Comparecencias - De Consejeros de la DGA - Ante la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública
Intervinienen: Garcés Sanagustín, Mario - Barrena Salces, Adolfo - Soro Domingo, José Luis - Ruspira Morraja, Antonio - Fernández Abadía, Ana María - Garasa Moreno, Jorge
El señor presidente (LARRED JUAN): Buenos días. Buenos días, señor consejero. Buenos días, señorías.
Da comienzo [a las diez horas y treinta minutos] la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública correspondiente a la sesión del día 23 de noviembre de 2011.
Como es costumbre, el primer punto del orden del día lo dejaremos para el final y pasaremos, por tanto, al segundo: comparecencia del consejero de Hacienda y Administración Pública, a petición propia, al objeto de presentar las conclusiones del trabajo llevado a cabo por la Intervención General para determinar la situación económico-financiera del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Tiene la palabra, señor consejero, para su explicación.
Comparecencia del consejero de Hacienda y Administración Pública para presentar las conclusiones del trabajo llevado a cabo por la Intervención General para determinar la situación económico-financiera del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón.
El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (GARCÉS SANAGUSTÍN): Bien, buenos días, señor presidente.
Señores diputados.
Comparezco a petición propia con el objetivo de explicar, en la medida en que sea posible durante estos veinte minutos, el contenido de la auditoría presentada por la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Como ustedes saben, formaba parte del compromiso político de la presidenta hacer un diagnóstico de la situación, hacer un análisis económico-financiero, tomando en consideración, además, el instrumento potente que es la Intervención General de la comunidad autónoma.
Hemos considerado que era fundamental seguir confiando en nuestros empleados públicos. La Intervención es un órgano, como digo, neutral, independiente, objetivo. Los resultados, por lo tanto, son veraces, y eso nos permite tener una radiografía del momento actual.
El objetivo de la auditoría, como ustedes saben, era conocer la situación económico-financiera de la comunidad autónoma. Más allá de algunas proyecciones que se habían realizado, precisamente, en esta comisión en el verano, era importante soportar esta información con el contenido de los resultados y de las conclusiones del órgano de control interno del Gobierno de Aragón. Y comparezco, precisamente, a petición propia, con el objetivo de que se debata, si es menester, el contenido, las conclusiones y las recomendaciones de ese informe.
Creo que el informe de la auditoría de la Intervención General nos permite en este momento tener un diagnóstico acertado, preciso, adecuado, y, a partir de ese momento, poder ya formular las cuentas públicas del año 2012.
Era necesario, es una fórmula de control que se ejerce no solamente en el ámbito público, sino también en el ámbito privado. Cuando se produce una sucesión empresarial, cuando se produce una sucesión en la gestión de Gobierno, es de suyo que a los nuevos gestores les corresponda hacer un corte y determinar el estado de las cuentas. No cabe otra posibilidad, y creo que muchas comunidades autónomas lo han hecho, y, ya digo, quizá la particularidad del Gobierno de Aragón es que lo ha hecho con recursos propios, confiando en la Intervención General.
¿Cuál era el primer objetivo? El primer objetivo era determinar el déficit presupuestario que heredábamos y, sobre todo, la proyección del déficit presupuestario a 31 de diciembre del año 2011.
La situación que todos conocemos es una situación muy delicada, es una situación dramática, en algunos casos es una situación crítica, como se ha encargado de manifestar la propia Intervención General en su informe, y creo que lo más importante, sin ninguna acritud, porque este informe, precisamente porque está encargado a órganos técnicos, no tiene ningún sesgo de acritud ni persigue ajustar cuentas con el pasado, simplemente es conocer la situación de partida para poder tomar medidas, como digo, tenemos que tener muy claro que la situación es muy complicada, y que el día a día, además, denota que tenemos que tomar decisiones, y que, precisamente, el punto de partida ahora mismo ya es concluyente y no admite ningún tipo de prórroga. Este país está en situación de prórroga desde hace unos meses, y tenemos la necesidad todos los gobiernos, el Gobierno nacional y los gobiernos autonómicos, de tomar medidas inmediatamente.
Bien, el primer resultado de la auditoría, que quizás es el resultado más importante, es que se concluye que hay un déficit o que va a haber un déficit a final de año de novecientos cuarenta y tres millones, lo que va a suponer un entorno de déficit presupuestario que ascenderá al 2,6% del PIB regional. Eso supone duplicar el objetivo inicial de estabilidad presupuestaria.
¿Por qué se produce esto? Básicamente, se produce por dos razones: la primera, por una caída estrepitosa de los ingresos fiscales, tal como ha manifestado el informe de auditoría. La cadena de caída, la senda, la tendencia de los ingresos fiscales, fundamentalmente los tributos gestionados por la comunidad autónoma, nos enfoca irremisiblemente a una situación de pérdida de capacidad recaudatoria y, por lo tanto, un incremento de la brecha fiscal. Estamos en una situación de atonía en el mercado, tanto en el mercado de la construcción como en el mercado de la constitución de empresas públicas, y eso genera, como digo, pérdida generalizada de recursos presupuestarios, no solamente en Aragón, sino también en otras comunidades autónomas. Por lo tanto, tenemos que hacer esfuerzos colectivos, tanto el Gobierno de la nación como nosotros, gobiernos autonómicos, para poder relanzar nuevamente el sistema económico español. Eso, por un lado.
Pero, en segundo lugar, y ahí sí que es un reproche, de los pocos reproches que voy a hacer hoy, porque, ya digo, no quiero hacer reproches, sí que se produce un mayor déficit como consecuencia del deslizamiento de gasto sanitario que ha habido en los últimos años. Ha habido una práctica presupuestaria que ha sido incorrecta, consistente en infradotar los recursos presupuestarios destinados al gasto farmacéutico, fundamentalmente al capítulo II de la farmacia, de los servicios, de la salud, del Salud aragonés. Esto, ¿qué representa? Pues representa que, aproximadamente, se presupuesta en torno a trescientos millones de euros todos los años y, sin embargo, el gasto efectivo en gasto farmacéutico, en gasto hospitalario, es de cuatrocientos ochenta millones de euros, es decir, hay una diferencia de ciento ochenta millones. Eso es déficit, son ciento ochenta millones de déficit. Estamos hablando de tres décimas del PIB regional y estamos hablando de que, si realmente estuviéramos dotando presupuestariamente estos recursos, pues, probablemente, no hablaríamos, como hemos hablado otros años, de un ajuste presupuestario de en torno al 10%, sino que estaríamos hablando de un ajuste real presupuestario de en torno al 3% o en torno al 3,5% en los dos últimos años de los presupuestos aprobados en esta comunidad autónoma.
Esta práctica la queremos erradicar, no queremos hacer artificios contables. Queremos que, en el futuro, se dote adecuadamente esta partida, se dote adecuadamente la partida del capítulo II de la farmacia hospitalaria, precisamente porque no queremos seguir generando una expectativa de gasto ilegal irregular, que es necesaria, pero que no tiene cobertura presupuestaria.
En segundo lugar, el informe, y luego iremos entrando en algunos detalles, el informe delata una situación crítica de tesorería, y este es un aspecto muy importante donde vamos a tener que tomar decisiones todos. En primer lugar, ahora mismo, el informe de auditoría revela que, aproximadamente, hay quinientos millones o va a haber quinientos millones, como así está siendo, de obligaciones presupuestarias reconocidas, y, sin embargo, la disponibilidad de liquidez para poder atender estas obligaciones casi no alcanza ni el 5% del conjunto de las obligaciones.
La caída de los ingresos fiscales, sumada a las restricciones, al endeudamiento que hay ahora mismo y la pérdida de capacidad de endeudamiento que estamos teniendo todas las administraciones públicas, desde luego, nos colocan en una situación muy comprometida desde el punto de vista económico, nos sitúan en una posición en la cual vamos a tener, necesariamente, que priorizar los pagos, como lo estamos haciendo, y en eso, ya digo, ahí se pide la responsabilidad de todo el mundo. En situación de insuficiencia financiera, priorización de gastos, priorización de pagos y, por supuesto, contención del gasto público, porque, si incrementamos el gasto público, todavía generamos una tendencia, una pulsión mayor a que la gente gaste más o a que los gestores públicos gasten más. Por lo tanto, reducción del gasto público y selección de aquellas obligaciones que tenemos que atender.
De todos modos, ya declaro que es propósito de este Gobierno, a partir de las próximas semanas, seguramente, con la aprobación de los presupuestos, hacer un plan específico de pago a proveedores, con el objetivo de establecer un calendario que dé certidumbre a los principales proveedores y a los proveedores también de deuda comercial de pequeñas y medianas empresas, con el objetivo, como digo, de dar confianza, de que tengan seguridad completa, seguridad plena de que los pagos se van a realizar y los calendarios en los que se van a llevar a cabo.
Y por último, y, ya digo, luego entraré en algunos detalles, el informe revela la situación también crítica que atraviesan las empresas públicas aragonesas. El informe se bifurca en dos áreas: por una parte, analiza la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y, en segundo lugar, analiza el holding de las empresas públicas bajo el paraguas de la Corporación Empresarial Pública de Aragón. En ambos casos, los desequilibrios son muy graves, son muy graves.
Precisamente, para atender estos desequilibrios, ayer, en el Consejo de Gobierno que se celebró, expuse la intención, en un texto que ya está redactado y que se aprobará la semana que viene, de que se apruebe un decreto ley de racionalización del sector público empresarial. Vamos a exigir a todas las empresas públicas supérstites, aquellas que se van a mantener, les vamos a exigir obligatoriamente que hagan un plan económico-financiero de saneamiento a tres años, y, si ese plan económico-financiero no se hace o no se hace bajo las pautas o parámetros de racionalización y saneamiento que exigimos, podremos adoptar medidas, medidas que van..., algunas son tan evidentes como cesar a los gestores de las públicas, algo que no es necesario reconocer jurídicamente, pero sí, por ejemplo, a paralizar sus inversiones, a exigir autorizaciones previas por parte de la comunidad autónoma en materia de contratación pública, a suspender las garantías o, por ejemplo, a suspender también los compromisos de participación del Gobierno de Aragón en esas empresas públicas.
Es necesario que las empresas públicas hagan un esfuerzo de autodisciplina fiscal y presupuestaria, y, si no lo hacen, evidentemente, estamos en una situación, como digo, dramática. Por lo tanto, tenemos que empezar a trabajar, y trabajar inmediatamente, no tenemos ni un minuto que perder.
Bien, volviendo a la información general, ¿qué datos arroja la auditoría? En primer lugar, insisto, la auditoría está hecha sin acritud, sin interferencias. Lo único que ha hecho este consejero es aprobar un plan para hacer la auditoría, una resolución específica. En todo momento lo han hecho libremente y de manera profesional los funcionarios de la Intervención General, y, además, en este caso, quiero agradecer personalmente, en sede de comisión parlamentaria, el trabajo y el esfuerzo permanente que hacen los funcionarios del Departamento de Hacienda y Administración Pública y, en este caso concreto, los funcionarios de la Intervención General.
Bien, en primer lugar, como digo, la Administración general y los organismos públicos hemos comprobado, y no voy a entrar en la enumeración de las cifras, que existen obligaciones por realización o prestación de servicios o por entrega de suministros que no estaban contabilizadas, y en algunos casos, además, que estaban contraídas indebidamente.
Aquí quiero distinguir dos aspectos del fenómeno: aquellos gastos que se han producido y que han redundado en beneficio de la Administración, evidentemente, habrá que atenderlos para no incurrir en una quiebra del principio de enriquecimiento injusto, lo tengo que pagar, evidentemente. Pero hay una serie de gastos cuya legalidad estamos analizando para comprobar si, realmente, se contrajeron adecuadamente: si la contracción del gasto no fue adecuada o no fue conforme a la legalidad, no la atenderemos; en su caso, se exigirá la responsabilidad o repetirá el correspondiente proveedor. Vamos a analizar, caso por caso, cada una de las obligaciones. Desde luego, no podemos hacer que la Administración aragonesa soporte determinadas obligaciones que no se contrajeron adecuadamente con arreglo a la legislación presupuestaria y a la legislación administrativa.
Por ejemplo, en el Departamento de Presidencia y Justicia han aparecido 10,6 millones de euros en gastos que no estaban presupuestados. Algunos pertenecen a patrocinios, facturas de otros ejercicios del Gabinete de Comunicación, facturas que, incluso, en algunos casos estaban soportadas por meros correos electrónicos. Esta práctica, lógicamente, la vamos a evitar a partir de este momento.
También teníamos un desajuste importante en Sanidad, Bienestar Social y Familia de 10,4 millones de euros, fundamentalmente compromisos correspondientes a los programas de apoyo a la inmigración o protección y promoción de la salud.
En organismos autónomos también padecíamos un déficit de imputación a presupuestos de obligaciones, fundamentalmente en el Inaem, en el IASS, en el Instituto Aragonés de la Mujer y, en menor medida, en el Instituto Aragonés de la Juventud.
Organismos públicos, el Banco de Sangre y Tejidos, que, fundamentalmente, los clientes son la propia Administración Pública, tenía un déficit de en torno a cinco millones de euros.
Son cantidades que, como digo, tendremos que abonar, con los problemas de liquidez, los problemas severos de liquidez y de tesorería que tenemos, pero que, sobre todo, insisto, analizaremos pormenorizadamente cada una de las obligaciones. Aquellas que, como digo, han servido para prestar servicios a precio de mercado y para evitar un enriquecimiento injusto de la Administración, se abonarán adecuadamente; las demás, las analizaremos. Espero que no haya, y, si las hay, pues veremos qué es lo que hacemos en esos casos.
Bien, la proyección que hace la Intervención General a final de año, como decía antes, es que vamos a gastar en torno a cinco mil ciento treinta y tres millones a final de año, lo cual va a representar que haya un déficit presupuestario de en torno a novecientos cuarenta tres millones de euros, es decir, aproximadamente, el doble de lo que estaba inicialmente previsto.
La descomposición de esa magnitud, como he dicho antes, tiene dos componentes: por un lado, el descenso brutal de los ingresos, donde la situación económica es la que es y donde habrá que tomar medidas de impulso a la actividad económica, y, en segundo lugar, la bola sanitaria, la bola sanitaria y el déficit también en la atención de prestaciones de servicios sociales, fundamentalmente de dependencia. Se ha producido un incremento exponencial de la demanda de servicios asistenciales y, sin embargo, no existe cobertura presupuestaria para poder atenderla, esa es la realidad.
Simplemente, ya les advierto que, en los presupuestos que estamos elaborando, vamos a intentar ajustar la necesidad efectiva de gasto, tanto en servicios sociales como en sanidad, a las previsiones presupuestarias que vayamos a aprobar en la Ley de presupuestos, es fundamental. Hay quien se preguntará: ¿dónde van a recortar, entonces? Bueno, ya hablaremos de eso cuando presentemos los presupuestos, dentro de unas semanas. [Risas y rumores.] No les voy a adelantar todavía esa noticia porque hay que dosificar la información, y la vamos a dosificar.
En cuanto al endeudamiento, la situación de endeudamiento de la Comunidad Autónoma de Aragón es muy grave, es muy grave: estamos con un saldo vivo de deuda ahora mismo de en torno a tres mil trescientos millones de euros. Es una cantidad que, por otra parte, ha crecido, prácticamente, en la misma magnitud y en la misma rutina que otras comunidades autónomas, quizá un poquito más en la Comunidad Autónoma de Aragón en los últimos dos años. Y, como digo, la deuda viva ahora mismo se ha duplicado en los últimos tres ejercicios: pasamos de tener una ratio de deuda sobre PIB en el año 2008 de en torno al 4,5% a superar ahora mismo el 10%. La situación es muy complicada. Una familia aragonesa, una familia media de cuatro personas, ahora mismo, si tuviera que saldar la deuda pública pendiente viva que tiene la Comunidad Autónoma de Aragón, tendría que pagar diez mil euros cada uno. Evidentemente, la progresión no es a un día, pero, simplemente, para que todos conozcamos cuál es el orden de magnitudes en las que nos estamos moviendo.
Y especialmente problemática es la situación de la deuda viva de las empresas públicas. Y además, aquí se produce un fenómeno que revela la auditoría y que no debemos dejar pasar desapercibido, que es el fenómeno de que todas las entidades financieras que han constituido operaciones o con las cuales se han formalizado operaciones de endeudamiento u operaciones de garantía, evidentemente, están llegando a una posición de riesgo financiero insostenible que está impidiendo, en algunos casos, que puedan seguir financiando a la comunidad autónoma. Este es un problema crítico, que afecta a esta comunidad autónoma y a todas las comunidades autónomas: las entidades financieras están llegando también a su posición límite en cuanto a riesgo. ¿Por qué? Porque hay algunas que tienen colocados en operaciones de crédito, a corto o a largo plazo, incluso más de doscientos millones en la Comunidad Autónoma de Aragón, y, en la situación actual, donde no generamos ingresos y donde la situación económica es la que es, nos va a provocar dificultades de endeudamiento en el próximo año. Por lo tanto, tendremos que reestructurar la deuda, tendremos que renegociar la deuda, tendremos que hacer esfuerzos importantes para poder atender las obligaciones que tenemos pendientes en un entorno de restricción presupuestaria.
Respecto al sector público empresarial, no voy a entrar en el detalle de cada una de las empresas.
Primero, sí que quiero decir que la Intervención General ha tomado como modelo las diez empresas que consideró más representativas. Lo digo porque hay quien dirá que hay silencios. No hay silencios, no hay lagunas, y, si hay algún problema, decretamos la auditoría de la empresa que haya que decretar para el año que viene, y aquí me ofrezco, en Cortes, para que así se haga, sin ningún problema. Pero se analizaron, se seleccionaron las diez empresas más representativas. ¿Problemas? Fundamentalmente, las empresas logísticas con proyección urbanística. Evidentemente, la devaluación del valor de los inmuebles va a generar un problema en cuanto a la contabilización de esos inmuebles, tenemos una situación ahora mismo de grave deterioro de la situación patrimonial de las empresas, con un mercado casi inexistente y que esperemos que se relance en los próximos meses.
Y una situación que sí que nos ha sorprendido, y a la que vamos a poner coto en el decreto ley que aprobaremos la semana que viene, son las manifestaciones constantes de cartas de compromiso firmadas por el anterior Gobierno para garantizar las obligaciones de las empresas dependientes de la comunidad autónoma. Cartas de compromiso de permanencia, las comfort letters, donde yo me comprometo a permanecer diez años como garantía para la atención de las obligaciones pendientes de las empresas públicas, pero hay algunas cartas de compromiso que tenían un rango, una intensidad mayor: eran aquellas cartas de compromiso en las que la propia comunidad autónoma se comprometía casi subsidiariamente a atender las obligaciones en caso de impago de la sociedad pública. Yo creo que esto es una garantía pura y dura, al menos las garantías más fuertes, las comfort letters fuertes. Por eso consideramos desde este momento y a partir del decreto ley que aprobaremos la semana que viene que todas las comfort letters, todas las cartas de compromiso, obligatoriamente, van a pasar por Consejo de Gobierno y serán objeto de análisis y estudio en Consejo de Gobierno. Forma parte, como digo, del plan de garantías, y de esa manera tenemos que actuar.
Bien, ¿qué es lo que nos dice la Intervención, para finalizar, y, desde luego, estoy a disposición de la comisión para analizar cualquier tema concreto? Pues que estamos en una situación muy complicada. Hay quien dirá: «eso ya lo sabíamos»... Bueno, ahora lo sabemos con más datos, lo sabemos con datos objetivos, y, sobre todo, lo saben los ciudadanos. Yo creo que se nos podrán reprochar algunas cosas en el plano político, pero no la transparencia. Hemos hecho un ejercicio de publicar la auditoría, y creo que la auditoría la conocen todos los ciudadanos.
Y sí que voy a hacer una crítica general y una autocrítica. Me hubiera gustado que hubiera tenido más repercusión, me hubiera gustado que hubiera tenido más repercusión, porque tantas veces hablamos de transparencia, que, sin embargo, la transparencia se nos agotó en un día, y la verdad es que, a lo mejor, todos los ciudadanos tenían derecho y siguen teniendo derecho a conocer el resultado de esa auditoría.
Los problemas, como digo, son estructurales, no son contingentes. Desde luego, el ciclo económico puede cambiar, ojalá cambie rápido, pero, mientras no cambie el ciclo económico, nos vemos abocados a tomar decisiones, decisiones de contención del gasto público, de austeridad y estabilidad presupuestaria.
Hemos empezado a tomar medidas: ayer aprobamos el proyecto de ley de estabilidad presupuestaria, la semana que viene aprobamos el decreto ley de reestructuración del sector público empresarial, es probable que en esta semana ya anunciemos cuáles son las empresas públicas que van a permanecer y cuáles se extinguen por diferentes procesos (por dilución de acciones, por reestructuración, por reabsorción de competencias), y, desde luego, la Ley de presupuestos marcará el camino de la senda de actuación de este Gobierno en el próximo año.
Muchas gracias, señor presidente, y quedo a disposición de los diputados.
El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor consejero.
¿Algún portavoz necesita que suspendamos la sesión durante algún minuto? ¿No?
Continuamos, pues, con la intervención de los grupos parlamentarios.
En primer lugar, Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón. Señor Barrena, tiene la palabra.
El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor presidente.
Buenos días y bienvenido, señor consejero. También buenos días a quienes le acompañan.
Gracias por habernos contado de viva voz lo que ya habíamos visto en la página web del Gobierno de Aragón y lo que hemos podido seguir en la prensa también, porque, ciertamente, desde que la auditoría se hace el día 14 de octubre hasta el día 23 de noviembre en que usted nos la cuenta en sede parlamentaria, pues ha pasado bastante tiempo. Ya sé que me va a decir usted que usted lo pidió ya el día 14, pero la realidad es esa. Bueno, lo digo por aquello de «las Cortes, el centro del debate político y parlamentario», que era otro compromiso de la señora Rudi.
Estoy de acuerdo en que la auditoría es la radiografía. A partir de ahí, saca unas conclusiones, a partir de ahí hay que tomar medidas... Me gustaría que ya nos hubiera anunciado alguna, porque usted ha seguido en el «hay que...», «hay que...», «hay que...». Ya sé que aprobaron ayer una Ley de estabilidad presupuestaria mandatada por la Constitución y por la señora Merkel, ya lo sé; la traerán a las Cortes y ya discutiremos y debatiremos.
Nos anuncian que van a reestructurar empresas, nos ha dicho: «probablemente a la semana que viene diremos cuáles» —seguimos en el «probablemente»—, y, a partir de ahí, lo que nos ha dicho también es que ya nos enteraremos, cuando tengan a bien presentar las cuentas para el año 2012, de dónde y de qué manera van ustedes a recortar. ¡Ah!, palabra maravillosa: recortes. Reconocen que van a recortar, que es el mantra que han estado negando hasta el día 20, en que se votó.
Mire, como resulta que la auditoría marca una radiografía y un diagnóstico, ahora es cuando hay que aplicar el tratamiento, y lo que yo le voy a preguntar es por el tratamiento, no le voy a preguntar por lo que ya he leído y por lo que usted tan bien se sabe, ¿no? Si no estoy equivocado, y le agradeceré que, si estoy equivocado, me rectifique, en la auditoría fruto del Gobierno anterior, una parte del cual sigue siendo este Gobierno, que es su socio, y, por lo tanto, algo tendrá que ver también, digo yo, sacamos unas conclusiones que van a marcar lo que ustedes nos van a traer, cuando nos lo traigan, que será el presupuesto para 2012.
Y así, de manera rápida, y pensando en que la ciudadanía lo entienda, en lugar de en las ciento y pico páginas que tiene la auditoría, en un folio, para que la ciudadanía sepa que en estos momentos, según parece, desde ya, antes de presentar ustedes las cuentas, estamos hablando de: novecientos cuarenta y tres millones que se arrastra de déficit presupuestario, que habrá que pagar, claro; estamos hablando de unos cuatrocientos setenta y cinco millones de deuda a corto plazo, porque es pendiente de pago (usted lo situaba en quinientos, dice que hay un 5% de tesorería, pues le van a faltar cuatrocientos setenta y cinco); hay otros cuatrocientos sesenta y cinco millones de obligaciones no presupuestadas (treinta y seis de la Administración general, cuatrocientos de Sanidad, veintinueve de la ley de dependencia, que, ciertamente, si se han incrementado las solicitudes es porque tienen derecho, es una ley con derecho subjetivo además, que hay que atender; además, hay once millones también comprometidos por los organismos, 11,2; hay tres mil trescientos treinta y dos millones de deuda que usted mismo ha dicho que hay que renegociar. ¿Qué previsión hay de cuánto va a costar eso de refinanciar? Hombre, y no juegue con eso de que cada ciudadano va a tener que poner diez mil euros; a mí me parecería bien que algunos de los ricos a los que ustedes no quieren subirles impuestos lo empiecen a aportar, me gustaría mucho, más que los cien mil parados y paradas que hay.
Bueno, sigo, porque usted también nos ha reconocido que, por ese peculiar mecanismo, había compromisos de unos cuatrocientos millones en lo que son esas cartas o esos avales de las empresas públicas, están las deudas de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y del consorcio de empresas públicas, y hay algunas cosas más de las que usted no ha hablado, pero yo sí que le voy a hablar, porque también formarán parte del diagnóstico, ¿no?
El Estado nos reclama novecientos millones de euros por la caída de la recaudación. ¿Qué piensan hacer con eso?
Hay otra serie de gastos comprometidos que tienen que ver con las plurianualidades, y ahí, dentro de las plurianualidades, hay dos, que ustedes han hablado mucho de ellas, pero todavía no he visto que hayan hecho nada: una es el famoso Plan de carreteras —por cierto, programa estrella de su actual socio de Gobierno— y otra es el Plan de depuración de aguas —por cierto, otro programa estrella de su actual socio de Gobierno—. ¿Qué pasa?, ¿que esos, como son del socio, no se van a tocar, o sí se van a tocar, o le han pedido permiso, o no se lo autorizan?, porque ahí hay otras obligaciones ya pendientes, otras obligaciones ya pendientes.
Ustedes han dicho y reconocen que ha caído la recaudación; por lo tanto, van a tener menos ingresos. Han anticipado que el presupuesto del año 2012 va a tener un 5% menos en relación con el del año actual; eso significa otros doscientos sesenta cinco millones menos. Si, de todos los datos que nos da la auditoría, que hemos estudiado, que hemos analizado y que usted ahora nos ha explicado, podemos deducir que, aproximadamente, el 20% del presupuesto que ustedes anuncian, con esos doscientos sesenta y cinco millones menos, ya están comprometido, el 20% ya está comprometido con todas estas cuestiones que le he dado, y, según ustedes, no va a haber absolutamente ningún tipo de recorte en ninguno de los gastos sociales y, además, van a incluir los de la ley de dependencia, eso no se sostiene. Y como ya hemos votado todos y todas..., yo no les he votado, ya se lo aseguro, ¿eh?, pero, como ha habido mucha gente que les ha votado creyendo que ustedes tenían la solución, pues, hombre, ya va siendo momento de que lo empiecen a decir.
Entonces, digan como casa esto: situación crítica, de acuerdo; sin acritud, también; ustedes gestionan; ¿cómo van a gestionar?, ¿cómo lo van a resolver?, porque sigue habiendo una necesidad imperiosa de garantizar los gastos y ustedes siguen diciendo que no van a subir impuestos. Y, entonces, yo creo que ha llegado el momento ya de que digan cómo lo van a hacer, y, por favor, no me diga que ya me traerá los presupuestos, ¿eh?
Empecemos a ser serios y empecemos a cumplir esas obligaciones y compromisos de que el Parlamento iba a ser el centro del debate político. No puede ser que ustedes luego nos traigan un presupuesto para que nos lleven al debate de las enmiendas con la mayoría que tienen cuando estamos todavía en fase de hacerlo y cuando hay una situación, evidentemente, crítica, que debería poder permitir opinar a todo el mundo. Pero, para poder opinar, necesitamos que nos digan claramente cómo y de qué manera van a resolver esta ecuación del volumen de gasto tal conocido, de las obligaciones conocidas, de las deudas que tenemos conocidas, de los ingresos que piensan tener conocidos; pero, a partir de ahí, lo que tienen ustedes que decir es cómo van a cuadrar las cuentas.
Porque, mire, de todo lo que nos han dicho, lo que sí que vemos de sus maravillosas medidas de ahorro es que van a gastar unos dieciocho millones menos, esas ciento siete medidas de racionalización del gasto. Pues, con dieciocho millones de supuesto ahorro, porque le recuerdo que, de lo primero que iban a ahorrar, ya han dicho que van a ahorrar menos... Sí, sí, usted empezó hablando ya de ciento y pico millones y ahora ya solo se han quedado en setenta en la legislatura. Pues yo le hablo del presupuesto del año que viene, y, entonces, si tenemos todas esas necesidades y el único incremento (que no sería incremento, sino menor gasto) solo van a ser dieciocho millones de euros, no salen las cuentas.
Por lo tanto, tiene usted que empezar a decir ya dónde van a recortar. ¿Se van a fijar en el señor Mas, por ejemplo, que se ha esperado justo a pasar las votaciones para...? Porque, claro, se ha apresurado usted hoy muy pronto a decir que no, pero dígannos entonces cómo lo van a resolver, cómo lo van a resolver.
Porque, mire, ha dicho usted otro dato que también requiere que usted lo aclare ahora: tenemos ahora mismo un nivel de endeudamiento del 2,6% del producto interior bruto. Eso es el doble de lo que nos va a permitir la Ley de estabilidad presupuestaria.
Y, por favor, anuncios-humo, no, porque usted ayer dijo que, gracias a esa maravilla que va a aprobar el Consejo de Gobierno, va a haber hasta un fondo de suficiencia para la sanidad. Pero diga que es —añaden— cuando haya disponibilidades presupuestarias. Es decir, ¿cuándo?...
El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Barrena, vaya finalizando.
El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, finalizo ya, señor presidente.
Yo, por lo tanto, la última reflexión que le hago es que dice: no va a haber problemas con las empresas ni con la transparencia. Bueno, pues en las Cortes vamos a tener oportunidad de ver si de verdad hay problemas o no, porque vamos a ver si van a seguir manteniendo ustedes cláusulas de confidencialidad en temas económicos en uno de los contratos firmados por el anterior Gobierno y también por su socio, que está en la foto firmando, con la empresa Dorna Sports, por ejemplo.
Gracias.
El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor Barrena.
Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, el señor Soro tiene la palabra.
El señor diputado SORO DOMINGO: Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Garcés, por comparecer hoy aquí.
No ha servido de nada, ¿eh?, que viniera usted. Al menos, nos hemos saludado, nos hemos dado la enhorabuena por los resultados electorales y poco más, porque usted, hoy, lo único que ha hecho es contarnos lo que sabemos desde el Pilar, lo que sabíamos ya desde el 13 o el 14 de octubre.
Por cierto, no tuvieron ustedes ni la deferencia de remitir una copia de la auditoría a los grupos parlamentarios. Está muy bien que la cuelguen en la web del Gobierno, ¿eh?, me parece perfecto, y que sea pública; pero, hombre, yo creo que esos detalles los podían cuidar y, al menos, una vez que es pública, remitirla a los grupos yo creo que habría estado bien. La tenemos porque nos la sacamos de la web, pero habría estado bien que nos la hubieran enviado ustedes.
Habla usted de una situación —he apuntado— «delicada», «dramática», «crítica», «complicada»... Ya lo sabíamos, no nos sorprende mucho.
Nos da usted unos datos que ya conocíamos, no da ninguna novedad, salvo lo de ayer del proyecto de ley de estabilidad presupuestaria. Y es que, señor Garcés, el problema es que hoy usted viene aquí sin los deberes hechos, y creo que es plenamente consciente, si me lo permite, de que usted viene hoy aquí con una mano delante y otra mano detrás, porque ya sabemos lo que dice el informe de auditoría. Que está muy bien que se hiciera, ¿eh?, ya lo sabe que nos parece muy bien y que lo hiciera la Intervención General, está muy bien, pero, ¿para qué sirve? Aparte de para retrasar la presentación de los presupuestos, ¿para qué sirve? ¿Qué van a hacer a la vista de este informe? Eso es lo que nos tenía que haber contado hoy usted aquí.
Y viene sin los deberes hechos porque las conclusiones de este informe se tienen que reflejar, por un lado, en el proyecto de ley de presupuestos, que llevan cincuenta y cuatro días de retraso hoy, cincuenta y cuatro días, es gravísimo; eso, por un lado. Y por otro lado, se tenía que haber reflejado en ese proyecto de ley que, por lo visto, ayer ni siquiera aprobaron, que lo estuvieron comentando —muy bien—, de reestructuración de las empresas públicas, del sector público empresarial. Eso es lo que nos debería haber contado hoy, porque lo que nos ha contado ya lo hemos leído en el informe, sinceramente.
Por cierto, señor Garcés, me preocupa muchísimo que ya empiecen ustedes a legislar por decreto ley, me preocupa muchísimo, porque salimos de una legislatura en el Gobierno central que ha sido la campeona, ha batido los récords de gobernar por decreto ley, que eso no debería hacerse así. Yo entiendo que muchas veces sí que hay necesidad urgente y extraordinaria, que dice el artículo 44 del Estatuto, pero no siempre. Que empiecen ya ustedes legislando por decreto ley me parece, señor Garcés, muy peligroso.
Coincidimos en que el problema es la caída de ingresos fiscales, coincidimos en ese análisis, y no coincidimos, y usted lo sabe, en la solución, no todo consiste en contener el gasto público: o se actúa donde está el problema, que son los ingresos, o no saldremos jamás, señor Garcés, del agujero; o actuamos en los ingresos, impulsando un sistema tributario progresivo, equitativo, etcétera, o, desde luego, no saldremos de aquí.
Usted ha dado datos, ha hablado de ese déficit de novecientos cuarenta y tres millones, la situación crítica de tesorería, que va a tener unas consecuencias muy complicadas, incluso, en destrucción de empleo futuro, por todas las empresas que lo van a pasar muy mal por no cobrar en un plazo razonable las deudas que tienen con la Administración.
Habla del endeudamiento. Hay alguna cuestión que no ha citado: los intereses de demora. Los intereses de demora, a lo largo del informe, se van recogiendo, porque, cuando se incumplen obligaciones y no se pagan en plazo, se devengan intereses de demora. No están cuantificados. Sé que es muy difícil cuantificarlos, pero yo creo que hubiera sido bueno que hicieran una proyección, porque me temo que estamos hablando de muchos millones, de muchos millones, posiblemente, en estos intereses de demora.
Los gastos plurianuales, ya se ha comentado algo. La previsión de gasto futuro que se refleja en el informe, más de ocho mil millones, más de ocho mil millones, y, si el Plan Red era la estrella de su actual socio en la pasada legislatura, es también la estrella de esa carga que se deriva para ejercicios futuros hasta 2038. ¿Qué va a pasar con el Plan Red, señor Garcés? En algún momento nos mandarán aquí los presupuestos, ¿nos puede avanzar algo? ¿Qué van a hacer con el Plan Red? Porque es uno de los graves problemas, desde luego, que tiene el futuro presupuestario de esta comunidad autónoma.
Cartas de compromiso, pues es un tema muy de actualidad, como usted sabe, porque nos acabamos de enterar en estos días de que Plaza, una de las empresas que están pasando por una situación muy crítica, tiene una sentencia condenatoria y un posible embargo de ochocientos mil euros, en enero tiene que pagar casi diecinueve millones de euros, y ya salía —creo que hoy mismo— en prensa el problema que hay, precisamente, en Plaza, en esta situación tan crítica, con una carta de compromiso que se habla hoy de cincuenta y ocho millones de euros. No sé si ha sumado usted, porque en el cuadro del informe no sale sumada, toda la garantía que está asumiendo en estas cartas de compromiso el Gobierno de Aragón. Yo lo he sumado: hay dos columnas, que una es el importe de la carta y otra es la deuda viva; he sumado la deuda viva y me han entrado escalofríos: el resultado de sumar la deuda viva que está dentro de estas cartas de compromiso son seiscientos cincuenta y nueve millones cuatrocientos setenta mil euros, casi seiscientos sesenta millones de euros con los que el Gobierno de Aragón afianza a determinadas empresas. En el caso de Plaza, por ejemplo, esos cincuenta y ocho millones del importe de la carta que habla hoy la prensa, la deuda viva son ciento once millones de euros.
Yo creo que es una cuestión complicadísima y preocupante, sobre todo porque —usted lo ha dicho de una forma más suave, el informe yo creo que ahí es tajante—, en primer lugar, los tribunales dicen que tiene carácter vinculante, que genera obligaciones, que la comunidad autónoma podrá tener que responder de esas deudas, y, lo más grave, que no se han constituido en la forma legalmente prevista. Usted lo ha dicho hoy más suave, pero el informe, desde luego, ahí es concluyente. El informe plantea que en el futuro habrá que cumplir estrictamente lo establecido en el ordenamiento jurídico, pero ¿qué va a hacerse en el futuro? ¿Se van a cumplir, señor Garcés, siendo que no se han asumido de forma legal —así lo entiendo—?, ¿se van a asumir estas obligaciones o no?, porque usted plantea que hay parte de gasto comprometido por departamentos y organismos públicos que son ilegales. Yo creo que debería aclarar un poco más esa parte también, ¿eh?, porque hace una acusación bastante grave de que ha habido gasto que no se ha destinado a servicios públicos. ¿A qué se ha destinado ese gasto? ¿Cuál es el importe aproximado? Yo creo que debería aclarar algo más. Pero si, en ese caso, los gastos que no han seguido el procedimiento legal no se van a asumir, y usted lo ha dicho claramente, ¿va a asumir el Gobierno de Aragón todas las cartas de garantía, señor Garcés, a pesar de que no se hayan asumido en la forma legal?
Empresas públicas, pues deberíamos estar hablando ahora de cuál es su plan de reestructuración. A mí me huele que va a ser el plan Larraz y poco más, a eso es a lo que huele, porque es que les está costando bastante. Sabemos cuál es la situación económica, sabemos el déficit de ochenta y un millones, que podrían ser ciento quince, dice el informe, si dedujésemos las subvenciones, hay unos desequilibrios muy graves que usted plantea...
No solo es la cuestión económica, es la cuestión de opacidad, es la cuestión de falta de transparencia de las empresas. Ya se lo decía hace unos días, datos que aparecen en el informe sobre la opacidad de empresas públicas muy preocupantes: que no se sepa en qué empresas participa, las empresas participadas por Aramón, que sé que no es una empresa pública (tiene un 50%), pero que a la auditoría, a la Intervención, le sea imposible saber en qué empresas participa indirectamente Aramón me parece, sencillamente, gravísimo e inaceptable; que no se haya podido determinar el número de empleados de algunas empresas, con eso, señor Garcés, algo habrá que hacer, porque no es normal.
Hay muchos más datos. Usted no ha nombrado los consorcios y las fundaciones. Yo sé cuál es su opinión doctrinal, cuál es su opinión política, sé que no quiere que se mezcle su opinión en actos políticos o en escritos con su actuación como consejero, me parece bien, lo respeto. Conociendo su opinión sobre las fundaciones de que no debería haber fundaciones públicas, le pregunto: ¿qué se va a hacer para evitar que los consorcios y fundaciones no rindan cuentas? Es que el informe de la Intervención dice que trece consorcios, trece, que son el 72% de los consorcios, no rinden cuentas en 2010. ¿Cómo es esto posible? Fundaciones, lo mismo: diecisiete fundaciones, que son el 60% del sector fundacional de la comunidad autónoma, diecisiete fundaciones no rinden sus cuentas en 2010, y aquí no pasa nada. ¿Qué van a hacer? ¿Van a seguir los consorcios y fundaciones? ¿Va a exigirse esa rendición de cuentas? ¿Están incluidos en ese decreto ley que tienen previsto, o van a seguir mirando a otro lado, como se ha hecho hasta ahora?
«En unos días»: esa es la medida temporal de este Gobierno para la reestructuración del sector público empresarial, «en unos días», ya nos lo ha dicho muchas veces, no sé cómo interpretar ya... Lo del presupuesto ya ni lo dice, ya ni se compromete a cuándo lo van a mandar. Pero esa medida temporal de «en unos días» sabemos que es ir retrasando y retrasando.
¿Van a hacer caso a las conclusiones del informe con relación al sector público empresarial? ¿Se van a unir Aragón Exterior y Asitel? ¿Se van a unir Aragonesa de Servicios Telemáticos y Aragón Telecom? Por el Inaga, no le voy a preguntar, porque me imagino que las presiones del socio son fuertes. Ahí no es una cuestión de informes, sino una cuestión de cumplimiento de compromisos electorales, van a incumplir su compromiso electoral... Bueno, pero ¿van a unir Sodemasa y SIRASA, como les plantea la Intervención General? ¿Van a unir Sodiar y la Sociedad para la Promoción y Desarrollo Empresarial de Teruel? Todo esto es lo que le dice el informe. ¿Van a acabar con esta maraña, este entramado empresarial de participaciones directas, indirectas, cruzadas en varios niveles, que, al final, hacen que sea una situación absolutamente carente de transparencia y de eficacia? ¿También van a hacer eso en este fabuloso proyecto de decreto ley que están preparando? ¿Van a acabar con la...?
El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Soro, vaya finalizando.
El señor diputado SORO DOMINGO: Termino en seguida, señor presidente.
¿Van a acabar con la participación pequeña en empresas sin plantilla? ¿Van a dejar de crear sociedades con el único objeto de participar en otras?
Todo esto es, básicamente, lo que plantea el informe en el sector público empresarial.
Como le digo, lamento que hoy podamos dar vueltas a lo que dice el informe. Está bien, ya lo habíamos leído, está bien, pero lamento que hoy no estemos hablando de lo que deberíamos estar hablando, que es cómo solucionamos esto. Hay dos instrumentos: proyecto de ley de presupuestos, que algún día vendrá, me imagino —dice usted: es que en Madrid son tan irresponsables que ni los han prorrogado..., usted ni los ha presentado, y hay muchas comunidades autónomas que lo han hecho—, y, por otro lado, esa necesaria reestructuración del sector público empresarial de la que, como siempre, señor Garcés, nos enteraremos por la prensa.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor Soro.
Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, señor Ruspira, tiene la palabra.
El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor consejero, señor Garcés, buenos días. Le damos la bienvenida, desde el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, a usted y a los miembros de su equipo que le acompañan aquí, en sede parlamentaria.
Empezaré aclarando un par de términos.
Usted viene aquí a petición propia —igual es que me he levantado un poco con la pierna cruzada, simplemente—, como dice usted, para presentar las conclusiones del trabajo llevado a cabo por la Intervención General para determinar la situación económico-financiera del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón, y la intervención de los diferentes grupos parlamentarios en estos diez minutos sirve para, como todo el mundo sabe, formular observaciones, peticiones de aclaraciones o preguntas al tema que nos ocupa. Si usted hubiera querido venir aquí a comparecer a esta comisión para darnos las soluciones y, una vez hecho el diagnóstico, cuáles son las recetas para aplicar, pues la comparecencia se hubiera redactado de otra forma.
No obstante, el proyecto de ley de presupuestos tendrá que decir algo al respecto, el proyecto de ley de estabilidad presupuestaria dirá algo al respecto y, por supuesto, la reordenación de la Corporación Empresarial Pública Aragonesa tendrá algo que decir y, por supuesto, el decreto ley que se puede presentar la semana que viene tendrá algo que decir al respecto y responderá a muchas de las preguntas que le han hecho los que han antecedido en la palabra a este humilde portavoz del Partido Aragonés en esta comisión.
Por tanto, si este socio, como ya lo han mencionado en un par de ocasiones, tuviera capacidad de presión, a lo mejor le hubiéramos presionado al consejero para que no hubiera comparecido para hablar este tema, porque, como hemos participado en el Gobierno, debemos presionar poco, porque nos sentimos auditados.
Y, mire, ya le empiezo diciendo que las auditorías son sanas; si, además, son internas, mucho mejor, y, si se hacen con los medios personales de la Intervención General, pues absolutamente nada que objetar. Y las auditorías son un gesto democrático de análisis, y, cuando se produce un cambio político en una Administración tan importante como la autonómica en el caso de Aragón, pues lo que tiene que hacerse es conocer cuál es la posición, saber cuál es la estimación a 31 de diciembre de 2011 y, a partir de ahí, trabajar y actuar en consecuencia. Por lo tanto, en ese sentido, señor consejero, ningún problema, evidentemente, desde el Partido Aragonés, y, por supuesto, sin acritud, porque todo los que se hace en estas Cortes se hace sin acritud, lo mismo que el trabajo de la auditoría.
Yo sí que quiero aprovechar mi oportunidad para pedirle alguna aclaración, porque puedo tener dudas al respecto.
Y empezaremos hablando del déficit presupuestario, e intentaré seguir el orden de la auditoría. El déficit presupuestario, como usted dice, alcanza novecientos cuarenta y tres millones de euros, en la página treinta. Antes, en la página veintiséis de esta auditoría, dice que «se parte de la estimación de ejecución del cien por cien», y, además, dice que en el escenario más pesimista —voy a intentar leer casi todo textualmente, porque creo que es importante subrayarlo—. Esa es la posición que se hace en la auditoría, válida, por supuesto. En ese sentido, la cuenta, los sumandos y el restando al respecto, cinco mil ciento treinta y tres más treinta y seis más cuatrocientos más veintinueve menos cuatro mil seiscientos cincuenta y cinco, para dar la cifra de novecientos cuarenta y tres. Hablemos de cada una de esas cifras y le iré haciendo preguntas.
Primero, habría que decir que, de los novecientos cuarenta y tres, hay un déficit autorizado, que son trece décimas sobre el producto interior bruto, que son cuatrocientos treinta millones, con lo cual el diferencial negativo al respecto estaríamos hablando de quinientos trece millones de euros. Creo que es importante, el agujero no son novecientos cuarenta y tres; el presupuesto aprobado en su día, en diciembre de 2010, ya daba autorización, aproximadamente, a cuatrocientos treinta millones de euros en ese sentido.
Los cinco mil ciento treinta y tres. Pregunta, señor consejero: tal como reza en la página treinta, habla de crédito definitivo, excepto retenciones, ejecutado al cien por cien, ¿su estimación es que esos cinco mil ciento treinta y tres se van a ejecutar, o va a suceder como se indica en la página cuarenta y tres, que reza: «se estima que, teniendo una ejecución presupuestaria similar a la de otros años, 95%...»? Entonces, esos cinco mil ciento treinta y tres, ¿son netos o son brutos?, porque estaríamos hablando de alrededor de doscientos cincuenta y cinco millones de euros a minorar de esa situación de escenario más pesimista de novecientos cuarenta y tres millones de euros.
La segunda cifra, treinta y seis millones de euros, corresponde a 13,7 de la gestión fuera de presupuesto de los departamentos y a 22,5, aproximadamente, de los organismos autónomos y las entidades de derecho público. Sobre esos cinco mil ciento treinta y tres, estamos hablando, respectivamente, del 0,27% del presupuesto y del 0,43% del presupuesto. Si leemos la conclusión 5.1.2. de la Intervención General, habla de desfase pequeño y dice que «la labor de gestión realizada desde la gestión financiera, de control y de auditoría permanente del Gobierno de Aragón hace que ese desfase sea pequeño». Ellos mismos lo definen como desfase pequeño, estamos hablando de, aproximadamente, el 0,7%, no creo que sea lo que coarte la posibilidad presupuestaria de gestión del año 2011.
En la página ciento cincuenta y siete, quiero leerle una frase que también me ha chocado. En esta misma conclusión 5.1.2. terminan diciendo: «No obstante, el esfuerzo de contención del gasto en 2011 trasladará compromisos al ejercicio siguiente, lo que pone en peligro el acercamiento al objetivo de déficit presupuestario». Si existe un control al respecto y los gastos plurianuales están aprobados desde la plataforma de trabajo de organismos autónomos, departamentos y entidades, no entiendo esta frase, la verdad es que no la entiendo, porque el control es claro. Le comento, en sentido estricto, objetivo del análisis de la auditoría.
Por lo tanto, treinta y seis millones de euros no es el problema que tiene esta Comunidad Autónoma de Aragón, con todo lo importante que es esa cifra.
Los veintinueve —me salto los cuatrocientos porque es donde está el corazón del problema en esta auditoría—, los veintinueve, en la conclusión 5.1.4. de la página ciento cincuenta y ocho, lo que está diciendo es que hay que ser previsores de cara al presupuesto de 2012 —usted lo ha dicho— y habrá que incorporarlo en la partida correspondiente del Departamento de Salud, Servicios Sociales y Familia, y esto viene provocado por la coyuntura, la crisis y las necesidades sociales que existen hoy en día.
Y me voy a centrar en los cuatrocientos millones de euros de salud, porque es donde está el meollo de la cuestión. Esa deuda sanitaria, en la página treinta y seis, después de una excelente explicación técnica, dice que se circunscribe, como usted bien ha dicho, al capítulo II. Y, en el capítulo II, me quiero ir a la página treinta y cinco, porque voy a hacer una declaración un poquito extraña, en la página treinta y cinco dan un cuadro significativo de la evolución del capítulo II en los años 2008, 2009 y 2010, donde la barra azul, que es la del crédito en el presupuesto, pasa de trescientos diez, aproximadamente, a quinientos veinte en el año nueve, de trescientos diez a quinientos veinte, y, de repente, en el año 2010 aparecen doscientos ochenta, y si eso lo cotejas con la barra amarilla, que es el gasto real, y ves la evolución entre los años con un incremento, aproximadamente, entre el 5% y el 6%, pues le tengo que decir —yo no he diseñado el presupuesto— que me parece aberrante, y que le agradezco que diga que el artificio presupuestario no se va a realizar, porque es partir en el año diez con una deuda viva a final de año, por el diseño del presupuesto, de doscientos ochenta a cuatrocientos treinta, ciento cincuenta.
Claro, ¿con qué nos encontramos? Pues que, a 31 de diciembre de 2010, la deuda es de doscientos veinte millones de euros. Y a final de 2011, ¿de cuánto va a ser? Pues, mire, este humilde ingeniero hace números y, con los datos que nos da la auditoría puesta en la página web, resulta que hablamos de un crédito de 2011 aproximado de doscientos ochenta, un gasto final con un incremento aproximado del 4,5% —son datos todos de la auditoría, no he ido a buscar a ninguna otra fuente—, estamos hablando de cuatrocientos cincuenta millones que nos llevaría a un saldo negativo de ciento setenta millones de euros del año 2011, que, sumados a los doscientos veinte, son trescientos noventa, que, más los centros sin contratos de gestión más las desviaciones en obras, estaríamos hablando de los cuatrocientos millones, aproximadamente, que se redondean.
Pero, mire, el problema no es el once, el problema, como usted dice, es el doce, y aquí le hago otra pregunta —dice que no va a hacer ningún tipo de artificio, lo cual le agradezco en cuanto a su seriedad desde el diseño del presupuesto—: si hablamos de cuatrocientos setenta millones de euros de gasto, (le he aplicado un 4,5% de incremento sobre los cuatrocientos cincuenta de 2011; estoy convencido de que, con una adecuada gestión, eficacia, eficiencia y austeridad, podrá minorarse, me da igual decirle cuatrocientos setenta que cuatrocientos cincuenta que cuatrocientos treinta), le añado los cuatrocientos millones, aproximadamente, de deuda viva a 31 de diciembre de 2011, nos encontraríamos con alrededor de ochocientos cincuenta millones de euros en el Departamento de Salud para el año que viene si queremos cumplir con toda la deuda contraída. ¿Vamos a plurianualizar el pago? ¿Vamos a hablar con los proveedores? ¿Vamos a hacer un estudio de pago a más de un año, a tres años? Esa es la pregunta, porque creo que va a ser difícil asumir ese agujero sanitario que llevamos arrastrando, especialmente los dos últimos años, porque el esfuerzo en el año 2009 se hizo, se pusieron quinientos diez y se recuperaron, aproximadamente, ciento veinte millones de euros de reducción de deuda.
Esto conlleva problemas de tesorería, y si, además, tenemos ciento setenta y cinco millones de cuentas de crédito, de las cuales vencen ciento nueve a final de año, habrá que hacer una labor con los bancos de renegociación también de líneas de crédito y, por supuesto, de endeudamiento.
Lo que quiero decir es que la situación es complicada, evidentemente, pero el problema está muy focalizado en este trabajo, y eso es lo que quiero remarcar.
Sobre el endeudamiento, se ha dicho todo. Creo que las posibilidades de incrementar endeudamiento son nulas, y lo ha explicado perfectamente, con lo cual el apoyo del PAR a la gestión eficaz, eficiente y de austeridad está clara y de partida.
Se ha hablado de gastos plurianuales. No me he sentido, ni mucho menos, aludido, señor consejero, no se preocupe, pero sí que quiero comentar dos cifras que creo que son importantes.
Se ha dicho más de ocho mil: son siete mil cuatrocientos setenta y cinco millones de euros de gastos plurianuales contraídos, cinco mil setecientos...
El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Ruspira, vaya finalizando.
El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: ... a través de departamentos y mil setecientos setenta y cinco en organismos. Para el año que viene, hay cuatrocientos cuarenta y dos; para el año 2016, doscientos. Tampoco se ha hecho un diseño de gasto plurianual tan desmedido ni tan descontrolado, quiero remarcarlo. De cuatrocientos cuarenta y dos, a doscientos en el año 2016. Son datos de la auditoría, cada uno lee lo que estima oportuno.
Y —como puede imaginarse, en diez minutos es imposible explicar todo— respecto al sector público, hay una frase que me preocupa mucho en la conclusión 5.2.4 respecto a la Corporación de Radio y Televisión, en cuanto a que están indicando que, si no fuera porque se cubre el servicio desde el aporte económico del Gobierno de Aragón, habría que reestudiar la viabilidad de la radio y la televisión. Evidentemente, es un servicio público y aprobado por todos. Creo que esa conclusión la hubiera redactado de otra forma, esta es una opinión muy personal.
Y en lo que respecta a la Corporación Empresarial, trescientos ochenta y nueve millones de euros de deuda viva, ¿me podría explicar algo más sobre Zaragoza Alta Velocidad, que, como es partícipe el Estado mayoritariamente...?, porque habla de cuatrocientos ochenta y cinco millones de euros de deuda en la página setenta y dos al respecto.
De las cartas de compromiso, también quería hacerle algún comentario, pero es coincidente con esta, y la preocupación la compartimos.
Y por último, comentarle que alabo la gestión de realizar un plan de reestructuración, un plan económico-financiero de saneamiento para las empresas públicas, entendiendo que es más por la deuda que por el déficit, porque toda la Corporación Empresarial tiene un déficit a final del año 2010 de veintidós millones de euros, el problema es la deuda. Y, en ese sentido, especialmente las empresas que proceden del tema inmobiliario. Y en las páginas ochenta y uno y ochenta y dos se habla de seis empresas. ¿Qué seis empresas son las que más le preocupan en este sentido por la deuda contraída?
Sobre fundaciones y consorcios, que era el último punto, está claro que lo que hay que hacer es una gestión mucho más exigente e intentar sanear al máximo posible.
Esperaremos el decreto ley, esperaremos la reordenación del sector empresarial, esperaremos el proyecto de ley de presupuestos y colaboraremos, como no puede ser de otra forma, para dar estabilidad a la Comunidad Autónoma de Aragón, colaborando con el Partido Popular desde el Partido Aragonés.
El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor Ruspira.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Fernández, tiene la palabra.
La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, señor presidente.
Bienvenido, señor consejero.
Hoy ha venido usted más tranquilo, le he visto un discurso mucho más sosegado. Quizá es porque ha pasado el 20 de noviembre y están ustedes preocupados... Están ustedes preocupados porque ahora están viendo que, bueno, pues la prima de riesgo sigue subiendo, las bolsas siguen bajando, con lo cual su diagnóstico era erróneo. Parece ser que la culpa no la tenía el Gobierno socialista, sino que ahora ya están empezando a explicar cómo la responsabilidad viene de otros lados, ¿no? Entonces, bueno, pues le agradezco de todas maneras ese tono.
Y lo que tengo que decirle en primer lugar es que no tenemos nada nuevo, creo que coincido con algún otro portavoz, hoy aquí no hay nada nuevo, porque hoy estamos debatiendo sobre una auditoría que, por anunciada tantas veces por el Gobierno, creó una expectación yo me atrevería a decir morbosa, una expectación con morbo, ¿no?, por conocer el resultado, y he aquí que las cifras, que ya conocíamos, pues, con esas cifras, el resultado, lógicamente, se ha quedado en agua de borrajas.
Por eso, aunque usted se ha quejado en más de una ocasión, y hoy lo ha vuelto a repetir, del escaso eco mediático de este tema, pues, bueno, yo lo considero normal: cuando no hay noticia, los medios de comunicación no suelen recoger los asuntos, y aquí no había noticia.
Porque ustedes, desde el primer día, sabían cuáles eran las cuentas: en el traspaso de funciones, de poderes, del anterior Gobierno al suyo, pues se les explicó todo. Es, además, la Intervención General quien tiene las cuentas, porque es su función, y es esa misma Intervención quien ha realizado la auditoría. Por lo tanto, cuatro meses de espera, ¿para qué? Pues se trataba de ganar tiempo, lo hemos dicho ya en más de una ocasión, para no tomar ninguna decisión antes del 20 de noviembre, ni confección de los presupuestos ni actuaciones necesarias en el sector empresarial, que ahora ya parece ser que sí que están ustedes sobre el asunto, ni cualquier otra toma de decisiones en relación con los recortes presupuestarios, que también han sido solicitados en más de una ocasión por este grupo parlamentario.
Por lo tanto, este informe, desde nuestro punto de vista, tenía una doble finalidad: justificar la inactividad de todo este tiempo y crear cierta alarma para justificar las medidas que ustedes luego, posteriormente, tendrían que tomar.
Además de eso, han mezclado la Administración general con el sector público empresarial, dedicando, evidentemente, la parte correspondiente a cada una (cincuenta y tres páginas para la Administración general, ciento diez páginas para el sector empresarial), para poder hablar de déficit de novecientos cuarenta y tres millones, que es de lo que estamos hablando, cuando, como usted sabe, la deuda del sector público empresarial no computa de cara a los objetivos de déficit de la comunidad autónoma.
No estoy diciendo que no sea importante, evidentemente, conocer esa situación, y ahí están los resultados, pero, cuando se habla de déficit, no se puede mezclar, como digo, con la cuestión de los novecientos cuarenta y tres millones, porque habrá que distinguir, sobre todo para el que no tenga conocimiento, que eso no computa como deuda.
Se analiza específicamente la ejecución presupuestaria, como dice el propio informe, en el área sanitaria y en el área de prestaciones sociales para determinar el volumen de la deuda al final del ejercicio. Han tomado como referencia el 30 de junio..., bueno, pues es la fecha que han elegido, está bien, podían haber tomado el 15 de julio o cualquier otra. Pero, independientemente de que tomen una u otra fecha, la actividad pública es un continuo, no se pueden hacer cortes, o, por lo menos, si se hacen cortes, hay que explicar luego qué es lo que ocurre antes del corte y después del corte; no es riguroso, desde mi punto de vista, pretender que en ese momento, el 30 de junio, todos los procesos estaban ya concluidos: en esa fecha pues había, lógicamente, expedientes en fase inicial, había trabajos contratados en ejecución, había facturas pendientes, operaciones de tesorería pendientes, etcétera.
Por lo tanto, algunas de las cuestiones que les hemos oído en alguna ocasión en relación con determinadas deudas o determinados agujeros, bueno, pues no se explican bien —creo— porque no se está viendo que, en realidad, después del 30 de junio, sigue existiendo un Gobierno, y a partir de que ustedes toman posesión sigue también existiendo Gobierno, y, por lo tanto, la Administración no se para y continúa trabajando y gestionando las diferentes cuestiones.
Respecto a las dos cuestiones fundamentales donde tenemos el problema, que es en el tema sanitario y en prestaciones sociales, es evidente que la sanidad, bueno, pues todos sabemos que no es, precisamente, la deuda de esta comunidad autónoma una de las mayores deudas que se tienen en las distintas comunidades autónomas gestionadas por uno u otro partido. Ese es un problema que se debe y ya se empezó a abordar a nivel del Estado.
Lógicamente, es un derecho universal, y, en un momento de crecimiento de cartillas, por ejemplo, más envejecimiento de la población aquí, en esta comunidad autónoma, pues es lógico que esté sujeto a desfases. Otra cosa es que, además, de ejercicios anteriores venían también determinadas cantidades que no se podían haber satisfecho y que eso haga el volumen de los cuatrocientos millones. Pero siempre se han tomado decisiones políticas para asumir ese gasto sin renunciar a las medidas de control y de racionalización, como ya hizo el anterior Gobierno, por ejemplo, con el ahorro en farmacia, con el tema de los genéricos. O sea, que eso se estaba controlando, se sabía que ese gasto no podía ir multiplicándose y, por lo tanto, se empezaron a tomar medidas para su control.
En relación con las políticas sociales y, fundamentalmente, con la otra partida que en más de una ocasión se menciona, que es la de los veintinueve millones de agujero, o como lo quieran llamar, en dependencia, bueno, pues yo creo que la auditoría no dice exactamente eso, y eso sí que me interesa dejarlo claro. Está en la página treinta y nueve, y lo que Intervención dice es que hay dos posibles escenarios: el escenario en el que se incorpora un número determinado de expedientes (aquí habla de cuatro mil seiscientos más cuatro mil seiscientos), que es en el que habría ese déficit de veintinueve millones, y, el otro escenario, si no se incorpora ningún alta nueva y hay un porcentaje de fallecimientos del 2%, el déficit presupuestario —marca aquí la auditoría— sería de doce millones setecientos setenta y ocho mil euros. Este es el escenario en el que nos estamos moviendo, evidentemente, porque su Gobierno no ha dado ninguna alta nueva, es más, ustedes han dicho que hasta el año 2012, enero de 2012, los nuevos dependientes no van a empezar a recibir prestaciones y servicios. Entonces, yo creo que usted, que lo sabe y lo conoce porque se conoce perfectamente la auditoría, debiera explicarles tanto a sus compañeros de Consejo de Gobierno, fundamentalmente a los responsables de este tema, como a sus compañeros de grupo parlamentario que esto es así: no estamos hablando de veintinueve millones, sino de doce millones setecientos mil, que, desde mi punto de vista, esta cantidad será menor porque el porcentaje de fallecimiento es superior al 2%, lo normal es que sea del 5% en este colectivo de personas, que son, fundamentalmente, personas muy mayores. Por lo tanto, aún se quedará esta cantidad más baja.
Bueno, eso no quiere decir que no haya problemas, evidentemente, con la ley de la dependencia en cuanto a su financiación, en el sentido de que se requieren recursos y se necesitan recursos para atender a los dependientes. Y por eso estamos esperando que ustedes traigan los presupuestos del año que viene, a ver cómo resuelven ese problema, porque han acusado al anterior Gobierno de haber presupuestado mal y no haber tenido en cuenta el número de personas dependientes que tenían que ser atendidas en el año 2011, en los presupuestos de 2011, y vamos a ver cómo se las arreglan ustedes para tener esas cuentas más claras en relación con las personas dependientes que haya que atender en el año 2012...
El señor presidente (LARRED JUAN): Vaya finalizando, señora Fernández.
La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Sí.
Aunque me temo que, con los anuncios del futuro presidente del Gobierno de España en relación con la ley de la dependencia, vamos a tener problemas, y, por lo tanto, igual ustedes están esperando a ver si les quitan ese problema.
La verdad es que no me va a dar tiempo de hablar del sector empresarial, pero sí que quería hacer, por lo menos, hincapié en que la deuda, como bien dice la auditoría, de las empresas es aquella de las empresas del sector inmobiliario. Eso es lógico, ¿no?, también los empresarios privados tienen sus dificultades, y, por lo tanto, es lógico que en estas empresas públicas, sobre todo las que se ocupan del tema del suelo, de viviendas y tal, que son precisamente las que más dificultades tienen.
Por lo tanto, nos gustaría saber también qué es lo que van a hacer, si ese plan de reestructuración, que ya dice usted que tiene prácticamente finalizado, lo podemos conocer en estas Cortes para poder opinar con mayor conocimiento de causa, y, realmente, qué va a hacer también con el personal, con esa reestructuración, que yo también entiendo que no va a ir mucho más allá del plan de reestructuración que ya se estaba poniendo en marcha por parte del anterior consejero de Economía, qué va a pasar con el personal que trabaja en esas empresas públicas.
Me gustaría hacerle muchas más preguntas, pero el presidente me mira mal, y creo que no me da tiempo. Será, pues, en otra ocasión.
Muchas gracias.
El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señora Fernández. Ya sabe que siempre la miro bien. [Risas.]
Bueno, corresponde ahora el turno al Grupo Parlamentario Popular. Señor Garasa, tiene la palabra.
El señor diputado GARASA MORENO: Gracias, señor presidente.
Señorías.
Señor consejero, nuestro grupo le da las gracias por su comparecencia e iniciativa propia para hacerla.
El 22 de agosto pasado, usted, por vez primera, comparecía en esta comisión, también a petición propia, para explicar las líneas maestras de su departamento en los próximos cuatro años de legislatura, partiendo de la base de los retos difíciles que observaba tener para obtener éxito en el plano económico-financiero y administrativo, habida cuenta de la herencia recibida del Gobierno anterior, tanto por los problemas estructurales como por los problemas de gestión del departamento en el tiempo.
Habló de hacer una Hacienda pública saneada, eficiente y comprometida con la estabilidad presupuestaria, así como de tener una Administración moderna al servicio de los ciudadanos.
Dijo también que los cuatro ejes de su política presupuestaria serían sanidad, servicios sociales, educación y justicia. Es decir, primero, lo imprescindible o importante y, posteriormente lo urgente y lo prescindible, y por este orden.
Dijo, y esto es importante repetirlo, que, tal y como se encontró su departamento y la situación de partida, el objetivo de estabilidad presupuestaria no se iba a cumplir o, mejor dicho, se iba a incumplir ampliamente, y no voy a reproducir sus motivos. Por ello, se iba a presentar un proyecto de ley de estabilidad presupuestaria al Consejo de Gobierno (que ya lo ha hecho), pero, sobre todo, había que hacer una auditoría, es decir, reconocer e identificar las obligaciones pendientes y conocer las deudas reales que afectarán al presupuesto y, de la misma forma, ver las posiciones de riesgo de empresas públicas, fundaciones, consorcios, etcétera, de nuestra comunidad. Y en eso estamos hoy aquí.
Tipos de auditoría, como usted y sus señorías saben, hay muchos, no los voy a enumerar. Usted quería centrarse en la auditoría económica y financiera, de tal forma que, acabado el proceso, se presentara un informe que diese a conocer la situación económica y financiera de la comunidad, y esto solo se puede hacer con un elemento llamado evidencia de auditoría, que así lo llamamos los que tenemos alguna idea de esto, ya que se hace posteriormente a las operaciones realizadas, en este caso por la Comunidad Autónoma de Aragón.
Por lo que usted ha explicado, también se ha hecho una auditoría de cumplimiento, es decir, examinar las operaciones financieras, económicas o de otra índole de la comunidad autónoma, verificando que se han realizado conforme a las normas legales, reglamentarias y estatutarias aplicables.
De cara a realizar el futuro presupuesto, lo anterior era imprescindible. Dicho de otra forma, es buscar, cosa poco realizada en los últimos años, la eficacia del mismo, como es el logro de resultados de manera oportuna, guardando relación con los objetivos y metas que el Gobierno se plantea, esto es, alcanzar resultados máximos con el mínimo número de recursos a precio asequible y cumplir los objetivos.
Y hablando de recursos, y como usted ha comentado en sesiones plenarias en estas Cortes, nos agrada escuchar que dicha auditoría se ha realizado estrictamente por funcionarios de la Intervención General al objeto de aprovechar al máximo, sin coste, los recursos humanos y materiales de que dispone su departamento. Felicidades, señor consejero, por este ejemplo que ha dado.
No voy a repetir cifras que usted ha manifestado, pero sí llaman la atención ciertos aspectos, como es la estimación del gasto para 2011 (cinco mil ciento treinta y tres millones) más la deuda sanitaria (cuatrocientos) y otras partidas varias (sesenta y cinco). Por el contrario, nos dice en los ingresos que solamente serán unos cuatro mil seiscientos cincuenta y cinco millones y un déficit de novecientos cuarenta y tres millones de euros, estimado a la baja, y el anterior consejero decía cerrar 2011 con el 1,3% de déficit. Esto, por lo que usted apunta, equivale, más o menos, a un déficit cercano al 3% del PIB (me ha parecido que decía el 2,6%) y la deuda total mayor al 10%, también sobre la misma referencia.
¿Cómo vamos a conseguir financiación si no crecemos en el PIB y con un rating poco apetecible para el prestamista? ¿O a qué precio tendremos que pagar las nuevas pólizas, señor consejero? Cuestiones difíciles con un endeudamiento vivo de tres mil trescientos millones.
Nos parece oportuno radicalizar la fiscalización de los controles de las empresas públicas y en sus gestores, dada la situación crítica y los desequilibrios manifestados y que manifiestan en sus presentaciones; oportuno, su plan de saneamiento a tres años, y, además, reglado, con responsabilidades y sus consecuencias, y más oportuno es no pagar aquellas obligaciones que no estén legalizadas ni sean a precios de mercado, como usted ha dicho.
Entendemos también que los consorcios y fundaciones habrán presentado ya sus cuentas atrasadas, en contra de lo que era su práctica habitual.
Todo lo anterior no viene de un día. ¿Qué control se llevó en esta comunidad autónoma por el anterior Gobierno? ¿Cómo es posible que se haya criticado una auditoría tan necesaria? Si no hubiera cambiado el Gobierno de la comunidad autónoma, ¿cómo se hubieran hecho los presupuestos de 2012? ¿Quiénes esperaban que nos iban a rescatar?
Señor Soro, en cuanto al tema de la manifestación de recibir o no la auditoría, quiero decirle que se envió a todos los grupos parlamentarios por el señor consejero el día 17 de octubre, directamente al portavoz de cada grupo, y se manifestaba pues que estaba colgada en la web, quizá por una racionalización del gasto, pero sí que se comunicó.
Señor consejero, le felicitamos por la iniciativa de la auditoría realizada para saber dónde estamos realmente y dónde queremos llegar, aun cuando otros grupos no lo aprecien así.
Sepa usted, señor consejero, que, para llevar a cabo su ardua y compleja labor, dada la grave y crítica situación financiera, según hemos escuchado, cuenta con el apoyo de este grupo parlamentario.
Gracias, señor presidente.
El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor Garasa.
Señor consejero, para dar respuesta a las cuestiones planteadas, tiene usted la palabra.
El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (GARCÉS SANAGUSTÍN): Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores diputados.
En primer lugar, algunas aclaraciones previas.
Una es el destino de esta comisión y de esta comparecencia. Como bien decía el portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, vengo a hablar de la auditoría, no vengo a hablar de otros temas. Tendremos tiempo en Cortes de hablar de otros temas, y, evidentemente el foro, la situación y el entorno serán completamente diferentes.
Y no se preocupen, que no vamos a hurtar el debate político, vamos a tener debate político y, además, espero que sea un debate de ideas, que no sea un debate cortoplazista.
Y ese debate, yo creo que es un debate que tiene que ser sereno (han hablado ustedes de serenidad). Evidentemente, hoy es un discurso sereno, pero, ¿por qué es un discurso sereno? Porque vengo a presentar un informe técnico, y es muy importante distinguir, es muy importante disociar lo que es el debate político del debate estrictamente de comunicación de un informe técnico realizado por un órgano independiente, dependiente de la Comunidad Autónoma de Aragón. Yo no vengo a hacer debate político hoy, vengo a exponer las conclusiones fundamentales del informe. Y creo que por eso es muy importante deslindar esos dos ámbitos, son dos superficies completamente diferentes. Por eso hoy me ven sereno, otros días me verán más enardecido, hoy me han encontrado en el lado oscuro, otro día estaré en el lado blanco; no pasa absolutamente nada. Pero tengan presente que estamos hoy, precisamente, hablando de lo que tenemos que hablar.
Y precisamente por eso, para que no haya una simbiosis en cuanto a identidades, no es el informe del consejero, insisto, es el informe de la Intervención General. Por lo tanto, sin perjuicio de que yo intente aclarar algunos aspectos de la propia lectura del informe, no es un informe del consejero de Hacienda ni es un informe del Gobierno de Aragón, es un informe de un órgano especializado, independiente, de la propia comunidad autónoma.
Señor Barrena, yo, efectivamente, pedí la comparecencia el propio 14 de octubre, esa es la realidad. Reproche, en mi caso, no puede haber ninguno; otra cosa es cómo se califiquen aquí las comparecencias. Pero le puedo asegurar que la primera decisión que tomamos, no sé si fue el mismo día de hacerla pública o fue al día siguiente, fue, precisamente, que yo compareciera aquí, y precisamente ese mismo día o al día siguiente, se remitió una carta a todos los portavoces de los grupos parlamentarios poniéndoles de manifiesto que estaba colgado en la página web del departamento el informe.
Señor Soro, se envió la carta, se envió la carta. ¿Y por qué no imprimimos el informe? Por eso que usted habla del plan de racionalización, que no le salen las cuentas: para que nos salgan las cuentas, a ver si llegamos a esos ciento cinco millones que no le salen. Luego llegaremos, luego llegaremos a los ciento cinco millones... [Rumores.] ¿Eh? No, hoy toca, como la ha sacado, hoy toca. Pero, en cualquier caso, que sepa que, efectivamente, se le envió la carta, se le envió la carta, y ustedes podían descargar perfectamente el informe de auditoría.
No pasa tampoco nada, el informe es público, y yo creo que ahí tampoco hay que hacer ningún reproche de ningún tipo, ni moral ni ideológico, porque, si cualquier ciudadano puede acceder, y estoy convencido de que usted representará a los ciudadanos, de la misma manera que un ciudadano se lo descarga, ustedes se lo descargan. Pero, además, tuvimos, precisamente, la elegancia política de dirigirnos a ustedes, diciendo que ese informe estaba a disposición en todo momento, para que lo pudieran descargar.
En fin, nos acusa, señor Barrena, de no tomar medidas. Ya digo, yo no venía aquí a explicar medidas, pero es que, casualmente, aquí tenemos una retórica que es antisocrática: cada vez que me dicen que no tomamos medidas, el día de antes hemos tomado medidas... Sí, hemos tomado medidas: ayer aprobamos la ley de estabilidad presupuestaria, ya sé que no le gusta... [rumores], ¡no, no!, aprobamos el proyecto de ley de estabilidad presupuestaria, trámite previo; hace una semana, informó el consejero del anteproyecto, después aprueba el proyecto de ley el Gobierno y después se aprobará, lógicamente, en Cortes de Aragón.
Y, seguramente, no contaremos con su respaldo, ya lo sabemos, igual que se opusieron en Cortes Generales, pues ya lo sabemos, pero eso es la necesidad, y va a marcar la tendencia de la acción presupuestaria del Gobierno de Aragón en los próximos años; guste o no guste, la va a marcar. Ya dirá usted que esto es una tendencia y es una imposición de los mercados, del merkelismo, de otras ansiedades no europeas..., pues mire, no, para mí es una necesidad desde hace una década, y creo que ha venido muy bien al entorno general del desarrollo de la acción presupuestaria en España. Y además, en este caso, el Partido Socialista se ha sumado, precisamente, también a esta tendencia, a este signo de los tiempos, y yo creo que estamos ahí de acuerdo las fuerzas mayoritarias de este país. Es la realidad, ¡qué vamos a hacer! Ahí, seguramente, siempre estaremos en desacuerdo.
Y luego, ayer informé de un decreto ley que se va a aprobar el año que viene..., perdón, el año que viene, no, la semana que viene —ya es que me pierdo con los tiempos—, la semana que viene. ¿Y por qué? Porque creo que era muy necesario avanzar cuáles van a ser las medidas que vamos a tomar respecto a aquellas empresas públicas que se van a mantener. Que nadie piense que la acción de gobierno se agota en la mera extinción de algunas empresas públicas, en la mera absorción competencial de las empresas públicas, en la mera fusión o la mera dilución de acciones, no, no: lo que nosotros queremos es que las sociedades que permanezcan garanticen una viabilidad y una sostenibilidad económico-financiera en un marco de tres años, porque será la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas, porque queremos evitar estar capitalizándolas.
Ustedes lo están diciendo: ¿qué esfuerzo fiscal y presupuestario va a tener que hacer el Gobierno de Aragón para poder atender los compromisos jurídicos y las obligaciones económicas pendientes ahora mismo de las empresas públicas? Pues vamos a pedir que ese esfuerzo, primero, lo hagan las propias empresas: usted está en el mercado (a veces, en un mercado perfecto y, otras veces, en un mercado imperfecto), díganos cuál es la senda en la evolución de los ingresos y gastos que va a haber, y nosotros, en función de eso, adoptaremos decisiones de inyección de capital. Porque, si nos satisface, a lo mejor, la explicación que nos dan las empresas públicas y pueden subsistir en el mercado sin necesidad de capitalización pública, pues que lo hagan, que esa es su obligación: hacer una buena gestión empresarial, como la haría un buen padre de familia, en algunas empresas de las que conocemos.
Se ha hablado de cuál va a ser la intensidad del proceso de reestructuración. Sí, se va a extinguir en torno a un 65% de las empresas públicas. ¿Saben por qué no les digo la cifra exacta? Porque todavía no sé si una o dos se van a mantener, lo estamos decidiendo estos días, y, en el momento en que lo sepamos, que seguramente será hoy o mañana, se va a hacer público.
Y no se va a hurtar tampoco el debate parlamentario. ¿Que lo diremos ante los medios de comunicación? Pues no sé si lo diremos inicialmente ante los medios de comunicación o no o en una rueda de prensa después de un Consejo de Gobierno; no se preocupe, a lo mejor lo decimos. Pero, si lo decimos, no se preocupe, que al día siguiente usted preguntará y yo compareceré o comparecerá el titular del departamento que tutela las empresas públicas o comparecerá el consejero delegado de la Corporación Empresarial, no se preocupe.
Porque, además, yo creo, y vamos a ser francos, vamos a ser sinceros, que, a lo largo de estos cuatro meses, más allá de la crítica política, hemos hecho un ejercicio real y efectivo de transparencia y un compromiso con Cortes —luego hablaremos de algunos temas, hablaremos de las cláusulas de confidencialidad—, pero ese compromiso lo hemos hecho: los departamentos responden a las preguntas y las responden temporáneamente la mayoría, ahí pocos reproches van a hacer... [rumores], sí, sí, pero antes a lo mejor había estado un presidente de un Gobierno que no comparecía en Cortes. Aquí comparece prácticamente todo el mundo, en todo momento, y en el momento, en unidad de acto, cuando tiene que comparecer, esa es la realidad, y, además, lo hacemos cada dos semanas.
Por lo tanto, yo creo que hemos avanzado. ¿Que se pide más? Por supuesto, la dinámica parlamentaria tiene que ser más fuerte, pero tampoco nos entorpezcan, es decir, las preguntas, con serenidad también, porque luego hablaremos de algunas preguntas que yo creo que, más que a fiscalización política, están dirigidas a bombardear la acción de gobierno, y eso lo veremos después.
Respecto a los presupuestos del año 2012, he hablado de recortes. No voy a entrar en el discurso nominal, soy antinominalista, creo que el señor Barrena ya lo sabe; si se me caracteriza por algo es porque hablo claro. Me da igual hablar de reducción del gasto público que de recorte, me da absolutamente igual, me da igual el coste que tengan mis palabras. Si hay reducción del gasto público, hay un recorte de gasto público, hay minoración, hay disminución..., busquemos todos los sinónimos posibles del diccionario, yo no voy a entrar en ese debate.
Por supuesto que tenemos que reducir el gasto. Veremos en qué magnitud, lo estamos cerrando ahora. Por una razón, precisamente por lo que usted decía: tenemos tensiones de liquidez. ¿Cómo voy a incrementar el gasto si tengo problemas para poder pagar las obligaciones provocadas por el agujero que hemos heredado? Si generara más capacidad para gastar más, evidentemente, todavía tendría más problemas para gastar. Ahora hablaremos de los ingresos, que ya sé que le gustan los ingresos, vamos a hablar de los ingresos, si quiere, de la Iglesia católica y de los ricos; de eso, vamos a hablar de lo que quiera. Hoy no ha hablado de la Iglesia católica, pero, bueno, otro día hablamos también de la Iglesia católica.
Bueno, yo sigo insistiendo, señor Barrena, que el debate sobre ricos y pobres, si me permite la expresión, empobrece el debate, valga la redundancia... ¡No, no!, ¡cuidado!, ¡cuidado!, yo no me sumaría mucho a esa dinámica desde el Partido Socialista, como vamos a ver a continuación.
Ustedes hablan constantemente, y lo hacía también el portavoz del Grupo Chunta Aragonesista, hablan ustedes de que tenemos un recorrido fiscal. Yo lo he explicado ya en Cortes: el recorrido fiscal es muy limitado. Si mantenemos el impuesto sobre patrimonio, cuestión que no voy a desvelar hoy... Dirán que esto es una falta de transparencia, es que no he venido hablar del impuesto sobre el patrimonio; háganme una pregunta otro día y se la contestaré. [Rumores.] Ya, ya, pero en ese momento contesté lo que contesté, y ahora ya, a lo mejor, hemos avanzado algo más.
Si mantuviéramos el impuesto sobre el patrimonio en Aragón, recaudaríamos treinta y tres millones de euros... [Rumores.] No, no; por lo menos, no: treinta y tres millones, que está hecha la simulación, treinta y tres millones de euros en el momento actual. Aragón es un espacio mesocrático, no hay grandes fortunas ya, no nos llevemos a engaño, no construyamos una pirámide social inexistente. Aragón es, sobre todo, una comunidad autónoma con mucha clase media y, desgraciadamente, con un sector de población que se empobrece como consecuencia de la situación de crisis económica, es verdad, pero no partamos del discurso del siglo XIX de ricos y pobres, porque eso nos conduciría al final a una situación muy complicada.
Hablan de que incrementemos la progresividad del sistema fiscal. De verdad le digo: si incrementáramos un punto o un punto y medio el marginal, la capacidad tributaria que tenemos en el marginal del impuesto sobre la renta de las personas físicas a través del Gobierno de Aragón, nuestra capacidad recaudatoria, es muy limitada, empezando por ochenta mil euros, suponiendo que un rico sea alguien que genera una renta anual de ochenta mil euros, como algún gerente de empresa pública, no como un consejero, se lo puedo asegurar. Si eso, realmente, es un hombre rico, yo le puedo asegurar que a lo mejor obtendríamos entre diez y quince millones de euros de recaudación adicional. Esta es nuestra capacidad recaudatoria. ¿Quiere que subamos el tipo del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, el de actos jurídicos documentados? ¿Queremos generar confianza en el mercado para que se constituyan empresas, para que haya movimiento en el mercado de los inmuebles?
Yo creo que no es la solución, y, además, como bien sabe, soy un liberal, ¿qué le voy a hacer? Yo es que tengo ese problema, tengo un pecado de joven, y, como soy un liberal, pues no me gustan los ingresos y me gustan los tributos en la medida en que sean los justos.
Y no solamente eso, sino que lo que voy a decir ya lo he anunciado: estamos trabajando en un plan de control tributario, sobre el cual también fui interpelado. Está funcionando muy bien, lo están haciendo los funcionarios, están comprometidos.
Y, en segundo lugar, también le anuncio que vamos a aprobar un plan de incentivos fiscales en la ley de acompañamiento. Incentivos fiscales, ¿para qué? Para que los ciudadanos aragoneses puedan, con absoluta seguridad y con un marco jurídico estable, poder constituir empresas para que generen empleo, porque tenemos que combinar, en la situación actual de crisis económica, desde luego, políticas de contención del gasto público, pero también políticas de creación de estímulos fiscales, estímulos fiscales, como digo, para potenciar la creación de empresas y para generar la confianza para que se mantenga y crezca el empleo.
Yo, señor Barrena, no sé de dónde ha sacado el dato del 5%. Es verdad que ha habido mucha confusión... [Rumores.] ¡No, no, no, no!, yo no he hablado nunca de una reducción del 5% del gasto... ¡No, no, no, no! Es más, he evitado, prácticamente hasta el último momento, hablar de cifras. Yo he escuchado un baile de cifras en los medios de comunicación... Algunos me sonrojaban porque no sé de dónde salían: el 5, el 4,5, el 3, el 2... No, no va a escuchar a este consejero... Ayer hice por primera vez una declaración en una radio, sí, lo hice en una radio, y dije en qué entorno nos movíamos. Pero, hasta que no se cierre completamente la magnitud, este consejero no va a dar el dato correcto, eso se lo digo. Pero, desde luego, no ha salido de mi boca ni de boca, que yo sepa, de ningún miembro del Consejo del Gobierno de Aragón, la cifra del 5%, de ninguna.
No vamos a hurtar el debate presupuestario, no se preocupe, que no vamos a hurtar el debate presupuestario.
A propósito, hablando de las medidas de racionalización, ¿que no hemos llegado a los ciento cuatro millones? Pues no hemos llegado a los ciento cuatro millones porque no cuantificamos, y eso pudo ser un error en el documento que se envió, no cuantificamos cuál iba a ser la minoración del gasto discrecional en transferencias corrientes. Como ustedes saben, en el escrito, en las transferencias corrientes no se determinaba el quantum. Yo les puedo asegurar, y lo verán en la Ley de presupuestos, que vamos a superar con creces la cantidad que se fijó como objetivo de ciento cinco millones de euros.
Y no entren en la polémica de si la desinversión de activos es o no es gasto corriente, porque ya sabemos todos que no es gasto corriente. Que, a propósito, les ha servido a algunos para el ataque personal, ataque ad hóminem que les gusta muchísimo, sobre todo en campaña electoral. Yo les pediría ahí un poquito más de elegancia y un poco más de rigor. Hablemos en términos técnicos y no hablemos, en ningún caso, de ataques personales, que los han hecho.
Yo les pido que, cuando se presenten los presupuestos, analicen si, realmente, como consecuencia de las políticas de racionalización de gasto corriente en transferencias corrientes y transferencias de capital, sobre todo en transferencias corrientes, llegamos o no llegamos a la magnitud que establecimos en el plan de racionalización como objetivo. Verán cómo las superamos.
Pero es muy difícil de cuantificar, e hicimos el ejercicio. Usted, el portavoz del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, nos pidió que cuantificáramos las ciento cinco medidas... Bueno, me imagino que esto forma parte de la fiscalización de la vida política. Es el control del Gobierno, sí, pero, como cada vez que hablemos la palabra o cada vez que escribamos un papel tengamos realmente que hacer una justificación de cada medida al céntimo... Que lo vamos a hacer, ¿eh?, y lo hicimos, y lo hicimos temporáneamente. La verdad, yo les pediría que, por favor, también ajustasen sus preguntas al contexto de la acción de gobierno, porque, si no, nos podemos volver locos. Nos podemos volver locos porque la próxima vez que presentemos un plan de medidas con doscientas medidas nos van a pedir las doscientas medidas cuantificadas, y lo volveremos a hacer, lo volveremos a hacer. Lo volveremos a hacer, pero le pido también que, por favor, sea responsable y corresponsable con la acción de gobierno, porque nos lleva mucho trabajo; lo hacemos, pero nos lleva mucho trabajo, nos lleva mucho trabajo cuantificar, nos lleva muchísimo trabajo hacerlo.
Mi grupo seguro que trabajaba muy bien, yo no tengo ninguna duda, mi grupo es espléndido y trabajaba maravillosamente, no tengo ningún problema. Además, lo descuento, igual que trabajan bien otros grupos. Por lo tanto, ahí vamos a dejar a los grupos parlamentarios que hagan su correspondiente trabajo, que lo hacen de manera profesional.
Ha cometido un error, señor Barrena, simplemente es una rectificación, se lo digo para el próximo debate, que no pasa absolutamente nada: el incumplimiento no es del endeudamiento, es del objetivo de estabilidad, es del déficit. Ha dicho que estábamos en un 2,6 de endeudamiento..., no, es un 2,6 de déficit. Lo digo para el próximo debate, porque el endeudamiento, la capacidad de endeudamiento, es otra cosa diferente. Pero, bueno, no se preocupe, que, en fin, si no, lo hablamos, que no pasa absolutamente nada.
Hombre, que considero una frivolidad lo del fondo de sanidad... Yo creo que ustedes deberían estar satisfechos con que la Ley de estabilidad reconozca que haya un fondo para la cobertura de gasto sanitario en las etapas del ciclo económico donde no generamos la capacidad recaudatoria suficiente para allegar recursos para atender los gastos sanitarios. Hombre, hacer ahora mismo un comentario jocoso respecto a cuándo vamos a llegar..., ¡ya me gustaría llegar el año que viene! Pero, mire, cuando hicimos la Ley de estabilidad, en el año 2000, yo le aseguro que el objetivo de equilibrio presupuestario estaba lejos, y llegamos en cuatro años. ¿Por qué tenemos que denostar esa capacidad de poder hacer lo mismo que hicimos en el año 2000? ¡Claro que podremos hacerlo!
Y cuando ese fondo exista, ¡si yo estoy convencido de que le va a gustar! ¡Cuando exista, evidentemente, ahora no lo puedo constituir! ¡Ya tengo bastantes problemas con atender la deuda heredada como para constituir un fondo para deuda futura! Evidentemente. Esto forma parte no de un espejismo, forma parte de la realidad de los tiempos, y la realidad de los tiempos ya se cumplió en su momento. Si todo sigue una evolución acorde con las medidas que hay que tomar, no se preocupe, que en cuatro años, al final de esta legislatura, a lo mejor ve ya pintada en los presupuestos, y es mi objetivo, una hucha que ponga «fondo para gasto sanitario». Yo, ese día, le invitaré a comer y lo disfrutaremos, ya lo verá, no se preocupe.
Y respecto a las cláusulas de confidencialidad, mire, y se lo digo a los dos, la confidencialidad es un principio reconocido en la Directiva 2004/18 en materia de contratación pública, y está reconocida en la Ley de contratos, en la Ley 30/2007. Por lo tanto, todas aquellas cláusulas que, en el ámbito del derecho público o en el ámbito del derecho mercantil, gocen de protección específica, nosotros las preservaremos, evidentemente, y las que no, no.
Pregunta que han formulado: dígame, desde el año 2008, cuántos contratos hay con cláusula de confidencialidad. Mire, señor Soro, ¿sabe usted cuántos contratos hay en los últimos cuatro años en la Comunidad Autónoma de Aragón? Yo, mire, le pondría todos los contratos, oiga, yo no tengo ningún problema. Si, además, me quedaría, y usted lo sabe, con usted viendo contratos públicos, que me gusta, ¡pero le tendría que poner una sala entera repleta de contratos! Si es que no hay ningún problema, por mi parte no hay ningún problema. Pero fíjese lo que nos está pidiendo: que analicemos, contrato por contrato (menor, negociado, en subasta...), desde hace cuatro años, a ver cuáles tienen cláusulas de confidencialidad... Lo haremos, lo haremos, pero...
El señor presidente (LARRED JUAN): Señor consejero, vaya finalizando.
El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (GARCÉS SANAGUSTÍN): Pues ahora mismo finalizo, no se preocupe.
Bueno, voy a ir, si me permite... Muchas gracias, portavoz del Partido Aragonés. Como son cuestiones técnicas, si quiere, las podemos discutir después, pero le agradezco, en primer lugar, que usted haya venido aquí a lo que ha venido, que ha venido a analizar la auditoría, y además ha hecho un estudio de la auditoría, y eso se lo agradezco, siempre desde el rigor que caracteriza su acción parlamentaria, señor Ruspira. En esto, usted es modélico. El problema es que no tengo tiempo, pero ya arreglaremos algunos de los temas. Ya sabe que mi despacho está abierto en cualquier momento.
Y acabo. Señora Fernández, la verdad es que lamento llegar tan tarde para hablar con usted, porque ya sabe que le tengo muchísimo aprecio.
Y, en primer lugar, le agradezco que me diga que estoy sereno. ¡Pero si yo estoy sereno habitualmente! Una cosa es que sea vehemente, pero, sereno, siempre soy sereno, y además me gusta que el discurso sea templado.
Hombre, señora Fernández, que me diga que el Partido Popular no ha resuelto el problema en dos días, pues, ¿qué quiere que le diga? Es verdad. Lamentablemente, todavía están con la resaca de que han perdido las elecciones, ¡pero es que ni siquiera está gobernando el Partido Popular! [Rumores.] ¡No, no, no! Los mercados deben seguir descontando que está en funciones el Partido Socialista, gobernando todavía, porque, desde luego, todavía no gobierna, que yo sepa, el Partido Popular, hoy empiezan las reuniones para el traspaso de competencias y de funciones.
Por lo tanto, hombre, no vamos a ser frívolos con el tema. Llevamos tres días, ha habido unas elecciones. Y, evidentemente, como usted decía, «esto es un continuum», ¡claro que es un continuum! Es un continuum, y la vida política es un cambio constante. Es decir, esto es un principio como Heráclito: sí, todo es un continuum, pero todo cambia, hasta cambia la vida política y hasta los gestores políticos cambian y hasta los ciudadanos deciden quién tiene que gobernar, y esto es lo bueno de la vida política. Y el 20 de noviembre decidieron que tenía que gobernar quien tenía que gobernar.
Usted me dice que no hay nada nuevo. ¡Claro que no hay nada nuevo, si es que es todo viejo!, porque es suyo, no es nuestro. La auditoría, ¡claro que no dice nada nuevo!, dice lo viejo, lo que heredamos de ustedes, claro que sí, por supuesto. ¿Qué quiere que aporte? Pues aporta la situación, la foto fija de la comunidad autónoma en estos momentos.
Usted decía, la Intervención General —perdone, presidente, acabo en dos minutos—, que tenía las cuentas. No, no es del todo cierto, ¿eh? La Intervención General, evidentemente, podía hacer ajustes de contabilidad nacional, pero durante el año 2011 necesitaba hacer un estudio específico para ver cómo estaba la cuenta 409, para determinar el impacto de las facturas hospitalarias, de farmacia hospitalaria, que todavía no las habían contabilizado. Es que no se contabilizan presupuestariamente. El problema es el juego, como usted sabe, de la cuenta 409.
Y como sabe, desgraciadamente, y ahí damos un paso adelante con el decreto ley, la Intervención General en esta comunidad autónoma apenas ha hecho control de empresas públicas. Dígame cuántas auditorías de empresas públicas ha hecho en los últimos cinco años la Intervención General del Gobierno de Aragón... Pues, sí, se aprobaron resoluciones, pero resulta que las resoluciones del plan de control nunca se ejecutaban o se ejecutaban parcialmente. Por eso, ahora, en el decreto ley establecemos que, como no se adopten medidas correctoras pertinentes y adecuadas, la Intervención General podrá intervenir directamente, modificar la modalidad de control, incluso hacer funciones de autorización previa en el control preventivo del gasto de esas entidades. Sí que avanzamos. Por lo tanto, no es lo mismo, no es lo mismo.
Mire, yo en ningún momento he querido crear estado de alarma con la auditoría. Es más —usted me conoce—, a pesar de mi vehemencia, lo que creo que está bien lo reconozco, y he recocido muchas veces aspectos que ustedes han hecho bien, igual que critico lo que han hecho mal. ¿Que, evidentemente, el decreto ley de medidas de racionalización del gasto sanitario de hace dos años fue positivo para Aragón? Evidentemente, también he dicho en esta comisión que las medidas tomadas por el anterior Gobierno en materia de racionalización del gasto sanitario fueron pertinentes y fueron adecuadas, eso se lo he dicho. Como le digo que estaban infradotando el presupuesto de farmacia hospitalaria del capítulo II y jugaban a obtener el equilibrio presupuestario o, mejor dicho, el objetivo de estabilidad presupuestaria descontando ciento setenta millones del presupuesto de gastos de capítulo II de salud e incrementando en torno a doscientos millones los ingresos, que los inflaban constantemente. Esa es la realidad. Eso es una crítica, pero se puede formular la crítica, no pasa nada. Pero que da igual, que da igual, porque lo importante es atender los pagos por las obligaciones que tenemos pendientes.
Y, que lo sepan, con esto —ya lo digo—, nuestra intención es hacer un plan de pagos a proveedores a partir del 1 de enero del año que viene. Vamos a acumular, vamos a hacer una cesta de proveedores y vamos a negociar las condiciones del pago. Es evidente, es que no podemos hacer otra cosa. Yo no tengo capacidad..., no hay un banco central aragonés, afortunadamente; algunos dirán que no, pero, afortunadamente, no lo hay, y, como no lo hay, pues, lamentablemente, tengo que trabajar en las condiciones económicas actuales. Y, a propósito, lo haremos con absoluta responsabilidad, como lo hemos hecho hasta ahora.
Y respecto a lo último, por tranquilidad, personal de las empresas públicas: no se preocupe, lo estoy diciendo reiteradamente, que no haya ansiedad por parte del personal de las empresas públicas que está prestando servicios de interés público o servicios de interés general, porque ese servicio de interés público o de interés general no va a desaparecer. Es un servicio que corresponde, y no podemos hacer dejación de funciones ni dejación competencial, es un ejercicio que corresponde hacer al Gobierno de Aragón.
Dicho lo cual, allí, insisto, donde ha habido sobrepoblación de directivos, casta interesante que ha surgido como hogos en una mitosis en los últimos años, pues habrá que hacer alguna depuración..., perdonad la expresión «depuración», por favor, no, habrá que hacer algún tipo de recorte, vamos a dejarlo en recorte para no volver al discurso nominal. Evidentemente que lo haremos, ¿no?
Y nada más, señor presidente. Perdón por su paciencia y por haber traspasado...
¡Ah!, bueno, no, yo quería agradecer, señor diputado, yo es que le agradezco su intervención, su apoyo pleno, y no puedo decir absolutamente nada más. Que estamos a disposición del grupo parlamentario y que, desde luego, tanto en el Grupo Parlamentario Socialista como, sobre todo, en mi grupo parlamentario, desde luego, hay grandes profesionales. Yo le aseguro que los profesionales de mi grupo han hecho siempre bien la acción de oposición y ahora hacen extraordinariamente bien la acción de apoyo al Gobierno.
Muchas gracias.
El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor consejero.
Suspendemos la sesión durante unos minutos.