Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón

La señora consejera de Bienestar Social y Familia (SUSÍN GABARRE): Gracias, presidenta.
Señorías, comparezco a petición propia con el objeto de informar sobre las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno de Aragón con motivo del cierre decretado judicialmente del centro de menores de Ateca y la política de protección de niños, niñas y adolescentes.
Comparezco yo para exponer las actuaciones que ha desarrollado y que va a implementar el Gobierno de Aragón, el actual. Pero, a tenor de las noticias que hemos ido conociendo y del análisis de los expedientes, quizás, quienes deberían estar en esta tribuna dando explicaciones podrían ser la señora Zamora, por el Grupo Socialista, o, quizás, la señora Lasobras, de Chunta Aragonesista. Porque les recuerdo que este centro ha sido contratado por el Gobierno de Aragón, que sus partidos conformaban desde el año 2017, y teniendo constancia —reitero, teniendo constancia— de que había denuncias y quejas encima de la mesa, volvieron a incluirlo en el acuerdo marco que adjudicó su Gobierno en funciones el 26 de junio de 2023 y formalizó el 17 de julio de 2023. [Aplausos].
Con el objeto de contextualizar, iniciaré mi intervención explicando que el centro de Ateca, gestionado por la Fundación Salud y Comunidad y la Asociación de Asistencia Integral Lagunduz Ute CAM Ateca, es un centro residencial de tratamiento terapéutico para menores de edad con problemas de conducta, con el que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales mantenía veintiún contratos de servicios en el momento de su clausura, uno por menor, mediante acuerdo marco.
Es importante explicar que el CAM de Ateca no es un centro del Gobierno de Aragón, sino que es un centro de carácter privado con el que el Gobierno de Aragón concierta plazas, como también lo hace con centros privados ubicados en otras comunidades autónomas y que forman parte del acuerdo marco.
En el año 2013, cuando se aprueba el primer acuerdo marco para el acogimiento residencial de menores, no existía ningún centro de estas características en Aragón, y es a través del acuerdo marco de 2017 cuando el Gobierno de Aragón empieza a contratar plazas con el Centro Lagunduz en Ateca tras su entrada en dicho acuerdo marco.
Por lo tanto, el CAM de Ateca lleva contratando servicios con el Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales desde el año 2017, y les recuerdo que hay declaraciones en la hemeroteca del anterior presidente de estas Cortes y alcalde de Ateca poniendo en valor el extraordinario trabajo que decían entonces que realizaba este centro. En el momento de su cierre, el IASS tenía contratadas veintiuna plazas, la Comunidad Autónoma del País Vasco tenía contratadas siete plazas y las Islas Baleares, cinco plazas en este centro.
Creo también necesario exponer que ante la gravedad de los hechos investigados en el centro de menores de Ateca y ante la gravedad de las acusaciones que se estaban haciendo públicas a través de comunicados de diferentes instituciones y de las madres de dos menores residentes en el centro, el Gobierno de Aragón y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales entendimos que nuestra principal preocupación y obligación era y es preservar la identidad y la seguridad de los menores, y era ese el momento de iniciar los trabajos de investigación interna y recopilación de la información obrante en poder de la Administración para ponerla a disposición de la jueza instructora del caso, si así se nos requiriera, o para ejercer nuestra personación en la causa como acusación particular, como así hemos anunciado ya.
El Gobierno de Aragón, hasta el momento, solo ha sido requerido por la Guardia Civil y la Fiscalía para la remisión de información y documentación que con fechas 16 y 23 de agosto fueron remitidas a ambas instituciones.
El Gobierno de Aragón y el Departamento de Bienestar Social y Familia entienden la preocupación compartida de la sociedad, las instituciones y los medios de comunicación ante la gravedad de los hechos denunciados. Pero, una vez más, hacemos un llamamiento a la prudencia en aras de salvaguardar el interés superior de los menores que pudieran estar afectados, que esa, señorías, debe ser la principal preocupación de todos quienes afirman y manifiestan su preocupación.
Desde que se conocieron las detenciones de varios trabajadores y el director del centro, el día 1 de agosto, la relación de actuaciones que les voy a relatar son las que han determinado el Departamento de Bienestar Social y Familia y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
Día 1 de agosto, cuando se conocen las detenciones. Esa misma mañana, la primera actuación fue contactar con el responsable de la entidad gestora del centro para que se cubrieran con carácter inmediato las plazas de personal necesarias para garantizar el normal funcionamiento del centro, en tanto la juez no emitiera un auto con medidas cautelares. Con carácter inmediato también, se trasladó al centro de menores un equipo del IASS compuesto por la directora provincial de Zaragoza, la subdirectora provincial responsable de tutelas y protección a la infancia y la jefa de servicio de menores de la gerencia del IASS. Simultáneamente, se procedía a establecer un plan de visitas escalonado los días 2, 5 y 6 de agosto de los coordinadores de los menores para mantener una entrevista con cada uno de ellos, y de forma paralela, se iniciaba el análisis de la situación de cada uno de los menores para programar la reubicación de todos ellos en caso de que la juez autorizara al IASS a sacar del recurso a estos menores o se determinara, como así fue, el cierre del centro. Quiero recordar que estos menores residen en estos centros con una autorización judicial.
El día 2 de agosto, un equipo formado por coordinadores de los menores dependiente de la Subdirección Provincial de Zaragoza se traslada a Ateca para trabajar con los menores y evaluar su estado físico y emocional in situ. Otro equipo de supervisión se traslada al centro por orden del gerente para realizar un informe relativo a las condiciones del centro y el cumplimiento del acuerdo marco. Cuando se comunica esa mañana oficialmente al IASS el auto de cierre, se procede a organizar la salida de los menores y su reubicación. Este trabajo se realiza en un tiempo récord, teniendo en cuenta la tipología de plazas que ocupaban estos menores y que el centro de Ateca era el único de estas características en Aragón.
El mismo día 2, se rescinden inmediatamente los contratos individuales de la Administración con la entidad gestora por cada uno de los menores residentes en el centro. Se organiza también la guarda y entrega de los menores que residían en el centro en plazas concertadas con las comunidades autónomas del País Vasco y Baleares, y que ese viernes por la tarde, son recogidos por sus servicios de menores. Los funcionarios, además, del servicio de menores preparan toda la documentación requerida en el auto por la juez instructora y se da traslado de la misma al juzgado a última hora del día 2 de agosto.
Los días 3 y 4 de agosto, sábado y domingo, durante el fin de semana, el servicio de menores coordinó la integración de los mismos en los centros de ubicación provisional, así como la adecuada atención para su bienestar físico y emocional, junto con los directores y el personal de los centros de destino. Paralelamente, durante el fin de semana, se diseña un plan de trabajo en relación con el análisis de toda la documentación obrante en referencia al centro de menores de Ateca, las actuaciones que deben implementarse con carácter urgente y las medidas que deben desarrollarse con relación a la mejora del sistema de protección de menores de la comunidad autónoma.
El mismo día 5 de agosto, a primera hora, en una reunión convocada por mí con todas las personas responsables de menores, del IASS y de los servicios jurídicos, se aprueba y analiza ese plan de trabajo. Se acuerda la personación particular del IASS en el procedimiento judicial. La solicitud la hace el gerente con firma el día 6 de agosto.
Fruto de ese plan de trabajo, que relataré a continuación, se abre un expediente de investigación en el IASS y se nombra instructor del expediente. Ese mismo día, firmo la apertura del expediente y el nombramiento de instructor. El expediente establece toda la información documental que debe ser recabada, los informes que se deben redactar y firmar por las personas responsables de su elaboración, y los trabajadores del IASS que deben ser entrevistados para recabar todos los antecedentes respecto al centro, los expedientes de los menores, los hechos denunciados y todas las cuestiones relativas al funcionamiento del centro y a la existencia de quejas de menores, trabajadores y familias, si los hubiere.
Señora presidenta, le pediré un poco de tiempo, puesto que me gustaría relatar todas las cuestiones que se han llevado a cabo.
El objetivo de este expediente es analizar las actuaciones de la Administración en su deber de vigilancia y control, así como toda la información relativa a los hechos investigados para ponerla a disposición de la jueza instructora cuando se requiera y a depurar responsabilidades internas en caso de que las hubiere, y, en todo caso, a salvaguardar el buen hacer de los profesionales de menores de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Se acuerda también iniciar expediente de resolución del contrato con la entidad gestora del centro por incumplimiento del contratista y determinación de los daños y perjuicios causados como consecuencia del incumplimiento del contrato. La firma de dicho expediente de resolución se realiza el día 14 de agosto por el gerente del IASS. Además de esta decisión, se aprobaron las siguientes actuaciones: el análisis y la toma de decisiones respecto a la reubicación definitiva de los menores tutelados procedentes de Ateca, reforzar el personal de los centros de destino profesional de los menores pertenecientes a la red pública con los perfiles profesionales necesarios para la atención de los menores trasladados desde Ateca, la contratación de urgencia de una unidad de atención terapéutica para menores con una capacidad máxima de quince plazas, centro que ya está contratado a la Fundación SAMU, con una duración de seis meses, y al que los menores procedentes de Ateca se trasladarán al centro el día 16 de septiembre. Otros menores han salido a centros que están fuera de la comunidad autónoma, y algunos ya han pasado a un proceso de transición a vida independiente, adelantándose un mes lo que estaba previsto.
Se establece la revisión de todos los contratos con las entidades que forman parte del acuerdo marco, y el día 22 de agosto se requirió por parte del IASS a las entidades adjudicatarias de los contratos de servicios mediante acuerdo marco que presentaran toda la documentación acreditativa de la declaración responsable prestada en relación con los criterios de solvencia económica, financiera y técnica, entre las que, por supuesto, se incluye el listado de personal que presta y ha prestado servicios en el centro desde la firma del contrato derivado con indicación de las fechas, categoría profesional, copia de los contratos, titulación del personal, documentación acreditativa y certificaciones negativas del registro central de delincuentes sexuales.
Conforme constaba en el requerimiento, dicha información debía ser remitida en el plazo de diez días, que finalizó el 6 de septiembre, y la documentación ya ha sido remitida por todas las entidades y está siendo revisada.
También se da instrucción por parte del gerente del IASS para que se reporte a la gerencia por parte de las direcciones provinciales informe semanal con todas las incidencias y, por supuesto, comunicación inmediata de todas las incidencias consideradas graves
Se inicia el análisis también del refuerzo de personal necesario en la sección de coordinación de servicios residenciales, con el objetivo de reforzar la vigilancia sobre los centros de menores de la comunidad autónoma y del personal necesario en los servicios provinciales de menores.
Se establece la elaboración y programación de un plan de revisiones de centros de menores en la comunidad autónoma.
Se programan dos reuniones con los gerentes de las entidades y con los directores de los centros de menores para informar del plan de revisiones y de las acciones necesarias para reforzar el sistema de protección de menores. Ambas reuniones tuvieron lugar el 12 de agosto.
Se establece también la creación de una comisión de seguimiento de los criterios de cobertura, calidad y accesibilidad en acogimiento residencial de menores, como establece la disposición adicional tercera de la Ley 26/2015, y que no estaba creada.
Y se acuerda también la creación, mediante decreto, de un registro del personal de los centros de menores de la comunidad autónoma, cuya orden de inicio firmé el día 14 de agosto.
Está prevista también la elaboración de un protocolo de mala praxis o vulneración de derechos de los menores bajo medidas de acogimiento de la Comunidad Autónoma de Aragón.

La señora PRESIDENTA: Vaya concluyendo.

La señora consejera de Bienestar Social y Familia (SUSÍN GABARRE): Todas las actuaciones —acabo, presidenta, dos segundos—, todas las actuaciones y procedimientos relatados y que se han puesto ya en marcha o se van a implementar tienen por objeto contribuir al esclarecimiento de los hechos y revisar y mejorar el sistema de protección de menores, puesto que cuando el actual Gobierno inició su mandato, el servicio de menores no disponía ni de un servicio de vigilancia de centros, ni de un protocolo contra la mala praxis, ni de un canal de comunicación directa de los menores tutelados con los servicios de protección para poner de manifiesto hechos como los investigados, ni de un control actualizado de los trabajadores de los centros de menores, ni de un sistema de alertas interno a la Administración, pero lo que sí que había, les puedo asegurar, era desidia.
A pesar de todo ello, queremos poner en valor el buen hacer y la profesionalidad de los funcionarios públicos de los servicios de tutela y protección a la infancia y agradecer el trabajo y entrega que vienen desarrollando y que están haciendo desde el día 2 de agosto, cuando la mayoría de ellos volvieron de sus vacaciones o las suspendieron para poder garantizar el bienestar y la seguridad de los menores tutelados por el IASS.
Quiero agradecer también y poner en valor el trabajo de las entidades que gestionan centros públicos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales...

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.

La señora consejera de Bienestar Social y Familia (SUSÍN GABARRE): ... y de los profesionales que en ellos prestan sus servicios.
Gracias. [Aplausos].

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.
Le ruego acorte su intervención final en la conclusión de la comparecencia.
Comenzamos con los grupos parlamentarios que han solicitado la comparecencia.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Zamora, su turno.

La señora diputada ZAMORA MORA: Gracias, señora presidenta.
Señora Susín, comparece, efectivamente, a petición propia en este Pleno para hablar de las actuaciones llevadas a cabo con motivo del cierre decretado judicialmente en Ateca, y también sobre la protección de los niños, niñas y adolescentes en Aragón. ¿Y sabe por qué comparece usted y no yo?, tal y como lo preguntaba. ¿Sabe por qué comparece usted? Pues, porque usted es la responsable de gestión de la protección de menores desde hace un año, aunque se haya dado cuenta trescientos sesenta y cinco días después. [Aplausos].
Le agradecemos que haya pedido esta comparecencia, y sí queríamos empezar nosotros, porque es un asunto que nos preocupa y nos ocupa. Hablamos de un asunto judicializado y, por lo tanto, todos debemos ser prudentes. Además de ser un asunto que afecta a la protección de menores tutelados por el Gobierno de Aragón y que no puede y no debe, no debería ser arma arrojadiza. Nosotros no lo vamos a hacer. Le iba a decir que esperaba que su formación política tampoco lo hiciera, pero, evidentemente, no puedo, y estas palabras no sirven en este momento para nada. Mire, de sus afirmaciones aquí, hoy, esta mañana, y de sus filtraciones a la prensa, usted va a ser la única responsable. [Aplausos].
Ahora, dicho esto, le tengo que decir que hubiéramos agradecido que, con la máxima transparencia, nos hubiera ido informando a todos los portavoces de los pasos que han ido dando en lugar de ir enterándonos por la prensa. [Aplausos]. Nuestro interés de debatir con usted, tal y como recoge el orden del día, estaba centrado en lo que ha dejado en un segundo plano. Me refiero a la política del Gobierno de Aragón en el ámbito de la protección de menores, porque para conocer la actuación del Instituto Aragonés de Servicios Sociales tras el cierre del centro y la información acerca de la intervención con las familias de estos menores, de la que no ha hablado nada, de los apoyos que se les ha prestado, o cómo y dónde se han realojado estos menores, una situación que ya le digo nos preocupa y de la que tendremos mucho que hablar, solicitamos la comparecencia al gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, siendo conscientes de que es muy difícil que el gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales tenga agenda para poder venir a este Parlamento. [Aplausos].
En cualquier caso, queremos agradecerle la información que nos ha proporcionado y celebrar que el interés de los menores —espero que de todos, independientemente de su nacionalidad— haya entrado en la agenda del Gobierno a partir de hoy, porque no estamos en el mejor escenario político para afrontar este debate sereno y sosegado que requiere abordar este tema, como hemos hecho en otras ocasiones. Y le digo esto porque, durante este primer año, la actitud del Gobierno de Aragón ha conseguido reducir el debate sobre el sistema de protección de menores al acogimiento de niños y niñas no acompañados que llegan a nuestro país. Por fin, ahora, parece que se ha enterado de que el sistema de protección es algo más, una actitud que, además, hasta el momento, no ha sido muy solidaria y que difícilmente hace pensar que estuvieran preocupados por el interés de estos menores.
Se han llegado a tolerar declaraciones y actitudes racistas y xenófobas en relación con los menores extranjeros realizadas desde el Gobierno [aplausos], y tampoco en estas Cortes han dado ejemplo de que el interés de los menores fuera una prioridad: todo un año sin convocar la Comisión del pacto por la infancia. Una situación que confiamos –confiábamos, porque no sé si puedo confiar en usted en algo— poder reconducir ahora, tras la salida de Vox del Gobierno. Porque tenemos la responsabilidad todos los que estamos aquí de hacer de este momento y de este debate —pensaba yo— una oportunidad para mejorar y reforzar el sistema de protección y de menores.
Miren, lo que conocemos por los medios de comunicación en relación con los menores de Ateca, y usted, que parece que conoce algo más, es una situación muy grave. Tendremos que esperar a que finalice la investigación judicial, y tras conocer lo ocurrido, ver qué ha fallado, para que no pueda repetirse. Por tanto, la prudencia sobre los hechos denunciados es la actitud que requiere este momento —usted lo dijo—, y yo añadiría también el rigor, que es importante. Pero señora Susín, la prudencia, más allá de predicarla, hay que practicarla, y usted es mejor predicando que dando trigo. [Aplausos]. Su comparecencia ante los medios de comunicación, por cierto, con un gerente ausente, un gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que no sabemos dónde está, seis días después de conocer la primera noticia en prensa, permítame que le diga que no fue precisamente prudente. Recuerdo algunas de sus palabras: «Hemos abierto un expediente de investigación interno». Se podía haber quedado ahí, pero no. Anunció la apertura de un expediente disciplinario a la persona responsable del Servicio Provincial de Tutela y Protección a la Infancia. Decía: «Hemos detectado denuncias en los canales de información y comunicación». «Pondremos en marcha una auditoría —entrecomillo— en todos los contratos para centros similares que se encuentran en vigor, para conocer si puede haber riesgos, si ha habido más casos similares y de qué tipo». «Tenemos que conocer —dice usted— qué tipo de inspecciones y qué visitas se han hecho a los centros». ¿De verdad, un año después, usted no conocía si se habían visitado esos centros? [Aplausos]. No continúo.
¿Le parecen comentarios prudentes? ¿Volvería a hacer usted esta rueda de prensa? Seguramente, no, y en consecuencia, no tendríamos que pedir, como lo tuvimos que hacer, responsabilidad política, que no cese responsabilidad política. La misma responsabilidad política, señora Susín, que le hubiéramos pedido a nuestro Gobierno si un año después de tener la responsabilidad de gestión, hubiera hecho estas afirmaciones en relación con un tema de tanta sensibilidad y tanta complejidad. [Aplausos]. Hoy, ha vuelto a repetir aquí el mismo espectáculo. O sea, tampoco confío en que cambie mucho.
Lo que usted llama ser un Gobierno que resuelve problemas de forma discreta es más un Gobierno que ya nos tiene acostumbrados a mirar hacia otro lado cuando las cosas no van bien.
Y no dejó hoy en buen lugar tampoco al Sistema de Protección de Menores de Aragón ni a sus profesionales, que seguro que tiene margen de mejora, pero que ha funcionado bien desde hace muchos años y ha sido muy bien valorado y referente en otras comunidades autónomas. [Aplausos]. Y no trasladó seguridad y tranquilidad, la seguridad y la tranquilidad que requiere este momento sobre el funcionamiento del sistema, sobre la labor de sus profesionales, que con los medios de los que disponen y a pesar, en muchas ocasiones, de las condiciones laborales y salariales que sufren, trabajan con rigor y teniendo muy presente —mucho más que usted— el interés de los menores por encima de todo.
Le pido que haga un esfuerzo en la segunda intervención y que baje el tono, porque yo he prometido venir a esta tribuna de una forma suave y, sinceramente, es difícil después de escuchar su primera intervención.
Mire, le oímos decir también y vamos a celebrarlo: «vamos a mejorar el sistema de protección de menores que nos encontramos cuando llegamos al Gobierno». Bueno, me alegro, y de eso queríamos hablar nosotros hoy. Cuente con nosotros.
Y ha dicho algunas propuestas, en las que yo no voy a entrar hoy. Tendremos tiempo durante esta legislatura para debatirlas. Pero a la vista del plan que ha presentado, sinceramente, no sé qué han hecho durante los trescientos sesenta y cinco días que ya llevan en el Gobierno. Pero, en cualquier caso, el sistema de protección va mucho más allá del acogimiento residencial que está en el fondo de su comparecencia. Bueno, en el fondo... ¿Qué ha sido su comparecencia? Es un conjunto de actuaciones en el marco del sistema público de servicios sociales. De hecho, el acogimiento residencial debería ser excepcional. Así lo mandata nuestra Ley de Infancia y Adolescencia, una ley muy avanzada que, aunque cumple veintitrés años, tiene el reconocimiento de la normativa estatal en su preámbulo, al destacar que algunas de las novedades que han incorporado las recientes normativas estatales ya se introducían en nuestra ley de Aragón.
La ley aragonesa recoge unos principios informadores semejantes a las reformas nacionales que ha habido. Además, quiero recordarle que en 2016, y a través de una iniciativa de Izquierda Unida, se hizo un muy buen trabajo en esta comunidad autónoma, pudimos ponernos de acuerdo y, por unanimidad, se creó esa mesa técnica sobre el sistema de atención a la infancia y la adolescencia. Sus conclusiones de trabajo fueron muy potentes, contó con la experiencia de profesionales y con la participación de los menores, que fueron la base para acometer una profunda reforma del sistema, con un enfoque del menor como sujeto de derecho. Nos permitió reestructurar los centros —usted lo sabe, porque se los ha encontrado reestructurados—, adecuarlos a las exigencias actuales [corte automático del sonido], que fueran hogares, que tuvieran en cuenta a los menores, que tuvieran dirección pública, y crear esos centros específicos para menores con problemas de conducta que antes, en Aragón, no había. Nos permitió ese nuevo plan de acogimientos... Luego, en la segunda parte, le hablaré, porque yo venía con propuestas a esta comparecencia. He tenido que cambiar mi intervención. Dejaré para la segunda parte lo que yo pensaba hoy proponerle y debatir.
Pero quiero decirle una cosa: a partir del 2016 y en la legislatura pasada, se revisaron los acuerdos marco. Se revisaron los acuerdos que ustedes nos dejaron. Se creó una comisión de seguimiento, haciendo de esta forma de la prestación de servicios y de esos conciertos un instrumento garantista. Muchas de las cuestiones que usted hoy ha puesto encima de la mesa se recogen en esos acuerdos marcos. Piense un poco. Ha estado trescientos sesenta y cinco días al frente del cumplimiento de esos acuerdos.
Muchas gracias. [Aplausos].

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Zamora.
Turno ahora para la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida. Tiene la palabra el señor Sanz.

El señor diputado SANZ REMÓN: Señora Susín, lo ocurrido en el centro de Ateca es directamente intolerable.
Yo le he escuchado con atención y agradezco que nos haya trasladado los pasos que ha dado desde que pasó lo que pasó en Ateca, pero yo quiero hablarle de problemas estructurales que han generado que esto, a nuestro juicio, pueda suceder o, de hecho, haya sucedido.
Yo no creo que el sistema actual —y por eso yo quiero hablar con usted sobre el servicio de infancia tutelada en los centros concertados—, yo no creo que el sistema actual y la acción del Gobierno, que es el responsable último de la tutela y protección de estos menores —y luego explicaré por qué—, haya sido correcto, haya sido garantista y haya cumplido su función. Lejos de cumplir su función, todo lo contrario, y este caso lo ejemplifica.
Tendremos tiempo de hablar del caso concreto judicializado. Yo, desde luego, me sumo a la prudencia, y por eso quiero hablar de cuestiones estructurales, cuestiones estructurales que, desde luego, yo sé que van a exigir salirnos del marco, que es lo que no están haciendo ni el Partido Popular ni el Partido Socialista cuando abordan esta cuestión.
Yo quiero hablar con usted porque, como le digo, el Gobierno de Aragón es el responsable, y usted lleva un año con esa responsabilidad bajo sus espaldas de la protección y reforma de los menores a través del IASS, que se hace concertando fundamentalmente, con esa colaboración público-privada, que es un mantra recurrente en este Gobierno y también en el anterior, pero que, al final, no es colaboración, sino que es, como se ha visto en muchos casos, dejación, porque es dejación lo que ha pasado, dejación absoluta.
Esto se tenía que haber evitado. Si se hubiera cumplido la ley, se tenía que haber evitado. No solo no evitarse, sino que, además, esos menores, que pasaban muchísimo más tiempo del que deberían de pasar en esos centros, tenían que haber visto satisfecho el por qué estaban allí.
El Gobierno de Aragón, ¿por qué es responsable? En primer lugar, porque es el responsable de sus tutelas, que se les han quitado a las familias. Es decir, el Gobierno de Aragón tenía que estar presente en la vida cotidiana de esos menores, pero ha decidido dejar que otros hagan lo que es su responsabilidad, y no podemos seguir así, señora Susín. [Rumores]. Sí, sí, no me diga que no. Es así.
Mire, menores que deberían de haber tenido una persona de la Administración responsable de su bienestar de forma cotidiana. Pero eso no pasa, no ha pasado en este caso concreto. Los menores son, como usted dice, plazas, son números en expedientes. No hay un vínculo humano con la Administración. ¡Eso es terrible!
Yo le hago preguntas, señora consejera, que son de obligada respuesta en esta comisión: ¿cuántos casos lleva un coordinador, una coordinadora?, ¿cuántos? ¿Pueden estos profesionales, que están desbordados y que quieren hacer correctísimamente —y lo hacen, de hecho, dejándose la piel— su trabajo, hacer un correcto seguimiento y una buena intervención en las condiciones en las que tienen que trabajar? Al final, ¿acaban siendo educadores o meros gestores de contratos administrativos? Yo le pregunto, a ver qué conclusiones arrojan esos estudios que están haciendo y si, al final, se ha convenido reforzar el servicio provincial en este caso.
Y a esto nos lleva la concertación tal y como se ha venido entendiendo y ustedes la entienden, y lo hemos debatido ahora, y lo llevamos debatiendo mucho tiempo, con unos y con otros. Izquierda Unida no es partidaria de hacer las cosas como se están haciendo.
Señora consejera, ¿quién estaba pendiente durante este último año? ¿Quién estaba pendiente en la Administración de los menores que estaban fugados del centro de Ateca? Porque aquí se está diciendo que se ha cumplido con las labores administrativas mientras había menores tutelados por el Gobierno de Aragón viviendo debajo de un puente. Yo quiero que usted me conteste. ¿Qué tutela estamos ofreciendo?
Por lo tanto, hay que modificar las formas, hay que modificar el cómo. No funciona, y es su responsabilidad, la del Gobierno, en el que usted es la máxima titular de esta cuestión, porque los centros que se conciertan, al final dan un servicio que es de nuestra competencia, y no nos podemos escudar en la concertación para decir que no tenemos que estar encima.
Hay una nula exigencia permanente de la supervisión en el cumplimiento de los pliegos. Yo le pregunto: ¿están ustedes comprobando las declaraciones responsables de los adjudicatarios? ¿Cómo se van a hacer cumplir esos protocolos que están haciendo? ¿Hacen seguimiento del cumplimiento de las condiciones? Dicen que van a hacer un plan de vigilancia extraordinario y que necesitan más recursos. Claro, eso quiere decir que no vigilaban y que no hay recursos humanos. Esto es a lo que nos lleva el modelo tal y como se entiende, y nosotros queremos salir de este marco con medidas estructurales, señora consejera.
¿Van a mejorar los pliegos para poner en el centro la calidad por encima del precio? ¿Van a fijar requisitos en los centros, por ejemplo, en cosas tan básicas como los profesionales por categoría? Ahora, en una ambigüedad que permite lo que está permitiendo. Porque llevamos años exigiendo estas cuestiones, a unos y a otros, y nada, y al final, pasa lo que pasa.
El tercer motivo por el cual consideramos que es responsabilidad del Gobierno todo lo que está pasando, pues, porque, al final, se están lavando las manos con respecto a las condiciones de precariedad más absoluta que viven los trabajadores y trabajadoras profesionales del sector. En un servicio público, concertado, financiado cien por cien con fondos públicos, con un marco laboral que impide poder hacer el trabajo correctamente, y eso afecta directamente a la calidad del servicio. Léase el informe, que seguro que lo ha hecho, del Justicia del 2022: horas de trabajo infernales, turnicidad, condiciones de trabajo en situaciones de estrés, de violencia, un nivel de bajas laborales increíble, unos salarios de pena y una fuga constante de profesionales que, al final, imposibilita la continuidad y, sobre todo, la estabilidad de los equipos, que es lo fundamental para garantizar una correcta atención. Además de intrusismo profesional, y ustedes hablan ahora de un registro de trabajadores. Oiga, pregúntenle al Colegio de Educadores. ¡Los Educadores Sociales en Aragón tienen que estar colegiados! ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el seguimiento, señora consejera? Es que esto no va de registros y de ciertas medidas, va de acciones estructurales.
Se está infravalorando el ámbito de la intervención social y del cuidado, y eso es lo que hay que cambiar, señora consejera, y yo le pido en ese sentido que se comprometa. Porque aquí lo único que se ha incumplido ha sido el pliego de condiciones por parte de la empresa, que ha incumplido el contrato, y ustedes, el Gobierno, que no ha hecho cumplir la Orden 124/2021, de 22 de febrero, de acción concertada. Concretamente el artículo 25, donde se habla precisamente de la evaluación y el seguimiento. Eso no se ha cumplido nada, ninguno de los puntos de ese artículo.
Por lo tanto, si van a seguir concertando, como digo, garanticen seguimiento, condiciones dignas y, sobre todo, condiciones de atención dignas de los menores tutelados. Dejen de alimentar la precariedad, dejen de hacer dejación de responsabilidades, y eso exige, en ese sentido, una cuestión que ahora mismo es fundamental: garantías para que sea de aplicación efectiva, y eso pasa por un convenio autonómico, y usted y yo lo sabemos porque el estatal no funciona. Esta será la mejor herramienta para mejorar la atención a la infancia y a la adolescencia y la calidad de los servicios integrados en el IASS. Porque va a condicionar también el cómo se saquen los concursos, y usted y yo lo sabemos, y va a garantizar que los profesionales tengan unas condiciones dignas y un seguimiento y una atención correcta.
Por último, señora Susín —acabo ya—, usted habla de que ya se ha concertado con otra entidad el centro de Ateca. ¿Usted sabe que esa entidad está denunciada? ¿Usted sabe que esa entidad está denunciada por precarizar trabajo y por una pésima gestión del personal? Se lo digo porque, para empezar, empezamos relativamente mal.
Por lo tanto, no es cuestión de echar balones fuera, señora consejera. Yo he intentado mantener un tono sensato. El juicio dirá lo que tenga que decir, pero lo que está claro es que es su responsabilidad y que debe cambiar las cosas de verdad. Que hay que hacer...

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sanz.

El señor diputado SANZ REMÓN: ... cambios profundos —acabo ya—, sobran medidas efectivas y faltan medidas estructurales.
Espero sus respuestas.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sanz.
Turno ahora del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Tiene la palabra el señor Arranz.

El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Muchas gracias, señora presidenta.
Diputados, la verdad es que como todos los grupos van a centrarse más en el discurso sobre la protección y reforma de menores en general, nosotros queríamos centrarnos en una cuestión: ¿por qué tenemos que acoger y tutelar a cientos o miles de menores extranjeros que entran ilegalmente en España? Voy a hacer una introducción a este tema. No les vamos a engañar.
Desde el principio de su consejería, señora Susín, empezamos a apreciar que no había apenas diferencias entre el Gobierno de la izquierda con la extrema izquierda y el Gobierno del Partido Popular en política migratoria y en otros temas. Yo llegué a decirle que le habían comprado el discurso, la neolengua y el marco mental a la izquierda. Parecían sacar pecho de que iban incluso a acoger a más inmigración, mayores y menores, y dedicar grandes recursos públicos a esta cuestión.
Para ustedes, el Partido Popular, parece que esta cuestión inmigratoria es un tema menor, un tema de gestión, y contar con más fondos es lo único que le parece importarles. Es un tema humanitario y de solidaridad casi exclusivamente. Ya el mismo Rajoy afirmaba que no le gustaban las fronteras.
Para Vox, aun entendiendo el drama humano y la necesidad de solidaridad con estos países, que nosotros la entendemos como algo que debe estar centralizado, debe venir del Estado y ayuda en origen principalmente, veíamos muchos otros problemas y peligros a esta inmigración masiva, ilegal y descontrolada: problemas de seguridad nacional y aumento de la criminalidad, hasta de grupos yihadistas, lo que conlleva un crecimiento de delitos violentos, homicidios, agresiones sexuales y violaciones; reyertas con machetes entre bandas, robos, etcétera; problemas de choque cultural, en especial, con culturas islámicas; problemas a la hora de esquilmar nuestros recursos públicos y ayudas sociales, gastando millones en estos inmigrantes; traslados en avión a la península, sanidad total y gratuita; acogimiento en buenos hoteles, con pensión completa, con tres comidas de calidad, que muchos españoles no pueden tener, porque no pueden pagar ni la carne ni el pescado a los precios a los que están; ropa, teléfonos móviles, paguita para gastos, tabaco, etcétera.
Luego, sin embargo, no tenemos dinero para nuestros pensionistas o para atender a los enfermos de ELA o de enfermedades raras.
Problemas de islamización contra nuestros valores, contra nuestra religión, nuestra forma de vida y atacando los cimientos de nuestra cultura y de nuestra civilización occidental. Problemas de pauperización de los barrios, especialmente de los barrios más humildes, barrios obreros, con serios problemas de convivencia, ocupación de viviendas, delincuencia, etcétera.
Nuestras posiciones están muy alejadas del Partido Popular en un tema crucial para Vox y para una gran mayoría de aragoneses y de españoles. Evidentemente, la guinda la puso el señor Feijóo, que hizo llamar a todos los barones para tensar más la cuerda en política de inmigración y que, prácticamente, obligó a que se rompieran los Gobiernos en Castilla y León, Extremadura, Comunidad Valenciana y Aragón, que mantenían con Vox. [Aplausos].
Lo de apoyar legalizar quinientos mil inmigrantes ilegales, pues, no ayudó, desde luego. Feijóo, en todas las recientes elecciones, ha elegido como enemigo a Vox, ha trabajado las campañas para intentar acabar con Vox, mientras daba oxígeno y apuntalaba a un PSOE en algunos momentos debilitado por los escándalos y la corrupción. Parecía que, realmente, no quería que cambiase nada, solo una simple alternancia entre PP y PSOE, que cada vez va manteniendo menos diferencias de fondo, y fortalecer así ese bipartidismo, que es lo que realmente quieren y turnarse en el poder simplemente.
Vox, vista la política de reparto de inmigrantes ilegales y MENA por toda la península a miles, la implementación del efecto llamada y la rendición absoluta de nuestras fronteras con la entrada de miles y miles de inmigrantes venidos de Marruecos, Argelia, Mali, Senegal, etcétera, decidió por principios no ser cómplice de tales políticas de inmigración suicidas y renunciar a estar en esos gobiernos. [Aplausos].
Elegimos principios y valores frente a poltronas y privilegios. Como siempre, en Vox, distinguimos claramente lo que es la inmigración legal y ordenada, que es algo positivo, y la inmigración ilegal, masiva, descontrolada, que es algo peligroso y muy negativo para nuestra seguridad, prosperidad, cultura y paz social.
No tenemos nada contra estas personas, no las conocemos, pero sí estamos firmemente contra las mafias de tráfico de personas, contra las ONG y asociaciones presuntamente buenistas y humanitarias que se lucran y colaboran con las mafias, y estamos, por supuesto, contra las políticas migratorias suicidas que comparten el PSOE y el PP. [Aplausos].
Con respecto a la migración de los menores y jóvenes, actualmente, estamos exportando nosotros desde España jóvenes españoles licenciados, que nos cuesta mucho formarles en las universidades, por ejemplo, ingenieros, que el que aquí tiene suerte de tener un empleo cobra generalmente un sueldo muy bajo e incluso miserable, y luego nos quejamos de la huida del talento y de la marcha de nuestros hijos a otros países, que aquí no pueden emanciparse, no pueden tener un hogar ni formar una familia, y luego, importamos jóvenes de Marruecos, Argelia, Mali, Senegal... El 75% o más son jóvenes venidos de Marruecos, y dedicamos ingentes cantidades de dinero público a ello, un coste que asciende a tres mil o cuatro mil euros al mes por MENA, lo que es una auténtica barbaridad, y hay quien está haciendo de un drama un lucrativo negocio. Hablamos del gasto que supone su alojamiento, sanidad y alimentación, y los sueldos de trabajadores sociales, psicólogos, educadores, personal de cocina, seguridad, etcétera.
En Vox, no sentimos ninguna obligación legal ni moral de atender y hacernos cargo de todos los menores que entren ilegalmente en nuestro país, así de claro lo decimos. Entendemos que hay que proteger el interés superior del menor, y este, sin duda, es que se críen con sus padres y familias y dentro de sus culturas. Nuestro deber es localizar a sus padres y repatriarlos y devolverlos a sus países de origen, y más cuando en la mayoría de los casos se conoce la procedencia del menor y hasta hay comunicaciones habituales entre trabajadores sociales y sus familias de origen.
En la mayoría de los casos, no reúnen los requisitos para ser considerados refugiados y reclamar asilo, ni en Marruecos ni en Argelia ni en muchos países hay guerras o conflictos bélicos, ni están perseguidos por motivos ideológicos, políticos, religiosos o corre peligro su vida. Los que sí que están siendo masacrados en África, fíjense, son los cristianos. [Aplausos]. En Nigeria, en el Congo, por ejemplo, y eso, a ustedes nunca les ha importado y nunca nos han dicho nada.
Marruecos es un país que tiene recursos, un rey que gasta millones de euros, ingentes cantidades, en lujos y en fortalecer su ejército, y el rey Mohamed VI, en los últimos años, ha indultado a miles de presos que nos está mandando para España y para Europa.
Otra cuestión importante es que en España tenemos cerca de tres millones de parados, a pesar del maquillaje de los trabajadores fijos discontinuos, y somos el país de Europa, de la OCDE, con el mayor índice de paro juvenil, entre el 27% y el 30%.
¿Qué sentido tiene reclamar trabajadores y jóvenes extranjeros para formarles? Es una cuestión tan absurda que hasta el sindicato UGT se opone, y no creo que estos también sean de extrema derecha.
Qué sentido tiene, por ejemplo, traer a ciento veinte inmigrantes ilegales, todos varones, jóvenes de Mali, a la localidad turolense de Mora de Rubielos, con mil quinientos habitantes, o sea, que representan casi un 10% de esa población.

La señora PRESIDENTA: Vaya terminando.

El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Sí, voy terminando.
Les alojan en hoteles a pensión completa, cubriendo todas sus necesidades, lo que evidentemente va a conllevar un nuevo efecto llamada: vendrán más y más. Hemos rendido nuestras fronteras y se fomenta gravemente el efecto llamada. ¿O qué se busca? ¿Mano de obra barata? ¿Esclavos con pocos derechos laborales tal vez? [Aplausos].
Por fin, tanto el PP como el Gobierno de Sánchez empiezan a reconocer, de forma timorata, como siempre, que la inmigración ilegal es un problema para nuestra seguridad.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Si no entendemos que hay un negocio detrás del que muchos se están lucrando, no podemos entender realmente que el coste de acoger a un MENA sea cercano a los cuatro mil euros.
Y reitero, desde Vox defendemos el interés superior del menor, que es que se críen con sus padres, con sus familias y dentro de sus culturas.
Muchas gracias. [Aplausos].

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Arranz.
Turno ahora del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Tiene la palabra la señora Lasobras.

La señora diputada LASOBRAS PINA: Gracias, presidenta.
Buenos días, consejera.
En primer lugar, quiero agradecerle su comparecencia en esta sesión plenaria, pero no solo eso, también le quiero agradecer la llamada telefónica que me hizo en el mes de agosto para explicarme cómo estaba la situación del centro de menores en Ateca. Desde Chunta Aragonesista, le tendemos la mano para buscar soluciones para poder llegar a acuerdos y, desde luego, sin ningún tipo de conflicto interno entre partidos políticos.
Yo no voy a hacer lo que ha hecho el parlamentario que me ha precedido, hablar de la criminalización de los menores, porque pienso que no es el momento. Aquí estamos hablando del centro de menores de Ateca. Y lo que nos parece grave de todo este suceso es que tuvo que ser una madre la que denunció que su hijo estaba sufriendo agresiones por parte del personal del centro. En aquel momento fueron dos denuncias; luego, fueron once. Pero lo que también nos llama la atención es que la Policía Judicial descubrió que la coordinadora de los educadores de este centro había dimitido recientemente como consecuencia de la situación que se había dado. Esa trabajadora informó a la empresa adjudicataria tras descubrir las medidas disciplinarias sospechosas sobre un menor. ¿Este maltrato a este menor se comunicó en ese momento por la empresa al Instituto Aragonés de Servicios Sociales? Hubiese sido lo razonable, pero, por lo visto, ha faltado el control y la gestión, y ha sido evidente ante una situación u otras situaciones que podrían haberse producido y que a día de hoy desconozco.
Pero es que también es grave que un adolescente llegó a decir que había temido por su vida, y la trabajadora descubrió que había una habitación que se llamaba «la habitación del terror». Torturas como quemaduras con cigarros, vejaciones, golpes e incluso violaciones. Ese es el infierno que han vivido estos menores vulnerables y sus familias. Así, una jueza tuvo que decretar el cierre provisional e investigar los presuntos delitos graves, como lesiones, torturas, agresión sexual, corrupción de menores y pertenencia a un grupo criminal, que habían sido cometidos por parte del personal del centro. Esto es muy grave, igual que no lo hubiese denunciado nadie del centro.
Estos menores han sido reubicados en otros centros, en otras comunidades autónomas, y esperemos que tengan todos los recursos suficientes, sobre todo porque han vivido una situación inaceptable siendo menores.
Pero, además, esta jueza también solicitó a la Policía Judicial la localización de nueve menores huidos por si hay alguna relación entre las agresiones a las víctimas y los abusos que se investigan en esta causa. No sé, a día de hoy, cómo está este tema, no sé si usted nos puede contar algo, pero no es normal que hubiese nueve menores huidos.
Todos estos presuntos hechos delictivos son de tal gravedad que requieren de la necesaria prudencia y responsabilidad de todas aquellas personas profesionales y entidades cercanas al procedimiento, para que el sistema judicial dictamine lo ocurrido y se tomen las medidas oportunas para que nunca volvamos a conocer ningún hecho delictivo. Pero mientras tanto la Administración debe poner a disposición de las familias denunciantes y de los niños y niñas víctimas todos los recursos necesarios para que puedan ser protegidos y acompañados en este proceso tan doloroso.
Desde Chunta Aragonesista, desde el primer momento mostramos nuestra preocupación y condenamos los hechos ocurridos en el centro de menores, y pedimos que se tomasen todas las medidas para garantizar la protección y el bienestar no solo de estos menores, sino de todos los menores que se encuentran en otros centros similares que hay en Aragón o en otras comunidades autónomas. Pedíamos que se realice una revisión exhaustiva de los protocolos de actuación y supervisión para contribuir a tratar de evitar que estas situaciones tan lamentables se repitan. Por ello hemos solicitado toda la información disponible sobre anteriores informes o auditorías de ese centro, así como la realización de una valoración sobre la situación del resto de centros de atención a menores en Aragón.
Precisamente en nombre de la transparencia y la responsabilidad política solicitamos el primer día del nuevo curso político su comparecencia, sobre todo porque hay que pedir explicaciones, en primer lugar, sobre la gestión y supervisión del centro para aclarar si existen quejas o denuncias previas sobre el centro de menores de Ateca, y por qué no se actuó de manera preventiva. Porque lo que ha quedado demostrado es que ha habido una falta de control y supervisión por parte del Instituto Aragonés de Servicios Sociales sobre los conciertos con entidades, los pliegos que no se cumplen, algunas de las condiciones de la propia Administración, como prestaciones laborales, protocolos de actuación o titulaciones de profesionales.
En segundo lugar, también pedimos explicaciones sobre la justificación del gasto público, el concierto con la UTE Fundación Salud y Comunidad y Grupo Lagunduz, que gestiona el centro con más de 1,2 millones de euros. Se hace imprescindible que se explique cómo se estaba utilizando ese dinero y si se estaba cumpliendo esta inversión con todos los estándares establecidos.
En tercer lugar, sobre la supervisión del personal y el cumplimiento del acuerdo marco. Las denuncias apuntan a que al menos dos de las personas de la plantilla ahora detenidas no contaban con la titulación necesaria. El acuerdo marco del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, del que ya se ha hablado aquí, necesita, exige una plantilla cualificada, incluyendo personal educador, auxiliar técnico, trabajador social y psicólogo.
En cuarto lugar, también sobre las responsabilidades y medidas correctivas. La DGA debe asumir la responsabilidad por no detectar y actuar ante una situación tan grave y prolongada. Las madres de los menores afectados habían advertido de posibles irregularidades, sin que se tomasen acciones efectivas. Y también es urgente que el Gobierno de Aragón informe sobre las medidas correctivas que desarrollará para garantizar la protección de los menores en el futuro y que se investigue a fondo para depurar todas las responsabilidades.
Y, en quinto lugar, también es necesario colaborar con la justicia. Es positiva la colaboración prometida por la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, la señora Vaquero, con la investigación judicial. No obstante, exigimos que esa colaboración sea transparente y que se facilite toda la información necesaria para esclarecer los hechos y garantizar justicia para las víctimas.
Desde Chunta Aragonesista reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de los menores y la transparencia en la gestión pública. Deben esclarecerse estos hechos y se deben tomar todas las medidas necesarias. La propuesta de Chunta para mejorar los recursos del sistema de protección y reforma pasaría por ser un sistema público, obviando las externalidades con entidades privadas pues el objeto de intervención son la infancia vulnerable y sus familias.
Pero, mientras tanto, es importante la mejora de las condiciones laborales, retribuciones, descansos y ratios de quienes trabajan en estos centros para asegurar la continuidad de los equipos educativos, que son referentes para los niños, las niñas y los adolescentes. Para que un servicio de estas características funcione bien ha de estar dotado de buenos profesionales, con una trayectoria, una buena formación, y que tengan continuidad, pero, cuando pagas muy mal, no hay continuidad, es un ir y venir del personal que no garantiza la continuidad del proyecto.
Y, por otro lado, es importante también una formación continua, adecuada y de calidad basada en el buen trato a la infancia y la adolescencia, priorizando de verdad el interés superior del menor con una atención individualizada y de calidad que garantice su bienestar, su protección, cuidado y desarrollo. La admisión por parte del Gobierno de Aragón sobre la existencia de fallos en la comunicación interna y la apertura de una investigación son pasos necesarios, pero insuficientes políticamente hablando, ante la gravedad de los hechos.
Como ve, señora Susín, el talante es positivo y, desde luego, le tendemos la mano para cualquier cuestión que considere oportuna.
Gracias, presidenta.

El señor vicepresidente primero (CELMA ESCUIN): Gracias, señora Lasobras.
Señora Susín, puede responder.

La señora consejera de Bienestar Social y Familia (SUSÍN GABARRE): Gracias, presidente.
Señora Lasobras y señora Zamora, respecto a todas estas cuestiones que acaban de poner aquí encima de la mesa, en estos ocho años, ¿dónde estaban ustedes en estos ocho años atrás? [Aplausos]. Porque, oiga, se podrían haber hecho públicos, se podrían haber mejorado las condiciones de los contratos, se podrían haber sacado los pliegos con mucho más dinero, que les recuerdo que los adjudicaron ustedes en funciones. Así que, por favor, vuelvo a pedir prudencia, y especialmente a usted, señora Zamora, porque denuncias hay de muchos años atrás. Y le repito que le vuelvo a pedir prudencia, porque ustedes, en julio, volvieron a meter a esta empresa con denuncias en los expedientes en el acuerdo marco.
Agradezco, señor Sanz, el fondo y la forma de las cuestiones que me ha planteado. Sabe que estamos de acuerdo en muchas de esas cuestiones y yo creo que voy a poder dar respuesta a algunas de las que se han puesto sobre la mesa.
Pero me gustaría incidir antes en una cuestión que sé que ha preocupado a la sociedad tras el cierre del centro. Antes quiero poner de manifiesto que compartimos esa preocupación por la gravedad de los hechos que se han denunciado, y por la que todavía, no lo olvidemos, hay cinco personas privadas de libertad por orden judicial. Y eso nos ha llevado a todos a plantearnos cuáles son las medidas de control de estos centros, esas que también dejó establecidas el Partido Socialista.
En primer lugar, permítanme que les recuerde que cada año el Justicia de Aragón elabora un informe sobre los centros de protección de menores de la comunidad autónoma, y para ello gira visita a todos los centros, manteniendo reuniones a puerta cerrada con los menores tutelados por la Administración que en esos centros residen. En algún informe del Justicia presentado en estas Cortes se ha llegado a poner en valor el proceso de innovación en formación que se estaba abordando desde el CAM de Ateca. Les recuerdo también que los menores que estaban internados lo estaban con autorización judicial y que también desde el Poder Judicial se hace un control periódico de la situación de los menores.
Pero, además, en todos los conciertos suscritos por el IASS para la atención a los menores bajo protección del Gobierno de Aragón se establece la constitución de una comisión de seguimiento para valorar la consecución de los objetivos del concierto, las condiciones del mismo, y proponer la prórroga, modificación o finalización del mismo. Escuchen bien, señora Zamora: reuniones para proponer la prórroga, modificación o finalización del mismo. Y le he dicho y hemos visto por los medios de comunicación —que yo no he filtrado, que he pedido prudencia a todo el mundo porque se estaba filtrando desde instituciones, señora Zamora— que ustedes, sabiendo que había denuncias encima de la mesa, a través de estas comisiones podrían haber decidido que no se prorrogara o que se finalizara el contrato. Nosotros sí hemos decidido dar por finalizado el contrato.
En el año 2023... Con carácter previo a estas comisiones, además, se requieren —yo, si quiere, las puedo leer— una serie de informes completos y detallados no solo de la entidad, sino también de las subdirecciones provinciales de menores y de los servicios de menores. En el año 2023 se celebraron cuarenta comisiones de seguimiento. Hasta hoy, en el 2024, se han convocado veintisiete y están pendientes de convocar quince más. Por lo tanto, sí estamos cumpliendo con lo que establece el convenio, que son las comisiones para revisar las condiciones y el cumplimiento.
Pero, además, señorías, cada menor tutelado por la Administración tiene asignado un coordinador, que realiza visitas periódicas a los menores en el propio centro. Desde el 1 de enero de 2023, la Subdirección Provincial de Teruel, con cuatro menores tutelados residentes en el centro, ha girado once visitas; la Subdirección Provincial de Zaragoza, setenta y seis viajes, que han supuesto ciento treinta y cuatro contactos de profesionales del área de protección con los menores y el personal del centro, y treinta y siete viajes de los coordinadores del área de conflicto social, y la Subdirección Provincial de Huesca, en el caso de menores que permanecen cuarenta y cinco días en el centro, gira visita semanal y, si permanecen más tiempo, visita quincenal. Señores, como pueden apreciar, hay visitas presenciales y contactos presenciales con los menores y los profesionales del centro constantemente, constantemente, lo digo porque aquí se ha puesto en duda.
Señor Sanz, reitero, estoy de acuerdo con el fondo, estoy de acuerdo con la sobrecarga que tienen los trabajadores de menores del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. He anunciado medidas. Y de todas esas cuestiones y de otras que ha planteado hablaremos mañana en su interpelación. No me tengo que escudar en nada ni en nadie.

El señor vicepresidente primero (CELMA ESCUIN): Gracias...

La señora consejera de Bienestar Social y Familia (SUSÍN GABARRE): Por lo tanto —acabo ya, presidente, un minuto—, tanto la Administración como diferentes instituciones que tienen la competencia del deber de vigilancia tienen presencia constante en el centro. ¿Qué falló? ¿Falló algo? ¿Todas las instituciones miraron hacia otro lado o falló el sistema? Lo veremos, lo tendremos que ver cuando acabe la instrucción judicial.
Se han dicho —acabo ya, un momento, presidente, no me da tiempo a acabar lo que tenía preparado—cuestiones sobre la titulación del personal que estaba en Ateca. Señora Lasobras, aparte de que se están revisando todos los convenios, se lo he dicho, hemos pedido la documentación, se ha trasladado toda la documentación a la Guardia Civil y a la Fiscalía, y les he dicho las fechas, con todo lo que nos habían pedido, por supuesto, con toda la veracidad y toda la transparencia. Como comprenderán, el Gobierno de Aragón no va a engañar a la jueza ni a la Guardia Civil ni a la Fiscalía.
Pero, respecto a los trabajadores, cumplían la ratio, el centro cumplía la ratio, estaba por encima en las cualificaciones que se pedían en el contrato. Se está cotejando toda esa información de la declaración responsable. Otra cuestión es el personal que no es educador social, que no es psicólogo, que no es psiquiatra o para el que no se pide una cualificación determinada, que, visto lo visto, aparente y presuntamente, pues no debería haber estado trabajando en ese centro. Pero, respecto a la cualificación que el acuerdo marco pedía, el centro cumplía.
Gracias. [Aplausos].

El señor vicepresidente primero (CELMA ESCUIN): Gracias, consejera.
Señora Zamora, tiene la palabra.

La señora diputada ZAMORA MORA: Muchas gracias, señor presidente.
Me reitero en mi primera intervención: prudencia y rigor. Usted decía también en esa comparecencia ante los medios: «los servicios sociales son difíciles de gestionar». Ha tardado en darse cuenta. Rigor también porque este contrato —y yo no he venido aquí a hablar de Ateca, y no lo he hecho en mi primera intervención y no lo voy a hacer en mi segunda, pero le pido rigor— no estaba prorrogado. Le pido rigor. Está en la página, se puede ver, es público.
Nosotros le pedimos debatir sobre la protección de menores, no pedimos debatir sobre un asunto que está judicializado. Usted ahora, en su segunda intervención, ha estado bastante más acertada. No sabemos, efectivamente, lo que falló. En su primera intervención ha hecho un análisis y ha dejado bastante claro que había desidia. [Aplausos]. En la segunda parece que se lo ha repensado. Me alegro, quizás después de escucharme ha tenido a bien bajar el tono.
Por supuesto que todos los coordinadores visitan a los menores. Por supuesto que el Servicio de Menores del Gobierno de Aragón hace un buen trabajo de protección con aquellos menores que tiene tutelados. Eso es lo que no se debió de poner en duda en esa rueda de prensa y de eso es lo que yo le decía.
Lo que heredó, como he dicho, fue un sistema que se revisó durante los años 2017 y 2018, que se hizo un gran trabajo. No heredó desidia, como ha dicho, heredó unos centros ajustados ya a la normativa estatal, centros más pequeños, hogares en los que se tiene en cuenta a sus menores, con dirección pública muchos de ellos. Se crearon esos centros específicos, se adaptaron todas las resoluciones, se hizo un nuevo plan de acogimiento, se priorizó el acogimiento familiar frente al residencial; hoy, en Aragón, no hay menores de seis años en los centros. Se elaboró un plan de emancipación y atención a extutelados que es todo un éxito.
Señor Arranz, mire el Programa 17+ arroja unos datos de un 80% de menores que salen cumpliendo los objetivos. El centro de Ateca no era un centro de protección de menores extranjeros. A los menores extranjeros, como usted preguntaba, sí que tenemos la obligación de tutelarlos. ¿Y sabe por qué? Porque lo marca el ordenamiento jurídico, no hay más, esta no es una cuestión de solidaridad ni de voluntariedad, es una cuestión de competencia y de ordenamiento jurídico. [Aplausos]. Y no podemos estar para unas cosas sí y para otras cosas no.
Dicho esto, a usted le da igual que sea el 80%. Porque, mire, cuando estaba en el Gobierno, ¿recuerda aquello de «dato mata relato» que utilizaban tanto, que acuñó el señor Bancalero? [Aplausos]. Pues creo que no se lo creyeron nunca, nunca, y por eso le digo el 80%. Igual que no se creyeron estar en el Gobierno. Porque ustedes no son de datos, son de relatos, son de historias que generan miedo e inseguridad porque es ahí donde encuentran su caladero de votos, pero en esto se equivoca.
Señora Susín, se lo he dicho —no se ría, no estoy con Vox, o sea, no estoy desviando la atención, voy con usted—, hemos venido aquí a tenderle la mano [corte automático del sonido] —termino ya—, hemos venido aquí a continuar mejorando el trabajo que hemos hecho en estos últimos años mejorando el sistema de protección, a hacer realidad los fundamentos que se recogen en el ordenamiento jurídico y en nuestro derecho foral. Queremos, por supuesto, ofrecerle —y ofrecernos— que traiga esa nueva ley de infancia y adolescencia que está pendiente, lo intentamos en 2018, no pudimos. Puede contar con nosotros para reforzar las medidas de supervisión y definir un nuevo marco de habilitación, de acreditación y de inspección.

El señor vicepresidente primero (CELMA ESCUIN): Señora Zamora...

La señora diputada ZAMORA MORA: Termino ya.
Continúe reforzando el sistema de acogimientos familiares. Y, por supuesto, favorezca la mejora de las condiciones laborales y salariales de los profesionales que desarrollan su actividad en el sector. Hablamos de salario, pero también, por supuesto, de ratios para estabilizar equipos y para reducir el intrusismo. Ese es un compromiso que usted adquirió al terminar la legislatura. Sabemos que estos días vamos dando pasos.
Termino ya, termino ya porque lo único que queremos hacer es reconocer el trabajo de los profesionales del Servicio de Atención a la Infancia del Gobierno de Aragón, el compromiso también de los profesionales que trabajan en los centros de acogida y de las familias acogedoras, que cuidan de la infancia y la adolescencia más vulnerable, construyen...

El señor vicepresidente primero (CELMA ESCUIN): Señora Zamora...

La señora diputada ZAMORA MORA: ... construyen un futuro mejor para todos, y que hacen posible —y termino ya, señor presidente— el derecho de todos los menores, señor Arranz, a crecer y desarrollarse en un entorno adecuado.
Muchas gracias. [Aplausos].

El señor vicepresidente primero (CELMA ESCUIN): Gracias.
Señor Sanz, tiene la palabra.

El señor diputado SANZ REMÓN: Señora Susín, mire, lo sucedido en Ateca demuestra que hay problemas y hay fallos, y ha habido fallos objetivos. Porque, si ha sucedido lo que ha sucedido es porque ha podido pasar. Y, fíjese, su labor es la de garantizar una atención y una tutela dignas y efectivas. Por supuesto, va de suyo el evitar esta barbaridad que ha pasado, va de suyo. Por lo tanto, no es una cuestión de decir que las cosas se han hecho bien.
No me ha contestado una pregunta que ejemplifica perfectamente la situación: ¿quién estaba encima de los menores que estaban viviendo debajo de un puente cuando estaban fugados del centro de Ateca?
Ese es el problema de raíz cuando hablo de fallos estructurales del mecanismo elegido para externalizar una responsabilidad, una competencia que es propia. Tiempo habrá en cualquier caso de que me conteste a las preguntas que le he formulado porque se las formularé por escrito, y espero en cualquier caso si no que me las conteste en algún momento.
En cualquier caso, yo quiero hacerle propuestas, que creo que es lo que toca y corresponde para mejorar el sistema, y si realmente es cierto que esta cuestión va a suponer un antes y un después, y, desde luego, en el caso, con total seguridad, de que la voluntad de seguir concertando siga produciéndose, porque se va a seguir concertando. Entonces, lo que tenemos que hacer es garantizar que, si este mecanismo que hemos elegido lo llevamos a cabo, lo hagamos bien.
Por lo tanto, la primera cuestión: yo le pido que constituya una mesa de negociación en la que esté el Gobierno de Aragón como máximo responsable y máximo financiador —tiene los recursos además—, y servicios sociales, las organizaciones sindicales, las empresas u organizaciones que trabajan en el sector, y que analicen la situación para elaborar ese convenio autonómico de reforma y protección de menores. Porque regular las condiciones mínimas en las que se tiene que prestar este servicio también es hablar de la calidad de este y, por lo tanto, de su naturaleza.
Yo les recuerdo, señorías, cuando se optó por concertar este servicio, la remuneración de los profesionales que lo prestaban era equiparable en un 80% a la de los trabajadores de la función pública, un 80% Hoy esa brecha es brutal, hoy no es un 80%, hoy es muchísimo más. Por lo tanto, lo que hay que hacer es superar estas cuestiones. ¿Para qué? Para garantizar la calidad del servicio, para garantizar el reconocimiento de unos profesionales que tienen que estar cualificados, que tienen que estar especializados, que tienen que estar formados y que, además, merecen ser puestos en valor. Merece ser puesta en valor la intervención social y el cuidado en esta comunidad, y eso es lo que lleva exigiendo Izquierda Unida, primero con el PSOE y ahora con el PP, y antes con el PP y antes con el PSOE, toda la historia. Y eso es lo que no pasa. Por lo tanto, eso es lo que hay que hacer.
En segundo lugar, es necesario dotar de recursos suficientes a la concertación porque, si no, no habrá abandono de la precariedad y [corte automático del sonido] [...] de la calidad de la atención.
Acabo, presidente.
En tercer lugar, garantizar un seguimiento adecuado de la intervención social que prestamos, y eso va mucho más allá de hacer lo que pone en los pliegos, señora Susín. Es urgente tener herramientas que detecten si se vulneran los derechos de las personas vulnerables y que garanticen respuestas ágiles para resolver esa cuestión. Y garantizar esos derechos es su responsabilidad, y eso se hace no con meros trámites administrativos, no se hace con visitas previo aviso al centro, no se hace analizando declaraciones responsables solo..., no, se hace garantizando, estando, yendo y estando pendientes, poniendo el foco en los derechos de las personas y en su bienestar, y, como le digo, no solo en lo que aparece escrito en el pliego de condiciones.

El señor vicepresidente primero (CELMA ESCUIN): Señor Sanz.

El señor diputado SANZ REMÓN: Acabo.
Esa es la mejor forma de empezar a superar las cuestiones estructurales que han permitido que esta barbaridad sucediese.

El señor vicepresidente primero (CELMA ESCUIN): Gracias.
Señor Arranz.

El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Gracias, señor vicepresidente.
Ha saltado la alarma con el escándalo del centro de menores de Ateca, perteneciente a la Fundación Comunidad y Salud, un caso repugnante que nos ha conmovido. Afortunadamente, está cerrado ya. Caso que se sigue judicialmente por la vía penal ante el juzgado de instrucción número 2 de Calatayud y que ha supuesto la entrada en prisión preventiva del director del centro, un español, y de tres de sus trabajadores, dos de origen marroquí y otro rumano. ¿Por qué eran de origen marroquí? «Porque hablaban árabe y para que se hicieran con los MENA más conflictivos», fue lo que dijo el director.
Acusados de torturas, lesiones, tratos vejatorios, abusos sexuales, maltrato y grupo criminal. Que quede claro que nos repugna tanto que se hagan estos comportamientos delictivos con españoles, con no españoles, con niños, con niñas, con quien sea... Estamos en contra de todo ello. [Aplausos].
Desde luego, si tenemos que aceptar que algún menor extranjero tenga que estar bajo la tutela de nuestra comunidad autónoma ante la imposibilidad de devolverlo con sus padres, de darse los requisitos para la condición de asilo u otra circunstancia, debemos tratarlos con la mayor dignidad, por supuesto, con profesionales, con forma eficaz y eficiente en su desarrollo personal, social y profesional, que puedan integrarse en nuestra sociedad con plenos derechos.
Centrándonos en estos MENA, que ustedes llaman «niños y niñas extranjeros no acompañados», yo niñas casi no veo, la verdad, pero, bueno, para ello ya no sirve cualquier ONG, fundación, asociación o empresa privada a modo de negociete que ubique un piso inadecuado para estos MENA. Lo primero es determinar si son realmente menores de edad a través de la entrevista personal, examen de documentación si lo hubiere y el examen de las pruebas médico-forenses que realiza el IMLCFA, que es la ortopantomografía dental y la radiografía de los huesos de la muñeca. Ya sabemos que en más del 90% de los llegados como MENA a Aragón, tras estas pruebas, se determinó que eran mayores de edad.
Necesitamos centros públicos o concertados donde los trabajadores sociales, educadores, psicólogos, seguridad, cocina, monitores o cualquier otra persona que trabaje allí tenga una titulación profesional homologada y adecuada al puesto, a poder ser colegiados cuando es necesario. Es demasiado común el intrusismo laboral, o personas con meros cursos de monitor de ocio y tiempo libre, o porque habla árabe, por ejemplo, eso es insuficiente. Que se trabaje realmente con estos chavales para su formación e integración social, profesional y cultural en nuestro país, que estén controlados y supervisados para evitar que cometan delitos y creen problemas de convivencia, que se vele por la seguridad...

El señor vicepresidente primero (CELMA ESCUIN): Señor Arranz.

El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: ... —sí, voy terminando— tanto de los menores como del personal trabajador de los centros, y un control y fiscalización de todo gasto de recursos públicos en estos centros de menores.
No obstante, reitero que, para Vox, los MENA donde mejor están es con sus padres, con sus familias y sus culturas, y trabajaremos para ello.
Muchas gracias. [Aplausos].

El señor vicepresidente primero (CELMA ESCUIN): Gracias, señor Arranz.
Señora Lasobras, es su turno.
Aprovecho para saludar a los representantes del primer congreso de jóvenes de Cermi en estas Cortes. Bienvenidos.
Tiene la palabra, señora Lasobras.

La señora diputada LASOBRAS PINA: Señora Susín, voy a empezar igual que he comenzado mi anterior intervención, le tendemos la mano desde Chunta Aragonesista para cualquier gestión relacionada no solamente con este centro de menores, sino con cualquier otro centro de Aragón.
Usted ha hablado de prudencia. Yo, por si acaso, voy a leer unas palabras que he dicho en mi anterior intervención: «Estos hechos delictivos son de tal gravedad que requieren la necesaria prudencia y responsabilidad de todas las personas cercanas a este procedimiento para que el sistema judicial dictamine lo ocurrido porque ha sido muy grave».
Usted, señora Susín, reconoció que existían órdenes claras sobre la comunicación de cualquier incidencia en el centro de menores y que estas órdenes no fueron cumplidas, lo que pone en evidencia una falta de control y la negligencia en la gestión de un tema tan sensible como es la protección de menores. La situación que se ha descrito aquí, que incluye acusaciones tan graves como tortura, lesiones, agresión sexual..., demanda no solo una investigación exhaustiva, sino también la asunción inmediata de responsabilidades políticas. Por eso le vamos a pedir cinco cuestiones.
En primer lugar, responsabilidades políticas de las personas involucradas tras reconocerse que se ha fallado en garantizar la protección y el bienestar de los menores tutelados.
En segundo lugar, la transparencia total en la investigación, que la auditoría anunciada se realice con la máxima rigurosidad y que sus resultados sean públicos y accesibles a toda la ciudadanía.
En tercer lugar, la revisión y mejora de los protocolos de supervisión y comunicación de los centros de menores, no solo en el caso de Ateca, sino en todos los centros gestionados o supervisados por el Gobierno de Aragón, para garantizar que situaciones como estas no vuelvan a repetirse.
En cuarto lugar, la revisión de los contratos con empresas gestoras de centros de menores. Como ya ha anunciado usted, como ha anunciado el Gobierno de Aragón, es necesario que se tomen medidas para que las empresas que incumplen los contratos y ponen en riesgo a los menores no vuelvan a trabajar en la Administración pública.
Y, en quinto lugar, garantizar los suficientes recursos para este servicio y que sea prestado por profesionales cualificados, así como estudiar la revisión pública de cuantas actuaciones tengan que ver con las personas más vulnerables.
La protección de los menores es una responsabilidad ineludible del Gobierno de Aragón y, como tal, no puede haber lugar para la impunidad o la falta de transparencia. Merecemos una gestión responsable y ética de los servicios públicos.
Y vuelvo a repetirle, le tendemos la mano desde Chunta Aragonesista para cualquier cuestión porque nosotros no buscamos la crispación, nosotros buscamos llegar a acuerdos.
Gracias, presidente.

El señor vicepresidente primero (CELMA ESCUIN): Gracias, señora Lasobras.
Señor Izquierdo.

El señor diputado IZQUIERDO VICENTE: Gracias, señor vicepresidente.
Señora consejera, por sus palabras, por las noticias, entiendo que no han sido unos días fáciles. No es agradable para nadie que una situación de este tipo se produzca y, sin ninguna duda, hay que condenarla y sobre todo tratar de erradicarla, sobre todo tratar de impedir que vuelva a suceder. Yo creo que ese es el gran reto que usted como consejera tiene y su equipo también: que una cuestión que estoy seguro de que no es de su agrado ni lo sería de ninguno de los que estamos aquí si ostentásemos su responsabilidad vuelva a suceder. Y ese tiene que ser el gran trabajo que hay que hacer.
Respecto a cuando se habla de que gestionar desde lo público los servicios es mejor, yo ahí no comparto con el señor Sanz el análisis porque creo que hay muchas empresas, que hay muchas asociaciones que colaboran con el Gobierno para la atención no solo de los migrantes, no solo de los MENA, también de nuestras personas mayores, también de nuestros jóvenes, y lo están haciendo, y lo están haciendo bien, hay asociaciones que son un ejemplo.
Y quiero nombrar a una, que precisamente durante estos días hemos tenido la oportunidad de que fuese apaleada por la incoherencia, por la incompetencia y por no tener ni idea de algunos representantes públicos, que es Accem, una asociación que gestiona a migrantes de Mali que han llegado a Mora de Rubielos hace unos días. Usted conoce bien el tema, y yo, por el lugar en el que vivo, a veinte kilómetros de Mora de Rubielos, también lo conozco muy bien. Ese es un ejemplo claro de hacer las cosas bien y ese es un ejemplo claro de una asociación que colabora con la Administración, da lo mismo que sea la autonómica que la estatal, y que hace las cosas bien, y que allí donde está genera certidumbre y tranquilidad. Tenemos ejemplos como el caso del Ayuntamiento de Burbáguena, en el que su alcalde, Joaquín Peribáñez, habla, y lo hace en los medios de comunicación y también en privado, de lo que ha significado para un pueblo de unos trescientos habitantes que lleguen cien inmigrantes. Eso no es el 10% del censo, eso es el 35 o el 40. Están encantados, algunos de ellos ya están trabajando en la zona y muchos de ellos ya están viviendo en pueblos de alrededor de la agricultura, de la ganadería, de los servicios sociales, en todo aquello que puede significar una oportunidad laboral.
Como habitante de una comarca como esa, creo que es tan peligrosa la mala gestión como la generalización. Hemos sufrido durante los últimos días, y quiero reivindicarlo aquí, la agresión brutal sin ningún tipo de medida, ningún tipo de miedo a que se genere ninguna situación muy grave, en Mora de Rubielos, carteles con mentiras, llenos de mentiras, llamando a la movilización, engañando a la gente, generando una situación que ha conseguido que incluso algún concejal tuviese que dimitir. Porque usted sabe igual que yo que, cuando uno es concejal de un pequeño ayuntamiento, como es el mío, como es el de muchos de ustedes, lo hace sin recibir nada a cambio, recibe a cambio la satisfacción de intentar ver cómo su pueblo cada día va mejorando y cómo su pueblo cada día va siendo un pueblo mejor.
Eso que hemos vivido en los últimos días ha sido brutal y se irá repitiendo, y yo le invito a contar con nosotros, a contar con el Partido Aragonés y seguro que con otros partidos para parar esa barbarie y para evitar que la desinformación sea nuestro modus operandi. [Aplausos]. Ese es el problema: la desinformación. Lo que hemos vivido en ese lugar, lo que hemos vivido en un municipio que conozco muy bien, es desinformación. Ya están allí los MENA violadores, atracadores con machetes, ya están en Mora de Rubielos. De momento no los hemos visto, de momento no los hemos visto. La gente del pueblo está tranquila, pasean por la calle. Mis hijos y los hijos de muchos van al instituto a Mora de Rubielos, los míos también, se cruzan con ellos por la calle, ni les muerden ni les escupen ni les atacan.
Y espero que así sea, y espero que ninguno de nosotros, espero que ninguno de los que estamos aquí tengamos que huir un día de nuestro país por nuestra forma de pensar con nuestra familia [aplausos], espero que sea así. Porque espero que, si eso pasa, a donde vayamos, a cualquiera de nosotros se nos reciba con respeto, con cariño y con la esperanza de que formemos parte de su sociedad, no con una manifestación de señores que no sé muy bien qué piensan —porque señoras vi pocas— para decirnos que venimos a robar, a atracar o a matar a la gente. Eso es una barbaridad, lo condenaré aquí cada vez que tenga la oportunidad, porque todos tenemos nuestro corazoncito y, cuando nos tocan de cerca, ¿verdad?, siempre nos tocan un poquito más. Entonces, cuando te tocan el lugar en el que vives o cerca del que vives y se miente, se difama y se enfrenta a la población, eso es gravísimo, ese es un error gravísimo.
Y a usted como consejera le pido que sea valiente, que tire pa´lante, que va a contar siempre con el empuje de muchos de nosotros, y que estas cuestiones también desde su departamento las condenen porque es una auténtica barbaridad que se juzgue a la gente sin conocerla y que se le ponga a la población en contra.
Muchas gracias. [Aplausos].

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Izquierdo.
Turno ahora del Grupo Parlamentario Aragón-Teruel Existe. Señora Buj, su turno.

La señora diputada BUJ ROMERO: Gracias, señora presidenta.
La situación creada en el centro de menores de Ateca es muy preocupante y muy seria. Es un problema de calado en el que el Gobierno de Aragón tiene que intervenir. En 2019 se denunciaron determinadas deficiencias en el funcionamiento del centro de Ateca: contenciones injustificadas o inmovilizaciones que aplican los auxiliares sobre tutelados cuando se producen algunas situaciones de tensión, mala calidad de la comida, la falta de cualificación de algunos empleados y carencias en el control de medicaciones de los internos. El Justicia de Aragón, que visitó el centro a finales de 2022, incluyó esto en su memoria de juventud e infancia de ese año.
Señora Susín, esperamos de su buen criterio porque es fundamental, y es fundamental para encarar un asunto tan difícil como este. Le reconocemos su implicación y le pedimos de su capacidad para entrar en el fondo de las cuestiones, porque es necesario llegar hasta las últimas consecuencias. Le pedimos que trabaje por el bien de esos menores. Hay que preservar la intimidad, la seguridad y el bienestar de los menores bajo la tutela de la Comunidad Autónoma de Aragón, y también para que este y otros centros de menores sean espacios confiables que cumplan su importante labor social.
Y aquí le lanzo una pregunta: ¿tienen previsto aplicar una auditoría sobre todos y cada uno de los contratos que para centros similares o situaciones asimilables a las del centro de Ateca se encuentran en vigor? No puede suceder algo así en ninguno de los otros conciertos o convenios que el Gobierno de Aragón y la consejería de Bienestar tengan para la atención a personas o para el trabajo social.
Fundamental también acometer y tomarse ya en serio, porque somos muchas las personas que llevamos muchos años denunciando las condiciones en las que salen la mayoría de las veces, los pliegos de condiciones. Pliegos de condiciones a los que no se les hace un seguimiento de cumplimiento, pliegos de condiciones con unas condiciones económicas que no son las suficientes para cubrir esos servicios en las condiciones en las que el servicio se merece, tanto los usuarios como los trabajadores, que normalmente, salvo contadas excepciones, realizan con tanto mimo y tanto tesón su trabajo, un trabajo que sale desde el corazón, como es todo el que tiene que ver con los servicios sociales y el bienestar social. Hay que acometer los derechos de estos usuarios y de estos trabajadores porque acometiendo estos derechos acometemos también las obligaciones. Si acometemos las obligaciones y no estos derechos, no estamos cerrando la rueda, y pasa lo que pasa.
Queremos ser prudentes ya que el asunto está judicializado y nosotros queremos respetar esta competencia y no dificultarla, por lo que queremos mantener la serenidad. Así que, señora Susín, desde Aragón-Teruel Existe le decimos que cuenta con nuestro respaldo para afrontar una situación tan complicada como esta. Por supuesto, agradecemos la llamada que nos hizo en su día, en el mes de agosto, para contarnos la situación y para ponernos al día. Le tendemos la mano para trabajar, le tendemos la mano para llegar a soluciones y que estas situaciones no se vuelvan a repetir, y también, como le he dicho, hacer una revisión de todas las que hay para mejorar y para que cada vez tengamos una mejor asistencia, porque con la ayuda de todos seguro que somos capaces de hacerlo.
Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Buj.
Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular. Señora Casas, su turno.

La señora diputada CASAS FOZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes ya, señoras y señores diputados.
Señora Susín, en primer lugar me gustaría darle las gracias por haber querido comparecer hoy ante esta Cámara, ante este Pleno, para dar explicaciones de las actuaciones que se han llevado a cabo desde su departamento ante el cierre del centro de menores de Ateca y, de igual modo, agradecerle que haya querido comparecer para explicar cuál está siendo la política general que desde su departamento se está llevando a cabo en materia de protección de niños, niñas y adolescentes en nuestra comunidad.
Asimismo, y frente a quienes salieron de manera un tanto prematura a dar notas de prensa exigiendo responsabilidades políticas, en nombre de todo el Grupo Parlamentario Popular quería agradecerle tanto a usted como al director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales la gestión que están haciendo no solo de esta cuestión en particular, sino la gestión que están haciendo en este primer año de legislatura.
Porque hoy le han planteado que qué llevan haciendo ustedes en estos primeros trescientos sesenta y cinco días. Pues, aparte de trabajar de manera incesable, dar respuesta a muchos de los problemas que venían heredados, porque lo que hoy ha quedado en evidencia es que el sistema de protección de menores no estaba funcionando.
Ante esta situación, ustedes lo que hicieron de manera inmediata fue abrir un expediente interno de investigación. Se decidió personarse en la causa abierta con todo lo relacionado con los hechos investigados en el centro de menores de Ateca. Se ha requerido información a entidades contratadas a través de este acuerdo marco. Se ha reclamado por daños y perjuicios por incumplimiento del contrato, algo que, como usted bien ha indicado, no se había hecho hasta ahora. Se ha resuelto el contrato con la UTE que se encargaba de la gestión. Se ha publicado una orden para iniciar el procedimiento de elaboración de un registro del personal que presta los servicios en los centros de protección.
Como digo, yo creo que se han tomado muchas medidas en un tiempo récord, y ustedes lo están gestionando de una manera seria, rigurosa y con completa discreción. Una discreción que también me gustaría decir que se ejerció por parte de este grupo parlamentario cuando nos encontrábamos en la oposición, cuando nunca, en ninguno de los ocho años que estuvimos en la oposición, se hizo política con un tema tan sensible como ha sido este. [Rumores].
Hoy a usted le ha tocado salir aquí, ante este Pleno, a dar explicaciones del fracaso de un sistema que, como ya he dicho, venía heredado, y quienes hoy le exigen responsabilidades fueron quienes lo diseñaron y quienes lo pusieron en marcha. Cabe recordar —usted lo ha hecho, pero me gustaría recalcarlo porque creo que es importante— que la adjudicación del contrato se produjo en junio del año 2023, cuando el anterior Gobierno estaba en funciones. [La señora diputada Zamora Mora, desde su escaño y sin micrófono, pronuncia unas palabras que resultan ininteligibles]. Señora Zamora, de verdad, siempre, siempre tiene que interrumpirme, yo soy muy respetuosa en las intervenciones que tiene usted. [Aplausos]. [Rumores]. Pero lo que me parece más grave —y veremos cómo evoluciona con el paso de los días y de los meses— es que se tenía constancia de denuncias en el centro, y desde el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, presuntamente —veremos cómo evoluciona—, se estaba mirando para otro lado. Esto es algo gravísimo.
Lo que ha quedado claro, señorías, es que existieron deficiencias en los canales de comunicación e información, pero ya se ha empezado a depurar responsabilidades. Está claro que hay fallos en el sistema de protección y menores, está claro que no fue el Partido Popular, que no fue su departamento el que diseñó, como ya he dicho, y planificó este sistema, pero lo que sí está claro es que van a ser el Partido Popular, el Gobierno y el departamento que usted dirige los que van a dar solución a todas estas cuestiones. [Aplausos].
Señora Susín, estamos en las mejores manos posibles, tiene todo el respaldo del Grupo Parlamentario Popular. Mucho ánimo porque, como ha dicho el señor Izquierdo, somos conscientes de los días y de los meses que está pasando. Todo nuestro apoyo y un enorme abrazo de parte del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias. [Aplausos]. [Rumores].

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Casas.
Concluimos la comparecencia con la contestación de la señora consejera por tiempo de diez minutos. Señora Susín, su turno.

La señora consejera de Bienestar Social y Familia (SUSÍN GABARRE): Gracias, presidenta.
Gracias, señora Casas, por sus palabras. Gracias, señora Buj. Gracias al señor Izquierdo también.
Yo creo que hasta ahora he dado todas las explicaciones sobre las actuaciones que el Gobierno de Aragón, el Departamento de Bienestar Social y Familia y el Instituto de Aragonés de Servicios Sociales hemos implementado y planificado desde que el día 1 de agosto conociéramos la noticia de que la juez del juzgado de Calatayud había ordenado la detención de cinco trabajadores en el centro de menores de Ateca.
Muchas de las cuestiones que me han planteado, señora Buj o señora Lasobras, yo creo que las he explicado en la primera intervención. No tengo ningún problema en pasarles el plan de trabajo por escrito. Otras ya se están haciendo.
Respecto a los centros, primero, hemos pedido ya, tal y como he explicado, toda la documentación de los centros para poderla revisar. Se está revisando y se está estableciendo un plan de vigilancia. Para ello también, tanto el gerente del Instituto de Aragonés de Servicios Sociales como yo misma tuvimos una reunión el día 12 de agosto con los directores de los centros, muchos de ellos funcionarios públicos, porque también hay que explicar que muchos de estos centros son propiedad de la comunidad autónoma, gestionados de forma indirecta, pero el director, la directora o el subdirector son funcionarios públicos, por lo que ahí hay otra medida más de control en los centros.
Algunas de las cuestiones que me habían planteado. Se habían manifestado, reitero, denuncias, varias, señora Buj, había denuncias sobre este centro. Hay un juicio pronto de una menor, salió en los medios de comunicación publicado, y eso venía de la legislatura anterior. Y no es que se prorrogara, señora Zamora, es que se volvió a adjudicar al mismo centro. Mientras el Partido Popular esté en el Gobierno de Aragón, ese centro no volverá a tener un contrato con la Administración pública aragonesa [aplausos], y eso es lo que ustedes deberían de haber hecho, y siguieron haciendo acuerdo marco tras acuerdo marco con el mismo centro.
Les adelanto también que el Departamento de Bienestar Social y Familia ha pedido un informe a los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón ante la posibilidad de exigencia de daños morales a la contratista en razón del descrédito producido al Gobierno de Aragón y el daño a su prestigio institucional consecuencia del actuar del contratista.
Agradezco el tono y las palabras de la mayoría de los portavoces. Les agradezco al señor Sanz, a la señora Buj —no está—, al señor Izquierdo y a la señora Salas la prudencia que durante estas semanas han tenido ante la gravedad de los hechos que han sido denunciados y que están siendo investigados, tan graves como para que cinco personas sigan privadas de libertad. Agradezco también el reconocimiento de la llamada que yo les hice a todos los portavoces para explicarles lo que estaba pasando, cosa que no ha tenido ni siquiera la señora Zamora el detalle de hacer. Ha dicho que no le habíamos informado de lo que estaba pasando, y fue llamada, al igual que el resto de portavoces.
Pero esta situación, señorías... Y, por cierto, señora Zamora, la que ha cambiado de tono en su segunda intervención es usted. Es más, el resumen de su segunda intervención es que excusatio non petita, accusatio manifesta.
Y, señora Lasobras, insisto, ¿por qué lo que me pide hoy a mí no lo pidió —que está bien, ¿eh?, y le he dicho que la mitad de las cosas están preparadas o se están haciendo— en los ocho años anteriores? Porque lo que ha explotado ahora es consecuencia de lo que venía de atrás.
Señor Sanz, el tema de los fugados. No había ocho fugados, había seis, dos eran los menores que estaban con sus madres y estaban en casa con sus madres. Mire, yo les pido también prudencia en tocar de oído, porque aquí se han dicho cosas que se han leído y que no son tal y como se han expresado. Les pido que no toquen tampoco de oído y sean prudentes. De los ocho fugados, dos estaban con sus madres y, de los otros, esa misma noche dos volvieron y fueron volviendo todos por su propio pie.
Podemos entrar en otra cuestión, que es la problemática de estos menores, porque yo creo que usted lo que quiere deducir es que se fugaron porque tenían miedo. No, es otro contexto, y de eso, si quiere, hablaremos usted y yo de forma más pausada.
Mañana hablaremos también de todas las cuestiones relacionadas —porque de eso es de lo que usted quiere hablar mañana— con el convenio autonómico, con la situación del personal... Yo reitero, yo comparto lo que usted está diciendo, pero sí que le voy a explicar una cosa. Primero, la solución a los problemas no es un convenio autonómico, hay más problemas: la dotación del personal en el IASS, la adecuación de esos conciertos... Y todo eso viene de donde viene, pero también le digo una cosa: usted votó a favor de todos esos presupuestos, usted también estaba de acuerdo cuando lo votó a favor.
Bien. Lo que ha revelado la situación otra vez es la precariedad en que ocho años de Gobierno socialista y de gobiernos de izquierdas han dejado los servicios sociales en Aragón. Señorías de la izquierda, dejaron ustedes un sistema de dependencia en precario, tiempo tendremos de hablar. Dejaron la discapacidad al borde de la quiebra, tiempo tendremos de hablar. Pero dejaron un sistema de protección a la infancia en una situación vulnerable y ahora se ha revelado esa precariedad. Y sí, de desidia, señora Zamora, de desidia, porque las situaciones graves hay que tratarlas y no se trataban.
Señora Lasobras y señora Zamora, les vuelvo a pedir prudencia, lo hice personalmente, y ambas dos salieron corriendo a pedir ceses y dimisiones. A quienes deberían de estar cesados o deberían de haber dimitido ya los cesaron los ciudadanos en el año 2023. Y hoy lo he dicho al inicio de mi intervención: quizás deberían estar ustedes dos dando explicaciones en la tribuna.
Señora Lasobras, me hizo unas preguntas que me llegaron ayer por escrito, el día que volvió de vacaciones. Vuelvo a responder. ¿Existen quejas y denuncias previas?, decía usted. Sí. ¿Existen informes previos? Sí. Reitero, hay un juicio sobre cosas que pasaron en la pasada legislatura y se volvió a incluir a esa empresa en el mismo acuerdo marco. Lo ha contado algún padre en los medios de comunicación, no lo he contado yo. Así que yo creo que esa pregunta quizás debería de hacerla a quien formaba parte de ese Gobierno.
Señora Zamora, no voy a permitirle que vuelva a tergiversar mis declaraciones porque están grabadas y reproducidas textualmente. Hoy las ha leído usted textualmente. Yo, en la rueda de prensa, a la pregunta de por qué se había iniciado un expediente disciplinario, dije que «porque se habían producido deficiencias en los canales de comunicación y de información». Esas son mis palabras textuales, ni una más ni una menos, y por eso hay abierto un expediente disciplinario.
Señorías, acabo ya. Reitero mi agradecimiento a quienes han adoptado una oposición responsable ante los hechos que todavía están siendo investigados; a los trabajadores de los servicios de protección a la infancia por el trabajo que desarrollan cada día y por los desvelos de las últimas semanas; al gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales por el trabajo que está desarrollando, por la rapidez con la que está solucionando la reubicación definitiva de estos menores y por la responsabilidad que él ha demostrado y que quien presume de gestora no supo demostrar.
Señora Zamora, señora Lasobras, ustedes lo que deberían de hacer no es pedir ceses ni responsabilidades, ustedes lo que deberían de hacer es pedir perdón.
Gracias. [Aplausos].

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.
Haremos la pausa para el almuerzo a continuación de la siguiente comparecencia, del siguiente punto del orden del día, a la finalización.
Continuamos con el punto número 6: comparecencia de la consejera de Educación, Cultura y Deporte, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre el inicio del curso escolar.
Interviene en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista y por tiempo de diez minutos, el señor Urquizu.
Señor Urquizu, su turno.