuando se presentó, se decía que «el ingreso aragonés de inserción comprende prestaciones económicas destinadas a garantizar los recursos mínimos de subsistencia a quienes carezcan de ellos». Eso es lo que dice el ingreso aragonés de inserción. Y lo que dicen ustedes en esta proposición de ley, cuando hablan del objeto y del concepto, «la renta social básica es una prestación económica de carácter periódico destinada a garantizar unos ingresos mínimos a las personas que carezcan de recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas». Primos hermanos, lo lean o no lo lean. Yo estoy leyendo textos legales y textos suyos. Y eso es lo que pone en el texto.

¿La renta básica puede superar al ingreso aragonés de inserción? Bien, en todo caso, lo que haremos será dividir el ingreso aragonés de inserción en dos: por un lado, lo que son las necesidades económicas y, por otro lado, lo que es la inserción, pero no vamos a pasar mucho más de ahí.

Pero, en cualquier caso, no nos parece que en su momento no pueda haber una ley, no lo negamos. Lo que simplemente sí negamos es que, en estos momentos, ni el Gobierno ni este grupo parlamentario tenga el más mínimo interés en solucionar este problema. Eso sí que lo negamos. Y lo hemos oído en los tres grupos anteriores. Y, desde luego, que ustedes digan que nosotros, desde el Partido Aragonés o de este Gobierno, no estamos planteando normas como la aprobación, por ejemplo, del Fondo de ayuda social y familiar urgente, que se estén incorporando recursos al ingreso aragonés de inserción, que se haya multiplicado, y que ustedes digan que eso no es trabajar en pro de la ayuda a las personas necesitadas, nos parecen, cuando menos, injusto.

Más aún cuando, a lo largo de estos años, el Partido Aragonés ha sido igual de escrupuloso con las decisiones de los gobiernos anteriores, que, por cierto, desde el año 1993 hasta el 2011 ha actuado poco en cuestión de la renta social básica. Porque hubo ocasión en la Ley del 2009 y no pareció prioritario. Y hubo ocasión cuando se hizo el Decreto del 2011, y tampoco pareció oportuno. Miren ustedes, cada Gobierno tiene su ritmo y tiene sus planteamientos. En estos momentos, el planteamiento es de resolver los problemas a través del ingreso aragonés de inserción y de todas las ayudas que se están planteando. ¿Ese es el planteamiento, que ahora es urgente hablar de renta básica? No lo sé. Han hablado ustedes a la vez de otras rentas ciudadanas que me ha sonado algo peor. Yo creo que empezamos a mezclar aquí una serie de cosas.

Pero, en cualquier caso, lo que nos parece importante..., sí, nosotros no podemos considerarlo desde el punto de vista republicano, ya me perdonarán ustedes, porque parece que estas rentas tengan un cierto color, pero nosotros lo entendemos desde un punto de vista bastante más amplio.

Repasen ustedes lo que han dicho a lo largo de los discursos y seguramente lo entenderán.

Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco.

Vamos a someter a votación la toma en consideración de esta proposición de ley.

Señorías, ocupen sus escaños.

Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y seis: a favor, treinta y uno; en contra, treinta y cinco. Queda rechazada la toma en consideración.

Y pasamos al turno de explicación de voto.

Señora Luquin, brevemente, por favor.

La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el escaño]: Muy breve.

Simplemente, para lamentar que no haya salido, porque creo que dejamos de pasar no una oportunidad, sino una obligación, porque la realidad y la situación de miles de ciudadanos aragoneses es una situación dramática, e insistimos en que las mejoras que se puedan ver de aquí a medio o largo plazo son inexistentes.

Estábamos hablando de datos encima de la mesa y volvemos a insistir: ¿qué es lo que piensa hacer el Gobierno? ¿Cuánto cree que puede aguantar más? ¿A cuánta gente está dispuesta a expulsar del sistema? ¿Y qué alternativas pone encima de la mesa?

Este era un paso más, un paso más que podía garantizar esas necesidades básicas que, al menos, se pudieran cubrir. Pero, desde luego, ¿qué alternativa, qué mensaje de esperanza damos a esos miles de personas que en estos momentos están sin prestaciones económicas y que van a seguir estando en esa situación?

Vuelvo a insistir, ¡es que es obligación de los poderes públicos! El reconocimiento de derechos, el poder dar las herramientas para que se puedan ejercer. Y en estos momentos, la prestación económica se hace obligatoria y necesaria para no expulsar a miles de personas del sistema.

Desde luego, lamentar profundamente que no haya salido, y podría haber salido en el 2009, en el 2010 o en el 2011, pero eso no puede ser excusa o argumento para que en estos momentos no se tenga en cuenta la toma en consideración y que hubieran aportado lo que consideraran que tenían que aportar en lo que era la proposición de ley.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.

Señora Ibeas, puede intervenir.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

Señor Lambán, señorías.

La verdad es que lamentamos mucho que su iniciativa no haya salido adelante por culpa de los grupos que apoyan al Gobierno, más que nada porque nos priva de un debate para poder tener la mejor ley posible en este sentido.

Señora Vallés, mi grupo entiende que es una irresponsabilidad lo que acaban de hacer ustedes hoy. Además de incoherente respecto de lo que ustedes han defendido. Pero en la situación actual, es una auténtica responsabilidad.

Vamos a ver, sabemos y estamos de acuerdo en lo que ustedes mantenían ya hace años: que la mejor política social es crear empleo. Pero a ustedes, en estos momentos, no les está saliendo bien. Mientras no les salga bien, ya me dirán ustedes qué es lo que quieren que haga la gente que no tiene ninguna posibilidad de tener recursos.

Ustedes que planteaban que la renta básica fuera, además, reconocida como un derecho subjetivo, es decir, exigible y universal, se quedan en nada. Ustedes que estaban defendiendo, como defendíamos nosotros, que había que tratar de garantizar a todas las personas, simplemente por el hecho de ser ciudadano o ciudadana, unos ingresos suficientes para vivir dignamente, ahora se olvidan de este tema.

Y no estamos hablando de ayudas condicionadas, señor Blasco, no confundamos las cosas, que eso es el ingreso aragonés de inserción. No estamos hablando de ayudas a la familia: estamos hablando de que quien no llegue en este caso al mínimo exento de las rentas se le pueda compensar lo que le falta para que pueda alcanzar ese mínimo, que es lo que necesita para poder vivir dignamente. De eso estamos hablando. Es que no estamos hablando de lujos.

Sin unos ingresos mínimos, señorías, señora Vallés, señor Blasco, no hay vida digna, no hay posibilidad. Sin unos ingresos mínimos, es que ni siquiera hay garantía de poder tener una buena salud. Estamos hablando de eso, y ahora, no sé qué mensaje quieren que entienda la gente en la calle, porque lo que les mandamos hoy desde esta Cortes por su culpa —es cierto— es que mientras lo están pasando como lo están pasando, aquí debatimos y nos quedamos con los matices y les estamos diciendo que cada uno se coma sus problemas, que aquí estamos para otras cosas, y es así.

Ahora, señorías —y concluyo—, que se está hablando de recortes de servicios..., perdón, de recortes de derechos sociales, que finalmente tienen que ver con el Estado del bienestar, creíamos y seguimos creyendo que la renta básica de ciudadanía sería y debería ser una alternativa adecuada, una alternativa, en este caso, a las ayudas tradicionales condicionadas que trajera esa dignidad de ese ingreso mínimo que no aparece reconocido.

Ya nos dirán ustedes cómo piensan resolver el problema de la gente, porque hoy acaban de pegar un hachazo a un debate que tenía que haberse producido y a una resolución y a medidas efectivas que por su culpa no van a llegar.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.

Señor Blasco, puede intervenir.

El señor diputado BLASCO NOGUÉS [desde el escaño]: Muchas gracias, señor presidente.

Yo es que creo que estamos leyendo otras cosas o hablando de cosas distintas, o aquí pretendemos hacer la ceremonia de la confusión. Porque, claro, decir que comprende prestaciones económicas destinadas a garantizar los recursos mínimos de subsistencia, no sé qué condiciones tiene o qué condiciones pone. Eso lo pondrá, en todo caso, después. Pero estamos hablando de eso, y eso es el IAI. Que a partir de ahí queramos hacer una ley exclusiva, bien, pero eso será otro debate, y ese debate no excluye el que estos grupos parlamentarios lo hayan demostrado en otros momentos a través de enmiendas en los presupuestos, como, por ejemplo, el famoso Fondo de inclusión social y ayuda familiar urgente, algo que no se apoyó por otros grupos. Y eso es dar trigo; lo de predicar es más fácil y se puede decir lo que haga falta. Pero miren ustedes, lo que no le podrán decir a este partido es que ni ha sido coherente con sus actuaciones a lo largo de estos años ni que no ha sido coherente tomando las medidas necesarias para solucionar los problemas, que ahí es donde nos piden los ciudadanos que trabajemos. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco.

Señor Lambán, puede intervenir.

El señor diputado LAMBÁN MONTAÑÉS [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

Señores de Chunta y de Izquierda Unida, les agradecemos sinceramente su apoyo. Con su voto a favor, han defendido la dignidad de miles de familias aragonesas y, en consecuencia, se han demostrado dignos representantes del pueblo aragonés.

Señor Blasco, creo que usted no se ha enterado absolutamente de nada. Este es justamente el momento en el que ha de aprobarse una medida de esta naturaleza porque es justamente ahora, como consecuencia de la situación económica, cuando hay que darles a las familias las oportunidades necesarias, no para incluirse en el sistema, sino para no salir del sistema. El IAI procura la inclusión, el derecho subjetivo de la renta básica evita la exclusión, y usted confunde un contrato condicionado con un derecho subjetivo que, al parecer, está eliminado del vademécum de sus políticas sociales. Por eso le digo que creo que, sinceramente, no ha entendido usted absolutamente nada.

Señores del PAR y del Partido Popular, con su voto de esta mañana han condenado —lo digo, lo reitero—, han condenado literalmente a miles de familias a la exclusión social y a la miseria económica. Con su voto han demostrado que su política social consiste en las mesas petitorias y en la caridad [aplausos], una política propia de la Inglaterra del siglo XIX, que tan bien retrataba Charles Dickens.

Con su voto, señores del Partido Popular y del Partido Aragonés, han condenado, como decía, a la miseria a miles de familias aragonesas y, sobre todo, han despreciado la dignidad de miles de familias aragonesas. Y por eso entenderán cuál es el concepto que esta mañana tenemos nosotros de la dignidad política y cívica de todos y de cada uno de ustedes.

Muchas gracias. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lambán.

Señora Vallés, puede intervenir.

La señora diputada VALLÉS CASES [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

Yo, después de escuchar a todos los portavoces, aún me reitero más en que la postura sobre la toma en consideración de esta iniciativa, no de lo que dicen los portavoces de Chunta Aragonesista, de Izquierda Unida y del Partido Socialista, de esta iniciativa, que está escrita y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, ha sido adecuada por parte del Partido Popular.

Porque aquí, señorías, no se plantea lo que ustedes están diciendo. Aquí lo que se plantea es la eliminación del IAI, que es un derecho subjetivo recogido en nuestro ordenamiento; aquí se plantea la sustitución del IAI con los mismos beneficiarios, quitan la obligatoriedad por la posibilidad, dependiendo del informe de los funcionarios, y quitan el plan individualizado y lo sustituyen por un acompañamiento individualizado.

¿Me quieren ustedes decir dónde plantean ustedes aquí lo que están diciendo? Porque es esto lo que estamos debatiendo, ¿eh? No estamos debatiendo los discursos que ustedes nos han hecho con una importante demagogia, en la cual, señorías, en la cual, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida han dicho que sí a esta proposición de ley, porque querían avanzar, y otros, porque querían avanzar, pero no con este texto, y lo que estamos tomando en consideración es este texto, señorías, no la cuestión.

Y lo que se dijo y lo que se plantea en la ley es una ley de prestaciones económicas. Porque de lo que no podemos hablar en estos momentos, que hay gran dificultad económica, es de eliminar un recurso como es el IAI y sustituirlo por otro que realmente resulta suficientemente vago.

Y también les quiero decir una cosa, señorías: este grupo sostiene un gobierno, con el Partido Aragonés, sostiene un Gobierno que es responsable y que quiere aprobar leyes y derechos que se puedan cumplir.

Y, señorías, cuando yo les hablaba de demagogia y cuando les hacía la historia, les quería responder que ustedes, con un presupuesto de setecientos treinta y dos millones más que este, no lo consideraban necesario y tenían un paro de ciento seis mil personas. Y un presupuesto del IAI de seis millones y medio. Y nosotros, lo que estamos haciendo es incrementar el ingreso aragonés de inserción, incrementar las ayudas complementarias y las ayudas de inclusión social, incrementarlo con un fondo que ustedes votaron en contra frente a propuestas que, como decía, suponían una partida..., gastarse incluso más dinero del realmente planteaban.

Esa es la diferencia entre demagogia, entre, como decía el señor Blasco, ir a sembrar trigo y en lo que consiste recoger el trigo.

La verdad es que las acciones del Gobierno de Aragón tienen como finalidad evitar la exclusión y también, cómo no, incluir la inclusión.

En esa trayectoria se está trabajando y en esa trayectoria se seguirá planteando.

Y, señorías, no se preocupen, que la ley de prestaciones sociales de carácter económico llegará a estas Cortes y verán ustedes lo que son unos programas, pero no sustituir unos por otros haciendo pura demagogia.

Muchas gracias. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.